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Cuatro gotas que derramaron el vaso

Hernán Alvarado

El pasado miércoles 9 de julio, Estados Unidos pasó «por encima» de Costa Rica -palabras de Joel Campbell- en un encuentro amistoso celebrado en el Rio Tinto Stadium. Esa derrota reveló que la «sele» sigue «cele», como un mango; no mostró progreso alguno. Los resultados de Ronald González no eran buenos y no tendieron a mejorar; más bien empeoraron, salvo alguno que otro empate y destello positivo. Así que esta era la última oportunidad para un director técnico (DT) con el rancho en llamas. Tal vez eso influyó para que se decidiera por Leonel Moreira (23), en vez de darle oportunidad a Esteban Alvarado en la portería, quien al final no apareció ni entre los suplentes, donde más bien estuvo sentado Patrick Sequeira (18). Sin embargo, eso no sirvió para mitigar la goleada, que llegó a cuatro y pudo haber sido mayor.

Un buen guardameta no lo es todo, por mucho que aporte al rendimiento del equipo. Moreira, por ejemplo, pasa por un buen momento, pero el equipo no y eso parece haberle afectado el ánimo. En el primer gol de Brenden Aaronson (8’), aunque fue un remate contundente y a corta distancia, la bola pasó por sus manos, que no supo meter bien ni a tiempo. En el segundo, frente a Daryl Dike (42’) escapado tras la defensa, Leonel se rinde antes del remate cayendo al lado contrario. En el tercero, de Reggie Cannon (52’), quien aprovecha la mala salida de la defensa tica para lograr también su primer gol como seleccionado, Moreira parece fuera del momentum, lanzándose entonces a destiempo, sin fe. En el cuarto, se autoengaña ante Giovanni Reyna (79’), «adivinando» mal el penal. En suma, Leonel no vio bien en ninguno de los cuatro goles.

Sin embargo, el equipo se vio peor. Ni defendió ni atacó. La mayor parte del tiempo regaló el balón al rival sin presionarlo, por lo que Estados Unidos jugó a sus anchas. La defensa tica fue un coladero y aunque mejoró un poco con el transcurso del partido no alcanzó para evitar la vapuleada. En ofensiva, fue inquietante ver al equipo resistiéndose a avanzar, incluso devolvía el balón cuando se acercaba al área contraria. Los indicadores finales describen bien la notoria asimetría entre ambos equipos. Costa Rica poseyó el balón solo un 35 % del tiempo; mientras que Estados Unidos un 65 %. Los ticos hicieron casi la mitad de pases que su contrincante, aunque con similar eficacia. Al final contabilizaron solo dos remates directos y ningún tiro de esquina. Que la sele promueva una transición generacional, igual que Estados Unidos, no justifica que a estas alturas, a tan poco de entrar en la competencia eliminatoria, no muestre ni lo mínimo que es el deseo de ganar.

Los resultados de González no respaldan su trabajo ni reflejan sus buenas intenciones. Por los hechos se sabía que el grupo no honraba su propuesta, independientemente de los marcadores. En consecuencia, se fue acumulando un sentimiento de frustración, comentado por los mismos periodistas, que presionan a los directivos. Hasta que el chivo expiatorio tuvo que ser sacrificado, para satisfacción de propios y extraños. Sacar al DT es un recurso frecuente en estos casos; sirve de catarsis y renueva la esperanza en una persona más capaz que mejore los resultados. Esta gozará al principio del beneficio de la duda, ya que todo DT es el mejor hasta que demuestra lo contrario. Por lo demás, se lanza así un tupido velo sobre la cadena de malas decisiones de los dirigentes. De esa manera, ellos expían sus culpas y evaden su responsabilidad, obteniendo un nuevo crédito de la afición. En vez de irse todos reconociendo su fracaso le echan la culpa de su mala decisión a su elegido. Pero, si se equivocaron con él, ¿qué garantiza que no pase igual con el sucesor?

Y es que los resultados inmediatos reflejan las decisiones de largo plazo. Cuando a todos los niveles se repiten los mismos malos resultados, no queda más que pensar en una causa común, la cual se halla en el proceso de planificación y en los mismos decisores. Cuando se constata cómo se eligen estos y qué perfiles tienen, cómo toman sus decisiones y con qué criterios; sobre todo qué dicen y cómo se comportan los directores de la «Casa de los sustos», no es difícil llegar a la conclusión de que esos resultados no son casuales, ni se deben a la mala suerte, sino que corresponden coherentemente al (sub)desarrollo de la organización y de sus gestores. Por lo demás, esa crisis de liderazgo deportivo refleja la profunda crisis de liderazgo político que padece el país.

Todo lo cual augura otra sufrida eliminatoria para la afición tica. Por lo menos habría que anotar que se perdió la oportunidad de preparar mejor al seleccionador nacional cuando se puso a Douglas Sequeira como asistente de Gustavo Matosas en vez de a Ronald González; con quien encima se perdió después un valioso año. Ahora, como siempre, habrá que improvisar con el típico bombero, pieza maestra en el rompecabezas del fracaso.

Dos detalles finales. Primero, no pasó desapercibido que la selección de Estados Unidos ostentó números con los colores del movimiento LGTB. Se sumó así a la campaña contra el racismo y contra toda forma de discriminación negativa. Segundo, poner a un jugador acostado de espalda, detrás de una barrera que va a brincar, es muy desafortunado y contradictorio con lo anterior, pues arriesga su parte más vulnerable que es la columna vertebral. Resulta sorprendente que los árbitros permitan esa barbaridad, como si el reglamento ignorara las jugadas peligrosas para la integridad del jugador. Esto parece ser un ejemplo más de innovación fallida. Ojalá no se difunda, pues busca resolver un problema que ya tenía una mejor solución: la barrera debe dejar, simplemente, una ranura que permita al atajador ver salir el balón.

 

Publicado en https://gazeta.gt/cuatro-gotas-que-derramaron-el-vaso/

Imagen principal tomada de CDN

La Asamblea de Asambleas: Utopía Necesaria

Esteban Beltrán Ulate
beltrandeheredia@yandex.com

El artículo 105 de nuestra Constitución Política indica “La potestad de legislar residen en el pueblo, el cual la delega en la asamblea legislativa…”. Una sentencia que debe tener múltiples posibilidades de reflexión, pero que quisiera, inspirado en el título del presente texto, dirigirlo hacia una reflexión sobre el mecanismo de elección de las y los votantes, así como las potestades con las que se envisten las y los servidores del pueblo. Uno de los grandes problemas que se revelan es el abismo que crece entre las y los legisladores y el pueblo que delega. Es un abismo bilateral, por un lado, la falta de vínculo de algunas diputaciones con la base provincial que les brindaron el respectivo aval mediante voto popular para asumir las 24 atribuciones exclusivas que le compele nuestra carta magna -en el capítulo II del Título IX-, por otro lado, el desconocimiento de muchas y muchos votantes respecto a los legisladores que le representan según su provincia.

Es claro, nuestro sistema democrático, que muchos respetamos y valoramos -por lo que puede llegar a ser-, cuenta con una serie de características que imposibilitan una democracia profunda, parece que en la dinámica democrática actual algunos son elegidos y otros son para elegir, una clara visión piramidal del “ejercicio de poder”. Esta falta de madurez ciudadana, esta ausencia de mayoría de edad ciudadana, propiciada por una insuficiente formación en educación política, desencadena una visión de democracia reducida al acto de efímero voto, una clara cosificación del acto. Esta cosificación de la democracia, en el marco de una sociedad cuyo sentido común descansa en una concepción mercantil de la vida, se configura en plataforma para una política al servicio de la mercancía, donde “las y los ungidos para el ostentar el poder” se tienen que “vender” como “productos de mercado” con el objetivo de satisfacer la “demanda” de un pueblo (con minúscula) que resulta simple “consumidor”, pues en una truncada democracia “unos son elegidos y otros para elegir… unos son mercancía y otros consumidores”.

La salida de esta dinámica-bucle es compleja, y no puede derivar de las prácticas tradicionales, la solución pasa la radicalización de la democracia, por una acción posabismal (de abajo hacia arriba para modificar la orientación, para la concreción de un modelo horizontal y no vertical), que deviene del Pueblo (con mayúscula) hacia la estructura de Poder mediante una delegación constante y presente. La democracia cosificada delega con el voto la responsabilidad como un medio de pago, en cambio, la democracia profunda en clave posabismal co-delega con el voto la posibilidad de ser voz de las voces, de ser representación de las y los presentes, mediante una ruta planificada y mediante un ejercicio de diálogo permanente desde las comunidades mismas, por lo que resulta necesario la creación de instrumentos de interacción para la transformación de la Asamblea por medio de las Asambleas (Foros Sociales Permanentes en las Comunidades), de modo tal que el y la legisladora electa mediante una concepción de democracia profunda será el Caballo de Troya por el cual entrará voces del Pueblo (con mayúscula) a la Asamblea Legislativa, como legislación en acto.

Del paro indefinido a la comuna popular

Por Carlos Meneses Reyes

Así como los poetas traspasan el Parnaso, adonde pocos llegan, los analistas del conflicto colombiano vislumbran el desenlace de acontecimientos, sin ser prestidigitador. Un Paro Nacional dirigido acertadamente por el Comité Nacional de Paro (CNP), tras 46 días de intensa actividad, comenzó a reclamar un salto cualitativo en su conducción, debido a un fenómeno de cualificación política. Significa que el impulso de motivación primaria, debido a la negativa por tramitar un pliego de peticiones, presentado hacia 11 meses y no tramitado por desidia del gobierno central, ha cambiado esencialmente como resultado de los acontecimientos.

Planteamiento de la actual situación

El Comité Nacional de Paro sesionó adelantando que daría a conocer variantes, en cuanto al tema de las manifestaciones públicas; la posibilidad de entrar en un cese de esa clase de manifestaciones y lo derroteros a cumplirse, sobre la constante que el Paro Nacional se mantendría, acorde con la posición de instar al gobierno nacional en la continuidad de las conversaciones en miras a negociar el contenido de los reclamos expuestos, truncado por la decisión unilateral de levantarse de la mesa, ante la actitud de pasividad y no interés del gobierno central, en una solución definitiva a la problemática vivida. Corresponde destacar la presencia en el país de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), instalada en Bogotá DC. Su visita- como factor de referencia- para investigar la violación a los Derechos Humanos durante las jornadas de protesta del Paro Nacional, se constituyó en un lugar al que afluyeron defensores de los Derechos Humanos en todas sus expresiones organizativas, asociaciones de víctimas, de desaparecidos, de activistas, protestantes y manifestantes, en todos los niveles de representación de la sociedad civil; así como escuchado la posición del gobierno, en audiencia con el presidente de la república; del pleno del comité nacional de paro; presentación de los gremios económicos; agregado a la visita a sitios neurálgicos de zonas en Paro y protesta permanente en la Capital y a ciudades de mayor conflictividad. Por lo intenso de las confrontaciones entre manifestantes y la fuerza pública, la visita a Cali, fue de especial interés y atención.

Existe conocimiento y claridad en la opinión nacional e internacional sobre el desarrollo de las jornadas de protesta y la característica de respuesta desmedida de la fuerza pública contra los manifestantes y población civil en general. Se ha divulgado el contenido de más de las 120 peticiones de reclamación, resumidas en treinta temas puntuales de exigencias. De sobra conocido que la chispa que incendio la pradera la constituyó el abusivo proyecto de reforma tributaria con carga en hombros de la clase media y sectores populares; seguido de la infame atribución de beneficio privatizado de malsano ajuste al ya impopular sistema de privatización de la salud. Para la segunda semana de continuidad del paro nacional, esos dos esperpentos de proyectos de ley fueron retirados del congreso, a ello unido la renuncia del ministro de Hacienda de apellido Carrasquilla; de la ministra de relaciones exteriores de apellido Blum; del consejero nacional de paz de apellido Ceballos. No fue compensado tal desgaste gubernamental por parte de las fuerzas activas del Paro Nacional, como lo calculó el gobierno. Por el contrario, se intensificaron las acciones de protesta a nivel nacional y se alinearon en la lucha activa de las mismas, la protesta de sectores de Transportistas; las consecuentes reclamaciones de la Minga Indígena; la fortaleza de las reclamaciones de los sectores campesinos; medianos y pequeños productores y sobre todo, la vinculación activa de sectores populares en la mayoría de municipios del país, organizándose en las Comunas de las ciudades; en los Barrios y en las Veredas. Es de destacar que, en el frente de las barricadas en confrontación, se dio la elevación del factor organizativo de las masas, al crearse los colectivos de LA 1a LINEA por parte de los jóvenes, emulados con la creación de las MADRES DE LA 1a LINEA, creciendo con el acumulado de adherencias y solidaridad por parte de profesionales, contándose con los Abogados, Ingenieros, Médicos, Enfermeros de LA 1a LINEA.

Resultado de la brutalidad policial aplicada por el Escuadrón de la Muerte Policial, Esmad, los jóvenes crearon una forma organizativa llamada LA 1a LINEA. Los muchachos o pelaos de LA 1a Línea, están en la lucha callejera, con cascos, gafas plásticas de seguridad, escudos de lata y plásticos, tapabocas y disponibilidad total. Enfrentan las bombas lacrimógenas y chorros de agua dirigidos a los manifestantes. Orientan a la población alzada. Controlan a saqueadores. Organizan los Bloqueos, evitando la extorsión. Encausan y ayudan. Previenen, orientan, socorren a golpeados, o a sitiados, a quienes ayudan a salir. Participan en las ollas comunitarias, junto con LAS MADRES DE LA 1A LINEA. A esto agregar las iniciativas con apoyos de solidaridad económica, recaudándose significativas sumas de dinero para dotar a los jóvenes de LA 1a LINEA, de cascos y gafas protectoras, tapones protectores de las bombas aturdidoras, asegurarles la alimentación diaria, conceder auxilios monetarios a afectados; constituyéndose en una sumatoria de factores que realzan el valor y reconocimiento en la permanencia de la lucha callejera.

Volviendo al anuncio del CNP, en la base de la Asamblea Nacional de Delegados de organizaciones sociales, políticas, gremiales, juveniles, de minorías, Lgtb, se dieron contradicciones en la toma de decisión del cambio de estrategia de suspender las movilizaciones y en su lugar impulsar un mega concierto para el día 20 de junio de los corrientes y la propuesta de una “campaña pedagógica” para en unión con la academia, presentar un cuerpo de proyectos normativos, al congreso, que abarquen el contenido de las propuestas del pliego presentado al gobierno. Todo esto unido a la concepción que “el Paro sigue… pero se transforma”. De manera que quedó demarcado el área de influencia nacional del CNP y la respuesta de los sectores del país que el mismo no representa y que se traduce en la continuación de la protesta, en distintos puntos de la geografía nacional y en la capital de la república, conforme ha venido sucediendo en más de 45 días de Paro Indefinido.

De lo gremial a lo político

La dirección del Comité de Paro Nacional, no contribuyo a la cualificación política del movimiento nacional de protesta. Tampoco lo hicieron los vectores del movimiento político alternativo y de oposición. La unión en torno a objetivos de las centrales obreras superó el infortunio de no convocatoria tradicional, de los últimos años, del movimiento sindical. Gracias a la dinámica de la CUT, con tres directivos y el peso de 500 mil docentes afiliados de Fecode, el sindicalismo con sus centrales obreras, aglutinaron a un amplio sector de organizaciones a nivel nacional, representadas en un órgano de discusión, como lo fue la Asamblea Nacional de Delegados, reunificados en la presentación de pliegos, en lo esencial reivindicativos. El desarrollo de los enfrentamientos, no solo con la fuerza pública, sino con el conjunto del poder estatal, contribuyó a determinar los alcances de las propuestas, jamás escuchadas ni tenidas en cuenta por lo gubernamental y el empantanamiento de unas conversaciones que no alcanzaron negociación alguna. La parte gubernamental impuso el compás de espera, la dilación, la negación de lo pre acordado, con voluntad manifiesta de no negociar. Ello trajo consigo la imposición de líneas rojas intransigentes, desdiciendo el espíritu de cualquier negociación alternativa y su solución. Por ello, la dirección del Comité Nacional de Paro decidió, en forma unilateral, levantarse del recinto de reuniones; lo cual desemboco en la tomas de nuevas estrategias y la decisión del gobierno nacional de cerrar nuevamente las puertas de conversación y negociación; anunciando acudir a centenares de mesas concertadas, que mantiene en los lugares de conflictos en todo el país; lo cual no deja de ser sino físico aspavientos.

El papel de la Juventud ha sido definitivo en el derrotero que agudizan el conflicto político, como uno más de los conflictos existentes en Colombia. Sabido es que los conflictos sociales jamás son superados en las sociedades y Colombia no será la excepción. Siempre existirán los conflictos sociales. Por ello en Colombia no ha ha habido un “estallido social”. Estamos transitando por un conflicto político y económico de grandes proporciones, cuyos fines y alcances aún están por verse y sopesarse.

Los jóvenes han comprendido y asimilado los alcances y capacidad de sus actividades. Para ellos no existe un programa político a alcanzar. Ellos están por lo inmediato: la defensa del territorio. Pero esta acepción no la circunscriben solo a un terreno o a una superficie terrestre o porción de una región, como a una concepción de ámbito espacial de aspiración; a una cosmovisión de alcances prácticos de la vida, apuntando a imaginarios, como metas logrables. Para ellos, en el imaginario colectivo, la legalidad no les funcionó, ni sirvió. Las vías legales y el dialogo están agotados. Acuden a las acciones de hecho. Por esta razón, la decisión del Comité Nacional de Paro, de recurrir a la presentación de una serie de proyectos de ley que resuman el alcance de sus propuestas de pliego no escuchadas por el ejecutivo, con miras a alcanzar un cuerpo normativo que materialice el alcance de sus aspiraciones, no deja de ser una pifiada y paso en falso ante ellos y el movimiento popular, combativo y de masas. Pareciere que no asimilaren la crudeza de los hechos. La rama del Poder Legislativo y en especial el Congreso (Cámara de Representantes y Senado) ha develado, corrido el velo, como el principal enemigo de las aspiraciones populares. Esto no es anti santanderismo, es físico realismo. Durante las jornadas del 21N de 2.019, impusieron la fatídica reforma tributaria que lleno de gabelas y exenciones a los sectores parasitarios financieros y más pudientes, de la inequitativa sociedad colombiana, cargando sobre los hombros del pueblo las crisis de un modelo neoliberal mundial y latinoamericano, en decadencia. Suplantar la lucha de las masas por el alcance del ejercicio leguleyo ante un senado y cámara de soporte oligárquico, narco estatal mayoritario, deja mucho que desear. Como si con acudir a la Academia y el pulir de técnicas legislativas los proyectos de ley adocenados y adornados, les habilitaran alcance alguno de reivindicaciones. Insólito acudir a los causantes de tantos males populares. A los reformadores, a su favor, de la CP91. Les enrostran que ese mismo órgano legislativo fue el que sepultó los alcances de la previsión y seguridad social de los trabajadores. Acabó con las conquistas laborales y sindicales. Implantó a las mafias blancas el control de la salud al privatizarla. Ferió la cosa pública al sistema financiero parasitario. Recordándoles que aun con el pueblo volcado revolucionariamente en las calles, campos y veredas, durante las jornadas de este Paro Nacional, desde el 28 de abril (28A), continúan en la nefasta función legislativa de sepultar: las aspiraciones de la matrícula cero pesos ($0). El proyecto contra el uso del fracking. Tramitan otra deleznable reforma tributaria, inspirada en los intereses gubernamentales y de su secta, que no partido, de gobierno. Aprueban la reforma a la Procuraduría, cual baluarte burocrático de puestos y favores a funcionarios investigados por corrupción en sonados casos como Odebrecht, Ruta del Sol, Reficar, Ñoño Elías, “volteo de tierras en Cundinamarca, atribuciones de función judicial, enfrentamiento al ordenamiento jurídico de acuerdos internacionales y de defensa y respeto a los elegidos por voto popular, etc. Eso no tiene presentación diferente a la de la capitulación de la lucha del movimiento popular.

Del paso a seguir

Aunque corresponde a un tema de trasfondo, se prevé la continuidad del paro, con mayor intensidad, tal como lo demuestran las protestas y plantones en diferentes ciudades de país y en especial en Bogotá. Múltiples formas organizativas y de vocería afloran. El uso de instrumentos como los Cabildos Abiertos, están al orden del día y suplantaran los ineficientes consejos municipales en la lluvia de aspiraciones populares y respuestas efectivas locales. El uso- en la práctica-de la revocatoria del mandato a toda la rama legislativa (concejos, asambleas, congreso), ante el no logro de acuerdos con alcance políticos, insidiara en correspondencia al rechazo de presentación o aspiraciones electorales de los mismos. Transcender del simple leguleyismo al logro de la implementación de los Acuerdos de La Habana, como materialización de programas máximos y mínimos a alcanzar el movimiento popular y la lucha de masas. Cada día que transcurra aportara mayores elementos.

Las obras públicas y la corrupción

Por Freddy Pacheco León

Las constructoras MECO y Hernán Solís, cuyos principales representantes fueron detenidos, han completado en los últimos años una decena de obras por CIENTOS DE MILLONES DE DÓLARES. En el caso de H. Solís, se le han adjudicado contratos por un total de ~¢312.000 MILLONES.

Actualmente tiene la construcción de la Circunvalación norte por $163 millones y una ampliación por $60 millones para incluir la quinta fase del proyecto. Además, dos pasos a desnivel en la entrada de Cartago por $68 millones. H. Solís también ejecuta la ampliación del tramo de la Interamericana Norte, entre Barranca y Limonal, así como el trayecto de La Angostura, en el ingreso a Puntarenas. Ese paquete de obras le fueron encargados por ~¢113.000 MILLONES. En el caso de MECO, se le adjudicaron en los últimos años ~¢180.000 MILLONES, dentro de los que se incluyen $204 millones para la autopista entre Cañas y Liberia. AUNQUE los maleantes brasileños de ODEBRECHT no pudieron dejar «su huella» en Costa Rica, por lo visto sus «procedimientos» ya eran muy conocidos y estaban en ejecución. O sea, «regalitos» a oficiales de gobierno para allanar el camino a multimillonarias contrataciones, donde no se cuestionan siquiera, si sus condiciones fueran quizá malas para la Patria.

Nuevos insecticidas y una eventual gran extinción de las especies

Freddy Pacheco

Jugando a exterminadores, empresas productoras de insecticidas, «afinaron» su puntería hacia los euros y desarrollaron unos químicos tóxicos capaces de bloquear las transmisiones nerviosas de los cerebros de los insectos. Creados para arrasar con las plagas de insectos chupadores, altamente dañinos para la agricultura, como son los hemípteros que se chupan la savia de múltiples tejidos vegetales, que además transmiten enfermedades causadas por bacterias y virus.

 En vista de que los insectos dañinos provocan millonarias pérdidas en el cultivo de pastos, algodón, granos, leguminosas, papas, arroz, frutales y verduras, desde hace años las compañías fabricantes de pesticidas sabían que la síntesis de insecticidas específicos para tratar las plagas de esos hemípteros, les harían subir significativamente sus acciones en las bolsas de valores: ¡Y lo lograron!

Con los insecticidas IMIDACLOPRID, THIAMETHOXAM (TMX) ya CLOTHIANIDIN, que son capaces de penetrar el cerebro de los insectos, causándoles la muerte. Empresas principalmente chinas y alemanas como Bayer, desde entonces, han visto muy aumentadas sus ganancias, pero a un costo ambiental, que como veremos, es inconmensurable.

Luego de un debate que parecía no terminar, en pro y en contra de su uso,   alrededor de la hipótesis de que la brutal caída en las poblaciones de abejas inicialmente en Europa, era provocada por el uso de esos insecticidas NEONICOTINOIDES, aún después de más de un millar de estudios científicos, persistían dudas sobre tales resultados. 

Pero, al fin, investigaciones realizadas en Escocia, en las universidades hermanas de Dundee y St. Andrews, han confirmado que los niveles de insecticidas neonicotinoides, causan tanto el deterioro de las células cerebrales de los abejorros, como el consiguiente bajo rendimiento de las colonias de abejas (https://phys.org/news/2015-02-neonicotinoid-insecticides-impair-bee-brains.html).

Los resultados de tal proyecto publicados en la revista anotada, demuestran por primera vez que aún las trazas de los tóxicos encontradas en el néctar y el polen de las plantas, son suficientes para dañar el cerebro de las productoras de miel.

En resumen, los resultados mostraron que a niveles muy bajos esos tóxicos provocaron una reducción del 55% en el número de abejas vivas, una reducción del 71% en las células de cría sanas y una reducción del 57% en la masa total de abejas por colmena. ¡Toda una catástrofe!

  Las consecuencias son mayores si, más allá de la producción de miel, recordamos que el 90% de las plantas silvestres y el 75% de los alimentos cultivados, dependen de la polinización. Por ello, no solo se afecta «uno u otro» ecosistema, sino que se amenaza con limitar un sector primordial de la economía mundial, regional y local, al afectar el fundamental abastecimiento de alimentos necesarios para la supervivencia del Homo sapiens y otras especies

Así que, más determinantes habrán de ser las prohibiciones que permitan mañana, no pasado mañana, ir mitigando los efectos persistentes de tan potentes pesticidas. Esa es nuestra tarea, suya y mía, amigo lector.

¿Por qué es inconstitucional el proyecto de Ley Marco de Empleo Público?

José Manuel Arroyo Gutiérrez

         Múltiples entidades de carácter técnico o político han hecho serias objeciones al Proyecto de Ley Marco de Empleo Público. En este sentido podemos mencionar al propio Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa, la Procuraduría y hasta la Contraloría General de la República. También hay pronunciamientos fundados de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo Universitario de la UCR en tanto instituciones directamente afectadas. Por último, muchas voces especializadas de profesionales y organizaciones de la sociedad civil también han señalado las inconsistencias e inconstitucionalidades del texto legislativo en discusión.

         Todo parece inútil frente a la insistencia del Poder Ejecutivo de impulsar esta iniciativa y la determinación, de una aparente mayoría parlamentaria, de aprobar esta legislación estratégica en un tema de gran trascendencia para la estabilidad democrática y la real vigencia del estado de derecho en Costa Rica.

         La naturaleza de este artículo no me permitirá abundar en citas de documentos, resoluciones administrativas, informes oficiales, normas o sentencias judiciales, pero todas pueden ser consultadas en el expediente legislativo que se analiza.

         De esta manera, un estudio objetivo de todas estas fuentes nos permite concluir que el mencionado proyecto acusa abiertos y profundos roces con la Constitución Política vigente y que, a pesar de las enmiendas y remiendos de las primeras versiones, se mantienen decisiones legislativas que violentan normas y principios constitucionales.

         Me refiero a los aspectos de mayor relevancia:

  1. Crear un único sistema para regular el empleo público, con pretensiones de universalidad que abarca todos los poderes de la república, las universidades públicas, las municipalidades y otros entes descentralizados resulta una propuesta fallida. El problema esencial en este punto es que la norma constitucional en la que dice apoyarse, ha sido interpretada incluso por la jurisprudencia de la Sala IV de manera evolutiva, advirtiendo que en el país se han desarrollado varios estatutos que regulan diversos sectores del ámbito público en tanto debe respetarse la especialización, complejidad y amplitud de estos sectores, y la necesidad de darles un tratamiento separado. Por lo demás, el proyecto se encarga de hacer excepciones de aplicación que claramente contradicen su propósito de uniformidad y universalidad, lo cual resulta una contradicción insalvable que debilita su justificación y necesidad.
  2. El proyecto desconoce las diversas formas de independencia o autonomía de otros poderes de la república, el sistema universitario público, el régimen municipal y demás entidades autónomas. Sobre todo, al poner en la rectoría del sistema a MIDEPLAN, se genera una especie de búsqueda de la cuadratura del círculo, una centralización inadmisible, puesto que la Constitución Política es contundente al dar independencia funcional, organizativa y de autogobierno a esas instituciones, lo que deviene en la imposibilidad de que un órgano del Poder Ejecutivo, pueda dictar lineamientos y directrices de carácter específico que resulten de acatamiento obligatorio para estas instituciones.
  3. Derivado de este nudo problemático principal, es el hecho de que la propuesta legislativa mantiene, como parte fundamental del “sistema único”, la obligada coordinación de los departamentos de recursos humanos de estas entidades, con mecanismos de definición en manos, en última instancia, de MIDEPLAN. Aspectos esenciales del funcionamiento y cometido institucional como el régimen y escalas salariales, los parámetros de selección y reclutamiento, los sistemas de evaluación de desempeño y de régimen disciplinario, entran todos en el riesgo de que una entidad ejecutiva, a cargo del gobierno de turno, metan mano indebidamente.
  4. ¿Alguien puede imaginar siquiera a funcionarios de la administración central definiendo y opinando sobre quiénes son los profesores universitarios necesarios, útiles y competentes? ¿Alguien puede imaginar siquiera que esta misma dinámica se imponga en la adjudicación de plazas para jueces o juezas? Pero es que además ni MIDEPLAN ni el Servicio Civil tienen los recursos humanos ni la capacidad técnica para llevar adelante con un mínimo de responsabilidad estas tareas.
  5. Otra cuestión no menos importante tiene que ver con la propuesta de salario global y los mecanismos previstos para igualar o uniformar el ingreso medio que deben tener todos los funcionarios públicos. Sin duda esta es una tarea que el Estado costarricense tiene que resolver y deben superarse las diferencias y asimetrías existentes. Pero la solución a un problema que lleva décadas, quizá siglos, no puede darse de golpe y porrazo. No puede pasarse por encima de los derechos adquiridos y las situaciones jurídicas consolidadas por una mera disposición legislativa. Habrá que idear un procedimiento que, aunque más lento, mantenga vigente el respeto a los principios y derechos fundamentales de las personas.

         En conclusión, la iniciativa para una Ley Marco de Empleo Público, si bien aborda una serie de problemas reales de la organización y funcionamiento del Estado costarricense, no puede imponerse al calor de necesidades fiscales o por la urgencia de firmar un convenio con el Fondo Monetario Internacional. Ni la sanidad de las cuentas públicas, ni la necesidad de una estabilidad macroeconómica, pueden justificar arrasar con valores esenciales de la convivencia democrática y el respeto irrestricto a la dignidad de las personas y sus derechos.   Ni siquiera cambiando la Constitución podría colarse un proyecto como el que está siendo discutido. No pueden borrarse de un plumazo garantías constitucionales, décadas de jurisprudencia del más alto tribunal en la materia y decenas de leyes que han regulado un tema tan complejo, diverso y especializado como el empleo público. Habría que imaginar un régimen político-jurídico que ya nada tendría que ver con un auténtico estado de derecho.

El sufrimiento familiar y la corrupción

Por José Luis Pacheco

Hay actitudes y también frases que encierran mucho de lo que deseamos para nosotros como país. Una de esas frases fue la que dijo el presidente de Ucrania cuando recibió su mandato:

“Realmente quiero que no cuelguen mi imagen en sus oficinas”, dijo Zelensky. “Cuelguen fotos de sus hijos y, antes de tomar una decisión, mírenlos a los ojos”.

Hoy, estoy seguro, muchos de los que están involucrados en asuntos judiciales, denunciados, investigados e incluso detenidos, quisieran retroceder el tiempo y no haber actuado de esa forma, especialmente cuando ven a sus hijos y familiares sufriendo.

La corrupción y el crimen organizado, el narcotráfico son males que carcomen a la sociedad, pero antes carcome a la familia. El actuar fuera de la ley y el aprovecharse de puestos para obtener beneficios indebidos son acciones que no solo afectarán al hombre o mujer que sea descubierto en sus fechorías sino que arrastra a toda la familia. Eso no se valora y se cambia por la ambición y deseos de grandeza económica y por eso venden su paz y tranquilidad a quienes son corruptos y les vienen a corromper con dádivas y prebendas que serán, momentáneamente satisfactorias pero al final se convertirán en una tragedia.

Ojalá y los funcionarios públicos y privados sepan valorar a sus familias y efectivamente antes de tomar decisiones puedan mirar a sus hijos y a sus padres a los ojos y entiendan que ellos sufrirán enormemente cuando todo se descubra y que sepan que al final todo se sabe porque “entre cielo y tierra no hay nada oculto”, si non públicamente en corrillos y en privado se irá corriendo la voz y se les mirará de manera diferente.

Dios quiera que lo que ha sucedido con todos esos funcionarios y esos empresarios haga que muchos otros pongan “sus barbas en remojo” y piensen más en sus hijos y familias antes de tomar decisiones funestas para ellos y para el país.

La geopolítica regional y los extravíos de alguna gente

Rogelio Cedeño Castro

Dando una muestra de sensatez, de sentido de lo que es la realpolitik (muchos imaginaron repúblicas y principados que jamás existieron, como decía Nicolás de Maquiavelo) y hasta de lo que es el instinto de conservación, la señora Keiko Fujimori, la candidata presidencial de la ultraderecha peruana ha dicho, hace pocas horas, mientras lleva adelante sus planes para deslegitimar el triunfo electoral del profesor Pedro Castillo (y de ser posible impedir también su proclamación), que el Perú es una nación importante y decisiva en términos de la geopolítica y la geoestrategia político-militar del Pacífico sudamericano, un territorio que hay que controlar: Es así como Keiko Fujimori, a medida que se le van cayendo sus falsas denuncias de fraude ante los organismos electorales, dice que su lucha no es sólo contra Pedro Castillo y Perú Libre, sino contra la izquierda internacional y el mentado “comunismo” de los que ella, siempre tan democrática y tan generosa, quiere proteger al Perú, cueste lo que cueste.

Es por eso que sus personeros han continuado haciendo falsas denuncias de fraude electoral, y pidiendo la anulación de actas electorales, para retrasar la proclamación del nuevo presidente y mientras tanto -por así decirlo- se preparan, de manera sigilosa, para introducir reformas constitucionales en el parlamento que controlan, pues con ellas harán imposible la tarea del nuevo gobierno, al que esperaban derribar o “bancar” como se acostumbra a decir en ese país, si es que este llega a instalarse el próximo 28 de julio. De previo, al igual que hicieron con Alan García, Alejandro Toledo, Ollanta Humala, y el mismo Alberto Fujimori, en 1990, la oligarquía llamará al profesor Pedro Castillo para imponerle su hoja de ruta, diciéndole lo que tendrá que hacer en su mandato de cinco años. Ya hemos visto como terminaron esos presidentes peruanos tan obedientes al establishment.

Mientras esto sucede, en las latitudes que están al sur de la línea ecuatorial, en el paralelo diez norte de esa demarcación geográfica, tan imaginaria como esencial, buena parte de la izquierda local apuesta por la sustitución del gobierno de Nicaragua (según algunos de sus voceros Daniel Ortega parece ser el único dictador que existe en la región, es el abominable dictador), para poner en su lugar a otro gobernante o “dictador” más dócil a los EEUU, con la ingenua creencia de que así van a restablecer los principios originarios de aquella revolución sandinista que el viento se llevó, al igual que la llevada a cabo por los liberales nicaragüenses en 1893.

Desconociendo la geopolítica, dentro de lo que constituye un dato imposible de ignorar, la izquierda no puede, so pena de cometer un suicidio, adoptar la agenda geopolítica de Washington y de Luis Almagro, el secretario general de la OEA, quien ya ha pedido para el día martes 15 de junio, una sesión del organismo para sancionar al gobierno de Nicaragua, todo ello mientras el gobierno de Bolivia ha instruido a su nuevo embajador ante la OEA para que pida la destitución de Luis Almagro de su alto cargo regional, dada su intervención decisiva en el golpe de estado de noviembre de 2019, con el que derrocaron al entonces presidente boliviano Evo Morales Ayma, bajo falsas acusaciones de fraude electoral. Por este camino, los líderes y voceros de cierta izquierda regional terminarán pidiendo la libertad de la golpista Yanine Áñez, a pesar de los crímenes de lesa humanidad que ésta llevó a cabo, durante los once meses que duró su “mandato”.

Con independencia de lo que pensemos del gobierno de Nicaragua, de sí nos agrada o no, nos parece que aquí hay algo que no cuadra, las cuentas no cierran, pues como dice un viejo dicho por ahí: aquí hay gato encerrado, una sospecha que aumenta cuando observamos el silencio de alguna gente frente a la sanguinaria represión que lleva a cabo el régimen uribista contra el pueblo colombiano. La señora Keiko Fujimori nos demuestra que sabe en lo que está, no hay duda de que tiene un agudo sentido de la geopolítica y de la oportunidad, algo de lo que parece carecer buena parte de la izquierda regional. La gran pregunta sigue siendo: ¿Qué es lo que está en juego en nuestra área continental, vista como todo?

¿Qué se requiere para ser magistrado/a suplente en C.R?

Por: Marcia Aguiluz Soto, experta en Derecho Internacional de los Derechos Humanos

Aparentemente tener la bendición de algún grupo magistrados/as de la Corte Plena y las conexiones políticas adecuadas para resultar electo en la Asamblea Legislativa. En días recientes, la Asamblea Legislativa nombró a 3 magistrados y 1 magistrada suplentes para integrar la Sala III de la Corte Suprema de Justicia que es la que conoce en última instancia los conflictos de las personas con la ley penal y puede juzgar a quienes integran los supremos poderes (Diputados, Ministros, Presidente de la República, entre otros).

La magistratura suplente (que sustituye a magistrados/as titulares ante su ausencia temporal) no puede ser tomada a la ligera, de hecho, es muy común que las diversas Salas se integren con suplentes. Casos como el amparo contra la Mina Crucitas, la decisión que recalificó los hechos delictivos en los que participó el expresidente Rafael Ángel Calderón, la suspensión del cargo de Magistrado a Celso Gamboa, las recusaciones en el marco del caso UPAD, fueron fallados con participación de magistrados/as suplentes. Es decir, para la ciudadanía es fundamental que quienes resulten electos en estos cargos sean las mejores personas y no haya duda alguna sobre su independencia.

¿Cuál es el camino para llegar a la magistratura suplente?

Las magistraturas suplentes se encuentran establecidas en el artículo 165 de la Constitución Política. Para este cargo se requiere cumplir con los mismos requisitos que los magistrados/as titulares establecidos (a saber, ser costarricense, pertenecer al estado seglar, ser mayor de 35 años, abogado/a, con al menos 10 años de ejercicio o 5 si se trata de funcionarios judiciales).

En 2012, el Poder Judicial aprobó un reglamento para la selección de magistrados y magistradas suplentes. Sin embargo, este (por mayoría integrada, casualmente, por magistraturas suplentes) fue declarado inconstitucional por la Sala Constitucional en 2013. Sin ejercer control de convencionalidad y sin integrar el principio de idoneidad comprobada estipulado en el artículo 192 de la Constitución Política, dicho Tribunal señaló que basta con cumplir con los otros requisitos constitucionales genérico para ser elegible.

En febrero del 2021, la Corte aprobó unos lineamientos para la conformación de las listas para el cargo de magistraturas suplentes. De conformidad con estos, se realiza una convocatoria pública, se abre un periodo de inscripción de todas aquellas personas que reúnan los requisitos constitucionales, se realiza una investigación sociolaboral y de antecedentes con el objetivo de identificar potenciales conflictos de interés, incompatibilidades o prohibiciones legales, se elabora una nómina que es enviada a la Sala correspondiente, seguidamente se programa una entrevista (pública y grabada) con 3 magistrados/as titulares y, luego, la Sala envía sus recomendaciones a la Corte Plena, quien puede acoger o no estas recomendaciones a la hora de decidir la nómina que envía a la Asamblea Legislativa. Este órgano, a través de la Comisión Permanente de Nombramientos (CPEN) realiza una nueva evaluación y envía una lista al plenario con sus recomendaciones, sin que nada de eso vincule al Plenario.

Aunque pareciera que el proceso descrito tiene varios filtros, está lejos de cumplir con los estándares internacionales aplicables a este tipo de nombramientos. En este sentido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que se deben respetar parámetros básicos de objetividad y razonabilidad, los criterios de selección deben ser estrictos y regirse por los principios de igualdad y no discriminación, así como publicidad y transparencia.

Si bien el Poder Judicial señaló, en un reciente comunicado, que en esas recomendaciones sí aplica parámetros objetivos, en la práctica no hay información pública sobre cuáles son esos parámetros. Más bien, hay evidencia empírica de que, salvo los elementales requisitos constitucionales que provienen de1871 (edad y título de abogacía), los órganos intervinientes disfrutan de una amplia discrecionalidad para recomendar y elegir a quienes quieran. No solo no se siguen parámetros objetivos (o al menos no son públicos) sino que tampoco el proceso actual respeta los principios constitucionales de publicidad y transparencia (art. 11 CPol) pues los órganos decisores (Salas, Corte, Comisión de Nombramientos AL y Plenario) resuelven en secreto y sin fundamentación alguna. Los y las costarricenses no conocemos qué inclina la balanza a favor de una u otra persona candidata.

¿Qué pasó con la elección reciente de magistraturas suplentes para integrar la Sala Tercera?

Como mencioné, recientemente se eligió a los señores Rafael Segura Bonilla, William Serrano Baby, Miguel Fernández Calvo y Cinthia Dumani Stradtman. En la evaluación que realizó la CPEN, estas personas obtuvieron una calificación de 83.75, 84.25, 79.33 y 82.17, respectivamente. Otras personas, juezas de carrera en el máximo escalafón y con notas superiores —como Patricia Vargas González, con 93.26; o Edwin Salinas Durán, con un 87.19— no resultaron electas. ¿Qué motivó al Congreso a elegir a personas con menores calificaciones? No lo sabemos porque su voto es secreto y no tienen que justificarlo. Puede ser que las personas electas sean profesionales espectaculares, sin embargo, no es posible conocer el razonamiento detrás de su elección.

Por otra parte, en este proceso tampoco se tomó en cuenta la paridad de género. La Sala Tercera actualmente tiene 2 magistradas y 3 magistrados titulares. Pese a que claramente había otras mujeres muy calificadas para llegar al cargo de suplentes, la Asamblea se decantó por nombrar 3 hombres y 1 mujer, obviando así la importancia de que exista mayor representatividad de género en este tipo de cargos.

Lo ocurrido ilustra la perversidad del sistema vigente. Los lineamientos o metodologías solo existen para crear la ilusión de que las decisiones se toman con objetividad. Es evidente que no importa qué tanta formación, experiencia o idoneidad se tengan, la elección siempre será producto de negociaciones que se hacen a espaldas de la ciudadanía. La realidad nos demuestra que para llegar a la magistratura no se necesita ser la profesional mejor calificada, se necesita tener la conexión política adecuada. Justo ese vínculo política-magistratura está acabando con la independencia judicial, y con ello, menoscabando nuestra democracia y nuestro derecho de acceso a la justicia.

Urge una reflexión de país en torno a este tema. Se requieren reformas que respondan a las necesidades y desafíos actuales. El país no puede darse el lujo de continuar con un sistema de elección tan permeable a los intereses de los grupos de poder visibles e invisibles. Toda persona y actor social debe sumar su voz y demandar cambios en todos los niveles que corresponda: reglamentario, legal, jurisprudencial, y de ser necesario, constitucional. Nos lo debemos.

América Latina cambia fusiles por votos

Rafael A Ugalde Quirós (*)

Sin mayor inversión pública, una crisis sanitaria sin precedentes y literalmente hambre a cualquier lado que vayas al Perú actual, todo parece indicar que los primeros 100 días de gobierno de Pedro Castillo serán clave para la reconstrucción de una nación destruida en todos los sentidos, por décadas de “recetas” económicas y falsas promesas de “desarrollo”, provenientes de quienes a veces parecen más una mafia al mejor estilo de Al Capone.

La ventaja mínima de Castillo en el boletaje del pasado 6 de junio frente a Seiko Fujimori, matemáticamente, es irreversible; sin embargo consolidar las aspiraciones de libertad, justicia social y autodeterminación de quienes despectivamente la clase dominante denomina “cholismo”, representa una de las tareas más titánicas para este nuevo líder latinoamericano, que desafío el otro Perú; el educado, el culto, el que da gracias a Francisco Pizarro por descender de él, el de las películas y los videos turísticos, el de “la libertad de prensa” para presentar en plena segunda vuelta a quien resultó electo como el “comunista”, ”ateo”, ”terrorista”, “ignorante del sombrero,” “populista peligroso”,etc.

Para el analista Vicente Otta el escenario que espera al nuevo gobierno de Castillo es de “alto riego” dada la urgencia sanitaria, el hambre y el desempleo que azota a Perú. Como sí lo anterior fuera poco, el boicot y sabotaje de los ultra reaccionarios derrotados no están descartados del todo, pues recuérdese que en el pasado, Estados Unidos cerró filas con la oligarquía local, cuando Juan Velazco Alvarado (1968- 1975), cansado de exclusiones sociales e injusticias, mediante un golpe de estado trató de dar participación al campesinado en una reforma agraria y nacionalizó recursos de los peruanos.

El gobierno norteamericano no dejó que el llamado “Perú profundo” se desarrollara con independencia y de inmediato elevó los aranceles a las exportaciones de azúcar, provocó desabastecimiento entre el pueblo y así fomentó un “contra golpe”, frustrando las aspiraciones de las mayorías peruanas.

Otta, en el análisis divulgado recientemente por la Red mundial de Comunicadores por los Derechos Humanos (RED DDHH), llamó a considerar, en el corto plazo, el avance en la región de las fuerzas derechistas (traducido, debe agregarse, en fascismo puro), como ocurre en la Columbia actual, o en el pasado reciente en Chile, Bolivia y Ecuador. Tener presente, plantea Otta, el escenario internacional y las actuaciones de las fuerzas reaccionarias, en tanto los sectores progresistas registraron retrocesos. “Se ejemplifica, añade, en el desarme de la UNASUR, el debilitamiento del ALBA, y en la formación del denominado conservador Grupo de Lima, que ha tenido como país líder y anfitrión al Perú”, sostiene.

A este panorama, precisa el analista, se suma la presencia gravitante de las fuerzas del narcotráfico, así como los esfuerzos de EE. UU por mantener el control de América Latina, junto a la desesperada contención del ocaso de una hegemonía que pierde aceleradamente en favor de un mundo multipolar, impulsado por China y Rusia.

Asimismo, el “blindaje constitucional” que hicieron los representantes oligárquicos en el congreso para no perder privilegios, a solo horas de conocerse que Fujimori perdía fuelle en las votaciones de segunda ronda, tropezará, inevitablemente, con los planes esbozados por Castillo, tendiente a convocar a una Asamblea Constituyente que haga más justo al Perú actual.

Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) del Perú –información de acceso público mediante la internet- este país es testigo de la estafa de sus tecnócratas, pues sufrió un aumento en la tasa de desempleo solo en Lima Metropolitana de 88%, comparando el primer trimestre del 2020 y el mismo del 2021; es decir, se ha incrementado el número de las personas con capacidad para laborar que no están trabajando. En términos porcentuales el Perú últimamente ha pasado de una tasa de desempleo de 7% a 14,5%.

La participación del sector informal aumentó en el mercado laboral. En el 2019, la tasa de participación fue de 73%, mientras que en 2020 habría estado cerca del 90%. Tampoco se sostienen la tesis irresponsable -Costa Rica no escapa de este engaño- de préstamos en “condiciones muy favorables” para pagar deudas y “creación de empleo”. El Perú es la economía número 51del mundo por volumen del Producto Interno Bruto (PIB). Sin embargo, su deuda pública en 2019 fue de $ 62.514; cada peruano viene al mundo con una “hipoteca” de $ 1.923.

Castillo y su agrupación “Perú Libre”, por tanto, tendrá que alejarse de la creencia pusilánime de un gobierno para “mayorías” y con “desarrollo” nacional, bajo la égida de las grandes transnacionales y los banqueros especuladores. Enfrentará un panorama por demás complejo y de riesgos cada vez mayores, sí políticamente no hace además de la convocatoria amplia y constante de la ciudadanía para la toma de sus decisiones, de la alta eficiencia una arma sin errores, de la gran responsabilidad social, la honestidad y la transparencia la nueva antítesis peruana, frente a un “pueblo ansioso de justicia” y “al que no fallaré”, según dijo Castillo.

El fenómeno castillo

Cuando el nacionalista Velazco Alvarado asumió el poder en aquel Perú del 3 de octubre de 1968, el hoy nuevo dignatario peruano -salvo un atraco electoral a mano armada- apenas contaba con un año y 16 días de nacido, en el lejano municipio de Tacabamba, Cajamarca, a 980 kilómetros de Lima.

Si bien Castillo solo se tragaba el aire fresco que bajan de las montañas de Cajamarca y saltaba los charcos de su natal Puña, cuando quitaron al General Velazco Alvarado, a sus seis años de edad el contacto con aquella realidad cotidiana resultó ser para el fogoso párvulo la principal enciclopedia y educadora del mundo.

Campesinos sin tierra, caminos olvidados por todos los gobiernos, casitas sencillas y levantadas rudimentariamente por sus propietarios, sin duda alguna, “educaron” los oídos, la vista y el tacto de Castillo a muy temprana vida, en el sentido que, sin solidaridad vecinal y apoyo entre todos, casi es imposible sobrevivir en esas tierras olvidadas. Lo de educador rural, por tanto, solo era cuestión de tiempo. Al menos, así quedó planteado durante una visita reciente realizada por un equipo periodístico argentino a Puña, cuyos habitantes resaltaron la dedicación de Castillo como maestro de la lejana escuela de Tacabamba, a la cual llegaba a pie, entre barriales y lluvia, o en moto, si el tiempo lo permitía, según sus vecinos.

Son estos “cholos” vecinos del candidato ganador – despectivamente así descalificados por quienes se consideran blancos educados- quienes dijeron a los periodistas argentinos que Castillo venía predestinado a gobernar, a pesar de ser un total desconocido en las “grandes ligas” de la política peruana.

Su liderazgo empezó a verse cuando el 15 de junio de 2017 los maestros peruanos iniciaron una huelga en el departamento del Cuzco, a la que se sumaron miles de docentes de distintas regiones. Sí bien había formado parte de la agrupación “Perú Posible” entre 2005 y 2017, es con el partido “Perú Libre”, el año pasado, que logra una mayor organización y una eficaz articulación de los campesinos, maestros, pequeños y medianos empresarios, cristianos, etc., olvidados por el “establishment”.

Acéptese o no, Castillo forma parte de las ansias de los pueblos de ver una efectiva independencia de sus gobiernos y, consecuentemente, hay en ellos un evidente hartazgo de las clases políticas tradicionales, responsables durante más de 30 años del hambre, la desnutrición, la corrupción, el narcotráfico, los bajos salarios, el hacinamiento de millones de personas, con las falsas premisas de reducciones de faltantes fiscales para alcanzar “desarrollo” y “progreso” entre los más desposeídos.

Con antelación a Castillo, el actual presidente Andrés Manuel López Obrador, acabó con la ininterrupción del poder durante 39 años de Miguel de la Madrid 1982- 1988 (PRI); Carlos Salinas de Gortari 1988- 1994 (PRI), Ernesto Zedillo 1994-2000 (PRI);Vicente Fox 2020-2006 (PAN);Felipe Calderón 2006-2012 (PAN) y Enrique Peña Nieto 2012-2018 (PRI).Encontró, según el Jefe de Estado, un país saqueado.

 En estos casi 40 años hicieron del tráfico de influencia una “cultura” normal en política, vendieron activos del Estado a diestra y siniestra, asesinaron y desaparecieron gente etc. Extrañó por eso, que en la más reciente visita a México de la vicepresidenta estadounidense, Kamala Harris, no solo su agenda tuviera temas relativos con migraciones, sino con el financiamiento de organizaciones no gubernamentales (ONGs), vía USAID, dirigido a los grupúsculos que ejercieron el poder en el pasado y que, a juicio López Obrador, son “neoliberales”, “conservadores” o “mafiosos”.

En marzo pasado la burguesía boliviana trató de echar hacia atrás las aspas de la historia, pero el pueblo confió su soberanía al Movimiento al Socialismo (MAS), tras el vulgar golpe de estado contra Evo Morales, respaldado por la Organización de Estados Americanos (OEA). En El Salvador, en las elecciones de 2019, el derechista Nayib Bukele, canalizó el descontento de la gente y aplastó en las urnas al Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) y la Alianza Republicana Nacionalista (ARENA).

La llamada oposición venezolana, propiciada por Estados Unidos y el entonces “presidente en funciones”, Juan Guaidó, huyeron de las urnas electorales para escoger el año pasado a 277 diputados a la Asamblea Nacional, ante el inminente fin de las “funciones” de quien nunca gobernó ni siquiera la cuadra en que vivía. En Brasil, en entrevista publicada por la revista “Paris Match”, expresidente Luiz Inácio.»Lula» da Silva, aseguró que si, está “en la mejor posición para ganar” y tiene “buena salud”, no dudará en ser candidato contra Bolsonaro el próximo año. En Nicaragua, el próximo 7 de noviembre, los grupos que recibían dinero de las ONGs para financiar “oposición”, estarán ausentes por una ley que controla el lavado de dinero y mete a la cárcel a quienes conspiran con fondos provenientes del extranjero.

¡Sí, callaron los fusiles y la gente está aprendiendo, solo el pueblo salva al pueblo! Han pasado 200 años.

(*) Periodista, abogado y notario por la U.C.R.

 

Imagen: La sorpresa electoral en Perú, Pedro Castillo. (Foto cortesía Prensa Latina).