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Orden del Día: “El juzgamiento penal del poder en Costa Rica”

SURCOS comparte la siguiente invitación:

Este lunes 07 de junio a las 5:00 pm se difundirá el programa “Orden del Día: El juzgamiento penal del poder en Costa Rica”. La transmisión será por Facebook Live en las redes de Radio Universidad de Costa Rica 96.7 o bien, se puede escuchar por 96.7 Radio Universidad.

Este foro analizará los proyectos en la corriente legislativa y sus implicaciones en el Estado Constitucional de Derecho y los Derechos Humanos.

Además, en este busca abordar la reforma al Código Procesal Penal de 1998 que trasladó el juzgamiento de los miembros de los supremos poderes (diputadas/os, ministras/os, presidencia de la República y de las magistraturas de la Sala III.

Este diseño legislativo se hizo en un momento en que solo existía la casación (que se dispuso ante Corte Plena). 

Luego de los ajustes realizados que introdujeron la apelación de sentencia, la arquitectura judicial en esta materia agudizó los problemas que presentaba pues: 

a) por un lado, quienes detentan el poder serían juzgados penalmente por un número de jueces/ezas superior a cualquier persona pues para esta intervienen unos 11 jueces (considerando 3 de juicio, 3 de apelación y 5 de casación), pero para aquellos intervienen 47 (5 de juicio, 22 de apelación y 22 de casación).  

b) por otro lado, diputados y diputadas son los únicos que pueden escoger a sus jueces/ezas mediante el nombramiento de las magistraturas, sistema de nombramiento que, se ha dicho ya, no cumple con estándares objetivos para las designaciones y propicia la puerta giratoria (es decir, el pasar de un puesto público a otro). Este sistema representa un grave riesgo y puede propiciar afectaciones a la objetividad y pureza del juzgamiento. 

Para analizar el sistema actual y los proyectos de ley de reforma al Código Procesal Penal en materia de funcionarios protegidos se contará con la participación de los siguientes invitados:

  • Ronald Cortes Coto, exjuez y exmagistrado suplente de la Sala IV.
  • Jorge Alberto Obando Sancho, especialista en reforma judicial y fortalecimiento del Estado de Derecho. Profesor de derecho constitucional, UCR.

Moderan y conducen:

  • Giselle Boza Solano, Abogada, comunicadora y coordinadora del PROLEDI-UCR.
  • Rosaura Chinchilla Calderón, Abogada y docente de la Facultad de Derecho, UCR.

Invitan:

  • PROLEDI-UCR
  • Radio Universidad de Costa Rica 96.7
  • Instituto de Investigaciones Jurídicas

Adjuntamos la invitación al evento:

De lo viejo a lo arcaico

Óscar Madrigal

Los debates de los precandidatos del partido Liberación Nacional son un fiel retrato de lo que es hoy esa organización política: ideas viejas o recicladas que no entusiasman, ni crean un sentimiento de adhesión y motivación. Son las mismas ideas, algunas adornadas con anglicismos, de apertura, zonas francas, reducción de impuestos, las mismas recetas del actual gobierno. La presentación de los precandidatos no emocionan, no generan ninguna esperanza en un futuro mejor.

Lo patético es que el que se promueve como el candidato del cambio es Benavides, sea del cambio para atrás. De los viejo a lo más viejo.

En las vetustas fórmulas se da hasta la propuesta de llenar todo el país de zonas francas. Las zonas francas tienen los días contados, como forma de atraer inversiones sin pagar impuestos. Estos señores no se han enterado que el gobierno de EEUU está promoviendo establecer un impuesto único global del 15%, precisamente para que los países del mundo dejen de competir por ver cuál es que reduce más la carga impositiva. Ante este panorama deberían estar proponiendo y preocupados por cómo atraer inversiones, cómo competir desde otros campos y no solo pensar en el mecanismo de la exoneración de impuestos. Estos precandidatos no tienen idea del futuro que nos espera.

Otros proponen volver a la época de las explotaciones mineras a cielo abierto, cuando el mundo se dirige a salvar el planeta. Otros más consideran a las mujeres como muy “delicaditas” para que se incorporen al trabajo, en momentos en que el feminismo exige que se las considere como pares sin discriminación alguna. Son los mensajes que parecían harto superados en nuestro país. Pero les ha correspondido a los precandidatos del PLN recordarnos que las viejas ideas siempre tratan de sobrevivir.

Ninguno de ellos se refiere al verdadero problema a que nuestro país debe enfrentar en el futuro inmediato, la desigualdad. La lucha por la igualdad prácticamente ha desaparecido de todos los programas de los partidos políticos, porque luchar contra la desigualdad es ir más allá de reducir la pobreza o reducir el desempleo. Es darle igualdad de oportunidades, educacón y cultura a las mayorías, equilibrar los desajustes tributarios, mejor considerablemente los salarios de los y las trabajadoras. Costa Rica es según el Banco Mundial uno de los 10 países más desiguales del mundo; esta tendencia debe ser revertida y esa es la gran tarea a emprender, el verdadero cambio que el futuro nos exige.

Los precandidatos del PLN anuncian la continuidad de las políticas del actual Gobierno; sus propuestas son sacadas del mismo recetario, por eso no encantan a la gente.

El momento más llamativo de esa lluvia de ideas fue la polémica entre cáñamo, pejibayes y guanábana. Al menos fue simpático.

Elecciones en Perú. Fin de un ciclo. ¿Y ahora qué?

Ignacio López Siria

El tema que se nos propone incorpora, sin decirlo, tres momentos: el antes (el ciclo), el ahora (las elecciones) y el después (¿y ahora qué?). Nos invita entonces a reflexionar breve, pero profundamente sobre el tema. A eso me dedicaré soltando ideas que bien podrían promover futuros intercambios.

  1. Hay dos tipos de democracia, una cuantitativa y otra argumentativa. De la primera tenemos muestras mil. Por ejemplo, es practicada a diario por nuestro Congreso, en donde se imponen los números, no la razonabilidad de las argumentaciones ni la factibilidad de las propuestas. La cantidad se traduce en legalidad y, curiosamente, la legalidad termina siendo fuente de legitimidad. La democracia argumentativa busca convencer para construir una legitimidad de la que derive la legalidad. Tengo para mí que nuestra democracia, aunque no solo la nuestra, tiene mucho más de cuantitativa que de argumentativa.
  2. Puesta en el modo cuantitativo, la primera vuelta de nuestras elecciones no tuvo ganadores. Todos fuimos perdedores y digo “fuimos” porque en las elecciones no ganan ni pierden solo los candidatos, sino también los ciudadanos, los electores. Ningún grupo pasó la valla, la mitad más uno. Dividimos tanto las opciones que todos nos quedamos lejos, muy lejos de la meta. Incluso la suma de los dos primeros queda lejos de la meta. Vista en términos deportivos, la primera vuelta fue una carrera de perdedores. ¿Significa esto que no tenemos unos para con otros capacidad de escucha y de convencimiento o significa, más bien, que en la realidad somos tan diversos que siempre hemos dejado a medias la “promesa de la vida peruana”, la verdadera construcción de un albergue en el que quedamos dignamente todos aun sabiéndonos y aceptándonos como diferentes. ¿No será que esa fracasada primera vuelta nos está diciendo a gritos que nos pongamos de una buena vez, primero, a diseñar entre todos y, luego, a construir de a pocos una patria que todos sintamos como nuestra y que, además, nos abramos a una interacción honrosa con nuestro entorno y con el mundo?
  3. En este juego de perdedores, dos grupos fueron los que menos perdieron, precisamente aquellos que más crudamente representaban o bien el cambio hacia la equidad (económica, social, cultural y territorial) o bien la continuidad del modelo de siempre en la versión legalizada por la constitución del 93. Y, así, la dicotomía continuidad / cambio quedó instalada como el eje central de la competencia por el poder.
  4. Visto en corto, es decir, puesto el acento solo en lo cuantitativo, el ciclo abierto por la primera vuelta no ha llegado a su fin. Llegará el domingo, y entonces, a la vista del resultado de la segunda vuelta, cabrá preguntarse “¿y ahora qué?”. Si gana la continuidad, la respuesta parece fácil: seguirá el vuelo, en piloto automático, con alguna modificación ligera de la ruta y no pocas concesiones a la galería o mayor apertura del caño para aumentar el chorreo y, así, cumplir promesas electorales, fidelizar a la clientela y amortiguar el previsible ruido de la calle. No es necesario decir que las aguas volverían a su cauce y que no serían pocos los que, amainada la tormenta, podrían finalmente dormir tranquilos. Si gana el cambio parece que el panorama puede complicarse porque los perfiles de lo nuevo son difusos, los medios disponibles inciertos, los ejecutores semi desconocidos, la propuesta llena de incongruencias, etc. Diríase que con la victoria del cambio el ámbito político, por un lado, se puebla de interrogantes e inseguridades, con todo lo que ello arrastra, y, por otro, de entusiasmo cuasi épico porque se abre un mundo de posibilidades.

Pero la cuestión del ciclo y el “ahora qué” puede también ser pensada en largo y entonces puede decirse que los tambores del crepúsculo efectivamente ya han sonado, el modelo del “chorreo”, para decirlo en modo Cabana, se tambalea aquí y allá, la voz del subalternizado, del sistemáticamente excluido, se ha alzado en la primera vuelta de las elecciones y, contra muchas previsiones, ha puesto claramente sobre la mesa, como primera prioridad, el tema del modelo. Y lo ha hecho a su modo, sin afeites, con imperfecciones mil, sin limar las incoherencias ni parar mientes en fundamentaciones argumentadas ni en propuestas con visos de factibilidad. Del otro lado ha ocurrido algo parecido. Ante el manifiesto avance de la crítica gruesa al modelo, los defensores del mismo, que no son pocos y que andaban dispersos por varias opciones electorales, apuntaron a la guardianía más clara, cruda y desenfadada del modelo en cuestión, sin parar mientes en “remilgos” éticos ni en pesadas cargas del pasado. Se trata, efectivamente, de la etapa crepuscular de un ciclo, y en ella los portadores de la continuidad tienen que desplegar todas sus capacidades para impedir que se abran paso los signos aurorales que apuntan en el horizonte. Al final no fueron muchos. Puesto en términos electorales, fue apenas un tercio del electorado, pero ese tercio que quedó en la cumbre de la pequeña colina -ya dijimos que ninguno alcanzó la cima- estaba claramente dividido entre continuidad o cambio, y esta es la dicotomía fundamental que la primera vuelta nos dejó a todos sobre la mesa. Y lo hizo, reitero, sin mayorías aplastantes, pero también sin afeites, sin adornos, sin paliativos, con los rostros más claramente representativos de la continuidad, por un lado, y del cambio, por el otro. Ya este acontecimiento muestra de suyo que el ciclo abierto hace décadas y consagrado por la constitución del 93 manifiesta signos de agotamiento. No es fortuito, por lo demás, que esos signos se adviertan igualmente en otros contextos, algunos de ellos muy cercanos a nosotros.

Concluyo esta idea reiterando que el resultado de la primera vuelta muestra a las claras que la percepción dominante es que el ciclo del modelo vigente está terminando y que, si no se opta por su desmontaje, brusco o paulatino, la única manera de sostenerlo tendrá que ser, muy probablemente, “con mano dura”.

  1. Esta lectura de la primera vuelta me permite mirar la segunda vuelta, primero, como un esfuerzo, de uno y otro lado, por aproximarse al centro, limar asperezas, ganar a indecisos, atraerse a parte del enorme bolsón que quedó en el medio, etc., todo lo cual parece bastante normal. Pero hay algo más y, a mi juicio, mucho más importante. Creo que los sectores más interesados en la permanencia del modelo, con el apoyo indiscutible de una prensa obsecuente, se esfuerza en cambiar la mira, en poner el acento ya no en la dicotomía continuidad / cambio, sino en la dualidad democracia / dictadura, reiterando tercamente que lo único que está en juego es la continuidad de la democracia o la irrupción de la dictadura en manos de avezados terroristas. De lo demás, concretamente del modelo, se tratará luego cuando la democracia y el funcionamiento de sus estructuras tradicionales estén asegurados. Esta estrategia es esencialmente ofensiva, más que defensiva, se basa en el miedo y en la ignorancia, y facilita la caracterización e identificación del enemigo.

Al fortalecimiento, legitimación, difusión y posicionamiento internacional de esta estrategia han contribuido no solo las declaraciones de peruanos “ilustres” -Vargas Llosa es el ejemplo más emblemático- sino, incluso, algunos sectores del ámbito religioso y de organizaciones preocupadas por la defensa de los derechos humanos y civiles. El ejemplo más conocido, pero no único, es la “Proclama ciudadana: Juramento por la democracia”, en el que tanto empeño ha puesto un sector de la iglesia. Independientemente de la intención de los firmantes de la proclama, lo cierto es que ella desvía la atención de la primera vuelta que estuvo puesta en la dicotomía cambio / continuación para ponerla en democracia / tiranía. Ello ha servido y sigue sirviendo, con un apoyo mediático desembozado, para empobrecer, para unidimensionalizar el debate de la segunda vuelta dejando fuera de juego el tema del modelo societal y atribuyendo primacía a los componentes formales de la democracia, de cuya importancia, por lo demás, no se puede dudar. Estamos perdiendo, por tanto, una excelente oportunidad, una más, para pensar a fondo y argumentativamente la gobernanza, la organización y la gestión de nuestra convivencia teniendo bien en cuenta la rica diversidad que nos caracteriza. Basta con oír las preguntas que, por lo general, plantean los periodistas a los políticos para caer en la cuenta de la unilateralidad y simplicidad de la temática a la que quieren reducir el debate político.

  1. Visto lo visto y poniéndolos en el “después de” cabe, efectivamente, preguntarse “¿y ahora qué?

Lo primero que hay que considerar es que el tiempo de elecciones no se mide cronológicamente, sino que se asume como “acontecimiento”, como oportunidad, como condensación del pasado en un presente henchido de futuro, todo lo cual convoca a actuar con conciencia plena y máxima eticidad.

Si la primera vuelta es aquella en la que votamos por convicción, es evidente que estamos seriamente divididos. Advertimos, además, que la diferencia que hubo entre el primero y el último es menor que la que se dio entre el primero y el primer peldaño de la meta. ¿Qué hacer, entonces? Hay quienes creen que el lunes debe comenzar la reconciliación y que debemos olvidar los agravios del pasado reciente para reconstruir la aparente armonía de siempre. Otros piensan que al día siguiente de la segunda vuelta, si no antes, comienzan los acuerdos para conseguir mayorías que faciliten la gobernanza y arrinconen a las minorías. Claro que todo esto se puede hacer y probablemente se hará, pero creo que si nos quedamos en ello habremos perdido, una vez más, la oportunidad que se nos ofrece de entendernos como lo que la primera vuelta dice que somos, un puñado de minorías sin ganadores que tratan de emerger en un mar de inequidad y que no aciertan a trenzar acuerdos, racional y éticamente sostenibles, para diseñar y construir una vivienda que nos albergue a todos dignamente haciendo de las diferencias una fuente de enriquecimiento mutuo y de gozo. Todos sabemos que nada de esto es fácil. Yo añado que no se requieren mayorías. Basta con minorías conscientes de su condición de tales y, consiguientemente, abiertas al diálogo con las otras minorías y a la mirada vigilante de la ciudadanía.

Infinito Gold vs Costa Rica: breve análisis del laudo arbitral del CIADI rechazando los principales alegatos de la empresa canadiense por la suspensión de su proyecto minero ubicado en Las Crucitas

Nicolas Boeglin

Este 4 de junio del 2021, fue dado a conocer el laudo arbitral que pone un punto final a la demanda interpuesta en febrero del 2014 por la empresa minera canadiense Infinito Gold contra Costa Rica (véase nota de prensa del Semanario Universidad). 

Como se recordará, este proyecto minero fue declarado sorpresivamente y sin consulta alguna de «conveniencia nacional» mediante un Decreto Ejecutivo del Poder Ejecutivo en octubre del 2008: ese mismo mes,  la Universidad de Costa Rica (UCR) adoptó un muy sólido pronunciamiento de su Consejo Universitario exigiendo al Poder Ejecutivo la inmediata derogación de este decreto (véase texto de su pronunciamiento del 29 de octubre del 2008).  

Luego de una ardua batalla legal contra la empresa minera y contra el Estado realizada por un pequeño grupo de valientes abogados y de entidades ecologistas, la justicia costarricense declaró totalmente ilegal este proyecto en el mes de noviembre del 2010 (véase texto completo de la sentencia del Tribunal Contencioso Administrativo -TCA – del 14 de diciembre del 2010), una decisión que fue ratificada en todos su extremos por la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia en diciembre del 2011. Semanas antes, el borrador de sentencia de la Sala Primera circuló en manos de los abogados de la empresa minera sin que se logre sancionar a los responsables de este inédito hecho en la historia de la justicia costarricense (véase nota de prensa de noviembre del 2011 y esta nota de CRHoy de noviembre del 2012 así como esta otra nota de diciembre del 2012 del mismo medio digital).

El documental «El Oro de los Tontos» realizado en el 2011 desde la UCR (véase enlace en You Tube) permite tener una idea del nivel de ocurrencias gubernamentales y de profunda indignación que este proyecto minero causó en Costa Rica a partir de octubre del 2008, en particular para quiénes, desde fuera, asocian a Costa Rica con la imagen de un país ecológico y lo consideran como un líder indiscutible en materia ambiental. De alguna manera, Crucitas vino a delatar al mundo la faz oscura de la Costa Rica verde, al tiempo que sus tribunales detectaron anomalías desde las más altas esferas del poder que calificaron de verdadera «orquestación de voluntades» (Nota 1).

La demanda de Infinito Gold: breve repaso

El texto de la demanda inicial interpuesta por Infinito Gold contra Costa Rica del 6 de febrero del 2014 ante el CIADI (Centro Internacional de Arreglo de Disputas entre Inversionista Extranjero y Estado, también conocido por sus siglas en inglés ICSID) está disponible en este enlace.

La suma solicitada en un primer momento (2014) por la empresa minera canadiense fue de 94 millones, aumentando con el paso del tiempo a 321 millones de US$ (véase nota de CRHoy del 2017) sin que se tenga mayor claridad sobre los motivos de esta sustancial variación.  Antes de presentar formalmente la demanda ante el CIADI, la empresa canadiense Infinito Gold había amenazado con presentar una demanda por 1.092 millones de US$ contra Costa Rica (véase nota de La Nación de octubre 2013), sin que tampoco se tuviera idea de cómo justificar esta cuantiosa suma a título de compensación o indemnización. A la fecha, se mantiene como una verdadera incógnita en Costa Rica la identidad de las personas que integraron una «comisión de alto nivel» gubernamental que llevó al Vice Presidente de Costa Rica a indicar, en julio del 2010, que si Costa Rica derogaba el decreto de conveniencia nacional, debería de compensarle a la empresa minera la suma (fantasiosa) de 1.700 millones de US$ (véase declaraciones de Alfio Piva del 27 de julio del 2010): se trata posiblemente de unos de los secretos mejores guardados en Costa Rica. 

En este enlace oficial del CIADI se detallan las diversas etapas procesales de este largo juicio, en la que intervino un organización no gubernamental costarricense (APREFLOFLAS) así como Canadá como Estado, en agosto del 2018.  En julio del 2015 Costa Rica intentó solicitar el archivo de la demanda ante los atrasos de la empresa para presentar sus alegatos escritos en los plazos acordados, una maniobra procesal que no fructificó (Nota 2).

Al investigarse sobre el punto de saber a qué podría responder el repentino interés de las autoridades canadienses en el 2018 en esta demanda contra Costa Rica planteada desde el 2014, las autoridades canadienses respondieron a un parlamentario canadiense que Canadá intervino a solicitud de Costa Rica (Nota 3).

La decisión del tribunal arbitral en breve

En diciembre del 2017, el tribunal del CIADI decidió en una etapa previa considerarse competente pese a las diversas objecciones presentadas por Costa Rica, aduciendo la incompetencia del CIADI (véase laudo arbitral sobre su jurisdicción con fecha del 4 de diciembre del 2017).

En su laudo arbitral sobre el fondo con fecha del 3 de junio del 2021 (véase textos en español y en inglés en el sitio de SurcosDigital), el tribunal del CIADI en el párrafo concluye 799 que:

 799. Por las razones expuestas anteriormente, el Tribunal:

a. DECLARA que tiene jurisdicción sobre las reclamaciones ante él y que, salvo la excepción establecida en el párrafo (b) siguiente, las reclamaciones son admisibles;

b. DECLARA que la reclamación relacionada con la reiniciación en 2019 del procedimiento de perjuicios del TCA es prematura y por lo tanto es inadmisible en la presente instancia;

c. DECLARA que, al sancionar la Prohibición Legislativa de la Minería de 2011 e implementarla por medio de la Resolución del MINAET de 2012, la Demandada ha incumplido su obligación en virtud del Artículo II(2)(a) del TBI de otorgar a las inversiones de la Demandante un trato justo y equitativo;

d. DETERMINA que no puede otorgar compensación por daños por este incumplimiento;

e. ORDENA que cada una de las Partes sufrague el 50% de los Costos del Procedimiento y sus respectivos honorarios legales y demás costos;«

La conclusión a la que llegan los tres integrantes del tribunal arbitral es precedida de un detallado análisis (798 párrafos para ser exactos) de gran interés para diversas disciplinas: desde especialistas en derecho internacional, arbitraje de inversiones, derecho administrativo, derecho constitucional, pasando por politólogos, analistas e incluyendo a especialistas en actos de corrupción, en donaciones sospechosas a fundaciones privadas, en groseras omisiones estatales en algunas investigaciones  y en falsedades de diversa índole presentadas por un inversionista extranjero. 

La lectura del laudo, si bien se puede volver compleja, retrata un período político en Costa Rica en el que se observó a un aparato estatal muy vulnerable ante las constantes arremetidas, y maniobras de la empresa canadiense Infinito Gold. Ante la desvergonzada simbiosis existente entre la empresa y el Estado, la actitud extrañamente pasiva de cinco integrantes de la Sala Constitucional (de los siete magistrados que la integran) al emitir una cuestionable decisión en abril del 2010, el fallo de los tres jueces del Tribunal Contencioso Administrativo (TCA) cuyo «por tanto» fue dado a conocer en noviembre del 2010 fue celebrado por gran parte de la sociedad costarricense como un verdadero triunfo nacional.

En el párrafo 782 y siguientes, se lee que la empresa pidió que Costa Rica fuera además condenada a pagarle los más de 3,5 millones de US$ en los que incurrió para presentar y tramitar esta demanda; en el párrafo 790, se lee que por su parte, Costa Rica solicitó el pago de un poco más de 3 millones de US$ a la empresa por los gastos sufragados durante este proceso legal. Se trata de pretensiones que rechazó finalmente el tribunal (párrafo 798). 

En una interesante entrevista publicada por el Semanario Universidad y cuya lectura recomendamos (véase texto completo), se lee por parte del abogado de APREFLOFAS que el Estado costarricense omitió algunas cosas en su defensa, al señalar el jurista que:

«Pero nuestro alegato principal, el más fuerte -y así lo reconoció el tribunal – es que la inversión de Industrias Infinito había sido hecha en contra de las leyes costarricenses, que hubo indicios de actos indebidos de parte de diversos funcionarios públicos, que incluso se abrieron procesos penales al respecto. Nosotros fuimos los únicos que tocamos ese tema frente al tribunal; ni siquiera el Estado costarricense lo tocó, por una estrategia procesal que mantuvieron. Pero nosotros sí informamos al tribunal de arbitraje sobre esa situación. Se le estuvo constantemente informando sobre el estado de los procesos penales aquí, incluso el máximo que es el del expresidente Óscar Arias Sánchez. Y esas manifestaciones algo de impacto tuvieron porque se mantuvieron como válidas y se tramitaron hasta el final«.

A modo de conclusión

Más allas de las convenientes omisiones de unos y de las falsedades de otros, esta decisión dada a conocer este 4 de junio del 2021 en Costa Rica constituye una nueva victoria en favor del ambiente, de las regulaciones para protegerlo, así como de las sentencias de tribunales nacionales para hacer valer la normativa ambiental cuando las incumple un inversionista extranjero. 

Es muy probable que los tres árbitros y la Secretaría del CIADI se esperaran a la víspera del Día Mundial del Ambiente (5 de junio) para publicar su decisión. 

No obstante la celebración generada en Costa Rica y el entendible júbilo de sus máximas autoridades observado este 4 de junio, esta decisión plantea nuevamente la urgente necesidad para Costa Rica de reconsiderar su adhesión al CIADI;  o al menos, la de renegociar sus tratados bilaterales de inversión (TBI), que se plantea también en muchos otros Estados de América Latina (Nota 4). 

En efecto, no tiene mayor sentido el permitir a un inversionista extranjero de mala fe recurrir ante el CIADI contra decisiones de la justicia nacional que declaran ilegal su proyecto y mucho menos el tener que esperar 7 largos años de costosos procedimientos ante el CIADI para escuchar a tres árbitros confortar las decisiones judiciales antes mencionadas. Ello sin hablar del riesgo, inherente a este tipo de demandas, de ver los árbitros acoger, por alguna razón, algunas de las pretensiones económicas del inversionista. Esta preocupación ya se externó en el 2013 (véase entrevista en el Semanario Universidad) sin provocar cambio alguno por parte de las autoridades a cargo del comercio exterior en Costa Rica.

En un breve análisis publicado en el 2019 sobre este preciso caso de Infinito Gold contra Costa Rica (Nota 5), nos permitimos concluir que:

«Si este y varios otros datos no ventilados por el CIADI pueden generar algún tipo de frustración en algunos de nuestros estimables lectores, ello les permite entender un poco mejor las críticas recurrentes que se le han hecho al CIADI en cuanto a la opacidad y a la falta de transparencia de su funcionamiento. Y comprender las razones por las cuales Bolivia (2007), Ecuador (2009) y Venezuela (2012) denunciaron la convención que crea el CIADI suscrita en 1965, al tiempo que Indonesia y Sudáfrica han renegociado todos su TBIs, en aras de limitar sustancialmente los riesgos de ser objeto de demandas abusivas por parte de inversionistas extranjeros».

Notas:

Nota 1: Según los jueces del Tribunal Contencioso Administrativo (TCA), en el párrafo XL de su sentencia del 14 de diciembre del 2010, se lee que:

«En relación con este punto, es necesario indicar que en el presente caso ocurre algo excepcional y es que las distintas ilegalidades detectadas y las nulidades declaradas, son todas coincidentes en el sentido de que tendían a la aprobación del proyecto minero Crucitas y varias de ellas se dictaron estando vigente un decreto ejecutivo de moratoria de la minería metálica de oro a cielo abierto, todo lo cual hace viable pensar como posible una eventual concurrencia u orquestación de voluntades para llevar adelante, de cualquier manera, este proyecto minero«

Nota 2: Véase al respecto nuetra breve nota BOEGLIN N., «La solicitud de Costa Rica de poner término al procedimiento de arbitraje  interpuesto por Infinito Gold ante el CIADI: breves reflexiones«, publicada en Derechoaldia, edición del 7.08.2015 y disponible en este enlace.

Nota 3: En efecto, se le contestó formalmente a un congresista canadiense que la solicitud hecha a Canadá para intervenir provino oficialmente de Costa Rica: ello se desprende de la respuesta oficial con fecha del 24.1.2019 dada por las autoridades canadienses de comercio exterior a las preguntas formuladas por el diputado Peter Julian el 18.03.2018. Al respecto véase texto en  inglés  y en  francés  de las preguntas formuladas y respuesta oficial brindada disponible en inglés en este  enlace  y en francés en este otro  enlace

Nota 4: Al momento de redactar estas líneas (5 de junio del 2021), ante la Secretaría del CIADI están pendientes de resolución 18 demandas contra Perú, 15 contra Venezuela, 13 demandas contra Colombia, 13 contra México, 8 contra Argentina, 7 contra Panamá, 3 contra Guatemala, 2 contra Costa Rica, 2 contra República Dominicana, y una contra Chile así como contra Bolivia,  Honduras, Nicaragua y Uruguay. Ecuador ya no registra ninguna demanda pendiente en su contra en el CIADI. En cuanto a Brasil, principal receptor de inversión extranjera en América Latina, no ha tan siquiera firmado la Convención de Washington de 1965 que crea el CIADI (véase estado oficial de firmas y ratificaciones), por lo que no puede ser objeto de una demanda antes este peculiar procedimiento arbitral adscrito al Banco Mundial: un argumento para desestimar la idea según la cual, retirarse del CIADI ahuyentaría a la inversión extranjera (y que se ve confirmado por los buenos resultados de la economía boliviana y ecuatoriana desde que ambos Estados denunciaron la Convención de Washinghon en el 2007 y 2009 respectivamente).

Nota 5: Véase BOEGLIN N. «Arbitraje Infinito Gold Vs.Costa Rica ante el CIADI: breves noticias», CIAR GLobal, edición del 31.102019, disponible en este enlace

Este texto fue elaborado por Nicolas Boeglin, Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR).

Publicado por Curso de Derecho Internacional.

Foto de manifestaciones contra el proyecto minero de Crucitas en Costa Rica, extraida de artículo titulado «Canadian groups tell gold company to ‘stop harassing’ Costa Ricans» (Bilaterals.org., edición del 17/04/2013)

Marco Rubio García, Monomaníaco y Mitómano

Lic. José A. Amesty R.

28-mayo-2021

Sin duda alguna el senador republicano Marco Rubio García en EEUU, se ha convertido en el estratega de presión contra Cuba y Venezuela. Su verborrea barata, repetitiva, politiquera y mentirosa, lo hace ser un monomaníaco y mentiroso.

Su última perla es afirmar que hay “hay elementos del extranjero, de la izquierda, en Venezuela y Cuba” que “están buscando desestabilizar al Gobierno de Colombia”. Cuando la realidad es, según la camarada Norelys Morales Aguilera, la realidad testimonia la aguda crisis, la represión y las medidas ultra neoliberales, que han hecho que los colombianos se lancen a las calles, además de los desaparecidos durante las protestas y los videos que han circulado sobre ataques de la policía a la sociedad civil.

Nos sumamos a las denuncias del compañero, Tony López R., Periodista, politólogo y analista internacional, quien señala: Además de los adjetivos señalados contra Rubio García, debemos enfatizar que es un Señor de la Guerra, al desear borrar las ideas y ejemplos de Bolívar y Martí, que guiaron a los dos grandes líderes de esta época, Fidel Castro y Hugo Chávez, y que protagonizaron esta gesta libertaria en los albores del Siglo XXI frente al imperialismo yanqui.

En este sentido, Marco Rubio (cabeza política e ideológica) es el arfil más importante en este ajedrez político, para manejar el tema cubano- venezolano, el senador cuenta con el respaldo de la mafia cubana-americana y venezolana de Miami, además tiene estrechas relaciones con el colombiano senador Álvaro Uribe Vélez y el actual presidente Iván Duque, cuyos vínculos con el narco paramilitarismo ha sido públicamente denunciado por la revista Semana y los destacados periodistas Gonzalo Guillen en Nueva Prensa y Julián Martínez.

No es extraño entonces, estas relaciones de Marco Rubio con la dirigencia narco paramilitar de Colombia, y los lazos, actualmente, ocultos o censurados por los medios de Miami, y el escándalo que se produjo en 1987, por la relación familiar de Marco con su cuñado Orlando Cicilia de Paula, perteneciente a la poderosa banda de narcotraficantes dirigida por Mario Tarrau.

Este escándalo, relacionado con el narcotráfico, ocultado por Rubio en su currículo cuando aspiraba a un escaño al Congreso, norteamericano lo marcó como mentiroso por su sospechosa omisión y fue objeto de diversos comentarios.

También, Desde hace algunos años, Marco Rubio, se vinculó a la tarea de provocar el derrocamiento del gobierno de Maduro, lo hizo siempre. A su vez, el senador Rubio fue uno de los promotores del Concierto Aid Live Venezuela. Esta actividad, tenía el propósito tratar de ingresar, ilegalmente, una supuesta ayuda humanitaria a Venezuela.

A su vez, recordemos el escándalo que se produjo, vinculando al excongresista cubano americano, David Rivera de reconocida posición contra los gobiernos de Cuba y Venezuela, en una estafa o fraude, por una demanda puesta por el gobierno bolivariano de Venezuela en su contra, quien en el año 2017 fue contratado por la empresa PVDSA, pese a sus relaciones íntimas con Marco Rubio, aparece involucrado en un escándalo que lo vincula a dicha empresa perteneciente al Estado venezolano, que lo involucra en una estafa de 50 millones de dólares, de los cuales había recibido 15 millones, un dineral nada despreciable para que Rubio perdone a su amigo Rivera, o no es descartable que ser cómplice.

A todo lo anterior se suma, los esfuerzos y trabajos de Rubio, que realizo con delegaciones miembros de la OEA, para lograr la condena del gobierno venezolano y así poder justificar, legalmente, una intervención militar a través del TIAR y respaldo de la OEA, las condenas nunca fueron logradas, a pesar de que junto al Secretario General de la OEA, el mercenario Luis Almagro, presionaron y chantajearon a muchos gobiernos.

Venezuela al final salió definitivamente de la OEA, y junto a Cuba son los dos países latinoamericanos que no forman parte de esta desprestigiada organización que, subordinada al Departamento de Estado, que continúa violando el primer punto de la Carta fundacional de este ministerio de colonia y por lo tanto ninguna decisión que se tome en la OEA puede aplicarse a ambos países.

Recordemos igualmente, la jugada de Rubio contra Venezuela de promover la designación de Carlos Trujillo, cubano americano y excongresista estatal de la Florida, como embajador de Estados Unidos ante la OEA, quien tuvo la tarea de que en plena complicidad con el Secretario de la OEA Luis Almagro, se reconociera al inexistente gobierno de Guaidó y se nombrara a un “embajador” que recayó en el derechista opositor Gustavo Tarre Briceño, que no representa a ningún Estado y ejerce fraudulentamente ese cargo.

Otras mentiras de Rubio García

En diferentes ocasiones ha mentido sobre la llegada de sus padres a este país para buscarse la simpatía de los que odian visceralmente al gobierno cubano. Según el “Ilustre Senador” sus padres llegaron a la Florida después de 1959, huyendo del régimen comunista de Cuba, cuando la verdad es que aún Fidel Castro no había salido de México, para desembarcar en la isla, cuando ya los progenitores de Rubio, habían aplicado por una visa de inmigrante permanente en la embajada norteamericana, en el Malecón habanero.

El demócrata Dan Gelber, califica a Rubio como peligroso, y cuenta que el día que este asumió el cargo como Presidente de la Cámara de Representantes de Florida, tomó el micrófono y pidió a los congresistas se acercaran a su estrado, les mostró un libro azul, con un gran 100 en la portada. Cuando Gelber y sus compañeros, lo abrieron para hojearlo, un murmullo recorrió la sala pues, todas las páginas estaban en blanco. Un libro en blanco, Rubio lo había mandado a hacer, pero solo había redactado el título: “100 ideas innovadoras para el futuro de Florida”.

En el año 2019, afirmo: “Hoy otra explosión de transformadores en la presa alemana (’German Dam’) en el Estado Bolívar-Venezuela, causó otro apagón masivo. ¿El resultado? Han muerto pacientes gravemente enfermos, el metro Caracas sigue fuera de servicio y pocos o ninguno de los vuelos han llegado o salido de Caracas durante más de 20 horas”, aseguró el político, informando falsa y descaradamente sobre sucesos que nunca ocurrieron.

En 2016, el congresista republicano Marco Rubio mencionó que Cuba estaba utilizando ataques sónicos para afectar la salud de los diplomáticos de EEUU, residentes en la Habana llamando a las ondas el “rayo de la muerte”.

Estas son solo algunas muestras, de la mitomanía y lo monotemático de Rubio García, quien ha labrado su carrera política con base en estas prácticas ya señaladas.

Primera dosis de la vacuna contra el COVID-19

Por Marcos Chinchilla Montes

Mi agradecimiento

Finalmente, vacunado con la primera dosis se comienza uno a sentir medianamente más tranquilo, sin aflojar en ninguna de las medidas. Esto es de vida o muerte.

Pero la vacunación no solamente es ese momento de aplicación.

En los años 40 del siglo pasado, fruto de importantes movilizaciones sociales, nuestro país fue desarrollando un vigoroso modelo de seguridad social que nos cobija hasta el presente; así que mi agradecimiento a mis abuelos, a Manuel Mora, a Carmen Lyra, a Calufa, a Luisa González, a Calderón Guardia, a Monseñor Sanabria, a los miles de mujeres y hombres que materializaron la institucionalidad pública que hoy tenemos y que ha sido clave para atender a la población en esta compleja coyuntura. A casi 80 años de esas conquistas, aquella generación ni se imaginaba que la semilla que estaban sembrando, sería un día fundamental para atender esta pandemia.

Mi agradecimiento sincero también a personas como Mario Devandas o Marita Arce, entre otros miles de personas, que fueron claves para que la Caja Costarricense del Seguro Social no fuera privatizada por los intereses de la burguesía neoliberal costarricense.

Honrar la memoria de quienes no llegaron a esta etapa de vacunación, son casi 4 mil las personas muertas; mi solidaridad con los otros miles que padecen de COVID-19 largo y que posiblemente nunca lo superen.

Mi indignación absoluta para con aquellos políticos y cámaras empresariales que nunca pensaron en clave de solidaridad y si de voracidad; poco les importó el valor de la vida humana, prefirieron ver a empleados y clientes contagiarse, antes que perder la oportunidad de llevarse un colón a la bolsa. A ellos le debemos buena parte de esa tragedia que vive nuestra sociedad.

Don Julio Acosta y un Congreso indigno

Freddy Pacheco León

Después de encabezar el movimiento revolucionario que eventualmente derrocara al régimen dictatorial de Federico Tinoco, rescatando para Costa Rica la libertad y el prestigio mancillados, la historia le tenía reservada la creación de una de las páginas más preclaras. Desde que ingresara triunfante con su tropa en setiembre de 1919, se vislumbraba la forja de un presidente de la República dispuesto a recuperar los derechos subyugados.

Pero hizo más. Como primer mandatario se opuso vehementemente a que se favoreciera o recompensara con monedas a los que junto a él habían luchado contra la dictadura, enfrentándose incluso a partidarios y amigos entrañables que aspiraban ser recompensados. Gracias a su hidalguía, su manifiesta oposición de entonces perdura y sigue molestando la conciencia de algunos de los gobernantes que le sucedieron.

Con fecha de 2 de julio de 1920, don Julio DEVOLVIÓ SIN FIRMAR la “Ley de Recompensas” aprobada por el Congreso Constitucional, conque se pretendía premiar con dinero a los héroes distinguidos en la lucha armada que acabara con la dictadura. En su memorable veto, decía don Julio Acosta:

“Todavía contemplan mis ojos las lágrimas de las mujeres, la alegría delirante de los niños, la emoción desbordada de las multitudes… al recibir a sus soldados predilectos…” Y agregaba: “Arrebatados por fuerzas interiores y hecho ascuas el corazón, los adolescentes de los liceos y los niños de las escuelas lanzaron su grito de protesta. ¿Vamos a enseñarles a ellos que eso, que es espíritu, se puede pagar con lo otro que es materia? Las cosas del espíritu sólo se pueden pagar con cosas del espíritu, porque si no fuera así, se apagaría el fulgor de lo único que engrandece al hombre.

¿HUBO GLORIA en la actitud asumida por los que se enfrentaron al déspota? Entonces NO HAY PAGA en dinero.  ¿HUBO PAGA? Entonces NO HAY GLORIA; que no se puede servir a dos señores.  ¿Si hay paga quien ofrenda su vida? Lo único que invita a la muerte es el ideal”.

Sin embargo, como ahora, aunque sus palabras incomodaron a más de uno en el Congreso, los que se molestaron no la pensaron dos veces para RESELLAR la “Ley de Recompensas”, echando al basurero la gloria bien ganada.

Pocas semanas antes de su muerte, en 1954, fue declarado Benemérito de la Patria… quizá apoyado por los mismos que 34 años antes prefirieron la paga.

Mesa Redonda: El Acuerdo de Escazú

La Asociación Americana de Juristas Rama Costa Rica, la Facultad de Derecho y el Posgrado en Derecho Ambiental de la UCR invitan a participar de la Mesa Redonda: EL ACUERDO DE ESCAZÚ

Se llevará a cabo el día viernes 4 de junio del 2021 a las 4:00 pm (hora de Costa Rica). Se abordarán los siguientes temas:

Tema Uno:

Consideraciones Generales: La puesta en vigencia del Acuerdo de Escazú ¿altera significativamente el equilibrio presupuestario del Poder Judicial?

Participan:

  • Rosa Peña Lizarazo, Abogada de la Asociación Interamericana de Derecho Ambiental.
  • Nicolas Boeglin Naumovic, Profesor de la Universidad de Costa Rica

Modera:

  • Luis Roberto Zamora, Asociación Americana de Juristas, Rama Costa Rica

Tema 2: 

La participación ciudadana en materia ambiental que el Acuerdo de Escazú busca consolidar ¿constituye un derecho humano?

Participan:

  • Jaime Cárdenas Gracia, Profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ex Diputado Federal.
  • Alvaro Sagot Rodríguez, Profesor de la Universidad de Costa Rica

Modera:

  • Nikole Jirón Beirute, Consultora Internacional en Derechos Humanos

Tema Tres:

Salvaguardas en tratados internacionales que permiten a los Estados cierto margen de maniobra: el caso del Acuerdo de Escazú

Participan:

  • Constance Nalegach Romero, Consultora Internacional en Sustentabilidad.
  • Mario Peña Chacón, Director de la Maestría en Derecho Ambiental de la Universidad de Costa Rica.

Modera:

  • Martín Rodríguez Miranda, Asociación Americana de Juristas, Rama Costa Rica.

Para visualizar el evento puede hacerlo mediante el Facebook o al canal de YouTube de la Asociación Americana de Juristas:

https://www.facebook.com/AAJRamaCostaRica

https://www.youtube.com/channel/UCOuga5PTuOVS-y-saGWnTcQ

Compartimos el programa para descargar y compartir:

Demandas democratizadoras esquivas

Rosell Laberiano A.

El bicentenario como oportunidad.

Después de los años noventa del siglo pasado, en el Perú persisten las luchas por la democratización del Estado, con resultados esquivos. En el 2021, en un contexto electoral, nuevamente el Perú se encuentra con esas tensiones, asociadas con el factor racial, curiosamente en el año del bicentenario de la independencia.

Esas luchas provienen desde los sectores marginalizados de la actual estructura de poder que se reconfiguró e impuso con el Fujimorismo. Después de los noventa, el giro fue contundente y duramente impuesto en el Perú. El Fujimorismo surgió como una coalición de poder[1], que se mantiene hasta ahora con nuevas manifestaciones, ramificaciones y rostros, esperando cualquier oportunidad o manipulándola para recuperar el control absoluto del Estado.

Estos sectores en permanente lucha por una sociedad y Estado más democrático se encuentran en todo el país, incluso en zonas de actividad minera moderna que no se han visto favorecidos por la redistribución de la riqueza. Tanto así, que una de las candidatas en el proceso electoral de 2021, enarboló la promesa de distribución del canon en las áreas de influencia de estos proyectos.

Las luchas se aglutinan sin plataformas sostenidas en el tiempo, con posibilidades de ser capitalizadas por personajes coyunturales sin identificación genuina con aquellas. En la Amazonía peruana, las luchas han logrado mayores niveles de articulación y generación de discursos de democratización social; sin embargo, con escasos vasos comunicantes para enarbolar una ruta de acción de alcance nacional, con menores niveles de éxito como los ocurridos en los vecinos países de Ecuador y Bolivia.

Después de los años 90s, esas luchas se ha desarrollado en varios momentos, principalmente asociados a los procesos electorales nacionales, ante el vacío de opciones sociales y políticas alternativas sostenibles. En el 2020, diversas organizaciones sociales también se han manifestado, pero de manera atomizada en varias partes del país ampliando sus demandas locales por demandas democratizadoras del Estado, que se han atenuado y debilitado en un contexto de pandemia.

La lucha contra la sociedad y Estado oligárquico tomó varios años. Posiblemente la lucha contra el Fujimorismo también tome mucho tiempo, porque esta se “reinventa” constantemente. La oligarquía y el Fujimorismo tienen elementos comunes, hasta parece ser esta última su continuidad en algunos aspectos. La lucha contra la oligarquía dejó resquicios que aparentemente el Fujimorismo retomó y reconfiguró en un escenario neoliberal. “El antiguo régimen ya estaba en crisis desde los años 60. Es esa antigua crisis políticamente no resuelta la que produce a Fujimori” (Quijano Obregón, 1995, p. 27).

Además, como señala Quijano, “Antes de la Segunda Guerra Mundial, era el Estado de los “patrones”. Ahora, es el Estado de los capitalistas, no siquiera del capital” (Quijano Obregón, 1995, p. 8).

En esas luchas, asociadas algunas a procesos electorales, están la “marcha de los cuatro suyos” en el 2000, que evidenció y desbordó las demandas contenidas por la democratización del Estado, capitalizada por Alejandro Toledo, con resultados esquivos para avanzar con la democratización del Estado durante su gestión. Nuevamente, en el año 2011, el voto popular volvió a insinuar esta demanda democratizadora a través de Ollanta Humala, también con resultados esquivos durante su gestión. La más reciente fue la movilización contra el efímero gobierno del Manuel Merino de Lama con resultados favorables en el corto plazo que permitieron su dimisión inmediata en noviembre de 2021. Todos estos intentos, con resultados adversos o favorables, pero efímeros en el tiempo, están vigentes y lo seguirán estando, como placas tectónicas en desnivel.

Las luchas son recurrentes en el país y son mostradas como situaciones aisladas sin mayor trascendencia, cuando no es así. Los grupos de poder encuentran su plataforma más lograda en el Fujimorismo, para maximizar la consecución de sus intereses. El Fujimorismo impulsó no solamente el modelo económico neoliberal en el Perú sino también se impregnó en la intersubjetividad de sectores que no se beneficiaron ni se benefician, ni se beneficiarán directamente de ella. Esa impregnación se sustenta en programas sociales, conservadurismo religioso, miedo, entre otros factores vueltos al escenario después de la colonia.

Las demandas democratizadoras del Estado fueron bloqueadas o reconfiguradas permanentemente por los grupos de poder después de los 90s, con o sin el Fujimorismo. Incluso el expresidente Martín Vizcarra fue un estorbo en su camino. Ese bloqueo encontró eco en algunos sectores de la población que han asumido un discurso que no les pertenece. Es la paradoja que permite la continuidad del Fujimorismo a pesar de sus crisis. Se ha revitalizado muchas veces. En la intersubjetividad de algunos sectores marginalizados se ha impregnado el miedo proyectado de los grupos de poder ante cualquier resquicio de cambios profundos en el país que alteren la estabilidad. Como señala Quijano, al referirse al Fujimorismo de mediados de los noventas, que “la estabilidad es un miedo, no una expectativa” (Quijano Obregón, 1995, p. 22). Son miedos que no han logrado el efecto esperado por el Fujimorismo, dado el desborde de otros miedos expuestos durante la pandemia.

Esas demandas democratizadoras vuelven en el escenario de las elecciones de 2021, esta vez canalizadas por un candidato rondero, sindicalista y campesino. En este escenario vuelven nuevamente los temores de los grupos de poder, y el Fujimorismo sale a defenderlos. Sus temores son proyectados a los sectores populares y clases medias principalmente urbanas y limeñas durante el proceso electoral con estigmatizaciones y relatos sin mayor sustento, con trasfondos raciales. Ese facto racial que está subyacente unas veces y otras claramente manifiestas; vuelve a expresarse como una amenaza, con estigmatizaciones asociadas a la formación académica, modo de hablar, lugar de nacimiento, pensamiento y otros “rasgos” del candidato. Es el temor a ser gobernados por algún representante excluido, porque se considera en esa subjetividad que es incapaz de gobernar, porque podría desencadenar furias y resentimientos guardados por siglos, porque podrían resquebrajarse las bases de su poder actual. Cuando las percepciones de amenaza a la estabilidad del patrón de poder se juntan con los factores raciales, los miedos de los grupos de poder se convierten en pánico y pueden habilitarse en represión, como ya pasó en varios países como Haití, que hasta hoy vive sus consecuencias.

Los grandes retos de estas luchas en el Perú son imaginar, pensar, sentir y construir una sociedad y Estado más democrático, no solamente en períodos electorales; por cierto muy complejos. Ese análisis que se desarrolló en varios momentos del siglo pasado requiere retomarse en un escenario de crisis climática y pandémica. Como señalaba Quijano, “La nacionalización de la sociedad quiere decir aquí literalmente la descolonización del poder, la democratización de la sociedad y de su vida cotidiana, que van a expresarse en formas nuevas de autoridad y de representación” (Quijano Obregón, 1995, p. 25).

Son algunas reflexiones recordando el tercer año de la partida de Aníbal Quijano.

Bibliografía

Quijano Obregón, A. (1995). El Fujimorismo y el Perú. Lima: SEDES. Este texto reúne varios artículos, entrevistas y reflexiones, cuya edición estuvieron a cargo de Marco Mallqui y Ramón Pajuelo.

Rosell Laberiano A.

31.05.2021

[1] Quijano señala que el Fujimorismo es una “coalición de poder integrada por la facción dominante del ejército, una reducida tecnocracia política –encabezada por Fujimori- junto con algunos técnicos y empresarios, sobre todo de origen japonés, y el Servicio e Inteligencia Nacional”. Además, Fujimori es solo “un peón de oscuros intereses” (Quijano Obregón, 1995, p. 23-24).

La Convención de Liberación Nacional, Importancia, significado y retos

Vladimir de la Cruz

El Partido Liberación Nacional enfrenta, el próximo domingo, la realización de su Convención Electoral interna para escoger su candidato presidencial, para las elecciones que ya están encima, el próximo 6 de febrero en su primera ronda electoral. No es la primera vez que este Partido realiza una Convención. Ha sido el mecanismo democrático que ha tomado desde varias campañas electorales atrás. Fue el primer Partido que así lo decidió e hizo. Este es un mérito suyo, y un ejemplo para otros partidos.

La Convención está convocada de modo abierta, es decir, con todo el Padrón Electoral abierto, lo que significa que todo elector, cualquier elector, en todo el territorio nacional, puede participar, sea o no miembro del Partido Liberación Nacional. No es una oferta para que solo los miembros de Liberación Nacional escojan su candidato, es una posibilidad que tienen todos los ciudadanos de escoger, de la lista de cinco candidatos que se disputan esa posibilidad, en ese Partido, el que cada ciudadano considere que puede ser el mejor para representar ese Partido en posibilidad de dirigir el país.

A todos los costarricenses nos interesa que cada partido político lleve, ojalá, su mejor candidato, el más idóneo para la Presidencia de la República. No deseamos que se improvisen candidatos ni que ellos no tengan experiencia alguna en la Política, en el ejercicio de la Política.

Deseamos que tengan una vida clara, transparente, de trabajo, de honradez y honestidad conocida, de familia, ojalá también de estudio, lo que no es necesario para el cargo, porque muchas personas se forman en la Escuela, el Colegio y la Universidad de la Vida.

Deseamos que conozcan la estructura, organización y funcionamiento del Estado, de sus instituciones, de las limitaciones, retos y desafíos que tienen y sus potencialidades, que conozcan los problemas importantes de su funcionamiento, de su entrabamiento, de la necesidad de su agilización, eficacia y eficiencia.

Deseamos también que tengan educación, y formación teórica política, cultura general y cultura y conocimiento de Historia costarricense. Y, deseamos, sobre todo que conozcan de la mejor manera posible los principales problemas del país, para ver cómo nos dicen que pretenden enfrentarlos. Del mismo modo, que sepan cual es el estado actual del país por el impacto de la Pandemia del COVID 19.

Liberación Nacional propone cinco candidatos, entre los que se tiene que escoger uno. Ellos son José María Figueres, Rolando Araya, Carlos Ricardo Benavides, Roberto Thompson y Claudio Alpízar.

José María fue Ministro y Presidente de la República, y se ha desempeñado por casi 20 años como Consultor Internacional y Director de organismos internacionales. De todos los candidatos que suenan, en todos los partidos políticos, es el único que ha sido Presidente de la República. Rolando ha sido Diputado, Ministro y Candidato Presidencial, además de haber desempeñado puestos dentro del Partido Liberación importantes, y también en otros partidos, regresando de nuevo a Liberación Nacional. José María y Rolando por haber sido candidatos presidenciales tienen asiento en el Directorio Político del Partido de Liberación, el órgano de dirección política más importante en ese Partido. Carlos Ricardo ha sido Ministro, Diputado y Presidente de la Asamblea Legislativa donde se lució en su ejercicio. Roberto ha sido Viceministro, Alcalde y ahora Diputado. Claudio, de todos ellos, es el que no ha pasado por puestos de esta naturaleza, donde seguramente hubiera sido un excelente funcionario.

Todos los candidatos son profesionales y reconocidos en sus respectivos campos. Han conocido la actividad empresarial de distintas formas. José María, Rolando y Claudio tienen un historial de publicaciones, destacando en su variedad y temas Rolando, que podría ubicarse como uno de los pensadores más serios que tiene ese Partido. Claudio y Rolando han destacado en medios de comunicación con programas que dirigen de distintos análisis y de la realidad política nacional, como los enfatiza Claudio, quien además tiene una Revista con ese propósito, y ha puesto su acento en LA POLITICA, la Política, con P mayúscula.

En este sentido, la lista de candidatos que ofrece Liberación Nacional para el domingo da para escoger al que se pueda considerar el mejor, para ese Partido, y eventualmente para el país, si por él se deciden los costarricenses el 6 de febrero próximo.

Su historial de vida y de trayectoria política, el de todos ellos, da para que puedan ser criticados por su participación política pasada. Aquí no se está evaluando lo que hicieron, sino la madurez con que enfrentan el ahora y el mañana, con la seguridad de que sabrán superar los yerros que ellos mismos puedan saber de sí mismos, de sus gestiones anteriores, o porque se los recuerden. Aquí se trata de escoger el gato, no si tiene cola, y que si ese gato sabrá matar los ratones que hoy roen el engranase institucional y evite que el edificio o la casa nacional pueda derrumbarse.

Si consideramos el desenvolvimiento institucional y de desarrollo del país tenemos que aceptar que hay un continuo crecimiento y desarrollo, aún con los problemas que como cadenas pesan en el momento actual, que nos hacen sentir y ver que vivimos mejor como sociedad, que en el pasado, aunque los problemas del impacto de la pandemia del COVID no nos permitan ver con claridad este panorama, por la situación concreta que viven miles de familias hoy, y para quienes la campaña electoral se presenta como un horizonte de expectativas, de esperanzas, de sueños por cumplir y de condiciones económico sociales por recuperar, y superar, donde cada candidato, de todos los partidos, será como un canto de sirena, cuando no un Flautista de Hamelin convocando a sus votantes.

La Convención por su esencia es una instancia democrática de participación ciudadana. Esto es lo que hay que valorar. Es un llamado a ejercer el derecho del voto. Quienes han luchado porque no se realice la Convención, aspecto ya superado porque se tomó la decisión de hacerla el próximo domingo, casi le hacen un daño enorme a los procesos institucionales que estimulan las votaciones, a la toma de conciencia política que significa cada elección, a los procesos electorales mismos.

En Costa Rica hemos establecido instancias de participación ciudadana como el referéndum y el plebiscito, de consultas populares, que incluso institucionalmente son saboteadas cuando se solicita hacerlos, y se trata también de sabotear estos procesos de consulta electoral, cuando pueden hacerse con las regulaciones que el momento exige, y que el Partido Liberación Nacional ha coordinado con el Ministerio de Salud y el propio Tribunal Supremo de Elecciones.

En la realización de la Convención de Liberación Nacional se está poniendo a prueba la elección del seis de febrero. Así como en una semilla hay un árbol, en esta Convención está la elección de febrero, no tanto por la cantidad de personas que puedan movilizarse para ir a escoger el candidato de Liberación, sino por su organización de la cual el mismo Tribunal Supremo de Elecciones, el Ministerio de Salud y la Caja Costarricense sacarán experiencias para hacer de la elección de febrero, si todavía estamos con problemas del COVID 19, para que se pueda llevar a cabo con toda la magnitud que se necesite, y que posibilite que la mayor cantidad de votantes puedan expresar su libre voluntad soberana de representación popular.

De esta Convención electoral del próximo domingo el mismo Tribunal Electoral, que la supervisa sacará y aprenderá experiencias para las elecciones de febrero que no pueden posponerse, por estar establecida su fecha por mandato constitucional, para el primer domingo de febrero.

Intentar atrasarla como se ha querido, y se hace en otros partidos políticos, que la han venido posponiendo, es quedarse atrás del proceso electoral mismo, cuando otros partidos no realizan Convenciones para avanzar en sus decisiones electorales, como ya lo están haciendo, por la vía de la Asamblea Nacional, y en las que ya están nombrando no solo candidatos presidenciales, sino a toda la lista de candidatos a diputados.

La verdad para estos partidos es que posponer sus Convenciones 15 días o un mes máximo no les va a producir mayores cambios a las decisiones que en el interior de esos partidos ya se tienen tomadas. Y, frente a esos partidos que ya proclamaron sus candidatos se pusieron a la cola, pues ya van atrasados en la oferta pública de sus candidatos.

En cuanto al resultado electoral de la Convención pueden decirse muchas cosas. Lo importante es que va a tener un resultado, que en el caso de Liberación Nacional le permitirá valorar las fallas de movilización, de organización y de convocatoria de simpatizantes, sus debilidades organizativas, para lo que tendrán tiempo, para corregir lo que corresponda. A la vez, ya con candidato escogido tendrán una sola dirección de enfoque.

Como toda Convención deja heridos de distinta naturaleza. Pondrán a funcionar sus hospitales de campaña para restañar heridas y para recuperar heridos en posibilidad de que sigan combatiendo por esas banderas. El que de los candidatos de Liberación Nacional pase a retiro por propia voluntad, o peleado con los otros, o con el ganador, por perder en la Convención, o por negarle su apoyo, o por ponerse hipercrítico, cierra sus posibilidades futuras de seguir jugando en esas canchas políticas. Veamos.

Si José María gana la Convención, con 67, años tiene la posibilidad de llegar a ser Presidente a los 68, dos años más que cuando Oscar Arias repitió su Presidencia, pero le quedarían todavía dos procesos más si quisiera mantenerse en esa brega, en caso de perder, y hasta una para volver a ser candidato si llegare a ganar, y ser como el Ricardo Jiménez del siglo XXI, a lo que muchos le ponen obstáculos. Si Rolando gana la Convención, y ganara la Presidencia, lo haría a los 75 años, con una posibilidad, si acaso, de volver a pulsear la candidatura, en caso de que pierda. Los otros candidatos, Roberto con 61 años, Claudio con 58 y Carlos Ricardo con 52, igual ellos, en caso de ganar la Convención y la Presidencia de la República, tendrían más oportunidades de intentar un segundo gobierno a partir del 2030, que son las edades que tiene hoy José María y un poquillo más Rolando, y más oportunidades para seguir siendo precandidatos en procesos futuros. Si alguno de estos tres ganara la Presidencia de la República les quedan más oportunidades para intentar reelecciones, y estar en el ranking de los Presidentes al menos de dos períodos o gobiernos.

Lo real es que para Liberación Nacional esta Convención es clave para su futuro político. En la historia electoral desde 1953 hasta el 2018 Liberación Nacional, la Unidad Social Cristiana y Acción Ciudadana, son los únicos partidos que han tenido la posibilidad de gobernar dos veces seguidas. Liberación Nacional en tres ocasiones, 1970 -1978 con José Figueres y Daniel Oduber, 1982 – 1990, con Luis Alberto Monge y Oscar Arias, y 2006 -2014, con Oscar Arias y Laura Chinchilla, la Unidad Social Cristiana lo hizo en 1998 – 2006 con Miguel Ángel Rodríguez y Abel Pacheco, y Acción Ciudadana, recientemente desde el 2014 – 2022, con Luis Guillermo Solís y Carlos Alvarado.

De estos tres partidos Liberación Nacional ha recuperado el Gobierno después de haberlo perdido dos veces seguidas. La Unidad Social Cristiana ha perdido cuatro veces después que gobernó dos veces seguidas.

Si la Unidad Social Cristiana la vuelve a perder no pasa nada, solo que dependiendo el resultado se puede hundir más de lo que estaba hasta la elección del 2014, cuando Rodolfo Piza empezó su rescate. Si Liberación Nacional pierde la presidencia me parece que entrará en una situación similar a la de la Unidad Social Cristiana después del 2006, en pérdidas y descréditos continuos, que les va a ser muy difícil remontar, salvo que la generación joven que está hoy disputando candidaturas se mantenga más activa y con banderas más progresistas.

En el caso de Acción Ciudadana no sabemos si va a continuar gobernando por tercera vez consecutiva hasta que se realicen las elecciones de febrero. Si pierde se coloca en el promedio de dos gobiernos seguidos y una pérdida. Si gana me parece que crea las bases para una priízación de ese partido, y de la política nacional, como con el PRI en México, constituyéndose por muchos años en el partido de Gobierno, y provocando una entrada electoral al siglo XXI, y a la Costa Rica del Bicentenario, a partir de este proceso electoral muy diferente de lo que hemos tenido.

Lo que se pretende que vote el domingo es la base más importante de Liberación Nacional. Cualquier resultado será una ganancia porque se tendrá como el número de afiliados en posibilidad de convertirse en agentes y activistas hacia la elección de febrero.

El candidato que gane, igual es para todos los partidos políticos, tiene la inmensa tarea de mantener lo más unido al Partido y a los otros candidatos que participaron en la Convención, hacia la campaña electoral, con alianzas, con negociaciones políticas que satisfagan de común acuerdo a todos. Esto es válido considerando que el asumir Gobierno no es solo llegar a la Casa de Zapote. Es asumir toda la dirección del Estado en todos los puestos públicos que tienen la potestad de dirigir instituciones, y que eso abre la perspectiva de los puestos de diputados, de ministros, de miembros de Juntas Directivas, de Embajadores y puestos de confianza, donde el Poder Ejecutivo tiene un margen de nombramiento de casi 1800 personas, sin perder la posibilidad de volver a ser candidatos en el 2026. Así es la Política y la vida política de los partidos que logran ganar gobierno y elegir en puestos de representación popular. En el caso de las últimas dos derrotas nacionales de Liberación Nacional después de la Convención interna quedaron fragmentados, divididos, enemistados entre quienes aspiraron a la Presidencia. Si no han entendido esas derrotas vayan cerrando los paraguas…