(Acerca de la carta de respuesta del presidente del Banco Central y el ministro de Hacienda a Albino Vargas)
Dr. Luis Paulino Vargas Solís
Economista, Director a.i. CICDE-UNED
Escribo este artículo a solicitud del dirigente sindical don Albino Vargas Barrantes y de la ANEP. Analizo aquí la carta que, con fecha 15 de febrero de 2021 (referencias DM-0113-2021 y PRE 0013/2021), fue dirigida a don Albino, por don Elián Villegas Valverde y don Rodrigo Cubero Brealey, ministro de Hacienda y presidente del Banco Central, respectivamente. A su vez, esta nota de los señores Villegas y Cubero respondía una carta, fechada el 1° de febrero, que don Albino había dirigido a esas dos importantes autoridades económicas. A fin de evitar cualquier malentendido, aclaro que escribo este artículo muy gustosamente, y sin recibir ninguna remuneración a cambio.
1) Aspectos generales
- a) Política fiscal restrictiva
Según los señores Cubero y Villegas, un logro notable de la política fiscal del gobierno de Carlos Alvarado, es haber recortado el gasto público y aplicado con rigurosa meticulosidad la regla fiscal. Al parecer, lo consideran aún más meritorio, puesto que ello coincidió con la afectación de la pandemia del Covid-19.
¿Es esta una opción de políticas realmente virtuosa, tal cual se nos quiere hacer creer?
Nótese que estamos hablando de una política de restricción fiscal que se aplicó sobre el telón de fondo de una severa recesión, y, lo que es más grave aún, en un contexto de altísimo, realmente catastrófico, desempleo. Cuando en el mundo entero se opta por aplicar políticas de estímulo que, cuanto menos, alivien parcialmente las duras afectaciones de la crisis, en Costa Rica se exhibe como meritoria condecoración, aplicar políticas fiscales de carácter austeritario, que, como bien lo saben los economistas serios del mundo entero, agravan la crisis. Cierto que los severos desequilibrios fiscales que enfrentamos, limitan nuestros márgenes de maniobra. Pero también es cierto que, con un poco de imaginación y creatividad, pudieron ponerse en marcha programas que, inspirados por el principio teórico del “multiplicador del presupuesto equilibrado”, habrían posibilitado aliviar la recesión, atenuar los severos efectos sociales y humanos derivados de la crisis e impulsar la recuperación de la economía y del empleo y, de esa forma, crear condiciones más propicias desde las cuales resolver, con el menor costo social posible, el problema fiscal.
Lo cierto es que, según enfatizan los señores Villegas y Cubero, el gasto del gobierno, sin incluir intereses, disminuyó un -5,7% en 2020, lo cual pareciera ser prenda de orgullo para estos señores. Se subraya que se logró tal cosa, no obstante que se habrían destinado ₡ 294.172 millones para atención de la pandemia. Sin embargo, se omite indicar que esa reducción fue posible básicamente gracias a un recorte brutal (en el orden del -38,2%) en los gastos de capital. Ello implica menos inversión y menos formación de capital, lo cual compromete el desarrollo futuro de la economía, tanto como agrava, en lo inmediato, la recesión y el desempleo.
- b) ¿Se “aceleró” la economía?
Presumen las dos respetables autoridades económicas, que el crecimiento de la economía “se aceleró a partir de mayo de 2019” (p. 1), lo cual, según nos dicen, sería atribuible a la política económica del gobierno de Carlos Alvarado. Y, sin embargo, los datos demuestran que el tal “aceleramiento” tuvo un cariz extremadamente anémico, y particularmente contradictorio.
Al observar los datos del Índice Mensual de Actividad Económica (IMAE), tendencia ciclo (elaborado por el Banco Central), observamos que, a lo más, se registraron anémicas tasas de crecimiento interanual en el orden del 2%, registradas hacia finales de 2019, las cuales tendían a debilitarse al iniciar 2020, aún antes de sentirse el efecto de la crisis sanitaria causada por el Covid-19. Por otra parte, es claro que el dato general, queda artificialmente inflado por las altísimas tasas de crecimiento del llamado “régimen especial” (básicamente zonas francas), con escaso o nulo impacto en el resto de la economía. El IMAE muestra que, para el período indicado, y hasta el inicio de la pandemia, el “régimen especial” crecía a tasas de dos dígitos (de hasta el 14% y 15% en algunos momentos), mientras el resto de la economía (el “régimen definitivo”) apenas lograba emerger de territorio negativo, pero sin alcanzar nunca a crecer ni siquiera al 1%. Y, al mismo tiempo que esto se daba, es decir, en coincidencia con la expansión espectacular del “régimen especial” y el paupérrimo desempeño del “régimen definitivo”, la tasa de desempleo, según los datos de la Encuesta Continua del Empleo (ECE) del INEC, se encumbraba incluso por encima del 12%. En concreto, para los trimestres segundo, tercero y cuarto de 2019, y el primero de 2020, que coinciden con el período en que, según Villegas y Obando, el “crecimiento se aceleró”, las tasas de desempleo registradas fueron, respectivamente, las siguientes: 11,9%, 11,4%, 12,4% y 12,5%. No olvidemos que, al mismo tiempo, alrededor de un millón de personas penosamente subsistían en situación de informalidad laboral.
Estas deprimentes cifras del empleo -anteriores a la pandemia- ensombrecen cualquier dato sobre crecimiento económico, y deberían ser motivo de gran preocupación (pero no pareciera ser el caso) para las autoridades económicas. Una pregunta se hace obligatoria: ¿cómo entender que una tan penosa situación del empleo conviva con tasas de crecimiento tan espectaculares en los “regímenes especiales”? Esto evidencia severas anomalías estructurales, las cuales ponen en cuestionamiento el proyecto o “modelo” de desarrollo vigente en Costa Rica.
- c) Deuda interna versus deuda externa
El señor ministro de Hacienda y el señor presidente del Banco Central, explican que se ha decidido dedicar una parte significativa del endeudamiento externo que se obtenga, a “sustituir deuda cara por deuda barata” (p. 2). Es importante que, como país, reflexionemos acerca de si ese es el mejor uso que se le podría dar a esos recursos.
Se aduce que la deuda interna se coloca a tasas de interés muy altas, y que el mecanismo por el que se ha optado, permite ahorrar “,,,de forma directa un estimado de USD 70,6 millones anuales en intereses” (p. 2. Subrayado y negrita son del original). O sea: se prefiere destinar la deuda que el país está asumiendo en moneda extranjera, para refinanciar deuda preexistente, en vez de destinarla a usos realmente productivos, que modernicen la economía, eleven la productividad, y generen la capacidad de pago futura que será necesario tener para poder cumplir, a su debido momento, con esas obligaciones asumidas en una moneda que Costa Rica no puede emitir. Y, entretanto, como luego habrá oportunidad de ratificar, estas mismas autoridades económicas se declaran absolutamente incapaces -o quizá absolutamente remisas- a tomar medidas más enérgicas que permitan reducir las tasas de interés sobre la deuda interna. ¿Es eso lo más sensato?
Para el país sería mucho más conveniente -socialmente más redituable- utilizar esos recursos externos en el financiamiento de programas de inversión pública, que sean planificados para generar muchos empleos en el corto plazo, y los cuales contribuyan, al mismo tiempo, a elevar la capacidad productiva de la economía, y a construir una sociedad más justa e inclusiva, en el medio y largo plazo. Deberían esos fondos destinarse al fortalecimiento de la infraestructura educativa, de atención sanitaria y de cuido; el fortalecimiento de la infraestructura científica y tecnológica; la modernización, ampliación y mejora del transporte público; la migración hacia energías limpias y tecnologías verdes; los acueductos y el cuido y protección del agua; el desarrollo de un amplio programa de vivienda para grupos de ingresos medios y bajos; la creación de condiciones que mitiguen los efectos del cambio climático, entre otras cuestiones igualmente importantes. Frente a los altísimos índices de desempleo que padecemos, esa alternativa cobra todavía más importancia, como también es la vía que debería privilegiarse para crear condiciones económicas sólidas que, a su vez, den sostenibilidad, sobre bases realmente firmes, a las finanzas públicas.
2) Las tasas de interés de la deuda pública y la política monetaria del Banco Central
Los señores Villegas y Cubero ofrecen sobre este tema una discusión, sembrada de numerosas contradicciones, falacias y vacíos.
Primero, procedan a aclarar que, desde su punto de vista “…no procede comparar las tasas de colocación del Ministerio de Hacienda con la TPM, ni tampoco con la Tasa Básica Pasiva (TBP)” (p. 7) (TPM: tasa de política monetaria).
Explican entonces (p. 7) que la TPM es un “indicador para conducir el costo de las operaciones a un día plazo en el Mercado Integrado de Liquidez”. O sea, y según se desprende de lo anterior, su efecto parece agotarse “a un día plazo”. A lo cual agregan, con el lenguaje ambiguo e impreciso que les es característico, que los movimientos “en la TPM y su nivel son indicadores del tono de la política monetaria”. De tal modo, pareciera entonces que la TPM es una tasa de limitadísimo alcance, una especie de gesto simbólico que el Banco Central emite. Vendría a ser algo así como el equivalente al guiño de un ojo que se les hace a los bancos y demás actores participantes en el sistema financiero.
Se comprende entonces que la TPM, que según Cubero y Villegas no sirve para establecer comparaciones con las tasas de interés de la deuda pública, en realidad sirve para muy poco, si es que para algo.
Al referirse a la Tasa Básica Pasiva (TBP), repiten lo que todo el mundo sabe acerca de la correspondiente metodología de cálculo, para terminar recalcando que el “plazo promedio de estas captaciones es menor a un año” (p. 7).
O sea, y según logra deducirse de lo indicado, Villegas y Cubero, consideran que tanto la TPM como la TBP son tasas de corto plazo, la primera es incluso de muy corto plazo, mientras que las colocaciones del Ministerio de Hacienda son “usualmente superiores a los 3 años”, con un promedio de 5,9 años a diciembre de 2020 (p. 7). De ahí que “…no procede compararlas”.
Curiosamente, Cubero y Villegas olvidan que la Tasa Básica Pasiva (TBP) es una tasa de referencia para muchos créditos, incluso créditos de muy largo plazo como los de vivienda. Una nota reciente en El Financiero (¿Quiere comprar una casa? Deberá pagar al menos ¢7.000 por cada millón que le financien) lo ilustra con amplitud. Recordemos que el crédito para vivienda representa cerca del 30% del crédito total, y que las tasas de interés que se aplican sobre ese tipo de crédito, en parte muy significativa, está reguladas por la TBP. O sea, y en contra de lo que afirman estos señores, es una tasa que tiene importantes consecuencias prácticas en el largo plazo, y una muy significativa influencia en el sistema financiero. No obstante lo cual, nos dicen estos señores, “no procede” compararla con las tasas de interés de la deuda pública. Esta última, pues, pareciera estar situada en un “universo paralelo”, ajena por completo a los avatares propios del sistema financiero costarricense.
Aparte lo anterior, y en lo que a la otra tasa de interés en consideración se refiere -la tasa de política monetaria, TPM- de un repente, estos señores le atribuyen efectos muy significativos, por completo insospechados, si nos atuviésemos tan solo al papel, del todo irrelevante, que le atribuyeron anteriormente, y con base en lo cual quisieron descartar que jugase ningún papel en relación con los intereses de los bonos de la deuda pública.
Así, en la página 8 nos hablan del “tono expansivo de la política monetaria”, lo cual se confirmaría en la baja de la TPM a mínimos históricos (0,75% anual). Y agregan que con ello se “buscó propiciar la baja de las tasas de interés en el sistema financiero nacional y, de esa forma, mejorar las condiciones para los nuevos créditos y aliviar la carga financiera de los deudores que formalizaron préstamos con tasa de interés variable y que sus contratos de crédito así lo permitieran”.
Qué interesante. Pareciera entonces que la TPM tiene efectos mucho más amplios de lo que se nos había dicho. No parece agotarse en “un día plazo”. Pero, desde luego, si se trata de la deuda pública, ya sabemos que “no procede compararlas”. Es que la deuda pública -venimos a ratificarlo- levita en un universo paralelo.
Otro ejemplo que nos proporcionan estas dos autoridades económicas, tiene que ver con el papel que le atribuyen a la mencionada TPM, en relación con el así llamado programa de “facilidad de crédito de mediano plazo en moneda nacional”, que puso a disposición de los bancos comerciales ₡700.000 millones (recientemente ampliado a ₡842.887 millones) (pp. 9-10) ¿Cuál es la tasa de interés de referencia que se utiliza en este caso? Pues precisamente la TPM, que presuntamente solo era un “indicador para conducir el costo de las operaciones a un día plazo en el Mercado Integrado de Liquidez”. Pareciera que esto último aplica exclusivamente si hablamos de las colocaciones de deuda del gobierno, a fin de aleccionarnos en el sentido de que “no procede compararlas”. En cualquier otro caso, la definición se vuelve mucho más amplia y flexible. Además, nótese que, según se indica en la carta, la mencionada “facilidad” concede plazos de entre 2 y 4 años ¿y no que la TPM aplicaba solo para “operaciones a un día plazo”?
En conclusión: lo cierto es que las dos tasas de interés en mención -la TBP y la TPM- si son tasas relevantes, contra las cuales es válido comparar las tasas de interés que se cobran sobre los bonos de la deuda pública interna. Intentar proscribir esa comparación, como lo hacen Villegas y Cubero, es una forma de eludir la discusión sobre los factores que subyacen a las tasas irrazonablemente altas que es pagan sobre la deuda pública interna. Veremos enseguida que ese intento de justificación y racionalización, es un rasgo idiosincrásico de estas dos autoridades económicas.
3) La dogmática del mercado y las altas tasas de interés sobre la deuda pública interna
La cuestión es que, según nos dicen, las elevadas tasas de interés sobre los bonos de la deuda pública, son fruto de un fenómeno muy particular: “…su comportamiento pone de manifiesto la trayectoria creciente de la razón de deuda pública a PIB, así como la incertidumbre que existe entre los agentes económicos, locales y externos, sobre la sostenibilidad de las finanzas públicas” (p. 6)
En otra parte, reiteran esa misma idea. Así, nos dicen (p. 11), que si bien las tasas de interés en el sistema financiero han disminuido, las tasas de la deuda pública “no han experimentado movimientos similares”, lo cual atribuyen a la “valoración de riesgo de crédito por parte del acreedor”. De donde resulta que, en el caso de los bonos del gobierno, “los agentes económicos demandan un premio que mitigue ese riesgo” (p. 11).
Hablamos aquí de lo que usualmente llaman “los mercados”, que, a veces, se transfigura como “los inversores”. En cualquiera de los dos casos, es al modo de una fuerza abstracta, anónima e impersonal. Un ente mítico; quizá una fuerza de origen divino. O sea: un poder que escapa al control humano, y, de hecho, se le impone y subyuga a los seres humanos.
Con toda claridad, estamos frente a algo que en la literatura recibe básicamente dos designaciones: algunas veces se le llama “neoliberalismo”, otras veces se le designa como “fundamentalismo de mercado”. Hay autores muy connotados -por ejemplo, Joseph Stiglitz en su libro “El euro: cómo la moneda común amenaza el futuro de Europa” (2017)- que utilizan indistintamente ambos términos. Se trata de una dogmática por la que nuestras autoridades económicas parecen guardar reverencial devoción. Y así lo designaré aquí: la “dogmática del mercado”.
Ya va quedando más claro por qué nos decían que “no procede” comparar la TBP o la TPM con las tasas sobre las colocaciones de deuda pública interna. A fin de cuentas, el mensaje que, de forma más o menos velada o explícita, estos señores repiten una y otra vez, es el siguiente: “tratándose de los intereses de la deuda pública no podemos hacer absolutamente nada”.
Aunque, en realidad, no está claro si no pueden hacer nada, o no quieren hacer nada. Así, en página 7 nos dicen: “…no es posible pretender que el BCCR reduzca de forma artificial los costos de financiamiento del Ministerio de Hacienda”.
¿Cómo interpretar el “no es posible pretender”?
– Primera posibilidad: leer la frase como: “simplemente es imposible”, en cuyo caso cabría preguntarse: ¿es objetivamente imposible (del mismo modo que es imposible evitar que el sol salga cada mañana) o es “imposible” porque la ley lo prohíbe? Si fuera lo primero, estaríamos ante otra expresión propia de esa dogmática del mercado que mencioné anteriormente, devotamente cultivada por estas autoridades económicas. Si fuera lo segundo, el Banco Central debería estar activamente promoviendo un cambio de la ley, puesto que sería inaceptable, y muy dañina, una ley que obliga al Banco Central a permanecer de brazos cruzados, mientras el país se ve obligado a pagar caprichos por las tasas de interés de la deuda pública.
– Segunda posibilidad: también esa frase podría leerse como: “consideramos incorrecto e inadmisible que alguien pretenda tal cosa”. Si ése fuese el caso, habría que preguntarse: incorrecto o inadmisible ¿para quién y por qué?
En la página 9, las cosas quedan mucho más claras, cuando nos dicen lo siguiente: “Es importante reiterar que la intervención en el mercado secundario de títulos valores emitidos por el MH no tiene como objetivo bajar las tasas de interés de estos títulos, sino inyectar recursos en situaciones de tensión sistémica de liquidez y, de esa forma, asegurar el normal funcionamiento del mercado y la estabilidad del sistema financiero, acorde con las facultades dadas por su Ley Orgánica”.
Traduzcamos lo que se nos dicen: el Banco Central se desentiende de lo que pase con las tasas de interés sobre los bonos de la deuda pública. Lo que le interesa son dos cosas: “el normal funcionamiento del mercado” y la “estabilidad del sistema financiero”, no la estabilidad financiera del sector público ni los posibles episodios de “tensión sistémica” que éste pudiera enfrentar (que, de hecho, en los últimos años se han vivido varios).
En realidad, ese comportamiento, permisivo, pasivo y desentendido, finalmente cómplice, ha sido, a lo largo de los años, la tónica característica del Banco Central. Incluso cuando, hacia finales de septiembre de 2018, escuchábamos a la entonces ministra de Hacienda, Rocío Aguilar, hablando de tasas de interés “obscenas”, ni siquiera entonces el Banco Central movió ni un dedo para aliviar la situación.
A decir verdad, toda esta argumentación resulta omisa y, finalmente, inconsistente. Lo cierto es que ante la posibilidad -no muy probable pero sí posible- de que las finanzas del sector público enfrenten un episodio extremo de “tensión sistémica”, ese “sistema financiero”, por cuyo bienestar y estabilidad el Banco Central se desvela, no podrá mantenerse indemne. La crisis en el sector público inevitablemente se contagiaría al sistema financiero en su conjunto y a los mercados cambiarios ¿Qué haría el Banco Central en tal caso? ¿Se mantendría impasible en su actitud de cómplice pasividad?
La discusión anterior nos permite comprender mejor el hecho de que Villegas y Cubero descarten, sin mayor dilación, la existencia de cualquier posible comportamiento colusivo, especulativo o antisocial sobre la deuda pública: “…en su labor de seguimiento de las actividades en los mercados financieros y de valores, las superintendencias del ramo no han detectado comportamientos inusuales o colusivos de los distintos agentes económicos que actúan en el mercado” (p. 11). Todo lo cual es concordante con el anónimo e impersonal automatismo que estos señores atribuyen al comportamiento de las tasas de interés sobre la deuda pública. Son simplemente “las fuerzas del mercado”, al modo de designios del cielo, inevitables, incontrolables e incomprensibles. No nos dicen que se trate de un mercado de “competencia perfecta”, pero poquísimo les falta para hacerlo, aunque, si lo hicieran, sería preciso recordarles las graves inconsistencias que hacen insostenible esa teoría. En fin, es la dogmática del mercado, una vez más.
De ser las cosas como estos señores dicen, las tasas de interés “obscenas” de que en alguna oportunidad nos hablaba la señora Aguilar, son simplemente el fruto -tan sabio como misterioso- de la magia del mercado. Ninguna voluntad humana ha intervenido en ninguno de las reiteradas ocasiones en que esas tasas de interés han exhibido su “obscenidad”.
Ahora bien, supongamos que fuese cierto que no hay “colusión”, si por tal cosa entendemos alguna forma de acuerdo, más o menos abierto o embozado, más o menos implícito o explícito. Incluso en esa optimista hipótesis, resulta innegable que sí hay comportamientos especulativos, que se dan como resultado de la irracionalidad asociada a un rasgo característico de los mercados: el comportamiento de rebaño. Ello introduce graves deformaciones que, en el caso que nos ocupa, dañan a la sociedad en pleno. Es ello lo que, episódicamente, da lugar a tasas de interés “obscenas”. Es ello lo que, asimismo, presiona para que las tasas se mantengan en niveles socialmente inaceptables. Aducir que ello refleja las percepciones de “riesgo” por parte de los “agentes económicos”, es una racionalización ex post, para embellecer lo que, en el mejor de los casos, sería un rasgo de irracionalidad e ineficiencia, con graves consecuencias para la sociedad en su conjunto.
Resulta entonces obligatorio preguntarse: ¿a quién le conviene este cuento fantasioso y alucinado que Cubero y Villegas nos presentan? Pues a los intereses del mundo financiero que así quedan recubiertos por una humareda ideológica, trajeados de tecnicismos eufemísticos, omisos y contradictorios.
¿En serio Cubero y Villegas pretenden que admitimos como natural e inevitable, que las tasas de interés sobre los bonos de la deuda pública, leviten muy por encima de lo que sería razonable y admisible, y que aceptemos que todo ello es simplemente el designio -a la vez sabio, virtuoso e inevitable- de las inexorables e impersonales fuerzas del mercado?
Lejos de esta concepción mitificada, lo cierto es que los mercados no solo son a menudo ineficientes e irracionales, sino que, además, son espacios de ejercicio del poder. Como los movimientos de los precios no solo son, con más frecuencia de la que se suele admitir, el fruto de movimientos acumulativos irracionales e ineficientes, sino que, sobre todo, son mecanismos de redistribución del ingreso y la riqueza. Las altas tasas de interés sobre la deuda pública, reflejan ineficiencias e irracionalidades, pero también relaciones de poder, y muy posiblemente son estas relaciones de poder las que subyacen al discurso apologético y la actuación permisiva, de nuestras autoridades económicas. De hecho, asociada a la anómala situación de las tasas de interés sobre la deuda pública, se están produciendo movimientos de redistribución del ingreso y la riqueza.
Costa Rica tiene derecho a preguntarse, si el abordaje que se hace de este grave problema, se preocupa realmente por proteger los derechos de la ciudadanía y el bien común, o si tan solo es un juego ideológico propicio a ciertos estrechos intereses. También es importante cuestionarnos acerca del riesgo que todo esto pone sobre la estabilidad financiera del sector público, y, en un caso extremo, incluso sobre la prestación de los servicios públicos.
4) Acotaciones finales
- a) En relación con la “facilidad crediticia” aprobada (₡700.000 millones en su versión inicial, ampliada luego a ₡842.887 millones) los señores Cubero y Villegas aclaran que “…no es para apoyar al sistema financiero: su objetivo es más bien apoyar a las familias y empresas afectadas por la crisis” (subrayado es del original). Cabe sin embargo preguntarse: ¿no debería hacerlo el sistema financiero motu proprio, sin esperar que el Banco Central le dé este “empujoncito”? ¿Por qué no lo hace? Probablemente porque conlleva riesgos. Si tal fuera el caso, estaríamos entonces en presencia de un ejercicio de socialización de esos riesgos: el objetivo podría ser loable y necesario, pero lo cierto es que, en protección de los bancos, es la sociedad la que asume el riesgo.
Dicen además estos señores que, a partir de esos recursos, los bancos deben conceder créditos a empresas y hogares “afectados por la pandemia”, y que deben ofrecer “condiciones favorables” en cuanto a tasas de interés y plazos ¿Qué se está entendiendo aquí por “condiciones favorables”? ¿Se definieron rangos o parámetros que permitan confirmar que las condiciones son realmente “favorables”? En su carta, Villegas y Cubero son omisos sobre ese particular. No vaya ser que, al cabo, resulten más “favorables” para las entidades financieras que para “las empresas y hogares afectados por la pandemia”.
Y en todo caso, sigue en pie el cuestionamiento: ¿por qué en este caso el Banco Central si se anima a desmarcarse un poco de su tradicional ortodoxia, y en cambio no lo hace tratándose de la estabilidad de las finanzas públicas?
- b) En el apartado de “Anotaciones sobre algunos indicadores” (p. 12), aparecen señalamientos que es preciso aclarar, en relación con las tasas de crecimiento de los pagos por intereses a que se hace referencia en la carta de don Albino Vargas. Al respecto, indican los señores Villegas y Cubero: “Se desconoce de dónde proviene la tasa de 28% mencionada en su carta”. Para ilustración del público en general, es importante indicar que esas cifras efectivamente existen, y pueden ser corroboradas en esta dirección: https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https://www.hacienda.go.cr/docs/601d79cb7e6a2_12%20Diciembre%2020%20Definitivo.xls. Sugiero dirigirse a la parte correspondiente a gastos por intereses, el ítem correspondiente específicamente a la deuda interna, en la parte de “variación porcentual” (que en este caso corresponde a la variación de diciembre a diciembre de cada año). Se observará entonces que los pagos por intereses de la deuda interna, crecieron de la siguiente forma: 19,4% en 2017; 23,6% en 2018 y 28,0% en 2019.
Es lamentable que Cubero y Villegas no tengan noción de estos datos, los cuales una vez más ratifican la necesidad de hacer algo en serio, por bajar las tasas de interés sobre la deuda pública interna, no solo mediante una enérgica acción del Banco Central en los mercados secundarios de la deuda, sino, asimismo, mediante un inteligente proceso de renegociación de la deuda interna, de forma que se acuerden mejoras significativas tanto en las tasas de interés como en los plazos. Sabemos que ello afectará no solo a los bancos públicos y privados, y no solo a gente muy rica que tiene inversiones en bonos de deuda pública, sino también a fondos de pensiones, cooperativas y otros actores de similar naturaleza. Pero también es necesario poner en la balanza la ganancia que, como país, se obtendría al abrir espacio y ganar márgenes de maniobra, para poner en marcha un programa de política económica de signo progresista, que minimice el costo social asociado a la estabilización de las finanzas públicas, a la vez que impulse un proceso de vigorosa recuperación de la economía y creación de empleos, animado por objetivos de justicia social e inclusión.
Dr. Luis Paulino Vargas Solís, CICDE-UNED, Alajuela, Costa Rica, 10 de marzo de 2021
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