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Economistas escriben al presidente con propuestas excepcionales

Escrito en . Publicado en Análisis, Derechos.

Tiempos excepcionales demandan respuestas excepcionales

Carta Abierta al presidente Carlos Alvarado

Grupo Economía Pluralista

(24 de abril de 2020)

Muy honorable señor presidente:

Con nuestros muy atentos saludos, y esperando se encuentre muy bien, nos dirigimos a usted, en nuestra doble condición de ciudadanas y ciudadanos costarricenses y profesionales de la economía, para manifestarle, con todo respeto, lo siguiente:

1) Reconocemos y apoyamos el trabajo que su gobierno ha venido realizando, bajo el liderazgo del Ministerio de Salud y la Caja Costarricense del Seguro Social, y sus respectivos jerarcas, Dr. Daniel Salas y Dr. Román Macaya, para enfrentar la emergencia sanitaria del covid-19. Con usted, nos congratulamos de los buenos resultados que Costa Rica está logrando. Confiamos que, como comunidad nacional, sabremos seguir adelante por esa misma ruta de responsabilidad, solidaridad y disciplina. Consideramos que, en esta materia, deben respetarse los criterios científicos y la recomendación de las personas expertas en la materia. Ninguna otra instancia tiene autoridad ni debería inmiscuirse, en las decisiones sobre la cuarentena y las medidas de prevención que se apliquen.

2) Bien sabemos que todo esto inevitablemente conlleva un elevado costo económico, lo cual implica una severa contracción de la producción nacional, y la pérdida de decenas, quizá centenares de miles de empleos, con lamentables y muy dolorosas consecuencias humanas y sociales.

3) La situación que se plantea es inédita desde todo punto de vista, no solo por la severidad de la recesión económica que enfrentamos, sino especialmente por las condiciones, sumamente peculiares, bajo las cuales esto tiene lugar.

4) Enfrentamos circunstancias que, por novedosas e imprevistas, exigen una alta dosis de creatividad e innovación. Las fórmulas económicas ortodoxas, de dudosa eficacia incluso en tiempos normales, no solo se vuelven del todo inútiles hoy día, sino que más bien arriesgan ser un grillete que dificulte, e incluso impida, hacer lo que debe hacerse.

5) Con la caída de la economía y la pérdida masiva de empleos, viene un severo y repentino empobrecimiento, con afectaciones especialmente severas para las mujeres. Una primera pregunta que debemos contestar es ¿cómo hacemos para distribuir equitativamente los costos asociados a ese doloroso retroceso? Creemos que es nuestro deber garantizar un reparto equitativo de los costos, lo cual necesariamente significa que las personas, familias y sectores sociales en condiciones relativamente favorables, deben aportar a fin de fortalecer y ampliar el Plan Proteger de su gobierno, y de esa manera brindar un auxilio efectivo a los centenares de miles de familias y personas que hoy sufren pobreza y agudas carencias, entre las cuales debemos mencionar, en lugar prioritario, las mujeres jefas de hogar, y las personas mayores, discapacitadas, indígenas, migrante, trabajadoras domésticas y personas LGBTIQ. Aparte ser un deber ético y moral y una obligación que solidariamente toca asumir, esto ayudará a sostener el mercado interno, y atenuar la recesión de la economía.

6) Debe asimismo tomarse las decisiones que sean necesarias, a fin de garantizar que en estos momentos apremiantes, los recursos que se dedican a usos suntuarios o prescindibles, se canalicen hacia fines prioritarios y urgentes, como la atención de la crisis sanitaria, el apoyo a empresas en problemas, la protección de los empleos, y, desde luego, el auxilio a los sectores sociales más carenciados. En el sector público hay margen para una reasignación de recursos de ese tipo, ya sea mediante el ahorro en rubros prescindibles (publicidad, consultorías, etc.) o aprovechando los ahorros que la propia cuarentena está generando. Algo similar se podría propiciar en el sector privado, mediante un esquema tributario apropiado que no penalice la actividad productiva, sino solamente las formas suntuosas de consumo.

7) Pero, asimismo, debemos interrogarnos acerca de cómo lograr atenuar la recesión económica, y cómo impedir que, en lo posible, ésta no deje secuelas perdurables, de difícil recuperación futura. Las medidas que su gobierno ha impulsado, destinadas a posponer el pago de impuestos, cuotas de seguridad social y servicios públicos por parte de las empresas, son necesarias para facilitar el manejo de flujo de caja y de capital de trabajo de éstas, aunque deberían estar reservadas para aquellas empresas golpeadas por la crisis, no las que siguen teniendo un desempeño satisfactorio.

Especial atención deben recibir las micro, pequeñas y medianas empresas, las cooperativas y los emprendimientos de la economía social y solidaria.

8) La moratoria en el pago de las deudas de familias y empresas –en especial las micro y pequeñas, así como las de la economía social y solidaria– la definición de una tasa de usura, la reducción de los costos y comisiones de los datafonos, el alivio o posposición de los pagos de servicios públicos, y la disponibilidad de crédito en condiciones favorables, por parte de bancos tanto privados como públicos, son asimismo medida necesarias para sobrellevar la crisis y atenuar el impacto de la recesión.

9) Necesitamos con urgencia una actuación enérgica y decidida del Banco Central. A éste le corresponde garantizarle liquidez a los bancos y entidades financieras, crear las condiciones necesarias para facilitar la concesión de moratorias sobre deudas de personas y empresas, y hacer bajar las tasas de interés sobre la deuda pública, a fin de propiciar un ahorro significativo en los pagos por intereses. Asimismo, y de forma ineludible, le corresponde al Banco Central apoyar el financiamiento del déficit fiscal y, en particular, el financiamiento de las medidas de emergencia, no solo las que tienen que ver con la parte sanitaria, sino las destinadas a atenuar el impacto de la recesión. En conjunto con el Ministerio de Hacienda, el Banco Central debe generar los mecanismos necesarios para dar sostenibilidad a las finanzas de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) y garantizar la continuidad de sus proyectos de inversión.

10) En relación con lo indicado en el punto anterior, es desde todo punto de vista desatinado traer a colación, en el contexto actual, el fantasma de la inflación. No hay riesgo alguno de inflación, no solo porque las tasas de desempleo de la fuerza de trabajo y de desocupación de la capacidad productiva instalada, son altísimas, sino porque, en la actual realidad sociopolítica de Costa Rica, no hay posibilidad alguna que se dé lugar a una espiral precios-salarios, como las que fueron características del decenio de los setenta del siglo pasado. El problema hoy es el desplome de la economía y el desempleo, no la inflación, y ello hace urgente que el Banco Central aporte lo que le corresponde.

11) Debemos, desde ya, avanzar en la definición de un programa de recuperación de la economía, que se pondrá en marcha tan pronto como las condiciones sanitarias se hayan estabilizado. Este programa debe estar animado por un firme compromiso ambiental, y animado por un enfoque social y humano, orientado a garantizar condiciones de vida digna para toda la población. Un componente muy importante dentro de ese esfuerzo de recuperación, debe ser un programa de inversión pública muy ambicioso, el cual ha de reconocer varias fases, inclusive una, de corto plazo y fácil y rápida ejecución, planificada para la generación inmediata de muchos empleos, tanto directos como indirectos, incluyendo objetivos que, de forma expresa, favorezcan la incorporación de las mujeres y el beneficio de las regiones más empobrecidas y carenciadas de Costa Rica. En etapas posteriores, ese plan, aparte afirmar los esfuerzos de reactivación económica y creación de empleos, debe también contribuir a la consolidación de una economía de alta productividad, respetuosa con la naturaleza, que genere muchos empleos y que distribuya el ingreso y la riqueza de forma muy equitativa. Debemos concebir este programa como el inicio de un esfuerzo ineludible de refundación de la economía costarricense, sobre bases profundamente renovadas.

12) Debemos innovar en los mecanismos de financiamiento de ese programa de inversión pública. El recurso a financiamiento externo en condiciones blandas y de largo plazo, será una, entre algunas otras, de las opciones que debemos aprovechar. Apoyamos las negociaciones que su gobierno realiza con diversos organismos internacionales, pero advertimos que esas negociaciones deben enfatizar objetivos de reanimación de la economía y creación de empleos, bajo condiciones de equidad y justicia social. No caben aquí las agendas ideológicas orientadas a propiciar procesos de privatización, o inspiradas en criterios de austeridad fiscal, comprobadamente fallidos, todo lo cual resultaría, en este momento, por completo desatinado e impertinente.

13) La crisis dejará, inevitablemente, un déficit fiscal y una deuda pública más altas. Es tan inevitable como necesario. Ello hará necesario avanzar decididamente en la introducción de reformas progresivas a nuestro sistema tributario, y en un combate mucho más enérgico contra la evasión y la elusión. Con todo respeto, señor presidente, nos permitimos agregar lo siguiente: la forma más saludable y eficaz de lograr reducir el déficit y poner bajo control la deuda, es con base en una economía dinámica, que genere muchos buenos empleos. Para lograrlo, es importante olvidarse del fallido catecismo ortodoxo que insiste en la austeridad fiscal, y avanzar hacia un programa de recuperación económica vigoroso, tal cual aquí brevemente lo hemos pergeñado.

14) Es importante indicar, señor presidente, que en la economía no existe una única perspectiva teórica y epistémica. Todo lo contrario más bien: la economía es hoy una ciencia que se energiza y renueva a partir del debate amplio y pluralista. Cuando, por otra parte, ya desde la crisis financiera mundial y la Gran Recesión de 2007-2009, quedó muy claro que la versión ortodoxa tradicional de la economía, no solo carga gravísimos errores, sino que es claramente incapaz de articular ninguna respuesta creíble frente a las situaciones de crisis. En los difíciles momentos que hoy vivimos, ello nuevamente se pone de manifiesto: la ortodoxia económica, aun dominante en Costa Rica, se mantiene encapsulada dentro de los rígidos moldes teóricos y propositivos que le son característicos, al punto que ni siquiera capta que una situación excepcional como la actual, demanda por ello mismo respuestas excepcionales. Esa economía simplemente sigue aferrada a las fórmulas de siempre.

15) Finalmente, señor presidente, nos ponemos a sus órdenes, con el ánimo de contribuir, con espíritu patriótico y constructivo, y con la más amplia disposición al diálogo respetuoso, en la búsqueda de soluciones justas y equitativas, que también sean económicamente viables y eficaces. Lo que aquí hemos planteado, tan solo esboza algunas de nuestras ideas y propuestas. Con gusto querríamos ampliar ante usted nuestros puntos de vista, si usted nos concede la oportunidad y el honor de hacerlo.

Sin más por ahora, nos suscribimos ante usted, muy atenta y respetuosamente,

Ana Rosa Ruiz Fernández, economista, cédula 3-0248-0440, Instituto Tecnológico de Costa Rica / Red Feminista
Daniel Vartanian Alarcón, economista, cédula 8-0051-0962
Eduardo Rosales Blandino, administrador, cédula 1-0412-1404
Eugenio Trejos Benavides, cédula 9-0041-0880, profesor Instituto Tecnológico de Costa Rica
Fernando Rodríguez Garro, economista, cédula 4-0165-0895, académico Escuela de Economía, UNA
Greivin Salazar Álvarez, economista, cédula 1-0971-0643, Escuela de Economía, UNA
Henry Mora Jiménez, economista, cédula 1-0512-0542, catedrático UNA
Hugo Cascaste Micó, economista, cédula 6-0107-1240
Jorge Arturo Chaves Ortiz, economista, cédula 1-0413-0957, director Centro Dominico de Investigaciones (CEDI) / UNA
Jorge Andrey Valenciano Salazar, economista, cédula 2-0542-0447, Escuela de Economía, UNA
Luis Carlos Olivares Martínez, economista, cédula 1-1445-0826, Instituto Centroamericano de Gobernabilidad
Luis Paulino Vargas Solís, economista, cédula 2-0327-0373, director Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo (CICDE-UNED)
María Leonela Artavia Jiménez, cédula 1-1444-0882, Investigadora Centro Dominico de Investigación (CEDI) / Académica Escuela de Economía, UNA
Mario Devandas Brenes, economista, cédula 1-0342-0692, directivo Caja Costarricense del Seguro Social
Martín Gerardo Murillo Córdoba, economista, cédula 1-0498-0565, profesor UNED / Consultor
Osvaldo Ureña Jiménez, economista, cédula 1-1307-0662
Pablo Abarca González, economista, cédula 1-1452-0672
René Fonseca Cortés, administrador, cédula 9-0110-0864
Rosberly Rojas Campos, economista, cédula 2-0454-0781, Investigadora UNED
Roxana Morales Ramos, economista, cédula 1-1167-0990, Escuela de Economía, UNA
Welmer Ramos González, economista, cédula 5-0191-0924, diputado

A 50 años de la lucha patriótica contra la ALCOA

Escrito en . Publicado en Análisis, Formación.

Vladimir de la Cruz

Hace 50 años, un 24 de abril, culminó una batalla de características ecologistas, patrióticas y nacionales, que resultó de intensas movilizaciones estudiantiles, y populares que se sumaron, para detener la aprobación del Contrato Ley con la compañía Aluminiun Company of America (ALCOA), que se venía discutiendo para su aprobación en la Asamblea Legislativa en las últimas sesiones extraordinarias del gobierno de José Joaquín Trejos Fernández, cuando la juventud y los estudiantes costarricenses protestaron violentamente contra la aprobación de este Contrato por la Asamblea ese día.

El impacto negativo de la ALCOA, interesada en explotar la bauxita en la región de Pérez Zeledón, a razón de 25 céntimos de colón por tonelada de extracción de materiales, de la que no solo sacaba aluminio, lo divulgó el Ing. Fernando Chávez Molina, comunista, quien había escrito el folleto “La ALCOA un matapalo”, y el Partido Vanguardia Popular, venía creando conciencia, desde principios de la década de 1960,  sobre el significado de esta empresa y el impacto negativo que podría tener para el país.

Por lo demás era una empresa norteamericana, que inscribía esta lucha contra la presencia imperialista en el país, en el contexto de la guerra fría de entonces, del impacto y auge de la Revolución Cubana en la región, de la lucha anticolonial mundial, así como de las protestas y movilizaciones de solidaridad contra la guerra en Vietnam y al auge que adquiría en Europa y Estados Unidos esta resistencia, con la participación de los jóvenes norteamericanos del movimiento pro paz, los hippies y otras manifestaciones juveniles, que no eran ignoradas de la juventud costarricense.

También brotaron en esos años grupos de izquierda cristianos, por el impacto del II Concilio, el CELAM y los movimientos de cristianos por el socialismo en América, que tuvieron gran repercusión en la Universidad de Costa Rica (UCR).

En la UCR, el surgimiento del Frente de Acción Universitaria (FAU), organización estudiantil comunista, a partir de 1967, le imprime al movimiento estudiantil y a las luchas estudiantiles un carácter diferente, de mayor conciencia social, de compromiso solidario internacional y nacional, de discutir asuntos políticos y nacionales, y de vincular a la Federación de Estudiantes de la Universidad (FEUCR) con las luchas populares y de movilización estudiantil.

Así, a principios 1969, por la acción del FAU y de la FEUCR, después del Congreso estudiantil de la Federación, de marzo, se lleva a cabo un Seminario, que estudia el Contrato de la ALCOA, donde se articuló la estrategia de lucha para oponerlo.

A finales de 1969 se organiza la protesta permanente, con un piquete en los predios de la Asamblea Legislativa. A ello se sumó la visita constante a los colegios de secundaria, que se fueron sumando.

Los dirigentes estudiantiles y los doce diputados que se oponían al Contrato Ley son el factor de agitación y movilización, el FAU y la FEUCR el de su organización.

En esta lucha, como en la del Combo del ICE, en el 2000, o la del TLC en 2007 fue importante la presencia de diputados que hicieron de la Asamblea Legislativa un centro de discusión política, pero sobre todo de llegada de la movilización ciudadana, con el apoyo de las organizaciones sociales.

De allí la importancia de tener representantes legislativos en capacidad de mimetizarse con los sectores populares y estudiantiles en sus luchas.

Los doce diputados, de los partidos Liberación Nacional y Unificación Nacional, que votaron en contra del Contrato de Alcoa, en la Asamblea Legislativa, fueron:

Armando Arauz
Arnulfo Carmona Benavides
Cecilia González
Fernando Gutiérrez Benavides
Fernando Guzmán Mata
Fernando Volio Jiménez
Jorge Luis Villanueva Badilla
José Antonio Bolaños
José Hine García
Matilde Marín Chinchilla
Rodrigo Carazo Odio
Uriel Arrieta Salas

A pesar de COVID-19 continua la explotación del agua sin límites

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo, Madre Tierra.

¿Por qué no ser tan eficientes también para resolver el problema de la falta de guardaparques en las Áreas Silvestres Protegidas, ASP, de hace décadas?, sólo para poner un ejemplo.

De la misma forma que se está flexibilizando y facilitando requisitos para la EXPLOTACIÓN SIN LIMITES DEL AGUA… ¡muy conveniente!, (como en el Proyecto de Ley del agua de la privatización del agua del BM-GWP No. 20.212, Texto Sustitutivo en la As. Leg.) y en dónde queda claro, que: el agua-sobre todo el agua subterránea-, es inagotable…

Y como si fuera poco…no les ponen hidrómetros a las embotelladoras de gaseosas, cerveza, agua a las transnacionales y mucho menos a las piñeras entre otros monocultivos, ¿por qué? … ¡porque sale muy caro!, según la Dirección de Aguas-MINAE, -fieles defensores de los proyectos privatizadores- (hidrómetros tienen un costo aprox. US$2.000).

Nos preguntamos: en estos tiempos del covid19 ¿tendrán problemas de acceso al agua estas empresas, como lo estamos sufriendo en muchas comunidades?

Ma. Elena Fournier S.
Presidenta
Asociación Conservacionista YISKI

Imagen ilustrativa.

Enviado por Ma. Elena Fournier.

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La distribución de los riesgos laborales, sociales y económicos de la pandemia

Escrito en . Publicado en Análisis, Trabajo.

“Todas las medidas emprendidas en nombre del rescate de la economía se convierten, como tocadas por una varita mágica, en medidas que sirven para enriquecer a los ricos y empobrecer a los pobres. (Z. Bauman)

Un ejercicio comparado Argentina-Costa Rica

Manuel Hernández

A título únicamente ilustrativo, por muchas razones, me seduce comparar las medidas laborales de emergencia, que en tiempos de pandemia, adoptaron dos gobiernos de América Latina: la Nación de Argentina y nuestro infaltable sistema democrático.

En parte, una de las razones es que, como sabemos, cuando asumió recientemente la Casa Rosada Alberto Fernández, Argentina estaba y sigue estando en una situación económica y financiera muy seria, mucho más grave –como decía Benedetti- que la situación de nuestro país, cuando irrumpió esta virulenta e interminable pandemia.

Pues bien, sin más introducción, paso a comparar, de manera muy breve, las medidas laborales de emergencia y temporales adoptadas por ambos Gobiernos:

1.- El Gobierno de la Nación de Argentina le aseguró a todos los trabajadores y trabajadoras la percepción íntegra de los salarios.

Nuestro vernáculo gobierno impulsó un proyecto de ley para reducir la jornada de trabajo, hasta un 75% de las horas por semana y en consecuencia, proporcionalmente la rebaja de los salarios.

Este proyecto, mediante una vía ultra rápida, es hoy una exultante ley de la Republica.

2.- El de Argentina prohibió la suspensión de los contratos de trabajo.

El criollo promovió frenéticamente la suspensión de los contratos de trabajo y promulgó una normativa reglamentaria que licencia, también por la vía ultra rápida, la autorización de la suspensión de los contratos y la reducción de la jornada de trabajo, sin la menor intervención de los trabajadores afectados, cuyas resoluciones ministeriales se editan como rotativos de periódicos.

Al hilo de estas licenciosas resoluciones de la Inspección de Trabajo, que irónicamente le corresponde velar por los derechos de los trabajadores, más de 39.000 personas trabajadoras, con contratos “temporalmente” suspendidos, tienen en cuarentena el hambre confinada en sus estómagos y además, a más de 71.000 se les redujo la jornada de trabajo y los salarios.

Además, como si lo anterior no fuera poco, están por resolverse más de 700 solicitudes patronales pendientes, de acuerdo con el último corte oficial, al 20 de abril, de la Dirección Nacional de Inspección de Trabajo, de MTSS.

La suspensión de los contratos de trabajo, por un plazo de tres meses, que se puede prorrogar por otro período igual, que veremos hasta donde va a extenderse más esta medida gubernativa, en realidad, en la práctica, configuran despidos encubiertos, que despojan a las y los trabajadores de un derecho fundamental, esencial; es decir, todo un fraude de ley que se cohonestó.

 3.– El gobierno de Argentina prohibió los despidos, salvo los disciplinarios, como lo hicieron también, vale acotar, los gobiernos de Italia y después España.

Por contrario, el gobierno más pura vida, no estableció ninguna medida que limite los despidos de las y los trabajadores, a los cuales se les dio luz verde, que son miles las personas que perdieron su empleo.

En resumen, tenemos, por una parte, un gobierno que apostó por resguardar a las y los trabajadores, proteger el empleo y el salario, y por otra parte, un gobierno de unidad neoliberal, manejado por un sindicato, si por un sindicato, pero un sindicato patronal, que apostó exclusivamente por los espurios intereses del empresariado.

El problema, entonces, ya no es solo cómo se distribuye la riqueza, sino además, parafraseando a Ulrich Beck, cómo políticamente se distribuyen los riesgos y los daños sociales y económicos de la pandemia.

No son daños colaterales, como por ahí afirman algunos, son daños estructurales inherentes a un modelo fundado en la explotación de la clase trabajadora.

Lo primero: que el ejército respete a la población campesina

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Por Carlos Meneses Reyes

En el momento que redacto un artículo de análisis sobre los sendos llamados que se hacen el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Ejército Popular de Liberación (EPL) para zanjar diferencias y llegar a acuerdos y poner fin a los enfrentamientos armados entre ellos, en la región de El Catatumbo; me llega el presente vídeo, que registra el enfrentamiento entre una patrulla del ejército y campesinos civiles, que transitan cerca por donde pasa el Oleoducto (el tubo) Caño Limón- Coveñas.

Resume el comportamiento de un ejército invasor oligárquico y antipopular, que tiene al campesino como su enemigo. Defiende la vida, honra y bienes de los intereses imperiales y sus lacayos generales. Protegen el tubo, por la carencia de una política de hidrocarburos soberana. Ejercen control policivo sobre la población y no resguardan las fronteras de las incursiones de las tropas USA en el suelo colombiano, con santuarios en siete bases gringas. Desarrollan control fiscal para no extracción del petróleo del oleoducto (pategrillo) que lo venden los campesinos por carecer de tierras y ser expoliados y explotados por las plantaciones bio energéticas de la Palma de Aceite y la devastadora ganadería extensiva de capital narcoparamilitar. Maltratan a los cultivadores de siembras de productos ilícitos, ante la no implementación de los Acuerdos de La Habana y el Teatro Colon, de erradicación voluntaria de cultivos, sustitución de cultivos con garantías financieras; imponiendo la erradicación forzosa y amenaza de fumigar con glifosfato, conforme a la orden de Trump y la aceptación genuflexa del sub-presidente. Pretenden sustraer a la población campesina de una fuente de subsistencia, bajo el prurito de la llamada “guerra contra las drogas”.

La realidad de El Catatumbo es la génesis de la realidad de un Narco Estado imperante, en el que en el escenario de la realidad política se ha descorrido el velo de la impunidad, el asalto al poder y el fraude electoral a la Presidencia de la República, el sainete de los jerarcas gubernamentales involucrados en el negocio de lavado de activos y producción de la cocaína, etc., etc.; así como la implantación de un régimen de terror estatal en que la autoría intelectual de un partido o secta fascista en el poder, eluda la responsabilidad política concausal, como sujeto intelectual, de los crímenes sistemáticos y selectivos contra líderes y lideresas sociales.

El Catatumbo colombiano es un escenario de guerra. Falso que sea una región olvidada adonde no llega el Estado con sus recursos de guerra. ¡Eso sí! Los Planes Nacionales a esa región aplican en todos los aspectos, bajo la mira demagoga de crecimiento, desarrollo y ayuda a la población. No existe tal. El sistema o modelo imperante, económico, político; basado en un sistema electoral corrupto desdice de esos avances.

 La realidad palpable es que no refleja en afianzamiento de lo institucional. Totalmente equivocados quienes pregonan que institucionalidad la pueden resumir en “lealtad con honor, fortaleza…”, lema de cajón entonado con pechos de decoraciones del generalato clasista, de secta privilegiada y hoy en la picota pública del sentimiento nacional colombiano; por las múltiples calamidades causadas por sus conductas impunes. El valor de los símbolos patrios los ha mercantilizado y no conjugan la esencia de unas fuerzas militares con desprestigio en la idiosincrasia nacional; sostenidos en las mentiras de la dictadura mediática y que no puede ocultar la esencia de unos agentes estatales de rancio contenido antipopular.

El comportamiento genocida de las fuerzas armadas estatales en El Catatumbo no es de referencia reciente. Que no se inmuta la comunidad internacional. Falso. No lo creo. Tanto el generalato colombiano activo como el de “uso en retiro” impunes, en un 87% tiene problemas por conductas disciplinarias y/o penales; muchos con investigaciones en curso. Eso lo sabe el Mundo gracias a las denuncias de los juristas y la efectividad de sus asociaciones profesionales con consultorías en la Sección de Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario, con sede en las Naciones Unidas.

Ahora bien, que prueba documental, como la que nos ocupa, no sea difundida por los medios de intoxicación masiva colombianos(ParaCol- Radio Casa de Narquiño, Semana y demás congéneres), no es óbice para que, en primario lugar, el movimiento popular y de masas y su inteligencia popular, continué, al orden del día, con la denuncia pública con la Resistencia en las calles, en contra del engendro de unas fuerzas armadas, en Colombia, apátridas y cordón umbilical de todo un sistema político corrupto, en un Narco Estado imperante y lacayo.

El vídeo en cuestión ilustra a una patrulla de doce soldados, enfrentados a un grupo de campesinos que reclaman a la soldadesca por su presencia, que seguramente no son reclutas de lo obligatorio; sino elementos que tienen como profesión: La Guerra. Enfrentados de palabra y hechos a pobladores civiles(campesinos) que transitan por lugares anexos por donde pasa el oleoducto que contiene el líquido negro vital de la Pacha Mama (Nuestra Tierra), canalizado al enorme vertedero de Coveñas, instalado en aguas territoriales del Caribe, para que su depósito no cause aranceles a favor del Narco Estado colombiano. Así son de ruines. Los campesinos los retan, los ofenden, les lanzan improperios, los injurian y les dirigen insultos, en una secuencia de actitud política que coloca en inferioridad al oponente, en el campo propio de un debate. Por más que los preparen los manuales gringos, la soldadesca se siente ofendida y ridiculizada y estallan en un sentir y manifestación de un sentimiento de estado de ánimo tardío y optan por accionar las armas de dotación para amedrentar o asustar; pero que lejos están de comprender que el valor y fuente de energía popular está lejos a extinguirse o acabarse. Se eleva el tono y enardecen los ánimos. Les recuerdan que están excitados- cual pasión doliente- porque la noche anterior ellos les han asesinado “a un muchacho” que había protestado en un bloqueo a carreteras del lugar. En forma inquisitoria y alta voz les reprenden por su comportamiento y les lanzan el dardo almibarado: “nosotros estamos desarmados”; “porque no se enfrentan a los guerrilleros” y aunque no se escucha la expresión “cobardes”, es el concierto de las expresiones en mi mente al así relatarlo: “las armas igualan”.

Indiscutiblemente, que el proceder alevoso de la patrulla militar, al estar ostentando a plena luz del día; en una actitud de agresión a la población campesina, civil desarmada, obedece a una directriz de traición y perfidia del mando del generalato, aprovechando la concesión de cese al fuego unilateral del Ejército de Liberación Nacional (ELN), aunque al parecer es mayor la presencia en ese lugar de Sardinata, del Ejército Popular de Liberación (EPL).

El incidente relatado expresa la crudeza, que no complejidad, resultado del conflicto armado interno que no ha cesado; así haya logrado la oligarquía y el imperio la gabela de la desmovilización y entrega de las armas, por parte del entonces ejército del pueblo: Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia: las FARC.

Y como en esto de a tanta tragedia imprimir algo de lenguaje coloquial, rememoro al poeta colombiano, El Tuerto López, a la hora de la siesta, bajo un sol canicular, en un pueblo mancondiano del Caribe; quien, desde el balcón de una posada, viendo pasar al cura chulavita, incitador desde el pulpito para matar a liberales, comunistas, socialistas, sindicalistas, durante la Violencia de 1.950 exclama: “y que hago con este fusil en la mano”.

Para concluir, no quisiera asomarlo a manera de corolario, que implica una proposición que no requiere demostrarse. Esto por cuanto, a tanta declaración y manifestaciones de notables, de doctos e intelectuales nacionales, de investigadores sociales y connotados analistas, la exigencia unilateral a la insurgencia a nada conlleva. Le piden al ELN más que dar. Exíjanle al sub-presidente una actitud acorde con las circunstancias.

ORACIÓN. También, siendo evidente que transitamos por una etapa de aislamiento de carácter nacional y mundial, producto de esa enfermedad epidémica que se extiende por muchos países y afecta a millones de personas y que ha significado una atención acerca de la vigencia del orden económico mundial o etapa de conclusión de un modelo de sistema económico salvaje; deséeme la licencia de exponer una recomendación: lo de un “aislamiento inteligente” resume el pesimismo a no resistir con el prurito mecánico de esperar “la vacuna salvadora” en inconsecuencia de “aprender a convivir” con un virus voraz y de paso “salvar” al sistema financiero especulativo y parasitario. La tendencia mundial apunta a prolongar por veintidós días el aislamiento; sobre todo para el caso latinoamericano que no ha reflejado el cenit de la curva.

Para los activistas sociales colombianos ojalá no fuera así, puesto que el reclamo de masas está latente en incursionar. ¡A la Carga! y en ¡las Calles! Por el cambio de fondo y radical en este país, de unos cuantos mafiosos.

 

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Encontrar caminos para salir de la crisis obliga a remover los viejos esquemas

Escrito en . Publicado en Análisis, Comunidad.

Miguel Sobrado

La pandemia del coronavirus ha provocado una recesión internacional que muchos compararan con la crisis de 1929. La mayor del siglo pasado, que desembocó en grandes transformaciones que rompieron estereotipos sobre el papel rector de la “mano invisible” del mercado en la conducción de la actividad económica y su ordenamiento social.

Como toda crisis, la actual nos obliga a repensar la actividad económica, la tecnología y las alianzas internacionales, buscando nuevas oportunidades y senderos que nos permitan reactivar, de forma sostenible, la vida económica y restablecer el balance del tejido social.

Retomar lo rural: territorial y local

Ya se han esbozado algunas propuestas importantes, que deben ser analizadas, pero sobre todo transformadas en proyectos operativos tales como el fortalecimiento de la lo rural, especialmente la agroecología, así como los encadenamientos en el ámbito de las economías locales. Es evidente con esta crisis donde se han resquebrajado los fundamentos de la globalización, que nuestra alimentación básica debe generarse en nuestro país, si no queremos renunciar a la soberanía. No hay que seguir pensando en consensos que se limiten a los viejos actores políticos, difícilmente de esos conclaves saldrá ideas que amplíen el horizonte. Es preciso recurrir a las grandes reservas de creatividad regional y local, ahí donde existen organizaciones y proyectos innovadores autónomos. Como lo he expresado en otros artículos en las zonas campesinas, especialmente cafetaleras y cacaoteras, se ha venido tensando el arco creativo, producto de una mejor educación y formación, encadenando actividades económicas y destacando el campo cultural y deportivo. Algunas de estas experiencias, como la del micro beneficio en el café han tenido premios internacionales. Dentro de ellas se destaca el premio dado por INTEL en 2014 a los jóvenes del colegio de Sixaola por encontrar con apoyo local la vacuna natural a la enfermedad la monilia del cacao.

Pienso que es fundamental invitar a opinar y participar en el establecimiento de senderos aportando su experiencia a estos sectores que constituyen la gran reserva nacional.

Romper con inercias del pasado

Por otra parte algunas medidas propias de “la guerra contra las drogas” vigentes en nuestro país como la prohibición de la siembra y explotación industrial de la mariguana, no tienen actualmente razón de ser cuando una docena de Estados norteamericanos la siembran y procesan legalmente con grandes dividendos y generación de empleo. Si estas medidas represivas las aprobamos en su momento para contribuir con el combate que tenían en los Estados Unidos contra ese cultivo, hoy en día deben ser revisadas frente al cambio de condiciones cuando la explotación industrial con fines médicos la ha transformado en una oportunidad.

Reorientar el turismo hacia el Asia que ha superado la pandemia

Estados Unidos y Europa, nuestros clientes turísticos tradicionales, tardarán todavía algunos meses en reponerse, mientras tanto la industria turística nuestra desfallece y no todos sobrevivirán al año 2021, donde se empezará, si todo sale bien, a recuperar el sector. Mientras tanto en Corea, Japón, Singapur y China, países que están superando exitosamente la pandemia, existe un gran mercado, potencialmente mayor hacia el cual podemos dirigir nuestros esfuerzos. No solo se trata de un gran mercado numérico, sino cualitativamente mejor dotado económicamente. Se ha estimado que un turista chino deja unos $4000 dólares por visita mientras los tradicionales dejan $1500.

Aquí hay que abrir la cabeza de nuevo porque el gobierno de Trump, ha desalentado nuestros contactos con China, como bien lo dijo el Ministro Pompeo durante su última visita a Costa Rica.

Pienso que no tenemos que entrar en conflicto con los Estados Unidos por abrirnos al turismo asiático. Es de interés común de la región estabilizar nuestra economía para que el resquebrajamiento del tejido social no sea aprovechado por la ruta de la coca para imponer el terror en las regiones pauperizadas, tanto fronterizas como costeras de nuestro país.

Imagen: http://agroecologa.org/costa-rica-y-la-agroecologia-una-practica-cotidiana-por-la-autonomia/

Un balance sobre políticas de apoyo solidario, afectación laboral y la participación ciudadana en tiempos de COVID-19

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Licda. Marjorie Hernández Delgado

“Hemos aprendido a volar como los pájaros, a nadar como los peces, pero no hemos aprendido el arte de vivir juntos, como hermanos”. Martin Luther King

Esta frase de Martin Luther King, se adapta perfectamente a la situación actual que se vive en Costa Rica a raíz de la crisis sanitaria que atraviesa el país y el mundo entero causada por la pandemia COVID-19.

El forzado, pero necesario aislamiento y distanciamiento social, han provocado el aumento en el desempleo, generado subempleo y suspensión de contratos en el sector privado formal. En el sector informal los trabajadores han visto mermada en gran manera o prácticamente desaparecida su fuente de ingresos. Las personas que laboran de manera independiente también han sido muy afectadas con el confinamiento obligatorio bajo el llamado “Quédate en casa”.

Por su parte, el sector público también está sufriendo laboralmente las consecuencias de esta pandemia debido a que, el Poder Ejecutivo congeló el pago del aumento salarial anual aprobado para el 2020 según decreto #42121-MTSS-H-Mideplan, del primero de enero del 2020. Estos dineros se emplearán para cubrir en parte la emergencia. Además, está aplicando la Ley #9635, respecto a la eliminación de pluses y el congelamiento de otros componentes salariales.

Pero como si eso fuera poco, existen varias propuestas y proyectos de ley del Poder Ejecutivo que representan una verdadera violación a los derechos humanos, constitucionales y laborales de las personas trabajadoras ya que pretenden imponer un tributo “solidario” al salario de los trabajadores tanto del sector público como privado, que se rebaje a un 50% el salario de los empleados públicos y se elimine el pago del aguinaldo y el salario escolar. Respecto a este último ya se pronunció la Ministra de Planificación, Pilar Garrido en nota MIDEPLAN-DM-OF-0443-2020 del 16 de abril del 2020, quien después de realizar un amplio estudio sobre el origen del Salario Escolar concluyó que es un componente salarial que no pueden eliminar porque corresponde a un pago diferido y de hacerlo se debe indemnizar a todos los empleados del sector público o bien incorporarle ese monto al salario base y que el Estado no está en las condiciones económicas para hacerlo. Por eso se paga de esta manera.

Al ser una situación de emergencia nacional sin precedentes y de una afectación socioeconómica de gran magnitud, le corresponde al Gobierno de la República tomar las decisiones certeras y que se apliquen las políticas de acción eficientes y eficaces que permitan mitigar los efectos de la crisis, proteger a los trabajadores y a sus familias de manera sostenida durante y después de la emergencia, así como también se deben crear mecanismos de contención del desempleo.

Por esta razón, se hace indispensable establecer también mecanismos que permitan un apoyo integral, considerando no solo el pago de los servicios públicos, sino los créditos y tarjetas de crédito, debido a que no pueden dejar de recibir los servicios básicos. Pues de ser así, esto violentaría no solo sus derechos humanos y constitucionales, sino que rompería la paz social y afectaría todo el esfuerzo en materia sanitaria que se ha implementado para contener la propagación de la pandemia a nivel nacional.

Es necesaria la total transparencia (Constitución Política, Artículo 11: “Los funcionarios públicos son simples depositarios de la autoridad… La Administración Pública en sentido amplio, estará sometida a un procedimiento de evaluación de resultados y rendición de cuentas, con la consecuente responsabilidad personal para los funcionarios en el cumplimiento de sus deberes…”) y precisión en las políticas de apoyo solidario, las cuales se deben desarrollar según lo establece la Carta Magna que vela por el bien común, protegiendo a los más vulnerables y que además brinda el equilibrio que contribuye a la paz social de la nación, proporciona justicia social, tributaria y cubre a todos los habitantes del país.

Es relevante la participación de las personas ciudadanas en la toma de decisiones dentro de esas políticas públicas, sobre todo al tratarse de una crisis sanitaria que trae graves repercusiones a toda la población y porque es precisamente ésta la que sufre las consecuencias, no solo en materia de salud, sino en el área económica y social.

Esa trascendental participación ciudadana está estipulada en el Artículo 9 de la Constitución Política: “El Gobierno de la República es popular, representativo, participativo, alternativo y responsable. Lo ejercen el Pueblo y tres Poderes distintos e independientes entre sí: El Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial. Ninguno de los Poderes puede delegar el ejercicio de funciones que le son propias…” (Reforma del 1 de julio del 2003, publicado en la Gaceta N°146 del 31 de julio del 2003), por tanto, las autoridades gubernamentales deben trabajar en conjunto con la ciudadanía responsable, en la búsqueda de las soluciones por el bien común.

Por otra parte, la Constitución Política establece que se debe proteger la vida de todas las personas en el Artículo 21: “La vida humana es inviolable”. Pero salvaguardar la vida de las personas no solo se refiere al aspecto sanitario, sino que también es asegurar el suministro de alimentos y servicios básicos.

Sin embargo, en esta emergencia se han dejado de lado derechos muy importantes como lo estipulado en el Artículo 33: “Toda persona es igual ante la ley y no podrá practicarse discriminación alguna contraria a la dignidad humana”, pues se han aprobado leyes que benefician a unos y desprotegen a otros, omitiendo que todas las personas ciudadanas tienen el derecho constitucional y humano a no ser objeto de discriminación o exclusión ya sea en materia tributaria, social, económica o de cualquier otra índole, sobre todo cuando se trata de la población con mayor riesgo social y económico, que además, no son los dueños de los medios de producción sino que contribuyen con su fuerza laboral a la dinamización de la economía nacional.

Es por esta razón, que el mandato constitucional debe ser respetado y ejecutado por el Gobierno de la República plenamente, para que se cumpla lo determinado en el Artículo 50: “El Estado procurará el mayor bienestar a todos los habitantes del país, organizando y estimulando la producción y el más adecuado reparto de la riqueza…” Es así como el Estado tiene la obligatoriedad de velar por el bienestar de toda la población en un ámbito de equidad, justicia social y tributaria.

Por tanto, la moratoria en el pago de los impuestos del IVA, Renta, Aduanas y Selectivo de Consumo al sector empresarial, violenta no solo la Constitución Política en sus artículos 21, 33 y 50, sino también la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas #9635. Además, la Regla Fiscal de esta ley amerita ser suspendida, pues es prioritario el destino de la mayor cantidad de fondos públicos a las transferencias sociales en momentos de recesión económica y de gran afectación en materia laboral.

En consecución a este tema, el pago de los impuestos por parte del sector empresarial, durante y después de la emergencia es de vital importancia para brindar sostenibilidad al erario y que no se desfinancien los fondos públicos con los que se debe hacer frente a la emergencia, pues estos se sustentan de los tributos que pagan tanto personas trabajadoras como los empleadores. La situación no se resuelve con más impuestos sobre la espalda de quienes subsisten de un salario, y que ya se están viendo sumamente afectados con la crisis, sino con el pago puntual y solidario de los tributos que ya existen, por parte de todos los actores de la sociedad.

En cuanto al Programa PROTEGER, es necesario asegurar no solo la puesta en marcha de este, sino su sostenibilidad, pero no a costa de los sectores más vulnerables y maltratados, sino con el verdadero apoyo solidario de los sectores económicamente más estables y fortalecidos: Las Grandes Empresas Territoriales, Los Grandes Contribuyentes y el sector Financiero Privado. Para tal fin se deben establecer estrategias de recaudación de fondos solidarios, con la finalidad de fortalecerlo y darle el soporte necesario durante y después de la emergencia, pero sobre todo restablecer el pago de los impuestos cuya moratoria beneficia injustamente al sector empresarial y recarga el peso de la crisis en el resto de la población, compuesta precisamente por los trabajadores, marcando aún más las desigualdades, discriminación e injusticia social y tributaria.

Finalmente, PROTEGER debe ser administrado dentro del marco de la transparencia y la Rendición de Cuentas según el Artículo 11 de la Constitución Política. Y esperamos que cuando esta crisis pase y podamos tratar de volver a la normalidad, no recibamos la desagradable noticia que una vez más los fondos públicos han sido saqueados y que los que menos recibieron las ayudas fueron los verdaderamente necesitados. Porque las autoridades deben recordar que un pueblo con hambre es una bomba con la mecha a medio encender y que la desigualdad ha acrecentado el malestar de la población día con día, que todos estamos en un mismo mar, en diferentes barcos, pero cuando hay una tormenta todos los barcos pueden naufragar.

“Llevadera es la labor cuando muchos comparten la fatiga”. Homero

 

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En tiempos del Coronavirus: una radiografía perversa

Escrito en . Publicado en Análisis, Equidad y derechos de la mujer.

Promover desde las más altas autoridades la eliminación de estigmas y estereotipos negativos que puedan surgir sobre ciertos grupos de personas a partir del contexto de pandemia.
(Comisión Internacional de Derechos Humanos. Pandemia y Derechos Humanos en las Américas. Resolución 1/2020

Álvaro Vega Sánchez, sociólogo.

Para un sector de la clase política actual, La Nación, Canal 7 y los ideólogos de la privatización, el pensionado del Magisterio Nacional es un “pensionado de lujo”. Es decir, un privilegiado y hasta un descarado que no tiene vergüenza de aprovecharse de obtener beneficios, para los que no ha cotizado, a costa de los impuestos que paga el pueblo. Es el enemigo número uno del pueblo y uno de los principales causantes y responsables de la crisis fiscal que padece el país.

Esta radiografía perversa, odiosa y mentirosa no ha logrado convencer a un pueblo inteligente que sabe que quienes así opinan son “lobos vestidos con piel de ovejas”. Los ricos que hoy se visten de pobres, siendo los principales responsables de tener al país en el noveno lugar de los países más desiguales del mundo, según datos del Banco Mundial del 2016.

Las razones de su riqueza mal habida sobran. Unos desfalcan bancos, como en el caso del ex presidente de la Unión Costarricense de Cámaras de la Empresa Privada (UCCAEP), el señor Samuel Yankelewitz, juzgado y condenado por deudas de 37 millones de dólares. Otros, como los empresarios del ALDESA, con el señor Javier Chaves a la cabeza -y esposo de la ex coordinadora del equipo económico del actual gobierno, la señora Edna Camacho, hoy premiada con un alto puesto internacional-, amasando y derrochando capitales a costa de los ahorros de pequeños y medianos inversores. Y otros, utilizando puestos políticos para obtener dividendos personales o para sus allegados, tales como el banquero y ex vicepresidente del gobierno liberacionista de doña Laura Chinchilla, el señor Luis Libermann, el gran cabildero del sector financiero, que gestionó para lucrar bajos impuestos de renta con intereses del 8% mientras los asalariados pagaban entre 15 y 30%, además deducir intereses de préstamos obtenidos en bancos del exterior, entre muchos otros beneficios, según lo denunció el expresidente del Banco Central, el señor Jorge Guardia. Por su parte, el ex canciller de la República, también liberacionista, el señor Fernando Naranjo, quien usufructuó de verdaderos privilegios como gerente del Banco Nacional, con un salario superior a los 19 millones de colones mensuales, a los que se suman dividendos anuales millonarios.

Sumen a la lista a los grandes empresarios que declaran cero ganancias al fisco, mientras explotan a sus trabajadores con salarios casi de hambre, que el actual ministro sin “cartera” y representante ante el sector empresarial, André Garnier Kruse, los considera demasiado elevados. Y entre ellos, otro banquero, el señor Leonel Baruch del BCT, que declara cero ganancias mientras presta casi 10.000 millones de colones a la mayoría de los principales partidos políticos de la contienda pasada, lucrando con la deuda política que pagamos todos los costarricenses, sobre los que deduce los intereses y se gana los cupones del bono. Y también patrocina a Canal 7 con el programa “Ayer y hoy en la Historia” de don Ignacio Santos.

Con qué cara se atreven estos señores y sus defensores, como doña Pilar Cisneros, entre otros, a lanzar ataques contra pensionados del Magisterio que apenas alcanzan a ser parte de una debilitada clase media, después de haber servido al país por 35 o 40 años, y en muchos casos continuar sirviendo, de manera voluntaria, después de pensionados; asimismo, haber cotizado hasta 6 tantos más que los cotizantes de la Caja, además de pagar puntualmente todos los meses de todos los años de servicio el impuesto de la renta como asalariados y pensionados, sin utilizar subterfugios para eludir esa responsabilidad ética y patriótica como mandar la plata a los paraísos fiscales. Además, continúan, después de pensionados, pagando las altas cuotas como si fueran asalariados y no pensionados, como una contribución solidaria para que las nuevas generaciones puedan llegar a disfrutar de una pensión digna. Asimismo, quienes sobrepasan el salario de un catedrático universitario, hacen un aporte solidario adicional que lleva a que las deducciones oscilen entre un 40% y un 55% de su salario bruto. Eso es SOLIDARIDAD, doble o triple. ¿A cuál asalariado de los que devengan salarios más altos del sector público o privado se le deduce más del 50%?

¿Quién en su sano juicio y con los pies puestos en la tierra firme del derecho y de la ética puede catalogar a un trabajador de la educación costarricense como “pensionado de lujo”? Se trata de personas que han sabido sacrificar una suma muy alta de su salario, y ahorrar lo suficiente para vivir una vejez digna. ¿Cuál aprovechamiento o descaro? Trabajo, trabajo honrado y ahorro, ahorro…Previsión con visión de futuro y solidaridad.

Esa perversa radiografía solo cabe en la mente de personas de mala fe, inducidas por el odio y la mentira a utilizar las armas más innobles de la manipulación y la violencia simbólica, para agredir a los trabajadores y pensionados del sector público, y hacer que el pueblo vea para otro lado. Buscan continuar presentándose como mansas ovejas, hoy vestidos como defensores de los pobres para hundir a los mismos pobres y a la clase media trabajadora y siempre solidaria.

Por dicha, tenemos trabajadores públicos y privados solidarios que, junto con un remanente de empresarios y políticos honestos y honrados, al igual que nuestros campesinos, han sabido ganarse el pan con el sudor de la frente, y por su nobleza y solidaridad este país ha logrado ubicarse en los primeros lugares en desarrollo humano en América Latina, Asimismo, en salud, seguridad social y educación ocupar un sitial de privilegio a nivel mundial.

 Este país, ejemplo en el mundo en esos aspectos, lamentablemente, es el mismo que ocupa el vergonzante octavo lugar entre los más desiguales del mundo, debido, en gran medida, a la mezquindad de los grandes evasores y elusores de impuestos del sector empresarial y financiero, así como a una clase política rentista y electoralista, que perdió la brújula de gobernar para el bien común.

Imagen: http://clif.in/2018/08/26/evasion-y-elusion-fiscal-hacen-de-america-latina-la-region-mas-desigual-del-mundo/

Se desvanece el cuadro de los diálogos con el ELN y una reseña de José Carlos Mariategui

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Por, Carlos Meneses Reyes

Incansables defensores por la salida política y el fin al conflicto armado interno en Colombia de más de cincuenta años lanzan la Plataforma Defendamos La Paz (DLP), mediante Encuentro Virtual, llevado a cabo el pasado 17 de abril a las 10:00 horas, con positiva participación; concluyendo con Declaración redactada por el politólogo Álvaro Villarraga Sarmiento* y la cual fue aprobada.

Actividades como la realizada, acudiendo a la tecnología y superando el aislamiento por el Covid-19, reviven el sentimiento de búsqueda del fin del conflicto armado interno en Colombia, con saludable exposición de la actitud política del insurgente Ejército de Liberación Nacional de Colombia (ELN) ante el llamado del Secretario General de la ONU, Antonio Gutiérrez y el Papa Francisco, de un cese al fuego de los conflictos armados en el mundo, ante el grave impacto global de la pandemia para los pueblos.

Personalmente coincido con la idea y sentimientos expresados en la aludida Declaración.

No obstante, existen aspectos relevantes, que en tratándose de un planteamiento para la búsqueda alternativa de solución de conflictos, entre los cuales es avezado el Dr. Villarraga S, desdicen del factor de igual a igual nivel, de los contrarios en confrontación, que aspiran a la búsqueda de solución. Afirma la Declaración … que el gobierno de Duque ha hecho exigencias humanitarias validas tales como: que esta guerrilla deje de secuestrar y libere a todos los secuestrados… se abstenga de reclutar niños y niñas y no coloque en riesgo a la población civil con la siembra de minas antipersonal. Luego aclara: pero que la exigencia adicional de “cesar todas las actividades delictivas” no son coherentes; como quiera que son una organización levantada en armas…contra el Estado; para concluir: que esto sería motivo de la negociación…

En lo anterior radica el meollo de la cuestión. Avalar a un desprestigiado titular de gobierno, tanto nacional como internacionalmente, asomo de validez en la preocupación y defensa de los Derechos Humanos, resulta inadmisible. La exigencia unilateral del establecimiento oligárquico a la insurgencia del ELN, de dejar o abandonar la práctica del secuestro, constituye hacer eco de una muletilla de la dictadura mediática, para confundir el entorno de una salida negociadora. El planteamiento insurgente, en torno al secuestro, es su parangón de fuerza beligerante, sustentando que al igual que el Estado contradictor tiene presos políticos, ellos tienen retenidos. Esto no es gratuito y va acorde con el Derecho Internacional (DI) y el Derecho Internacional de los Derechos Humanos (DIDH), que no califica el secuestro, individual, como un delito de lesa humanidad y reserva esa calificación para la toma de rehenes. De otro lado, muy lejos de ser válido que el ELN deje de reclutar niños y niñas. En innumerables documentos ha sido clara la insurgencia del ELN que ellos no “reclutan”. Parten del presupuesto de la preparación ideológica del insurgente y quien se alista lo hace voluntariamente. Sostienen en sus documentos, entrevista y proclamas, que a sus filas no llegan menores de 17 años. La edad mínima de reclutamiento prevista en el DIHU es de 16 años. Si de niñez se trata el Código Civil (CC) colombiano, alude a infantes, antes de 7 años de edad y niños (as) de 7 años de edad. En entrevistas, comandantes del ELN han explicado, hasta la saciedad, que situaciones particulares en medio de la confrontación ha hecho que recojan huérfanos o niños (as) abandonados. Que les dan un trato especial, conforme a los Estatutos de su organización. No puede ser avalado ese argumento gubernamental aludido en la Declaración, máxime cuando desconoce que el ELN recientemente ha liberado a una menor de 14 años en Arauca, que tenía en su poder, demostrando que estaba incurso en sus campamentos por haber sido utilizada por el ejército colombiano, para hacer inteligencia en las filas rebeldes. Además, con alusión a las Minas Antipersonal sembradas. Cierto, que no solo la insurgencia las utiliza. Existen denuncias de peso- que la Declaración desconoce- que el ejército también siembra minas antipersonales, que se dirigen a personas para que no transiten sobre ciertas zonas territoriales, que son precisamente sobre las que no tiene control el Estado colombiano, en desarrollo de la guerra sucia imperante en Colombia. La costumbre, siendo lo consuetudinario la principal Fuente de Derecho del DIH, no descalifica el uso de “armas primitivas”, “hechizas”, que son las que utilizan los insurgentes, como pueblo en armas. Esto es serio, de quilates, para que, en una Declaración de tanta valía e importancia en influencia en lo perseguido a alcanzar, pueda así gratuitamente dejarse, sin aclaración valida.

Ahora bien, en cuanto a que la exigencia adicional de “cesar todas las actividades delictivas” no son coherentes; como quiera que son una organización levantada en armas…contra el Estado; para concluir: que esto sería motivo de la negociación… Al respecto, agregar: No deja de ser esto un lenguaje pre romance, infortunadamente utilizado en la Declaración aludida. Sin descorrer el velo no se podrá llegar a un presupuesto confiable en el alistamiento de una Mesa de Negociaciones entre el Gobierno colombiano y el ELN. Las negociaciones con las antiguas Farc fueron de imperativos categóricos. A juzgar por los enunciados eso no va a suceder con el E.L.N.

No motiva la Declaración aludida sobre los 15 puntos que le presenta la organización insurgente al gobierno colombiano. En modo alguno son condicionamientos, puesto que precedieron a aclarar “el Cese es activo, porque nos reservamos el derecho a defendernos, ante los ataques que adelantan las fuerzas estatales, integradas por tropas regulares, paramilitares y bandas del narcotráfico”.

Tampoco toma en cuenta, la Declaración, las manifestaciones previas del Negociador Pablo Beltrán (Israel Ramírez Pineda), desde La Habana, para quien «El Gobierno es especialista en pedir, nunca se les ocurrió ofrecer nada» y desconoce la designación a Francisco Galán y Felipe Torres como Gestores de Paz, agregando: “nosotros no vamos a ver bien que ahora el Gobierno los nombre como su canal con el ELN». Como pasar por alto en la Declaración que no perteneciendo ellos actualmente al ELN no tienen juego político alguno.

Siendo que la decisión unilateral de cese al fuego por parte del ELN es un acto humanitario, la Declaración insta e insiste: “El ELN debe asumir las obligaciones humanitarias que le asisten, que implican cesar todo ataque contra la población civil y conductas que configuren al derecho humanitario”. Esta es una acusación que merece el derecho de réplica. En tanto, no insta la Declaración, en comento, al presidente Duque. Le recomienda, a buen augurio: “El presidente Duque tiene la responsabilidad histórica de retomar el proceso de paz que falta para hacer posible la “paz completa”, conseguir el cierre definitivo de la guerra interna y avanzar en la superación de la problemática situación en derechos humano y humanitaria”.

Por último, la Declaración pasa por alto que el ELN propone retomar las Conversaciones que están rotas desde enero de 2019, “convocamos al Gobierno de Duque, a reunirse con nuestra Delegación de Diálogos presente en La Habana, para concertar un Cese el Fuego Bilateral y Temporal”

Pareciere entonces que no se valorara el paso dado por el ELN, que pese a todo desconocimiento continúa insistiendo y mantiene a los Delegados en La Habana. Esto por cuanto aparenta no destacar la importancia que sea el gobierno al que le corresponde acoger similares iniciativas.

Así las cosas, planteadas, resulta difícil tener que aceptar que los diálogos de paz entre el Gobierno y la guerrilla del ELN, no están a la vuelta de la esquina.

Pero no desfallezcamos que son años los llevados y acostumbrados a estos sin sabores de la política nacional.

* “Estamos seguros de que ha llegado, una vez más, el momento de hacer de la paz un propósito nacional” Álvaro Villarraga Sarmiento, director de la Fundación Cultura Democrática e investigador del Centro Nacional de Memoria Histórica, antes de la actual administración de sesgo militarista.

Cese-al-fuego-y-compromisos-humanitarios-facilitan-recuperar-proceso-de-paz-con-ELNDescarga

RESEÑA A LOS 90 AÑOS DE FALLECIMENTO DE MARIATEGUI

José Carlos Mariátegui, el Amauta de América. Peruano, nació en 1894 y falleció el 16 de abril de 1930. Amauta, órgano que Mariátegui había fundado en 1926, anunció “El proletariado acaba de perder a uno de sus mejores guías, uno de sus más calificados portavoces […] Muere en su fe materialista. Muere encarecidamente perseguido como todo militante leal a la causa de la emancipación del proletariado […] Mariátegui, su memoria, su vida, su obra, pertenecen al proletariado. El reivindica para sí esta herencia. Sabrá defenderla de toda mitificación interesada, sabrá elevarla con el valor digno del hombre y del maestro […] Su vida es nuestro ejemplo, su obra, una inquebrantable afirmación, su cadáver, una protesta”.

La revista Amauta resumía el ideario socialista del marxista latinoamericano, agregada a la tradición y visión cosmogénica del indígena latinoamericano. No erigió la figura del indígena en el estudio económico-social, sino en el entorno de la lucha de clases; en el conjunto de contradicciones capitalistas de concentración latifundista y despojo bárbara de tierras. Con esa revista desempeño una labor pedagógica, aunada a reflexiones sobre el arte, la política y la tradición indígena latinoamericana. Abogó el compromiso de los sectores, magisteriales, intelectuales, para la construcción del porvenir de las naciones, bajo la indoblegable égida de la ideología del proletariado. Mariátegui jamás concibió el emplazamiento de su concepción de ser la clase obrera el motor de y para la revolución socialista.

José Carlos Mariátegui, jamás desplazo o relegó la función de conducción de ideología de la clase obrera y emplazo el papel de las demás clases sociales en el rol común de construcción hacia los programas socialistas en Latinoamericana. Concibió la formación y la disciplina socialistas como una mística. Estos dos presupuestos lo erigen como el pensador del Socialismo del Siglo XXI y/o socialismo latinoamericano, bolivariano y en el fundamento de la Teología de la Liberación en el impulso del Hombre Nuevo.

Y después del Covid 19, ¿cuál es el camino y las tareas? No del gobierno, sino en principio de los ciudadanos conscientes y organizados

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Jorge Hernández V.

Contexto

Este período de enfrentamiento a la pandemia del Covid-19 nos ha revelado muchas verdades. Hemos tomado conciencia de que tenemos un sistema económico basado en la explotación de las masas, la acumulación de recursos, riqueza y la degradación del ambiente. Se han desnudado las limitaciones del modelo capitalista neoliberal de mercado que se desarrolla sobre las bases de la extracción, de la desregulación, la privatización y la fuerte contracción de los servicios sociales del Estado. Además, la etapa actual del capitalismo se caracteriza por la eliminación de los derechos de los trabajadores y el auge de multimillonarias corporaciones, empresas nacionales y transnacionales con un enorme poder de cabildeo e influencias políticas. Ese es el mismo modelo que azota nuestro país. Aquí esas empresas y corporaciones quieren mantener su presión sobre el Estado Costarricense para promover legislación y un camino de desarrollo conveniente a sus intereses y prioridades. Los ejemplos más recientes de este tipo de acciones en legislación y en el dictado de un camino son el plan fiscal, la ley anti huelgas, la legislación para despedir empleados, terminar contratos laborales y reducir jornadas, iniciativas todas recientemente aprobadas. También se elaboran planes de rescate que significan una enorme transferencia de riqueza y poder a los ricos de parte del resto de la población (mantener altas tasas en las tarjetas de crédito, condonar deudas con la CCSS). Todo esto ocurre bajo la excusa de que se está ayudando a la población ante la pandemia.

Las fuerzas del mercado y la propaganda no han podido enfrentar esta crisis a ningún nivel ni en ningún país. La verdad es que las instituciones públicas que creamos como país, antes de que se implantara el modelo neoliberal, son las instituciones que hoy nos han permitido palear la crisis de salud y servirán para enfrentar la crisis económica que se nos viene. En primer lugar la emergencia la hemos tenido que enfrentar esencialmente con fondos públicos y con dinero de los trabajadores. También encontramos al frente de esta lucha a instituciones públicas que esas corporaciones, el sector financiero y empresas privadas han tratado de debilitar y destruir durante varias décadas. Entre esas tenemos el ICE que ha colaborado de manera importante en transformar una estructura existente en la CCSS en un hospital especial para pacientes del Covid-19. También ha fortalecido y ampliado las comunicaciones y los servicios digitales para un más eficiente manejo de la crisis, incluyendo la ampliación de cobertura y comunicación en zonas indígenas. La CCSS y el MS son otras dos instituciones públicas que han eficientemente tomado el control de toda la emergencia de salud, con una organización, una infraestructura y un personal de alto nivel. La primera se ha encargado de coordinar todo el plan de trabajo y la segunda ha tomado en mayor medida el manejo de los pacientes y del seguimiento de los infectados. Sobre estas dos instituciones ha caído buena parte del trabajo generado por la pandemia. Otras instituciones como el CNP y la FANAL han trabajado con eficiencia en la fabricación y distribución de insumos de tipo médico. También en la promoción de la producción y distribución de alimentos. Las instituciones de educación superior (TEC, UCR, UNA) se han incorporado al trabajo con el diseño y fabricación implementos médicos y medicamentos para el autoabastecimiento de los mismos. El INA incentiva y produce alimentos para las instituciones de bien social. La CNE ha trabajado enormemente en la logística de las ayudas a todo nivel. Todo esto nos lleva a entender que las instituciones que han sido., aún hasta el día de hoy, atacadas por esas fuerzas neoliberales, son las que se han convertido en esenciales para hacer frente a la situación y darle respuesta a las necesidades primarias de los seres humanos que vivimos en este país.

Con este panorama claro y habiendo constatado día a día el trabajo de estas instituciones, los trabajadores y organizaciones sociales de este país tenemos un enorme desafío. A pesar de las amenazas, de la ley anti-huelgas, de la situación precaria, el pueblo en general debe decidirse a protestar contra el abuso de los empresarios de Uccaep, el capital financiero y contra las televisoras (canal 7), periódicos (La Nación) y las radioemisoras que los respaldan. Protestar desde su casa, su whatsapp, su acera, su calle, su vecindario, su pueblo, su cantón o su ciudad. Hay que exigir que se escuche al pueblo y que se atiendan nuestras propuestas y el camino que queremos. De esta crisis debemos volver no a lo mismo de antes, debemos volver a ser mejores, menos egoístas, más solidarios, más propositivos, más conscientes, más politizados y más proactivos para cambiar el modelo de Estado Neoliberal y rescatar de una vez por todas lo más valioso del Estado Social de Derecho.

El camino

Tenemos que imaginarnos un mundo y un país diferente. Los ciudadanos debemos, a partir de las lecciones aprendidas, orientar nuestras acciones y nuestra ahora exigida participación política para promover nueva legislación, nuevas acciones y el trazado de un nuevo camino para la sociedad costarricense. Debemos buscar una sociedad menos rica en dinero y posesiones para unos pocos, pero más rica en salud, educación, solidaridad, en soberanía, equidad, igualdad y paz para todos. Ya sabemos que eso es lo realmente importante. Para iniciar este nuevo camino debemos en primer lugar sacar a la mediocracia de nuestros empresarios, de los poderes ejecutivo, legislativo y hasta judicial (1-Deneault). El mediocre representa el promedio, ajustado a un estándar social, un conformado. Este es el distintivo de nuestro sistema social actual en donde el individuo debe ser promedio, ni muy incompetente como para ser disfuncional, ni tan competente como para llegar a tener una buena conciencia crítica. Aquí la invasión de las normas empresariales destruye a los individuos y los somete al sistema. Esta mediocridad reina en el personal de las empresas neoliberales así como en los niveles de autoridad de los poderes de la república. La mediocracia desmantela la soberanía del Estado a favor de las corporaciones multinacionales (1-Deneault).

No debemos tener un Estado reverente ante instituciones como el FMI y el BM, no podemos seguir con sus recetas de estabilización económica, pérdidas crecientes de empleos y menos gasto social, liberalización comercial unilateral, monocultivo, extractivismo y destrucción del Estado con la privatización de bienes públicos como la salud, la educación, la seguridad social y de vivienda y la inseguridad alimentaria, la destrucción de las recursos naturales, autoritarismo, corrupción y sobreendeudamiento (2-Cepal).

Para dirigir el Estado que necesitamos es hora de que los ciudadanos exijamos en los puestos de autoridad y liderazgo a las personas más competentes y mejor preparadas para esas tareas, y emprender un nuevo camino orientado al bien de la colectividad. Por esto y para esto necesitamos, no un Estado de mediocres y debilitado, como quieren los neoliberales cobijados en UCCAEP, sino un Estado fuerte, con poderes, y orientado a trabajar por esa colectividad, un Estado que tenga como centro de nuestro esfuerzo colectivo el ser humano y no el enriquecimiento de unos pocos. Esto lo tenemos que exigir a toda costa.

Los ricos y los poderosos en este país posiblemente se resistan a perder sus privilegios y todo lo que el neoliberalismo les ha dado, pero evidentemente sus opciones de mantener esos privilegios se han reducido sustancialmente, y se acoplan a la nueva etapa con dignidad e inteligencia o deberán forzadamente verse involucrados en fuertes enfrentamientos sociales a los que no quisiéramos tener que llegar.

Las tareas

Y hacia donde nos debemos dirigir. Lo que sigue es un esbozo de las muchas áreas y tareas a las que tenemos que abocarnos y que la ciudadanía consciente debe apoyar. Por ahora el gobierno intenta poner la carga de la crisis económica en el sector público y en soslayar conquistas sociales y económicas de muchos años. Los protegidos de UCCAEP saben que si no le cargan toda la factura al empleo público y a la reducción del gasto público (lo que ha hecho el gobierno hasta hoy) tendrán que pagar impuestos y contribuciones adicionales. Pero dinero para la enfrentar la crisis existe en muchos otros estratos como veremos más adelante, así como propuestas innovadoras.

Este nuevo camino y este Estado necesario, que los ciudadanos debemos ahora exigir desde cualquier trinchera, debe desarrollarse en diferentes frentes y en temáticas que profesionales dignos y muy competentes, en el sentido de Deneault, ya han propuesto a la comunidad nacional. Intentamos aquí ser congruentes con la idea de abolir la mediocracia de los empresarios y del Estado. Esbozamos a continuación esas propuestas que la ciudadanía debe exigir para establecer el nuevo camino según lo proponen esos competentes y dignos profesionales costarricenses.

Sistema de salud pública

El sistema de salud pública (Ministerio de Salud y CCSS) debe fortalecerse aún más. Será necesario iniciar un camino firme para lograr cerrar la evasión de pagos a esa seguridad social y continuar en la vía de disminuir y acabar con la morosidad. Organizaciones sociales como FRENASS (Frente Nacional de Defensa de la Seguridad Social) deben recibir el apoyo de todos los costarricenses. Debemos todos juntos frenar cualquier intento de privatización de los servicios de salud.

Privatizaciones y seguridad social

Las privatizaciones de lo público y lo estatal deben detenerse de inmediato. Instituciones claves no pueden ser privatizadas bajo ningún criterio (MS, CCSS, CNP, FANAL, RECOPE, JAPDEVA, MEP, universidades públicas, fuerza pública, investigación primaria, el transporte público, las ferias del agricultor). Debemos, además rediseñar y hacer más eficientes instituciones encargadas de redistribución de la riqueza, y de la promoción social (IMAS, PANI; INAMU, INDER; DINADECO, RECOPE).

Deuda política

La deuda política para el 2018 fue de 25.000 millones de colones. Se propone reducir en un 66% la deuda política para redestinar esa enorme cantidad de dinero en parte a la emergencia inmediata, pero también a otras acciones como el mejor resguardo de fronteras y de mares y otras prioridades de seguridad nacional (3-Barahona).

Economía

– Zonas francas y exoneraciones

Se ha indicado que el beneficio neto de las zonas francas fue de 3.179 millones de dólares anuales (2011 a 2015) que es cerca del 6% del PIB, y sobre eso NO PAGAN impuesto de renta, y desde Julio del 2019 tampoco pagan IVA. Se sugiere que un impuesto de 9% para las zonas francas -que parece inclusive ha sido recomendado por el OCDE Y el FMI-pondría buen dinero a disposición de las instituciones encargadas de la crisis, cerca de 286 millones de dólares (4-Ordoñez).

– Sistema financiero

Evidentemente tenemos una enorme necesidad de regular el sistema financiero para que los costarricenses no sigamos regalando los frutos del trabajo a los banqueros usureros. Nuevamente se indica de parte de profesionales del país que pongamos coto, para proteger a la población y la riqueza que generan los trabajadores, a las tasas de usura de las tarjetas de crédito, A octubre del 2019 los ticos le adeudan a los bancos y banqueros 1.4 billones de colones o sea un 4.51% del PIB. Es casi una obligación moral ponerle un impuesto de solidaridad a estos entes bancarios. Solo una baja al 38% en las tasas permitiría a los ciudadanos no endeudarse más y contar con 10.000 millones de colones mensuales para sobrevivir a esta crisis (4. Ordoñez)

Otros profesionales muy competentes del país han dado su aporte en el tema económico. En esas propuestas se dejan de lado los planteamientos de la ortodoxia económica, los cuales permanecen atrapados dentro de las redes de sus conocidos prejuicios ideológicos. Los planteamientos de la UCCAEP y sectores afines, sumamente cercanos a los de esa ortodoxia, no son considerados, dado el carácter estrechamente gremialista, el tono ideologizado y el énfasis negativo que les caracteriza. (5-Vargas). Se presentan propuestas con un tono innovador y constructivo, y que asumen una perspectiva amplia.

La economía local

Vargas sugiere un gran esfuerzo nacional y estatal para reducir al mínimo los efectos económicos de la crisis (preservar los empleos, apoyar de forma especial a las micro, pequeñas y medianas empresas, a la economía social y solidaria, con apoyo a las personas pobres y más vulnerables, y a quienes se quedan sin empleo. Ese esfuerzo implica:

– elaborar con rapidez un programa de recuperación de la economía y el empleo

-También se propone crear un Fondo Nacional de Solidaridad Social para atender y aliviar los efectos sociales y humanos del desplome de la economía. Para esto se pide: aprovechar la baja de precio de los hidrocarburos trasladando esos dineros al fondo de solidaridad, unos 7000 millones mensuales. Adicionalmente se propone un recargo temporal solidario (gradual y progresivo), un impuesto sobre la renta a ingresos del trabajo como a ganancias de capital, impuesto a casas de lujo y automotores (se estima en 20 000 millones anuales). Además, se incluye el programa proteger al que irían los dineros indicados en los puntos anteriores. (5-Vargas).

A nivel internacional se propone de manera agresiva acceder a diversos organismos internacionales con financiamiento en condiciones muy favorables, así como el postergar pagos de la deuda externa, todo esto para auxiliar a las personas y mantener estabilidad cambiaria. Igualmente se podría postergar el pago de intereses de la deuda interna. (5-Vargas)

Pago de intereses y ahorro

Se propone la intervención del Banco Central en los mercados secundarios de la deuda pública para reducir las tasas de interés de los bonos del gobierno y liberar recursos para aliviar la situación fiscal y financiar tareas más urgentes. Reducir las tasas en 3 o 4 puntos significaría un ahorro de cerca de 600 mil millones de colones al año. (5-Vargas)

Producción de alimentos

Para eliminar el maltrato constante y mal intencionado contra el productor nacional, Vargas plantea que en este momento de crisis es impostergable el poder contar con alimentos sin depender tanto de los mercados extranjeros. Este apoyo estaría reforzado por un CNP orientado a comprar y redistribuir parte de esa producción nacional. Parte de los recursos financieros que se logren en el extranjero se destinarían a crear un fondo de subsidios (se sugiere unos 50 mil millones de colones) a pequeños productores para promover la producción alimenticia, así como promover la producción de alimentos básicos, agrícolas, pecuarios y de mar. Esto requeriría readecuar deudas de los productores, garantizar canales de comercialización de productores a consumidores, sin los distorsionantes intermediarios, garantizar el acceso a los insumos requeridos para el normal desenvolvimiento de la producción, y finalmente que el Estado garantice la compra directa, por medio del Consejo Nacional de la Producción. Una parte de la producción (podría ser alrededor de un 20%), se entregará como subsidio alimentario a las familias más pobres. (5. Vargas)

También se incluye en las propuestas de nuestros competentes profesionales un Programa de recuperación económica que implica un:

Compromiso patriótico: acordar un ambicioso programa de recuperación económica para recuperar la economía y el empleo,

Fondos externos: de los recursos provenientes de fuentes de financiamiento externo a las que se pueda recurrir, más los fondos ya disponibles (incluidos los $1.500 millones obtenidos mediante la emisión de eurobonos) y una vez cubiertas las necesidades perentorias, se reservarán los recursos posibles para financiar un amplio programa de inversión pública (4-5% como proporción del PIB).

Acuerdo nacional: en la ejecución de obra pública, se debe avanzar en un gran acuerdo nacional, que permita simplificar al máximo los procesos y trámites, incluyendo un compromiso explícito, tanto por parte del sector público como del privado, para no interponer obstáculos a esos procesos.

Prioridades: se priorizarán proyectos de fácil ejecución que generen muchos empleos y que de manera explícita procuren incorporar a las mujeres y favorecer las regiones más empobrecidas y rezagadas del país. Por ejemplo, para la reparación, ampliación y mejora de centros educativos; clínicas y dispensarios de salud; reparación de calles, carreteras, aceras, puentes, parques y espacios públicos, entre otras posibilidades (5. Vargas).

A largos plazos: tener un amplio programa para relanzar la infraestructura y la productividad, con prioridades en áreas como: energías alternativas; acueductos; transporte público; tratamiento de aguas residuales y recuperación de ríos contaminados; fibra óptica; un programa nacional de vivienda que, mediante avales y subsidios, le dé acceso a casa propia a familias cuyos ingresos se ubiquen por debajo del percentil 70; laboratorios de investigación en universidades públicas, comprometidos con la generación de conocimiento y tecnologías que favorezcan a micro y pequeñas empresas, cooperativas, emprendimientos sociales y solidarios y, en general, empresas de capital nacional. (5. Vargas)

La estructura de impuestos y la situación fiscal

Si realmente existe el propósito de que el reparto sea justo y equitativo, para ello debemos recurrir a un esquema progresivo de impuestos y subsidios, mediante un recargo temporal a algunos impuestos, y, quizá, la aplicación transitoria de otros tributos actualmente inexistentes. Que los recargos tributarios sean progresivos significa una cosa: lo pagarán quienes puedan pagarlos, y pagarán más quienes más capacidad de pago tengan, sin hacer ningún distingo entre lo público y lo privado. Se enfatizarán los ingresos, rentas y patrimonios personales y familiares, y solo accesoriamente la actividad empresarial. (6. Vargas)

Además, dentro de una reforma tributaria progresiva que alimente un Fondo Nacional Solidario y algunas otras necesidades urgentes debemos incluir:

– Recargo progresivo a los salarios netos suficientemente elevados, tanto en el sector público como en el privado. Podría ensayarse una escala progresiva de este tipo: 5% por encima de ₡1,5 millones mensuales; 10% por encima de ₡2,5 millones; 15% por encima de ₡5,0 millones; 20% por encima de ₡6,0 millones; 25% por encima de ₡10,0 millones.

– Recargo del 10% en el impuesto sobre la renta a empresas grandes (el cual, lo pagarán solo las empresas que tengan ganancias.

– Recargo progresivo al impuesto sobre rentas y ganancias de capital. Podrían establecerse cuotas marginales en el orden del 20, 25 y 30%, para montos lo suficientemente elevados, de modo que los pequeños ahorristas y propietarios queden protegidos.

– Incremento de un 50% en los impuestos de consumo sobre bebidas alcohólicas, cigarrillos, perfumes importados, u otras formas de consumo suntuoso o prescindible.

– Incremento temporal, durante el año 2020, del impuesto sobre autos de lujo, o cualquier otro tipo de vehículo de transporte (yates, helicópteros, etc.) de tipo suntuario. Podría ensayarse una escala de este tipo: 5% por encima de ₡10 millones; 7,5% por encima de ₡20 millones; 10% por encima de ₡50 millones.

– Incremento temporal, durante 2020, del impuesto sobre casas de lujo. Por ejemplo: un incremento del 50% en todas las tasas actualmente vigentes de este impuesto, para casas cuyo valor exceda de ₡1.978 millones de colones, cuya tasa hoy día es del 0,55%, pagarían un 0,825%).

– Impuesto del 0,5% sobre cualquier transacción en divisas (a fin de desestimular la exportación de capitales). (5. Vargas).

Energía

El bajo precio del petróleo no debe ilusionarnos. Hay que reemplazarlo como combustible y paulatinamente pasar a los vehículos eléctricos y de otras energías alternativas. El cambio debe impulsar el transporte público, importar buses eléctricos o de energías alternativas y si las empresas privadas, no pueden o no quieren, las rutas se pueden concesionar a cooperativas o gobiernos locales. También hay que recordar que el asfalto es derivado del petróleo, de tal manera que podríamos nacionalizar el cemento para construir calles y carreteras de cemento generando trabajo y desarrollo local.

ICE

Es imperante fortalecer al ICE en sus ámbitos de generación de energía y telecomunicaciones Es hora de liberarlo de las amarras de contratos leoninos que le obligan a comprar a las generadoras privadas a precios de capricho, sin necesidad. Debemos, además, permitirle que participe en la construcción de obras pública como en el caso de Cenare. La investigación en y la producción de energía renovable debe ser respaldada ampliamente.

¿Y Cómo organizar todo esto?

Dijimos en el inicio que todo lo propuesto debe ser apoyado desde la ciudadanía consciente y organizada, para obligar al gobierno. Es la ciudadanía organizada desde lo local, lo provincial y nacional la que debe exigir al gobierno sobre estas propuestas para reconstruir el país. La lucha del TLC y lucha contra el combo del ICE nos enseñó que debemos articular el tejido social, pero no al nivel de acuerdos de cúpulas de movimientos sociales (sindicales, ecologistas), sino articulando los movimientos desde las necesidades locales, buscando reunir la institucionalidad pública desde lo local sin depender de las élites políticas y económicas (7. Castro).

El gobierno tiene el deber de escucharnos, pero primero tiene la palabra el pueblo de Costa Rica.

  1. https://elcultural.com/alain-deneault-la-mediocracia-es-la-antesala-de-una-revolucion
  2. www.elpais.cr/2020/04/07 cepa-urge-nueva-lectura-de-la-crisis/
  3. www.larevista.cr/pablo-barahona-propuestas/
  4. www.informa-tico.com/31-03-2020/másimpuetos-salarios-grupos-exonerados-ganancias- banqueros-usura
  5. https://soñar-con-pies-en-la-tierra-blogspot.com Costa Rica: Apuntes para un Programa

 Económico urgente frente a la crisis del Covid.19.

  1. https://soñar-con-pies-en-la-tierra-blogspot.com Opciones frente a la Crisis Económica.
  2. https://www.larevista.cr/mauricio-castro-como-nos-repensamos-de-cara-a-un-bicentenario-que-nadie-imagino/

A estas propuestas podemos agregar contribuciones de otros profesionales dignos que sean diferentes a la línea de gobierno y fuera del paradigma neoliberal.

 

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