Ir al contenido principal

Costa Rica, futuro miembro número 38 de la OCDE: algunos apuntes

Nicolas Boeglin (*)

Este 15 de mayo del 2020, Costa Rica fue oficialmente invitada a convertirse en el Estado Miembro número 38 de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, más conocida por sus siglas OCDE: véase, entre muchas más nota de prensa del medio digital Informa-tico y esta nota del medio digital Delfino.cr. La lista de los 37 Estados que conforman la OCDE se encuentra en este enlace oficial de la OCDE.

El resultado de un largo recorrido iniciado años atrás

Cabe precisar que se trata de un proceso que fue iniciado (y fuertemente promovido) desde el 2012 por la entonces titular del Ministerio de Comercio Exterior (COMEX) de Costa Rica, Anabel González, y que se ha mantenido, desde entonces como una verdadera prioridad para las autoridades de Costa Rica.

Si bien este proceso ha involucrado a diversas entidades del Estado costarricense, ha sido liderado en todo momento por las autoridades de comercio exterior de forma ininterrumpida.

En su visita a Costa Rica en el 2013, el Presidente de Estados Unidos Barack Obama reiteró que Estados Unidos apoyaría todas las gestiones de Costa Rica para ingresar a dicha organización (véase nota de prensa de ElFinanciero).

Como bien se sabe, con relación a lo que se denomina oficialmente la «Parte I» del presupuesto anual de la OCDE, Estados Unidos contribuye a altura de 20,5 % del presupuesto anual de la OCDE, seguido por Japón (9,4%), Alemania (7,2%), Reino Unido (5,4%), Francia (5,2%) e Italia (4,0%), en relación al ejercicio correspondiente al año 2019 (véase desglose oficial del presupuesto 2019 de la OCDE). Con respecto a la denominada «Parte II«, no se da a conocer el desglose correspondiente, sino que la OCDE indica simplemente que:

«Part II budgets, meanwhile, cover programmes that are of interest to a limited number of members and are funded according to scales of contributions or other agreements among the participating countries«.

En una nota anterior sobre el funcionamiento particular de la OCDE, analizábamos también las implicaciones jurídicas que supone integrar una organización internacional tan particular para Costa Rica: véase nuestra breve nota titulada «Membresía de Costa Rica a la OCDE: breves datos sobre sus costos«.

En efecto, la pertenencia a la OCDE supone para un Estado proceder a diversas modificaciones en su legislación interna en ámbitos muy diversos. Este verdadero «poder» normativo de la OCDE, que no se compara con ninguna otra organización internacional, ha interesado desde hace ya muchos años a juristas: véase, por ejemplo, la monografía publicada en el 2014 por la SFDI (Société Française pour le Droit International) titulada precisamente «Le pouvoir normatif de l´OCDE» (véase volante).

Desde antes de ingresar a la OCDE, los Estados ya deben realizar cambios en su legislación: en esta nota de prensa de CRHoy del mismo 15 de mayo, se detallan las 13 modificaciones al marco normativo que tuvo Costa Rica que adoptar desde que inició las etapas previas a su ingreso a la OCDE (véase nota de prensa titulada «OCDE a la vista: ¿es más lo bueno que lo malo de ingresar al «club» «). Ello como parte de una agenda legislativa «prioritaria» dirigida a cumplir con diversas recomendaciones hechas a Costa Rica por la OCDE en muy diversos ámbitos, y liderada en Costa Rica por las autoridades de comercio exterior. Nótese que los dos convenios marítimos internacionales sobre responsabilidad por contaminación de hidrocarburos son instrumentos abiertos a la firma y a la ratificación de los Estados desde hace muchos años, Costa Rica incluida.

Cabe precisar que para finales del 2015 ya se estimaba en 2,4 millones de US$ los costos asumidos por Costa Rica con relación al proceso iniciado en el 2012 para su futuro ingreso a la OCDE (véase nota de El Financiero de julio del 2015). No se tiene actualizado el dato a mayo del 2020, lo cual sería de sumo interés conocer.

Después de varios años de reuniones con diversos comités técnicos de la OCDE (22 en total), y una intensa agenda legislativa llevada de manera paralela para reformar diversos aspectos del ordenamiento jurídico costarricense, Costa Rica fue formalmente invitada a integrar la OCDE. De hacerlo, lo haría después de México (que se integró en 1994), de Chile (2010) y de Colombia (2020): Estados de América Latina que, como bien se sabe, mantienen una activa política de atracción de inversiones extranjeras, de privatización de activos estatales y a la vez persistentes índices de pobreza, de desigualdad y de exclusión social, objetos de innumerables estudios en la región latinoamericana.

Posiblemente en razón del drástico giro político vivido en Brasil en mayo del 2016, desde el 2017 Brasil es el que, en América Latina, ha oficialmente iniciado el proceso de negociación con miras a su futura adhesión a la OCDE (véase nota oficial del Palacio del Itamaraty): para ello, puede contar con el decidido apoyo del actual ocupante de la Casa Blanca en Estados Unidos.

Foto extraída de nota de prensa titulada «Trump apoya a Brasil para que ingrese a la OCDE en lugar de la Argentina», Cronista, Edición del 15/01/2020

Más allá del interés que puedan tener algunos Estados en que la OCDE se expanda a otros Estados apoyando su candidatura, hay que recordar que la OCDE es una organización internacional: como es lo usual, los Estados Miembros deben aportar una contribución anual para su funcionamiento.

La particularidad del monto de la contribución anual a la OCDE

Un punto sobre el que poco se ha investigado guarda relación con la contribución que recibe anualmente la OCDE por parte de cada uno de sus Estados Miembros y su comparación con las contribuciones anuales a otras entidades internacionales: los montos contributivos anuales que aplica la OCDE distan mucho de las demás organizaciones internacionales, como lo veremos a continuación. En Costa Rica, se trata de una contribución cuyo monto exacto, después de 8 años de negociaciones, se mantiene desconocido.

En el caso de Colombia, este artículo publicado en el 2018 (Colombia ingresó oficialmente en el 2019) estimaba la membresía anual de Colombia a la OCDE en una suma equivalente a 4 millones de Euros anuales para Colombia (véase nota de prensa titulada: «Ingresar a la Ocde le valdría al país unos 4 millones de euros«). En el caso de Chile, un informe interno al que tuvo acceso la prensa revela que en el 2019 Chile contribuyó con 3,2 millones de US$ a la OCDE (véase nota de prensa de La Tercera). Finalmente, en el caso de México, una investigación interna de la Secretaría de Relaciones Exteriores en el 2009 reveló el monto de México a la OCDE: se trata de 6,6 millones de Euros que se reparten entre diversos rubros además de la contribución a la Parte I y II del presupuesto global de la OCDE (véase artículo publicado en el sitio Voltaire.net).

En una nota publicada este mismo 15 de mayo del 2020, se estima por parte de las autoridades que Costa Rica deberá pagar «alrededor de 2 o 3 millones de US$» anualmente a la OCDE (véase nota del Semanario Universidad): una aproximación, similar en su formulación, a otras aseveraciones dadas en el pasado sin que se precise un monto exacto. Es así como se leyó en agosto del 2019 por parte de las autoridades costarricenses de comercio exterior la siguiente respuesta a una pregunta:

«¿Ya saben ustedes cuánto es?

-No, pero es muy poquito. Es una cuota fija que entiendo yo es como de $1 millón por año más una cuota que depende del PIB, que se sabe hasta que ingresemos«(sic.)» (véase nota con la entrevista completa publicada por DiarioExtra).

Lo «muy poquito» (sic.) puesto en contexto

En la precitada nota que redactamos sobre Costa Rica y la OCDE, señalábamos que, por ejemplo, el monto pagado en el 2015 por Costa Rica a la Organización Internacional del Comercio (OMC) se elevaba a menos de 139.000 Francos Suizos, correspondientes al 0,071% del presupuesto de dicha organización; en el caso de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la contribución de Costa Rica para el 2018 se elevó a menos de 179.000 Francos Suizos, correspondientes a 0,047% de su presupuesto; en el caso del presupuesto ordinario anual de las Naciones Unidas, la contribución de Costa Rica para el 2019 prevista era de 1.728.700 US$.

En el ámbito hemisférico esta vez, para el 2019, la contribución de Costa Rica al fondo regular de la Organización de Estados Americanos (OEA) era de 218.500 US$.

A modo de conclusión

No se cuenta a la fecha con algún documento oficial, en Costa Rica, que sistematice las contribuciones anuales que aporta a las distintas organizaciones internacionales a las que pertenece (tal y como por ejemplo se presenta en este documento oficial del 2020, en el caso de Estados Unidos, con la contribución anual a la OCDE ubicable en el rubro número 121). Tampoco se dispone de un dato oficial como el reportado por la prensa chilena en el 2019, el cual desmenuza cómo se distribuyen los 49,6 millones de US$ que Chile anualmente reparte a 158 entidades internacionales (véase precitada nota de La Tercera).

El no tener aún claridad sobre el monto que deberá aportar Costa Rica al funcionamiento de la OCDE, después de concluir un proceso iniciado en el 2012, puede plantear algunas interrogantes muy válidas.

Nótese, para citar una organización internacional muy expuesta y extremadamente solicitada en este año 2020, que la contribución anual de Costa Rica a la Organización Mundial de la Salud (OMS) se estima a 150.000 US$ para el 2020 (véase tabla de contribuciones proyectadas): fue de un poco más de 112.000 US$ para el período anterior (véase documento oficial).

 

(*) Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica – UCR

Sea parte de SURCOS:
https://surcosdigital.com/suscribirse/

La robustez de nuestro sistema democrático

Manuel Hernández

En la última semana, en la medida que los países europeos levantan gradualmente las cuarentenas, las ciudadanías realizan manifestaciones de protesta contra las medidas impuestas por los gobiernos.

En Madrid, Zaragoza y otras ciudades de España, las y los ciudadanos han recuperado las calles, protestando contra la gestión de la crisis por el gobierno de coalición y exigen la destitución del número 1 del PSOE.

En varias ciudades de Suiza, entre ellas Basilea, Berna, Zurich, la ciudadanía manifestó su descontento contra tanta medida que ha limitado desproporcionadamente las libertades fundamentales.

En varias ciudades de Alemania, Sttugart, Múnich, Francfort se produjeron enfrentamientos con los cuerpos de policía y fueron detenidas cientos de personas.

Los trabajadores de hostelería protagonizaron protestas en Roma.

Las personas manifestaron su inconformidad con la gestión política y autoritaria de la crisis y reivindicaron sus libertades fundamentales de reunión, manifestación pública y protesta social.

En la “Suiza centroamericana”, en las tradicionales y asépticas conferencias de prensa, se ha publicitado un conjunto de medidas de regreso paulatino y escalonado a la actividad productiva, comercial e institucional.

La vuelta a nuestra normalidad, por lo visto, seguirá siendo igual, al mejor estilo del dejar hacer, dejar pasar.

Da lo mismo que más de 200.000 personas hayan perdido su empleo, sin que -a diferencia de otros países- se hayan contenido los despidos individuales o colectivos.

Da lo mismo que a más de 55.000 trabajadores se le hayan suspendido los contratos de trabajo, o que a más de 126.000 se les haya reducido sus jornadas, con la consecuente reducción proporcional hasta el 75% de sus salarios.

Da lo mismo que el sector agropecuario prácticamente haya sido confinado al abandono.

Tenemos no solo un sistema sanitario muy consolidado, por dicha, sino, además, una democracia muy robusta, inmune al Covid-19.

Nos decía el recién partido, tan solo hace dos días, pero no desaparecido, Julio Anguita:

“No me da miedo el ruido del poder.
Me da miedo el silencio del pueblo.”

Imagen: Euronews

El crepúsculo de las simples cosas

Lecturas esperanzadas y perspectivas críticas para un Sur en pandemia

Nelson Specchia

Con el pan al sol, la mesa tendida Cuando aún no habíamos terminado de sorprendernos de que ese fenómeno que veíamos en la otra costa del mundo había llegado a tocar las nuestras, José Emilio Ortega me envió a mi correo –con cierta anticipación a su masiva circulación- una copia de la compilación Sopa de Wuhan: una primera reacción de importantes intelectuales, todos ellos originarios o radicados en sociedades altamente desarrolladas del Norte, al embate pandémico global del Covid-19. La escueta línea del mensaje que acompañaba al archivo adjunto decía simplemente: “Deberíamos hacer algo como esto, pero desde el Sur”.

Pepe Ortega es una de esas personas necesarias, que están en el lugar indicado y en el momento preciso cuando la situación lo requiere. Con Ortega, de dilatada experiencia tanto en la gestión política como en las aulas académicas, hemos compartido en las últimas décadas una diversidad de proyectos -tanto internacionales, regionales como locales- como para tener la seguridad de que, si me convoca, es porque el problema y la ocasión realmente lo ameritan. Y así también fue en esta oportunidad: estaba acertado, necesitamos, imperiosamente, reflexionar y discutir sobre esta enorme erupción que ha venido a cuestionar las maneras en que hasta ahora habitábamos el mundo. Nos pusimos a la labor, y a cuatro manos fuimos bosquejando el conjunto de ideas, reflexiones, pensamientos y vivencias que el lector tiene ahora en sus manos. No es una sosegada labor evaluativa ex post, cuando todo haya pasado, sino una escritura al calor del momento, encabalgada sobre una realidad que trota y que salta, sin un rumbo claro, pero con la necesidad de contribuir al surgimiento de esa claridad.

Así inicia Nelson Specchia su introducción a este volumen con más de treinta textos, que el doctor Jaime García compartió con SURCOS.

Le invitamos a descargar el archivo con este libro El crepúsculo de las simples cosas, que, como dice el editor en su exposición, “este volumen apela a unos versos de Armando Tejada Gómez, que la voz de Chavela Vargas o Mercedes Sosa plantaron en la cultura popular, cantándolos por toda América: vivimos un momento crepuscular, en que las cosas simples, esas que conformaron nuestra historia y nuestro presente, parecen barridas por un viento de pestes y cambios. Pero ese mismo poema propone una esperanza: “Demórate aquí, en la luz mayor de este mediodía, / donde encontrarás, con el pan al sol, la mesa tendida.” Estas páginas son un intento de ofrecer algunas hogazas de pan, al sol -ojalá de nuevo mediodía”.

Con sus dos capítulos: Instituciones en su laberinto y Cuarentena en conflicto más la Introducción de Specchia, el material es fecundo para reflexionar y avizorar el futuro.

Compromiso del presidente: renovar el pacto social

Guillermo E. Zúñiga Chaves

Del discurso del Presidente de la República ante la Asamblea Legislativa voy a concentrarme en un solo punto, que considero es el compromiso fundamental que asumió ante la ciudadanía: su palabra para renovar el Pacto Social y robustecer el Estado Social de Derecho. Visión correcta: la reconstrucción nacional será de tal magnitud, que exigirá el compromiso de todos y el sacrificio compartido.

Lo cito: “Quienes hoy vivimos en este país y tomamos decisiones, estaremos a la altura de las circunstancias en la medida en que reconozcamos nuestra pluralidad, nuestra multiplicidad de representación y que logremos superar la crisis emanada de la pandemia, al mismo tiempo que renovamos nuestro pacto social y modernizamos el Estado Social de Derecho. A esa tarea debemos abocarnos a trabajar en unión.” (4 de mayo de 2020)

Reconoce que ante estos desafíos nacionales debemos tomar en cuenta al menos:

a-   Renovar el Pacto Social. Éste marcará el derrotero hacia el desarrollo nacional, incluyente, progresista, modernizante.

b-   Defender del Estado Social de Derecho, modernizándolo. Y, sobre todo, robusteciéndolo.

c-    Incluir la pluralidad que conforma nuestra Nación: distintos enfoques, distintas propuestas, distintas realidades.

En consecuencia, la representación en el proceso debe ser múltiple. El país no le pertenece a un solo grupo; la visión que surja deberá ser diversa e incluyente.

Una convocatoria de esta magnitud no puede pasar inadvertida, ni quedar solo en el papel. Mientras se van atendiendo los problemas de corto plazo, el Presidente debe tener a su equipo sobre la mesa de trabajo, dibujando las pautas de este proceso, de esta convocatoria nacional.

En este momento, día a día, el Ejecutivo, la Asamblea, los bancos, los empresarios, los trabajadores, todos los estamentos sociales van tomando decisiones. Esto dejará en su momento unas cuentas en el balance que habrá que cuantificar en detalle, y habrá que empezar a saldar.

Ese balance reflejará caída y destrucción de riqueza y producción, mayor desempleo, aumento en el subempleo, desbalances regionales, ruptura de cadenas productivas, pobreza, marginación, eventualmente tensiones sociales nuevas. Enseñará, al mismo tiempo, nuevas oportunidades y fortalezas a desarrollar.

En esta ruta, es necesario conocer con claridad a qué se ha comprometido el Gobierno, con los bancos que están financiando sus necesidades de flujo de caja y, sobre todo, con el FMI.

En un principio, las autoridades dijeron que no había condicionamientos; después han ido dando otro tipo de señales. Desde decir que los documentos con el FMI son públicos, y que vayamos a estudiarlos, hasta la carta que dio el Ministro de Hacienda este miércoles donde aclara preguntas sobre los créditos, pero adelanta medidas sobre lo que llama “reformas estructurales”, que incluyen una ley de empleo público, una ley de venta de activos públicos y una ley de órganos desconcentrados, entre otras. Pero, ¡ojo!, precisamente, el nuevo pacto tendrá que definir cuáles son las reformas estructurales sobre las que refundaremos la República. ¡Que no se ponga la carreta delante de los bueyes!, pues el proceso puede arrancar deslegitimado.

La emergencia nacional no quita la necesidad de la comunicación oportuna y las propuestas económicas las han venido dando a cuenta gotas. Y debe ser claro que ese proceder no ayuda al clima para la renovación del Pacto Social. Que sea sólido, exige información clara y a tiempo.

EN CONCLUSIÓN: Articular todos los esfuerzos para impulsar el nuevo desarrollo exige tomarle la palabra al Presidente en su llamado. Sin mezquindades; sin cálculos políticos, con espíritu constructivo, reconociéndole que atinó en su propuesta.  ¡Manos a la obra! ¡Convoque cuanto antes D. Carlos!

Compartido con SURCOS por el autor. Publicado en su blog http://notasaltema.blogspot.com

El final del discurso del “libre mercado”, ceteris paribus – I parte

Marco Soto Umaña

Un abordaje de las diversas informaciones que pululan en la red, medios de información, organizaciones financieras, organizaciones internacionales, etc., abren un claro panorama de la situación actual y futura del sistema económico planetario existente y de la diversidad de formas en que política y económicamente se particulariza en cada nación, dado la diversidad de procesos históricos y proyectos de vida construidos.

El panorama no es muy positivo, se avecina una recesión de carácter global, que incidirá en cada país de manera diferente, dependiendo de sus características, de los procesos y contextos históricos particulares, de la aglutinación de fuerzas a lo interno, de la inserción al mercado global, ya sea de su total o parcial dependencia, del nivel de deterioro o destrucción del mercado y producción nacionales, causada por el modelo de desarrollo neoliberal, y por supuesto, del desarrollo de la institucionalidad propia, de cada país, es decir, el nivel de privatización, parcial o total logrado por los poderes fácticos nacionales.

Como mencioné, la incidencia de dicha recesión en cada sociedad en particular dependerá de una diversidad de factores, sin embargo, es previsible que economías que otrora fueran referentes de la ficción del “libre mercado”, de las famosas CONSTRUCCIONES elaboradas desde institutos como CATO para demostrar los logros de las “economías libres”, vayan cayendo como castillo de naipes.

Hace ya varios años, me avoqué a estudiar la realidad de Singapur, una economía netamente importadora de lo que consume y, cuestionaba en ese entonces, cómo sobreviviría Singapur en un contexto como el que se avecina, bueno, el momento llegó, esperamos, por el bien de todo un pueblo, que puedan sortear la crisis, sin llegar a, como lo vaticinaba en ese entonces, convertirse en un país fantasma.

El caso de Chile es interesante y preocupante, una economía totalmente privatizada, y peor, una institucionalidad totalmente desmantelada, con pocas capacidades de maniobra, y que ya se encontraba ante una situación de movilizaciones y protesta social, así como de represión sistemática.

En el caso particular de nuestro país, la situación, en principio, no es tan grave, partiendo de que los intereses y procesos privatizadores, no han logrado plasmar todo ese ideario en su totalidad, aún y a pesar de haber logrado, adelantándose a los acontecimientos, blindar las posibilidades en la toma de decisiones, que como ciudadanos tenemos con el instrumento del referéndum y la CRIMINALIZACIÓN DEL DERECHO A LA PROTESTA SOCIAL.

Repito, toda sociedad, depende en la coyuntura actual de sus propias capacidades y características internas, de las condiciones materiales, infraestructura, recurso humano, institucional, relativa capacidad auto alimentaria, etc., y Costa Rica reúne, considero, todas esas características, exceptuando, la social, esa base social con capacidad de EXIGIR cambios estructurales, esa aglutinación de fuerzas capaces de dirigir el barco hacia un puerto donde podamos embarcarnos todos y todas sin exclusión, y eso requiere un gran esfuerzo de construcción, dejando de lado posiciones extremas, parcelitas e intereses.

Hoy por hoy, la batuta la tienen los grandes intereses corporativos, los poderes fácticos, los que han construido la crisis, fueron llamados para arreglar lo que destruyeron, ahondando aún más el modelo, cargando sobre las espaldas del sector trabajador, público y privado, sobre los micro, pequeños y medianos empresarios, el peso de la crisis.

“Locura es hacer lo mismo una y otra vez esperando obtener resultados diferentes”.

¿Qué pasa con la legalidad en los territorios indígenas?

Miguel Sobrado

El derecho de las comunidades indígenas

En la década de los 50 se empezaron a alzar las voces para acabar con la invasión violenta de las tierras de los indígenas. Se tomaron entonces las primeras medidas legales de protección, pero esto fue solo en el papel. El despojo de las tierras y el maltrato continuaron, cohonestadas por las autoridades que dieron prioridad a los colonos sobre la población originaria. Yo fui testigo de estos atropellos, e incluso tengo una copia, que me facilitó un funcionario indignado por la falta de acción, de los planos realizados por el ITCO en 1971 en la zona de Buenos Aires donde se detallaba los terrenos ocupados por grandes terratenientes incluyendo extranjeros. Finalmente en 1976 se aprobó una ley donde si bien se reducía el tamaño de las reservas se definían los límites y se garantizaba la posesión inalienable para las comunidades indígenas, aunque estas tierras fueron inscritas a nombre del ITCO como garante, que después se transformaría en IDA.

Lamentablemente, esto se quedó de nuevo en el papel. El IDA, sucesor del ITCO, interesado en satisfacer las demandas partidarias empezó a repartir estas tierras entre las clientelas políticas, creándose así un verdadero pandemónium de violencia con asesinatos cada vez más frecuentes. Por una parte los campesinos llevados a esas tierras, unos por el IDA, y otros aprovechando la pasividad y tolerancia institucional, sienten que sus intereses, están siendo vulnerados. Por otra parte, los indígenas o población originaria ya organizados, reclaman con justa razón la legalidad y el derecho a la propiedad que les dan las leyes costarricenses. Sus reclamos de justicia no se limitan a las instancias nacionales, de las cuales esperan poco, sino que recurren cada vez con más fuerza a las vías de hecho y a las instancias internacionales para hacer valer sus derechos.

En mi criterio dada la deuda histórica con la población indígena y el desprecio y la connotación racista, de los abusos cometidos por las instituciones agrarias la Fiscal general debe proceder a enjuiciar, a los funcionarios que, a contrapelo del derecho de la propiedad y las leyes vigentes, distribuyeron tierras de las comunidades entre clientelas partidarias.

¿No es que estamos en un régimen de derecho que nos protege a todos? O es que la Ley se hizo solo para aplicarla a “los de poncho” como dicen en Ecuador.

Observatorio Ciudadano: bajo nivel de transparencia en información sobre bono Proteger

Comunicado

Lo referente al bono proteger está en la mira de cientos de miles de familias que han sido muy golpeadas económicamente y han esperado durante semanas para conocer sobre el resultado de las gestiones gubernamentales para entregar esa ayuda financiera.

Dado este interés público el Observatorio Ciudadano de Transparencia Fiscal, con el apoyo técnico de la Escuela de Administración Pública de la Universidad de Costa Rica, creó un Índice con 61 indicadores para medir si información pública relevante acerca de ese bono está o no disponible en las páginas web institucionales del IMAS, MTSS, CNE y en el sitio covid19.go.cr. Con el apoyo de La Red de Evaluación y Seguimiento de Costa Rica (RedEvalCR) se hizo la primera evaluación del índice.

Para esta evaluación no se tomaron en cuenta informaciones suministradas que no se hayan sujeto al criterio técnico seguido (información que no consta en esos sitios web oficiales o bien que se encuentren en video pero sin ser transcrita).

La primera medición se realizó con base en una verificación realizada el pasado 30 de abril de 2020 de la información disponible en las cuatro páginas web arriba indicadas, y dio como resultado una calificación de 29 de 100 puntos posibles.

En ese sentido, de los cinco grandes componentes que conforman la estructura del Índice, la información que ha estado más disponible es aquella relacionada con la normativa y documentación que rige el bono proteger, la cual obtiene 11.25 puntos de 20 posibles, faltando información sobre quién, cómo y porqué, se tomaron decisiones acerca de quienes debían ser los beneficiarios y los modos de pago.

Con cero puntos está la información sobre rendición de cuentas y lo relativo a la información presupuestaria sobre los fondos públicos concretos destinados y aplicados por el MTSS y el IMAS para pagarles a los beneficiarios este subsidio económico con un puntaje de 2.22 de 20 posibles.

La siguiente infografía ofrece un panorama general de la medición, mientras que para ver el detalle de cada componente recomendamos acceder a la infografía interactiva en línea a través del siguiente link: https://bit.ly/2Z6p1jr

Explicaciones del Gobierno

El Observatorio ha recibido algunas respuestas por parte del Gobierno, respecto a la información incluida en el Índice:

  1. En el oficio MTSS-DMT-OF-404-2020 de 28 de abril de 2020, la Ministra de Trabajo responde parcialmente y suministra alguna data gestionada por el Observatorio sobre los trabajadores afectados, pero ante las omisiones, el pasado 11 de mayo se le solicitó responder a los aspectos no atendidos, que tratan sobre estadísticas, actualización de la información, acceso a bases de datos, colocación de la información en el sitio web, entre otros.
  2. El oficio MC-GA-37-2020 de 8 de mayo de 2020 y su adjunto, en donde Geannina Sojo Navarro, Coordinadora de Gobierno Abierto se refiere al seguimiento de los asuntos tratados en una reunión sostenida el 7 de mayo de 2020, donde el Observatorio dio a conocer a representantes de gobierno los resultados del Índice y se creó una mesa de trabajo conjunto para incrementar la liberación y accesibilidad de la información sobre el bono proteger.
  3. En dicha reunión se nos esbozó el macroproceso a través del cual se está haciendo cruce de datos de las bases del TSE, SICERE, SINIRUBE, HACIENDA, SINPE Y DGME para efectos de cumplir con los requisitos determinados en la reglamentación emitida al respecto.
  4. También cabe resaltar que los funcionarios nos ayudaron a ubicar alguna de la información requerida en los sitios web oficiales, con lo que mejoraron la calificación general y que nos hicieron ver que alguna otra información que evalúa el índice fue liberada después de la fecha de corte de esta primera evaluación por lo que esos aspectos mejorarán para la próxima medición.

También se nos explicó que el sitio web covid19 es de reciente lanzamiento (9 de abril de 2020) y está todavía en construcción, así como que “hay que tener presente las diversas situaciones que conlleva la emergencia nacional por el Covid19 y el corto tiempo en el que se diseñó y puso en ejecución el Bono Proteger y que aún está en proceso de consolidación”.

¿Qué va a hacer el Observatorio?

Buscamos que toda la información contenida en el Índice sobre el Bono Proteger sea liberada por el Gobierno en el sitio covid19.go.cr, y por ello esperamos que para la segunda medición que se realizará el próximo viernes 29 de mayo de 2020 mucha más información sea puesta a disposición de la ciudadanía como legítimo derecho constitucional que le asiste.

El Índice no es un fin en sí mismo, sino que es un instrumento de monitoreo ciudadano para lograr un objetivo de acceso a la información útil para formar opinión pública con base en datos y evidencia, más allá de las meras percepciones.

De hecho el Observatorio junto con la Red de Evaluación y Seguimiento de Costa Rica (RedEvalCR) inició todo este proceso con un anteproyecto de evaluación de la gestión del gobierno en atención a la emergencia sanitaria.

Esperamos divulgar en los próximos días estos resultados en medios de comunicación social y redes sociales, para lograr el objetivo antes dicho, y no tener que recurrir a la vía del recurso de amparo para obtener la información pública relativa al bono proteger. Esta pandemia no debe ser una excusa para abandonar la trasparencia de los asuntos públicos. Emergencia y transparencia son compatibles.

También les invitamos a seguirnos por Facebook o nos pueden escribir al siguiente correo: observatorio.ciudadanotf@gmail.com

P/ Observatorio Ciudadano de Transparencia Fiscal: Amanda Isabel Ugalde Argüello, cédula 108640894

15 de mayo. La noche del agricultor

De “el día del agricultor” a “el día sin agricultores”

Dany Villalobos, Presidente FECON

En 1968 se declaraba por Ley el 15 de mayo como el “día del agricultor” en Costa Rica. Habían pasado entonces 25 años desde que el Estado asumió el impulso de la producción agrícola, primero con la creación en 1943 de la Junta Nacional de Abasto, que se instituyó para contrarrestar los efectos alimentarios de la 2ª Guerra Mundial y que se convertiría luego en el icónico Consejo Nacional de Producción (CNP).  

Pero el reconocimiento histórico de la importancia de los agricultores en la vida costarricense no tardó mucho para comenzar a opacarse. Un nuevo modelo de subdesarrollo se había vendido a los políticos criollos y en 1985 en la Asamblea Legislativa  aprobaban el primer Programa de Ajuste Estructural (PAE I), reduciéndoles a los agricultores costarricenses el espacio protagónico que tuvieron durante 42 años en la economía nacional.   

El PAE I dictaba que la producción de las tierras nacionales se inclinaría hacia la exportación, beneficiándose los nuevos cultivos con exoneraciones de impuestos, al mismo tiempo que iniciaba la desarticulación de las funciones regulatorias del Consejo Nacional de Producción (CNP), para asemejar los precios agrícolas domésticos con los precios internacionales.

Esto significó el inicio de la caída del campesinado costarricense. Pero también marcó el surgimiento de una nueva fuerza política de corte transnacional en nuestro país. Las oligarquías criollas ya manejaban los negocios del café, banano, carne y azúcar. Sólo le dieron espacio a nuevas industrias agroexportadoras y abrieron el país para que se le comprara a sus socios extranjeros en el agronegocio.

Esto provocó que en el año 2000 se organizaran fuertes protestas de diversos sectores agrícolas, por la crisis económica que les produjo la política de apertura agrícola. Algunos incluso perdían sus tierras por deudas. Varias carreteras del país fueron cerradas simultáneamente, pidiendo la prohibición de importaciones de cebolla, papa y frijol, así como reajustar las condiciones arancelarias para proteger a los productores locales.

Pero a pesar de las salidas negociadas para contener estos descontentos populares, la política de Estado ya estaba definida por la oligarquía. No había vuelta atrás y más bien, en esa década ya se iniciaban las negociaciones del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Centroamérica. El sector agrícola fue de los principales opositores, pero el 2007 sellaría la suerte económica de muchas familias que sobrevivían de la agricultura y tuvieron que ajustarse a cambios severos al perder rentabilidad sus tierras.

En el 2002, el sector arrocero se intentó acuerpar con la creación de la Corporación Arrocera Nacional (CONARROZ). Sin embargo, la gestión de esta entidad no ha sido capaz de soportar las necesidades económicas básicas de los pequeños productores arroceros, que se han ido quedando tirados en el camino mientras Estados Unidos y otros países suramericanos inundan los silos de los agroindustriales con arroz importado a bajos costos.

En setiembre del 2013 vuelven las protestas, esta vez de los productores de frijol, que reclamaban la imposibilidad de competir con los precios de importaciones que el país hacía, por el precio real al que necesitaban vender el quintal para poder recuperar los costos de producción y sobrevivir dignamente. La respuesta de la administración de Laura Chinchilla ante los bloqueos en Pérez Zeledón fue represión con su promesa de campaña: los cuerpos policiales. A la criminalización le sucedió del progresivo abandono y silencio con el tema.

De la agricultura familiar a los oligopolios

En 2020, el proceso acumula un panorama productivo decadente. Una dependencia alimentaria de importaciones que ronda el 70%[1], mientras los campos están plagados de monocultivos para exportación, tradicionales o no. El CNP gestiona el comercio de producción nacional en espacios limitados como ferias y comedores escolares. La agricultura local no encuentra asidero.

Mientras, los índices de desarrollo humano en los cantones agroexportadores del país, donde reinan la piña, el banano y la caña de azúcar, ocupan las posiciones más bajas en señal de que la economía está colapsada por el modelo de libre mercado, cuyas grandes empresas dominantes ofrecen a sus trabajadores salarios de pobreza perpetua y a sus territorios huéspedes contaminación a granel.

La concentración de tierras es una constante. En la industria piñera el 91% de la producción se concentra en sólo 100 de las 1200 unidades productivas[2]. En este tipo de agronegocio, los pequeños productores son los eslabones más vulnerables a perder sus cosechas cuando bajan las demandas y con deudas por inversiones, muchos llegan a perder su tierra. Las grandes transnacionales han aprovechan este tipo de situaciones para aumentar su patrimonio y capital adquiriendo propiedades en riesgo[3].

Sin duda hará falta que los agricultores y agricultoras vuelvan a levantar sus luchas contra el fraude del libre comercio y los encadenamientos oligopólicos. Que las organizaciones comunales exijan políticas de Estado favorables a la producción local de alimentos. Urge recuperar la dignidad económica de los campesinos y campesinas. Sin dar esta lucha, estaremos manteniendo un régimen permanente zozobra e irrespeto hacia derechos humanos básicos, como el trabajo digno y la alimentación adecuada, a cambio de sostener oligopolios mercantiles. Una contrariedad con el espíritu de honra al trabajo agrícola que se estableció el 15 de mayo.

[1] Henry Picado (2020). Comida y pandemia. Publicado en Surcos.

[2] Marco Vinicio Fournier (2020). Algunas precisiones sobre la situación del agro.

[3] Testimonios en La Gloria de Aguas Zarcas (2011).

Seguir viviendo/luchando en medio de esta pandemia

¿Por qué seguir viviendo/luchando en medio de esta pandemia?

Jorge Luis Hernández Cascante

Hoy es cierre de las 20 respuestas según los temas que me han sugerido (quizás alguno de ellos me lo enviaste).

Hay muchas más razones y qué bueno que tengamos mil razones para seguir viviendo luchando cada día.

Si lo consideras, ahí están todas las reflexiones que le he enviado, cada una con un tema o ángulo específico, para que las revises o retomes. (ver esquema).

Son a la vez una sola reflexión
y a ella traje y cité autores o textos de diversas latitudes y opiniones.

Dichosamente, con todo y lo egoísta, brutal y torpe; a la vez las personas somos poesía cariño y bondad.

Buen momento este de confinamiento, para intentar anular ese dios (en minúscula) del confort, la comodidad
y en su lugar asumir el Dios del: como-dí-dad.

En lo posible desde acá, siempre defendiendo la alegría, la esperanza, el agradecer, lo sencillo.

En mi caso y desde nuestra finquita acá acompaño.

No tenemos las respuestas porque este no es sistema de vida y más bien nos desalienta tanta desigualdad, intereses mezquinos en medio de la crisis, violencia y poder.

Quizás las respuestas anidan en el corazón tuyo, mío;
en el estudio y reflexión
en la sencillez a nuestro lado
o la mirada infantil.
En fin …
acá seguimos

Otros textos de esta serie de reflexión: https://bit.ly/2WgNjVW

Los repartidores a domicilio

Marlin Oscar Ávila Henríquez

Los repartidores de encomiendas (rapitenderos) como UBER Eats, Glovo, Rappi y otros, han ido creciendo numéricamente durante la pandemia de Covid-19, lo cual contribuye a paliar el desempleo.

Esta no es una actividad nueva, al contrario, es de hace un siglo o más. Desde la primera mitad del siglo XX, en toda Costa Rica, la leche, se repartía en botellas de vidrio a todas y cada una de las familias. Se les dejaba en la entrada de sus casas. Igual ocurría con el pan para el desayuno. Cada panadería tenía una larga lista de pedidos que se definía semanalmente entre el panadero y los vecinos del barrio o el pueblo.

La diferencia principal con lo que hacemos ahora, son los medios de comunicación utilizados para solicitar el servicio y del medio para pagar el mismo. En aquellos tiempos se utilizaba la relación presencial o por un teléfono alámbrico con un disco de 10 dígitos, si no, una palanca giratoria que definía al destinatario por las vueltas que se le daban y a través de una central manipulada por una empleada de la telefónica que hacía la confección desde un tablero cundido de cables y huecos enumerados.

No hay que explicar las diferencias con nuestra forma de comunicación ahora. Los avances tecnológicos son años luz con aquellos tiempos.

Ahora, la pandemia está impulsando a gran velocidad este empleo de mensajería, al grado de hacerlo crecer exponencialmente.

Pero este crecimiento invita a revisar con más cuidado la relación entre empleado y empleador. ¿Cuánto se está respetando los derechos laborales de quienes trabajan en este campo? Siendo un trabajo con muchos riesgos a la seguridad del empleado, a su bioseguridad, seguridad a los riesgos elevados de accidentes en las vías por donde se movilizan, a los horarios de labor y a sus descansos intermedios, etc.

Entre otros riesgos que se han descubierto, al menos en otros países vecinos, es el que sean utilizados para acarrear estupefacientes escondidos o embutidos en los paquetes que llevan, sin saber lo que hay en su contenido.

En nuestro país se ha estigmatizado la organización de los y las trabajadoras para defender sus derechos laborales, en sindicatos. Esto ha sido un éxito retrógrado de la oligarquía y el empresariado nacional para evitar costos y el respeto a los derechos laborales, permitiendo una mayor extracción y concentración de capital de la fuerza laboral. Sin embargo, estamos ingresando a nuevas formas de vida e institucionalidad que merece ver a nuestros trabajadores como humanos y no seguir tratándoles como mercancías. Es una buena oportunidad de volver sustantiva nuestra democracia, superando las apariencias para la exportación pasando a una Costa Rica realmente participativa.

Evitemos que nuestros rapitenderos sean mal tratados por estas empresas repartidoras y de entregas a domicilio, y más aún, si los carteles del mercado ilícito les quieren utilizar (o ya lo hacen) para el narco menudeo.

Prevenir siempre es muy saludable e importante, no solamente en evitar contagios de coronavirus, pero contagios en otros ámbitos de la salud biológica y social.

 

A propósito de este artículo de Marlin Oscar Ávila Henríquez, SURCOS comparte esta reflexión de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que fue enviada a nuestro medio por Maikol Hernández Arias, secretario general de la Federación Nacional de Trabajadores de la Agroindustria (FENTRAG).