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La gobernanza de las relaciones laborales en la pandemia

Escrito en . Publicado en Análisis, Trabajo.

“Ojalá que el virus nos haga salir de la caverna, la oscuridad y las sombras” (E. LLedó)

Manuel Hernández

  • La proscripción de la participación de los sindicatos y la contribución normativa del subgrupo de trabajo de la Mesa de Infraestructura Productiva

1.– El tema y objeto de esta entrega

Ahora que las autoridades del Ministerio de Salud esperan hacer un giro de tuerca y flexibilizar las medidas sanitarias, tendiente a normalizar la actividad productiva y “un retomar organizado” y controlado de las actividades comerciales, que prometedoramente se anticipó que se anunciará el lunes de la próxima semana, en la infaltable y aséptica conferencia de prensa del medio día, cuya primicia ha generado mucha expectativa, es pertinente y oportuno, después de más de un mes de aciaga pandemia, tratar de hacer un intento jurídico, que es mi trinchera, de análisis y caracterización del manejo de la gobernanza de las relaciones laborales, en estos tiempos tan difíciles e inciertos.

2.– La importancia y urgencia del diálogo social

La cuestión tiene que ver con la importancia y urgencia del diálogo social, la participación de los agentes sociales y la intervención de los órganos paritarios o tripartitos radicados en nuestro ordenamiento, en materia relaciones laborales, prevención y protección de la seguridad y salud de las personas trabajadoras.

La OIT estableció en el Marco de las políticas de lucha contra el COVID-19, que el Diálogo Social constituye uno de los pilares fundamentales, dirigido a fortalecer la negociación colectiva, las instituciones y los mecanismos de relaciones laborales.

Desde luego que el asunto tiene que ver, en definitiva, con la gobernanza democrática de las relaciones de trabajo.

3.- Algunas experiencias internacionales de gobernanza laboral

Pero antes de cumplir mi objetivo, no deja de ser relevante, aunque sea de manera muy general, reseñar la experiencia de algunos países de Europa y América Latina, en los cuales los agentes económicos, pero no sólo los productivos, sino también los agentes sociales, han tenido una significativa participación en la determinación conjunta de la protección del empleo, los salarios y la salud de las y los trabajadores, hasta donde políticamente ha sido posible.

En algunos de estos países, incluido Argentina, se llegó hasta la prohibición del despido, por motivos de fuerza mayor o causas económicas relacionadas con la pandemia del covit-19.

En Italia, por ejemplo, los sindicatos CGIL, CISL y UIL pactaron con la patronal un acuerdo de 13 puntos, que contiene medidas para proteger la seguridad y salud de los trabajadores (control de ingreso al centro trabajo, limpieza y saneamiento de locales de trabajo, precauciones higiénicas, uso de mascarilla y guantes, vestuarios, tiempos de entrada y salidas escalonados, comité de aplicación del protocolo, entre otras).

En España, los principales sindicatos de trabajadores (CCOO Y UGT) y la patronal (CEPYME Y CEOE), desde el principio de la pandemia, celebraron un sustantivo acuerdo que contiene un conjunto de medidas extraordinarias para abordar la problemática laboral generada por el coronavirus.

Ahora que varios países de Europa llegaron al punto alto o pico y se está aplanando la famosa curva, con lamentable pérdida de tantas vidas humanas, la negociación colectiva tiende a volcarse y priorizar en la definición de las condiciones y medidas laborales atinentes a la vuelta de la reactivación de la actividad económica y normalización del funcionamiento del aparato productivo, garantizándose el papel activo de los sindicatos, como tiene que ser en un ordenamiento democrático, en el diseño de protocolos, control y cumplimiento de las medidas de protección de las y los trabajadores.

La discusión está enfocada en la consecución de un equilibrio, hasta donde sea posible pactarlo, entre la protección de las y los trabajadores y la regularización de la actividad productiva.

En Uruguay, en el ámbito del comercio y la industria de la construcción se han celebrado importantes arreglos. El sindicato de la construcción SUNCA pactó con la Cámara de la Construcción un acuerdo que establece las condiciones del retorno de operaciones de esta actividad y las medidas de protección y seguridad de los trabajadores para mitigar el contagio.[1]

No deja de ser interesante un acuerdo global que pactó esta misma semana, la Confederación Sindical Internacional (CSI), IndustriALL y la Organización Internacional de Empleadores (OIE), cuyo objetivo es construir un espacio para el desarrollo de medidas dirigidas a proteger los ingresos de los trabajadores de la industria de la moda y las empresas integradas en la cadena mundial de producción y suministros, con la finalidad de mitigar los efectos del COVID-19.

A este acuerdo se han adherido fuertes empresas del sector, como Inditex, C§A, Adidas, Primark, Bestseller, Tchibo, Zalando y otras.

4.- La gobernanza de las relaciones laborales en Costa Rica en el escenario de la crisis sanitaria

Mientras en otras latitudes se ha venido gobernando así las relaciones laborales, ciertamente en un escenario inédito, complejo y dinámico, marcado de tensiones entre los intereses patronales y los trabajadores, entre el poder de dirección del patrono y la autonomía colectiva, en nuestro país, el manejo de la crisis ha sido radicalmente no sólo distinto, sino diametralmente opuesto.

El tratamiento político de la emergencia sanitaria se ha caracterizado por una gobernanza unilateral de las relaciones laborales –mejor dicho, relativamente unilateral, por el motivo que se expone en el próximo acápite-, cuya nota más relevante consiste en la exclusión total de la participación de los sindicatos, pero no sólo de los sindicatos, sino además, en la eliminación de los foros institucionales establecidos en nuestro ordenamiento, particularmente en materia de salud ocupacional.

5.– Las medidas laborales de emergencia

Hagamos un ligero repaso de las medidas laborales más significativas, tratando de enfocarnos, no tanto en su contenido, que ya abordé en varios artículos precedentes[2], sino más bien centrándonos en la forma en que se instrumentaron esas medidas, prácticamente sin ninguna resistencia.

Los invito a que realicemos una rápida revista de las principales medidas de carácter laboral impuestas.

La ley que licenció la reducción de la jornada de trabajo, por voluntad unilateral del patrono, con la consecuente disminución proporcional hasta de un 75% de los salarios, se aprobó a expensas de un procedimiento legislativo, fast track y a la carta, a instancia del Poder Ejecutivo, sin que se concediera ninguna instancia de participación a los sindicatos.

La creativa y generosa normativa reglamentaria promulgada por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, estableció un mecanismo ultra rápido y unilateral de suspensión de los contratos y reducción de las jornadas de trabajo, que se estableció también sin conceder, por lo menos, audiencia previa a los sindicatos.

Pero hasta aquí no llega esta política de Estado de corte unilateralista.

6.- La defenestración de los órganos tripartitos y paritarios en salud ocupacional

Cómo si lo anterior no fuera poco, el Consejo de Salud Ocupacional (CSO) ha sido confinado a una participación simbólica, prácticamente sustituido por un grupo ad hoc de trabajo institucional, con participación del sector privado, que de facto asumió la rectoría de la salud ocupacional.

Las comisiones de salud ocupacional, que por mandato de ley deben funcionar en todas las empresas e instituciones, integradas paritariamente por representantes del patrono y trabajadores, fueron inutilizadas, bloqueadas, que sólo están a la espera que algún samaritano les retire el respirador mecánico, que les conectaron desde que empezó la pandemia.

7.- El cogobierno de los empresarios y patronos

Toda esta política sistemática de interdicción de la Libertad Sindical, la negociación colectiva, la exclusión de la participación de los sindicatos y la defenestración del órgano tripartito (CSO) y los bipartitos en materia de salud ocupacional, contrasta ostentosamente con el co-gobierno y la participación hegemónica del sindicato patronal UCCAEP.

Este sindicato corporativo asumió un rol conductor y determinante en la emisión de aquella ignominiosa ley de rebajo de jornadas, en la reglamentación inconsulta del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, con base en la cual, como he dicho en artículos anteriores, las autorizaciones administrativas de suspensión de los contratos y reducción de jornada de trabajo, se editan masivamente como rotativos de periódicos impresos.

Ya llevamos al hilo, de acuerdo con el corte de la Inspección de Trabajo, de 20 del mes en curso, cuya misión es -por contrario a lo que ha hecho- velar por los derechos de trabajadores, más de 39.000 personas trabajadoras, con contratos “temporalmente” suspendidos y más de 71.000 a quienes se les redujo la jornada de trabajo y los salarios.

La suspensión “temporal” de los contratos de trabajo, hasta por un período de tres meses, prorrogables por un período igual, configuran materialmente despidos encubiertos, que han sido cohonestados por esa normativa de muy dudosa constitucionalidad y legalidad, para favorecer los intereses del empresariado costarricense y transnacional.

8.- El grupo de trabajo de la Mesa de Infraestructura Productiva: el golpe de facto al CSO y las comisiones de salud ocupacional

Pero en esta entrega, para ir cerrando, quiero concentrarme en un tema, que me permito llamar poderosamente la atención de las y los lectores, ampliamente desconocido, que no podría dejar pasar inadvertido, expresión de esa política de Estado de carácter unilateral y antisindical.

En el seno de la Mesa de Infraestructura Productiva se aprobó la “Guía para la prevención, mitigación y construcción del negocio para la pandemia COVIT-19 en los Centros de Trabajo”.

Esta guía define los lineamientos generales orientados al empresariado, para que implemente las medidas de prevención de salud de los trabajadores, desde la lógica la continuidad de las operaciones de las empresas.

La guía fue elaborada por esa instancia, integrada exclusivamente por varias autoridades institucionales, representantes y asesores del sector privado.

La guía comprende tres áreas: recurso humano, implementación de protocolos y condiciones de trabajo.

El instrumento es bastante extenso del cual se pueden inferir las siguientes conclusiones:

En primer lugar, fue elaborado por un grupo de trabajo, con representantes del sector privado, que excluyó totalmente la participación de los representantes de las y los trabajadores.

La guía contiene medidas concernientes a las condiciones de trabajo, implementación de protocolos, obligaciones que deben cumplir las y los trabajadores y otros aspectos relacionados con el recurso humano, que son del interés natural de la clase trabajadora; por lo que resulta totalmente insólito que ese instrumento se haya construido privándose a la representación de los trabajadores toda clase de intervención.

No puede ser que un grupo institucional, conjuntamente con representantes del sector privado, regule esta importantísima materia, de la mayor trascendencia de la clase trabajadora, dejando por fuera a las representaciones sindicales.

La segunda conclusión a la que uno puede llegar es que las medidas de protección de los trabajadores quedan subordinadas a las necesidades prevalecientes de preservación del tejido empresarial y la continuidad de operación de las empresas: “orientar al empresariado costarricense hacia una cultura de prevención en sus centros de trabajo, desde una lógica de continuidad del negocio.”

Es decir, se privilegia el interés económico y productivo de las empresas, sacrificando el interés público fundamental de tutela de la vida y salud de los y las trabajadoras.

Esto es sumamente grave, pero responde a esa “lógica” empresarial que privilegia las ganancias del capital, a costa de los intereses supremos de la clase trabajadora.

En tercer lugar, lo cual no es menos grave, las competencias que por ley le corresponden al Consejo de Salud Ocupacional, fueron asumidas por ese grupo de trabajo, que con participación de autoridades del Ministerio de Trabajo y otras instancias institucionales, consintieron que esas atribuciones se las arrogara, contra legem, ese grupo de trabajo con participación determinante y exclusiva del sector privado.

9.- Un virus contagioso de la democracia

En conclusión, la gobernanza de las relaciones laborales se ha manejado de manera unilateral, a merced de un ejercicio autoritario del poder político, al mejor estilo neoliberal, al que ya, a fuerza de tanta normativa heterónoma, nos quieren acostumbrar.

El coronavirus pareciera que convenientemente está hecho a la medida de los grandes intereses económicos del empresariado y sus interlocutores políticos, que se aprovechan de la pandemia para reforzar todavía más su sistema de dominación política y económica.

El profesor Cas Mude, autor del libro “La extrema derecha de hoy”, (Polity Press, 2019) a propósito de las medidas extraordinarias que el Gobierno de EEUU aprobó a raíz del 11 de setiembre de 2001, se planteó tres preguntas, que resulta legítimo hoy rescatar y testearlas a la aplicación de aquellas medidas laborales de emergencia:

¿cuál es la contribución efectiva y real que tienen esas medidas en la lucha contra el coronavirus?,

¿cuáles son las consecuencias que tienen para la democracia?, y por último:

 ¿cuándo serán abolidas?

No existe la menor duda que el coronavirus plantea un serio desafío para el sistema democrático.

26/04/2020

Imagen: https://blog.powerdata.es/el-valor-de-la-gestion-de-datos/ataque-cibernetico-como-protegerte-con-ia

[1] El acuerdo firmado el 12 de abril, establece, entre otras estipulaciones, que los trabajadores que no tengan acceso al subsidio por enfermedad, durante la cuarentena tienen derecho a 16.377 pesos, los trabajadores con enfermedades preexistentes a una partida de 23.822 pesos mensuales, hasta por un máximo de 2 meses, incluidos aquellos trabajadores mayores de 65 años que no tengan acceso al susidio por enfermedad. El protocolo pactado estipula que el personal que trabaje en cuadrillas debe mantenerse a una distancia mínima de un metro, la obligatoriedad del uso de la mascarilla, que las herramientas deben estar desinfectadas previo a su uso, rutinas de lavado de manos, focalizarse únicamente en el lugar de trabajo de trabajo de la cuadrilla, entre otras.

[2] Pueden consultarse de mi autoría los siguientes artículos acerca del contenido de las medidas laborales de emergencia: La distribución de los riesgos laborales, sociales y económicos de la pandemia, La participación autónoma y orgánica de las personas trabajadoras en la lucha contra la pandemia, Dos rutas políticas muy diferentes para mitigar la situación de las personas trabajadoras, Trabajo doméstico remunerado, Reducción de la jornada laboral y suspensión contractual, Suspensión exprés y a la carta de los contratos de trabajo, Neoliberalismo en tiempos de pandemia, El procedimiento extraordinario de suspensión de los contratos de trabajo, y Pandemia y suspensión de los contratos de trabajo (2020).

 

 

Lecciones de un microbio

Escrito en . Publicado en Análisis, Derechos.

Hernán Alvarado

            La tragedia COVID-19 suma más de 182.000 fallecidos y contando. El 17 de marzo, el senador colombiano Gustavo Petro afirmó que solo hay dos medidas efectivas contra esta pandemia:

            «a) Confinar drásticamente a la población en sus casas y

    b) Aumentar sustancialmente la capacidad hospitalaria».

            La primera es más importante dada la debilidad de los sistemas de salud, mas no cabe descuidar la segunda. Tal la enseñanza de otras virosis, así que obviarla configura un «genocidio por omisión». Tómese en cuenta para evaluar las diferentes respuestas gubernamentales. Este microbio sacude nuestras certezas y sin decir nada cambia los términos del debate ideológico, al desnudar las aberrantes desigualdades que la globalización neoliberal ha auspiciado. Asimismo, facilita una expansión de conciencia que presagia aprendizajes significativos.

  1. El mercado es de cristal opaco

            En el mercado, la mercancía preñada de ganancia representa el valor en su máximo esplendor, aunque la inversión pasa por su momento más crítico. Ahí el valor parece sólido, pero su dueño lo necesita líquido. Por lo demás, el dinero es un invento fabuloso, como medio de cálculo e intercambio facilita la distribución del producto social; pero cuando se convierte en un fin, como en la usura, resulta tan peligroso que debiera vigilarse como una central atómica.

            En cuanto todo transcurre normalmente el mercado luce tan útil como una columna, pero se hace añicos en las crisis. Además, su falsa transparencia oculta la desigual distribución de riqueza, es decir, el mecanismo mediante el cual pocos se enriquecen cada vez más, mientras la gran mayoría se empobrece. Pese a que Jeffrey Sachs mostró, en 2005, cómo se puede conseguir El fin de la pobreza, Costa Rica es ahora uno de los diez países más desiguales del mundo.

  1. La crisis como modus operandi

            El Subcomandante Marcos denunció, desde el año 2000, que la crisis es el modus operandi del neoliberalismo.[1] En rigor, así opera el capitalismo para concentrar la riqueza. En la crisis, el pez grande se come al chico, mientras la clase trabajadora se encarga de los desempleados vía solidaridad familiar. En realidad, la crisis es una fase necesaria y cíclica de la acumulación capitalista mediante la cual se aumenta la productividad promedio, o sea, la innovación del capital es tan destructiva como su desarrollo.

            La crisis no se origina en el sistema financiero, pero se incuba ahí, por eso resulta su principal protagonista. Mediante maniobras monetarias y crediticias genera las condiciones para ese sorprendente fenómeno que es la desaparición del dinero. Entonces, ramas enteras de la producción colapsan y reestructuran. De carambola, los negocios mejoran su rentabilidad empeorando las condiciones laborales. De hecho, esta crisis ya había sido anunciada, el Covid-19 la desencadenó y hará más dura la reactivación.

  1. Una economía para la vida

            Entre otros efectos, este microorganismo contrasta esa economía para la concentración de riqueza con la alternativa que sería para la vida. Además de condenar a millones de personas a la pobreza, esa economía letal ha eliminado a millones de especies vivas, cuyos beneficios potenciales, ecológicos y económicos, ni siquiera fueron explorados.

            Pero ahora ha quedado claro que el motor de la economía son las personas que trabajan, producen y consumen. Sin personas las empresas son meras ficciones jurídicas; la producción de riqueza se detiene cuando ellas no trabajan, la ganancia se congela si no compran. En una cuarentena, el capital se muere de sed, como un vampiro en su cueva.

            Paradójicamente, una economía para la vida debe superar primero el antropocentrismo, puesto que el ser humano no sobrevive sin el ecosistema. Edgar Morin ha mostrado el camino en La vida de la vida, donde el sujeto no es el ser humano sino la vida misma. Al destruir su ecología el Homo Sapiens cava su propia tumba o, como dice Franz Hinkelammert, corta la rama en la que está sentado. Sin embargo, la economía para la muerte contamina el aire, recalienta la Tierra, contamina los ríos y ensucia los océanos; pareciéndole solo un daño colateral del desarrollo.

  1. Huelga general de compras

            Según Zygmund Bauman (1925-2017), en la post modernidad el trabajador ha sido licuado como consumidor, en rigor como comprador; del mismo modo el productor ha sido licuado como inversionista. La mayoría son consumidores, la minoría inversionistas. Si las huelgas de trabajadores públicos se restringen y el sector privado no admite más sindicato que el de los empresarios (UCAEP), al pueblo todavía le queda la huelga de compras.

            Ahora los compradores finales saben que la producción responde a su demanda y que muchas cosas son más publicitarias que necesarias. Podrían abandonar entonces lo que arruina su salud o daña a la Madre Tierra. Ese poder de compra puede usarse, por ejemplo, para reducir la ingesta de animales y el uso de plásticos. Solo los compradores detendrán el consumismo voraz que conduce al colapso planetario. Eso viene sucediendo espontáneamente, verbigracia el caso del petróleo. No comprar es más potente que cualquier acción; de hecho no puede reprimirse, no infringe la ley y detiene la codicia más irresponsable. Como esta crisis revela, el capitalismo es una máquina ciega que debe ser conducida mediante una coordinación facilitada por la tecnología colaborativa. Según Manuel Castells, la política es hoy fundamentalmente comunicación.

  1. El Estado no basta

            Existe un impulso irrefrenable hacia la comunidad y la solidaridad, cual instinto de especie o de «manada» que se manifiesta en el cuerpo médico, los empleados públicos y las miles de personas que se quedan voluntariamente en casa. Además, como escribiera Alan Woods, nada puede reprimir el «deseo inconsciente» de transformar el mundo preservado en la clase trabajadora. A la vez, hay una resistencia tenaz al trato indiferenciado que la política pública impone como parte de la reacción inmunitaria revelada por Roberto Esposito (Véase: Communitas e Inmunitas). Esto significa que el éxito de una política pública depende sobre todo de la colaboración de sus destinatarios.

            El poder real radica en los ciudadanos que mueven las ruedas del mundo cotidianamente y no, como pareciera, en sus delegados. Quienes gobiernan ostentan el poder formal, como ilusión de élite sostenida por la creencia mayoritaria en ficciones del tipo Estado y empresa; fenómeno destacado por Harari en Homo Deus. Por eso, al final depende del monopolio de la violencia legítima. Pero separado del representado, el poder del representante deviene fetiche que oculta en vano su ejercicio ilegítimo; según lo ha revelado Enrique Dussel en sus 10 tesis de política. Ese poder «legal» pero ilegítimo es una bomba de tiempo. Poder formal cada vez más difícil de alcanzar, ejercer y sostener, según lo descrito por Moisés Naím en el Fin del poder. En realidad, el poder formal parece sólido solo mientras el Soberano está silente.

            Además, el Estado costarricense existe en el Gran Área Metropolitana, pero conforme se aleja del centro se va desdibujando, hasta que en lugares remotos, como fronteras y costas, se reduce a la policía. Hay comunidades que ni cuentan con eso, como se sufre particularmente en el sur, donde se asesinan dirigentes sociales en territorio indígena.

            En el mar patrimonial el Estado prácticamente no existe; ahí yace buena parte de la riqueza de la nación, pero es coto de caza de atuneros y narcotraficantes. Una gestión de desarrollo de espaldas al mar significa que se ha abandonado el 92% del territorio nacional (574.725 km²) mientras las comunidades pesqueras se convierten en las más vulneradas. Alguna vez la burguesía costarricense fue patriótica, pero ha dejado de serlo, salvo honrosas excepciones. Tal vez comenzó a desnacionalizarse desde que fusilaron a Juanito Mora (1814-1860), cuyo cadáver quisieron arrojar al estero de Puntarenas.

  1. La democracia representativa no es suficiente

            La democracia representativa pasa por su peor crisis, a despecho del Fin de la historia y el último hombre, anunciado por Francis Fukuyama. Los ciudadanos creen cada vez menos en la «clase» política, en sus partidos de pacotilla y en las instituciones que dirige. Hasta las judiciales se están desprestigiando porque su independencia es una aspiración más que una realidad. En América Latina, según Manuel Castell, alrededor del 80% de la población no se siente representada por sus gobernantes.[2]

            Aunque sea claro que las elecciones limpias y transparentes son necesarias, también lo es que no son suficientes. De hecho, los representantes ganan con «mayorías» reglamentarias, no de verdad, y rápido su legitimidad se erosiona. Los ciudadanos tampoco creen en los medios de comunicación, por su servilismo a mezquinos intereses económicos. Esa crisis crónica de gobernabilidad es en términos de Antonio Grasmci (1891-1937) una crisis de hegemonía moral y cultural.

            En suma, sin una renovación radical la democracia representativa se seguirá desplomando como los glaciares por el cambio climático. La oligarquía, menos del 1% de la población, se ha vuelto su peor enemiga porque boicotea sistemáticamente el Estado de derecho y la institucionalidad pública, dejando de pagar sus impuestos y sus contribuciones a la seguridad social, exportando sus ganancias a los paraísos fiscales, cabildeando para obtener cuantiosas exenciones y amnistías, incidiendo en el poder judicial, haciendo campañas truculentas para disimular su evasión tributaria y cargando sobre los hombros del pueblo los costos hundidos de todas sus crisis. A la vez que usufructúa de la deuda, la inversión y los servicios públicos. Su liberalismo in extremis conduce al caos o al fascismo y desemboca, en el mejor de los casos, en la indignación y la movilización general.

  1. La renovación democrática impostergable

            En 2003, la Asamblea Legislativa aprobó la reforma constitucional más importante después de la abolición del ejército. Consistió en una modificación aparentemente inocua que a algunos les pareció redundante y muchos ni se dieron por enterados. El artículo 9 describe nada menos que las características del gobierno: popular, representativo, responsable y alternativo. La reforma agregó «participativo» significando que el gobierno es ejercido por el pueblo junto a tres Poderes independientes. A la letra dice:

El Gobierno de la República es popular, representativo, participativo, alternativo y responsable. Lo ejercen el pueblo y tres Poderes distintos e independientes entre sí. El Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial (…).[3]

            O sea, renovar la democracia es un imperativo constitucional desde hace 17 años, pero se ha avanzado poco o nada. Al respecto, la Asamblea Legislativa ha pecado por omisión, incumpliéndole al Soberano que ya debería haber sido apoderado. Eso hubiera sido más digno de su investidura que dedicarse a confiscar pensiones a personas adultas mayores, cohonestando la violencia simbólica del estigma difamatorio que se ha usado contra ellas cual caballo de Troya.

            Tal reforma política es urgente e indispensable porque ninguna democracia puede llamarse realmente representativa si no es participativa y ningún gobierno puede decirse popular y responsable sin una ciudadanía activa. Ella implica formas de participación, directas e indirectas, en todas las instituciones de los tres Poderes. Asimismo, se trata de garantizar que los reguladores de servicios públicos no sean capturados por los proveedores. Toda la institucionalidad pública debe hacer efectivo ese gobierno del pueblo, para el pueblo y con el pueblo, simplemente por ser un mandato superior. En cuyo caso ¿cuántos desfalcos, confiscaciones, evasiones y extorsiones dejarían de ser viables? Además supone la aprobación de mecanismos como el plebiscito revocatorio de mandato de todos los representantes, incluyendo diputados. Así como prácticas regulares de rendición de cuentas, como la patrocinada, ejemplarmente, por el «Movimiento Territorios Seguros».

            Por su parte, los tres Poderes deben ser independientes entre sí para que el diseño de Estado funcione, si no se pierde el contrapeso. A la Asamblea Legislativa le toca una oposición visionaria ante el Ejecutivo y al Judicial parar los abusos de ambos. Sin embargo, esos Poderes lucen hoy confundidos, configurando un tipo de gobierno antidemocrático. En consecuencia, ya no debieran valerse esas leyes que un grupito de iluminados aprueba a espaldas de la ciudadanía, aplaudidos únicamente por la prensa desprestigiada, como fue el «plan fiscal» y la ley 9796 contra el derecho a una pensión digna. En contraste, pese a ser inmoral e ilegal, los diputados no se han atrevido a poner fin a la usura, lo cual no se limita a poner un tope de verdad a la tasa de interés. Alguien debiera recordarles que un gobierno de los ricos y para los ricos no solo es ilegitimo, además es anticonstitucional.

  1. Refundar la República del bicentenario

            Por eso, la responsabilidad debe asumirla ahora, directamente, el pueblo de Costa Rica. Cuando existan las condiciones este debe impulsar una reforma integral de la Constitución de 1949, que sería la forma más seria de honrar el bicentenario de la independencia. Dicha reforma debería girar alrededor de tres ejes temáticos preliminares:

A. Transformación de la democracia representativa en democracia participativa, según el artículo 9 ya reformado. Eso implica revisar críticamente el sistema electoral y garantizar la independencia absoluta de los tres Poderes respecto a cualquier presión externa política o económica. De igual manera, consolidar y ampliar las autonomías institucionales y territoriales. Asimismo, supone la gestión soberana, participativa, integral, descentralizada, sustentable e inclusiva de la totalidad del territorio nacional, incluyendo el mar en toda su extensión.

B. Garantías jurídicas para un avance progresivo de los derechos humanos de todos los habitantes: personas, poblaciones, culturas, etnias, naciones, comunidades, géneros, edades y condiciones, incluso más allá de las convenciones internacionales ratificadas.

C. Principios de una economía para la vida que implica, por ejemplo, un ingreso digno y universal para cada habitante, de acuerdo con el artículo 50 sobre el «bienestar de todos» y el «reparto de la riqueza»; dignidad y libertad del trabajo que no puede ser degradado, según artículo 50, «a simple mercancía»; reforma tributaria justa y progresiva (que los ricos paguen como ricos y los pobres como pobres); y, de acuerdo con los derechos de la Naturaleza, incentivar la generación de negocios realmente sustentables, socialmente responsables y solidarios.

            La meta mínima debe ser que la Constitución se cumpla sin interpretaciones antojadizas o acomodaticias. El programa mínimo implica avanzar sobre el eje A, que no es negociable. Sin una determinación férrea y unitaria de quienes constituyen la polifonía del Soberano, el futuro de la patria seguirá en manos de cuatro gatos cuya astucia ideológica les permite caer siempre parados al ser fieles a los intereses foráneos.

[1] Hoy Subcomandante Galeano del EZLN de México.

[2] Ruptura fue publicado en 2017 con el subtítulo: La crisis de la democracia liberal, como el libro de Rodolfo Cerdas de 1972 sobre el caso de Costa Rica.

[3] Constitución de la República de Costa Rica, artículo 9. Así reformado en 2003.

León Trotsky, MIS PERIPECIAS EN ESPAÑA

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Me lo trajo de Madrid, un amigo que llegó hace poco, hasta hizo la cuarentena, muy asustado por la pandemia del COVID 19

Rogelio Cedeño Castro

Su agudo sentido del humor, la fineza en el tratamiento de una gran diversidad de temas, ya sean históricos o culturales, como también de la vida cotidiana de las gentes, tratados con un cierto dejo de ironía, además de un espíritu abierto a las posibilidades que se le ofrecen a un viajero, siempre perseguido tanto por sus ideas políticas, como por su inagotable afán de conocer, y de buscar nuevos ángulos o perspectivas  que van de lo singular a lo universal, en la más amplia acepción del término. Ese, y no otro es el escritor León Trotsky, más allá de posiciones políticas y su protagonismo histórico, alguien que con su maestría de siempre, va narrándonos las peripecias y hallazgos inesperados en su breve paso por España, durante los últimos meses de 1916, después de ser expulsado de Francia por sus posturas pacifistas, de oposición a la guerra imperialista que estaba teniendo lugar en Europa. Zimmerwald, el ámbito de la conferencia de la izquierda internacionalista de entonces, en la que figuraron Lenin y Trotsky, un término que resuena en los entretelones de su expulsión hacia San Sebastián en el País Vasco Español, desde donde se dirigirá a Madrid para encontrarse con la persecución impenitente, machacona, y rayana en la estupidez, de la policía española de entonces. Sin hablar una palabra de castellano, con pocas posibilidades de acudir al alemán y al francés, dos lenguas que manejaba con fluidez, contará con la ayuda de sus compañeros socialistas españoles, de algún francés o alemán despistado, opaco o interesado en los más disímiles temas. Su paso por la Cárcel de Madrid con su liberalismo mercantil, un lugar donde se pueden comprar toda clase de servicios, incluido el de una celda más confortable, además de comidas y bebidas, todo un affaire que el autor trata con un gran sentido del humor, de la capital española deja constancia además de su visita al Museo de El Prado, con su Velázquez, el Greco, Goya y Murillo. Su llegada fortuita a la ciudad portuaria de Cádiz, donde pasa un buen número de días, durante los que recorre sus calles con gran interés, cuando logra liberarse de los majaderos policías, su estancias en la Biblioteca gaditana que nadie visita, muy al contrario de lo que sucede con las plazas de toros, con sus viejas colecciones de libros, no hay novedades editoriales al parecer, invadidos por las polillas que hacen verdaderos juegos geométricos en ellos, le resulta de gran provecho al tener acceso a unos pocos libros en francés y alguno que otro en alemán, de los que se vale para hacer unas observaciones históricas sobre el país donde está como huésped forzado, las que resultan de gran interés en la agudeza de las observaciones históricas, producto de su mente inquieta y vasta cultura. Su breve y atento paso por Cataluña, de la que hace fascinantes observaciones, tanto como de sus gentes, al salir expulsado hacia Nueva York desde Barcelona, hacia finales de aquel año de 1916, un puerto donde llegará a mediados de enero de 1917, con lo que pone fin a su estadía en España, con la frase “Aquí termina España”, cuando tiene ante sus ojos el puerto de Nueva York. Tal es el contenido de este bello y ameno volumen, producto de las notas de viaje que el autor guardó, siendo traducido por Andrés Nin al castellano (y probablemente al catalá) y editado en Madrid, en 2012, por parte de la Editorial Sello de Cordelia, teniendo como base una edición española de 1929, el año en que Trotsky volvía a los caminos del interminable exilio, en el que transcurrió buena parte de su vida. Recomendamos esta lectura, como un goce para el espíritu de quien se convierta en su lector(for satisfy my soul, Bob Marley dixit). Me atrevo a jurarlo, que lo disfruten. RC.

 

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¿Por qué seguir viviendo/luchando en medio de esta pandemia?

Escrito en . Publicado en Análisis, Madre Tierra.

Jorge Luis Hernández Cascante

Una razón para todos/as es la necesidad de rehacer, recuperar nuestra economía y muy en particular nuestras agriculturas.

En estos días nos invitan a sembrar y comer lo que se siembra.

Suena bonito. Pero uno es decirlo y otro es hacerlo, quizás sea algo romántico, en este país volcado al consumo venido del exterior.

Otra opinión puede tener el productor, con su esfuerzo diario, sudor y semilla; implora a lo Alto, para poder seguir produciendo.

Más de 4 décadas sin respaldo de gobiernos y aún las y los agricultores, nos demuestran cada día su capacidad de llenar los mercados, con vegetales y carnes de todo tipo.

Hoy esperan lealtad de quien consume: que prefiera producto nacional. Entonces:

  • Que le ayuden en el acceso directo para que su producto no se encarezca en manos de intermediarios.
  • Que le apoyen para que el sistema financiero no le amarre con sus deudas.
  • Que en este tiempo de crisis por fin haya reciprocidad de apoyo, así como (ellos los productores) nos apoyan, con el aporte de comida.

En mi caso soy parte de esa cultura campesina que se pierde en el tiempo.

Mis padres mis maestros.

Nuestra finquita, un espacio de producción orgánica, espiritualidad y convivencia.

Acá el bosque y sus árboles, la Ermita, la casa de madera, biblioteca, la casa donde vivimos, las áreas de producción (incluye la huerta de plantas medicinales y la de hortaliza), las semillas y almácigos, la cocina, el vivero, el laberinto, el río.

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Historia de un bloqueo

Escrito en . Publicado en Análisis, Derechos.

“La ignorancia mata a los pueblos, y es preciso matar a la ignorancia. Pueblo que se somete, perece”. José Martí

Trino Barrantes Araya*

La potencia imperialista norteamericana, inició oficialmente el Bloqueo contra Cuba, el 27 de agosto de 1959, es a partir de esa fecha en la que el gobierno norteamericano, establece, por primera vez, los mecanismos coercitivos contra la República de Cuba.

Así las cosas, 30 días después del triunfo de la Revolución Cubana, inicia el bloqueo a través de los mecanismos que históricamente se harán presentes en estas 6 largas décadas, de la Revolución Socialista Cubana.

Es claro que el pretexto para esta brutal medida, tiene su anclaje en la derrota contra la dictadura de Fulgencio Batista, La caída de este dictador, abrió, entonces, un abanico de hostilidades que se extiende ya, por cerca de sesenta y un años.

Desde el 27 de agosto de 1959, el bloqueo económico, ha estado presente por medio de una guerra mediática sostenida; como prácticas comerciales y políticas desleales, campañas de desinformación deshumanizadas, sabotajes, inoculación de enfermedades contra la agricultura y el pueblo, son parte del currículo vitae de las diferentes magistraturas de los gobiernos de Estados Unidos contra Cuba.

Pese a todo, los Estados Unidos de América-USA, no ha logrado detener el proceso socialista y los grandes avances culturales, educativos, científicos, en salud y económicos que ha alcanzado Cuba, por el contrario, como lo señala prístinamente, en uno de sus artículos, Manuel Yepe, cuando menciona lo siguiente:

“…la persistencia del bloqueo contra Cuba ha contribuido, al igual que su política de amenazas y agresiones abiertas y encubiertas, a la promoción de una política de unidad popular de los cubanos que ha servido para estimular el apoyo entusiasta de la población al proyecto político (Manuel Yepe, Septiembre 14 de 2017)”.

De manera muy sencilla, pero pese a todo esto, los Estados Unidos no ha logrado detener el proceso socialista y los grandes avances de la revolución social cubana.

De manera muy sencilla, la historia señala que EL BLOQUEO estadounidense contra Cuba, tiene como acuerdo inicial, eliminar la cuota azucarera negociada entre ambos países.

Pero seguidamente, las medidas económicas y políticas trascendieron y llegaron a constituirse en una política férrea e impositiva, que se pueden enumerar sucintamente de la siguiente manera:

1.- A inicios de la revolución, en 1959, la American Foreign Power (Electric Bond and Share) cancela un financiamiento por la suma de $15.000.000 (15 millones de dólares). Esto en respuesta a la medida revolucionaria de rebajar las tarifas eléctricas cerca de un 30%.

2.- El 17 de octubre de 1959, la Casa Blanca se opone al acuerdo militar suscrito entre Inglaterra y Cuba, el cuál invalida el suministro de aeronaves y repuestos.

3.- Un año después, en marzo de 1960, EE.UU. suspende la venta de helicópteros a Cuba y restringe el cabotaje de embarcaciones norteamericanas a puertos cubanos.

4.- Ese mismo año, en junio, las transnacionales del petróleo TEXACO, ESSO y SHELL suspenden el suministro de petróleo al proceso revolucionario.

5.- En 1960, a un año del triunfo, se afirma el recorte absoluto de la cuota azucarera fijada entre ambos gobiernos. Pero además se restringen las ventas de muchos productos de Estados Unidos hacia Cuba.

6.- El 14 de mayo de 1964, el cinismo y lo más obsceno de este bloqueo se va a manifestar mediante el cierre comercial de medicinas y alimentos para el gobierno cubano y su pueblo. Pero el macabro mapa de datos de este bloqueo va más allá, no solamente se expresa en esas medidas concretas que hemos indicado.

Recordemos que el Departamento de Estado, la Agencia Central de Inteligencia-CIA y el Pentágono inician un cerco violento para aislar a Cuba del ajedrez internacional; primeramente, en 1961, con la expulsión de Cuba de la OEA y posteriormente mediante la aplicación sostenida de las múltiples enmiendas.

“Solo en el quinquenio 1987-1991 en la administración estadounidense se presentan las siguientes enmiendas de ley dirigidas a estrechar cada vez más el cerco de la isla: Enmienda Pepper: limitar el acceso de los buques que arriban a cuba; Enmienda Mack: Prohibición a las firmas subsidiarias de compañías estadounidenses establecidas en terceros países, la realización de operaciones comerciales con Cuba; Enmienda Smith”.

Debemos aquí también apuntar, otras acciones directas como La Ley de Ajuste Cubano, que en lo concreto manifiesta que:

“La Ley de Ajuste Cubano fue creada por el Congreso de los Estados Unidos en 1966, para amparar legalmente a los supuestos refugiados políticos cubanos que llegaban. Como no existía (hasta 1980) una ley de asilo, no había un mecanismo legal que permitiera tramitarlo. El Congreso inventó la Ley de Ajuste con el propósito de facilitar la legalización de los cubanos que decían ser refugiados”.

La Ley de Ajuste Cubano, es complementada por las medidas que aprueba la Casa Blanca, incrementando en 10 millones de dólares su apoyo para darle sostenibilidad financiera a la migración ilícita de los cubanos y cubanas.

Vicky Huddleston, exjefa de la Sección de Intereses de los Estados Unidos en Cuba, en una clara posición coherente con la lógica imperialista manifestó en el New York Times, que la Ley de Ajuste se derogará, para poder, entre otras cosas:

“fomentar una migración segura y ordenada, además de salvar vidas /…/ Respecto a esa ley agrega la autora…Es una ley anacrónica. También es una ley dispareja, porque solamente les otorga residencia permanente a los cubanos. El resto de los indocumentados quedan fuera. Finalmente, es una ley que estimula la inmigración ilegal en los Estados Unidos”.

A partir del 2015, Barack Obama abrió, casi medio siglo después, las relaciones diplomáticas con Cuba. Pero este nuevo coqueteo –cuyos intereses y objetivos siguen siendo desconocidos-, no tuvieron mucha duración ni éxito y muy por el contrario, la nueva magistratura de Donald Trump, desde su discurso de campaña electoral anunció las fuertes medidas que aplicaría contra Cuba ante su eventual gobierno, las cuales adquieren luz propia en junio del año 2017.

Así entonces, la magistratura de Donald Trump, certificó la cancelación de la iniciativa Obama, volviéndose a restringir los viajes a Cuba e imposibilitar al gobierno del Comandante y Presidente Raúl Castro Ruz, sostener intercambios con el sistema de los bancos norteamericanos.

Obviamente estas nuevas medidas derivadas del BLOQUEO no se quedaron ahí. Entre otras regulaciones, las limitaciones para viajar a Cuba, sanciones a otros países por transportar pasajeros, prohibiciones en los mercados, restricciones y ataque directos a la agricultura cubana, forman parte de esta larga cadena de latrocinios imperialistas; justificadas y amparadas ahora en la aplicación del Título III de la Ley Helms-Burton y otras medidas más agresivas por parte del Gobierno de Estados Unidos, para recrudecer el bloqueo económico, comercial y financiero contra Cuba.

Los pueblos latinoamericanos, conscientes de la hermandad y solidaridad, para con el pueblo y el gobierno de Cuba, debemos asumir la tarea de eliminar EL BLOQUEO miserable y mezquino que afecta a Cuba y que atenta contra la hermandad de los pueblos, como lo soñó Martí en su ensayo Nuestra América. Como costarricenses consientes y democráticos, estaremos dispuestos, al igual que el pueblo cubano en apoyar al gobierno dirigido por Díaz-Canel contra todas las acciones devenidas de la Administración Trump.

En el marco de la pandemia del COVID-19, hacemos público el reconocimiento de los profesionales de la salud del pueblo de Cuba y de su gobierno, ante el compromiso y solidaridad expresada a los diferentes pueblos del mundo afectados severamente por esta pandemia.

En este contexto, denunciamos la irracionalidad de Trump, quien agrega un nuevo elemento al Bloqueo contra Cuba, negando al pueblo norteamericano el “interferón” y el apoyo médico y humanitario del personal de la salud, que ofreció el gobierno de Cuba al pueblo de los Estados Unidos.

En esta fecha, cobra total vigencia el lema internacional “CUBA SOBERANA SÍ, BLOQUEO NO”. La aspiración de los pueblos progresistas del mundo, contra el bloqueo en cuba es una legítima reivindicación de hoy y para siempre.

* camilosantamaria775@gmail.com
San José-Costa Rica, 21 de abril de 2020

Imagen: http://www.escambray.cu/2019/onu-debate-hoy-el-proyecto-de-resolucion-de-cuba-contra-el-bloqueo/

Renta básica, reparación histórica y revolución

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Por Javier Tolcachier

Desde hace algunos decenios viene creciendo el clamor por un ingreso básico garantizado, que permita asegurar condiciones suficientes de subsistencia a todo ser humano, con independencia de su condición y sin contraprestación alguna.

La idea encuentra sus lejanas raíces en los visionarios humanistas del Renacimiento Tomás Moro y Luis Vives, quienes plantearon la necesidad de prevenir el hurto y la carencia de sustento, aún para aquellos “que han disipado sus fortunas a través de un vivir disoluto, a través de los juegos, las rameras, el lujo excesivo, la gula y los juegos de azar… porque nadie debe morir de hambre.” [1]

La justicia de tal afirmación continúa teniendo validez quinientos años después, en un mundo en el que más de 113 millones de personas experimentan inseguridad alimentaria aguda[2], 820 millones de personas pasan hambre y unos 2000 millones sufren su amenaza, según señala Naciones Unidas.

Tan sólo este hecho indudable justificaría el aserto sobre la imperiosa exigencia moral de instalar de inmediato un ingreso básico. Pero la idea de una vida digna, lejos de agotarse en la nuda necesidad del alimento, requiere la provisión de vestimenta, vivienda, salud, educación y múltiples servicios básicos. Todo lo cual se encuentra enumerado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la que no es trasladada sino muy lentamente por los Estados a derecho efectivo y continúa constituyendo un catálogo de aspiraciones colectivas.

El actual escenario de capitalismo especulativo y producción tecnologizada ha hecho desaparecer por completo la posibilidad de pleno empleo, llevando a amplias mayorías a la precarización laboral y a un entorno vital de incertidumbre y falta de derechos. “Más de 1400 millones de trabajadores viven en esa situación de precariedad”, señalaba la OIT ya en 2018[3], precisando que “Tres de cada cuatro personas en los países en desarrollo se ve afectada por el empleo vulnerable.”

La caída de la economía mundial generada por la pandemia virósica del COVID-19, hoy estimada en alrededor de un punto del PIB global[4] afectará fuertemente a los países en desarrollo, en especial a aquellos dependientes del turismo y el comercio con China, los Estados Unidos y la Unión Europea.

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) “estima una contracción del orden del 1,8% del producto interno bruto regional, lo que podría llevar a que el desempleo en la región suba en diez puntos porcentuales. Esto llevaría a que, de un total de 620 millones de habitantes, el número de pobres en la región suba de 185 a 220 millones de personas; en tanto que las personas en pobreza extrema podrían aumentar de 67,4 a 90 millones.”[5]

Más allá de lo que demuestra el marco estructural y la urgencia coyuntural en relación a las necesidades de los sectores más postergados, una Renta Básica Universal sin distinciones conlleva otros adelantos difícilmente refutables.

Uno de ellos es brindar una mayor libertad de decisión a personas dependientes económicamente dentro de cada hogar, en su inmensa mayoría mujeres, pero también niños, ancianos o personas con alguna discapacidad.

Otro aspecto relevante es la posibilidad de reducir enormemente o acaso terminar con el trabajo infantil – que afecta en la actualidad a más de 150 millones de niños, de los cuales 73 millones realizan tareas peligrosas.[6] Casi la mitad de estos niños tienen entre 5 y 11 años, según el informe “Estimaciones mundiales sobre el trabajo infantil” de la Organización Internacional del Trabajo.

Un ingreso asegurado permitiría fortalecer la formación personal y el despliegue de las capacidades creativas y vocacionales, colaborando no sólo con el desarrollo individual, sino potenciando el avance colectivo en numerosos campos.[7]

El sudor de la frente propia… y ajena

El concepto de recibir una transferencia directa de carácter individual, suficiente, para todos y por el sólo hecho de existir, choca con prejuicios de fuerte arraigo, tales como el de suponer que uno debe hacer algo a cambio, es decir, ofrecer alguna contraprestación de carácter privado o social para poder hacerse acreedor a ello.

Habría que animarse a reflexionar si esta venta o alquiler de la propia vida a cambio de un salario, modalidad surgida en el transcurso de la Revolución Industrial y en la mayor parte de los casos insuficiente para vivir dignamente, no volatiliza en gran medida la posibilidad de ocupar este tiempo finito – recurso escaso de la vida humana- en otras tareas, impidiendo muchas veces seguir la propia vocación -nunca dictada por las leyes de la oferta y la demanda laboral- y si no dificulta incluso la posibilidad de actuar de manera voluntaria y desprendida, aún ejerciendo la misma ocupación.

La explotación de la mano de obra ajena sirvió en el período industrial para la formación de capital que luego se independizó parcialmente de la plusvalía extraída a los trabajadores/as (sudor de la frente ajena) para construir un planeta usurero, inexpugnable para las almas sensibles.

La idea de equiparar un trabajo individual (el sudor de la frente propia con el cual debe ganarse el diario pan) a una remuneración, no se sostiene estrictamente frente a la apreciación del quantum colectivo y la acumulación histórica en la creación de valor. Mucho menos puede aceptarse que alguien deba trabajar creando riqueza, mientras los especuladores crean agujeros negros de pobreza, que engullen por completo todo el trabajo y con él, la existencia invertidas.

La dificultad en aceptar que todo ser humano, por el sólo hecho de estar vivo tiene derecho a existir dignamente y que es una responsabilidad colectiva asegurarlo, es heredada de creencias y momentos anteriores de la historia humana y aprovechada ayer como hoy por mezquinos intereses de apropiación para impedir una redistribución justa del bienestar material.

¿Dónde está el dinero para repartir?

En el debate actual, los activistas de la Renta Básica Universal señalan como posibles fuentes efectivas de financiación, la necesidad de gravar con mayores impuestos a las grandes fortunas, impedir la evasión, elusión y fuga a paraísos fiscales o derivar partidas presupuestarias hoy despilfarradas en armamento.

Tan sólo un breve repaso del dinero escamoteado a los fiscos nacionales a través de maniobras –alrededor de un tercio del PBI mundial según un informe en 2012 de Expertos de la Red por la Justicia Fiscal (Tax Justice Network) o la revisión del gasto armamentista mundial, que representó en 2018 “un 2,1% del PIB mundial o 239 dólares por persona”[8] hace balbucear a cualquier argumentación que niegue la posibilidad de garantizar una renta individual a todos los habitantes del planeta.

Más allá de su exigibilidad como derecho humano, las múltiples experiencias realizadas hasta ahora, aún bajo presupuestos y perspectivas disímiles, hablan de la viabilidad y las ventajas de instalar de inmediato un ingreso universal.

Aspectos críticos en el actual debate

Flaco favor le haríamos a esta propuesta política humanista, sino señaláramos, desde una perspectiva acaso aún más radical, al menos dos aspectos críticos en el actual debate por la implementación de un ingreso universal.

El primero es el concepto de que el monto exigible esté en relación con la canasta básica de cada nación y sea calculado en su viabilidad en relación a modalidades impositivas de cada Estado. Esto equivale a sellar la actual desigualdad de ingreso entre los nacionales de distinta procedencia. En otras palabras, si un europeo recibiera hoy en concepto de renta básica algo más de 400 euros, un indio 1000 rupias (alrededor de 12 euros) y un keniano 22 dólares, tal como marcan los ejemplos de propuestas y experiencias de actualidad, es evidente que esto no representará ningún avance en el acercamiento a estándares de justicia redistributiva global.

La segunda cuestión crítica es que, pese a su notoria legitimidad y utilidad, la Renta Básica no modifica los términos de apropiación de riqueza, es decir, no transforma de raíz la estructura antihumanista del capitalismo, sino que apenas compensa – casi de un modo socialdemócrata y keynesiano – el molde del ultraje, posibilitando incluso la supervivencia de este sistema cruel.[9]

Atender a estos reclamos será sin duda objeto de encendidas discusiones y podría alentar el surgimiento de múltiples ideas y proyectos, lo cual es la intención subyacente a este artículo.

Desde una aproximación inicial, la renta básica será verdaderamente universal, en un sentido planetario y pluricultural, si atiende al criterio de reparación histórica pendiente entre las naciones enriquecidas a través del pillaje colonial y el Sur global expoliado y violentado durante siglos.

Aún hoy las corporaciones, los fondos de inversión y la banca, muchos de ellos asentados jurídicamente en el Norte global, continúan el saqueo mediante el endeudamiento, la extorsión en la inversión directa y la generación de herramientas especulativas que empobrecen a los pueblos.

Por lo que ése es el punto de conjunción de los aspectos críticos señalados. La acción para establecer una renta universal igualitaria debe modificar en la raíz los procedimientos que llevan a una máxima concentración actual de riqueza en el uno por ciento de la población mundial.

¿Aplicar fuertes tasas impositivas a las corporaciones, la banca, las bolsas, los fondos de inversión para financiar una renta suficiente y además inhibir progresivamente la actividad especulativa? ¿Congelar todo pago de deuda externa derivando esos recursos de inmediato a una renta incondicional, que fomente además el mercado interno de cada país?

¿Multar con rigor la fuga de capital y las distintas modalidades de evasión o elusión impositiva y con lo recaudado, generar un fondo de garantías para el ingreso universal? ¿Impedir multilateralmente el comercio de armas de todo tipo, operando así la liberación de recursos de presupuesto para abrirle paso a este derecho social?

¿Establecer un fondo de redistribución mundial, gestionado por Naciones Unidas, al cual los Estados deban destinar una parte fija de su presupuesto según su PBI?

¿Tendrán los pueblos fuerza suficiente para contrabalancear y superar a la perversidad del poder económico? ¿Serán las actuales instituciones o una poderosa transformación de sentidos comunes las que podrán operar los cambios reclamados? ¿Lograremos adoptar como norma de vida el cuidado por el otro, la cooperación y la ayuda mutua?

¿Será posible aprender, de una vez por todas, que el bienestar individual sólo es posible en el marco del bienestar común? ¿Conseguiremos sobreponernos al retroceso antihistórico que difunden corrientes retrógradas? ¿Podremos ser protagonistas en la consolidación de un nuevo ser humano, intencionalmente recíproco, compasivo, afectuoso y empático?

La única certeza es que los tiempos de crisis invitan a pensar, sentir y actuar de manera revolucionaria, el único modo de hacer avanzar la historia humana.

* Javier Tolcachier es investigador del Centro Mundial de Estudios Humanistas y comunicador en agencia internacional de noticias pressenza

@jtolcachier

[1] Juan Luis Vives, De Subventione Pauperum, Sive de humanis necessitatibus, 1526. Citado en « The history of Basic Income », recuperado de https://basicincome.org/basic-income/history/

[2] Informe Mundial sobre las crisis alimentarias 2019. Food Security Information Network https://www.fsinplatform.org/global-report-food-crises-2019

[3] Perspectivas sociales y del empleo en el mundo. (2018) OIT. https://www.ilo.org/global/research/global-reports/weso/2018/lang–es/index.htm

[4] World Economic Situation And Prospects: April 2020 Briefing, No. 136. Department of Economic and Social Affairs. United Nations. https://www.un.org/development/desa/dpad/publication/world-economic-situation-and-prospects-april-2020-briefing-no-136/

[5] https://www.cepal.org/es/comunicados/covid-19-tendra-graves-efectos-la-economia-mundial-impactara-paises-america-latina

[6] Estimaciones mundiales sobre el trabajo infantil. Resultados y Tendencias 2012-2016. OIT https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_norm/@ipec/documents/publication/wcms_596481.pdf

[7] Para abundar en los beneficios y modalidades de esta medida, sugerimos al lector el documental “Renta Básica Universal Incondicional, nuestro derecho a vivir”, una co-producción de agencia Pressenza y Humanistas por la Renta Básica Universal, dirigido por Álvaro Orús. https://www.youtube.com/watch?v=rYpRK2gqL4I&feature=youtu.be

[8] SIPRI Yearbook 2019. Armaments, Disarmament and International Security. Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) https://www.sipri.org/sites/default/files/2019-08/yb19_summary_es_0.pdf

[9] Tanto en el entorno de las megacorporaciones digitales de Silicon Valley como en el Foro Económico de Davos se discute hoy sobre propuestas y experiencias que promueven algún tipo de Renta Básica.

(Imagen de un blog virreinal)

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Colegio de Profesionales de Sociología ante el COVID-19

Escrito en . Publicado en Análisis, Derechos.

El Colegio de Profesionales de Sociología de Costa Rica pronunciamiento ante la pandemia del COVID-19
Junta Directiva, 24 de abril del 2020

El Colegio de Profesionales en Sociología de Costa Rica, ante la obligación que le confiere su Ley de creación de pronunciarse en asuntos de interés nacional e internacional, así como de emitir opinión y brindar asesoramiento a los Poderes del Estado, las organizaciones y las instituciones públicas y privadas, nos permitimos emitir nuestra posición sobre la emergencia nacional ante el Covid-19. Para ello dirigimos este pronunciamiento al señor Presidente de la República con copia a otras autoridades que están trabajando en la dirección y coordinación de políticas y acciones para su consideración, tales como el Consejo de Gobierno, la Asamblea Legislativa, el Poder Judicial, la Contraloría General de la República, la Comisión Nacional de Emergencias, la Defensoría de los Habitantes, los Rectores y consejos universitarios, las Escuelas de Sociología, la Federación de Colegios Universitarios de Costa Rica (FECOPROU), Sector empresarial, organizaciones de la sociedad civil y organismos internacionales. Seguidamente enumeramos algunas consideraciones que desde las ciencias sociales y la sociología en particular, son criterios básicos a valorar en el proceso de diseño de medidas de emergencia y la toma de decisiones de política pública:

  1. En primer lugar, felicitar al Señor Presidente de la República, su Gabinete y autoridades de instituciones públicas por la rápida organización, aplicación de medidas de emergencia sanitaria, cambios y fortalecimiento en la organización interna de centros de salud, centros educativos y la atención de los sectores sociales con mayor riesgo y más afectados por las medidas adoptadas para detener la pandemia del COVID-19.
  2. La emergencia afecta a todos los sectores y actores sociales que requieren trabajar junto con el Gobierno de Costa Rica para direccionar el impacto que esta pandemia ha generado sobre la condición económica y social del país. Sabemos que la cuarentena sanitaria tiene efectos sobre las relaciones del trabajo y la distribución de los ingresos y de capital en los distintos sectores de la estructura social costarricense. Estos efectos impactarán en forma distinta a los diversos estratos socioeconómicos, donde algunos se verán beneficiados y otros muy amplios se verán perjudicados, dependiendo de la actividad económica, la posición socio laboral y la forma en que la legislación establezca la distribución de los beneficios y las personas beneficiarias, así como las fuentes de recursos, empréstitos y donaciones para afrontar la crisis.
  3. Desde la perspectiva sociológica es de fundamental importancia que el Gobierno escuche y tome decisiones considerando estas diferencias al otorgar beneficios y establecer medidas de políticas sociales, económicas y fiscales. Por una parte, la clase trabajadora tiene grandes diferencias entre sí, no solo por su condición ocupacional (ocupados, desempleados, buscan trabajo por primera vez), sino por sus calidades (nivel educativo, capacitación, experiencia laboral, dominio de otros idiomas, etc.), condiciones sociodemográficas (género, etnia, edad, nivel nutricional y de salud, territorialidad), cualidades (habilidades, valores, desempeño) y las remuneraciones salariales que percibe según su estrato sociocupacional (altos, medios, bajos) o su condición de vulnerabilidad, pobreza y exclusión social. Existen variables e indicadores que permiten sumar estas condiciones que ya existen en registros como el SINERUBE, el SICERE de la CCSS, el INEC y otras fuentes de Información públicas, pero que no son accesibles para la toma de decisiones en el ámbito municipal, empresarial o de las organizaciones sociales, lo cual incrementa el riesgo de filtraciones, exclusiones, duplicidades y trasposición de beneficios y personas beneficiarias.
  4. Por otra parte, en el proceso de toma de decisiones se requiere tomar en cuenta que también existen diferencias dentro del sector privado o empresarial. Entre ellas cabe considerar variables tales como el tamaño de las empresas (pequeñas, medianas y grandes), el volumen de trabajadores/as que emplean, la categoría ocupacional de empresarios/as (patronos, trabajadores independientes o familiares sin sueldo), la condición de ocupación o inactividad (ocupados, jubilados, rentistas u otros), la actividad principal a la cual se dedican (financiera, agrícola, industrial, tecnológica, comercial, turística, etc.), el tipo de empresa (formal, informal, zona franca, otro), el ámbito de su mercado (familiar, comunal, local, regional, nacional, internacional o transnacional), el volumen y uso de servicios públicos (electricidad, agua, carreteras, puertos, salud, seguridad financiera, etc. ), la figura jurídica (sociedad anónima, economía social, organización sin fines de lucro, con fines de lucro y otras), el nivel de ingresos y de bienes de capital (fines y valor agregado, composición, encadenamientos productivos, el capital “golondrina” y otros), origen/destino de productos (importaciones/exportaciones) y su aporte al desarrollo local y nacional (Responsabilidad Social Empresarial, pago transparente o no de impuestos, donaciones, etc.). El apoyo solidario del sector empresarial para salir de la crisis sanitaria y económica es fundamental, así como el apoyo de las alianzas estratégicas con la cooperación internacional, las cuales pueden marcar una ruta necesaria para la consolidación y fortalecimiento del Pacto Social entre el Estado, empresas y ciudadanía.
  5. Ante la urgencia de tomar medidas de política púbica dirigidas a proteger y compensar los sectores más vulnerables y afectados por la pandemia y el aislamiento, implica que todos los sectores deben asumir su responsabilidad. El Estado requiere identificar las principales características de los potenciales sectores beneficiarios por un lado y de los contribuyentes por el otro. El sector empresarial debe asumir su responsabilidad de actuar a derecho pero también de contribuir al desarrollo equitativo del país, eso les beneficia al ampliar los mercados, reinventarse y activar su productividad. Por su parte la población y empresas beneficiarias de estas políticas públicas, deben ser responsables para mejorar sus capacidades, innovar, trabajar duro y reaccionar con nuevas propuestas que aseguren el bienestar social y económico de todos y todas para cuando pase la crisis. Para ello se requiere del esfuerzo solidario tanto del Estado como del sector empresarial y el de los/as trabajadores/as teniendo como norte el bienestar social con equidad, racionalidad y solidaridad.
  6. En este proceso de la toma de decisiones de políticas públicas y el rediseño de programas y proyectos cabe recordar que además de nueva legislación se requiere aplicar el criterio técnico (sociológico, político, económico, tecnológico, gerencial, etc.) que prevea mecanismos de control, seguimiento, evaluación y rendición de cuentas no solo institucionales, sino también de cara a las empresas y a la ciudadanía, con su participación y apoyo, conforme al ordenamiento de nuestro Estado Social de Derecho. Así esperamos que las instituciones públicas, empresariales y las organizaciones de la sociedad civil juntas eviten que los recursos disponibles y el gran esfuerzo realizado en este tiempo de urgencias puedan dar pie a la desconfianza e incertidumbre o de paso al clientelismo político oportunista, las filtraciones, exclusiones y duplicidades en la identificación de personas beneficiarias y la asignación de los beneficios.
  7. Cabe señalar que el país dispone de muchos estudios e informes sobre el panorama social, económico, político y ambiental que explican la evolución y condiciones de vida de los y las costarricenses, desagregadas por regiones, territorios, sectores sociales, hogares, familias y personas. En las últimas décadas el país ha acumulado la experiencia profesional, académica e institucional en la elaboración de diagnósticos, diseño de programas y evaluaciones sobre efectos e impactos. Entre las principales fuentes de información con estadísticas recientes y periódicas se encuentra el Programa del Estado de la Nación, MIDEPLAN, el Banco Central, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), institutos de investigación económica y social de las universidades públicas y organizaciones de la sociedad civil. En todas ellas participa una amplia red de profesionales en las diversas especialidades, en su mayoría afiliados a órganos públicos no estatales como lo son los Colegios Profesionales, los cuales disponemos de la Federación de Colegios Universitarios de Costa Rica (FECOPROU) y las Asociaciones Internacionales de profesionales en las distintas disciplinas.
  8. El Colegio de Profesionales en Sociología de Costa Rica cuenta con casi mil profesionales afiliados/as que laboran en instituciones públicas y privadas, quienes realizan investigaciones, evaluaciones y acciones sustantivas dirigidas a contribuir en el desarrollo local, nacional e internacional. Una de las principales capacidades desarrolladas por los y las sociólogas es precisamente la realización de diagnósticos sociales, el diseño de los procesos de planificación, ejecución, control y evaluación de planes, programas y proyectos sociales que impactan en forma diferente a ciertos sectores, actores sociales y económicos.
  9. Las metodologías, herramientas y perspectivas sociológicas destacan diferencias sobre las causas, efectos e impactos que se generan de los programas y proyectos, así como si éstos cumplen con ciertos principios fundamentales tales como la equidad, justicia social, la honestidad, la legalidad y solidaridad social. Estos principios y enfoques como la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) y la Responsabilidad Social de la Administración Pública (RSAP), facilitará la empleabilidad estable y de calidad, reinversiones de capital, innovación tecnológica, calidad de resultados y el respeto a la legislación laboral y social, requeridos en estos momentos de crisis y las etapas posteriores.
  10. Los decretos emitidos y los proyectos de ley elaborados por el Poder Ejecutivo que requieren de su aprobación por parte de la Asamblea Legislativa, deben tener en cuenta la consulta a la opinión ciudadana y los diversos sectores de la economía y sociedad, así como prever los posibles efectos e impactos sociales que estas políticas públicas y programas especiales pueden generar sobre los diversos sectores sociales, económicos y grupos de personas según su condición social, laboral, vulnerabilidad y pobreza distribuidas en las regiones y territorios más afectados por la crisis.

Ante este panorama, el Colegio de Profesionales en Sociología de Costa Rica considera relevante recomendar al Gobierno de la República que tome en cuenta las siguientes acciones:

  1. Fortalecer y dar peso al carácter social del accionar del Estado y su institucionalidad frente a los intereses puramente financieros y lucrativos que subordinan lo social y lo ambiental. Lo anterior bajo el principio de revitalizar el carácter del modelo de desarrollo costarricense basado en nuestro Estado Social de Derecho.
  2. Promover acciones para mejorar la gobernanza desde la Responsabilidad Social de la Administración Pública (RSAP). Poner en práctica los principios y valores como la transparencia en la gestión pública, la integralidad, la objetividad en el desempeño, la honestidad y el liderazgo a favor del interés público que afecta a la ciudadanía. De ahí la importancia de que la administración pública sea accesible, concertadora y evaluadora del trabajo tanto del político y como del funcionario/a. El liderazgo direcciona y facilita la coordinación en la gestión pública para concertar acuerdos entre los diferentes sectores sociales y empresariales para llevar a cabo el “Contrato Social”, más allá de planes y programas coyunturales, de sus intereses o circunstancias, tal como lo ameritan las medidas que se están tomando para evitar la expansión del Covid-19.
  3. Revertir las dinámicas de la desigualdad social y territorial, tanto en el accionar institucional como en la inversión pública en las etapas de atención antes, durante y después de la pandemia, con el fin de generar procesos de inclusión, ampliar las capacidades humanas y las oportunidades laborales y prevenir el riesgo de aumentar los patrones de violencia, en especial de género y étnicas. Lo anterior implica identificar los sectores de la sociedad y de la economía costarricense en los cuales recaerán las mayores cargas económicas durante la crisis. Urge identificar salidas viables y las formas generales de recuperación de la economía nacional y regional con políticas redistributivas y basadas en la justicia social con solidaridad.
  4. Aprovechar esta coyuntura para impulsar con más fuerza el trabajo digno y promover esquemas asociativos y de emprendimiento económico que potencien los territorios y las poblaciones, desde la eco-economía social solidaria. En este proceso es importante la transparencia en las acciones que se realizan y la rendición de cuentas periódicas a la ciudadanía, lo cual promueve la cohesión e integración social.
  5. La identificación y atención institucional pertinente a los sectores de la economía informal, principalmente a las personas trabajadoras que no cuentan con interlocución o tienen una débil organización, desocupados/as, personas en condición de calle, privados/as de libertad y otros/as. Generar medios de articulación con el voluntariado de la red formal y de hecho con el movimiento comunal, organizaciones sociales y ONG´s de las distintas localidades en todo el territorio nacional.
  6. Cultivar mayores niveles de conciencia y compromiso social activo y organizativo de las poblaciones, actores sociales y organizaciones sociales en todos los ámbitos que permitan ser protagonistas de sus espacios de vida, partiendo de estilos de vida saludable, la educación crítica, creadora y generadora de oportunidades, la articulación y encadenamientos económicos entre organizaciones y territorios. Esto implica partir de una visión que rompa patrones de consumo, convivencia y uso social de los recursos y servicios ecosistémicos, de mitigación y transformaciones para la superación del cambio climático, donde cada persona, familia, comunidad y las organizaciones asuman compromisos en sus ámbitos de responsabilidad. De tal modo, es recomendable fortalecer articulaciones territoriales y encadenamiento de activación económica y social en los territorios; no pretender que solo el Estado asume y provee las soluciones y recursos. Una sociedad que exige pero que también se involucra y compromete activamente, revitaliza nuestros liderazgos sociales y económicos.
  7. Potenciar y revitalizar el lugar y el peso de los pueblos indígenas en sus territorios, activando tanto sus modelos de acción, su cosmovisión y gestión como su protección ante las amenazas no solo sanitarias, sino económicas, sociales, ambientales, territoriales y culturales. Respetar la normativa nacional y los Convenios Internacionales que rigen nuestras etnias ancestrales.
  8. Consolidar prácticas de acción gubernamental basadas en la evidencia científica, destaca en especial el papel de la moderna ciencia social, que se basa en enfoques interdisciplinarios que atienden no solo las condiciones, factores y dinámicas sociales sino también previendo los posibles efectos e impactos sociales y ambientales. Así lo demuestran día a día en esta crisis los/as epidemiólogos/as trabajando junto a personal de salud, seguridad pública, emergencias, sociólogos/as, economistas, comunicadores/as y ambientalistas. Se requiere dar mayor peso y reconocimiento a las ciencias sociales, tanto en la comprensión como en el diseño y generación de rutas y soluciones alternativas, basadas en criterios propios de nuestras ciencias.

El Colegio de Profesionales en Sociología de Costa Rica llama la atención al Gobierno de la República sobre los peligros de tomar decisiones aceleradas sin los elementos de análisis sobre las fuentes de ingreso, el control del gasto y la redistribución efectiva de los recursos que se logren recaudar invertidas en las poblaciones objetivo y territorios en riesgo. En emergencias vividas en el pasado se cometieron muchos errores que posteriormente debieron ser ventilados en tribunales de justicia y querellas que generaron dudas sobre el adecuado uso de los recursos públicos. El criterio técnico y normativo debe ser respaldado con adecuados sistemas de información, bases de datos cruzadas entre entidades ejecutoras con los registros nacionales y sistemas de información de potenciales beneficiarios. Los sociólogos y sociólogas desde nuestro Colegio, nos ponemos a la orden del Gobierno en aquellas acciones ligadas a la crisis y acorde con nuestra especificidad profesional. Estamos comprometidos/as a aportar con nuestro conocimiento y experiencia, fundamentados/as en nuestros principios de integralidad, compromiso, solidaridad y respeto al ordenamiento jurídico y defensa del interés público en momentos de emergencia nacional y mundial.

Firma responsable: Dra. Carmen Camacho Rodríguez, Presidenta. Cédula 4-0110-0275

CC Arch.

Adjunto a oficio CPSCR-JD-004-2020 remitido al Presidente de la República el 24 de Abril, 2020

La clase política no le teme al pueblo

Escrito en . Publicado en Análisis, Derechos.

Carlos Campos Rojas

Así sentenció la diputada guapileña Yorleny León, la decisión tomada en la Asamblea Legislativa, con el apoyo del gobierno, para imponerle al país un conjunto de leyes tendientes a favorecer a quienes tomaron la decisión, de acabar con lo que quedaba del estado de bienestar en este país.

La reunión que por primera vez tuvo la Junta Directiva de la CCSS con el Presidente Alvarado en lo que va de este gobierno, fue para anunciarles, a través del Ministro de Hacienda y acompañados del Presidente del Banco Central, que no hay dinero para salvar la Caja Costarricense del Seguro Social. Una acción muy coordinada, como todas las que ha hecho este gobierno. No hay casualidades.

El escándalo fue tal, que Carlos Alvarado tuvo que salir a desdecirse, a su mejor estilo, inmediatamente al día siguiente. De paso informó que crearía una comisión para resolver el mal entendido, ahora la Caja está en más peligro que antes, a pesar de las poses.

Para destruir este legado de Calderón Guardia, apoyado por Manuel Mora, Monseñor Sanabria y defendido con generosidad por José Figueres, muy a pesar de la oligarquía del 48, contaron con el apoyo de economistas y funcionarios que erosionaron poco a poco las finanzas de la Caja. Reducir en un 75% el aporte patronal, fue una estocada al corazón de la institución. Rendir cuentas sobre lo que aquí pasó, es una responsabilidad constitucional inmediata, que debe cumplirse como lo establece el Art. 11 y afrontar penalmente las responsabilidades.

En este país sobra el dinero, sino no se lo robarían. Que lo estén guardando para otros intereses es otra cosa, porque cuando se trata de rescatar de los problemas a la mafia política, no les ha temblado el pulso nunca, para arrebatarle inmoralmente a la ciudadanía sus recursos. Así se han perdido fondos de pensiones, el valor del ahorro y ni qué decir de los impuestos que evadieron o eludieron, para los que nunca hubo interés en vigilar.

Ahora resulta que de ninguna manera se puede hacer un crédito puente para rescatar la Caja, tampoco se puede repatriar parte de los recursos del Banco Central que tiene invertidos en el exterior; mucho menos tocar los abundantes recursos de SUTEL o que el sistema cooperativo haga un préstamo. Jamás poner un impuesto a la riqueza, como se atrevió el viejo Figueres para rescatar la hacienda pública, porque ya lo advirtió una de las cámaras: “nada de impuestos y menos impuestos solidarios”. Gobernantes de esos, ya no hay.

Siempre he reconocido en Oscar Arias su visión, al establecer como compensación social por el Ajuste Estructural, la puesta en marcha desde el CNP, del Programa de Abastecimiento Institucional (PAI). Lastimosamente la corrupción y la impunidad torpedearon esa importante herramienta, pero sigue disponible y ahora se requiere para dotar desde la ciudadanía que va a quedar en la pobreza, parte importante de los suministros que la Caja requiere, así se reparte riqueza.

Roberto Artavia figura destacada del INCAE y ayudando al gobierno, ha advertido que no se puede pensar y actuar como se hacía antes de marzo, para enfrentar las secuelas del COVID 19. Hasta él reconoce que ahora la política debe humanizarse, porque debe restituirse la credibilidad institucional, pero cuidado si algunos van más por un botín, que sacar adelante este país.

Es el momento del diálogo, al estilo costarricense, de frente, entre todos, sin privilegios.

No se trata de reunir los amigos del gobierno y decir que ésos representan al país y que definirán el futuro de Costa Rica.

No, ninguno de esos me representa.

Hoy más que nunca, el diálogo debe ser sin exclusiones, sin miedo a los disensos, porque hay que construir consensos, para reconstruir el país y mantener la paz.

Carlos Campos Rojas
24 de abril de 2020
A cincuenta años de ALCOA.

La verdad de las pensiones del régimen de reparto del magisterio

Escrito en . Publicado en Análisis, Trabajo.

Jubilados en acción / Francisco Esquivel V.

Mucha de la información que circula en los medios de comunicación distorsiona la realidad de lo que sucede en el régimen de reparto del Magisterio Nacional y el impacto de la Ley 9796 sobre pensiones.

Los argumentos comunes. Lo que normalmente se dice son cosas como las siguientes:

  • Nunca hubo un motivo válido para privilegiar a los funcionarios públicos que se pensionan con montos por encima de lo que tienen los trabajadores del sector privado
  • No hay cómo justificar las diferencias en las pensiones de los diferentes regímenes
  • Las pensiones se han hecho incosteables y hay otras prioridades para el dinero que, a fin de cuentas, sale del bolsillo de todos, especialmente del sector privado
  • La ley 9796 contribuirá notablemente a la sostenibilidad del régimen de reparto del Magisterio

Sí hay motivo para que las pensiones del magisterio sean diferentes. Las dos primeras afirmaciones parten del supuesto de que en todos los regímenes de pensiones se cotiza lo mismo. Si los trabajadores de todos los regímenes cotizaran lo mismo es obvio que las pensiones deberían ser iguales. Pero, resulta que en el régimen de reparto del Magisterio se cotizan porcentajes muy altos del salario cuando la persona es trabajador activo. La cotización más baja es del 10%, y de ahí sube hasta llegar al 16% dependiendo del monto del salario. Esto es sustancialmente mayor que el aporte de los trabajadores del régimen de pensiones de la Caja Costarricense del Seguro Social. Además, una vez que el trabajador se pensiona, debe cotizar una contribución solidaria que oscila entre el 25% y el 75% de los segmentos altos de la pensión, dependiendo del monto de la pensión bruta. Por lo tanto, sí hay motivo para que las pensiones del magisterio sean diferentes. Los educadores han pagado, durante varias décadas de trabajo, para tener una pensión más alta. Negar eso sería una injusticia.

El gobierno se comió las cuotas pagadas por los maestros. La tercera afirmación dice que las pensiones del magisterio son incosteables y se financian a costa de los trabajadores del sector privado. También esto es incorrecto porque asume que los trabajadores del magisterio no han pagado las cuotas suficientes, y en el monto apropiado, para disfrutar de sus pensiones. Desde luego, en el pasado, algunas personas se aprovecharon de ciertos portillos para pensionarse bajo el régimen de reparto o bajo otros regímenes a cargo del presupuesto nacional, sin aportar las cuotas apropiadas. Pero esa no es la realidad de los miles de pensionados del régimen de reparto, que han trabajado varias décadas cotizando los porcentajes citados antes.

Entonces, si los pensionados del régimen de reparto del magisterio han pagado por décadas sus cuotas, ¿cómo es que ahora el Gobierno Central debe usar los impuestos para pagar tales pensiones? La respuesta es que el Gobierno se comió esas cuotas y no se las dio a los pensionados. Por décadas, el Gobierno usó las cuotas pagadas por los trabajadores del magisterio para otras cosas. Además, hay que considerar que el financiamiento de todo régimen de pensiones debe tener tres fuentes de ingreso: las cuotas del trabajador, las cuotas del patrono y las cuotas del estado. Así lo establece el artículo 73 de la Constitución Política. En el caso del régimen de pensiones del Magisterio el Gobierno nunca pagó esas cuotas, tanto como patrono como en su calidad de tercera parte del sistema de financiamiento.

La Junta de Pensiones del Magisterio (JUPEMA) ha estimado que si el Gobierno no se hubiera comido esas cuotas, pagándolas como era obligatorio, y con eso, se hubiese formado un fondo para pagar las pensiones, en este momento se tendrían por lo menos 5 billones de colones que permitirían pagar las pensiones actuales. Se trata del 13% del PIB o dos veces el déficit fiscal.

También, hay que tomar en cuenta un hecho fundamental en la historia de las pensiones del Magisterio. En 1995 el régimen se partió en dos. Por una parte, se constituyó el régimen de reparto ubicando ahí a los pensionados de mayor edad. Por otra parte, se estableció el régimen de capitalización colectiva (RCC) conformado por los educadores más jóvenes. Pero, al realizarse esta partición, el régimen de Reparto quedó dañado estructuralmente porque se le quitó la posibilidad de contar con las aportaciones de nuevos miembros, que, a partir de ese momento, pasaron al régimen de Capitalización Colectiva. Hoy se tienen aproximadamente 44.000 beneficiarios del régimen de Reparto. Pero tal régimen ha perdido el aporte de 101.000 educadores que pasaron al régimen de Capitalización Colectiva.

La sostenibilidad del régimen de reparto. Para lograr la sostenibilidad del régimen de reparto del Magisterio es necesario comenzar por el restablecimiento del fondo. El Gobierno Central debe pagar la deuda para dar una muestra de que se quiere resolver el problema. Y, asumiendo que, en 1995, se fracturó estructuralmente el sistema de financiamiento, el Gobierno Central, no sólo debe pagar la deuda sino también dar un aporte que complemente las cotizaciones de los pensionados. En la medida en que se avance en esta dirección es posible convocar a los pensionados, y a los educadores activos, para dialogar y, con el apoyo de un estudio actuarial, consensuar una solución integral. No reconocer la deuda del Gobierno Central con el régimen del Magisterio y descargar únicamente sobre los jubilados acciones como las de la ley 9796, es evadir la realidad y no aportar nada significativo para lograr la sostenibilidad del régimen de reparto.

El famélico ahorro de la ley 9796. Dice la cuarta afirmación que la ley 9796 le dará un gran aporte a la sostenibilidad del régimen de reparto del Magisterio. Eso es incorrecto. El impacto de la ley 9796 en las finanzas del régimen de reparto será mínimo. Estadísticamente no es significativo. Lo que se recaudará anualmente será el 1,9% de lo que se paga por el total de pensiones del Régimen de Reparto del Magisterio Nacional. En consecuencia, la recaudación de la ley 9796 no le aportará nada relevante a la sostenibilidad del régimen ni a corto, ni a mediano y largo plazo. Es decir, se trata de un ahorro que no es relevante.

Imagen: MEP

Extracto de libro rememora ALCOA NO

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Marco Palma Leiva compartió con SURCOS un extracto de su libro Con Linaje de Esperanza. Lo publicamos en honor a una generación que hizo suya la lucha por la dignidad.

Extracto del Libro “Con Linaje de Esperanza”
Capítulo III Tatuajes de la Calle Nuestra
de Marco Kiko Palma Leiva
CUARTO TATUAJE
24 de abril 1970
ALCOA NO

Piedras iban…lacrimógenas venían… río revuelto en la Cuesta e´Moras.

Una juventud enardecida tomaba las calles, con ideales y anarquía,

mientras un enjambre antimotines imponía su orden con estrategia y garrote.

Así fueron cayendo presos: diez, veinticinco, setenta y pico.

Entre ellos Antón, el duendecillo que siempre burlaba la historia.

Hoy caía “in fraganti”.

Fue un veinticuatro de un veraneado abril, cuando se hizo pequeña la mazmorra.

Sí, así fue.

Con otros nueve escuálidos colegiales, huyendo del acoso militar, se habían “puesto a salvo” en el corredor de una casona antigua, detrás del Museo Nacional.

Ahí, con más susto que ideas, fueron interceptados por la policía.

A punta de amenazas y patadas, los pasaron del protegido corredor, al metálico cajón de la “perrera” policial, en ruta directa a la Primera Comisaría.

Los tiraron a un patio techado grande, donde ya estaban detenidos otros cincuenta jóvenes, universitarios casi todos.

Fueron recibidos con aplausos y cantos patrióticos…que luego se repitieron cada vez que llegaban más detenidos.

Era como una película en vivo…todos sentados en el suelo, algunos golpeados o con problemas por los gases, todos fichados como nuevos delincuentes.

Los colegiales fueron liberados en cuatro horas, los demás hasta el día siguiente.

Ese 24 de abril de 1970 fue un tatuaje imborrable, como el grafitti que quedó escrito en la pared de la Comisaría…   “Hoy también es 68”, recordando el París del año histórico, donde Antón, ahora fichado como “agitador profesional”, también había estado presente y…

Habría escrito su primera crónica poética…

En ese … nominado almanaque de los insurrectos
cincuenta calles repletas de colorida protesta
buscaron taquear con flores
el napalm y la metralla.
Melenas cálidas
sin picos ni lanza
abrazaron la herida de otros
como se abraza su propia llaga.

Exactamente asimétrico trascendió ese año 68
Unas veces rebosando sicodelia
otras en la cuenca guerrillera
bohemio casi siempre
entre copas verbos y radicales respuestas.
En el mayo represivo…
el amor se hizo semilla.
En el agosto invasor…
la paz enraizó victoria.
En el octubre sangrante…
el dolor floreció ojos libres.
En el diciembre consumista…
una sencilla esperanza anidó en un pesebre.
Y en nuestro abril adolescente…
la conciencia se lanzó a pintar horizontes.