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A propósito de la reciente oleada de comunicados oficiales sobre la situación en Nicaragua: apuntes

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Nicolás Boeglin (*)

 

El pasado 16 de julio, 13 Estados de América Latina difundieron un comunicado conjunto en el que condenaron firmemente los actos de violencia que se viven en Nicaragua desde el pasado 18 de abril, que ya han costado la vida a más de 300 nicaragüenses, y en el que, entre otros puntos:

«Exigen el cese inmediato a los actos de violencia, intimidación y amenazas dirigidas a la sociedad nicaragüense; y el desmantelamiento de los grupos paramilitares» (véase texto integral en español reproducido al final de esta nota y remisión a su versión en portugués).

A diferencia de los comunicados oficiales elaborados por un solo Estado, en el que puede modular el vocabulario utilizado en función de su cercanía, distancia o bien hostilidad con las autoridades del Estado objeto del comunicado, los comunicados conjuntos obligan a los aparatos diplomáticos de diversos Estados a acordar y a consensuar un texto colectivo.

Una comparación con comunicados similares adoptados a raíz de las crisis políticas internas vividas en Honduras (2009), Paraguay (2012), Venezuela (2014) y Brasil (2016) arrojaría posiblemente interesantes hallazgos con relación a la consistencia de algunos.

Si bien esta profunda crisis política en Nicaragua ha dado lugar a un gran número de opiniones y análisis desde el punto de vista político, desde la perspectiva jurídica han sido mucho menos; o bien, se ha mencionado el derecho internacional «en passant«, sin tener mucha claridad sobre su alcance real en el caso de una situación como la que vive Nicaragua. Los comunicados oficiales conjuntos que se han multiplicado en las últimas semanas a raíz de esta crisis evidencian las reglas que se imponen a los Estados y a las organizaciones internacionales, tal y como lo veremos a continuación.

Un comunicado conjunto, de otros llamados al cese de la violencia

Este pronunciamiento colectivo suscrito por 13 Estados de América Latina fue precedido un día antes por un comunicado por parte de la Unión Europea – UE- (véase texto oficial) que se lee así:

«The acts of violence against students and civilians in Nicaragua as well as the delays in providing urgent medical assistance for the wounded are deplorable. We expect the authorities to ensure the security of the population and the respect for fundamental rights. All violence must stop now. We reiterate our appeal for a peaceful and democratic solution for the situation in the country in the framework of the national dialogue«.

Además del comunicado de 13 Estados en América Latina y del llamado hecho por los responsables de la política exterior de los 28 Estados Miembros de la UE, una instancia de Naciones Unidas en derechos humanos también alzó la voz: el mismo 17 de julio, la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas señaló en un comunicado oficial (véase texto completo) que:

«La espantosa pérdida de vidas debe detenerse inmediatamente. Es imperativo que el Estado nicaragüense, que tiene obligaciones en virtud del derecho internacional de los derechos humanos, garantice el derecho a la vida y la seguridad de la población, así como los derechos a la libertad de expresión y reunión pacífica, y adopte medidas concretas lo antes posible para terminar la crisis y encontrar una solución pacífica«.

Tal y como se puede apreciar, la presión diplomática sobre las autoridades de Nicaragua se concentró en los últimos días, al conmemorarse el pasado 18 de julio tres meses desde el inicio de las protestas, y al celebrarse el 19 de julio en Nicaragua, en circunstancias muy peculiares, una festividad como el denominado «Día de la Revolución«, conmemorando el triunfo definitivo de la revolución sandinista de julio de 1979.

Precisamente el mismo 18 de julio, el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) adoptó una nueva resolución sobre Nicaragua (véase nota con texto completo): el texto fue adoptado por voto, con 21 votos a favor. Esta última votación debe compararse al hecho que el pasado 5 de junio, fue la Asamblea General de la OEA la que aprobó una declaración titulada «Declaración de Apoyo al Pueblo de Nicaragua» (reproducida integralmente en esta nota nuestra): esta resolución fue adoptada por consenso entre los delegados de los 34 Estados Miembros de la OEA.

Situacion en Nicaragua el informe de la Comision Interamericana de Derechos Humanos
Foto extraída de nota de prensa titulada «Nicaragua convulsionada por represión de protestas al Gobierno».

Estos llamados repudiando el uso de la violencia se justifican por la situación algo atípica que se vive en Nicaragua, en la medida en que gran parte de los fallecidos y heridos son civiles y estudiantes protestando sin armas en las calles, víctimas de francotiradores y grupos paramilitares y parapoliciales que actúan encapuchados con la complacencia de las autoridades. La agencia japonesa de cooperación JICA expresó su preocupación al observar vehículos donados por ella en operaciones violentas de las fuerzas de seguridad contra manifestaciones callejeras (véase nota de prensa del 4/07/2018).

Pese al profundo dolor que embarga a muchas familias nicaragüenses tanto dentro como fuera de Nicaragua, desde la perspectiva internacional, estamos ante una situacion de carácter interno: sobre este preciso ámbito, el mismo derecho internacional público prohibe expresamente a otros Estados intervenir en sus asuntos internos. Lo cual no significa que no puedan externar criterio alguno manifestando su profunda preocupación ante determinada situación de violencia mediante comunicados oficiales.

Ello explica que entidades internacionales y Estados procedan a elaborar estos llamados y estos comunicados oficiales, exigiendo el cese de la violencia y la búsqueda de un mecanismo que permita el diálogo en aras de encontrar una salida política a la crisis política que sufre Nicaragua.

El sistema interamericano de protección de los derechos humanos activado ante la crisis en Nicaragua

Ahora bien, como integrante de la OEA y como Estado parte de varios instrumentos interamericanos de derechos humanos, el Estado de Nicaragua está sometido a las obligaciones que derivan de estos últimos en materia de resguardo del orden público y de garantías otorgadas a manifestantes en vías públicas. Acciones policiales recurriendo a un uso de la fuerza desproporcional e indiscriminado contra manifestantes atentan gravemente contra estas obligaciones, al igual que la falta de investigación y sanción de responsables de hechos violentos y muchas otras actuaciones de las autoridades de Nicaragua evidenciadas en los últimos meses.

Precisamente el pasado 21 de junio, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dio a conocer un detallado informe sobre la situación de violencia que se vive en Nicaragua en el que identifica patrones de conducta de sus autoridades sumamente cuestionables (véase breve nota nuestra con remisión al informe de 91 páginas de la misma ComIDH).

Como parte de las herramientas legales de las que disponen las víctimas en Nicaragua, la CIDH anunció el pasado 12 de julio haber ordenado una serie de medidas cautelares a las autoridades de Nicaragua en aras de resguardar y de proteger la vida de varios líderes sociales y estudiantiles objeto de amenazas y de actos de intimidación (véase comunicado de prensa de la CIDH del 12/07/2018).

Además de las herramientas jurídicas que corresponden al mandato de la CIDH, la crisis en Nicaragua ha dado lugar a la creación de dos entidades que trabajan in situ:

– desde el 24 de junio quedó formalmente instalado el Mecanismo de Seguimiento en Nicaragua (MESENI), ente interamericano que supervisa y que monitorea la situación desde Nicaragua, así como el seguimiento hecho por el Estado a las recomendaciones de la CIDH (véase comunicado oficial de la CIDH del 25/06/2018).

– desde el 2 de julio, quedó constituido el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), encargado de documentar las acciones violentas en Nicaragua (véase comunicado de la CIDH del 2/07/2018). El mandato del GIEI acordado con las autoridades de Nicaragua es de seis meses, y busca garantizar a las víctimas el derecho a la verdad así como identificar a los responsables de hechos violentos.

Justamente este 19 de julio, el MESENI dio a conocer después de tres semanas de trabajo en Nicaragua sus hallazgos, lo cuales señalan, entre muchos otros aspectos, «la intensificación de la represión y los operativos desplegados en todo el país por agentes de la Policía Nacional y grupos parapoliciales con el objetivo de desmantelar los tranques ubicados en diferentes ciudades» así como «el alto grado de apoyo y colaboración entre las fuerzas de la Policía Nacional y los grupos parapoliciales encapuchados caracterizado por la coordinación de acciones tanto para el despliegue de actos de violencia, represión, hostigamiento y persecución contra la población, así como para el levantamiento de los tranques. Adicionalmente, pudo constatar que tanto los agentes policiales como parapoliciales han realizado decenas de detención de personas que han sido referidas a centros de detención de la Policía Nacional» (véase comunicado de prensa de la CIDH del 19/07/2018).

Nicaragua ante el sistema universal de derechos humanos

Cabe precisar que, en el ámbito universal, Nicaragua es parte de 12 tratados sobre derechos humanos de Naciones Unidas que preven mecanismos de supervisión y monitoreo al que pueden en algunos casos acudir las víctimas en caso de violaciones específicas de derechos humanos (malos tratos y tortura, discriminación, por ejemplo) o que afecten a una categoría específica de personas (mujeres, niños, comunidades indígenas, entre muchos otros): véase estado oficial de ratificación. Es de notar que Nicaragua acumula desde varios años un atraso significativo con relación a la presentación de informes del Estado a varios comités u órganos de supervisión de Naciones Unidas en materia de derechos humanos, así como a solicitudes de mecanismos no convencionales que han emitido recordatorios sin mayor éxito para visitar Nicaragua (véase listado oficial): una señal inequívoca, a la que lamentablemente, muy pocos fuera de Nicaragua, le han prestado la debida atención.

Por el momento, la máxima instancia en derechos humanos dentro de Naciones Unidas como lo es el Consejo de Derechos Humanos, compuesto por 47 Estados (véase listado oficial de miembros) no ha adoptado ninguna decisión sobre la situación en Nicaragua. Por parte de América Latina, lo integran Brasil, Chile, Cuba, Ecuador, México, Panamá y Perú y Venezuela.

Presión diplomática internacional y derecho internacional: dos ámbitos distintos con reglas propias

Ante la coyuntura actual que se vive en Nicaragua y las reacciones suscitadas en el plano internacional, es importante distinguir el ámbito político de lo jurídico. La presión diplomática que ejercen Estados y organizaciones internacionales mediante comunicados intenta poner un freno a la violencia en Nicaragua. A su vez, el sistema interamericano activado monitorea desde fuera pero también a partir de dos entidades in situ, la situación desde la perspectiva de los derechos humanos.

La presión diplomática se ejerce según los usos que conocen bien los aparatos diplomáticos, salvo situaciones singulares que se pueden presentar de manera esporádica. Al respecto que, a pocos días de estallar la crisis política a mediados de abril del 2018 en Nicaragua, sus autoridades cursaron una nota de protesta, aduciendo una indebida injerencia de Costa Rica, al valorar uno de sus altos funcionarios la situación interna en Nicaragua (véase nota nuestra con texto del comunicado de Nicaragua del 20 de abril del 2018).

Como parte de la lectura peculiar que algunos hacen desde Costa Rica de la situación imperante en Nicaragua, un ex Presidente de Costa Rica sugirió este 18 de julio llevar al Presidente de Nicaragua ante la Corte Penal Internacional (CPI) (véase nota de prensa), sin percatarse (tal vez) que Nicaragua no es parte del Estatuto de Roma adoptado en 1998, instrumento que cumplió 20 años este 18 de julio (véase listado oficial de Estados Partes).

A modo de conclusión

Como bien es sabido, el derecho internacional público es una rama del derecho que intenta regular las relaciones entre varios Estados o resolver disputas entre varios Estados. En el caso de situaciones internas de violencia que no involucran a otros Estados, el accionar del derecho internacional es limitado, al menos a la fecha, a mecanismos de derechos humanos vigentes en virtud de instrumentos internacionales aceptados por el mismo Estado: el MESENI y la CIDH están documentando y monitoreando la situación en Nicaragua en el marco de las atribuciones que le corresponden acordadas con las autoridades de Nicaragua, mientras el GIEI busca con sus investigadores hacer una realidad el derecho a la verdad de las víctimas y de los familiares de las víctimas.

Los ofrecimientos que desde el exterior puedan hacer Estados y organizaciones internacionales para intermediar en una crisis política interna y para crear un clima propicio para resolverla son también recomendables, y por ello es que varios de los comunicados conjuntos precitados apuntan en esta precisa dirección.

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Texto completo del comunicado conjunto suscrito este 16 de julio del 2018 por Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay, difundido desde el sitio oficial de la diplomacia de Argentina (la versión en portugués está disponible en este enlace del sitio del Palacio del Itamaraty en Brasil).

Declaración Especial sobre la situación en la República de Nicaragua lunes 16 de julio de 2018

Los Gobiernos de la República Argentina, República Federativa de Brasil, República de Chile, República de Colombia, República de Costa Rica, República del Ecuador, República de Guatemala, República de Honduras, México, República de Panamá, República del Paraguay, República del Perú y República Oriental del Uruguay, ante la situación en la República de Nicaragua:

Expresan su preocupación por la violación de los derechos humanos y las libertades fundamentales y su más firme condena a los graves y reiterados hechos de violencia que se vienen produciendo en Nicaragua y que han provocado hasta la fecha la lamentable pérdida de más de 300 vidas humanas y centenares de heridos; la represión y violencia contra estudiantes y miembros de la sociedad civil, así como la tardanza en brindar asistencia médica urgente a los heridos.

Exigen el cese inmediato a los actos de violencia, intimidación y amenazas dirigidas a la sociedad nicaragüense; y el desmantelamiento de los grupos paramilitares

Instan a reactivar el diálogo nacional en Nicaragua, dentro de un clima de respeto a las libertades fundamentales, que involucre a todas las Partes para generar soluciones pacíficas y sostenibles a la situación que se vive en Nicaragua y el fortalecimiento de la democracia, los Derechos Humanos y el Estado de derecho en ese país;

Apoyan a la Conferencia Episcopal de Nicaragua para que continúe sus trabajos en pro de la búsqueda y promoción de soluciones del conflicto y en el respeto de los derechos humanos de los nicaragüenses;

Agradecen a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por las visitas realizada a Nicaragua para investigar los sucesos e instan al gobierno de Nicaragua a cumplir con las 15 recomendaciones formuladas; y a colaborar con el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI);

Hacen un llamado al Gobierno de Nicaragua y otros actores sociales para que demuestren su compromiso y participen constructivamente en negociaciones pacíficas con resultados concretos que aborden los desafíos fundamentales del país, de forma pacífica, incluido el fortalecimiento de las instituciones democráticas, la implementación de las recomendaciones de la Misión de Observación Electoral de la OEA y la celebración de elecciones libres, justas y oportunas, en un ambiente libre de miedo, intimidación, amenazas o violencia.

 

(*)Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR).

 

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La guerra comercial y el cinismo de sectores políticos de EUA

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Marlin Oscar Ávila

 

El país más poderoso del mundo, al menos hasta recientemente, Estados Unidos de América, tiene en su clase política al sector más cínico que pueda conocerse en el mundo. Desde hace más de año y medio han debatido frenéticamente una posible intervención del gobierno ruso en las últimas elecciones nacionales para la presidencia. Ahora, su gobierno ha iniciado una guerra comercial internacional, gravando los productos en materia prima y procesados, de lo que llama sus países “socios” del libre mercado. Todo mundo sabe que históricamente, hasta la actualidad, EUA ha intervenido en una elevada proporción de elecciones en los países que cree son o deben ser de su dominio, es decir, más de dos terceras partes de los miembros de las Naciones Unidas. Así mismo, ha sido ese país, junto con Inglaterra y la mayoría de la Unión Europea, quienes promovieron e impusieron el libre mercado al cual ahora se opone la administración Trump. Desde luego, con balances comerciales desfavorables para los llamados, por ellos mismos, países en desarrollo. El argumento de la guerra comercial de la Casa Blanca, es su alto déficit comercial con los demás países industrializados, particularmente, China. Trump sabe que esta guerra le trae beneficios inmediatos (no mediatos) a su necesidad de popularidad política en los sectores nacionalistas estadounidenses, al igual que su política “tolerancia cero”, abonando a su próxima re elección.

En el caso centroamericano, la balanza comercial es deficitaria para la región, más para unos que para otros de sus miembros, pero no se escucha los reproches de los gobernantes y la renuncia a los tratados de “libre comercio”. En el 2016, se registró una exportación de US$46,265.9 millones, mientras se importaron US$86,133 millones de los EUA. Una diferencia o des-balance de casi un 54%. (La Prensa/Económica 23/03/17). Sin embargo, con Nicaragua la balanza comercial ha tenido sus primaveras, donde EUA tuvo déficit comercial. ¿La pregunta es si algún país centroamericano se atrevería a grabar las importaciones desde EUA, para estimular su economía interna y resolver parte de su deuda externa o su déficit fiscal?

Recientemente, Ruanda, un país africano exportador de café, con un 45% de población bajo la línea de la pobreza, decidió subir los aranceles a la ropa usada importada, principalmente de los EUA, de US$0.25 a 2.50 dólares por cada kilogramo, a manera de estimular su industria textil, para subir la demanda de ropa producida internamente. Ruanda importa 17 millones de dólares en ropa usada desde EUA. Esto ha enojado al Tío Sam, quien le amenaza con aplicarle sus leyes de manera bilateral, tal cual lo hace con cualquier otro país del mundo, sin importar la pobreza del país víctima.

Esta guerra comercial ya está a toda marcha, solamente que adentro del campo de batalla, solamente participan los países industrializados del norte, Europa Occidental y Asia. Los demás, observan nerviosos, buscando refugio de protección y evadiendo los golpes directos e indirectos que pueden venir desde esas zonas, esperando que no sean letales. Entre más estrechas sus relaciones comerciales con esos países del G20, que ya implantaron más de cuarenta restricciones comerciales, los efectos e impactos serán mayores. Si antes de iniciado el presente año, habían diversificado la relación comercial, dejando de depender en más del 50% en su comercio con EUA, es posible que los países del Sur tengan posibilidades de mayor maniobra.

Como sabemos, la Organización Mundial del Comercio (OMC) depende más de las aportaciones del G20, y EUA no respeta a los organismos multilaterales cuando estos no coinciden con sus políticas nacionales. Así que, la OMC será poco o nada lo que haga para un comercio justo, y nuestros países sub desarrollados, en esta guerra comercial, se verán obligados a optar. Indudablemente, esta guerra comercial tiene implicaciones políticas internacionales y el mapa mundial está cada vez más alterado, por las políticas estadounidenses con su guerra comercial, por el Brexit en la UB, y por qué los países que están siendo fustigados por el imperio norteamericano, buscan como evadir las sanciones financieras y de mercado de que son objeto. En medio de las guerras comerciales de muchas regiones del mundo y las bélicas de oriente medio, están las batallas por el control de los recursos naturales, en las cuales, quiera latinoamericana o no, está íntimamente vinculada. Es por el control de estos recursos naturales y por la ubicación geográfica de algunos países suramericanos que diariamente nuestros países se ven involucrados en fuertes discusiones internacionales y en represiones intestinas de sus gobernantes.

Otra aberración actual de los EUA, es escandalizarse porque otro gobierno haya podido influir en sus elecciones políticas.

En los últimos días, la derecha rancia de los dos partidos políticos que dominan el espectro político de EUA, le han dirigido toda las baterías letales a su presidente Donald Trump, por las conversaciones con el presidente ruso, Vladimir Putin, a quienes consideran coludidos, para que los Republicanos ganaran las últimas elecciones. Cierto o no, sabemos que eso es como aquel que viste sotana y condena diariamente las relaciones extra-maritales de sus parroquianos, pero tiene regados a varios “ahijados” por su parroquia.

Al menos en Centroamérica se sabe que no puede elegirse un mandatario sin la venia del Departamento de Estado, incluyendo a “izquierdistas” como el caso nicaragüense. Si no, pregúntenle al ex presidente de Honduras, Manuel Zelaya Rosales. Él ni los candidatos de Libre pueden llegar a tomar el poder, si la “Embajada” no se lo aprueba. Así como imponen gobernantes con golpes suaves o duros, definen, no solamente a quién se elige, pero a quiénes el elegido define como miembros de su gabinete. Para el Departamento de Estado, tener un presidente re electo de derecha en Honduras y otro, supuestamente de “izquierda”, en Nicaragua, es una fórmula adecuada en sus relaciones con Centroamérica. No sería difícil adivinar las negociaciones tras bambalinas que J. Orlando Hernández y Daniel Ortega sostuvieron con el Departamento de Estado, la NSA, la DEA y la CIA, para hacer viable su re elección. La historia latinoamericana esta cundida de ejemplos de intervenciones estadounidenses en las elecciones de sus gobernantes. Por lo que, suena hasta ridículo que ahora, los sectores más conservadores estadounidenses levanten banderas contra una posible intervención en sus últimas elecciones. Ese comportamiento exclusivista no les abona en nada.

Así se desenvuelve el cinismo de los Republicanos y Demócratas conservadores de EUA, mientras tanto, sus medios corporativos siguen aumentando sus capitales con los escándalos que ellos fermentan diariamente. Quienes finalmente pagan las consecuencias de esas políticas imperiales y sus exabruptos, son las clases trabajadoras, la ciudadanía indefensa, las minorías vulneradas y las mayorías inocentes.

 

Enviado por el autor.

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Estrategia de la Ultra-derecha Internacional

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Para la derecha internacional, conservadora, neo-liberal y hasta neo fascista, se trata no solamente de acumular el mayor capital posible en las élites mundiales, regionales y nacionales, su misión es dejar a las grandes mayorías y sus líderes sin capacidad de protesta, de sobrevivir hasta que estas rueguen clemencia, para llevarlos a estados de esclavitud, pues hasta la pobreza, miseria y esclavitud, ha sido convertida en negocio de élites nacionales e internacionales.

Los pequeños círculos de poder de cada nación, son asistidos por los círculos de mayor altura y trascendencia, para que logren las mayores riquezas durante sus funciones burocráticas. Para ello, aumentan tarifas de los servicios públicos, en educación y salud, en el transporte aéreo, terrestre y marítimo. Los bancos internacionales colaboran concediendo créditos indefinidamente a nombre de los gobiernos que luego debe pagar el pueblo. Este drenaje de los raquíticos ingresos del pueblo e instituciones del Estado, no llega a satisfacer a los círculos del poder local, que tiene que compartirlo con los organismos internacionales, por lo que se involucran en mayores acciones que rebasan los cánones de la honestidad y el derecho establecidos, como son los lavados de activos, el tráfico de drogas y de humanos y el sicariato. Finalmente, llegan a un punto de no saber en dónde comienza la organización criminal y adonde se inicia la acción de las instituciones del Estado.

Algo similar, se está dando en las dimensiones internacionales. Cada vez se respetan menos las instituciones multilaterales y legados democráticos dejados en épocas anteriores, como son los acuerdos de paz, de los derechos humanos universales y parciales, de comercio, como del equilibrio climático, eco sistemas y riquezas culturales de la humanidad, del respeto a las autonomías y soberanías de los pueblos, gobiernos y naciones. Se rompe con mayor frecuencia con acuerdos multilaterales, buscando la hegemonía del más fuerte y poderoso. Instituciones multilaterales que han estado presentes cuando se requiere de intermediación, de puntos de equilibrio político y social, de la aplicación de la justicia ciega, de la aplicación de medidas restrictivas para evitar los abusos de los más fuertes contra los más débiles, esto y más hemos estado perdiendo en nuestra sociedad universal.

Se sabe que han existido esfuerzos constantes de la ultra derecha internacional para cooptar esas instituciones multilaterales, con resultados parciales. El caso de la OEA ilustra algunos resultados de cooptación conservadora. El rompimiento unilateral con el acuerdo multilateral suscrito por los 5+1 para el desarme nuclear de Iran, en mayo del presente año (ahora en negociación de un 4+1), es otro ejemplo. La sustracción de membresía unilateral de los EUA al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en julio del presente año y de UNESCO en octubre del 2017. La que ha sido una potencia mundial, controlada ahora por un gobierno ultraderechista, neo fascista, como el de EUA, se sustrae de los organismos multilaterales que no logra controlar o someter a su voluntad. EUA no resiste competencia en el control del mundo global, por lo que las Naciones Unidas son “su mal necesario” pero en proceso de reducción de fuerzas, por las políticas de la Casa Blanca. Según el partido Republicano en las Naciones Unidas no se actúa en concordancia de sus políticas internacionales y es un obstáculo para el control del destino global. Se lucha por el control absoluto del mundo y por ejemplo: en decisiones sobre quién respeta o no los derechos humanos, los EUA busca hegemonizar con su aplicación constante de sanciones a los países que no se someten a sus criterios e intereses. Ahora mismo está sancionando a altos funcionarios del gobierno nicaragüense, por corrupción y violación a los derechos humanos. Es posible que muchas personas estén de acuerdo, sin embargo, no aplica su regla medidora a otros países que han hecho lo del gobierno Ortega y mucho más. Es el caso de Colombia, desde Uribe y sigue sucediendo, sobre la eliminación de cienes de líderes sociales, negros e indígenas; en Honduras desde que apoyó el golpe de 2009 y el gran fraude en noviembre 2017 la impunidad, represión y violación de los derechos humanos es constante; sigue apoyando al presidente de Guatemala, Jimmy Morales, pese a su gran corrupción y últimamente, acusado de ser un depredador sexual, oculto en salas y cuartos oscuros. Tampoco se manifiesta contra las violaciones de los DH en otros países con gobiernos que son de su simpatía como Brasil, Argentina, Ecuador, adonde se coopta al sistema judicial local, para que persigan y neutralicen a los líderes políticos que no son de la simpatía de la Casa Blanca; menos actúan en contra de las matanzas masivas de palestinos por el gobierno israelita, ni por el asesinato en masa de yemeníes, en donde se ha demostrado su complicidad. Se ha tenido una década de quejas y acusaciones contra el gobierno venezolano por la violación de los derechos humanos, igual o mayor período de estar sucediendo matanzas cotidianas, femicidios, masacres, etc., en México y Colombia, pero allí la Casa Blanca se ha mandado al silencio.

Esto demuestra por donde van sus contradicciones de la ultra derecha con los organismos multilaterales, que como la ONU se manifiestan de forma colegiada respaldándose en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en convenios y acuerdos multilaterales. Es decir, lo que buscan los de la ultra derecha internacional es utilizar a los derechos humanos como un instrumento de lucha contra los gobiernos y pueblos que sí respetan los derechos humanos para lograr sus objetivos políticos de control, para finalmente apoderarse de los recursos naturales y el mercado que contribuyan a la acumulación del poder económico, militar y político de las élites mundiales conservadoras.

Los grandes conflictos bélicos que se han venido dando en el Golfo Pérsico por el control del petróleo y demás energéticos naturales, se está buscando implantarlos en nuestra Cuenca del Caribe, para lo cual, el Pentágono y las élites conservadoras buscan agudizar los conflictos sociales, llevarlos a conflictos políticos y eventualmente a conflictos bélicos. El objetivo es el mismo, pero el contexto es muy diferente. No es lo mismo asaltar y asesinar poblaciones completas a 8 mil kilómetros de distancia que hacerlo a las puertas de su casa. Indispensable es que se involucre a los gobiernos y pueblos de Sur América primero. No importa si en esto se involucra a pueblos como el costarricense, con una historia de paz y democracia envidiable. Y ya la OEA, mediante Luis Almagro, lo ha logrado al hacer miembro activo a Costa Rica del Grupo de Lima, frente político regional de esta estrategia regional contra América Latina.

Por lo anterior, la conquista contundente del pueblo mejicano el primero de julio, al elegir a un gobierno progresista, representado por Andrés Manuel López Obrador, está en un contexto muy delicado. Aunque el neo-liberalismo implantado por Peña Nieto ya le entregó la mayoría de su petróleo mejicano a las corporaciones gringas, queda todavía ver cómo va a reaccionar frente a esta estrategia regional de la Casa Blanca y su partido Republicano, de control de las riquezas existentes en toda la Cuenca del Caribe y en el Cono Sur, con el control también, del agua y otros recursos.

Desde luego, el tema de la migración seguirá siendo un problema que irá de mal en peor, dada esta estrategia estadounidense. Así como en Europa, el tema es de grandes “preocupaciones”, en ningún momento se verá a EUA viéndose dentro de las causales principales de la migración de latinos (“morenos discapacitados”). Desde luego, la causa principal está en el fracaso del neo-liberalismo para satisfacer las necesidades de las grandes mayorías, puesto que desde su creación fue para beneficio de una minoría elitista monetarista.

Algunos pueblos han venido enterándose lentamente del fondo de las maniobras elitistas conservadoras. Desde luego, es urgente que los pueblos de la clase trabajadora se concientice y deje al lado riñas secundarias e infantiles, para unirse en un solo bloque internacional. Seguir el ejemplo del pueblo mejicano es indispensable. Apoyar a los gobiernos en cada uno de sus proyectos en beneficio social general, y hacer valer su opinión ante cualquier medio, es prioridad. Como es prioridad no dejar a solas la lucha que ya está iniciando el nuevo gobierno mejicano, que aun cuando no se pertenezca a ese gran país, está buscando romper con las crisis, los abusos y las acciones imperiales de los EUA. Aún estamos a tiempo de que nuestro territorio no se convierta en campo de batalla por acaparar los recursos primarios y secundarios que la naturaleza nos proporciona, tal como han convertido al Golfo Pérsico.

Debemos estar claros que, en América Latina no existe una lucha entre el comunismo y el capitalismo como tales. Primero, porque el comunismo tal como se explica teóricamente no existe. Los gobiernos que hemos tenido denominados de izquierda, por favorecer a las mayorías que les eligió, no llegan a veces ni a socialistas. La izquierda no es sinónimo de comunismo, pero sí puede ser de la social democracia, el reformismo, y a veces, ha pasado de un perfil social demócrata a una imposición autoritaria conservadora que le hace el juego al neo liberalismo, como son los casos de Ecuador y Nicaragua actuales. En el contexto actual, donde la derecha se coloca en posiciones ultra-derechistas, hasta neo fascistas, los mismos liberales son acusados de socialistas y comunistas.

Así que dejando de lado la cacería de brujas a que se dedican las élites económicas por su incultura e intereses, se debe colocar bien los perfiles estratégicos de una lucha regional a la cual se ha invitado al pueblo trabajador latinoamericano. Así como emocionalmente se apoya a las selecciones deportivas en los torneos mundiales, así debemos trabajar para una vida de mejor calidad en la región donde hemos nacido.

 

Enviado por el autor.

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¿Cómo queremos y qué queremos de los servicios públicos en Costa Rica de cara al Bicentenario?

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

FORO FES DIALOGO SOCIAL Y POLÍTICO EN Costa Rica

 

Por Juan Carlos Cruz Barrientos y Margarita Bolaños Arquín

“La Constitución Política de 1949, como desenlace de una confrontación social y política que desnuda las asimetrías de una sociedad desigual y con una débil institucionalidad pública, establece un conjunto de basamentos sustentados en los artículos 50 y 74 que moldea el Estado Social de Derecho costarricense desde entonces. La institucionalidad pública articulada en instituciones autónomas y gobierno central, extiende los servicios de salud, educación, seguridad, electricidad, telecomunicaciones, transporte y agua potable bajo el principio de universalidad para todo el país que da vida a los valores de la democracia social de igualdad, solidaridad y justicia social.

(…)

A las puertas del bicentenario de la independencia y a 170 años de vida republicana, es perentorio para todos los sectores que integramos la sociedad costarricense sentarnos a dialogar y definir el futuro de los servicios públicos, actual andamiaje y arquitectura del Estado Social de Derecho. Seguimos presionados por las ondas globalizadoras aperturistas y privatizadoras que ven en los servicios públicos los negocios de una nueva forma de acumulación de riqueza con el argumento de generar empleo, bajar costos y hacer más eficientes los servicios”.

 

Ingrese en el siguiente enlace para leer el artículo completo.

Concepto FORO FES servicios públicos en Costa Rica

 

Imagen con fines ilustrativos.

Enviado a SURCOS por Calos Sáenz.

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Administración Alvarado: La economía como acto circense de magia

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Luis Paulino Vargas Solís (*)

La economia como acto circense de magia
Actores de la película de terror fiscal.

La política económica en el gobierno de Carlos Alvarado, responde, con disciplinada fidelidad, al recetario ortodoxo de la economía neoclásica. Ésta ha sido sometida a una crítica teórica devastadora y naufraga estrepitosamente en su escrutinio frente a los datos de la realidad. Es, sin embargo, el zombi que, como en acto de prestidigitación, conduce hoy la economía de Costa Rica.

Repasaré enseguida algunas de esas ideas peligrosamente desatinadas.

Los olvidos de El Financiero

En su editorial de la edición de la semana 30 de junio al 6 de julio –“Crecimiento y empleo”– este semanario discute acerca del desfalleciente crecimiento de la economía costarricense, y los problemas del empleo. De entrada formula dos preguntas retóricas: “¿De dónde proviene la pérdida de impulso en la actividad económica del Costa Rica? ¿De la economía externa o de la demanda interna?”. La respuesta era fácil de anticipar: el problema surge desde lo interno, porque en lo externo todo camina fabulosamente bien. Afirman entonces que si no hemos caído en recesión es “…gracias al impulso del motor externo de la economía”.

En rigor esto último es falso, porque el sector externo no solo está conformado por las exportaciones sino también por las importaciones, y el efecto neto depende del balance entre unas y otras, el cual sigue siendo negativo. Es decir, las importaciones superan a las exportaciones, lo que reduce el crecimiento de la economía.

Ahora, que si lo que se desea es resaltar la expansión exportadora que, en conjunto, casi triplica el crecimiento del resto de la economía, llama la atención que omitan preguntarse ¿por qué ello no se refleja en mejoría alguna del empleo? ¿Cómo es que en medio de tanto dinamismo exportador, la situación del empleo, de por sí calamitosa, lejos de mejorar, se sigue deteriorando? La respuesta tendría que reconocer lo que la realidad dice a gritos: que, como tendencia dominante, el sector más dinámico de las exportaciones, es el que goza de las condiciones especiales que conceden las zonas francas, cuya capacidad de generación de empleos es insignificante. Insignificantes los empleos que aporta directamente, como también los que propicia en forma indirecta, puesto que sus ligámenes con el resto de la economía son sumamente limitados.

Y, por favor, guárdense el manoseado argumento de que esas exportaciones de zona franca demandan calificaciones que la mayor parte de trabajadoras y trabajadores no poseen, lo que les impide emplearse ahí. Porque si eso fuera cierto, quedarían atrapadas en un cuello de botella que asfixiaría ese crecimiento que exhiben, ya que no encontrarían a quien contratar. Pero eso evidentemente no ocurre, ¿o acaso no es imagen familiar ver filas kilométricas de personas buscando colocación cada vez que se anuncia una “feria de trabajo”?

Pero igual vale preguntarse ¿Y cómo es que tan formidable dinamismo exportador no contribuye a aliviar, ni siquiera poquito, el problema del déficit fiscal? Lo cual ratifica que, contrario a la mentira que se ha querido vender, el aporte de las transnacionales de zona franca al fisco es menos que irrelevante.

Pero si uno observa que la inversión empresarial de tipo productivo, está prácticamente en depresión, todavía cabe otra pregunta ¿cómo es que el sector exportador anda tan boyante sin que ello dé impulso a la inversión? Seguramente estas empresas exportadoras tenían una considerable capacidad ociosa que les ha permitido incrementar la producción sin invertir gran cosa, pero es notable que tanto dinamismo, no se refleje tampoco en la inversión de otros sectores y empresas fuera de zona franca. Lo cual reafirma lo que ya dijimos: que entre estas últimas y el resto de la economía, no hay nexos significativos.

El villano de la película

Omitir todas estas incómodas consideraciones, es conveniente para los ideólogos de El Financiero. Primero, para evitar interpelaciones “inapropiadas” acerca de las graves falencias de “su” modelo neoliberal. Pero también para dirigir los misiles hacia donde les interesa: afirmar que el financiamiento del déficit fiscal hace subir las tasas de interés, lo que presuntamente explica que el consumo de la gente se frene y la inversión de las empresas se retraiga.

La idea subyacente a esa aseveración ha sido ampliamente debatida a nivel teórico. La economía crítica –en especial la corriente poskeynesiana– ha demostrado que es errónea y falaz. Tendría algún mínimo sentido, si viniéramos atravesando una situación de vibrante bonanza económica, con encendida demanda de crédito tanto por parte de las empresas (para invertir) como de las personas consumidoras. Un pálido remedo de tal cosa se vivió hacia 2015, favorecido claramente por la baja de los precios de los combustibles, pero rápidamente empezó a dar signos de agotamiento, que han hecho que el crecimiento de la economía venga cuesta abajo prácticamente desde inicios de 2016. Entender esto en serio, más allá de tanta basura ideológica, obligaría a reconocer que, ante los graves problemas del empleo y el perdurable estancamiento de los salarios, la gente ha optado por fugarse hacia el crédito para consumo. Con ello crece la deuda privada que, a estas alturas, ha llegado a ser lo suficientemente agobiante como para obligar a las personas y familias a “socarse la faja”, lo cual se refleja en el declinante dinamismo del consumo.

Por su parte, el sostenido movimiento declinante de la inversión empresarial –que inicia un decenio atrás– está seguramente vinculado a problemas de competitividad y rentabilidad, lo cual está vinculado a factores diversos: infraestructura, limitada capacidad de innovación empresarial, bajos niveles de productividad, crédito caro (producto, desde hace mucho, del rentismo e ineficiencia del sistema financiero costarricense y no del déficit fiscal). Y, desde luego, el peliagudo tema del tipo de cambio.

En todo caso, es fácilmente demostrable que el aumento de las tasas de interés durante el segundo semestre de 2017, en particular la tasa básica pasiva a la que muchos créditos están vinculados, ha sido fruto de las decisiones directas del Banco Central. Las necesidades de financiamiento del déficit fiscal estaban presentes en ese momento, como también ahora, pero en este 2018 las tasas han dejado de subir en el tanto el Banco Central ha dejado de empujarlas hacia arriba. Es que, por ahora, logró lo que quería: terminar de ahogar la economía y el empleo para tirar abajo la inflación.

Contrario a la cantinela de estos ideólogos, el déficit fiscal no ejerce presión sobre las tasas de interés, porque las condiciones generales de la economía frenan el gasto privado. En otra nota de La Nación (Gobierno sobrepasó en 67% captaciones anunciadas para el primer semestre) no les quedó de otra sino reconocerlo: “(l)o llamativo de la situación del primer semestre es que, a pesar de que Hacienda captó mucho más de los que anunció, no ejerció una presión importante al alza sobre las tasas de interés”. Claro, ello resulta “llamativo” para quien razona desde el desnudo prejuicio ideológico.

La economia como acto circense de magia2

El ojo de Sauron

En medio de tanta superchería e ignorancia, ya no extraña que el discurso derive hacia el amarillismo más recalcitrante. Así en otra nota de La Nación: OCDE: Viviremos ‘terribles consecuencias’ por la crisis fiscal, jóvenes serán los más perjudicados. Ponen aquí a hablar –el percudido argumento de autoridad– al jefe de la División Económica de la OCDE. Como parte de la diatriba alarmista, este sujeto, portugués y de apellido Pereira, miente descaradamente acerca de los orígenes de la crisis en su país. Además se habla de una política de austeridad que deberá lograr un ajuste fiscal (reducción gasto público + reducción gasto privado) del 4% del PIB. Con una economía que crece menos del 3%, ello podría llevarla al estancamiento, quizá la recesión. Hablando de crisis, he ahí el probable detonante de la esa crisis.

Al final de esa nota, la ministra Rocío Aguilar alucina que con “la reforma” fiscal, se logrará generar “confianza…de inmediato”. No sé si ella tendrá idea de la teoría detrás de tal disparate. En cualquier caso, es una teoría fantasiosa y perfectamente desprestigiada.

Resumo: todo esto no pasa de ser un sonrojante acto circense de magia.

 

(*) Director Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo, CICDE-UNED)

 

Enviado por el autor.

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Fútbol a fuego lento

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Costa Rica en Rusia 2018

Hernán Alvarado

 

Esto es lo peor de la propuesta costarricense del 2018: nada nuevo que ver, ninguna sorpresa. El esfuerzo estuvo centrado en hacer bien lo mismo de siempre ¡Qué no nos vuelva a ocurrir nunca más! Por ende, no es extraño que el resultado, en Rusia, haya sido, en tres partidos jugados, ofensivamente: 0 + 0 + 2 = 2. Y, defensivamente: – 1 + – 2 + – 2 = – 5. En el 2018, la diferencia de goles fue negativa = – 3. De 9 puntos posibles se ganó 1, para un 11% de rendimiento. En Brasil 2014, el resultado fue, en ofensiva: 3 + 1 + 0 = 4; en defensa: -1 + 0 + 0 = -1. La diferencia de goles fue positiva = 3. De 9 puntos posibles se obtuvo 7, 6 más que esta vez, contra contrincantes más difíciles, para un 78% de rendimiento.

Si sumamos los goles de estos dos últimos mundiales quedamos en 0. Ahora ¿partimos, entonces, una vez más, de 0? Lo cierto es que no apareció la Costa Rica que el mundo entero estaba esperando. Entre Brasil y Rusia se abrió una abismal diferencia. Salimos de Brasil como la selección número 8 del mundo, de Rusia salimos como la número 29. Bajamos 21 posiciones en cuatro años. Un resultado así no puede quedar impune ¿Cómo lo hicimos para no volverlo a hacer? ¿No deberían renunciar todos enseguida, es decir, directivos y cuerpo técnico? Los jugadores no tienen por qué hacerlo, pues en la selección nadie debiera tener su puesto asegurado. Sirvan las siguientes reflexiones para hacer un balance que resulta hoy lo único razonable que nos queda por hacer.

Una potente metáfora

El fútbol parece un entretenimiento o un espectáculo, a lo sumo un deporte, pero es mucho más que eso. A pesar de la competencia, que pretende reducir el fútbol a un sistema, a una mecánica, a un cálculo de resultados; lo importante sigue siendo lo que aún tiene de espontáneo, imprevisible y liberador. Este deporte fascina por lo que aún conserva de juego. No es para menos, gracias al juego hay símbolo y, por ende, lenguaje; hay cultura y no sólo natura. Esa redonda que va y viene de aquí para allá hipnotiza y, en ese vaivén, cualquiera reconoce el atávico comportamiento que conduce a la identificación, inconsciente, de cada uno con la especie, pese a las diferencias de toda clase que separan a los seres humanos. Tal la base de todo poder, de todos los poderes, sean grandes o pequeños.

De ahí la enorme potencia metafórica del fútbol, que es capaz de transportarnos desde la guerra a una la sublime confrontación de estadio. De hecho, sólo las guerras mundiales suspendieron el torneo por un lapso de doce años; hasta 1950, en que se reanudó en aquel Brasil del “maracanazo”. De ahí, también, que el fútbol lleve a hablar de todo, a propósito de un partido o de cualquiera de sus detalles. Incluso con gran facilidad nos sumerge en esa cháchara babilónica que causa la más curiosa de las incomunicaciones: todos hablando al mismo tiempo, sin que nadie entienda a nadie, sobre algo que todos creemos entender perfectamente.

Entonces, que a nadie extrañe que cuando se habla de la selección nacional, unos hablen de los que faltan y otros de los que sobran; unos se refieran a los puntos ganados y otros a los perdidos; algunos critiquen el cuerpo técnico mientras otros a los directivos. Cada cual habla como si discutiera lo mismo, como si el tema fuera obvio. El fútbol da para hablar de casi todo y, al final, en realidad, de casi nada; porque las pasiones cotidianas se consuman así, casi sin resto, cayendo pronto en el olvido.

El fútbol cambia a cada minuto, pero al mismo tiempo, es la repetición del mismo ritual. Parece ser siempre lo mismo, porque puede repetirse mil veces sin que aparezca un solo cambio, alguna innovación. Nada cambia tanto para que no cambie nada. Por eso es, también, un excelente instrumento de dominación de masas. Reyes, presidentes, generales, dictadores, amos, se sientan a ver jugar, igual que lo hacen sus súbditos, sus electores, sus soldados, sus subordinados y sus esclavos. Durante esas horas míticas todos somos iguales, somos de los mismos. Incluso sentimos como si estuviéramos jugando en la cancha, hasta tal punto llega la identificación. Aunque sea unos contra otros, o unos en el palco y otros en la gradería. Patria es la selección nacional de fútbol, decía, con alguna ironía, Camus.

Advertidos de esto, para hablar de fútbol, con algún sentido, conviene, en primer lugar, seleccionar el tema: ¿A qué referirse? ¿En qué enfocarse esta vez, a cuál de sus múltiples facetas? ¿De qué hablar primero? Por ahora, en fresco, cabe referirse a lo más básico, para aclarar ideas fundamentales, con la esperanza de comenzar a aprender algo del triste e innecesario fracaso de la selección de Costa Rica en Rusia 2018. Tal vez, si esto se hace en serio, no se desperdicie también la siguiente oportunidad. Aunque el torneo sigue sin Costa Rica, hay que seguir con el torneo, con el próximo, para no repetir, una vez más, los mismos errores. En eso consiste evitar el ridículo, en no volver a fracasar de la misma manera.

El alto rendimiento

Hablar del Mundial es referirse al alto rendimiento, de eso se trata en ese torneo. A éste no se va simplemente a competir, mucho menos a pasear. En realidad, se llega ahí a demostrar el avance obtenido después de cuatro años; en comparación con los demás y con vista a la meta alcanzada anteriormente. Panamá, por ejemplo, cayó ante Inglaterra seis a uno; fue una goleada estremecedora, hasta el “Bolillo” Gómez se reía en el banquillo. Pero Panamá estaba en su primer mundial, así que cuando cayó su gol, el primero de su historia, la afición estalló en júbilo, como si hubieran ganado el partido, en Rusia y en el país centroamericano. Estuvieron brincando en las graderías hasta el final y después siguió la fiesta. Los seis goles de Inglaterra se hicieron humo. Días después, la prensa no paraba de alabar a Felipe Abdiel Baloy. Pero, cuando Brasil perdió 7 a 1, en su casa, contra Alemania, en julio de 2014, aquello fue una tragedia, la gente se tapaba la cara de vergüenza.

El alto rendimiento es, como el amor, una marcha: si no va para adelante, va para atrás. Puede ir paso a paso o dar un gran salto adelante, pero cualquier retroceso es fatal, notorio, injustificable. Cuando no se alcanza la meta anterior, no hay razón ni excusa que valga. Recordemos que entre lo sublime y lo ridículo a veces no hay más que un pestañeo. El alto rendimiento no conoce piedad. Los que hacen lo mismo de siempre, o los que no se superan, salen por la puerta de atrás. No queda margen para los “pobrecitos”, para quienes merecían mejor suerte. Ser o no ser, tal es la lapidaria cuestión.

En el alto rendimiento una serie encadenada de acciones se ponen en marcha y están a prueba cada segundo. Se habla, entonces, de máximos y óptimos, tanto personales como organizacionales. Aquí la excelencia no admite pretexto ni conoce exceso. O se está entre los mejores o se vuelve a casa. El desfile de los fracasados, conforme pasa el mundial, puede ser conmovedor, pero es, asimismo, irreversible e inapelable.

Todos los que no llegan a la segunda ronda fracasan. Al final, sólo uno, entre todos, triunfa. Cada vez, sólo hay un campeón mundial; los demás, simplemente, van cayendo, en fila, en una especie de nunca jamás. El sub campeonato es, a menudo, sólo un premio de consolación que no consuela a nadie. El que más copas levanta es el campeón de campeones; hoy en día es Brasil. Pueden correr ríos de tinta y convertirse en mares, que nada puede cambiar ese hecho, hasta que otra selección supere la marca.

En el alto rendimiento, el diablo también está en los detalles: la condición física, la preparación psicológica, la táctica fija, el sitio de la concentración, los uniformes, los símbolos, los titulares de los periódicos, las circunstancias, el azar. Todo cuenta y se torna significativo, dado el momento. La ley de Morphy se cumple ahí con una contundencia deslumbrante: lo que puede salir mal… saldrá mal y, probablemente, en el peor momento. También se puede decir, en alusión al principio de Peter, que cuanto más se avanza haciendo lo mismo, o sea, cuanto más éxito se obtiene, más cerca se estará del nivel de incompetencia.

Por eso, cuando se trata de alto rendimiento, cualquier fracaso debiera ser objeto de la auto crítica más severa, sin contemplaciones. Si lo que se quiere es superarse y aprovechar mejor la siguiente oportunidad. No hacerlo y, en vez de eso, esconder los errores o disimular o minimizar las malas decisiones, es caer en una mediocridad mayúscula y llevarla al extremo. Algo inadmisible, porque es como fracasar por partida doble: fracasar de hecho y fracasar a la hora de aprender del fracaso.

Atacar y defender

Los sistemas tácticos se describen, a menudo, estáticamente, según se para cada equipo al iniciar el partido. Cuando se habla de un 4-3-3 se quiere decir que se ha alineado cuatro defensas, tres mediocampistas y tres delanteros. Se refieren sólo a 10 jugadores porque en este esquema se omite, por costumbre, al guardameta. Pero, visto dinámicamente, habría que describir, al menos, un sistema defensivo y otro ofensivo. Así que, defensivamente, ese 4-3-3 se puede convertir en un 5-4-1; mientras que, ofensivamente, se puede transformar en un 3-5-2, o en un 3-4-3.

Si el juego tiene estas dos partes, lo menos que se puede decir es que a un Mundial no se puede llegar sólo a defender. Eso es tan absurdo como si se fuera sólo a atacar. Por más que la mejor defensa sea el ataque, si sólo se fuera a atacar seguro que se obtendría una goleada. Jugar sólo a defenderse es medio jugar, por eso es tan frecuente que dicho error se pague con la derrota. Si se sale a no ser goleado, si se sale con la intención de empatar, lo más seguro es que se pierda. Esto se cumple con tanta frecuencia que debería considerarse una ley del fútbol. Así como se dice que el que perdona pierde, es decir, que quien desaprovecha sus oportunidades de gol paga con la derrota su falta de contundencia. Desde luego, habrán siempre algunas excepciones.

Además, el equipo que sale a defenderse hace sufrir a su afición. En un juego de confrontación, como es el fútbol, esto es una falta ética, además de un craso error estratégico. Lo adecuado es defenderse para atacar y atacar para defenderse. Del mismo modo, no se pueden ir todos al ataque sin prever el contraataque adversario. Ahí está el ejemplo de Neuer, el arquero alemán, que contra Corea se va al ataque a lo loco, sin que el equipo prevea el contraataque de Corea. Esto les costó un gol que los liquidó. Así que lo más importante es la transición de una fase a la otra. Hay que defenderse con la intención de que el contrincante se desorganice y se abra, para contra atacarlo veloz y contundentemente, o para vencerlo en su propio campo y en el momento preciso. En fútbol, la defensa no tiene sentido en por si misma, debe organizarse como una manera de preparar el ataque; la defensa es un objetivo táctico, el ataque un objetivo estratégico.

Por tanto, no atreverse a atacar con todo a Serbia o a Brasil fue como renunciar al juego, renunciar al triunfo, rendirse sin pelear. Tal como los guardametas de hoy se rinden en los penales tirándose sin bola a una de las esquinas, disque adivinando el remate. Ahí está el triste ejemplo de De Gea en la resolución del resultado entre Rusia y España. En el mejor de los casos, si se logra el empate, esto significa hacer media tarea o, dicho sin ambages, cumplir de manera mediocre. El empate no puede ser una meta, es sólo el resultado indeseado de unos contrincantes que no pudieron superarse el uno al otro.

Tanto en la defensa como en la ofensiva, la clave está en la sorpresa, en la capacidad para cambiar de un modo de juego a otro. Por ejemplo, cuando expulsan a un jugador, la defensa debe ser capaz de mantener su equilibrio y el ataque tiene que cambiar de táctica. Pasar de la defensa al ataque es el cambio que más hay que entrenar, pero defenderse con línea de tres, de cuatro o de cinco no es fácil; lo mismo habría que decir de atacar con uno, con dos o con tres delanteros. A veces hay que atacar pero a veces más bien contraatacar. La cuestión es que cada uno de esos momentos y cada una de esas tácticas requiere entrenamiento y requiere variantes, porque hay que saber aplicarlas en conjunto. La velocidad, los movimientos, las posiciones varían en cada caso y en cada circunstancia de juego.

Para defenderse bien, como para atacar, hay que contar con recursos y opciones previamente instalados en el equipo. La improvisación es exitosa sólo si se da en el marco de un trabajo bien planificado. Un equipo que siempre se defiende igual, se expone a que cualquier adversario, que estudia su sistema, encuentre la manera de superarlo. De igual manera, si siempre ataca de la misma forma, la defensa contraria estará cada vez mejor preparada para controlar y repeler su ofensiva. Por la misma razón, no se puede hacer siempre la misma táctica fija y esperar resultados diferentes. Mucho menos se puede asistir a un Mundial sin tácticas fijas prefabricadas. En un Mundial la clave está en la evolución, conforme avanza el torneo el que será campeón debe mejorar y seguir cambiando.

Por eso, una selección no puede dirigirse como si fuera un club nacional. El D.T. de selección mayor debiera jugar con más opciones y más variantes a disposición. Él requerirá de jugadores más polivalentes y con mayor capacidad de adaptación y aprendizaje. Más que adecuar el sistema táctico a las características de los jugadores, conviene tener jugadores que se adapten a distintos sistemas tácticos. Aquellas selecciones que lo logran son las que tienen chance de llegar a campeón. Particularmente, en el Mundial, un equipo debe crecer partido a partido, de lo contrario se queda a la vuelta de cualquier esquina. Asimismo ocurre con los jugadores, pues hay unos que se agrandan en la selección, pero hay otros que se achican. Hay jugadores que no son de selección nacional, por muy buenos que parezcan en otro nivel.

En este sentido, el pecado de la Selección nacional de Costa Rica, en Rusia 2018, fue doblemente grave. No sólo llegó a defenderse sin atacar a sus dos primeros partidos (dos opciones de remate, no digamos de gol, en 180 minutos o más, lo revela de manera alarmante) sino que además lo hizo de la misma reconocida manera que en la etapa clasificatoria. En táctica fija, por ejemplo, la selección de Costa Rica tampoco presentó novedad.

El encuentro contra Suiza fue un punto y aparte. Oscar Ramírez entendió que ya todo había acabado (grave error) y que lo que quedaba era darle la oportunidad a los que no habían jugado. Los muchachos sabían que el D.T. ya había tirado la toalla, pero era el momento de reivindicarse. Juegan entonces su mejor partido, el más alegre, aunque sin mayor sorpresa. Así logran, jugando más sueltos, empatarle a Suiza. Hubo ataque, aunque sin contundencia ganadora. Se descubre, entonces, lo que ya se sabía: que el D.T. no había encontrado sus mejores armas ofensivas. Dejó sentado a Waston, por ejemplo, que le había resuelto ya varios partidos de cabeza y lo volvió a hacer contra Suiza. Luego se le ve hacer cambios sin ton ni son, como si estuviera en un amistoso. Mientras los muchachos se partían el alma tratando de dejar una buena impresión, él hacía tres cambios para quedar bien con el equipo. Como se veía venir, este Mundial le pasó por encima al D.T. de la tricolor, simplemente no estuvo a la altura de las circunstancias.Ahora, no se debe dejar perder la lección más dolorosa y valiosa: Un Mundial no es un premio, es un reto mayor. No puede servir para agradecer a alguien, ni a los más leales al D.T. De principio a fin, es una oportunidad para sorprender a propios y extraños con una ambición amparada en el talento de los más audaces, sean o no los predilectos del cuerpo técnico. No se puede ganar con jugadores que no están en óptimas condiciones, ni con nombres, ni con hazañas pasadas. No se puede ganar con los mejores amigos. Se gana con los que están al máximo en el momento preciso, se llamen como se llamen, vengan de donde vengan. No hay tiempo para que se recuperen los lesionados, no hay tiempo para que aprendan y mejoren los que no tienen experiencia o han perdido continuidad. Competir en un mundial no es sólo saber, es hacer y poder, es la actualidad del mejor. Puede que a los jugadores no les haya gustado el rigor disciplinario de Jorge Luis Pinto en el 2014, pero queda claro también que sin disciplina extrema no se puede llegar muy largo.

Otro fútbol es posible

Ningún equipo es más grande que otro, todos tienen, al iniciar, como máximo once integrantes. Cuando un equipo se cree más pequeño y sale a defenderse, ya tiene la mitad del partido perdido. En ese caso se dice que la camiseta juega en contra. A cada equipo hay que jugarle distinto, ciertamente, pero de igual a igual; a eso se llama dignidad deportiva. Pero hay que ganarle poniendo en juego una u otra virtud del propio equipo, según sean las fortalezas y debilidades del adversario. Renunciar a la ofensiva es renunciar al juego y al fútbol. Quien no se cree capaz de ganar se convierte en su principal enemigo.

A unos habrá que ganarles tirando de lejos, a otros a pura táctica fija; habrá a quienes se les gana tocando la bola hasta el fondo de la red, o escondiéndola la mayor parte del encuentro. Jugar a lo mismo con los mismos de siempre es un error garrafal. No se puede atacar con éxito de la misma manera a Brasil que a Suiza. Cuando Oscar Ramírez declara que jugamos igual pero “sin concretar”, confiesa, sin darse cuenta, que nada aportó a la Selección, porque un partido se gana o se pierde primero en la mente.

No hay equipo más grande que otro, pero hay unos mejor entrenados que otros. Cuando se dice que las distancias se han acortado es porque, en efecto, los sistemas de entrenamiento se han universalizado, especialmente, en relación con la preparación física. El fútbol es asociación, es un trabajo en equipo; solo en ese marco brillan las individualidades. No es que el talento de un jugador no cuente, es que nunca podrá eclipsar el trabajo de los demás. Creer que el partido lo gana el que mete el gol es como creer que lo empata el que lo ataja. Más allá de esos momentos ¿que ha pasado? ¿Por qué no ha habido más goles o más atajadas? ¿Qué ha pasado el resto del tiempo? No es cosa de humildad, sino de justicia, cuando el goleador reconoce que el triunfo se debe a todo el equipo.

El mejor ejemplo lo ha dado esta vez, como otras veces antes, Leonel Messi. No se puede decir que Argentina casi no clasifica porque Messi fallara un penal. Este razonamiento es falaz, pues reduce un sinnúmero de acciones a un solo error. Por tanto, no son las diferencias técnicas individuales las que se imponen, así parece porque siempre es uno el que mete el gol o el que hace ésta o aquella jugada. Aunque así piense la prensa, un partido se gana o se pierde colectivamente, en noventa minutos, y eso quiere decir que depende, ante todo, de cómo se ha entrenado al conjunto, como actúan unos en relación con los otros.

No obstante, lo extraordinario en fútbol no es el resultado esperado, el que se planeó rigurosamente; sino aquel que nadie esperaba. Lo importante es lo que el equipo genera espontáneamente en la cancha, sobre la base de un trabajo bien planificado, pero más allá de él. A Costa Rica le tocó jugar, en Brasil 2014, en el “grupo de la muerte”, hasta Maradona se rió de nuestra mala suerte. Tocaba jugarse la clasificación con tres campeones del mundo: Uruguay, Italia e Inglaterra. Pero Costa Rica se convirtió, sorpresivamente, en la muerte para esos grandes equipos, pasando, por primera vez, a octavos de final. Lo logró defendiéndose rigurosamente, pero también anotando, porque nadie pasa a la siguiente fase sin hacer goles. Por eso, esta vez se esperaba más de Costa Rica, se esperaba, como corresponde, el paso siguiente. En el 2018, Costa Rica, evidentemente, ha retrocedido y eso no se puede justificar de ninguna manera.

Aquella experiencia del 2014 nos demostró que es posible jugar otro fútbol, el fútbol que este pueblo siempre ha soñado. Uno que se juega con disciplina y sin miedo, con carácter y con arte, con una buena defensa y también con ambición y creatividad ofensiva. Lo primero ha sido quererlo, lo segundo ha sido creerlo, lo tercero ha sido imaginarlo, lo cuarto ha sido intentarlo. Pero sin siquiera imaginarlo no hay ninguna buena razón para esperar que se vea en la cancha. La posibilidad nace en la mente. La realidad nace en los pies. Tenerlo en la mente no es suficiente, pero es indispensable.

Por eso, la afición se enoja tanto cuando nota que un D.T. no confía en que ese otro fútbol es posible, cuando lo ve amarrar al equipo en busca del empate, cuando desaprovecha sus recursos ofensivos, cuando se aferra a un jugador que no da la talla. El pueblo defiende así sus ilusiones que, como decía Lacan, pueden ser, para el ser humano, más importantes que la misma realidad.

Pero la culpa de ello no la tiene el D.T., él, como los jugadores, siempre harán lo que pueden, lo mejor posible. La culpa la tienen quienes han tomado las decisiones, ni más ni menos que los dirigentes, que nombraron y sostuvieron al D.T., a pesar de verlo hacer siempre lo mismo de la misma dudosa manera. Si el equipo hubiera ganado habría sido justo honrarlos, por la audacia de su apuesta; pero de la misma manera, ahora que el equipo ha fracasado, hay que destituirlos y darle oportunidad a otros.

No obstante, el fútbol es un juego, ni más ni menos ¡Qué no se olvide nunca! Nada justifica la violencia contra nadie; ni verbal, ni virtual, ni simbólica, mucho menos física; ni en el hogar, ni en el trabajo, ni en las calles. Usar el juego como pretexto de violencia es la estupidez suprema. Hay que exigir a la dirigencia que sea seria, que sea responsable, que sea consecuente con nuestras aspiraciones. A ellos, que han quedado debiendo desde tiempos inmemoriales, se les debe pedir, si quieren, que se vayan todos. Pero no hay por qué ofender a alguien, ni agredir ni amenazar a nadie. Ni se justifica, ni es necesario, ni soluciona nada. No nos adelanta ni un paso al próximo mundial. Más bien empeora las cosas y aumenta la vergüenza. La noticia de que Oscar Ramírez quería abandonar la concentración de la Selección, antes del partido contra Suiza, por miedo a las amenazas que le hicieron a su familia es un claro ejemplo de eso.

Claro que nuestro fútbol merece un futuro mejor, pero no es tratándolo a “patadas y manotazos” como se va a lograr, porque el fútbol sigue siendo, ante todo y en primer lugar, un asunto de cabeza, como solía decir nuestro extrañado Parmenio Medina.

 

Imagen tomada de www.fedefutbol.com

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La reciente decisión de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) con relación a la demanda de Guyana contra Venezuela: breves apuntes

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Nicolas Boeglin (*)

 

La CIJ ha anunciado este 2 de julio su primera decisión con respecto a la demanda interpuesta por Guyana contra Venezuela en marzo del 2018: se trata de una ordenanza (o «providencia«) en la que ofrece a ambos Estados la posibilidad de dar a conocer su criterio sobre su jurisdicción, fijándoles un plazo para hacerlo (véase el texto de su comunicado de prensa en inglés y en francés con fecha del 2/07/2018). La CIJ tomó esta decisión pese al anuncio hecho por Venezuela el 18 de junio del 2018 de no participar en el procedimiento contencioso al que Guyana quiere someter la disputa territorial sobre la región de Esequibo (véase nota nuestra sobre decisión venezolana del 18 de junio pasado).

Dos Estados distantes con el juez internacional

Tanto Venezuela como Guyana han históricamente mantenido sus distancias con la CIJ: no son parte al Pacto de Bogotá de 1948 (véase estado oficial de firmas y ratificaciones), un tratado interamericano que permite a un Estado entablar una demanda en La Haya contra otro Estado del hemisferio americano; tampoco han reconocido nunca la jurisdicción de la Corte de La Haya mediante la declaración facultativa prevista en el Artículo 36, párrafo 2 del Estatuto de la CIJ (véase lista oficial de declaraciones hechas).

La situación de Guyana con relación a la CIJ es idéntica a la de otra antigua colonia británica en el continente, Belice. En el caso de Venezuela, se trata de una verdadera política de varios decenios. Se leyó recientemente por parte del jurista Victor Rodriguez Cedeño la posición que como delegado de Venezuela debió de externar en un sinfín de negociaciones multilaterales:

«En muchas reuniones, incluso de codificación, hemos dejado en forma expresa y clara nuestra reserva en relación con el carácter obligatorio de la jurisdicción de la corte. Recuerdo que como representante de Venezuela en muchas reuniones jurídicas hice declaraciones muy claras al respecto, entre otras, en la Conferencia de Viena de 1986, en las negociaciones cuando se adoptó la Constitución de la Onudi, en 1977-78, que evitó, como consta en actas, que se incluyera el recurso obligatorio y entre muchas otras, durante el proceso de adopción del Acuerdo Constitutivo del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola, FIDA, también a finales de los años setenta del siglo pasado. Posiciones coherentes formuladas con base en una política exterior jurídica seria que desarrollaron los gobiernos democráticos desde 1959» (véase artículo publicado en El Nacional, y cuya lectura recomendamos).

Breve puesta en contexto de la controversia entre Guyana y Venezuela

El litigio entre Guyana y Venezuela sobre la región de Esequibo es la más antigua controversia territorial que se mantiene irresuelta en el hemisferio americano. Un laudo arbitral de octubre de 1899 (véase texto), escasamente fundamentado, y considerado como muy favorable al Reino Unido, fue objeto de investigaciones que llevaron a Venezuela a considerarlo como nulo en los años 60. Nótese que el tribunal arbitral presidido por un jurista ruso, contó con dos árbitros norteamericanos y con dos árbitros británicos.

En una publicación oficial editada en el 2015 y titulada «Guayana Esequiba: historia de un despojo» (disponible aquí), Venezuela detalla su posición con respecto a algunos aspectos históricos y con respecto a este laudo de 1899.

La reciente decision de la Corte Internacional de Justicia con relacion a la demanda de Guyana contra Venezuela

Mapa de la zona en litigio extraído de artículo de la BBC titulado «El Esequibo, el territorio que disputan Venezuela y Guyana desde hace más de 50 años».

En este artículo del jurista venezolano Allan Brewer-Carías publicado en el 2009 por el Max Planck Institute de Heidelberg en Derecho Internacional Público y Derecho Comparado, el autor explica que:

«The boundary established in the 1899 arbitration tribunal was considered to be settled for the next half-century, until a memorandum written by Severo Mallet-Provost (11 August 1944), a lawyer who had acted as a junior counsel for Venezuela at the Paris tribunal, was published posthumously in the 1949 issue of the American Journal of International Law (O Schoenrich ‘The Venezuela-British Guiana Boundary Dispute’ (1949) 43 AJIL 523, 528–30). The memorandum adduced that the arbitral tribunal’s president had coerced several members into assenting to the final decision, the result of a political deal between Britain and Russia. Reportedly, this memorandum had been dictated five years earlier by Mallet-Provost to Judge Otto Schoenrich, his partner in the US law firm of Curtis, Mallet-Prevost, Colte and Mosle, with instructions that it was not to be published until after his death, and even then, only at Judge Schoenrich’s discretion. Mallet-Prevost died on 10 December 1948, and his memorandum appeared in print some six months later» (punto 17).

En el año de 1966 Reino Unido y Venezuela suscribieron en Ginebra un tratado en aras de encontrar una solución negociada (véase texto del tratado en inglés y español). Si bien, en el texto, no se declara nulo el laudo arbitral de 1899, puede interpretarse como una aceptación tácita de su nulidad por parte de ambos Estados. Desde 1966, consultas entre ambos Estados, buenos oficios del Secretario General de Naciones Unidas y otros intentos no lograron plasmarse en ningún acuerdo, adoptando Venezuela y Guyana un peculiar modus vivendi con relación a más de 150.000 kilómetros que los separan, y declarados en mapas oficiales de Venezuela como «zona disputada» (como el usado en esta nota de prensa). En febrero del 2017, el actual Secretario General nombró al diplomático noruego Dag Halvor Nylander para proceder a un nuevo intento de mediación (véase nota oficial de Naciones Unidas).

Es de notar que esta vieja controversia ha tomado un inédito rumbo desde que llegó a ejercer sus funciones el actual ocupante de la Casa Blanca, como lo veremos en la parte final de este análisis.

Cabe recordar que la demanda de Guyana fue interpuesta formalmente contra Venezuela el pasado 29 de marzo del 2018 ante el juez internacional (véase texto completo de la demanda). Guyana explica en su demanda que no hace más que implementar (de forma unilateral) una recomendación hecha por el Secretario General de Naciones Unidas en enero del 2018 (véase comunicado de prensa). El texto de la carta del Secretario General a las autoridades de Guyana, incluida como anexo 7 en el juego de anexos que acompañan la demanda de Guyana, está disponible aquí. En la petitoria final con la que concluye su demanda, Guyana solicita a la CIJ, entre otros puntos, que declare como perfectamente válida la sentencia arbitral de 1899 (párrafo 55).

El 30 de marzo del 2018, Venezuela circuló un comunicado de prensa (véase texto completo) en el que Venezuela reitera a Guyana que:

«recurrir al arreglo judicial para dirimir la controversia, resulta inaceptable, estéril e inaplicable, dado que la República Bolivariana de Venezuela no reconoce como obligatoria la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia, y en este sentido, ha sido siempre consecuente con su posición histórica de hacer expresa reserva o no ser signataria de ningún instrumento jurídico internacional que contenga cláusulas compromisorias que otorguen jurisdicción obligatoria a la referida Corte«.

Los plazos establecidos por la CIJ

Un juez solicitado por un Estado solamente y al que el otro Estado no le reconoce ninguna competencia, advirtiéndole que no participará en el procedimiento en La Haya constituye una singular situación para el juez internacional: no obstante, no es la primera vez que ocurre, como lo veremos a continuación.

En aras de dirimir la controversia existente sobre si tiene o no jurisdicción, la CIJ ha optado por invitar a ambas partes a dar a conocer su posición al respecto.

Los plazos fijados por la CIJ para determinar si es o no competente para examinar esta demanda son los siguientes: Guyana tiene hasta el 19 de noviembre del 2018 para presentar sus alegatos escritos, mientras que Venezuela tendrá hasta el 18 de abril del 2019 para hacerlo. Cabe precisar que Guyana solicitaba nueve meses de plazo para presentar sus escritos, y que la CIJ optó por un plazo de cinco meses tan solo.

Ambos comunicados de prensa de la CIJ refieren a la ordenanza tomada por la CIJ hace 10 días, con fecha del 19 de junio del 2018, y cuyo texto está disponible aquí (versión en inglés). En esta ordenanza, tomada 24 horas después de recibir el Presidente de la CIJ en La Haya a una delegación de Venezuela, encabezada por su Vice Presidente, se lee que:

«Whereas, at the above-mentioned meeting, the representatives of Guyana reiterated, in response to the statement of the Vice-President of Venezuela, that their Government wished to proceed with the case;

Whereas the possibility for Venezuela of availing itself of its procedural rights as a Party to the case is preserved;

Whereas the Court considers, pursuant to Article 79, paragraph 2, of its Rules, that, in the circumstances of the case, it must resolve first of all the question of the Court’s jurisdiction, and that this question should accordingly be separately determined before any proceedings on the merits;

Whereas it is necessary for the Court to be informed of all of the legal and factual grounds on which the Parties rely in the matter of its jurisdiction,

Decides that the written pleadings shall first be addressed to the question of the jurisdiction of the Court;

Fixes the following time-limits for the filing of those pleadings:

19 November 2018 for the Memorial of the Co-operative Republic of Guyana;

18 April 2019 for the Counter-Memorial of the Bolivarian Republic of Venezuela«.

Tal y como se puede apreciar, la CIJ busca permitirle a Venezuela objetar su competencia: una opción de la que se privaría la misma Venezuela al mantener incólume su posición de no participar en el procedimiento contencioso.

No participar en un procedimiento contencioso en La Haya: algunos precedentes en la región

El Artículo 53, párrafo 1 del Estatuto de la CIJ estipula que:

«Cuando una de las partes no comparezca ante la Corte, o se abstenga de defender su caso, la otra parte podrá pedir a la Corte que falle a su favor«.

En otras palabras, la no comparecencia de un Estado no afecta el procedimiento contencioso como tal ante la CIJ. Esta última debe proceder a tomar una decisión balanceada e incuestionable con base en un procedimiento contradictorio sin serlo: un verdadero desafío que la CIJ ha logrado superar sin mayores problemas en varios casos desde 1945 frente a Estados renuentes a comparecer ante ella, como por ejemplo:

– Francia, no compareciente en el caso sobre Ensayos Nucleares de 1973 auspiciado por Australia y Nueva Zelanda (véase ficha técnica);

– Turquía, en el caso sobre Plataforma continental en el Mar Egeo, con una acción interpuesta por Grecia en 1976 (véase ficha) o;

– Irán en el caso conocido como Personal diplomático y consular de Estados Unidos en Teherán, con la demanda interpuesta en 1979 por Estados Unidos (véase ficha).

Los efectos de la no comparecencia fueron analizados por diversos autores como por ejemplo el jurista francés Pierre Michel Eisemann (véase artículo publicado en 1973). En la doctrina, en 1991, el Institut de Droit International elaboró una serie de reglas de manera que la ausencia de una de las partes no afecte mayormente la labor de la CIJ (véase resolución de Basilea).

En lo relativo a estados del hemisferio americano, un caso en el que se pudo observar la no comparecencia a un procedimiento contencioso ante la CIJ remonta a la decisión tomada por Estados Unidos en 1985: Nicaragua interpuso una demanda contra Estados Unidos en abril de 1984, a lo cual Estados Unidos presentó una serie de excepciones preliminares cuestionando la competencia de la CIJ. Luego de declararse competente la CIJ en su decisión del 24 de noviembre de 1984 (véase texto) para examinar, Estados Unidos optó por no comparecer más. En el mes de setiembre de 1985, la CIJ dio por concluidas las audiencias orales a las que solamente participaron los asesores de Nicaragua (véase comunicado de prensa de la CIJ), procediendo a elaborar lo que se convertiría en un histórico fallo cuya lectura tuvo lugar el 27 de junio de 1986.

La situación de Venezuela es no obstante distinta, en la medida en que Estados Unidos sí participó en la etapa preliminar sobre competencia de la CIJ, y optó por no comparecer cuando la CIJ se declaró competente.

Para completar el panorama en lo correspondiente a Estados del hemisferio americano litigando en La Haya, cabe mencionar una actitud un tanto original de Colombia en abril del 2016 al inclinarse por hacer algo que no se sabe muy bien cómo calificar: optar por no asistir a una reunión convenida con el Presidente de la CIJ y con Nicaragua (en el marco de las demandas pendientes de resolución contra Colombia presentadas por Nicaragua en el 2013). Nos permitimos escribir en una nota al respecto que:

«estamos anuentes a incluir un acápite en el caso de Colombia, en particular si se logra avanzar la idea de alguna ventaja del Estado que no asiste. Salvo error de nuestra parte, no se ha oído de una sobrecarga de trabajo de la legación diplomática en La Haya o de un problema de salud generalizado a todo el personal de la misión colombiana durante la tercera semana de abril del 2016 que impidiera enviar a un representante a una cita con el Presidente del máximo órgano jurisdiccional de Naciones Unidas«.

La misma nota fue también publicada en el sitio jurídico especializado colombiano de Debate Global (disponible aquí) en la que escribimos que:

«Ante la duda sobre lo que pudo impedir que un diplomático colombiano se hiciera presente, nos permitimos solicitar a nuestros estimables lectores colombianos (y en particular a los integrantes de círculos como la Academia Colombiana de Derecho Internacional (ACCOLDI) o que forman parte de su aparato diplomático) remitirnos el texto de esta carta, con el fin de conocer las razones oficiales presentadas por Colombia a la CIJ para desistir del envío de su representante a una cita de esta naturaleza (se puede enviar al correo electrónico: cursodicr(a)gmail.com y se garantizará absoluta confidencialidad si así fuese requerida)«.

Algunos detalles poco divulgados

Haciendo a un lado las inexplicables (e inexplicadas) gesticulaciones del aparato diplomático colombiano en La Haya, y volviendo a la demanda de Guyana contra Venezuela, es de notar que los costos de Guyana en La Haya serán cubiertos por la empresa norteamericana Exxon Mobil (véase nota de prensa del medio guyanés Oilnow). Es probablemente la primera vez en la historia de la CIJ que una empresa privada hace público su intención de sufragar los gastos de defensa en La Haya de un Estado (y que este último consiente a ello). En este caso, las autoridades guyanesas estiman el costo en La Haya en unos 15 millones de US$ (véase nota de prensa y este artículo en el que se hacen interesantes preguntas sobre el monto y los tiempos con los que fue anunciada la contribución de la empresa petrolera). En esta nota oficial del 28 de abril del 2018 de las autoridades de Guyana, se precisa que «Government had announced that some US$15M of the US$18M signing bonus received from ExxonMobil in 2016 will be used as payment for services relative to the ICJ case«.

La totalidad de los gastos que supone una demanda en La Haya constituye un ámbito en el que los Estados se han mostrado usualmente extremadamente discretos (y la prensa, poco curiosa). Con relación a algunos pocos datos arrojados por Estados de América Latina que han llevado sus controversias en La Haya, remitimos a nuestros estimables lectores a la sección «El costo de una demanda en La Haya para un Estado: breve recapitulativo sobre una zona gris-oscura» de este análisis nuestro publicado en el sitio de CIARGlobal.

Sin guardar relación directa con lo anteriormente señalado, pero tal vez no del todo ajeno a la generosidad de Exxon Mobil hacia Guyana, resulta el hecho que el que fuera el jefe de la diplomacia norteamericana designado por el Presidente Donald Trump hasta hace unos pocos meses, Rex Tillerson, fue Director Ejecutivo de Exxon Mobil entre el 2006 y el 2016.

La reciente decision de la Corte Internacional de Justicia con relacion a la demanda de Guyana contra Venezuela2

Foto extraída de nota de prensa titulada «Trump Will Pick Exxon CEO With Close Russia Ties for Secretary of State».

Precisamente en el 2006, un cable confidencial norteamericano dado a conocer por el sitio Wikileaks (véase texto completo) indicaba que: «Development of the region’s oil resources is also held up by the border situation. ExxonMobil, which holds a potentially lucrative concession in the offshore beds that fall within the disputed area, has been unable to cultivate the block lest it jeopardize its holdings in the BRV«.

Recientemente, académicos guyaneses cuestionaron la tasa impositiva extremadamente baja (un 2%) a las ganancias («royalties«) de Exxon Mobil (véase nota titulada «President Granger’s Petroleum Advisor criticizes ExxonMobil’s low royalty payment, control of large concession«). Nótese que un reciente informe del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) hace ver las deficiencias de Guyana en materia fiscal de cara a lo que denomina en su título «oil boom» (véase informe titulado «Strengthening Guyana’s Fiscal Framework in Anticipation of an Oil Boom» en el que se encuentra una comparación entre el modelo tributario aplicado en Nigeria y en Noruega – pp.15-17).

Cabe precisar que los yacimientos de hidrocarburos concesionados a Exxon Mobil no se encuentran en el territorio de Guyana sino en las zonas marítimas adyacentes, cercanas a la desembocadura del Río Esequibo: la soberanía sobre estas zonas marítimas depende de la proyección que se haga de la frontera terrestre en el mar. Los bloques concesionados por Guyana a Exxon Mobil pueden ser observados en diversos mapas como por ejemplo en este artículo de Offshore.mag titulado «E&P activity on the rise offshore Guyana«. El 20 de mayo del 2015, Exxon Mobil anunció el descubrimiento de un importante yacimiento frente a las costas de Guyana (véase comunicado de prensa). Pocos días después, el 26 de mayo del 2015, Venezuela adoptó un Decreto que crea las Zonas Operativas de Defensa Integral Marítima e Insular (ZODIMAIN), las cuales abarcan parte del territorio marítimo pretendido por Guyana (véase decreto publicado en la Gaceta Oficial, pp. 420-896 / 420-901).

La reciente decision de la Corte Internacional de Justicia con relacion a la demanda de Guyana contra Venezuela3

Figura 1: bloques concesionados por Guyana a Exxon Mobil. Figura extraída de este artículo de Offshore.mag titulado «E&P activity on the rise offshore Guyana».

La reciente decision de la Corte Internacional de Justicia con relacion a la demanda de Guyana contra Venezuela4

Figura 2: proyección de Venezuela en las costas adyacentes a Guyana. Figura extraída de esta nota de prensa de El Nuevo Pais, titulada «Maduro se la deja en bandeja de plata a Guyana y a Exxon Mobil: No participará en juicio ante la CIJ».

En junio del 2016, Guyana suscribió un importante contrato con la filial de Exxon Mobil, Esso (véase texto completo del contrato).

Como un elemento adicional para entender mejor la fuerte contienda entre el Secretario de Estado Rex Tillerson y las máximas autoridades de Venezuela, hay que añadir el hecho que Venezuela logró en marzo del 2017 que un tribunal arbitral de apelación anulara parcialmente los términos de una decisión inicial de un tribunal arbitral del CIADI (Centro Internacional de Arreglo de Disputas entre Inversionista Extranjero y Estados) del 2014. Esta última condenaba a Venezuela a pagar más de 14 mil millones de US$ a Exxon Mobil y a sus asociados en Venezuela por las nacionalizaciones ordenadas a partir del 2007 (véase texto del laudo). El texto completo de esta segunda decisión del CIADI, de marzo del 2017, pocamente divulgada, está disponible en este enlace. Revisar un monto indemnizatorio por más de 14.000 millones de US$ para ordenar en su lugar el pago de 188 millones merecía (además de un estudio pormenorizado sobre el estado de ánimo de los dirigentes de Exxon Mobil), una mayor difusión en medios de prensa y en algunos círculos especializados en materia de arbitraje de inversión. En julio del 2017, se supo que una Corte de Apelaciones del Segundo Distrito en Estados Unidos adoptó una polémica decisión con relación a los 188 millones de US$ que debe pagar Venezuela (véase nota de Lexology).

A modo de conclusión

Raramente una controversia entre dos Estados soberanos ha reunido detalles que dejan ver de forma tan evidente los intereses que se mueven en aras de una pronta resolución de la misma. Es probable que estos aspectos llamen más la atención a analistas políticos que a especialistas en derecho internacional público: estos (y muchos otros detalles) permiten no obstante entender mejor el paso acelerado que ha conocido esta antigua controversia entre Guyana y Venezuela en los últimos meses.

El mantenimiento durante tantos años de una indeterminación acordada entre ambos Estados sobre la posesión de la región de Esequibo pretende ser ahora reemplazado por una sentencia de la CIJ, en aras de permitir a algunos (urgidos) explotar yacimientos situados en el subsuelo marino de las áreas marinas adyadcentes a Venezuela y a Guyana. Al contar en derecho internacional público con una viejo adagio que indica que en materia de fronteras, «la tierra domina el mar«, la indeterminación en tierra firme debiera proyectarse también en el mar, pese a la urgencia antes aludida, declarándose una «zona marítima en disputa» no concesionable (y mucho menos explotable) hasta tanto no haya claridad sobre el límite terrestre entre ambos Estados.

No obstante, Guyana ha optado por accelerar el paso, y la CIJ ha debido tramitar su demanda. Sobre este punto, vale la pena recalcar que los jueces de la CIJ no cuentan con ninguna herramienta jurídica que les permita rechazar y archivar motu propio una demanda planteada por un Estado contra otro Estado: si uno de los dos Estados cuestiona su competencia, la etapa preliminar sobre excepciones preliminares permite analizar los argumentos de ambos y decidir en un fallo inicial si es o no competente. Es lo que pareciera priorizar en estos momentos la CIJ, dándole la oportunidad a ambos Estados de presentar sus alegatos sobre su competencia.

Guyana recurre al artículo IV del tratado suscrito en 1966 entre Reino Unido y Venezuela y a la carta remitida por el Secretario General en enero del 2018 para establecer la competencia de la CIJ en aras de dirimir esta controversia. Por su parte, Venezuela hace valer un principio angular en derecho internacional: el consentimiento previo de un Estado a la justicia internacional. Se trata de una regla según la cual ningún Estado puede ser llevado ante un juez internacional sin su consentimiento. Algunas organizaciones civiles venezolanas han dado a conocer otras acciones que debiera, según ellas, también estar llevando a cabo Venezuela (véase por ejemplo Declaración del Consejo Venezolano de Relaciones Internacionales de abril del 2018).

En una nota nuestra anterior sobre el anuncio hecho por Venezuela de no participar (publicada en el sitio de DIPúblico en Argentina), nos permitimos concluir al respecto que:

«Cabe precisar que la estrategia que ha escogido Venezuela no está exenta de todo riesgo: en efecto, la no participación de Venezuela la priva de la posibilidad de presentar sus argumentos legales en la etapa preliminar en la que puede precisamente cuestionar la competencia de la CIJ en el marco del procedimiento contencioso: la etapa de las excepciones preliminares. Dicho en otras palabras, al optar Venezuela por no participar, la base de competencia usada por Guyana (que se limita a una recomendación del actual Secretario General de Naciones Unidas) no será cuestionada ante los jueces de la CIJ«.

 

Artículos sobre la demanda de Guyana contra Venezuela registrada en la CIJ (breve selección):

BOEGLIN N., «Guyana presenta demanda contra Venezuela ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ)«, DIpúblico, Edición del 6/04/2018, disponible aquí.

RODRIGUEZ CEDEÑO V., «Lo político y lo jurídico en la controversia con Guyana«, El Nacional, edición del 17/04/2018, disponible aquí.

RODRIGUEZ CEDEÑO V., «Breves reflexiones sobre la demanda de Guyana ante la CIJ«, El Nacional, edición del 19/06/2018, disponible aquí.

WENTKER A., «Venezuela’s Non-Participation Before the ICJ in the Dispute over the Essequibo Region«, EJIL Talk, June 29, 2018, disponible aquí.

 

(*) Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica.

 

Enviado por el autor.

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Resolver el problema fiscal y no morir en el intento

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Luis Paulino Vargas Solís (*)

 

Consideraciones generales

1) Costa Rica necesita encontrar una solución para el problema del déficit fiscal, cuyos riesgos principales derivan del crecimiento de la deuda, el estrujamiento que ésta pone sobre servicios públicos esenciales y, en especial, las presiones internacionales que todo esto trae consigo.

2) Hablar de déficit fiscal y deuda pública, inevitablemente evoca la idea de “exceso”, de donde se desprende el convencimiento de que es necesario “socarse la faja”, y optar por la austeridad y la contención. Es un “sentido común” muy popular que, dependiendo de las condiciones económicas, puede constituir un grave error.

3) En el período posterior a 2008, ciertamente ha habido un crecimiento de los gastos que excede del crecimiento de la producción nacional. En principio (años 2009-2013) la presión alcista venía principalmente de los rubros de remuneraciones y transferencias. Posteriormente su crecimiento se modera un poco, pero, en cambio, se disparan los gastos por intereses.

4) Con la crisis de 2008-2009, la capacidad de recaudación del Estado se cayó y jamás logró recuperarse, lo cual también abrió un hueco considerable en las finanzas públicas.

5) Durante todo el período posterior a 2008, la economía de Costa Rica crece alrededor de un 25-30% por debajo de sus estándares históricos de largo plazo (período 1983-2008). Por ello, hoy es alrededor de un 14-15% más pequeña de lo que sería si hubiese logrado reinstalar aquellas tendencias históricas. Ello ha tenido dos consecuencias dañinas: agrandó el efecto relativo del aumento de los gastos públicos, y debilitó los ingresos desde sus raíces más fundamentales, toda vez que la anemia crónica de la economía –sobre todo en un contexto de agudos problemas del empleo– inevitablemente impacta sobre la progresión de los ingresos que el gobierno logra captar.

6) En la Costa Rica actual, hay una enorme cantidad de personas que, por más que quisieran, no pueden contribuir con el pago de impuestos, porque o no tienen trabajo o el que tienen es muy mal remunerado. De ahí que podamos decir que más que gastos en “exceso”, lo que tenemos es ingresos insuficientes. Pero se nos propone recortar gastos, poniendo en riesgo el desarrollo futuro del país y creando condiciones para el ahondamiento de la desigualdad, o bien aumentos de impuestos cuyo inapropiado diseño podría hacer que gente que hoy sí tiene trabajo y sí paga sus impuestos, pierda ese trabajo y deje de pagar esos impuestos. Por cierto, los recortes de gasto también harían que la economía, que ya viene lenta, termine de quedar varada, empeorando entonces el empleo y debilitando aún más la recaudación de impuestos.

7) Recortar gastos públicos tendría sentido, si pudiéramos tranquilamente afirmar que todas las necesidades y demandas de la ciudadanía están satisfechas de sobra. Sin la menor duda, no es el caso. Lo cual no niega que haya ineficiencias, entrabamientos burocráticos e incluso vicios y excesos, que deben corregirse. Pero corregir para mejorar es algo muy distinto que mutilar.

8) A lo cual debe sumarse el hecho de que el sistema tributario de Costa Rica está de cabeza: quienes más tienen no contribuyen como se debiera (de hecho defraudan al fisco con pasmosa regularidad), lo que debilita aún más la capacidad recaudatoria del Estado y ahonda la injusticia y la desigualdad.

En resumen estamos necesitando:

  1. Condición sine qua non: Reactivar vigorosamente la economía y, sobre todo, el empleo.
  2. Avanzar hacia un sistema tributario realmente justo, progresivo, asentado en un diseño moderno.
  3. Llevar adelante una reforma del Estado sustantiva, que permita levantar la productividad, la calidad, eficiencia, calidez y eficacia de los servicios públicos y de la institucionalidad pública en general. Esto demanda un proceso participativo y democrático de diálogo transparente, generoso y muy patriótico.

Para reactivar la economía y el empleo

1. No existe ninguna fórmula milagrosa, y definitivamente no se resolverá con las groseras simplezas que se han venido proponiendo (capacitación en el INA; crédito de banca para el desarrollo; “formalizar ‘a güevo’ la informalidad”, etc.).

2. La economía y el empleo podrían reactivarse si se lograran activar una o varias de las siguientes fuerzas impulsoras:

  1. El consumo de la gente (muy improbable, dado el estancamiento de los salarios, los gravísimos problemas del empleo y los altos niveles de deuda de personas y familias).
  2. La inversión productiva de las empresas (difícil en el tanto no hayan mercados dinámicos que justifiquen producir más, ni se subsanen los problemas de competitividad –recordemos que estamos en un contexto capitalista– que afecta a buen parte de la planta empresarial costarricense).
  3. Las exportaciones y el turismo: ya se han dinamizado tanto como era posible en un contexto mundial algo más favorable. Sin embargo, y dado que el grueso de ese dinamismo se concentra en las zonas francas, el efecto positivo para el resto de la economía –inclusive el empleo y las finanzas públicas– ha sido insignificante.
  4. La inversión pública: la cual se mantiene varada, en parte por rigideces burocráticas jamás resueltas, en parte por decisión política derivada de las medidas fiscales de austeridad.

3. De las anteriores, la única opción susceptible de un manejo político directo en el corto plazo, es la inversión pública: darle un buen empujón, planificada de forma tal que, hasta donde resulte posible, maximice su capacidad de generación de empleos y el uso de insumos de producción nacional, lo que a su vez maximizará el efecto multiplicador sobre el resto de la economía. Esto se dice fácil, pero es mucho más complicado de llevar a cabo. De hecho, solo es posible con base en un gran acuerdo nacional para:

  1. Romper cuellos de botella burocráticos y facilitar una fluida coordinación institucional;
  2. Desanudar “amarres” legales;
  3. Aprovechar expeditamente todos los fondos externos disponibles que no se están utilizando, y movilizar recursos financieros actualmente existentes en fondos de pensiones y asociaciones solidaristas;
  4. Establecer un compromiso efectivo y real de cooperación –generosa, patriótica y transparente– entre las diversas instituciones públicas, organizaciones ciudadanas y también las empresas privadas, en especial las que puedan participar en los contratos de construcción de obra pública.

4. Se podría intentar asimismo tratar de reanimar la inversión privada, mediante la orientación prioritaria del crédito y la reducción de las tasas de interés, aunque dadas las condiciones adversas a las que brevemente hice referencia, ello en lo inmediato no sería fácil de lograr.

5. Medidas de carácter más focalizado y puntual podrían contribuir a dinamizar la economía en regiones más deprimidas y empobrecidas:

  1. Promoción del turismo interno.
  2. Facilitación de mercados regionales para productos agropecuarios, artesanales y de pequeña industria.
  3. Fortalecimiento de las cadenas de comercialización que facilite el que esas producciones locales alcancen los mercados urbanos masivos.

6. Todo lo anterior sentaría las bases para un esfuerzo más amplio, que se prolongaría a mediano y largo plazo, encaminado a refundar nuestro aparato productivo sobre nuevas bases que, asimismo, cree las condiciones para un dinamismo sólido y perdurable:

  1. Mayores niveles de productividad, con más valor agregado en la producción, densos encadenamientos productivos y mayor contenido de conocimiento.
  2. Una economía más diversificada, capaz de aprovechar plenamente sus potencialidades y dotación de recursos productivos, incluyendo las especificidades de cada una de las regiones.
  3. Con un desarrollo regionalmente equilibrado y socialmente inclusivo, que democratice la propiedad, abra posibilidades para la participación de las mujeres y distribuya los ingresos equitativamente.
  4. Capaz de aprovechar mejor los mercados internacionales a los que hoy se tiene acceso, y de proyectarse a nuevos mercados, hoy escasamente explorados, y que busque maximizar las posibilidades de integración económica, cooperación, inversión conjunta y comercio a nivel centroamericano.
  5. Construido de forma democrática y participativa, desde las regiones, las municipalidades y las diversas organizaciones ciudadanas.
  6. Meticuloso en grado sumo en todo lo que signifique el cuido de los equilibrios naturales.
  7. Asentado, por lo tanto, en una matriz energética renovada, basada en fuentes limpias.

Resolver el problema fiscal y no morir en el intento

Reforma tributaria de fondo, moderna, justa y progresiva

1. La reforma tributaria actualmente en discusión en la Asamblea Legislativa es, en el mejor de los casos, un parche mal puesto y, en el peor, otro retroceso que agrava la inequidad del sistema tributario costarricense. En su mayor parte lo que hace es sustraer recursos del bolsillo de grupos medios y pobres, lo que debilitará aún más el consumo privado y, por lo tanto, ralentizará aún más la economía. La han justificado aduciendo que facilitará tener acceso a créditos externos por $1000 millones. Al momento de escribir esto se ha dado a conocer además, planes para la colación de bonos en los mercados financieros internacionales por $4000 millones. Con ello, sin embargo, lo que se hace es admitir que el problema no está siendo resuelto y que se opta, una vez más, por patear la bola hacia delante, pero además eligiendo la vía que mayor vulnerabilidad puede generar en el mediano y largo plazo: la emisión de deuda en una moneda extranjera que, por lo tanto, Costa Rica no emite ni controla.

2. Teniendo en cuenta que el discurso oficial magnifica las amenazas asociadas al actual problema fiscal, lo que entonces corresponde, de forma proporcional, es exigir que este sea el momento para un verdadero acuerdo nacional alrededor de una reforma sustantiva, y dejar de perder el tiempo con anodinas vagabunderías.

3. Una reforma tributaria seria, debe diseñarse a partir de un criterio central ineludible: que cada quien contribuya según sus posibilidades efectivas, y que los grupos sociales más vulnerables sean protegidos. Esto, que es un imperativo ético y humano ineludible, también es una condición de viabilidad, e incluso una consideración pragmática y de sobrevivencia política. Es así por una cuestión de indispensable legitimidad política, y para empezar a revertir la desigualdad y toda la peligrosa involución que pone en peligro y amenaza destruir la democracia costarricense.

4. Esta reforma debería diseñarse y aplicarse de forma compatible con los esfuerzos de reactivación de la economía y el empleo. Ni cualquier reforma ni cualesquiera tributos resultan entonces apropiados. Evitar, por lo tanto, y en lo posible, los impuestos que compriman el consumo de grupos medios y populares, como los que pudieran penalizar la inversión productiva y frenar la necesaria creación de empleos. Por ello deben priorizarse tributos sobre altos ingresos personales, formas pasivas de riqueza personal, consumo conspicuo, actividades socialmente dañinas y ambientalmente perjudiciales, incluyendo las emisiones de gases de efecto invernadero.

5. Equidad horizontal y vertical: es decir, pagarán más quienes más riqueza tienen y mayores ingresos perciben, pero, al mismo tiempo, pagarán igual quienes reciben montos similares de ingreso o controlan cuantías similares de riqueza, independientemente de la fuente de aquellos ingresos o de las características de esta riqueza.

6. Una mayor progresividad sobre los ingresos personales: escalas del 15% en adelante, hasta una tasa marginal del 50% para ingresos muy altos (mayores a 10 millones al mes). Se aplicaría tanto a ingresos provenientes del trabajo, como a ingresos de capital o patrimoniales, a las mismas tasas progresivas. Por ello mismo es importante avanzar hacia la puesta en vigencia del llamado principio de “renta global”, de modo que se tribute sobre la totalidad de los ingresos que una persona recibe, y que se apliquen tasas progresivas y uniformes, independientemente del tipo de ingresos de que se trate.

7. Impuestos sobre grandes herencias, gravadas como un impuesto progresivo sobre ingresos de capital a lo largo de un período suficientemente largo, según las mismas tasas progresivas que se aplicarían a los ingresos del trabajo o del patrimonio o capital, pero a partir de un monto mínimo de herencia (por ejemplo: 200 millones de colones).

8. Impuesto progresivo sobre riquezas o patrimonios personales acumulados (que podrías oscilar entre 0,5 y 1,5% anual), a partir de un mínimo que podría ser de 300 millones de colones.

9. Sobrecargo del 10% sobre impuesto a la renta empresarial para actividades que generen efectos sociales y/o ambientales indeseables.

10. Elevación del impuesto selectivo de consumo al 20% sobre las diversas formas de consumo conspicuo o formas de consumo que propicien la generación de gases de efecto invernadero: autos de lujo; yates; jets privados; joyas; pinturas de muy elevado precio; bebidas alcohólicas muy caras; perfumes exquisitos; etc. Algo similar se aplicaría sobre formas de consumo dañinas para la salud (la comida chatarra, por ejemplo), o para el ambiente (el plástico, por ejemplo).

11. Aprobación del IVA con una tasa del 13%: en la medida en que haya voluntad política de avanzar en una reforma tributaria realmente justa y progresiva, podría justificarse políticamente la aprobación del IVA, sin modificar su tasa actual, con tasas preferenciales para aquellos bienes y servicios considerados prioritarios desde el punto de vista social, y procurando afinar y maximizar las posibilidades del IVA como mecanismo para el control cruzado del fraude fiscal. En todo caso, la aplicación del IVA se pospondría por un plazo de dos años a fin de que no entorpezca los esfuerzos de reactivación de la economía.

12. Combatir decididamente el fraude fiscal: la evitación del pago de impuestos, hasta por un monto que excede del 8% del PIB (según algunos estudios), es a todas luces excesivo, sobre todo cuando la carga tributaria (monto de impuestos respecto del PIB) apenas llega al 13%. Al respecto, cabe considerar políticas como las siguientes:

  1. Definir metas cuantitativas explícitas de reducción del fraude, a razón, por ejemplo, del equivalente al 0,75% del PIB al año.
  2. Reforzar el personal de la administración tributaria y elevar sus niveles de calificación.
  3. Elevar la calidad de la infraestructura informática y tecnológica.
  4. Reformas legales que permitan levantar los velos que encubren la riqueza y los ingresos de las personas y familias más adineradas. Es indispensable que se instale en nuestra cultura la convicción de que la transparencia en materia tributaria es un muy básico deber ciudadano.
  5. Una política de Estado que promueva una vigorosa cooperación internacional para combatir y sancionar el fraude fiscal, con la meta de llegar a la total proscripción de los paraísos fiscales.

Reforma del Estado sobre bases dialógicas y participativas

1. El sector público de Costa Rica no es excesivamente grande. Por el contrario, es pequeño: lo es respecto de lo que es usual en los países de más alto nivel de vida en el mundo, como claramente lo es respecto de las necesidades y demandas de la ciudadanía, del desarrollo de la economía, la construcción de una sociedad más equitativa e inclusiva, y el logro de una efectiva protección de la naturaleza.

2. Revolución de la productividad en el sector público costarricense: es un completo desatino ideológico hablar de recorte o reducción. Lo que corresponde es centrar el esfuerzo en el logro de mayor eficiencia y eficacia; mayor calidad y calidez en los servicios; fluidez organizativa y cooperación interinstitucional; combate enérgico a cualquier forma de corrupción.

3. Es seguramente necesario entrar a estudiar los sistemas de contratación y remuneración en el sector público. Hay incoherencias y algunos excesos, sin que esto signifique que deba imponerse criterios estándar, inapropiados puesto que distintas instituciones atienden distintos problemas y tienen distintos requerimientos. Es indispensable llevar adelante este proceso de forma dialógica y respetuosa, con generosidad y ánimo constructivo por todas las partes. El interés central debería ser uno: tener un personal altamente calificado y muy motivado, comprometido y productivo, remunerado de forma apropiada.

4. ¿Realmente se requiere –como alguna gente lo plantea– fusionar instituciones? No lo creo, o a lo sumo podría tal vez justificarse en casos muy calificados. Lo que sí se requiere es mejorar sustancialmente los mecanismos de cooperación, diálogo y articulación, lo cual también supone desanudar trabas burocráticas y airear espacios feudalizados.

5. Por ello mismo, se requiere reforzar decididamente los dispositivos de rendición de cuentas, participación democrática y control ciudadano. El Estado costarricense debe ser mucho más democrático y el debate sobre las políticas públicas mucho más transparente y participativo, y mucho mejor informado. Costa Rica no puede darse el lujo de permitirse ninguna involución democrática. Por el contrario, nuestro objetivo debe ser avanzar hacia una democracia más plena y participativa, realmente pluralista.

 

(*) Director Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo, CICDE-UNED.

 

Enviado por el autor.

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Construir y Reconstruir la Democracia Directa

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Marlin Oscar Ávila

Un indicador sobre la debilidad en el ejercicio del sistema democrático, puede ser la perseverancia de monarquías sin que la ciudadanía llegue a elegir a su primer ministro, como ocurre todavía, como es el caso de Asia donde hay 13 países con monarquías. En Europa queda una docena de ellas, después de haber disuelto 18, pero ahora mantienen un sistema electoral parlamentario que les ha dado buenos resultados. La de Rumanía fue la última en disolverse en 1947 en Europa. África tiene tres y Oceanía mantiene dos. El continente americano es quien no tiene monarquía alguna, aunque sí tuvo en Brasil (hasta 1888), Haití (hasta 1859) y México (hasta 1867).

Cada vez más se demuestra que el sistema democrático como doctrina política y sistema de vida en nuestras sociedades requiere de algunas adecuaciones para recuperarse del trauma causado por los golpes militares, técnicos, suaves e indirectos, en los cuales ha estado presente y activa la corrupción, el narco tráfico y los secuestradores de la democracia representativa. América Latina necesita urgentemente volver a los principios fundamentales de la democracia que respeta la libertad y los derechos humanos, así como favorecer la igualdad de oportunidades en la participación activa de la vida económica, social y política de cada nación que la integra. Debemos rescatar los principios de una democracia directa y participativa que exprese la voluntad de las mayorías, respetando las minorías y los derechos individuales. Esto no se importa ni del Norte de América, ni de Europa y menos de Asia o África. Esto exige nuestra propia reconstrucción.

Estamos observando como algunos ex presidentes se han dedicado a guiar y dirigir proyectos políticos de organismos multilaterales, encaminados, según ellos a recuperar la democracia de algunos Estados. Su nominación para integrar comisiones de esta índole, generalmente depende de la voluntad de los Secretarios Ejecutivos de los organismos mismos, con criterios políticos de quienes controlan al organismo multilateral, como ha venido siendo el caso de la OEA. El señor Luis Almagro ha llevado y traído ex presidentes a cumplir misiones trascendentes en la política nacional e internacional, de acuerdo a sus criterios personales. Esto lo ha llevado a integrar ex funcionarios con dudosa reputación, e incluso, juzgados como delincuentes, que luego guardan prisión (caso Álvaro Colom). Se integran en comisiones de observación electoral, en Comisiones de Investigaciones Políticas, etc, que luego, producen o, la re elección fraudulenta de un proceso electoral viciado (caso Honduras) o la implementación de estrategias intervencionistas, para la quiebra económica, política y social y, eventualmente militar de un Estado (caso Venezuela con Grupo Lima). Pero sabemos que el Sr. Almagro tiene superiores por encima de él, que no necesariamente es el Consejo Superior de la OEA, pero seguro es el Departamento de Estado y la Casa Blanca. Mike Pence, esta activamente involucrado en esta estrategia imperial. Ya la ex presidenta Sra. Chinchilla de Costa Rica, miembro del ala conservadora del PLN, tiene listas sus valijas para irse a Brasilia, a dirigir la Comisión de Observadores Electorales, sospechamos que para asegurar un fraude contra Lula Da Silva, en el mes de octubre próximo. Para las próximas elecciones en México, el primero de julio, la OEA lleva a 80 observadores, también sospechamos de sus maniobras.

En muchos casos, los perfiles de los y las altas funcionarias de las élites políticas que utilizan los organismos multilaterales, son conservadores con currículum que no muestra los resultados exitosos de sus anteriores gestiones públicas. Así que el producto de su gestión no es otra que asegurar la continuidad de poder en manos de grupos políticos que llegan a la similitud de mafias instaladas para robar, como lo ha demostrado la CICIG y la MACCIH en Guatemala y Honduras, respectivamente.

Es sabido que cualquier re-elección se da en importantes condiciones desfavorables para cualquier opositor o contendiente a procesos electorales por muy transparentes que estos sean, lo que realmente no lo son. Después de cuatro o cinco años de sostener el poder presidencial de una nación, quien preside o dirige una nación, logra concentrar toda una serie de mecanismos, recursos e influencias que, ningún partido de oposición logra superar. Después, queda al libre criterio del re-electo si gobierna con una visión socialista (en sus distintas variantes), liberal (en sus distintas variantes), conservadora, hegemónica dictatorial y hasta militarista o neo fascista. Estas últimas son las atractivas del gobierno estadounidense, por estar afín a sus principios de trasfondo.

Es por esto que en América Latina hemos venido experimentando algunos procesos que distan de ser democráticos y, mucho menos directos y participativos con un seguimiento constante desde la ciudadanía.

El caso nicaragüense actual ilustra lo que sucede cuando una ciudadanía no ejerce sus facultades democráticas de vigilancia activa hacia sus elegidos. Por varias razones, la ciudadanía que logró re establecer el gobierno sandinista, permitió que su gobierno se fuera adecuando al sistema capitalista de mercado y sacara provecho individual del poder que el pueblo le prestó. Así, logró, con cantos de sirena, poesía y música folclórica, adormecer un amplio sector social, además de utilizar el monopolio de la fuerza, que le da la constitución, para amedrentar a sus oponentes. Su astucia fue la utilización del histórico y revolucionario partido FSLN y toda su simbología para mantener la hegemonía del poder. Si hubiese habido algo de testosterona, posiblemente no se hubiera re elegido a Daniel Ortega. Si hubiera consultado con Pepe Mujica, y siguiera sus conceptos, no se hubiera lanzado nuevamente.

Después de poco más de dos meses, Nicaragua, con casi dos centenas de muertes, centenas de heridos, instituciones de servicio público a medio funcionamiento y una economía al bordo de la quiebra, su instrumento de salvación es indiscutible mente la Mesa de Diálogo, coordinada por el Consejo Episcopal de la Iglesia Católica. En pasos hacia adelante y con cortos estancamientos, Nicaragua ha avanzado más que Honduras en resolver su crisis política, con una gran diferencia en formas de resolución de conflictos, años de batallas y victimas sociales y políticas. Desde luego, aún les falta definir sus proyectos políticos y económicos para el futuro, reformas institucionales y jurídicas, definición de posiciones ideológicas, etc. Esto será cuando inicien con un nuevo proceso electoral. Ahora, esperamos que los Ortega den ese trascendental paso y decidan una fecha para las próximas elecciones. Deben saber, que prolongar este conflicto es extender el dolor, llanto y luto de miles de familias inocentes. Si dan la fecha, todos y todas, incluyendo el FSLN, se preparan para la contienda electoral, a construir la Nicaragua que soñó Sandino, Carlos Fonseca, los comandantes sandinistas y mucha ciudadanía de ese valiente pueblo. Además, eso es una necesidad de toda Centroamérica.

Entre los compromisos de la ciudadanía latinoamericana esta en: ayudar a Nicaragua a salir de esta crisis; como es ayudar a Venezuela a no caer en las garras de las corporaciones mundiales y estadounidenses, con un control salvaje del Pentágono; contribuir con la lucha contra la amplia corrupción e impunidad, además del narco Estado, existentes en Honduras; como lograr que Lula Da Silva participe en las próximas elecciones de Brasil; además de, evitar los acostumbrados fraudes en México, para que López Obrador dirija los destinos de ese grandioso país; que se construya el tren transoceánico en Sur América, para sacar a Bolivia de su aislamiento comercial; presionar al nuevo gobierno colombiano para que cumpla los compromisos de la Paz y, desde luego, evitando una invasión militar donde participen los gobiernos lacayos de nuestro continente, contra Venezuela.

Seguramente, podríamos entusiasmarnos para que en el próximo mundial de fútbol en el Norte de América, en ocho años, contemos con paz, prosperidad, equidad y justicia social para todas nuestras poblaciones, ausentes de mafias controlando gobiernos e instituciones internacionales.

Enviado por el autor.

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El voto en blanco de Yesid Reyes a la JEP

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Por Carlos Meneses Reyes

 

El exministro de Santos, Yesid Reyes Triana, declinó posesionarse como Magistrado del Tribunal para la Paz de la Jurisdicción Especial de Paz, JEP. Su decisión es política no jurídica.

Son momentos en que a la JEP se le ha de rodear de máximo apoyo nacional y popular para que cumpla los fines altruistas que le han sido encomendados como es el juzgar los delitos de crímenes de guerra y de lesa humanidad en que hayan incurrido miembros de las fuerzas armadas del Estado, de todas las ramas de poder público incursos en el conflicto armado interno contra las farc-ep, sus comandantes, guerrilleros y personas privadas que hayan cometido acciones, así calificadas, en el mismo.

En este acometido de objetivos y de concepción de la justicia transicional bajo una inspiración universal y no el atosigado reducto de estereotipo de una justicia especial, a acomodarla a las camisas de fuerza de un sistema de justicia ordinario en Colombia, como si nada en absoluto hubiere pasado puesto las insurgencias no derrotadas militarmente ya están desarmadas y sometidas al establecimiento. Ante ese, que es el panorama que la dictadura mediática impone, yergue enhiesta la concepción del Sistema Integral de Justicia Reparación y No Repetición (SIJRNR) pactado en los Acuerdos de la Habana y del teatro Colón en el año 2016.

Llega el momento de dilucidar ante la opinión pública nacional e internacional, que los innumerables sofismas de desvirtuar los principios de la justicia transicional universal con que la mediática alienadora ha presentado como logros para el estado de derecho en Colombia , el que la rama legislativa y posteriormente la judicial del poder público, hayan desempeñado una labor de injerencia y verdaderos instrumentos para hacer trizas los Acuerdos erigiéndose en suplantadores de la voluntad de las partes contratantes, debidamente representadas en el escenario internacional como plenipotenciarios del Estado colombiano y los rebeldes insurgentes.

Como resultado del triunfo del NO se impusieron más de 85 reformas al Acuerdo inicial de La Habana, en particular al logro de una verdadera reforma rural integral, al espejismo de la definición de una economía sustitutiva de cultivos ilícitos, el culto a las víctimas para revictimizarlas y dejar en el limbo sus reparaciones y al difuso entretejido de no imponer una implementación, acorde con la alteración de orden público que la reforma de raíz de un sistema electoral corrupto demandaba. Garantizaban así los del mandato del NO la no implementación de los tales Acuerdos.

Respecto al universo de la justicia transicional, expresado en la JEP, no lograron vulnerar su esencia de inspiración universal acorde con la fuente consuetudinaria y la normativa del derecho Internacional y El Derecho Internacional Humanitario y de los Derechos Humanos. Lograron modificar el que los Magistrados(as) del Tribunal Especial de Paz no fueren extranjeros; pero a contrarréplica se acordó la inclusión de togados amicus curiae (amigos de la corte). Estos tienen una función de auxiliares del sistema de justicia creado y contribuyen con su voz y voto a dirimir conflictos en que en las salas de juicio o definición de situaciones en que no haya mayoría. Son verdaderos conjueces y en esta clase de definiciones de tales delitos de jurisdicción a los magistrados integrantes no se puede quedar en solo “salvar el voto”. Resulta que la enredadera jurídica para desnaturalizar e impedir la implantación de este instrumento de justicia especial, dispuso el “soberano” legislativo que esos amicus curiae serán unos invitados de piedra y no tendrían voz ni voto sino aporte de opiniones escritas. Esto traído a colación, como el que los terceros incursos en delitos de lesa humanidad opten voluntariamente a acogerse a esta jurisdicción especial, irrita al foro jurídico mundial y plasma la inquietud por la impunidad, sin ahondar en la asimetría aplicada para excluir de la comparecencia a la JEP y al deber de concurrir a la Comisión de la Verdad, a los altos mandatos de las fuerzas armadas y a la casta del generalato colombiano, activo en la implementación de la guerra contrainsurgente, cual arrodillados al mandato del Departamento de Estado USA, en el control y manejo de la guerra contrainsurgente en Colombia.

ILUSTRACIÓN SOBRE LA NATURALEZA DE LA JEP

De manera que el thema de contenido jurídico y político a abordar en su majestuosa independencia y soberanía judicial el Tribunal de Paz del SIVJRNR, podríamos resumirlo en:

-Definir sus verdaderas competencias internas, incluido su ordenamiento interno de funcionamiento, para lo cual no requiere de ley auxiliar procedimental del Congreso colombiano.

-Definir las normativas de procedimiento, que son de orden público y estricto cumplimiento y por no ser de contenido sustantivo, han de ajustarse al capítulo de las garantías y derechos constitucionales del ordenamiento vernáculo. Ello es posible hacerlo internamente, sin acudir a acto legislativo.

-Garantizar el dictado de las sentencias acorde con los principios de autonomía y de inescindibilidad del sistema universal de justicia transicional. Esta que es la función altruista y máxima responsabilidad de los togados de la JEP, tiene que asimilarlo pedagógicamente la ciudadanía que para su ejercicio – esos Magistrados (as)han de estar libres de agobio alguno. El criterio de no exigibilidad; la autonomía no vinculante de normativas existentes y nuevas creadas; lo no vinculante de la jurisprudencia de las altas cortes colombianas. Comprender, como cualquier colombiano raso, que mientras exista el artículo 93 de la constitución política, se explica la existencia invulnerable de la JEP y su fuente de respaldo constitucional lo fue el artículo 22 ibidem.

ERRADICAR LA IMPOSICIÓN MEDIÁTICA DE LO FEMENTIDO

No tiene fe ni palabra el que la JEP ha de estar sometida a la Corte Constitucional y a la Corte Suprema de Justicia. Mucho menos a los dictados del Congreso. Es falso y engañoso que a la competencia de la justicia transicional los incursos en delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra puedan decidir si optan o no someterse a esa jurisdicción especial. Sobre ellos caerá la implacable egida de esta justicia. En grado de discusión está el que los expresidentes de la república no queden vinculados a esta situación de aforo especial, por así haberlo pactado, expresamente, las Altas partes contratantes y plenipotenciarias de los Acuerdos logrados para el fin del conflicto ya conocido e identificado; pero ello no obsta para que sobre los mismos este latente – cual espada de Damocles- el veredicto de la Justicia Internacional.

LO ESQUIVADO POR EL MAGISTRADO DIMITENTE

Pues sin lugar a duda fue al desarrollo de estas definiciones en las que no deseo quedar inmerso el pusilánime Yesid Reyes Triana. Demuestra que era un alfil del grupo de poder oligárquico dominante en el seno de la JEP. Que como resultado del efecto electoral presidencial se impone la hegemonía de derecha en el país y en compromiso con sus intereses personales y de clase dominante otea que un escenario de opinión judicial magisterial no le conviene. Opta por el ejercicio de “contribuir” en la docencia, a sabiendas que su mensaje al Foro y a la Academia será engañoso y falso a ritmo con la hegemonía imperante de derecha.

A su vez, la onda sonora de repercusión de esa tal renuncia , pone en entredicho la improcedencia del Comité de Escogencia de optar por cuadros del sistema de justicia corrupto cuestionado en todo el mundo; aplicar en contravía la exigencia de la carrera judicial y el acumulado de pergaminos de especialización de sus designados; optar por la NO escogencia del juez sabio por su experiencia en el terreno de los padecimientos regionales y la edad; descartando a los innumerables juristas de localidades y provincias, a los abogados (as) “de pueblo”, a los activistas sociales del derecho, a los desplazados del sistema de justicia imperante en Colombia, abogadas y abogados con suficientes calidades humanas y de formación que fueron explicablemente descalificados.

Es en el acumulado de la reserva popular donde se encuentra su reemplazo.

 

Enviado por el autor.

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