El modelo económico de Casino, al que 50 años de lucha insurgente no le hicieron ni cosquillas y capitularon a su modificación, permite que las regalías, que constitucionalmente son “una contraprestación económica del Estado que se causa por la explotación de un recurso natural no renovable” puedan ser objeto de negocio por una sociedad captadora de recurso creada por el Ministro de Hacienda Uribeño, Alberto Carrasquilla, denominada KONFIGURA (Emisor y Prestamista), que tiene como socios al tal Carrasquilla, a Andrés Flórez (Grupo Estructurador) y a la sociedad panameña Navembi Investiment Inc, de acciones al portador, es decir, socios secretos, investigada por el escándalo “papeles de panamá” como evasores de impuestos. Sobre las regalías a municipios destinadas a agua y saneamiento; así se facilita dineros de ingresos fijos de los municipios y sobre esos montos emiten bonos a cargo del municipio que recibe el dinero del emisor prestamista (Konfigura) que consigue o capta dineros de prestamistas (de los Fondos de Pensiones Privados, de la sociedad panameña) al UVR+8% y al municipio le cobran al UVR+11%, ganándose un 3% sobre miles de millones de pesos colocados. En principio si emitieron 400 mil millones de pesos para prestar, el Grupo estructurador ganó 14 mil millones de pesos en 5 años. Pero los bonos no gozaron de buena reputación en el mercado de valores e inversionistas como Interbolsa, perdieron (particulares). 117 municipios destinaron anticipadamente el monto de ingresos de sus regalías. Recibieron los dineros de Konfigura y no los invirtieron (solo se registran 30 municipios con inversiones). En el caso del municipio de Abrego, en Norte de Santander, esos dineros se destinaron a una Urbanización nueva que requería acueducto y alcantarillado. La Urbanización no se construyó, quedando el acueducto y alcantarillado en proyecto. En averiguación, más de unos mil ochocientos millones de pesos del Municipio de Ocaña se habrían afectado; aunque en verdad para el año 2015 las regalías de ese municipio se perdieron por omisión de la “Administración” municipal que fue castigada (…) La denuncia al público concreta las ganancias de Konfigura en 70 mil millones de pesos, recibidas por el Grupo Estructurador en dinero contante y sonante; es decir por la derecha directamente. A su posesión, el ministro Carrasquilla figura- junto con su esposa- como miembro de la Junta Directiva de Konfigura, según lo Certifica la Cámara de Comercio de Bogotá. Continúa siendo socia la cuestionada empresa de lavado de activos panameña. De manera que en el tinglado de corrupción del gobierno de derecha uribeño, ese ministro es un discapacitado ético. Su esposa Clara Parra Beltrán funge como Alta Consejera Inversionista Privada del ilegitimo presidente Duque y en tanto que la mediática difunde que todo fue hecho con permisibilidad legal; la juventud opositora en RESISTENCIA en las calles comprende que es la protesta directa la que modifica el actual estado de cosas inconstitucional (eci) en Colombia. Carlos Meneses Reyes. Bogotá. DC. 10.09-2018.
Juguetes. Regalos. Dulces y queque. Fiestas. Esas son las esperanzas de todos los niños y las niñas para la felicidad. El día del niño y la niña es un día del año en el cual intentamos dar a los y las pequeños un tiempo para gozar, para jugar y ser felices.
Aunque juguetes, bolas, juegos y fiestas son una parte linda de la niñez, ¿que son las cosas que los niños y las niñas realmente quieren? Son cosas que tal vez los pequeños no pueden expresar, pero que ellos y ellas mismos saben son mas importante en sus vidas: la protección fisica y emocional.
Quieren un lugar sano, libre de violencia, y libre de terror. El terror de conflicto que vemos en muchos paises donde los niños y niñas carecen de todo; hogar, comida, cariño, seguridad. En Costa Rica, afortunadamente, los niños y las niñas nunca han vivido en tal tipo de guerra.
Pero existe para muchos el terror de la violencia, en su propia casa y en la calle. Los niños y las niñas quieren vivir libres del terror de abusos, de golpes y gritos o castigos los cuales dan dolor o vergüenza.
Ellos y ellas quieren ser libres del terror de ser abandonados.
Quieren ser libres del terror de la inestabílidad económica, como cuando no saben si hay comida para la mañana, o si pueden ir a la escuela, o si pueden pasar un tiempo con sus compañeros. O si la situación económinca en casa causa cambios en la familia.
Ellos y ellas queren ser escuchados. Los niños y las niñas tienen mucho que decir. Necesitan hablar y expresarse. Sus ideas, sentimientos y temores son importantes también.
Ellos y ellas quieren ser libres del bullying, no volverse víctimas de los insultos, chantajes y bromas mal hechos, por parte de compañeros de escuela o del barrio.
Ellos y ellas necesitan tiempo para jugar y goza la niñez. Lo cual es parte importante de su desarrollo.
Los niños y las niñas se quieren desarrollar sin miedos, en un ambiente de seguridad, amor y comprensión. Quieren soñar con una vida felíz y un futuro. La Declaración de los Derechos del Niño, proclamado por las Naciones Unidas en 1959 ponen 10 puntos para la protección y bienestar de los niños y las niñas, que no son explotados, ni abandonados, y que gozan la protección del hogar y el estado.
Derechos de los Niños, las Niñasy Adolescentes
Derechos a la vida, a la supervivencia
Derecho de prioridad
Derecho a la identidad
Derecho a vivir en familia
Derecho a la igualdad sustantiva
Derecho a no ser dicriminado(a)
Liga Internacional de Mujeres pro Paz y Libertad
Sección Costa Rica
limpalcr@yahoo.es peacewomen@gmail.com
San Jose-Heredia-San Ramon-Limon
Imagen con fines ilustrativos tomada de tiempodeleste.com
Un aspecto inicial que no quisiera omitir de la huelga que inició el día de hoy, está relacionado con tres sondeos que hizo Repretel. El viernes pasado, el nivel de apoyo a la huelga era de 69% vs un 31% en contra; el domingo el nivel de apoyo alcanza el 82% vs un 17% de rechazo, y ya hoy, el nivel de apoyo subió a un 92%. No deja de asombrarme que ese medio informativo haya publicado resultados tan desfavorables para el binomio Alvarado-Piza, cosa poco común en los medios de comunicación dominantes, más proclives a silenciar o del todo invisibilizar los intereses de los sectores progresistas.
El que el movimiento social que rechaza el combo fiscal haya crecido 23 puntos en tan solo 3 días, debe estar generando un cisma en Casa Presidencial, en las y los diputados oficialistas, en las y los diputados opositores que se sumaron a la causa del PAC (o a la inversa, que subsumieron al PAC a los intereses del PLN y el PUSC) y particularmente, en el empresariado que se niega a pagar impuestos en función del nivel de ganancias y capital que tienen.
Carlos Alvarado y su equipo de neoliberales afines, deben de asumir esta situación prácticamente como una derrota. No solo es que la estrategia comunicativa que han utilizado para imponernos el combo fiscal fracasó, sino que también tantas expresiones de corrupción acumuladas durante los últimos años, ha sido realmente dimensionada: la clase política y empresarial vive a sus anchas gracias a la explotación que viene haciendo de millones de personas trabajadoras.
Sin embargo, Alvarado y Piza se niegan a escuchar el clamor social y más bien tienden a deslegitimar los argumentos de quienes se sumaron a la amplia huelga nacional que tuvo una acogida realmente inesperada, pero comprensible. Esta estrechez mental y política le está pasando una amarga factura al PAC, recuérdese que recientemente el CIEP de la UCR informó que Alvarado tenía una valoración positiva tan solo del 35% de las personas entrevistadas, y ahora se le suman estos datos de Repretel que sin lugar a dudas, le son crecientemente adversos. El capital político del PAC y el gobierno está en franca erosión y declive, y es una verdadera pena, pues por un tiempo, existía la esperanza de que ese partido retomara la senda de justicia, igualdad y equidad que la población costarricense tanto anhela.
A Piza poco puede importarle la debacle del PAC, con haber alcanzado un 16% de los votos del electorado, se siente satisfecho con haber sacado al muerto del coma.
La respuesta de Carlos Alvarado del domingo pasado en la cadena de televisión deja presumir una posición fuerte y sin margen de negociación: él como presidente, macho-varón (machín, al decir de las amigas feministas), jefe, cabeza, escogido y ungido por el electorado (votado por ser menos peor y peligroso frente a Fabricio Alvarado) tiene la verdad absoluta, no está dispuesto a escuchar y menos a hacer concesiones. Sin pena ni gloria, su elenco de ministros y jefaturas, incluso hasta regidores municipales, se han dedicado de lleno a perseguir, amenazar y violentar el derecho a huelga de quienes trabajan en el sector público; dichosamente con no mucho éxito. Debo reconocer mi decepción para con Edgar Mora, Ministro de Educación, a quien consideré más sensato; su brillantes quedó opacada por ese plegarse acrítico al gobierno.
La huelga podrá ser calificada como ilegal, pero sabemos que es justa; una medida desesperada pero anunciada dada la intransigencia del ejecutivo y el legislativo.
El escenario no deja de ser complejo, en un día de movilización nada está resuelto. El gobierno podría enredarse más en sus mecates, dar un salto al vacío y recurrir a la violencia, cosa que lo terminaría de enterrar; o en un acto de humildad e inteligencia política, sacar el combo fiscal de la corriente legislativa, e impulsar una discusión nacional, democrática, sectorial y participativa (nada de notables) que permita generar un consenso sobre una reforma fiscal progresiva en la que todos aportemos según nuestros ingresos y capital.
Por el momento, quienes estamos en la acera que adversa el combo fiscal, debemos tener una actitud vigilante, continuar la huelga, mantener y ampliar las movilizaciones, rechazar cualquier acción violenta que nos deslegitime, y redoblar la campaña informativa en redes sociales; misma que dichosamente ha expuesto con creces a la clase política y empresarial corrupta que ha tomado al país desde hace varias décadas para su provecho propio.
1)El proyecto de ley sobre reforma fiscal actualmente en discusión en la Asamblea Legislativa (expediente 20.580) tan solo aportará nuevos ingresos por un monto de alrededor de 1,5% del PIB (valor total de la producción nacional). Recordemos, por otra parte, que para este año el déficit fiscal muy posiblemente sobrepase el 7% del PIB y que, bajos las tendencias actuales, superaría el 8% en 2019. Sumemos los “ahorros” que doña Rocío Aguilar, ministra de Hacienda, viene promoviendo, y pongámonos además sumamente optimistas: al cabo, entonces, podríamos hablar de un déficit del 6% en 2019. Es absolutamente imposible que, bajo tales condiciones, se logre frenar el crecimiento de la deuda pública, que es el objetivo mínimo que habría que alcanzar para que la situación fiscal logre emerger del territorio turbulento en que hoy día se mueve. Lograr tal cosa es aún más difícil, teniendo presente el menos que mediocre dinamismo de la economía.
2)El gobierno apuesta, sin embargo, a que aprobado ese proyecto ello servirá como certificado de “buena conducta” que facilite el acceso a financiamiento externo y tasas de interés más reducidas, lo que, a su vez, atenuaría la presión que los pagos de intereses ponen sobre el déficit. Primero, no alimentemos excesivas expectativas: la fama de “buena administradora” de Costa Rica ya está bastante tocada, y el contexto internacional es hoy menos propicio que años atrás, con tasas de interés al alza y corrientes de capital fluyendo de nuevo hacia el norte rico. Pero incluso si apelamos a las hipótesis más optimistas, e imaginamos que se logra colocar deuda externa en condiciones favorables, ello si acaso cubriría la cuarta parte de las necesidades de financiamiento que tendría el gobierno. Quizá se atenúe un poco el efecto, pero podamos dar por descontado que los intereses seguirán jalando hacia arriba el déficit.
3)El dinamismo de la economía, o sea, sus índices de crecimiento, siguen siendo francamente insatisfactorios, con una situación del empleo sumamente deteriorada. En lo fundamental, la situación fiscal que vivimos ha nacido precisamente de esa persistente atonía económica y de los crónicos problemas del empleo. Ello conlleva subvertir las bases principales de las que depende la salud de las finanzas públicas, lo cual se ve agravado por la inequidad de nuestro sistema tributario, los esquemas de exoneración fiscal vigentes y la magnitud del fraude tributario. Por su parte, el ajuste fiscal propuesto, aun siendo limitado, y al ser aplicado sobre una economía muy frágil, tendría un inevitable efecto contractivo, que nos llevaría al borde del estancamiento, agudizaría los problemas del empleo y empeoraría la pobreza. O sea: la propuesta fiscal del gobierno podría estar serruchando la rama sobre la que se sienta: en el intento por extraer recursos de la economía y recortar el gasto público, debilitaría aún más una economía ya debilitada, lo que repercutirá en que, al cabo, los nuevos recursos que se recauden sea menos de los previstos, y el déficit, y por lo tanto la deuda, mayores a lo esperado.
Rocío Aguilar, ministra de Hacienda.
4)El gobierno de Carlos Alvarado ha presentado recientemente diversas propuestas para la reactivación de la economía. Siendo, en general, ideas buenas y necesarias, reflejan confusión respecto de lo que el concepto “reactivación económica” significa. La casi totalidad de lo propuesto, suponiendo que fuese aplicado con rigor y constancia, tendría algún efecto solo al cabo de varios años, y lo que pudiera dar frutos más expeditos (como la simplificación de trámites, infinitas veces mencionada por los sucesivos gobiernos), no tendrían más que consecuencias marginales sobre el desempeño general de la economía. No parece entenderse –lo cual me deja muy perplejo– que la reactivación solo tiene sentido como una cuestión para el corto plazo, un año a lo sumo, como tampoco parece haber claridad sobre cuáles son los mecanismos que realmente pueden reactivar una economía en períodos relativamente cortos. Subrayo: hay que ponerle energía e impulso a la economía ya, ahora mismo, para que ello nos dé el músculo que urgentemente necesitamos para enfrentar el problema fiscal, “sin morir en el intento”. Dentro de los distintos programas anunciados, el que sí es relevante desde el punto de vista de la reactivación es el de inversión pública. Y, según se desprende de las diversas notas de prensa, se trata de montos muy significativos, de hasta más del 6% del PIB. Un programa de obra pública de este tipo –no obstante su excesivo énfasis en lo vial– si podría levantar la economía…a condición de que esa inversión pública se ponga a caminar de inmediato y esté siendo ejecutada en el plazo de pocos meses. Sobre eso, la información disponible no es clara, y teniendo presente –como no podía ser de otra manera– los obstáculos infinitos y la comprobada ineficiencia en la gestión y ejecución de obra pública en Costa Rica, uno no puede alentar mucho optimismo. Más importante que dar cifras muy impresionantes –que es lo que el gobierno ha tratado– hay que explicar muy claramente cómo se romperán esos innumerables cuellos de botella que frenan la inversión pública. Al respecto, el gobierno es omiso. Y, la verdad, yo no veo posibilidad de lograrlo si no es con base en un gran acuerdo y un gran esfuerzo nacional, del que tendrían que ser partícipes –de forma articulada, desprendida y generosa– tanto la institucionalidad pública, como la empresa privada y la ciudadanía organizada.
5)El proyecto fiscal en discusión no solo es limitado en términos de los nuevos recursos que pueda aportar, sino también es retrógrado por sus consecuencias sociales. En la parte tributaria, el núcleo del proyecto es claramente el “impuesto al valor agregado” (IVA), en lo cual el gobierno ha invertido una dosis altísima de capital político. Han hecho incontables malabares para justificarlo. Al cabo, un hecho fundamental sigue siendo incontrovertible: es un impuesto regresivo que agudizará la inequidad social. Decir que es un tributo que “todo el mundo aplica” no aporta mucho. También es cierto que “en todo el mundo” la desigualdad crece y la concentración de la riqueza es cada vez más insultante. La amplísima preferencia por el IVA –que va de la mano con el abandono de la tributación progresiva que sí propicia mayor equidad social– es simplemente parte de ese proceso. El resto de las reformas no alcanzan, ni de lejos, a darle un perfil equitativo a este proyecto: no se logra incrementando las tasas sobre el impuesto al salario que básicamente tocará a sectores medios profesionales asalariados del sector público, mientras que el impuesto a las ganancias y rentas de capital es un mal intento por fingir progresividad donde claramente no la hay. Lo resumo diciendo: este proyecto nació mutilado por el terror que suscita la sola mención de una reforma tributaria justa, progresiva y moderna. Tengamos claro: no es un problema técnico, sino una realidad política: eso, y no más, es lo que permiten los intereses dominantes en la Costa Rica de hoy.
6)El proyecto también incorpora un capítulo llamado de la “regla fiscal”. Analicé esa propuesta con amplitud en un artículo que publiqué en marzo pasado (puede verse aquí). Agrego lo siguiente: esta idea debe ser evaluada a la luz de la “hoja de ruta” que la ministra Rocío Aguilar ha delineado, según la cual en los años sucesivos, el gasto corriente del Gobierno Central (exceptuando intereses) se mantendrá congelado en su nivel de 2018. El presupuesto para 2019, recién presentado, da testimonio de que, en efecto, se quiere cumplir con esa lineamiento. En la medida en que se mantenga esa ruta, al concluir el gobierno de Carlos Alvarado tendríamos una reducción de alrededor del 8 o 9% en el gasto corriente, medido en términos reales, o sea, descontada la inflación. La vigencia de la regla fiscal, en la medida en que efectivamente sea aplicada, ampliaría ese efecto contractivo. El objetivo me parece claro, y lo enuncio no como una observación ideológica, sino como la conclusión a que los datos obliga a llegar: se propone avanzar en un proceso de efectivo achicamiento del Estado, que muy probablemente implicará el debilitamiento, acaso el desmantelamiento, de nuestros sistemas de seguridad social.
(*)Director Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo (CICDE-UNED),
El creciente deterioro de las finanzas públicas amenaza la estabilidad macroeconómica de Costa Rica. Son varios años los que llevamos discutiendo sobre la urgencia de sanear las finanzas del Estado, más, sin embargo, muchas personas, incluidos algunos políticos, no comprenden la gravedad de la situación y las serias consecuencias que tendría para el país la no aprobación de las reformas necesarias en el muy corto plazo.
Los datos que se presentan a continuación describen mejor la situación mencionada.
El gasto del Gobierno Central como porcentaje del PIB pasó del 15,3% en 2008 al 20,7% en 2017, mientras que la carga tributaria (recaudación de impuestos como porcentaje del PIB), se ha mantenido en cerca del 13% del PIB en los últimos diez años, es decir, existe una insuficiencia de recursos propios para cubrir los gastos y como consecuencia, la deuda del Estado se ha incrementado considerablemente. En 2008 la deuda de Gobierno Central fue de 24,1% del PIB, en 2017 alcanzó el 49,1% del PIB, mientras que para 2018 y 2019, el Banco Central de Costa Rica estima, en su programa macroeconómico, que la misma alcanzará el 53,8% y 58,4% del PIB, respectivamente.
Por su parte, en el presupuesto 2019, recién presentado a la Asamblea Legislativa por parte del Ministerio de Hacienda, se estima un gasto del gobierno equivalente al 29,6% del PIB, financiado en un 53,5% con nueva deuda y solo el 46,5% con ingresos propios. Es decir, el déficit estimado es de 7,9% del PIB para el 2019.
Lo anterior denota la gravedad de la situación de las finanzas públicas y la urgencia de tomar decisiones cuanto antes, es decir, se requiere un ajuste inmediato, para evitar una crisis fiscal que tendría graves secuelas para la economía y para el país en su conjunto.
Una de las consecuencias, en caso de no aprobarse las reformas necesarias, es el incremento que podrían experimentar las tasas de interés y, por tanto, el costo de la deuda para el Gobierno Central y para las empresas y familias en el país.
En este sentido, vale la pena mencionar que el creciente endeudamiento del Estado también se replica en el sector privado. Al analizar los datos del BCCR, el crédito otorgado por el sistema financiero al sector privado no financiero, en julio de 2018, alcanzó el 58,2% del PIB, es decir, 20,1 millones de millones de colones (en 2007 representaba el 43,2%, por tanto, en los últimos 10 años, la deuda privada ha crecido en casi 15 puntos porcentuales).
Otra forma de observar el creciente endeudamiento de las familias es a través del aumento de la deuda en tarjetas de crédito: según datos del Ministerio de Economía, de 2010 a 2018, la deuda en este tipo de tarjetas se ha duplicado y alcanzó en abril de este año el 3,5% del PIB (1,2 millones de millones de colones); siendo que las tasas de interés de este tipo de créditos rondan el 40% y 50%.
En resumen, a manera de referencia, si sumamos la deuda del Gobierno Central y la deuda del sector privado no financiero (53,8% y 58,2%, respectivamente), no nos alcanzaría toda la producción de bienes y servicios de consumo final (PIB) de todo un año para pagar el principal (saldo de la deuda) y mucho menos los intereses.
Y si a lo anterior sumamos que, del total de la deuda del sector privado no financiero, el 39% se encuentra denominada en dólares y el 61% en colones, y que, cerca del 71% de las personas endeudadas en dólares ganan en colones, según datos de la propia SUGEF; entonces, ante un incremento en las tasas de interés y en el tipo de cambio (depreciación del colón), como consecuencia de no tomar las medidas a tiempo para sanear las finanzas públicas, muchísimas familias podrían ver comprometida su estabilidad económica y con ello la estabilidad del sistema financiero y de la economía como un todo.
En este sentido, a manera de ejemplo, suponga una familia que contrajo un crédito para vivienda por 50 millones de colones, a una tasa de interés del 9% anual, a un plazo de 30 años; actualmente paga una cuota mensual de 402.311 colones. Ahora suponga que la tasa de interés se incrementa en 3 puntos porcentuales y llega al 12%, esto implica que, con el ajuste en la tasa de interés, deberá pagar mensualmente 514.306 colones, es decir, 111.994 colones más. Esta situación evidencia el impacto que podrían sufrir muchas familias, más considerando que del total de créditos otorgados por el sistema financiero al sector privado, a mayo 2018 -según datos del BCCR- el 28% corresponde a créditos para vivienda, el 33% para consumo, el 13% para servicios, el 11% para comercio, y el restante 15% para otros.
Es por lo anterior, entre otras razones, que urge un acuerdo que permita evitar una crisis económica en el país; sin embargo, ese sentido de urgencia no debe ser una excusa para descuidar aspectos importantes como por ejemplo cuáles sectores son los que soportarán el peso de la reforma fiscal. Todos y todas debemos aportar, pero de acuerdo con nuestras posibilidades (riqueza y nivel de renta), para que el país salga adelante, de lo contrario, las consecuencias serán muy negativas para la economía y para la sociedad.
*Observatorio Económico y Social, Escuela de Economía UNA.
Según diversos cables internacionales (véase por ejemplo nota de France 24), Nicaragua ha optado por «expulsar» a los integrantes de la Misión de Naciones Unidas instalada en Managua este Viernes 31 de agosto, otorgándoles – según algunos medios de prensa – un plazo de pocas horas para abandonar el territorio nicaragüense.
Las reacciones en Nicaragua no se han hecho esperar, como estas declaraciones del ex embajador de Nicaragua en Costa Rica, Mauricio Díaz (véase nota de prensa).
Breve puesta en contexto y una ONG como el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (véase comunicado).
Esta decisión se toma 24 horas después de haberse hecho público en Nicaragua un informe sobre la situación imperante en materia de derechos humanos por parte de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) (véase nota de prensa oficial de Naciones Unidas). Sobre el contenido de este informe de 47 páginas, que pareciera haber motivado la decisión de las autoridades de Nicaragua, remitimos al lector a nuestra nota al respecto. En este documento oficial de 33 páginas, con fecha del 26 de agosto del 2018, Nicaragua hizo ver su profunda inconformidad con respecto al contenido de este informe (que le fue remitido antes de hacerlo público), indicando en sus conclusiones finales que: «En base a todo lo planteado, manifestamos nuestro desacuerdo y rechazo al denominado informe de la OACNUDH por considerar que el mismo es improcedente al extralimitarse, teniendo en cuenta que el OACNUDH fue invitado para el acompañamiento de la Comisión de Verificación y Seguridad creada en la Mesa del Diálogo Nacional» (página 31).
Las razones aludidas por Nicaragua
En esta nota de prensa se reproduce la carta oficial del jefe de la diplomacia nicaragüense enviada el 30 de agosto a los funcionarios de Naciones Unidas, en la que se puede leer que: «Por lo tanto, considerando que han cesado las razones, causas y condiciones que dieron origen a dicha invitación, este Ministerio comunica que da por concluida la invitación y finalizada la visita a partir de hoy, 30 de agosto de 2018«.
La última expulsión de funcionarios de Naciones Unidas en materia de derechos humanos se dio, salvo error de nuestra parte, en el 2016 en un contexto muy distinto, a raíz de una decisión de las autoridades de Yemen (véase nota de prensa).
Foto extraída de nota de prensa titulada «Nicaragua convulsionada por represión de protestas al Gobierno», La Prensa Gráfica, edición del 21/04/2018.
Algunas reacciones a la decisión de Nicaragua de «dar por concluida la invitación y finalizada la visita» (sic.) de la Misión de Naciones Unidas
Se distinguirán a continuación (a) comunicados oficiales emanados de la OACNUDH de (b) reacciones de otros actores internacionales, incluyendo a Estados que han considerado necesario expresarse con relación a esta decisión de las autoridades de Nicaragua y (c) reacciones originadas por órganos interamericanos.
a) Reacciones por parte de Naciones Unidas
La Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas mediante comunicado oficial del mismo 31 de agosto (véase texto) tomó nota de la decisión de Nicaragua, indicando que «La misión de la OACNUDH llegó al país el país el 24 de junio de 2018 y ha comunicado al Gobierno la salida del equipo presente en el país el 1 de septiembre. La OACNUDH proseguirá con su labor de monitorear e informar sobre la situación de derechos humanos en Nicaragua de forma remota, de conformidad con el mandato global conferido por la Asamblea General de las Naciones Unidas a la Oficina del Alto Comisionado«.
El 4 de setiembre, las oficinas centrales en Ginebra circularon este comunicado de prensa más extenso sobre Nicaragua (véase texto) en el que se lee que: »
«Nicaragua
We deeply regret the Nicaraguan Government’s decision to expel a team from the UN Human Rights Office, which came a day after we published a report into human rights violations and abuses committed in the country since April.
The protection of victims in Nicaragua is increasingly challenging given the limited access and oversight by the international community. In recent weeks, individuals and groups associated with the protests have increasingly faced criminalization and arrest. There have also been smear campaigns by Government-aligned media, including labelling protesters as “terrorists” and “coup mongers”, unjustified dismissals and widespread threats.
Our four-person team left Nicaragua on 1 September but we will continue to monitor the country’s human rights situation remotely, in line with the UN Human Rights Office’s global mandate to promote and protect human rights for all, and we will continue to be a voice for the victims.
At the same time, we remain ready to support the Nicaraguan State to fulfil its international human rights obligations. To that effect, we will continue to cooperate with regional human rights mechanisms and the international community.
Our report and its recommendations provide, we believe, an important tool to help Nicaragua overcome its current deep political and social crisis, strengthen its institutions, and to help in the search for truth and accountability«.
Tal y como se puede apreciar, este segundo comunicado recalca la importancia para Nicaragua de acatar las recomendaciones del informe presentado el pasado 29 de agosto.
b) Reacciones por parte de otras organizaciones internacionales y/o Estados
La Unión Europea (UE) reaccionó con el siguiente comunicado con fecha del 1/09/2018 (véase texto), que se lee como sigue (versión integral):
«The decision by the Nicaragua government to terminate the presence of the mission of the Office of the High Commissioner for Human Rights (OHCHR) goes against the aim of full accountability for human rights violations and serving justice to the victims of violence.
We expect the authorities to seriously consider the findings of the report issued by the OHCHR and take urgent action to implement the report’s recommendations, in particular the dismantling and disarming of pro-government groups, halting all unlawful arrests and release all those who have been arbitrarily detained.
The presence of international human rights bodies in Nicaragua results from a clear request of all parties in the national dialogue and is essential to restore trust. Full cooperation and access should also be given to the missions of the Inter-American Commission on Human Rights.
Only a comprehensive dialogue on justice and democracy will permit a peaceful solution to the crisis and respond to the legitimate demands of the population. We call for an urgent resumption of the national dialogue, under the mediation of the episcopal conference«.
Por su parte, España, mediante un comunicado oficial con fecha del 1ero de setiembre, manifestó que:
«El gobierno de España expresa su preocupación y rechazo por la reciente decisión del gobierno de Nicaragua de poner fin a la misión del equipo del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) en Nicaragua. Pedimos que el gobierno nicaragüense reconsidere su decisión sobre la finalización de la misión, asuma las conclusiones del informe del ACNUDH y asegure el cumplimiento de sus obligaciones de respeto a las convenciones internacionales de protección de los derechos humanos.
El gobierno de España insiste en la importancia que tiene la presencia en Nicaragua de mecanismos internacionales y regionales de protección y supervisión de los derechos humanos y que estos mecanismos puedan ejercer plenamente sus funciones.
Por último, reiteramos nuestro apoyo al Diálogo Nacional y al papel mediador de la Conferencia Episcopal de Nicaragua y pedimos a las partes que reanuden urgentemente el Diálogo Nacional«.
De igual forma, este 3 de setiembre, la diplomacia de Francia solicitó, en un comunicado oficial de su Ministerio de Relaciones Exteriores, a Nicaragua reconsiderar su posición. Tratándose del primer Estado con la calidad de Miembro Permanente del Consejo de Seguridad en hacerle una solicitud de esta naturaleza a Nicaragua, este mensaje podría ser interpretado como un primera señal que transciende el estricto marco de las relaciones bilaterales entre Francia y Nicaragua:
«Nicaragua-Haut-Commissariat aux droits de l’Homme de l’ONU (3 septembre 2018)
La France déplore la décision des autorités nicaraguayennes de demander le départ de la mission du Haut-Commissariat aux droits de l’Homme suite à la publication de son rapport sur la situation au Nicaragua.
La France appelle les autorités nicaraguayennes à reconsidérer leur décision et à coopérer avec le Haut-Commissariat. Elle renouvelle également son appel aux autorités nicaraguayennes à cesser la répression, qui a fait plusieurs centaines de morts depuis le 18 avril, et à mettre en œuvre concrètement leur engagement en faveur du dialogue national, qui seul permettra de créer les conditions d’une sortie pacifique et négociée de la crise«.
En América Latina, Argentina se expresó de la siguiente manera (versión integral):
«Nicaragua – Salida de la misión de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos Viernes 31 de agosto de 2018 Información para la Prensa N°: 350/18
La Argentina lamenta la decisión tomada por el Gobierno de Nicaragua que ordena la salida del país de la misión de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH). El equipo de Naciones Unidas se encuentra allí desde el 20 de junio, con el objeto de analizar la situación de los derechos humanos en el marco de la crisis desatada el pasado mes de abril y que ya se ha cobrado más de 300 vidas.
La Argentina considera que esta medida afecta negativamente la situación de los derechos humanos y representa un retroceso en los esfuerzos que viene realizando la comunidad internacional a fin de ayudar a encontrar una salida a la crisis«. (véase enlace oficial a comunicado)
De manera más vehemente, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de Costa Rica circuló el siguiente comunicado de prensa, que se reproduce de forma completa en las líneas que siguen. Costa Rica aprovechó la ocasión para contestar una insólita solicitud hecha mediante declaraciones brindadas a la prensa del actual Jefe de Estado de Nicaragua a las autoridades costarricenses:
«Costa Rica condena la expulsión del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos por parte del Gobierno de Nicaragua AGOSTO 31, 2018 07:58 PM
El Gobierno de la República de Costa Rica condena vehementemente la expulsión de una misión de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, por parte del Gobierno de República de Nicaragua.
En el transcurso de esta semana, la Oficina del Alto Comisionado emitió un extenso informe que da cuenta de graves violaciones a los derechos humanos que ocurren a diario en la hermana República de Nicaragua.
El Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto respalda contundentemente ese documento y expresa su más profunda preocupación ante las reiteradas violaciones a las libertades fundamentales, el recrudecimiento de la violencia y el uso indiscriminado de la fuerza contra la sociedad civil.
El Gobierno de Costa Rica cree fielmente en la objetividad del Alto Comisionado de Naciones Unidas y apoya firmemente el mandato de protección y denuncia, de acuerdo a la resolución de la Asamblea General que le dio vida.
Costa Rica reafirma su compromiso con la defensa y protección de los derechos humanos. Asimismo, manifiesta que bajo ninguna circunstancia entregará listas de personas que han solicitado refugio, en el territorio nacional.
La confidencialidad es el principio rector para el registro y manejo de la información de los solicitantes de la condición de refugiado y de las personas refugiadas declaradas, que encuentra su fundamento en diversos instrumentos internacionales suscritos por Costa Rica».
Una vez más, Costa Rica hace un llamado a Nicaragua para que colabore con los mecanismos universales y regionales, sin limitar su actuación; y para que apoye decididamente los esfuerzos de diálogo comprometido y efectivo, como el camino hacia una solución a la crisis que enfrenta«.
c) Reacciones por parte de entidades interamericanas
Cabe mencionar que otro órgano de derechos humanos que también cuenta actualmente con un equipo de investigadores desplegados en Nicaragua, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, lamentó la decisión de Nicaragua de dar por finalizada la misión de Naciones Unidas, en términos muy distintos a los expresados por Costa Rica (véase comunicado de prensa del 31/08/2018).
Por su parte el Secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA) y el Grupo de Trabajo intergubernamental recientemente constituido (véase nota nuestra sobre resolución del pasado 2/08/2018) expresaron, en un comunicado conjunto circulado este 1ero de setiembre (véase texto completo), que, con relación a la decisión tomada sobre la Misión de Naciones Unidas:
«Expresamos nuestra profunda preocupación por la decisión del Gobierno de Nicaragua de retirar la invitación a la Oficina Regional para América Central de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, para acompañar a la Comisión de Verificación y Seguridad establecida en el marco del Diálogo Nacional, y dar por finalizada su visita.
Consecuentemente, solicitamos además la eliminación de los obstáculos que enfrentan el Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (MESENI) y el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), a fin de ejecutar sus respectivos mandatos, y el regreso a Nicaragua de los Representantes de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Derechos Humanos«.
A modo de conclusión: posibles efectos de esta decisión
El informe hecho público este 29 de agosto en Nicaragua fue canalizado, según el Jefe de la Misión de Naciones Unidas en Nicaragua sobre Derechos Humanos, a los quince integrantes del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas: estos podrían agendar una reunión para discutir la situación en Nicaragua y las medidas a tomar al respecto.
Tratándose de una reunión del máximo órgano político de Naciones Unidas, la reciente decisión adoptada por las autoridades en Managua, objeto de una amplia cobertura en medios de prensa internacionales, podría llevar a adelantar la fecha de esta cita en Nueva York; e incluso, empezar a interesar a otros órganos de Naciones Unidas sobre lo que ocurre en Nicaragua: el Consejo de Derechos Humanos y tal vez también la Asamblea General de Naciones Unidas, pronta a celebrar su sesión anual en Nueva York.
En otro ámbito, desde España se informó este 31 que la UE suspendió su programa de cooperación en materia policial con Nicaragua (véase nota de prensa de ElPais).
En Costa Rica, la situación en Nicaragua es observada con suma preocupación: el flujo masivo de nicaragüenses a Costa Rica desde que inició la crisis en Nicaragua (el pasado 18 de abril) dio lugar a una marcha xenófoba el 18 de agosto, la cual fue repudiada por las autoridades y por diversos sectores de la sociedad costarricense: remitimos al lector a nuestra nota publicada en el sitio jurídico de DerechoalDia sobre algunas lagunas detectadas en materia de lucha contra la xenofobia y la incitación al odio en Costa Rica, pese a advertencias hechas en el pasado.
(*)Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR).
En Colombia las expresiones “ismo” en el léxico político han fenecido. Pero también los referentes de “centro” dejan de ser alocución valida. Lo de “polarización” pasa a ser una imagen en el colectivo, convirtiéndose en un estereotipo o camisa de fuerza que afecta el ideario de explicación de hechos y sucesos y la participación de fuerzas (sinergias), pasa a caracterizaciones definidas en torno a las denominaciones de derecha y/o de izquierda para analizar las situaciones concretas del devenir social e histórico del campo político colombiano.
En lo ideológico y filosófico-político, corresponde partir de lo concreto y definido bajo las caracterizaciones de derecha o de izquierda al aceptar como alocución no valida lo etéreo de centroderecha o de centroizquierda, llegándose al sin sentido de ubicaciones “un poco más hacia el centro” o “un poco más hacia allá”. Pero esto no obedece a simple inflexión de cambio de tono o de voz. Ocurre en el caso concreto político a la admisión de presupuestos de análisis en que, existiendo una hegemonía de derecha en el derrotero político del país, se tome como mediato al análisis los periplos presidenciales de Álvaro Uribe Vélez y de Juan ML Santos. Pesando el panorama del conflicto armado interno en ascendente, el Bloque de Poder Oligárquico optó por una salida militarista a la solución de este, lo cual explica la procedencia de un cuadro de extracción de campesino-rico para las riendas del Estado. Uribe Vélez fue ungido para incrementar la guerra, en aplicación a la salida militar y el andamiaje electorero político lo llevó a repetir el mandato, en dos ciclos de intensificación del conflicto armado en Colombia que concluyó en la no derrota militar de las insurgencias cincuentenarias. Ese mismo bloque hegemónico de poder oligárquico oteo el panorama de los resultados y con sobrada capacidad dio viraje hacia una tendencia de centro, predominando la designación para las riendas del Estado en un cuadro de la rancia aristocracia política, en el que predominó la salida política y civilizada a la consecución del conflicto armado, centrándose todo el esfuerzo en el fin del conflicto armado con las fuerzas armadas revolucionarias de Colombia – ejercito del pueblo Farc-ep. Logrado el objetivo con las firmas de los Acuerdos de La Habana y el Teatro Colon, junto con el desarme de esa guerrilla, para la implementación de lo acordado, el Bloque de Poder oligárquico, viró en el cambio de idea y de actuación de manejo gubernamental, burlando y dilatando la implementación de lo acordado (pacta sund servanda), volviendo a un ciclo de retoma de la derecha, dejando sin validez la alocución de centro. Sin mayor excitación asimilamos el último resultado electoral presidencial en que el bloque de poder oligárquico en “contienda”: Duque, De La Calle, Vargas Lleras, Fajardo, se enfrentan a la tendencia Progresista encarnada en Petro, secundada por la izquierda no armada, que, conforme al derrotero histórico continua en la fila, en la búsqueda de turno, antes a la saga del liberalismo y hoy a la cola del progresismo.
EL URIBISMO NO ES UN MOVIMIENTO POLITICO
Se llama Uribismo a los seguidores de Uribe. La única bibliografía encontrada es el esfuerzo del fundador del Centro de Pensamiento Primero Colombia, con la publicación de un libro “Las ideas de Uribe” escrito por su asesor de campaña José Obdulio Gaviria. Uribe Vélez surgió como precandidato del partido liberal en las elecciones presidenciales del 2002 y al no lograr la candidatura obtuvo el apoyo del oligárquico partido conservador y por medio de firmas obtuvo esa candidatura. Cumplido su primer periodo presidencial, para las elecciones presidenciales de 2006, reunió a todos los grupos de seguidores, creándose un partido electoral conocido como el Partido Social de Unidad Nacional o Partido de la U. Materializo la ralea, la unión de todos los pelambres y calañas de lo más descompuesto de los partidos tradicionales, aunado al arribismo de los nuevos ricos y traquetos, como base social, para enfrentar el peligro de una insurgencia ascendente y escalada del conflicto armado interno a estadios de una guerra civil. Constituyó el acenso de la lumpen burguesía y la entronización de la corrupción bajo el soporte condicionado de un sistema electoral corrupto, ilegitimo e ineficaz, de reflejo de mínima expresión de voluntad popular. En ese estadio de ignominia e iniquidad permanecemos.
Lo más rancio de la oligarquía colombiana: Vargas Lleras, no se unió a ese partido acogiéndose a la tendencia coyuntural trazada por el Bloque Oligárquico de Poder, con su movimiento Cambio Radical (CR), que junto con Convergencia Ciudadana y Alas Equipo Colombia, apoyaron esa candidatura con réditos a su favor.
El Uribismo- bajo la semblanza de Uribe- se proyectó bajo un modelo de corrientes ideológicas de chovinismo nacionalista paisa. De anticomunismo a cualquier tendencia renovadora o alternativa de poder. Anti farc (anti fariano), a toda manifestación de beligerancia política de las insurgencias y por ende a su desconocimiento. A arraigo de fundamentalismo religioso o de clericalismo religioso, triunfante en las contiendas civiles del Siglo XIX. Impulsor de las tendencias teóricas del neoliberalismo, de un Estado Comunitario, Corporativista, Libertario y/o de tercera vía, frente al “gigantismo” estatal y en búsqueda a la nimiedad o mínima expresión del Estado Benefactor. Los dos periodos presidenciales de Uribe constituyeron el desarrollo de su manifiesto programático enunciado. En consonancia con el orden económico mundial predominante junto al juego del Mercado y la función del Estado, desplaza lo justo sobre lo bueno y en orden al desconocimiento del individuo liberal, como objeto de servicios, predica fortalecer a la comunidad frente a los abusos del Mercado y al llamar excesos la consecución de fines del Estado aplica la privatización a ultranza en desmejora de las conquistas sociales y el panorama de seguridad social. Bajo la egida del antiterrorismo y la lucha contra el narcotráfico, sintoniza con los intereses del Imperio. Ya cumplido su ciclo presidencial, frente a su sucesor, en la mecánica de turno de la táctica del Bloque de Poder Oligárquico, no asume una oposición política, sino una clara disidencia en contra del mandato constitucional de búsqueda de la Paz.
LOS ORIGENES DEL PARTIDO CENTRO DEMOCRATICO
El 06 de abril de 2013 nacen las Juventudes del Centro Democrático en Valledupar. Asistieron delegados del Departamento del Cesar y comitivas de Medellín, Barranquilla, Manizales, Guajira, Bogotá. Centraron su aceptación en los cinco pilares que a continuación analizaremos. Se presentaron como jóvenes del presente, no del futuro (…). Los asistentes impulsaron un proceso de alternativa de centro democrático que les permitiera participar con éxito en las elecciones de presidencia de la República y de cuerpos colegiados a todos los niveles. Asimilaban la aprehensión del deterioro de la seguridad. Desconociendo las exploraciones y tendencias para un ciclo de conversaciones, acercamientos y negociaciones con las guerrillas de las Farc-ep, fundamentaban que “las Farc no han abandonado su pretensión de tomarse el poder por las armas ni abandonan la combinación de todas las formas de lucha y siguen victimizando al pueblo que dicen defender”. Tal enunciado aún lo mantienen inmodificable, pese al giro y resultado de los acontecimientos; la no existencia de las farc-ep como guerrilla; la demostración en el tortuoso procedimiento de implementación de lo Acordado que en forma real jamás se les entregó el país; como no primo el lavado de activos de las guerrillas. De maneras que con presupuestos falsos se erige todo un proyecto de vocación de poder, para dirigir un país.
CARACTERISTICAS DEL CENTRO DEMOCRATICO
Analizar al partido Centro Democrático (CD) como organización política incluye auscultarla sobre los parámetros de estructura interna de poder. Las políticas o lluvia de propuestas públicas que propicia. El contenido de sus estatutos de partido.
Una detenida lectura de los antecedentes para la creación del partido Centro Democrático (CD) de sus estatutos y declaraciones, conlleva a una correspondencia a idearios totalitarios y fascistoides. Pretende ser de centro y democrático, para mimetizarse. No encontramos una manifestación pública y en alta voz que exponga esos- sus – propósitos. Corresponde al analista auscultar, el origen, la evolución en consonancia con los hechos y situaciones políticas dadas en el panorama político nacional. Resalta la entronización de un partido caudillista. Incorpora el culto a la personalidad en relación con el papel atribuido al expresidente Uribe. La presentación del logotipo es una composición de artes gráficas en que una figura deja de ser imaginaria e incorpórea y toma el aspecto inequívoco de un rostro, de una persona enfocada al papel personalista del personaje, fundador y orientador del partido. La posición de la mano en el pecho, cual argumento engañoso o manera de expresarse propio de una persona, repetido en actos oficiales o públicos. Lo finalista del mensaje publicitario es demagógico y conclusivo en que todo lo que diga y haga el expresidente es el Centro Democrático. Rezan sus estatutos: “La naturaleza del proceso de nominación es el dueño del partido”. En el orden jerárquico: 1. El Presidente Fundador es vitalicio. Los demás no más de tres periodos. Acorde con lo de “presidente eterno” o “presidente vitalicio”.
Como organización política, el Centro Democrático será examinado a continuación sólo desde tres perspectivas, a saber, según su ubicación ideológica; según la estructura interna de poder; según la oferta de políticas públicas que propicia.
Ahora bien, en términos ideológicos, ¿qué dicen los estatutos del partido? Normalmente, los estatutos de los partidos proponen algún enunciado de corte ideológico. Pues bien, en el caso de CD no existe ese enunciado explícito de orientación ideológica. Lo que más se acerca, es el artículo segundo de los estatutos el cual afirma: «ARTÍCULO 2. NATURALEZA. El Partido Centro Democrático es una organización política de ciudadanos de carácter democrático, popular, diverso, incluyente y moderno”. El propósito del presente ensayo apunta a desmentir esos enunciados.
El CD se inspira en cinco pilares como centro del quehacer político y de las propuestas de política pública: 1. Seguridad Democrática. 2. Confianza Inversionista. 3. Cohesión Social. 4. Estado Austero y Descentralizado. 5. Dialogo Popular.
La Seguridad Democrática. Concebida como la lucha frontal contra los alzados en armas. Aunque expresa- para mimetizarse- que no obedece a concepciones como las de la doctrina de la Seguridad Nacional, que ha hecho carrera en América Latina, que parte de la consideración ideológica de la existencia de un “enemigo interno” y el derecho penal del enemigo; constituyó la aplicación de una visión militarista del conflicto interno colombiano, forzando a la ciudadanía a la solidaridad publica para estatal bajo innumerables incentivos y colocando a la población civil como activa en ese conflicto sin miras a las consecuencias de objetivo militar por parte de las insurgencias existentes. Acorde con el mandato imperial enfoca, mecánicamente, la lucha contra el terrorismo bajo el precio que para atacar al terrorismo y la lucha contra el narcotráfico no existe la soberanía de la nación, sino un embeleco o engaño de soberanía democrática.
En forma despampanante asegura que «No hay mayor inequidad en Colombia que en el acceso a la seguridad: son los más pobres quienes están menos protegidos, quienes son desplazados de sus tierras y sufren en carne propia el terror de las organizaciones armadas ilegales”. Cuando es sabido que la tal Seguridad Democrática, militarizando al país, se basó en la permisibilidad para que los hacendados y latifundistas llegaren a sus predios y hatos ganaderos, debido a la intensidad del conflicto; puesto que esa concepción de seguridad fue eminentemente clasista y resulto siendo el vehículo expedito para la violación de los derechos humanos. La Junta de Inteligencia Conjunta llegó a ser el órgano donde se coordinó la inteligencia estatal, integrado por los directores de los organismos de inteligencia del Estado, entre ellos el fatídico DAS, como policía política; el grado de coordinación de los organismos de inteligencia dependiendo también de la confianza que generaba la contrainteligencia, volcada en la seguridad urbana, con la ciudadanía y sector privado. Aplicaron enunciados como: “Una red de ciudadanos en las zonas urbanas y rurales del país cooperará activa, voluntaria y desinteresadamente con las autoridades, brindando información que permita la prevención y la persecución del delito”. Así fue como crearon las Redes de cooperantes (sapos); aplicaron programas de recompensas en la danza de los millones de las finanzas públicas feriados por “autoridades” militares y de policía, sin control auditado. Todo un desangre de financiación bajo una escasa evaluación o negación de resultados. La Seguridad democrática fue la aplicación de una óptica militarista y policial. Desmejoró mandatos constitucionales tales como el desconocimiento de las funciones propias en el manejo del orden público en las jurisdicciones propias de acaldes y gobernadores (artículos 296 y 315-2 de la CP); siendo desplazados los alcaldes en la conservación del orden público en el municipio, al aplicarse los Consejos de Seguridad sin su presencia y dirigencia. Cual verdadero reinado de un Mini Furher. Durante la aplicación de esas metodologías se archivo la discusión de contar con una policía cívica, no militarista; que dependa del Ministerio del Interior y no del Ministerio de Defensa. Acorde con la concepción de las Convivir, se aplicó una policía comunitaria y no una policía cívica, ciudadana, de credibilidad y confianza y no una “policía” para la guerra. De función proactiva, preventiva y no reactiva, represiva. El país no contó con una política de seguridad ciudadana; confundiendo las funciones del ministerio de defensa y del ministerio de justicia. Queda mucho por contar de esa “Seguridad Democrática”.
La Confianza Inversionista. Esta propuesta se impulsa paralela con la seguridad interna. Abrir compuertas a la llegada del capital multinacional, que obligatoriamente desplaza al capital nacional sobre figuras de absorción. El capital inversor extranjero, actúa como verdadero invasor, desbastador de recursos naturales. Saca de competencia a las pequeñas y medianas empresas impulsando un discurso de farsa. Adecuan todo un cuerpo normativo y de convenios o tratados para beneficiar con estabilidad financiera ampliamente a los grandes inversionistas con salvedad tributaria y a espaldas de la persona natural o física. El escándalo de Carimagua que confluyó en benéficos a latifundistas y empresarios del “agro ingreso seguro”, vulnerando los derechos a víctimas y desplazados por la cruenta reforma agraria dc concentración de tierras paramilitar. Este modelo de confianza inversionista resultó siendo perverso, en contra de la prevalencia del interés general con menoscabo al grueso de la población y beneficios y concentración de poder a los grandes trust o carteles económicos y financieros.
Cohesión social. Es una propiedad del estadio de la sociología y no propiamente de la política. Abarca el funcionamiento y estructura de la sociedad humana. Aplica al plano emocional, las relaciones de interacción, de relaciones a nivel laboral, fenómenos económicos, religiosos, artísticos. Toda una gama de expresiones. Alienta a un sistema de pertenencia o proyecto de situación común; pero lo supedita a lo coercitivo de lo normativo. Por ende, no es de ejercicio de práctica política o de debate de ideas. La función es la de adherir, no la de debatir. Una impositiva fuerza de atracción. En un esfuerzo por entenderlo en la realidad política, dista de un ejercicio sano democrático.
Estado Austero y Descentralizado. Complementa lo de coacción social. Colombia es una Republica unitaria, descentralizada. Esto de descentralizada rige u obedece a una función administrativa. Lo preocupante radica en que el “chovinismo nacionalista paisa” impulsado, es de carácter regionalista. También lo pudiere haber costeño o de otra región de las cinco que comprenden el mapa físico de Colombia. Esa descentralización regional, en la filosofía del partido en análisis, atentaría contra la Unidad Nacional, opuesto al mentís que es pluralista e incluyente. La concepción de un estado austero se supedita a un estricto y férreo cumplimento de las normas y/o mandatos morales. Impera lo severo y rígido. Es control ciudadano. Juega la dictadura mediática. El prejuicio. La imposición. Con relación al tema de Antioquia y la ultraderecha el columnista Gustavo Lopera, asienta: “Me niego a creer que los paisas somos uribistas por genética, al contrario, quiero creer que nuestra vocación es más sublime”.
Dialogo popular. El sentido de un dialogo es la confrontación y discusión. Es conversación entre dos o más individuos (partes) que exponen sus ideas o afectos. Se intercambian posturas y opiniones a la consecución de logros alternativos. Los estatutos del partido Centro democrático aluden al funcionamiento del artículo 55 de la CP en la búsqueda de concertación para solucionar los conflictos colectivos de trabajo. Incurre en yerros de metodología de la presentación. No alude a la ineficacia o letra muerta de las formas de participación democrática (Artículo 103 de la CP). Desconoce y boicotea una Consulta Popular. No alude al ejercicio soberano de los Cabildos Abiertos Populares. Por celo santanderista callan y otorgan los estados de cosas inconstitucionales (eci) en el país. No admiten el dialogo, conversaciones y búsquedas de Acuerdos y cumplimientos civilizados a salidas políticas con las Insurgencias. Al callar otorgan réditos a la salida militarista. Es decir, al incremento de la guerra.
UNA CALIFICACION APROPIADA
Los factores analizados nos llevan a identificar al partido Centro Democrático como un partido fascista. Lo resumimos en la inclusión de las 14 características que la politología universal enseña:
Nacionalismo poderoso y permanente. Agobian al colectivo insistiéndole en forma agobiante, sobre uso de frases, reiterativas mentiras o argumentaciones falaces, símbolos, canciones, parafernalias patrioteras. Himnos a la guerra. Impulso del militarismo.
La alusión al castigo severo. Les disgusta reconocer la defensa de los derechos humanos y a sus luchadores.
La lucha social y quienes la lideran como una causa unificada para eliminar un perjuicio preconcebido, en la identificación de enemigos o chivos expiatorios.
Supremacía a lo militar, como atractivo o encanto especial o llamativo, en contraposición a lo civil.
Dominio total de lo machista y sexismo rampante. Alergia a la distinción y aceptación de género.
Idolatría y sumisión a la dictadura de los medios de comunicación. A la aplicación y mensaje subliminal de Goebbels: una mentira y calumnia repetida se convierte en lo cierto.
Obsesión con la Seguridad Nacional. Un instrumento o arma motivacional para el control de las masas.
El fundamentalismo religioso. Su uso en una entremezcla con las funciones gubernamentales para el control social.
El corporativismo, como poder, esencialmente protegido, en el beneficio de elites, empresas y usufructuarios del poder.
Supresión de los sindicatos y organizaciones laborales y de trabajadores. Todo poder laboral es suprimido como peligroso.
Aunque posan de cultos, encierran desprecio por las artes y por los intelectuales.
Son obsesivos por el castigo y la violencia policial en la erradicación del crimen. No admiten concausas ni efectos.
Usan el poder para proteger a comilones en la práctica de la corrupción y rampante amiguismo.
Acuden a las elecciones fraudulentas en la perpetuación del poder. La permanencia de sistemas electorales corruptos e ilegítimos. Practicas inveteradas de control político electorero. Adecuación de autoridades administrativas para desplazar a la justicia electoral.
PD. Al concluir el presente ensayo se difunde la noticia de división dentro del partido Centro Democrático. José Obdulio Gaviria habla de las tensiones por las que atraviesa el partido y menciona la existencia de un relevo generacional. Afirma: “Uribe y yo somos el pasado”. A juzgar por la víspera, el Consejo Nacional Electoral ha de tomar cartas sobre la existencia de ese partido.
**Esta es una ponencia que se presentará en el Seminario Internacional de la Asociación Americana de Juristas (AAJ) a realizarse en San Pablo. Brasil, el 30 y 31 de agosto de 2018 en la Universidad de San Pablo, con el lema: Democracia: Fortalecimiento o Extinción en América.
Byron Barillas y Luis Bonilla: Académicos de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades de la UNED
Costa Rica, agosto de 2018
En el marco del proyecto de investigación sobre el tema del recurso hídrico y conflicto social en Costa Rica, de la Cátedra de Sociología, Escuela de Ciencias Sociales Humanidades, UNED, a mediados de febrero del 2018 se realizó una gira de observación con directivos de la Asada de Dulce Nombre de Naranjo, Alajuela. La gira tenía por objeto conocer las nacientes de donde se extrae el agua que abastece a los habitantes de la comunidad antes citada.
En una larga caminata por laderas, bajando y subiendo cerros pertenecientes a la montaña El Chayote, Naranjo, se visitó dos sitios específicos en las partes altas de la montaña, hasta que hicimos contacto con las nacientes en donde inicia el recorrido y desde donde la Asada, capta el líquido y la conduce a los aforos (especie de cajas de cemento cerca de las nacientes), que sirve para almacenar el agua de varias nacientes, cual pequeñas “venas” naturales que brotan de los paredones húmedos. Luego, a partir de estas cajas se ha instalado la tubería que hace un largo recorrido por laderas y terrenos sinuosos hasta llegar al tanque ubicado en Dulce Nombre, desde el cual se conduce el agua por otras tuberías hacia las viviendas de la localidad.
La distancia que recorre dicha tubería es de unos 8 a 10 kilómetros aproximadamente en el caso del primer sitio visitado; y de unos 11 kilómetros en el segundo sitio de captación.
Nos parece importante compartir las apreciaciones e impresiones que surgen de esta experiencia.
No puede obviarse en primer término, el esfuerzo humano y la inversión económica que requiere tal infraestructura. Pero en términos de ese esfuerzo, cuando nos tocó bajar casi resbalados 300 y 400 mts., es difícil imaginar el traslado estrictamente a lomo y brazo partido del material (cemento, tubería, cedazo, hierro y herramienta) que no tiene otra forma más de traslado que la tracción humana. Tal determinación, solo se explica por la experiencia de los directivos que se ensucian las botas junto al fontanero móvil, por la férrea voluntad y compromiso de cumplir de la mejor manera con el abastecimiento del líquido potable hacia las familias beneficiarias y cierta mística que alimenta la satisfacción del deber cumplido.
Valga decir también, que esta constatación provee al proceso investigativo de una mayor sensibilidad y reconocimiento al trabajo realizado por las Asadas como organizaciones sociales de la comunidad que contribuyen de forma relevante a proteger y cuidar el agua, actitud ésta, que se manifiesta como un elemento distintivo de quienes cohabitan territorios hídricos y hemos convenido en llamar “conciencia hídrica”.
En el plano más subjetivo, como investigadores, además de permitirnos una verificación empírica del escenario natural, el recorrido factual nos puso a pensar en ese instante, cómo esa agua que brota de la tierra de una manera tan simple y a la vez sublime, es el vital recurso que nos ofrenda la naturaleza, pero de cuyo significado biosocial y su fragilidad ecológica no terminamos de tomar clara conciencia, quizás por nuestro extrañamiento colectivo de sentirnos ajenos, erróneamente autónomos o por encima del mundo natural. Podría decirse que, es inevitable estar en un territorio que pareciera bajo “dominio del agua” sin conectarse con la existencia misma. Y, cuando se está en el corazón de una naciente y hay conciencia de ese hecho, se cruzan fugazmente ideas como: “literalmente aquí nace la vida”, y la sensación es que “ese líquido y nosotros nos pertenecemos mutuamente, es nuestra propia esencia, no hay duda en ese momento”. La duda es externa, producto de la enajenación, es decir, de la inconciencia del potencial hídrico, así como la vulnerabilidad de ese mundo material en donde florece la vida. Sin duda, el Estado está obligado a proteger este recurso que es un bien colectivo, pero las comunidades y la sociedad en general también, porque en esos cerros y nacientes se juega nuestro futuro.
También nos ha quedado claro de esta experiencia, que el hecho de disponer domiciliarmente agua de calidad, las veinticuatro horas diarias y a bajo costo, demanda de un arduo y planificado trabajo organizativo de quienes proveen este servicio con sentido social, que en el caso de Dulce Nombre, pasa por mantener activa su Asamblea de miembros a la cual pertenecen, que aprueba o reprueba las propuestas de proyectos de inversión con visión estratégica, aquellas medidas que garanticen la distribución y lo relativo a resguardo de la ética como representantes comunales. No se obvia así mismo, el sostenimiento de una política adecuada de relacionamiento e incidencia hacia las instituciones públicas.
Valga decir entonces, desde un punto de vista operativo y técnico, las ASADAS son garantía de ese futuro con disponibilidad de agua. Asadas como Dulce Nombre de Naranjo y la Federación que aglutina 14 de ellas, fungen como organismos comunitarios que desarrollan un trabajo esmerado en capacitación técnica y administrativa para aumentar las competencias de su reducido personal y mantenerse a derecho con todas las obligaciones legales derivadas del Convenio de Delegación que le otorga el Instituto de Acueductos y Alcantarillados (AyA). A ello se suma, la rendición de cuentas transparente y estricta que es otra herramienta de control que tiene esta Asada. Dicha labor incluye un ejercicio permanente de participación comunitaria que valida el quehacer de este ente que administra el recurso hídrico para la distribución colectiva y una clara orientación de uso domiciliar. En este sentido, la Asada Dulce Nombre culmina la ruta del agua desde sus nacientes y se inscribe en el historial de gestión comunitaria, como una de las experiencias exitosas de democracia participativa.
“El Gobierno habría cedido también por la eliminación de la matriz hídrica del Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento (Senara) pues “frenaba el desarrollo del país”, según el congresista, lo cual fue del agrado de la bancada”; así indica un párrafo en el artículo del diario CRHOY del pasado 20 de agosto.
La Matriz Hídrica o Matriz Genérica de Protección de Acuíferos, es un instrumento técnico creado por el SENARA, precisamente para la protección del agua de todos los costarricenses, estableciendo regulaciones a la hora de llevar a cabo algunos proyectos constructivos o actividades, para así no impactar negativamente el recurso hídrico subterráneo.
Las limitaciones o restricciones que ordenan el uso del territorio, les molesta a algunos empresarios inescrupulosos agremiados en torno a la Cámara Costarricense de la Construcción, que sólo piensan en sus intereses económicos, lo que los ha llevado a que por muchos años ataquen la Matriz, intentando también, ejerciendo presión en los gobiernos de turno, eliminar o debilitar la oficina técnica del SENARA que impulsa la Matriz de Protección de acuíferos, como es la Dirección de Investigación y Gestión Hídrica (DIHG).
En junio del 2009 se denunció que la misma Junta Directiva del SENARA, órgano político y no técnico, probablemente recibiendo orden del Ejecutivo, dispuso censurar de manera expresa las comunicaciones que salieran de la DIGH, acordando que no era competencia de esa oficina pronunciarse en forma vinculante sobre solicitudes puntuales de concesiones de aprovechamiento de aguas, tarea que le competía, según la Junta Directiva, ejercer y resolver exclusivamente al MINAET, además acordaron, que no le correspondía a la DIGH, definir aspectos relativos a la planificación urbana, propios de los Gobiernos Municipales. (Léase: EN DEFENSA DE LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS, en: http://conceverde.blogspot.com/2009/06/en-defensa-de-las-aguas-subterraneas_25.html).
En el 2011 varias organizaciones alertaron sobre el intento de desmantelar la DIGH del SENARA, para así concentrar todo lo relativo a la gestión del recurso hídrico en la Dirección de Aguas del MINAET (http://conceverde.blogspot.com/2011/03/en-defensa-de-nuestras-aguas.html); dirección que su jerarca ha demostrado que sigue los vaivenes de los políticos de turno en cuanto a la “política hídrica” y no los intereses del pueblo en general.
Los anteriores intentos y otros han tocado con pared, ya que tanto la Sala Constitucional, el Tribunal Contencioso Administrativo y la misma Contraloría General de la República se han manifestado a favor de la Matriz de Protección de Acuíferos, su aplicación en todo el país y a favor de la potestad que tiene la DIGH de dictar medidas de protección sin ningún censura de la misma Junta Directiva y Gerencia del SENARA.
Como las ataques de los empresarios para eliminar o debilitar la Matriz de Protección de Acuíferos no ha rendido frutos, ni siquiera los tanteados ante los tribunales de justicia de la República, lo siguen intentando con los gobierno de turno; así el gobierno de Luis Guillermo Solís al resolver un conflicto de competencias interpuesto por el propio Ministro de Ambiente, resolvió a favor de lo que han querido las cámaras de empresarios, declarar que SENARA no tiene competencia para dictar medidas de protección del recurso hídrico, en cuenta matrices de protección de acuíferos, ignorando el gobierno de Solís, lo que han resuelto los tribunales de la República y lo que establece la misma Ley de Creación del SENARA, en cuanto a la obligatoriedad de esas institución de proteger el recurso hídrico subterráneo.
Ahora en el gobierno de Carlos Alvarado, siguiendo la línea de las cámaras de empresarios y obviando que la Matriz de Protección de los Acuíferos es un instrumento técnico para la protección del agua, la Junta Directiva del SENARA, a iniciativa del Ministro de Agricultura, presidente de ese cuerpo directivo, suspendió la aplicación de la Matriz Genérica de Protección de Acuíferos por 6 meses, mientras una comisión preparará una nueva matriz a gusto de los empresarios constructivos; tanto así que esos empresarios tendrán su representación dentro de esa comisión, no así no habrá representación del sector ambiental.
El descaro del gobierno de Carlos Alvarado y de los empresarios es tanto, qué cómo se señala en el primer párrafo de esta nota, a cambio de atraer votos para el paquete fiscal, el gobierno ha cedido la eliminación de la Matriz de Protección de Acuíferos, con el argumento falaz de que frena el desarrollo del país.
Muy contentos deben estar las 14 cámaras de empresarios con el gobierno del bicentenario, cámaras que el año pasado salieron perdiendo en el juicio que entablaron en el Tribunal Contencioso Administrativo para que ese Tribunal declarara la ilegalidad de la Matriz; pero todo lo contrario, los jueces después de escuchar los argumentos a favor y en contra de la Matriz del SENARA, declararon la necesidad de tal instrumento para la protección del agua de todos los costarricenses.
Por Nicolás Boeglin Naumovic, profesor de Derecho Internacional
Marcha de la Solidaridad con Nicaragua, el pasado 25 de agosto de 2018. Foto: Anel Kenjekeeva.
Como bien es sabido, la crisis política que se ha desatado en Nicaragua desde el pasado 18 de abril ha significado un arribo masivo de nicaragüenses a suelo costarricense. No obstante, fiel a su legendaria tradición de tierra pacífica y de acogida, no se había registrado en Costa Rica ningún acto xenófobo antes del que fue organizado este 18 de agosto en el céntrico Parque de la Merced. Una acción policial muy certera permitió desactivar a tiempo una acción violenta dirigida por un pequeño grupo contra la población nicaragüense que se concentra usualmente en este parque josefino durante los fines de semana.
Este concurrido espacio público se cerró por parte de la policía, y se reabrió con fuerte presencia policial al reiniciar esta semana (véase nota de prensa).
Sobre el contexto muy peculiar en el que se dio esta marcha, se recomienda, entre muchas otras, la lectura de este artículo del Semanario Universidad en el que leemos, entre otras cosas, que: «según el censo del 2011, las personas nicaragüenses alcanzan “el 6% o 6,5% del total de la población, mientras que su contribución al PIB –según ese estudio– es del 12%, un dato muy significativo”.
Este 25 de agosto, organizaciones y gremios sociales, así como universidades públicas convocaron a una exitosa marcha contra la xenofobia (véase galería fotográfica en este enlace de Elmundo.cr): nótese que el Ministro de Educación participó personalmente a esta marcha (véase nota e CRHoy).
Marcha de la Solidaridad con Nicaragua, el pasado 25 de agosto de 2018. Foto: Anel Kenjekeeva.
La intolerancia y el papel del Estado: “Estado… ¿estás?»
Una lectura desde el ámbito internacional permite detectar algunas lagunas en el caso de Costa Rica, que a continuación detallaremos, en materia de lucha contra la xenofobia y la incitación al odio. El tema se torna particularmente preocupante en la medida en que la última campaña electoral vivida en Costa Rica evidenció actitudes y discursos de odio raramente escuchados contra la población sexualmente diversa. Ello sin hablar de la quema de ranchos de mujeres indígenas en Salitre acaecida en julio del 2014 durante el partido de fútbol entre Países Bajos y Costa Rica, sin que a la fecha haya sanción alguna contra los responsables de estos hechos (véase nota de prensa y este valioso análisis de la jurista Karine Rinaldi sobre los requerimientos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a las autoridades costarricenses para apaciguar los ánimos en Salitre).
En términos generales, la lucha contra las diversas formas de intolerancia supone medidas de muy diversa índole para un Estado: la intolerancia nace usualmente del desconocimiento y de la ignorancia, obligando a un Estado a proveer espacios educativos para permitir un acercamiento a la «otredad». Con relación a la población nicaragüense en Costa Rica, algunas iniciativas de carácter privado, en particular en el ámbito educativo y en la esfera cultural, así como algunos proyectos universitarios, han intentado materializar este acercamiento. Se trata de acciones muy valiosas, más aún si consideramos que el Estado costarricense mantiene una cargada deuda en este preciso tema.
Usualmente, el discurso de odio antecede acciones violentas, por lo que hay que mostrarse extremadamente alerta ante mensajes que susciten el odio. En el caso de la reciente campaña electoral en Costa Rica, la Defensoría de los Habitantes de Costa Rica fue muy enfática en advertir sobre la imperiosa necesidad de cesar el discurso de odio después de la primera ronda electoral celebrada el 4 de febrero del 2018 (véase comunicado oficial del 14/02/2018): semanas después de este llamado, se registró un aumento significativo de agresiones contra personas sexualmente diversas (véase artículo del Semanario Universidad del 28/02/2018).
Según las circunstancias, el odio puede convertirse en un peligroso combustible, siendo su punto de ignición un soporte discursivo que lo propague. Las constantes imágenes y discursos promovidos por grupos radicales en Europa y en Estados Unidos y por algunos sectores en América Latina estigmatizando a los migrantes constituyen para algunos una fuente de inspiración: la marcha del pasado 18 de agosto evidencia que ya algunos de sus adeptos se localizan en Costa Rica. Es muy posible que la influencia de grupos ubicados en el exterior haya dejado algun rastro en las redes sociales, que solo una investigación a profundidad en las redes sociales permitiría aclarar en cuanto a su alcance y origen exactos.
Algunas medidas de carácter legal, que por sí solas no resuelven el problema de la incitación al odio, pueden contribuir a frenar notablemente los ardores de algunos en Costa Rica, como lo veremos en las líneas que siguen.
La sanción de conductas sociales repudiables (y repudiadas): «Estado… ¿estás?»
A raíz de esta manifestación organizada contra migrantes oriundos de Nicaragua el pasado 18 de agosto en este parque capitalino de San José, es muy posible que las diversas actitudes registradas de incitación al odio, a la intolerancia y a la xenofobia no sean sancionadas como tal. Si bien han sido condenadas por muy diversas organizaciones, incluyendo el Colegio Profesional de Psicólogos (véase comunicado ), y por las mismas autoridades del Estado costarricense, así como por las Naciones Unidas (véase comunicado oficial ), no pueden dar lugar a acción penal alguna, al menos hasta la fecha.
En efecto, un proyecto de ley (véase el texto del Expediente 20.174, presentado por siete legisladores) que pretende precisamente sancionar estas actitudes y estos discursos de odio se mantiene como simple proyecto de ley (y ello desde varios años) en la Asamblea Legislativa: este proyecto es similar a uno presentado en el 2014 (véase el texto del Expediente 19.062, presentado por un solo diputado). Es de notar que este último proyecto de ley fue incluido por Costa Rica ante Naciones Unidas para hacer ver sus esfuerzos por erradicar las diversas formas de discriminación en el 2015 (véase observaciones del CERD del 2015, punto 13). En mayo del 2017, se leyó que los promotores de esta iniciativa consideraban su tramitación «urgente» (véase artículo del Semanario Universidad).
Al igual que el proyecto 20.174, el proyecto 19.062 no ha sido aprobado, y sería muy interesante saber en cuántas oportunidades fueron convocados por el Poder Ejecutivo desde el 2014.
Dicho en otras palabras, en la actualidad, emprenderla públicamente contra los migrantes nicaragüenses; o bien, contra la población LGTBI, tal y como ocurrió durante la última campaña electoral en Costa Rica en la que el derecho internacional fue tema de álgidos debates (Nota 1); o bien contra la población indígena, afrodescendiente, o contra portadores del VIH-SIDA o contra algún otro grupo objeto de algún tipo de discriminación, ya sea en declaraciones públicas o ya sea en redes sociales, no se considera como un delito penal en Costa Rica. Como sí lo es en otros Estados, en los que la instigación al odio y a la intolerancia es considerada como un delito y es sancionada penalmente como tal.
Es también muy probable que la misma convocatoria a una marcha como la organizada en el Parque de la Merced este 18 de agosto tampoco sea sancionada, salvo en lo que refiere a la portación de armas blancas y a la preparación de bombas caseras artesanales decomisadas por la policía costarricense.
Marcha de la Solidaridad con Nicaragua, el pasado 25 de agosto de 2018. Foto: Anel Kenjekeeva.
El derecho penal como herramienta de prevención ante las diversas formas de intolerancia
El tipificar como delito en el código penal una conducta social reprochable tiene un efecto preventivo. Mantener un código penal en el que persiste un preocupante vacío con relación a la discriminación, el racismo y la xenofobia, es tolerar expresiones de intolerancia y de odio como las que se oyeron este 18 de agosto sin poder jurídicamente sancionarlas.
Como es sabido, el discurso del odio ha interesado a diversos órganos de Naciones Unidas, y ello desde varios años: su tipificación como delito penal es generalmente recomendado por estas entidades internacionales que se preocupan por temas de discriminación y de cómo prevenirla.
Así por ejemplo, encontramos en la legislación penal de Uruguay, el siguiente artículo: “TITULO III – DELITOS CONTRA LA PAZ PUBLICA CAPITULO I
Artículo 149-BIS (Incitación al odio, desprecio o violencia hacia determinadas personas)
El que públicamente o mediante cualquier medio apto para su difusión pública incitare al odio, al desprecio, o a cualquier forma de violencia moral o física contra una o más personas en razón del color de su piel, su raza, religión, origen nacional o étnico, orientación sexual o identidad sexual, será castigado con tres a dieciocho meses de prisión”.
ARTÍCULO 149 TER. (Comisión de actos de odio, desprecio o violencia contra determinadas personas). El que cometiera actos de violencia moral o física, de odio o de desprecio contra una o más personas en razón del color de su piel, su raza, religión u origen nacional o étnico, será castigado con seis a veinticuatro meses de prisión”.
De igual forma, una reforma legislativa (véase texto) fue aprobada y firmada por la Presidenta Bachelet en setiembre del 2017 en Chile (véase nota de prensa).
De varias advertencias pasadas hechas a Costa Rica: «Estado… ¿dónde estás?»
En el 2016, el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas había señalado en sus observaciones al Informe de Costa Rica que: “10. El Estado parte debe redoblar sus esfuerzos por erradicar los estereotipos y la discriminación contra los miembros de pueblos indígenas, personas afrodescendientes, migrantes, solicitantes de asilo y refugiados, y las personas con discapacidad, entre otras cosas poniendo en marcha campañas de concientización a fin de promover la tolerancia y el respeto de la diversidad. El Estado parte debe acelerar la adopción de una Ley para Prevenir y Sancionar todas las Formas de Discriminación, asegurándose que incluya una prohibición general de la discriminación por todos los motivos que figuran en el Pacto e incorpore disposiciones que permitan obtener reparación en casos de discriminación, racismo o xenofobia, mediante recursos judiciales eficaces y adecuados”.
Habíamos tenido la oportunidad de escribir con respecto a estas observaciones que:
«En esta materia, pese a innumerables casos de humillaciones y vejámenes sufridos por los integrantes de las poblaciones señaladas por el Comité, el Estado costarricense no ha desarrollado mayormente su legislación, incluyendo la penal, con lo cual actos que podrían calificar en otros Estados como crimen de odio, instigación al odio, a la discriminación o a la xenofobia no encuentran eco alguno en materia represiva»
(véase nota nuestra titulada «Observaciones finales del Comité de Derechos Humanos a informe de Costa Rica: breves apuntes», publicada en Derechoaldia, edición del 10/04/2016).
En el marco de estas mismas reflexiones, nos permitimos señalar que:
«En el caso específico de la población nicaragüense, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su decisión (ver texto completo) sobre el caso de Natividad Canda Mairena (nicaragüense, destrozado por dos perros Rottweiler, en noviembre del 2005, en la Lima de Cartago, ante la mirada de bomberos, transeúntes, camarógrafos y personeros de fuerzas policiales) había advertido en el 2007 que: “Los Estados que, como Costa Rica, tienen bajo su jurisdicción a una elevada cantidad de inmigrantes no pueden dejar de tomar en consideración que éstos se encuentran en una situación de vulnerabilidad como sujetos de derechos humanos. Esta vulnerabilidad es aún mayor cuando un Estado acoge en su territorio a un alto número de ciudadanos de otro Estado, pues a menudo se genera en la población del Estado receptor una predisposición negativa hacia la población inmigrante. Esa predisposición negativa frecuentemente está acompañada de estigmatización social y, aunque manifestaciones de xenofobia o discriminación pueden estar latentes en toda sociedad, la población migrante es especialmente vulnerable a estas manifestaciones” (párrafo 293). En esta decisión del 2007, la Comisión rechazó la solicitud de Nicaragua al no haberse agotado los recursos internos en Costa Rica. Luego de varios años de procedimientos, en octubre del 2012, fueron absueltos todos los integrantes de las fuerzas de seguridad por los tribunales costarricenses (ver nota de La Nación)».
Devolviéndonos un momento a la idea que el desconocimiento del «otro» constituye una raíz muy fértil para la xenofobia, nos podemos preguntar: ¿Qué conocen de la cultura nicaragüense en el 2018 los colegiales costarricenses que desconocían antes del caso Canda del 2005/2007? ¿Qué ha hecho el Estado costarricense desde el 2005/2007 para proporcionar espacios en las aulas de sus colegios en aras de prevenir actitudes xenófobas de sus colegiales mediante el acercamiento a la cultura de estudiantes oriundos de Nicaragua?
Dependiendo de las respuestas a estas preguntas, se podría pensar que han pasado muchos años desde el caso de Natividad Canda, sin que se haya procedido a implementar políticas efectivas para prevenir la xenofobia contra los migrantes nicaragüenses en Costa Rica (Nota 2).
Con relación a las poblaciones indígenas y afrodescendientes que sufren muy a menudo humillaciones y vejaciones de todo tipo en Costa Rica, desde 1999, el Comité para la Eliminación de todas la Formas de Discriminación (CERD) de Naciones Unidas había externado a Costa Rica lo siguiente:
«14. El Comité recomienda que el Estado Parte tome todas las medidas legislativas pertinentes para procurar que los artículos 2 y 4 de la Convención se reflejen plenamente en el derecho nacional. En particular, el Comité destaca la importancia de prohibir y castigar adecuadamente los actos de segregación y discriminación racial, tanto si son cometidos por particulares como por asociaciones.
Se recomienda también que el Estado Parte intensifique sus medidas orientadas a prevenir y perseguir todo acto o manifestación de discriminación racial o xenofobia, incluidos los actos de violencia contra las personas pertenecientes a minorías étnicas y nacionales»
(véase observaciones hechas a Costa Rica en 1999, página 190, de este muy útil compendio que a la fecha no han encontrado eco alguno en la legislación penal costarricense).
En el 2015, el mismo CERD externó a Costa Rica que:
«14. El Comité recomienda priorizar en la agenda legislativa las iniciativas para la lucha contra la discriminación racial y la promoción de los derechos de las personas afrodescendientes y de los pueblos indígenas para su urgente discusión y adopción, en consulta con dichos pueblos, para contar con un marco legal adecuado en materia de lucha contra la discriminación racial»
En estas mismas observaciones hechas a Costa Rica (y pocamente difundidas), los integrantes del CERD señalaron a las autoridades que:
«Tipificación de delitos discriminación racial 19. El Comité constata con preocupación que, a pesar de sus recomendaciones anteriores, no se modificó la legislación sobre los delitos de discriminación racial, la cual sigue siendo considerada en Costa Rica una infracción menor castigada con una multa (art. 4).
El Comité reitera su recomendación al Estado parte (A/62/18, párr. 299) de enmendar su legislación penal de tal manera que sea compatible con la Convención a la luz de sus Recomendación general Nº 35 (2013) relativa a la lucha contra el discurso de odio racista, elevando la sanción de las conductas delictivas de manera proporcional a la gravedad de los hechos. El Comité también recomienda al Estado parte incluir en su legislación penal un agravante por motivos de discriminación racial».
A modo de conclusión
Más allá de la muy limitada divulgación que se hace en Costa Rica de las observaciones de órganos de derechos humanos de Naciones Unidas a Costa Rica, no cabe duda que desatenderlas comparecencia tras comparecencia en Ginebra no resuelve mayormente el problema: el cual tiende, como muchos de los problemas en materia de derechos humanos, a agravarse con el tiempo.
Tal y como tuvimos la oportunidad de concluir un análisis a las observaciones hechas desde el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas a Costa Rica en el 2016.
«No cabe duda que estas observaciones del 2016, así como las advertencias anteriores del 2007 y las demás brevemente mencionadas, constituyen en sí un desafío, en aras de rectificar paulatinamente la peligrosa deriva a la que se asiste en materia de derechos humanos en Costa Rica desde varios años» (Nota 3).
Con relación a la imagen de una sociedad pacífica que acepta las diferencias, en los últimos tiempos, varios analistas han detectado que la sociedad costarricense ya no es tan tolerante como otrora (Nota 4).
Si bien las autoridades del Estado han calificado la marcha de este 18 de agosto del 2018 como «contraria a la idiosincrasia costarricense», el derecho internacional de los derechos humanos invita desde ya hace (muchos) años a los Estados a revisar su legislación penal, en aras de incorporar una útil herramienta jurídica, bajo la figura del «delito de odio o de incitación al odio».
Nótese que en diciembre del 2016, Costa Rica ratificó la Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y otras formas conexas de Intolerancia (véase estado oficial de ratificación), cuyo artículo 4 – el primero del capítulo «Deberes del Estado» – podría interesar a muchas entidades en Costa Rica que luchan por erradicar conductas sociales repudiables como las que se manifestaron este 18 de agosto en San José (véase texto completo).
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Notas:
Nota 1: véase con respecto a esta atípica campaña vivida en Costa Rica nuestro breve análisis: BOEGLIN N.,»Costa Rica y el derecho internacional: una aclaración en medio de una campaña convulsa», febrero del 2018, publicado en DerechoalDia y disponible en este enlace.
Nota 2: véase al respecto un muy interesante análisis: BARRANTES CECILIANO A., “Caso Natividad Canda: pendientes de Costa Rica para sanar resabios de xenofobia“, publicado en el 2016 en DerechoalDia, disponible en este enlace.
Nota 3: véase BOEGLIN N., «Observaciones finales del Comité de Derechos Humanos a informe de Costa Rica: breves apuntes», publicado en el sitio de Derechoaldia en abril del 2016, disponible en este enlace.
Nota 4: entre muchos análisis, se recomienda esta emisión radial del programa Hablando Claro de Vilma Ibarra (Radio Columbia) de enero del 2018 con los sociólogos Montserrat Sagot y Carlos Sandoval (disponible en este enlace).
Marcha de la Solidaridad con Nicaragua, el pasado 25 de agosto de 2018. Foto: Anel Kenjekeeva.
Nicolás Boeglin Naumovic
Profesor de Derecho Internacional, Universidad de Costa Rica
