Sin duda nos conviene, incluso nos urge, encontrar una salida pronta al problema del déficit fiscal y la escalada ascendente sobre la deuda pública que trae consigo. Pero ello no debería de ninguna manera ser pretexto para la precipitación y la chapucería. De acuerdo con la evidencia empírica y la teoría más seria y mejor fundamentada, hay cosas que no deberían hacerse. Lo malo es que se insiste en hacerlas.
El problema fiscal, la economía y el empleo
El primer serio error es no captar la relación entre el problema fiscal y el desempeño de la economía y del empleo. Si en otras épocas, se decía que el “mejor ministro de Hacienda” era una buena cosecha de café, hoy, tiempos del gobierno de Carlos Alvarado, podemos afirmar que la “mejor ministra de Hacienda” es una economía boyante que genere muchos empleos de calidad. El dinamismo económico, que pone a caminar todos los engranajes de la maquinaria productiva y provee empleos abundantes con salarios al alza, automáticamente genera mayores ingresos al gobierno. En cambio, por ya casi diez años la economía tica crece claramente por debajo de sus estándares históricos, con el agravante –incluso mucho más importante– que ese mediocre dinamismo es sumamente deficitario en términos de su capacidad para generar empleos y contribuir al sostenimiento de las finanzas públicas.
Según como se haga, el abordaje de lo fiscal puede dañar la economía y el empleo
Si se opta por un abordaje que enfatiza el recorte de gastos del gobierno, y la imposición de impuestos que obliguen a los sectores pobres de la población y a los grupos medios a recortar sus gastos de consumo, lo que tendremos, con casi total seguridad, es un bajón de la economía que deteriorará aún más la de por sí lamentable situación del empleo. Es como si decidiéramos despedir a nuestra “mejor ministra de Hacienda”, para sustituirla por algún tipo inepto y descuidado. El problema podría empeorar en vez de mejorar, y resolverlo conllevará costos aún más elevados.
A mediano y largo plazo la factura podría ser muy onerosa
Tenemos entre manos propuestas fiscales que, claramente, se desentienden de los problemas del empleo. Se arriesga con ello agravar la anemia crónica de la economía y la masiva carencia de empleos decentes. Pero, además, son propuestas inequitativas, que recargan los costos del proceso sobre los sectores más pobres y, en segundo lugar, sobre los grupos medios. Ello agravará la de por si aguda desigualdad que hoy fractura nuestra sociedad. Y, para peores, se apuesta (por medio de la regla fiscal) a un debilitamiento de la institucionalidad pública que, por encima de todo, golpeará a quienes más necesidad tienen. Esto puede provocar inestabilidad social en lo inmediato y, en todo caso, es algo que daría combustible al hervor a fuego lento del malestar y el disgusto que siente mucha gente en Costa Rica, especialmente en las zonas periféricas empobrecidas y olvidadas, y en los barrios marginales de las ciudades del Valle Central. Es echar leña a una hoguera que eventualmente puede convertirse en una enorme conflagración. Ya lo vimos en esta última campaña electoral, cuando caminamos al borde del abismo. La próxima podríamos caer.
Las propuestas en discusión: ejemplo perfecto de lo que NO debería hacerse
La transformación del impuesto sobre las ventas en impuesto al valor agregado (IVA), generalizando su aplicación a muchos servicios que hoy están exentos, tendrá dos consecuencias principales: en lo inmediato obligará a un recorte de los gastos de consumo por parte de familias pobres y de clase media, lo que implicará un frenazo a la economía y, posiblemente, un deterioro en los pésimos indicadores de empleo que tenemos. Segundo, en el mediano y largo plazo, agudizará la desigualdad, ya que es un impuesto que pesa más fuertemente sobre el bolsillo de quienes menos tienen.
El IVA podría ser aceptable, dadas las ventajas que tiene como herramienta para el control del fraude en el impuesto sobre la renta, pero solo si fuese parte de una propuesta integral que hiciese que, en su conjunto, el sistema tributario fuese realmente justo y equitativo. No es lo que se propone. El impuesto sobre rentas y ganancias de capital, incluido en el proyecto en discusión, podría dar un aporte en ese sentido, pero en gran medida pierde ese cualidad, en vista del diseño que se le da (una tasa “plana” del 15%, que lo mismo sería pagada por el pequeño inversionista o ahorrante, que por los grandotes). El incremento en el impuesto sobre salarios por encima de 2,1 millones al mes, tiene cierto grado de progresividad o justicia (poquitas personas en Costa Rica reciben tal monto de ingresos), pero es claramente, un impuesto que afectará a los profesionales asalariados del sector público, y el cual no toca en absoluto a los ricos-realmente-ricos, propietarios de grandes patrimonios (como acciones de empresas; bonos del gobierno; mansiones principescas; edificios de alquiler; yates, autos de lujo y aviones privados, etc.).
La llamada regla fiscal (véase mi artículo Regla fiscal parte II: para entenderla y entender el disparate) es claramente un receta animada por una feroz ideología anti-sector público, que inevitablemente conducirá a un mayor debilitamiento de los servicios públicos, con graves consecuencias: para la población más pobre en primer lugar, así como para estabilidad social y política en su conjunto.
Por su parte, todo el discurso que insiste en el recorte del gasto público, y que en buena medida traduce un odio mal disimulado hacia los empleados y las empleadas públicas, confunde la mojigatería moralizante con las realidades de la economía. Eso sumará a los factores regresivos, dañinos en lo inmediato para la economía y el empleo, y, a mediano y largo plazo, para la desigualdad, la estabilidad democrática y la paz social.
Necesitamos una propuesta fiscal diseñada sobre la base de otros criterios. Sobre eso volveré en un artículo posterior.
En imagen de portada: Rocío Aguilar, nueva ministra de Hacienda.
El pasado 26 de abril, Rusia organizó en La Haya una reunión en la sede de la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas (OPAQ, más conocida por sus siglas en inglés OPCW, véase sitio oficial), para dar a conocer los testimonios de varias personas sobre el supuesto ataque químico acaecido en Douma por parte de las fuerzas armadas sirias (véase nota publicada en Le Figaro). A raíz de esta convocatoria, los representantes de Estados Unidos, Francia y Reino Unido, junto con otros 14 Estados miembros de la OPAQ, hicieron circular una vehemente declaración conjunta, en la que denuncian la iniciativa rusa en términos inusitados y cuyo contenido se analizará en las líneas siguientes.
Leemos por ejemplo en esta declaración conjunta que:
«Aujourd’hui, la Russie a décidé d’organiser une prétendue réunion d’information au siège de l’OIAC, qui n’est rien d’autre qu’un simple exercice de propagande. Pire encore: en présentant l’information dans les locaux de l’OIAC, la Russie tente de donner la fausse impression que l’OIAC a organisé cette réunion à la demande de la Russie» / «Today, Russia has decided to hold a so-called information meeting at OPCW headquarters that is nothing more than a crude propaganda exercise. Worse, by presenting the briefing in the OPCW premises, Russia is trying to create the false impression that the OPCW has convened this meeting at Russia’s request«.
(Véase enlace oficial y texto de la mencionada declaración conjunta reproducida al final de esta nota en francés. El texto en inglés está disponible en este enlace de la Embajada de Francia en los Países Bajos).
Como bien se sabe, los aparatos diplomáticos de los Estados usualmente se manifiestan mediante un vocabulario mesurado y ponderado. Sus funcionarios, cual sea la situación, siempre buscan elaborar comunicados oficiales o declaraciones cuya lectura confirme que el arte de la diplomacia es el arte del lenguaje. Todo buen diplomático conoce las reglas que en este ámbito imperan, y las formalidades que exigen, y ello desde hace mucho tiempo.
Foto de la reunión de La Haya convocada por Rusia sobre el incidente de Douma del 26 de abril del 2018, extraida del artículo del periodista Jonathan Cook, titulado «The west closes its ears to Douma testimony», disponible aquí.
Douma o la certeza absoluta de unos ante imágenes circulando en redes sociales
Como es de conocimiento público, Estados Unidos, Francia y el Reino Unido están plenamente convencidos (a pesar de la ausencia de pruebas y de investigación in situ) que las autoridades sirias son directamente implicadas en el uso de armas químicas del incidente de Douma registrado el pasado 7 de abril. Otros Estados, por el contrario, esperan primero revisar los resultados de una investigación que una misión de la misma OPAQ debe realizar en el lugar de los hechos.
Corresponsales occidentales con amplia experiencia en el terreno y que llegaron a Douma pocos días después, como Robert Fisk (The Independent, Reino Unido) han descrito cosas muy distintas a lo sostenido oficialmente por Francia y sus dos aliados: véase su artículo titulado «The search for truth in the rubble of Douma – and one doctor’s doubts over the chemical attack» (disponible aquí), cuya traducción al español fue recientemente publicada en Chile en el medio digital PiensaChile (véase enlace) y editada en Costa Rica (véase enlace) por el medio digital Cambio Político.
Es de notar que un Estado vecino de Siria, Israel fue uno de los primeros Estados en incriminar oficialmente a las autoridades sirias en el evento de Douma (véase nota de Haaretz).
Cabe recordar que hace unos años, el Quai d´Orsay en Francia se había mostrado mucho más prudente con relación a la cuestión – compleja en un conflicto como el que vive Siria – de la imputación del uso de sustancias químicas:
«La difficulté à laquelle nous sommes confrontés, c’est de passer du stade de l’indice ou de l’information à celui de la preuve au sens des procédures de vérification internationale. Plus difficile encore est de passer de la preuve à l’imputabilité, c’est-à-dire à la capacité de désigner qui a utilisé de telles armes. Pour passer ainsi de l’indice à la preuve et de la preuve à l’imputabilité, la première chose à faire est d’aller vérifier sur place» (véase el denominado Point de presse, del 16 de abril del 2013).
Foto extraída de nota de prensa del New York Post titulada «Surprise: Trump and France’s Macron may wind up allies after all».
Como se apreciará en las líneas siguientes, la certeza de unos ante la incertidumbre generalizada ha provocado una verdadera batalla informativa y diplomática, que evidencian los términos en los que fue redactada esta declaración conjunta suscrita por algunos de los Estados que integran la OPAQ en La Haya. Se recomienda una lectura minuciosa, en particular para quienes conocen de tradiciones y costumbres diplomáticas y pueden detectar algunas cosas cuando un Estado o un grupo de Estados se apartan de estos usos.
17 firmas de 192 Estados
Sólo 17 Estados aceptaron firmar la declaración conjunta antes mencionada del 26 de abril del 2018. Es preciso señalar que la OPAQ cuenta con 192 Estados miembros, el único Estado del mundo que no es miembro de la OPAQ siendo Israel (véase estado oficial de firmas y ratificaciones de la Convención para la Prohibición de las Armas Químicas). Destaca el hecho que ningún Estado de África, de América Latina ni de Asia aceptara firmar esta declaración conjunta; y que, en el caso de continente europeo, sólo aceptaron firmarla Alemania, Dinamarca, Islandia, Italia y los Países Bajos, así como Bulgaria, Eslovaquia, Polonia, la República Checa y los tres Estados bálticos. Australia y Canadá completan la lista de los 17 Estados firmantes de la declaración conjunta.
El texto de esta declaración viene precedido, al menos en el sitio oficial de la diplomacia francesa (véase enlace), de un texto que cita al delegado de Francia ante la OPAQ utilizando un tono y expresiones bastante inusuales en comunicados oficiales. Según el comunicado de Francia que incluye las palabras de su delegado,
«cette réunion n’était qu’une mascarade sordide : « Elle ne surprend pas de la part du gouvernement syrien qui n’est pas à une obscénité près, ayant massacré et gazé son propre peuple depuis plus de 7 ans. Il devra rendre des comptes. Nous y veillerons. C’est plus étonnant de la part de la Russie qui ne peut espérer tromper personne avec une manœuvre aussi grossière»«.
La prudencia en materia de imputación antes mencionada por parte del Quai d´Orsay pareciera haberse totalmente desvanecido; contradiciendo incluso el delegado francés la posición externada por Francia en abril del 2013, al remontar el péndulo del tiempo a antes del 2013 cuando se refiere a «depuis plus de 7 ans«.
Al leer lo editado en el sitio del Ministerio de Relaciones Exteriores de Francia sobre esta declaración, se desprende que Francia (y sus dos aliados anglosajones) no está para nada contenta con la iniciativa rusa y que considera útil y oportuno alzar significativamente el tono (aunque ello conlleve proceder a algunas innovaciones en materia diplomática).
Cabe precisar que no se cuenta con información que permita comparar la forma en que fue difundida esta declaración conjunta por parte de Francia con la divulgación eventualmente hecha por parte de otros Estados de la misma: esta declaración conjunta no aparece en el sitio de la diplomacia alemana (véase sitio oficial), como tampoco aparece en el sitio de la diplomacia danesa (véase sitio oficial), ni en el de la italiana (véase sitio oficial) ni canadiense (véase sitio oficial). Agradecemos desde ya a nuestros estimables lectores conocedores de lenguas eslavas indicarnos cuales Estados de Europa Oriental procedieron a la eventual difusión de esa declaración, lo cual nos permitiría apreciar mejor el sostenido esfuerzo de divulgación de ese documento por parte de Francia.
También es de indicar, como dato notorio para los especialistas en comunicación y divulgación, que las referencias a esta declaración publicadas en la prensa son… muy pocas (prensa gala incluida). ¿Cómo explicar que 17 Estados suscriban un vehemente texto cuya divulgación haya sido tan escasa en medios de prensa? No se tiene una respuesta a esta pregunta, que merece, en nuestra modesta opinión, ser planteada.
El contexto en el que se enmarca esta declaración conjunta
Recordemos que, después del bombardeo aéreo que Estados Unidos, Francia y Reino Unido realizaron contra Siria el pasado 13 de abril, diversos sitios y análisis han puesto en tela de duda la responsabilidad de Siria en el incidente de Douma y denunciaron el verdadero «fiasco» que fue este bombardeo desde el punto de vista militar. Mientras tanto, una buena cantidad de juristas concluyeron sus análisis reafirmando la total ilegalidad del bombardeo a la luz del derecho internacional y de las disposiciones de la Carta de las Naciones Unidas relativas al uso de la fuerza armada.
Rusia, por su parte, denunció el hecho de que se acusara a las autoridades sirias sin tener la menor prueba de su responsabilidad directa en el uso de armas químicas y encontró varios elementos que parecen demostrar que el incidente de Douma es un montaje.
Nótese que en declaraciones dadas a conocer 24 horas antes de estos ataques aéreos concertados, el mismo Secretario de Defensa de Estados Unidos admitió públicamente no contar con ninguna prueba («evidence») sobre el evento en Douma del 7 de abril, más allá de lo que se pudo leer en las redes sociales («social media indicators» según la expresión usada por el funcionario norteamericano): véase al respecto el video de su comparecencia ante una Comisión del Congreso, disponible en este enlace de twitter.
Desde la perspectiva jurídica, en un análisis cuya lectura se recomienda, los Profesores Olivier Corten (Université Libre de Bruxelles) y Nabil Hajjami (Université de Nanterre) titulado «Les frappes des Etats-Unis, du Royaume-Uni et de la France en Syrie: quelles justifications juridiques ?» (Disponible aquí), concluyen sus reflexiones alertando que:
«… à force de multiplier les précédents dans lesquels on écarte purement et simplement le droit international au nom d’impératifs moraux ou politiques que l’on définit et interprète soi-même, la norme elle-même tend à s’estomper, si pas à disparaître. En ce sens, l’enjeu de la crise syrienne va bien au-delà de l’opportunité ou de la légitimité des frappes limitées menées contre le régime syrien le 14 avril dernier«.
El inusual recordatorio hecho por el Secretario General de Naciones Unidas a los Estados Miembros del Consejo de Seguridad en su alocución del mismo 14 de abril puede leerse como una diplomática llamada de atención:
«As Secretary-General of the United Nations, it is my duty to remind Member States that there is an obligation, particularly when dealing with matters of peace and security, to act consistently with the Charter of the United Nations and with international law in general. The UN Charter is very clear on these issues» (véase comunicado oficial de prensa del Secretario General de Naciones Unidas).
Violar el derecho internacional so pretexto de defenderlo: una peligrosa apuesta
En el texto de la declaración conjunta, podemos leer que para Francia, Estados Unidos, Reino Unido y los 14 Estados que la suscriben, «Obstruction, propagande, désinformation sont autant de tentatives visant à porter atteinte au cadre multilatéral«.
Esta frase posiblemente provoque alguna sonrisa a los numerosos juristas que denunciaron la acción militar unilateral realizada por tres Estados que son Miembros Permanentes del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en clara violación de las disposiciones de la Carta de las Naciones Unidas. Con relación a esta última, vale la pena destacar que después de los atentados perpetrados en París, en el 2015, Francia presentó ante el Consejo de Seguridad un proyecto de resolución que omitía toda referencia a la Carta. En aquel momento, nos permitimos señalar que:
La France, à cet égard, avait surpris bien des observateurs en présentant, suite aux attentats de Paris, un projet de résolution au Conseil de Sécurité (voir le texte de la « blue version » diffusée aux membres du Conseil) sans aucune mention à la Charte des Nations Unies dans le dispositif du texte : une grande première pour la diplomatie française, qui mérite d’être soulignée» (véase nuestra nota titulada «Contre une invocation abusive de la légitime défense face au terrorisme«, publicada por Dommagescivils y disponible aquí).
Desde el punto de vista político, queda claro que los tres Estados autores del bombardeo del 13 de abril, al asociarse de esa manera (sin esperar disponer de elementos probatorios verificados y verificables) perdieron la poca credibilidad que aún podían conservar en el Medio Oriente, en particular en el caso de Francia. En cuanto a la fecha escogida para lanzar su ataque tripartito del 13 de abril, esa fecha coïncidió con la llegada a Siria del equipo enviado por la OPAQ para investigar el incidente de Douma.
Sobre ese detalle y otros más, remitimos a nuestros estimables lectores al breve artículo que elaboramos sobre las reacciones oficiales de los Estado de América Latina al bombardeo contra Siria, titulado «Yo sospecho, tú sospechas, …nosotros bombardeamos»: a propósito del bombardeo realizado por Estados Unidos, Francia y Reino Unido en Siria y las reacciones oficiales suscitadas en América Latina» (disponible aquí). Nótese que el comunicado oficial emitido por Costa Rica se destaca de todos los demás con relación a la imputación directa a Siria del evento de Douma del 7 de abril. En el mismo artículo se refiere al hecho – algo previsible – que el único Presidente de América Latina en haber apoyado el ataque tripartita contra Siria, es el de Colombia.
No cabe duda que esta reunión informativa convocada por Rusia sobre el evento de Douma no fue del agrado de Francia (ni de sus dos socios anglosajones). No obstante, en vez de tomar nota de esta, o bien proceder a comunicar de manera diplomática su descontento con la iniciativa rusa, escogiendo los mejores términos que ofrece la prodigiosa riqueza del lenguaje, Francia optó por otro tipo de reacción, un tanto virulenta, que puede generar más dudas que las que pretende disipar.
Bombardeos ilegales contra Siria basados en informes de inteligencia
La ausencia de evidencias fehacientes que demuestren la responsabilidad de Siria en los diversos episodios donde se sugiere el uso de sustancias químicas ha dejado de ser un obstáculo para proceder a bombardeos aéreos contra Siria. Ello quedó demostrado con el bombardeo estadounidense de abril de 2017, realizado de forma solitaria; y se volvió a confirmar el pasado 13 de abril del 2018.
Cabe recordar que, después de aquel bombardeo realizado por Estados Unidos en abril de 2017, un informe de los servicios secretos de Francia vino a confirmar las conclusiones a las que habían llegado sus homólogos norteamericanos (remitimos al lector a nuestro breve análisis, titulado «Armes chimiques en Syrie: à propos du rapport des services de renseignements français«, disponible aquí).
El anuncio oficial de «pruebas irrefutables contra Siria» por parte de Francia se hizo pocos días antes de la primera vuelta de las elecciones, el 19 de abril de 2017 (véase déclaraciones del jefe de la diplomacia gala contenidas en esta nota de prensa de Le Parisien).
Como indicado, el informe de los servicios de inteligencia de Francia fue precedido por un informe de inteligencia presentado por Estados Unidos: este último había sido calificado por especialistas norteamericanos como un «obviously false, misleading and amateurish intelligence report» (sic.)(Nota 1).
A modo de conclusión
Cabe recordar que, en septiembre de 2013, Francia estuvo a punto de declararle la guerra a Siria. El súbito cambio de posición del Presidente Barack Obama obligó entonces a Francia a revisar su dispositivo militar. (Véase nota de prensa titulada «L’été où la France a presque fait la guerre en Syrie» publicada en setiembre del 2014 en Le Monde). Se lee en la precitada nota que:
«Mercredi 4 septembre, le jour du débat prévu à l’Assemblée nationale, François Hollande convoque ses principaux ministres et collaborateurs pour un conseil restreint, à 11 h 30, à l’Elysée. « Le président insiste sur la nécessité d’apporter des informations d’origine françaises pour valider un argumentaire en quatre points, raconte un témoin: c’est une attaque chimique, massive, contre des civils, orchestrée par le régime de Bachar Al-Assad ».
Hay que agradecer a la redacción de Le Monde por tener tan bien informados a sus lectores, y notar que el sencillo guion solicitado por el Presidente François Hollande a sus colaboradores más cercanos («attaque chimique / massive / contre des civils / orchestrée par le régime de Bachar Al-Assad») recuerda uno proveniente esta vez de su homólogo, el Presidente Barack Obama (Nota 2).
Esta declaración conjunta del 26 de abril de 2018 parece confirmar que, casi cinco años después, Francia sigue manteniendo la misma estrategia en Siria y que, esta vez, ha encontrado en Estados Unidos un socio dispuesto a acompañarla, mediante la ayuda de informes de inteligencia.
Todo intento por demostrar algo que no sea la responsabilidad directa de las autoridades sirias es considerado inoportuno y debe ser combatido: todos los Estados que presten su concurso a ello son bienvenidos.
Notas
Nota 1: Véase informe del Profesor Theodore A. Postol del MIT (Massachusetts) (texto completo disponible aquí) titulado «A Quick Turnaround Assessment of the White House Intelligence Report Issued on April 11, 2017 About the Nerve Agent Attack in Khan Shaykhun, Syria«, página 4.
Nota 2: En el 2013, algunos medios de información (pocos) se interesaron por correos filtrados relativos a un plan secreto de la Administración Obama para endosar a Siria el uso de armas químicas que justificarían una intervención militar: véase el artículo titulado “U.S. ‘backed plan to launch chemical weapon attack on Syria and blame it on Assad’s regime”, retirado del sitio inicial que lo publicó y capturado por otros sitios, como por ejemplo en este enlace.
Texto de la Declaración conjunta del 26 de abril del 2018, tal y como publicada en el sitio oficial de la diplomacia francesa (texto en francés):
Syrie / Attaques chimiques à Douma (7 avril) : Déclaration conjointe de la France et 16 autres pays membres de l’OIAC (26.04.2018)
«Le 26 avril, la Russie a décidé la tenue d’une prétendue réunion « d’information » au siège de l’OIAC (La Haye) mettant en scène des « témoins » syriens.
La France et 16 autres pays membres de l’OIAC ont dénoncé cet exercice de propagande dans une déclaration (lire ci-dessous).
Comme l’a affirmé le représentant de la France auprès de l’OIAC, M. Philippe Lalliot, cette réunion n’était qu’une mascarade sordide : « Elle ne surprend pas de la part du gouvernement syrien qui n’est pas à une obscénité près, ayant massacré et gazé son propre peuple depuis plus de 7 ans. Il devra rendre des comptes. Nous y veillerons. C’est plus étonnant de la part de la Russie qui ne peut espérer tromper personne avec une manœuvre aussi grossière. »
La France et ses partenaires rappellent leur plein soutien à l’enquête menée par l’OIAC en dépit de toutes les tentatives de propagande et d’obstructions.
Déclaration conjointe de l’Allemagne, l’Australie, la Bulgarie, le Canada, le Danemark, l’Estonie, des Etats-Unis d’Amérique, de la France, l’Islande, l’Italie, la Lettonie, la Lituanie, des Pays-Bas, de la Pologne, la République tchèque, du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et de la Slovaquie
Les enquêteurs de l’OIAC sont en Syrie depuis deux semaines. Ils effectuent leur travail dans des conditions très difficiles. Nous leur apportons notre soutien plein et entier. Au lieu de collaborer avec l’OIAC pour l’aider dans son enquête, la Syrie et la Russie n’ont cessé de dresser des obstacles dans le but de retarder son déploiement à Douma et de mener une campagne de propagande contre elle. l’Allemagne, l’Australie, la Bulgarie, le Canada, la République tchèque, le Danemark, l’Estonie, les Etats-Unis d’Amérique, la France, l’Islande, l’Italie, la Lettonie, la Lituanie, les Pays-Bas, la Pologne, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et la Slovaquie, pays signataires de la présente déclaration conjointe et Etats Parties à la Convention sur l’interdiction des armes chimiques (CIAC), entendent attirer l’attention sur cette intolérable campagne de diffamation menée par la Russie contre l’OIAC et appeler à y mettre un terme. Aujourd’hui, la Russie a décidé d’organiser une prétendue réunion d’information au siège de l’OIAC, qui n’est rien d’autre qu’un simple exercice de propagande.
Pire encore: en présentant l’information dans les locaux de l’OIAC, la Russie tente de donner la fausse impression que l’OIAC a organisé cette réunion à la demande de la Russie. Rien n’est moins vrai. Le Directeur général de l’OIAC a tenu sans ambiguïté à se dissocier de cette réunion. Il a fait savoir à la Russie que cette réunion, au cours de laquelle des « témoins » prétendront avoir été engagés pour simuler une attaque à l’arme chimique, va à l’encontre du travail que les inspecteurs de l’OIAC sont en train d’effectuer en Syrie et que, si ces « témoins » détiennent des informations utiles sur l’incident, ils doivent en premier lieu être présentés aux enquêteurs de la FFM (Mission d’établissement des Faits) pour être interrogés.
L’authenticité des informations recueillies à ce jour concernant les attaques chimiques perpétrées à Douma le 7 avril, grâce à de nombreux témoignages, est incontestable. Des ONG médicales ont trouvé des traces d’agents chimiques sur les victimes. De nombreuses photos et vidéos, qui se corroborent mutuellement, ont été authentifiées. Les symptômes présentés le jour de l’attaque par plus de 500 patients accueillis dans les centres médicaux évoquaient indubitablement une intoxication au gaz. L’OMS a exprimé son inquiétude devant des rapports de ses partenaires sur l’état de patients présentant des signes et symptômes révélateurs d’une exposition à des substances chimiques toxiques. Nous attendons que ces informations soient vérifiées et confirmées par un examen indépendant de la FFM.
Obstruction, propagande, désinformation sont autant de tentatives visant à porter atteinte au cadre multilatéral. Nous exhortons la Russie à coopérer pleinement avec l’OIAC, comme elle a affirmé à maintes reprises vouloir le faire et comme ses engagements internationaux l’y obligent. Nous appelons également la Russie à exercer la responsabilité qui lui incombe d’exhorter la Syrie à respecter pleinement ses engagements au titre de la CIAC.
Nous réaffirmons notre plein soutien au Directeur général de l’OIAC et au Secrétariat technique et exprimons notre entière confiance dans le travail de l’OIAC«.
(*)Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR).
En esta oportunidad hacemos un breve recorrido por el panorama mundial, tomando primero la decadencia de la política imperial, sus guerras militares en medio oriente, para luego, pasar rápidamente a señalar las luchas que se libran en el continente americano. En este corto espacio trata de hacer una apretada síntesis del complicado espectro, donde la juventud es la actora principal.
Así como ha sido imposible esconder los ciclos de crisis económica que ha tenido el sistema capitalista en la última década, le es imposible a la cabeza del sistema en Washington, esconder el declive en la política internacional.
En un informe que el mismo gobierno estadounidense publica, hace ver que, durante el examen de 93 resoluciones en la Asamblea General de la ONU en el 2017, solamente hay un 31% de coincidencia de voto de EUA con el resto de naciones. Este dato comparado con el año anterior es de 10 puntos menos. En los años 2014 y 2015 su popularidad tampoco era significativamente mayor a las de 2017, cuanto obtuvo un 38 y 37 por ciento, respectivamente. En el presente año, pareciera que esta tendencia se mantendrá a la baja.
Es muy conocido que las naciones donde EUA es menos popular son Zimbabue, Burundi, Irán, Siria, Venezuela, Corea del Norte, Turkmenistán, Cuba, Bolivia y Sudáfrica.(https://www.state.gov/documents/organization/281458.pdf). Además de otros países erráticos como Turquía. Y aun dudamos si Ecuador estará en la fila Trumperiana.
Podemos imaginar el disgusto que pasa la embajadora Nikky Haley, quien tiene como principal objetivo, obtener el mayor apoyo mundial de sus propuestas. Cómo es típico en las esferas políticas altas y bajas, el cinismo tampoco está ausente en la ONU. Según la Sra. Haley, “Esto se debe a que nos preocupamos más sobre estar en lo cierto que en lo popular».
La Guerra Fría II, sigue escalando más peldaños buscando beneficiar a la clase rica del globo terráqueo. La concentración de sus esfuerzos está allá adonde Washington decide apuntar sus baterías, aun cuando las condiciones actuales son menos favorables a sus caprichos por el crecimiento multipolar del poder mundial. Hay gobiernos que tradicionalmente han seguido las indicaciones de la Casa Blanca, sin cuestionamiento alguno, como es el caso de Alemania. Una potencia europea muy importante, quien ahora hace esfuerzos por soltarse de esas ataduras.
El panorama es de guerras convencionales, utilizando innumerables grupos terroristas y mercenarios en el Oriente Medio, donde hay oficialmente ejércitos del Occidente involucrados desde sus inicios. Mientras que, en el continente americano se libran constantes batallas entre gobernantes representando las burguesías y oligarquías, varios gobiernos de facto, enfrentados a sus pueblos compuestos por etnias, obreros, campesinado, mujeres trabajadoras y juventud buscando un mejor futuro. Europa central se asimila en esto, especialmente Francia, España e Italia, con otras formas y factores históricos, pero al final, en plena lucha de clases contra el neo liberalismo.
Mientras en Brasil se encarcela a Lula por haber sacado de la pobreza más de 36 millones de familias, en Honduras se libera a quien les ha robado los zapatos a miles de niños descalzos. Mientras en Costa Rica se sigue luchando contra el extractivismo de los recursos naturales y los derechos de las etnias. La clase trabajadora exige que las élites sociales y económicas también paguen por el déficit fiscal. En Nicaragua se envían bandas de maleantes para asesinar y perturbar la tranquilidad de un proceso de diálogo en su esfuerzo por reconstruir su herida democracia. En Perú, aunque sin PPK, se mantiene la imposición del modelo neoliberal y la “propuesta de Lima” para boicotear las elecciones y el proceso de alternativa financiera de Venezuela, sin excluir una posible invasión militar combinada entre ejércitos latinoamericanos, encabezados por Estados Unidos de Norte América. En Colombia llevan más de 350 lideres sociales asesinados y un proceso de paz cada vez es menos viable, por las acciones del Cartel del Golfo en coordinación con los paramilitares de la autodefensa, creada por las élites económicas y políticas. Su persecución contra las minorías étnicas es implacable. Argentina y Chile se han unido para “democratizar” a Venezuela, así que sus problemas internos con la clase trabajadora, la juventud estudiantil, las etnias y el magisterio en las calles, se dejan de lado, tal y como hace Enmanuel Macron en Francia, con los sindicatos del transporte.
El Ejecutivo de Argentina acaba de obviar el parlamento ingresando tropas militares del Pentágono, seguramente en preparación para la “democratización” de Venezuela. Así mismo ocurre en Panamá con el magisterio en las calles; en Perú con los trabajadores de la salud y la educación. Brasil está en todas las pantallas del mundo con miles de indígenas exigiendo respeto a sus derechos ancestrales; con ataques criminales a quienes custodian la integridad de Lula da Silva y, aun sin develar a los asesinos de la diputada negra Marielle Franco. Ni qué decir de México, con innumerables crímenes de Leza humanidad sin resolver, en medio de un proceso electoral que amenaza a la clase dominante con perder el control político. En Guatemala el pueblo, en una sola voz, exige la renuncia de su presidente Morales por corrupción, mientras que, en El Salvador, estamos por ver la “dulce venganza de Arena” contra el Frente Farabundo, y de paso, contra la clase trabajadora, al iniciar pronto su gobierno.
Hasta ahora los centros de mayor interés de Washington, como todos sabemos, son los países árabes de Oriente Medio, sub divididos en alianzas geopolíticas por intereses político- religiosos y de sus riquezas. Lo más lamentable han sido las escusas para invadir, destruir y asesinar a millones de sus habitantes, como los casos en Iraq, Libia, Afganistán, Palestina, Líbano, Yemen y Siria. El nuevo bombardeo realizado contra Siria entre EUA, Francia y la Unión Británica el 14 de abril, cinco días después que Israel había hecho lo mismo, se justificó por un supuesto ataque con armas químicas del gobierno sirio. El jueves 26, ya la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas (OPAQ) dio a conocer que todo fue un montaje de la oenegé Cascos Blancos, con sede en Inglaterra. Además, este mismo organismo de la ONU, verificó que el veneno aplicado al ex agente doble ruso Sergei Skripal y su hija fueron pudo ser producido en el mismo Inglaterra, Estados Unidos u otro país, menos en Rusia.
En este marco de acusaciones, ataques, invasiones militares, ocurridas en este mes, se ha llegado a confirmar que el supremo poder militar del que gozaba EUA, aun en unión con Inglaterra y Francia, ha dejado de existir. El 14 de abril le lanzaron más de ciento tres misiles a Siria, de los cuales, se dice que solamente nueve dieron en el blanco. Los demás fueron destruidos por el ejército sirio, sin intervención militar, en su defensa, por parte de los rusos.
Como dijera recientemente el vicepresidente de Bolivia Álvaro García Linera, con las derrotas que ha sufrido EUA en medio oriente, su atención cambiará hacia su propio continente. Es aquí adonde los halcones imperiales heridos van a buscar recuperarse.
Warren Edward Buffett – con una fortuna personal estimada por Forbes en 58 mil millones de dólares en el 2008 – expresó: “Por supuesto que hay lucha de clases y los ricos estamos ganando”. Por otra parte, el ex ministro de Justicia del Gobierno de España Ruiz-Gallardón sin inmutarse dijo: “gobernar es repartir dolor”.
Aun cuando es chocante escuchar tales expresiones, podemos aceptar que la clase empresarial- financiera, dueña de las riquezas mundiales no solamente está ganando, pero está dispuesta a destruir lo que no logra acaparar. No solamente juega con cartas marcadas, pero sin ningún escrúpulo moral. Da golpes de Estado militares, golpes técnicos, judiciales y legislativos. Utiliza las religiones y cualquier valor social para lograr escalar al poder político. El engaño, la intriga, el chantaje, el boicot y la mentira son sus principales antivalores. Utiliza las mafias, las maras, las bandas de narcotraficantes, los soldados de fortuna, el sicariato, los grupos paramilitares, los partidos políticos, las organizaciones de barrios, a pastores, las vírgenes y santos de las iglesias para sus objetivos lujuriosos, no conoce ética ni límite moral alguno. Sin ninguna pena utiliza la lucha contra la pobreza como “su causa” para lograr sus propósitos. Los derechos humanos son parte de su agenda para engañar a incautos. Es en la clase dominante adonde el principio de “los fines justifica los medios”, se aplica en toda su dimensión.
Mientras se dan esas batallas campales de ligas mayores en Medio Oriente, en nuestra región latinoamericana, la clase trabajadora libra importantes batallas. Se es consciente que la “espada de Damocles” sigue sobre las cabezas de Venezuela, Bolivia, Cuba y Nicaragua. No obstante, la administración Trump debe saber que, una invasión militar extranjera a uno de estos países conllevará consecuencias imprevisibles para el continente entero.
Es cierto que muchos gobernantes ahora reparten dolor en sus pueblos, como lo afirmara el miembro del PP español; probablemente los ricos estén ganando la lucha, pero eso no seguirá siendo así cuando hay una juventud trabajadora, estudiantil y militante, dispuesta a trazarse un mejor futuro.
Para comprender mejor la cuestión, y poder contextualizarla apropiadamente, conviene empezar por explicar un poquito sobre las diversas corrientes de pensamiento que subyacen a la economía, en cuanto que ciencia social.
En particular, existe una corriente ampliamente hegemónica. Llámela perspectiva teórica o, si usted prefiere, digámosle paradigma. Alguna gente la llama la “teoría neoclásica”. Los economistas que se adscriben a esa corriente, eligieron hace ya más de 40 años, otra designación, aún más pomposa: “la nueva macroeconomía clásica”.
Es una teoría que recurre a un lenguaje matemático muy sofisticado, con lo que, a menudo, termina siendo simple gimnasia mental, con poquísima o nula relevancia desde el punto de vista económico. Si se examina más en profundidad lo que esta teoría plantea, queda en evidencia que, en lo fundamental, representa un retorno a las teorías que eran dominantes a finales del siglo XIX e inicios del XX, las cuales entraron en crisis y se desacreditaron gravemente a raíz de la Gran Depresión de los años treinta, y ante el ataque teórico proveniente del economista inglés John Maynard Keynes (1883-1946), en especial, aunque no exclusivamente, su “Teoría General” (1936).
Esas teorías prekeynesianas básicamente afirmaban una cosa: los mercados capitalistas poseen capacidades de autorregulación automática que garantizan que la economía siempre funcionará de manera óptima y con pleno empleo (una idea en mucho deudora al trabajo del economista francés, León Walras, 1834-1910). O sea, y con arreglo a tales teorías, la Gran Depresión jamás debió ocurrir…pero ocurrió. Keynes elaboró una crítica que, de diversas formas, torpedeaba la médula de tales teorías. Demostró que había rasgos de irracionalidad en los comportamientos propios de los mercados capitalistas, lo cual, en combinación con la incertidumbre y el peculiar papel del dinero, determinaba la posible emergencia de situaciones de crisis, como esa Gran Depresión.
Mientras en Carlos Marx (1818-1883), el problema principal detrás de la crisis capitalista era la tendencia declinante de la tasa de ganancia (o sea, de los índices de rentabilidad relativamente al monto del capital invertido), en Keynes el énfasis se ponía en el lado de la demanda.
Keynes, más incluso que el propio Marx, se ganó el odio de esa ortodoxia, precisamente porque la atacó desde dentro de ella misma. Luego, esa economía neoclásica intentó, con notable éxito propagadístico, apropiarse de Keynes reintroduciéndolo en su ortodoxia y limándole garras y dientes. Pero, en realidad, no lo lograron, porque sobrevivió y con el tiempo se ha fortalecido una corriente crítica –el poskeynesianismo– de la que casi nadie en Costa Rica parece saber nada. Fue desde ahí que se elaboraron críticas radicales a aspectos sustantivos de la teoría ortodoxa (en relación, por ejemplo, con su teoría del capital, la función de producción, la teoría de la distribución y la teoría del equilibrio en competencia perfecta, entre otros).
Pero, bueno, la ortodoxia neoclásica siempre ha tenido a su favor el poder económico, porque, a su vez, ese poder económico ha entendido que aquella ortodoxia le ofrece un inmejorable aparato de justificación de sus intereses, aparte que logra hermosear su ideología, al colgarle trajes de aparente cientificidad. No extrañe entonces ese resurgir que se da sobre todo hacia los setenta del pasado siglo (aunque con antecedentes en el decenio anterior). El “paraguas” que lo engloba es la ya mencionada (según designación elegida por los propios interesados) “nueva macroeconomía clásica”, a cuyo amparo florece toda una gama de teorías, aparentemente nuevas: expectativas racionales, mercados eficientes y ciclos reales, posiblemente la tres principales. De donde surge, además, una larga lista de galardonados con el llamado premio Nobel de economía.
Lo de “nueva” es más que discutible. Un examen detenido pone en evidencia que viene siendo básicamente lo mismo que se decía antes de Keynes (y que permanecía invulnerable a lo que el marxismo por entonces proclamaba), que luego Keynes desbarató con parricida entusiasmo, para enseguida recomponerse en una especie de “frankestein” teórico a medio camino entre Keynes y la ortodoxia neoclásica. Aunque pulverizado posteriormente por la crítica poskyenesiana, en todo caso sobrevivió tomando el atajo de decirse “aquí no ha pasado nada” y hacerse los desentendidos. Efectivamente, es teoría prekeyenesiana, pero maquillada con nuevos términos y una sobredosis de matemática.
Tal es el trasfondo teórico-ideológico que informa, guía y motiva al común de los y las economistas costarricenses. Por ello usted les oye decir: “la economía de Costa Rica no crece lo suficiente ni genera el suficiente empleo, por causa de las malas expectativas que el déficit fiscal le ocasiona a los empresarios”. O bien: “recortar el gasto público para reducir el déficit fiscal le devolverá la confianza a los empresarios, y así la economía crecerá más y creará más empleos”. Detrás de esta forma de razonar está la “nueva macroeconomía clásica”, sobre todo la hipótesis de las expectativas racionales. Ni más ni menos. O sea: lo mismo que los economistas habrían dicho 100 años atrás, aunque con términos parcialmente distintos.
De la gente que Carlos Alvarado está colocando en su equipo económico, conozco relativamente bien a Edna Camacho y a Rocío Aguilar. La primera era candidata vicepresidencial del PUSC, siendo yo el del Frente Amplio, cuando, con mucho honor, puse el pecho a las balas en debates económicos en los que a mí solito, frente a todo el resto de candidaturas vicepresidenciales, me tocó defender tesis económicas progresistas y alternativas. Con la segunda compartí en una comisión convocada por el Programa Estado de La Nación. Creo poder decir que sé bien cómo piensan y cómo miran los problemas económicos de nuestra Costa Rica. No conozco personalmente a Rodrigo Cubero, quien ocupará la presidencia del Banco Central, pero las referencias disponibles sugieren que hará equipo, con amplia coincidencia de criterios, con las señoras Aguilar y Camacho.
Desde luego, celebro que este par de mujeres, tan capaces y calificadas, ocupen puestos tan importantes en el ámbito económico, los cuales en el pasado siempre fueron asignados a hombres. Pero me temo que ellas dos, en conjunto con Cubero, formarán un poderoso tridente, que con gran vigor y energía, presionará por llevar adelante una agenda económica muy ortodoxa y conservadora: ajuste tributario severo y muy regresivo; restricción al gasto público, inclusive el gasto social; reducción de derechos laborales (y no solo en el sector público) y avance en la agenda de liberalización financiera.
(*)Director Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo (CICDE-UNED)
Duele profundamente Nicaragua; duele el dolor, las lágrimas y la angustia de su gente, la agresión, la violencia y la represión. Duele, sobre todo, la sangre derramada y las vidas apagadas. Lo lamento en el alma y lo condeno con indignación.
Son claras las responsabilidades que en todo esto caben al gobierno Ortega-Murillo: respondió a la protesta popular con violencia directa y desmedida. Ello inauguró un bucle creciente y autoalimentado de nuevas protestas y violencia descontrolada.
Es fácil recurrir al atajo de la justificación conspirativa, tan del talante de algunas izquierdas latinoamericanas: todo es un montaje del capital y una trama urdida desde Washington, para frenar otro de los bastiones, aún en pie, de los proyectos de izquierda latinoamericanos.
Y, sin embargo, ello resulta difícilmente plausible cuando uno observa la diversidad de los grupos que participan de la protesta y los muchos espacios desde los que se movilizan y manifiestan. Y no me refiero a lo que la prensa tradicional difunde, sino a las cascadas de información que, por medio de videos y audios aficionados, circulan. Se pierden de vista dos cosas esenciales: la tradición insurreccional que a lo largo del tiempo (al menos desde las primeras intrusiones violentas de Estados Unidos hace más de un siglo), se ha consolidado y que, seguramente, fluye en los genes culturales de este pueblo; y, segundo, las posibilidades para la autoconvocatoria que conceden las tecnologías actuales, que son asimismo las que posibilitan tener acceso a información de primera mano que en otros tiempos no habríamos conocido.
Pero no deberían olvidarse los antecedentes puestos por el mismo Ortega, a través de un gobierno de tintes autoritarios, enredado en oscuros pactos con el poder religioso más conservador, políticos corruptos, el gran empresariado y algunos poderosos intereses económicos externos. No es un detalle menor que en su reciente llamado a diálogo convoque solamente a la iglesia católica y al gran empresariado.
Lo mejor que podría decirse del gobierno Ortega-Murillo es que ha puesto en marcha una suerte de “socialismo asistencialista”, caudillista y proclive a la manipulación y la corrupción. Socialismo debería ser garantía institucionalizada de derechos universales, no repartición de dádivas a discreción. Pero, aun así, resulta difícil ocultar sus estrechos ligámenes con grandes intereses económicos.
Si las izquierdas de América Latina aspiran a ser una verdadera fuerza de emancipación, han de serlo desde un opción radical por la democracia y los derechos humanos, y un respeto irrestricto por la verdad. Y ese espíritu emancipador pasa por reconocer que el poder gubernamental no es un objetivo en sí mismo. Ceder el gobierno cuando la voluntad popular así lo decida, puede ser el paso necesario para limpiar vicios y corrupción y superar errores cometidos. Tomar nuevos aires, renovarse y volver a fortalecerse.
Imagen tomada del Facebook de Luis Paulino Vargas Solís.
El ministro de Trabajo y otras autoridades de gobierno nos han dicho en varias ocasiones algo así como que: el aumento de impuestos permitirá que se financien los salarios, no suban las tasas de interés de los créditos, si se piensa de manera ligera y bastante egoísta podría fácilmente concluir que tienen razón “a los funcionarios públicos podría convenirnos un paquete fiscal”.
Es importante aclarar que el porcentaje de ingresos tributarios para que cualquier gobierno cumpla con sus deberes es menor al necesario, o sea se requiere más impuestos, por eso existe la deuda interna como una medida casi desesperada para cubrir los gastos, aumentando lógicamente el más serio problema que tiene el gobierno dentro del déficit fiscal (50%).
El movimiento sindical podría hacerse el “chancho” y dejar que la “paz social” mantenga la dinámica de atornillar a las mayorías, sin tocar a los poderosos con más impuestos, esa sería la posición más cómoda, pues la población seguiría “detrás del palo” y simplemente tendría que pagar el costo de esta solución pero…
Nosotros somos parte del pueblo y también tendríamos que pagar el aumento de los impuestos y para poner una “flor en el ojal” el paquete fiscal tiene una serie de medidas que afectarán los servicios públicos, al reducir el gasto público a la fuerza además de poner reglas para el pago de los salarios de los funcionarios que podrían rebajar de manera brutal lo que recibimos.
¿Nos piden propuestas? ¡Mentirosos! Cuando el movimiento sindical ha propuesto soluciones que implicarían repartir entre las diferentes clases sociales el costo de mantener los servicios públicos, simplemente nos ignoran, porque nuestra visión no es “políticamente viable”, lo que significa que los diputados representantes de los poderosos no lo van a aceptar.
¿Y saben porque proponemos afectar a los ricos? Porque contrario a la posición de gobierno que “no quiere afectar los precios internacionales de exportadores” debido a que eso “quita competitividad”, creemos que el país es uno solo y que todos los que creamos riqueza, más los que se la apropian, debemos contribuir al desarrollo nacional, no dejando esa responsabilidad solo en los que menos ganan.
Además consideramos que los grupos poblacionales más poderosos que se dejan más del 50% de la riqueza país producida en un año y también están dentro del grupo de los que más evaden el pago de impuestos (8% del Producto Interno Bruto), deben ponerse en cintura, eso ayudaría mucho en otro problema bien ignorado: la justicia social.
Si el escandalo mundial de los Papeles de Panamá tiene ricos nacionales involucrados, los que no pueden acusarse de evasión porque aquí no existen los delitos en nuestra legislación, cualquiera en su sano juicio diría que ese es una camino de solución de nuestro grave problema.
Estamos tan lejos de las palabras del presidente que impuso el impuesto a la renta, Alfredo González Flores “que los ricos paguen como ricos y los pobres como pobres” lo que le costó un golpe de Estado.
(*)Secretario General, Central General de Trabajadores
Durante los días previos al sábado 20 de abril de 2018, La Nación publicó varios reportajes que resaltaban criterios emitidos por expertos o encumbrados representantes de dos influyentes organizaciones de alcance global: el Banco Mundial (BM) y la OCDE. El diagnóstico compartido era: el problema fiscal de Costa Rica es una grave amenaza. La propuesta era igualmente consensuada: realizar un severo ajuste que reduzca de forma pronunciada los desequilibrios fiscales, la cual debería llevarnos, en un plazo relativamente breve, a una situación de superávit, o sea, de exceso de los ingresos del gobierno sobre sus gastos. Todo lo cual ha culminado –al menos de momento– en el editorial de La Nación de este sábado 20 (https://www.nacion.com/opinion/editorial/editorial-banco-mundial-ocde-y-la-urgente/H5EGHLAMXVHPNJXX27OJRK7QDM/story/) con el que se pone la cereza sobre el pastel.
Los datos que el editorial cita, tomados a su vez de lo que el BM receta, habla de pasar de la actual situación de “déficit primario” a una de “superávit primario”. Aclaremos los términos: “déficit primario” hace referencia al exceso de los gastos del Gobierno Central sobre sus ingresos, pero sin considerar los pagos por concepto de intereses de la deuda. Alcanzar “superávit primario” implica, por lo tanto, pasar a un exceso de los ingresos sobre los gastos, pero siempre sin incluir esos intereses.
Pues bien, hoy día el “déficit primario”, como proporción del Producto Interno Bruto (PIB), o sea, del valor monetario total de la producción de bienes y servicios de la economía costarricense, se ubica algo por encima del 3%. En términos absolutos, ello significa alrededor de un millón de millones de colones, o sea, un billón de colones. Una cifra gigantesca que equivale a cerca de 3,5 veces el presupuesto del Ministerio de Salud, o más del doble del presupuesto de las universidades. Entonces, y de la mano con el BM, La Nación nos propone pasar a un superávit primario que, como mínimo, ha de ser del 4.5% del PIB, aunque lo más deseable, nos dice, es que alcance el 5,2% del PIB. Lo primero, según indican, estabilizaría la deuda pública, o sea, frenaría su crecimiento. Lo segundo nos daría un singular honor: las llamadas agencias calificadoras internacionales (Moodys, Standard & Poor’s, Fitch), nos concederían “grado de inversión”, que viene siendo como pasar a ser parte de las familias elegantes y de buena reputación.
Un superávit del 4,5% implicaría un excedente positivo de alrededor de 1,4 billones de colones. Llevarlo al 5,2% significaría aproximadamente 1,6 billones. Sume usted, entonces: partiendo del “déficit primario” actual, eso significaría un ajuste fiscal –vía aumento de impuestos y/o recorte de gastos– por un monto total de 2,4 billones en el primer caso y de 2,6 billones en el segundo. O sea, más de 8% como proporción del PIB.
Supongamos que fuera un ajuste “gradual” en tres años. O sea: a razón de 2,7 puntos del PIB por año. Si es vía recorte en el propio gobierno, ello significará menos compras públicas y despido de gente, y, por lo tanto, contracción del consumo público y privado. Si es vía impuestos sobre los ingresos de sectores pobres y medios (que es lo que esta gente privilegia), ello también contraerá el consumo privado. Y un recorte de tal magnitud, podría hacer que la economía caiga y entre en recesión, con lo que la situación del empleo, que ya es muy mala, se deterioraría aún más.
Todo lo cual sería simplemente desastroso: por el deterioro en las condiciones de vida de mucha gente, el agudo disgusto social que provocaría y el impacto negativo sobre el de por sí maltrecho prestigio del sistema político.
Suponer otra cosa es, sencillamente, pensamiento mágico. Y eso, según parece, es a lo que apelan el BM, la OCDE y La Nación. No hay forma posible de empujar el crecimiento de la economía, cuando ésta es sometida a un ajuste de tales dimensiones. Imaginar que ello devolverá la confianza al empresariado para estimularlo a invertir y generar nuevos empleos, pasa por alto un hecho objetivo simple y contundente: las empresas no se ven estimuladas por un mercado y una demanda en caída libre. Y ese sería el efecto directo que tendría un ajuste fiscal tan severo.
Por ello resulta risible esta afirmación de La Nación: “…si la economía del país alcanzara tasas de crecimiento superiores al 6 % anual, no solo ello coadyuvaría a reducir el endeudamiento público…sino que contribuiría a aumentar la recaudación fiscal sin necesidad de aprobar nuevos impuestos ni elevar las tasas impositivas”. Por supuesto: si la economía alcanzase tales niveles de dinamismo, y sobre todo si se logra que sea un crecimiento que genere muchos empleos, lo resolución de los problemas fiscales, sería muchísimo más fácil. Pero lo asombroso es que esta gente tan sabia no se entera que el violento ajuste fiscal que promueve funciona exactamente a la inversa: en contra del crecimiento y en contra del empleo. Es, con toda certeza, una fórmula para agravar los problemas fiscales.
Lo cierto es que todos estos expertísimos personajes, insisten unilateralmente en un severo ajuste fiscal, agarrados a un artículo de fe que la realidad ha comprobado reiteradamente fallido: que la austeridad fiscal genera dinamismo económico y empleo. Desde ese principismo dogmático, omiten toda propuesta para reactivar la economía, porque imaginan que eso se dará mágicamente.
Detrás de los proyectos fiscales actualmente en discusión –en particular la “mega-moción o texto sustitutivo del proyecto de ajuste tributario (expediente 20.580)– subyace el mismo error, la misma visión parcial y fragmentada. Miran el problema fiscal sin captar el contexto social, político y económico más amplio. No quieren saber nada del daño que sus propuestas podrían causarle a la economía, ni querrán admitir que por esa vía se arriesga agravar los problemas fiscales que dicen querer resolver. Y jamás aceptarán que esta es una vía regresiva e injusta, que agudizará el malestar ciudadano, generará inestabilidad social y profundizará el descrédito de la institucionalidad democrática.
Ottón Solís, por quien guardo gran respeto, ilustra el problema de estas élites políticas con particular claridad: esta es, según él, la única respuesta posible, y cualquier oposición que se exprese –por ejemplo esta que aquí planteo– es irracional y motivada por estrechos intereses gremiales (por ejemplo: https://www.elmundo.cr/otton-solis-critica-a-lideres-sindicales-y-populistas-de-derecha-por-oponerse-a-reforma-fiscal/). Tal grado de intransigencia contribuye a echarle más leña a la hoguera. No debería desestimarse tan a la ligera las críticas que plantean dudas sobre la equidad de todo esto, ni las reservas que, justificadamente, se puede tener acerca de su impacto en la economía.
Todo lo cual resulta mucho más inoportuno en un país aquejado por niveles intolerables de desigualdad, y en el que hierve a fuego lento un profundo malestar ciudadano. El mensaje de la gente en la última campaña electoral, en que se estuvo a punto de elegir a un candidato fundamentalista, enemigo de la democracia y los derechos humanos, parece no haber sido captado por estas élites políticas. Siguen en lo mismo de siempre, como si nada hubiese ocurrido. La gente, furiosa y decepcionada, podría optar incluso por las apuestas más arriesgadas. Esta vez nos asomamos al abismo. La próxima podríamos caer. Urge enderezar la ruta, solo que estas élites políticas ni se enteran de ello.
(*) Director Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo (CICDE-UNED)
Las protestas en Nicaragua van más allá de la oposición a las reformas arbitrarias de la seguridad social. Por una parte, hay una acumulación de reclamos de la población, por otra, un aislamiento del Gobierno que se ha encerrado en una burbuja desde la que ejerce un creciente control sobre todo el quehacer del país.
Desde esa perspectiva, las manifestaciones constituyen una válvula de escape de una presión social largamente contenida de distintos sectores inconformes y cansados de la corrupción y del deterioro de las libertades democráticas, como lo muestran las consignas que demandan libertad, el incendio de banderas del Frente Sandinista y el derribamiento de al menos tres “árboles de la vida”, implantados en distintos lugares de la capital por órdenes de la Vice-presidenta Rosario Murillo.
Semanas atrás también hubo airadas protestas, en ocasión de los incendios en la Reserva Indio Maíz que según los grupos ambientalistas fueron 20 focos de fuego provocados por empresarios cercanos a Ortega, con la intención de abrir una trocha para la extracción de madera.
Hay además un fuerte clamor social para que se restablezca el estado de derecho y la división de poderes que hoy están subordinados a los dictados del Ejecutivo en manos de Ortega y Murillo.
De la crítica situación en el hermano país dan cuenta las declaraciones que dio el General Humberto Ortega a un noticiero de televisión, reconociendo la legitimidad de las protestas y responsabilizando al gobierno de haber decretado la reforma al régimen de pensiones de manera unilateral. El hermano del Presidente llamó a que se abra un proceso de diálogo, asegurando al mismo tiempo que el ejército nicaragüense “no va a salir a reprimir a los manifestantes”.
Para el sociólogo y analista nicaragüense Oscar René Vargas, Nicaragua está en presencia de una protesta nacional que ha unido al pueblo con los estudiantes, un sector que había estado al margen de las movilizaciones. La respuesta represiva, mediante grupos paramilitares coordinados con la Policía Nacional, no la va a aplacar, más bien está modificando la correlación social de fuerzas en contra del Gobierno, convirtiéndose así en una derrota política que debilitará el poder de Ortega.
En ese sentido, resulta notorio el resquebrajamiento de la alianza entre la empresa privada y Ortega, como lo muestra la convocatoria del COSEP, máxima instancia de representación del sector empresarial, a una marcha para el próximo lunes 23 en procura del dialogo entre los distintos sectores, mismo que algunos analistas ven muy difícil a estas alturas de la polarización.
Si bien es cierto, no hay una conducción de la lucha, ni un programa de los manifestantes que sirva de base para un proceso de negociación, todo indica que las protestas auto convocadas continuarán extendiéndose por todo el país a pesar de la violenta represión del gobierno y nadie sabe a ciencia cierta cuál es la salida a la presente crisis en la que claramente las reformas en las pensiones son solo un detonante.
Foto de los actuales Jefes de Estado de Reino Unido, Francia y Estados Unidos, extraída de nota del New York Post.
La operación militar realizada por parte de Estados Unidos, Francia y Reino Unido en Siria el viernes 13 de abril del 2018, consistiendo en bombardear sitios estratégicamente escogidos en los que presuntamente Siria mantiene un arsenal de armas químicas, ha provocado una serie de reacciones oficiales por parte de la comunidad internacional, incluyendo a varios Estados de América Latina.
Como es sabido, estos bombardeos fueron realizados sin ninguna autorización previa por parte del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Menos divulgado, en declaraciones dadas a conocer 24 horas antes de estos ataques aéreos, el mismo Secretario de Defensa de Estados Unidos admitió públicamente no contar con ninguna prueba («evidence«) sobre el evento en Douma del 7 de abril, más allá de lo que se pudo leer en las redes sociales («social media indicators» según la expresión usada por el funcionario norteamericano): véase al respecto el video de su comparecencia ante una Comisión del Congreso, disponible en este enlace de twitter.
Comunicados oficiales de Estados de América Latina: breve reseña
Varios Estados de América Latina han repudiado esta acción militar unilateral no autorizada, recurriendo a diversas formulaciones plasmadas en su comunicado oficial para expresar a través de la riqueza del lenguaje, su preocupación al respecto (en algunos casos sin necesariamente condenar del todo esta acción militar). Cada uno, a su manera, ha modulado su texto y optado por expresiones que posiblemente, busquen evitar alterar sus relaciones con los tres Estados autores del bombardeo en Siria. Algunos han aprovechado la ocasión para desviar la atención al uso de armas químicas en Siria (un hecho público y notorio desde el pasado 7 de abril, sin que ello haya provocado reacción alguna de su parte desde esta dramática fecha).
Otros por el contrario, como Bolivia, han condenado sin contemplación y de forma vehemente esta acción militar unilateral. El comunicado oficial de Bolivia del 14 de abril se lee de la siguiente manera (véase sitio oficial):
«Bolivia condena los ataques contra el pueblo de Siria
El Ministerio de Relaciones Exteriores del Estado Plurinacional de Bolivia manifiesta su más enérgico rechazo a los ataques unilaterales perpetrados en contra del pueblo de Siria.
Bolivia condena el uso ilegal de la fuerza y llama al cumplimiento de las normas internacionales que evitan las violaciones a la paz y seguridad e impiden que los Estados más poderosos ataquen con impunidad a los Estados más débiles.
El Estado Plurinacional de Bolivia reafirma su compromiso de velar por el cumplimiento de la Carta de Naciones Unidas, por la integridad territorial y la independencia política de los Estados, así como por el respeto al multilateralismo.
El Gobierno y pueblo de Bolivia expresan su solidaridad con el Gobierno y pueblo de Siria por las víctimas de estos violentos ataques perpetrados la noche de este viernes 13 de abril».
En el caso de Uruguay, su diplomacia ha optado por manifestar su preocupación sobre los mismos hechos, recurriendo no obstante a un tono distinto al de Bolivia. Leemos en su comunicado de prensa (véase enlace oficial) del 14 de abril, que:
«Situación en Siria
El Gobierno del Uruguay expresa su profunda preocupación por la escalada de violencia en Siria, incluidos los bombardeos de la madrugada de hoy contra objetivos sospechados de producción de armas químicas, en el marco de un conflicto que envuelve una grave crisis humanitaria y constituye una seria amenaza a la paz y la seguridad internacionales.
El Uruguay reitera su más absoluto rechazo al uso de armas químicas en cualquier circunstancia y reafirma su apoyo al rol de la Organización para la Prohibición de Armas Químicas en la investigación de cualquier situación sospechosa de tales acciones.
El Gobierno del Uruguay hace un llamado a todos los actores involucrados en el conflicto a actuar con máxima prudencia, respetando las normas y principios del derecho internacional humanitario y en el estricto marco de la Carta de las Naciones Unidas. En este sentido, reitera su apoyo al rol de la Organización en la implementación y conducción de una transición política, de conformidad con la Res. 2254/2015 del Consejo de Seguridad y a los esfuerzos del Representante Especial del Secretario General, como la vía más adecuada para una salida política de la crisis.
El Gobierno del Uruguay concuerda plenamente con el llamado del Secretario General de las Naciones Unidas para realizar una investigación exhaustiva sobre el reciente uso de armas químicas en Siria y la necesidad de llegar a un acuerdo para crear un nuevo mecanismo que actúe efectivamente en estos casos».
Otros Estados, como Brasil, Colombia, Ecuador, El Salvador, Honduras, Panamá y República Dominicana han optado por no emitir ningún comunicado oficial con respecto a esta operación militar realizada por Estados Unidos, Francia y Reino Unido: salvo error de nuestra parte, una consulta sostenida y reiterada de los respectivos sitios oficiales de sus cancillerías durante los últimos días no registra ningún texto, aviso, declaración o comunicado de prensa posteriores al 13 de abril del 2018.
Nótese que el único Jefe de Estado de América Latina en haber apoyado esta acción unilateral en Siria es el Presidente de Colombia(véase nota de prensa de El Espectador), pese a voces autorizadas (y valientes) en Colombia como la del Profesor Fabián Cárdenas haciendo ver que no hay argumentos para hacerlo (véase artículo publicado en El Espectador titulado: «¿Por qué el bombardeo a Siria es un acto ilegal?»).
Por su parte, Guatemala ha considerado oportuno emitir el 14 de abril un comunicado (véase enlace oficial) refiriéndose al uso de armas químicas en Siria únicamente, sin mencionar en lo más mínimo el bombardeo en Siria. En su comunicado del 14 de abril, se lee que para Guatemala:
Guatemala expresa su Condena por el uso de armas químicas en Siria
El Gobierno de la República de Guatemala, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, condena de manera enérgica el uso de armas químicas en Siria, así como la posesión, el desarrollo y el almacenamiento de las mismas.
Guatemala hace votos para que sea a través del derecho internacional y los instrumentos multilaterales como se ponga fin al empleo de este tipo de armamento que tiene consecuencias humanitarias graves, evitando acciones que generen una escalada de tensión.
El Ministerio de Relaciones Exteriores hace un llamado a todos los Estados Parte de la Convención sobre la Prohibición del Desarrollo, la Producción, el Almacenamiento y el Empleo de Armas Químicas y sobre su Destrucción, a que cumplan con las obligaciones contraidas en virtud de la Convención y de la Carta de las Naciones Unidas«.
Como se puede observar, el abanico de posibilidades es extremadamente amplio para cada Estado. Criterios de oportunidad política, de conveniencia, así como otros factores son los que los han llevado a manifestarse mediante un comunicado oficial difundido por sus aparatos diplomáticos: el repudio, la condena, la profunda preocupación, el silencio, o bien el referirse a Siria sin mencionar este bombardeo, forman parte de las distintas opciones que tiene cada Estado.
Es la opción que escogió Costa Rica, en un comunicado oficial dado a conocer en horas de la mañana del 14 de abril (y redactado de una manera que evidencia la premura con la que fue elaborado). El título del comunicado es: «Costa Rica condena uso de armas químicas, rechaza el uso de la fuerza y aboga por el respeto irrestricto al derecho internacional«. No obstante, el contenido como tal se aboca únicamente a unos de los elementos señalados en el título, al leerse de la siguiente forma:
«Costa Rica expresa su más enérgica y firme condena por los ataques con armas químicas en Douma el pasado 7 de abril, por parte del régimen de Bashar Al Assad, en el cual murieron decenas de civiles, incluyendo mujeres y niños. Los responsables deben ser llevados ante la justicia y cualquier ataque de este tipo no puede quedar impune.
Gobierno de la República apoya firmemente el multilateralismo, no puede respaldar el uso no autorizado de la fuerza y hace un llamado a todos los miembros de las Naciones Unidas a actuar conforma a la Carta de la Organización y el Derecho Internacional.
La situación humanitaria en Siria ha llegado a límites intolerables. Las armas químicas están prohibidas en el derecho internacional y su uso es una flagrante violación del derecho internacional humanitario.
Costa Rica sigue creyendo firmemente en la institucionalidad internacional, y en ese sentido considera que en la crisis de Siria el Consejo de Seguridad debe actuar de forma imperativa y Costa Rica lamenta profundamente que no haya sido capaz, en particular sus miembros permanentes, de asumir sus responsabilidades ante la comunidad internacional para mantener la paz y seguridad internacional para lograr un consenso y evitar la escalada del conflicto. El aumento de la tensión militar en la zona es signo de alarma. “Hacemos eco del llamado de Staffan de Mistura, Enviado Especial del Secretario General, para que no se permita un escalamiento de la violencia y los civiles tengan seguridades de protección” manifestó el Canciller Manuel González Sanz. Desde que inició el conflicto en 2011, Costa Rica ha hecho un llamado vehemente a todas las partes en conflicto para que respeten el derecho internacional humanitario y a agotar todos los esfuerzos para finalizar este conflicto. Costa Rica renueva su llamado a la comunidad internacional para abogar por una solución pacífica para garantizar la paz y seguridad en la región y una plena protección de la población civil.
Siria contabiliza siete años de guerra, alrededor de 320.000 muertos y 10 millones de desplazados que demandan se garanticen los derechos humanos y, en especial, el derecho a la vida» (Nota 1).
Es de señalar que en su comunicado, Costa Rica da por un hecho que las actuales autoridades de Siria son directamente responsables por el uso de armas químicas en Douma. La ausencia de referencia expresa a la operación militar contra Siria en el comunicado costarricense dio lugar a una solicitud de aclaración por parte del Semanario Universidad, dilucidando a su manera el funcionario entrevistado la duda externada por este medio universitario (Nota 2).
La implicación directa de las actuales autoridades de Siria en el evento de Douma consignada en el comunicado de Costa Rica no se verifica en ninguno de los comunicados oficiales emitidos por Argentina (Nota 3), así como por Chile (Nota 4), por México (Nota 5) por Perú (Nota 6), por Venezuela (Nota 7), ni tampoco en los comunicados reproducidos con anterioridad por parte de Bolivia, de Uruguay y de Guatemala.
Cabe destacar que el primer comunicado oficial que fue emitido en América Latina, fue el difundido por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba, el mismo día del ataque realizado por Estados Unidos, Francia y Reino Unido (Nota 8).
La referencia al derecho internacional y al respeto «irrestricto» (Costa Rica, Uruguay) a sus normas constituye el denominador común de estas distintas manifestaciones oficiales. Y es que, pese a lo afirmado por las autoridades norteamericanas, francesas y británicas (y por algunos de sus aliados), esta acción militar constituye una violación a lo dispuesto en la misma Carta de Naciones Unidas sobre la prohibición del uso de la fuerza. A ello nos abocaremos en las líneas que siguen.
Una violación a una base fundacional del frágil edificio establecido desde 1945
¿Dónde encontrar algún fundamento jurídico para justificar este tipo de acción? ¿Cómo evitar a toda costa la sombra de la guerra en Irak del 2003 y descartar algunos de los argumentos (falaces) usados para justificarla? Es la tarea a la que posiblemente se aboquen desde ya algunos juristas en algunas cancillerías y en algunas otras entidades.
En efecto, ninguna norma internacional permite recurrir al uso unilateral de la fuerza en represalia a actos cometidos en el territorio de otro Estado contra su población, o en respuesta a sospechas de tenencia y de uso de armas de destrucción masiva por parte de un Estado inmerso en un conflicto interno (como el que vive Siria desde varios años). En el caso de la reciente explosión en Douma con sustancias químicas del pasado 7 de abril, ninguna investigación in situ ha permitido conocer la identidad de los responsables de este nuevo drama humano ni el origen de las sustancias químicas usadas. El equipo técnico de Naciones Unidas enviado a Siria llegó el mismo día que la fecha escogida para proceder a los bombardeos por parte de Estados Unidos, Francia y Reino Unido (véase nota oficial de la OPCW – Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons- del 14 de abril del 2018). ¿Simple coincidencia?
Como es sabido, las únicas excepciones a la prohibición del uso de la fuerza militar por parte de uno o de varios Estados contra otro Estado, las constituyen, según la misma Carta de Naciones Unidas:
– el Artículo 51 de la Carta (que prevé la figura de la legítima defensa y un mecanismo de notificación muy preciso para el (los) Estado (s) que justifiquen acciones militares recurriendo a esta figura) o bien;
– las acciones militares colectivas debidamente autorizadas por el Consejo de Seguridad, al amparo del Capítulo VII de la Carta.
Como se puede observar, no hay ninguna otra figura legal prevista para justificar legalmente el uso de la fuerza contra un Estado. Ante ello, la creatividad de algunos, beneficiados por un un sólido relevo en influyentes centros de investigación y medios de prensa, ha intentado sembrar algunas dudas en la opinión pública, como lo veremos a continuación.
Intentos de confusión pasados y recientes
La noción de «legítima defensa preventiva» o de «legítima defensa anticipada» ideada por los asesores legales del Departamento de Estado norteamericano después del 11 de setiembre del 2001 para justificar acciones armadas en diversos puntos del planeta y para darle una apariencia de legalidad a la funesta acción militar emprendida contra Irak en marzo del 2003 no es conforme a la letra del Artículo 51. Esta operación militar contra Irak constituyó una violación flagrante a la Carta de Naciones Unidas, y su principal argumento (posesión de armas de destrucción masiva por parte de Irak) una burda maniobra para engañar a la opinión pública mundial, tal y como lo evidenciaron investigaciones recientes y declaraciones de responsables políticos norteamericanos y británicos de la época. El informe Chilcot publicado en el Reino Unido en el 2016 ilustra y documenta la sórdida complicidad existente entre estos últimos (véase nota del NYtimes). Los 12 volúmenes del informe Chilcot del 2016 titulado «The Report of the Iraq Inquiry«, pueden ser consultados en este enlace oficial del Reino Unido.
Foto de los mandatarios de Reino Unido, Estados Unidos y España durante el año 2003 en el que se justificó falazmente ante la opinión pública una agresión a Irak, extraída de nota de prensa titulada «El papel de Aznar en la invasión de Irak: 11 menciones en el ‘informe Chilcot”.
Por otra parte, la invocación de la legítima defensa para justificar acciones militares en territorio sirio sin contar con el consentimiento de sus autoridades en la lucha contra el terrorismo ha sido objeto de fuertes críticas en la doctrina: a tal punto que, en julio del 2016, un manifiesto colectivo firmado por más de 200 especialistas en derecho internacional de las más diversas latitudes, denunció el carácter abusivo de esta invocación (véase nuestra nota publicada en DIpúblico, titulada «Contra una invocación abusiva de la legítima defensa en la lucha contra el terrorismo» disponible aquí).
Finalmente, el argumento oído en los últimos días de una operación basada en consideraciones «humanitarias«, según externado por la siempre original diplomacia del Reino Unido (véase texto completo del comunicado oficial), constituye una nueva evidencia de la ausencia de argumentos válidos y creíbles desde el punto de visto jurídico.
Ante otro novedoso argumento encontrado por la diplomacia británica, leemos en The Guardian por parte de un connotado especialista en derecho internacional, el Profesor Philippe Sands que:
«There is no basis in international law for arguing that a UN member state is entitled to act in the face of an ‘unreasonable veto’ at the security council, or to act by way of reprisal,” he said on Monday. “Has the UK ever made this argument before?» (véase nota de The Guardian).
La reciente discusión en el seno del Consejo de Seguridad: la diferencia entre presunciones y pruebas fehacientes sobre el uso de armas químicas
En su sesión realizada el pasado10 de abril, el Consejo de Seguridad conoció tres proyectos de resolución para investigar el origen del estallido con sustancias químicas acaecido en Douma del 7 de abril pasado en Siria y para intentar dar con la identidad exacta de las personas que las usaron: mientras Estados Unidos, Francia y Reino Unido responsabilizaron directamente a las fuerzas armadas sirias, sin haberse realizado alguna investigación in situ, Rusia y Siria denunciaron la maniobra que consiste en responsabilizar sin prueba alguna a Siria como pretexto para justificar ante la opinión pública una acción militar contra Siria (véase debate contenido en el Acta PV.8228 – versión en español, y cuya lectura se recomienda). Por parte de América Latina, participaron en el debate del Consejo de Seguridad los delegados de Bolivia y de Perú, cuyas posiciones difieren sensiblemente.
Pese a lo divulgado en la mayoría de los medios de prensa sobre esta sesión, no fueron uno sino tres los textos sometidos a votación, elaborados en aras de investigar debidamente episodios recientes acaecidos en Siria en los que se presume que se usaron armas químicas (véase nota titulada «Syria: vote on competing drafts«, editada en el sitio jurídico especializado de Whatsinblue, y disponible aquí):
– el primer proyecto de resolución, presentado por Estados Unidos, Francia y Reino Unido (S/2018/321), el cual fue vetado por Rusia, y contó con la abstención de China, logrando reunir 12 votos a favor (p.5 del Acta precitada).
– el segundo proyecto (S/2018/175) y el tercer proyecto de resolución (S/2018/322), presentados ambos por Rusia, que no lograron reunir la cantidad de votos necesarios, con 6 votos a favor, incluyendo el de Rusia y el de China (p. 9 y p.15 respectivamente).
Los textos de estas tres propuestas están disponibles en este enlace(en su versión en inglés) y la comparación entre cada uno de ellos arroja interesantes aspectos, poco discutidos y analizados en los medios de prensa. El primero de ello consta de 24 párrafos operativos, el segundo de 26 y el tercero de tan solo 7 párrafos operativos.
El jueves 12, Suecia procedió a circular una nueva propuesta: se lee en esta nota de prensa oficial de Naciones Unidas que:
«Sweden, a non-permanent Council member, on Thursday circulated a new proposal that asks for four things. It condemns “in the strongest terms” any use of chemical weapons in Syria and expresses alarm at the alleged incident in Douma last weekend; demands full access and cooperation for the OPCW fact-finding mission; expresses the Council’s determination to establish a new impartial and independent attribution mechanism, based on a proposal by the Secretary-General; and requests the Secretary-General to dispatch immediately a high-level disarmament mission to Syria«.
Responsabilizar a las autoridades sirias: el objetivo de algunos
Recordemos que hay muchas dudas sobre quiénes pueden tener algún interés particular en endosar (sin mayor prueba, ni investigación) a las actuales autoridades de Siria el uso de armas químicas:
– por ejemplo, en el 2013 unos (pocos) medios de prensa se interesaron por correos filtrados en los que se mencionaba un plan secreto de la administración del Presidente Barack Obama para endosar a las autoridades de Siria el uso de armas químicas: véase al respecto artículo titulado “U.S. ‘backed plan to launch chemical weapon attack on Syria and blame it on Assad’s regime”, retirado luego del medio que lo publicó inicialmente (MailonLine) y “capturado” por blogueros y algunos sitios como al que lo referimos en este enlace.
– por otra parte, en noviembre del 2016, un informe divulgado hizo ver que ISIS (o Daesh) es una entidad no estatal que posee también armas químicas y que las usa tanto en Siria como en Irak (véase nota del New York Times).
A raíz de un informe de inteligencia proporcionado por Estados Unidos en el caso de un episodio similar en abril del 2017 ocurrido en Siria, un reconocido académico del MIT de Massachusetts como el profesor Theodor Postol, denunció lo que denominó en sus conclusiones como:
«… an obviously false, misleading and amateurish intelligence report» (véase informe completo titulado «A Quick Turnaround Assessment of the White House Intelligence Report Issued on April 11, 2017 About the Nerve Agent Attack in Khan Shaykhun, Syria«, p.4). Como era de esperar, este tipo de disonancia en Estados Unidos no tuvo mayor eco en medios de prensa norteamericanos y/o internacionales.
Ante estas y muchas otras dudas existentes, el endoso sistemático del uso de armas químicas, sin ningún tipo de investigación, a las autoridades sirias despierta cada vez mayores sospechas, que solamente una investigación realizada in situ con expertos independientes, auspiciada por los entes técnicos de Naciones Unidas, podrá despejar.
En una interesante entrevista del programa radial «Hablando Claro» (Radio Columbia, Costa Rica) al Profesor Sergio Moya, se analizaron los diversos intereses existentes en Siria que buscan derrocar a sus actuales autoridades, próximas a recuperar su control en varias partes estratégicas del territorio sirio (véase programa del 19 de abril del 2018, disponible en este enlace).
Una legalidad internacional puesta peligrosamente en jaque
En un artículo publicado horas antes de la orden dada por el Presidente de Estados Unidos de iniciar los bombardeos en Siria, la Profesora Mary Ellen O’Connell (Universidad de Notre Dame) concluía sus reflexiones señalando que:
«In other words, he plans to violate the prohibition on the use of force to send the message of how important it is to comply with the law on chemical weapons. And he is doing so with relish as he tweets, ‘Get ready Russia, because [the missiles] will be coming, nice and new and “smart!”’. French President Macron has actually chosen to encourage Trump and Britain’s Prime Minister May is still considering options. There should, however, be only one option for States committed to the rule of law: Use the means available in international law to seek accountability for law violations. It is a dangerous moment in history to do anything else«.
(véase artículo titulado «Unlawful Reprisals to the Rescue against Chemical Attacks?«, publicado por EJIL-talk y disponible aquí).
Más recientemente, los Profesores Olivier Corten (Université Libre de Bruxelles) y Nabil Hajjami (Université de Nanterre), en su artículo titulado «Les frappes des Etats-Unis, du Royaume-Uni et de la France en Syrie: quelles justifications juridiques?» (Disponible aquí), concluyen sus reflexiones alertando que:
«… à force de multiplier les précédents dans lesquels on écarte purement et simplement le droit international au nom d’impératifs moraux ou politiques que l’on définit et interprète soi-même, la norme elle-même tend à s’estomper, si pas à disparaître. En ce sens, l’enjeu de la crise syrienne va bien au-delà de l’opportunité ou de la légitimité des frappes limitées menées contre le régime syrien le 14 avril dernier».
Una leve sensación de «déjà vu»
A raíz de un episodio ocurrido en Siria en abril del 2017, habíamos tenido la oportunidad de analizar las distintas posiciones oficiales (véase nuestra breve nota titulada «Armas químicas en Siria: Consejo de Seguridad y Estados Unidos«). En aquella oportunidad, Estados Unidos consideró contar con información suficiente responsabilizando a Siria para lanzar un ataque aéreo pocos días después de forma solitaria, a modo de represalia: esta acción militar de Estados Unidos se dio en clara violación a la legalidad internacional: remitimos al respecto al análisis del Profesor Marko Milanovic (Universidad de Nottingham) titulado «The Clearly Illegal US Missile Strike in Syria» publicado en el EJIL-Talk y disponible aquí. Este mismo académico publicó un artículo similar llegando a las mismas conclusiones luego de la reciente acción colectiva objeto de estas reflexiones, diferenciando no obstante la posición del Reino Unido con relación a la de Francia y de Estados Unidos:
«To conclude, the UK’s humanitarian intervention argument is so bad even on its own terms that it is clear why the US and France chose to stay silent – no legal argument is in their view a better option than a palpably bad one«.
(Véase su texto titulado «The Syria Strikes: Still Clearly Illegal«, publicado en EJIL-Talk y disponible aquí).
Con respecto a la discusión que se dio en aquel mes de abril del 2017 en el seno del Consejo de Seguridad, remitimos al lector a nuestra breve nota titulada «Chemical weapons in Syria and UN Security Council: no resolution adopted. Would you like to know why?» y disponible aquí. En aquella ocasión, fueron tres las versiones de proyectos de resolución que circularon. Por parte de América Latina, los delegados de Bolivia y de Uruguay fueron los invitados a externar criterios sobre estas tres propuestas (véase el texto de las tres propuestas reproducidas en nuestra breve nota titulada «América Latina durante la discusión sobre armas químicas en Siria del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas» publicada en el sitio de Ius360 y disponible aquí).
Imagen satelital del ataque en Idlib del 2017, extraída de artículo titulado «The Chemical-Weapons Attack In Syria: Is There a Place for Skepticism? The American media have excluded dissenting expert opinions in their rush to embrace Trump’s war on Syria».
Con relación a un informe de los servicios franceses de inteligencia llegando a las mismas conclusiones que las de sus homólogos norteamericanos, y que fue dado a conocer a pocos días de la primera vuelta electoral en Francia en el 2017, remitimos al lector a nuestra breve nota titulada «Syrie et armes chimiques : à propos du rapport des services secrets français«, publicada en Actualités du Droit, y disponible aquí.
Informes de servicios de inteligencia versus mecanismos internacionales de verificación: ¿hacia dónde es que vamos?
Más allá del juego político que se ha generado alrededor de la guerra civil imperante en Siria, resulta oportuno recordar que la producción, el almacenamiento y la destrucción verificada por expertos internacionales de armas químicas es objeto de una Convención sobre la Prohibición de Armas Químicas, suscrita en 1997 (véase texto completo en español). Este tratado establece un mecanismo de monitoreo y de verificación que aceptan los Estados Partes y un mecanismo de investigación internacional e independiente en caso de eventos en los que se sospecha el uso de armas químicas por parte de un Estado Parte. Este instrumento multilateral ha sido ratificado por 192 Estados, Siria incluida, con un solo Estado sin ratificarla: Israel (véase estado oficial de firmas y ratificaciones).
En el caso específico de Siria, el equipo de Naciones Unidas a cargo de monitorear la destrucción de armas químicas en suelo sirio (denominado OPCW-UN – véase sitio oficial), presentó sus respectivos informes a finales del 2014 al cumplirse su mandato en Siria.
Si hay sospechas de uso de armas químicas, el envío de una misión de investigación internacional y el trabajo de campo consumen varios meses: en el caso del evento ocurrido en Idlib de abril del 2017, el informe de la misión de expertos de Naciones Unidas a cargo de la investigación in situ fue transmitido al Consejo de Seguridad tan solo el 26 de octubre del 2017 (véase carta con texto completo del informe). Nótese que en su comunicado del 10 de abril, Brasil refirió a la necesidad de investigar el estallido con sustancias químicas en Douma y evitó endosar alguna responsabilidad (Nota 9).
A modo de conclusión: el 13 de abril del 2018 o un viernes de luto para el derecho internacional
Más allá del lenguaje diplomático con el que varios Estados han manifestado en América Latina su preocupación o su repudio a este ataque realizado en Siria (o enviado con su pesado silencio una señal que consideramos en lo personal sumamente preocupante), desde la estricta perspectiva jurídica, este nuevo episodio constituye un notable debilitamiento del ordenamiento jurídico internacional y plantea una serie de interrogantes de cara al futuro: las sospechas de algunos Estados parecieran ser una base suficiente para desafiar la normativa internacional en materia de prohibición del uso de la fuerza.
La acción realizada el 13 de abril se puede calificar como un hecho sumamente grave. A diferencia del ataque norteamericano perpetrado en abril del 2017 en Siria en respuesta al presunto uso de armas químicas en Idlib (también basado en informes de inteligencia), esta acción del 13 de abril del 2018 fue concertada por tres miembros permanentes del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas: fragiliza, como raras veces, la Carta de Naciones Unidas suscrita en 1945 y los principios básicos que contiene.
Desde la perspectiva ya no tanto jurídica sino política, no queda muy claro en qué este bombardeo puede ayudar al complejo proceso de negociación y pacificación en Siria. En la sesión urgente del Consejo de Seguridad que se reunió el mismo 14 de abril (véase Acta S/PV.8233 en español, cuya lectura integral se recomienda) se discutió y se votó un proyecto de resolución presentado por Rusia condenando el bombardeo en Siria, el cual solo contó con tres votos a favor (Bolivia, China y Rusia) y ocho en contra (incluyendo a Francia, Estados Unidos y Reino Unido). Conocido el resultado de la votación (p.23), el delegado de Siria anunció en su intervención final que:
«Algunos colegas que votaron en contra del proyecto de resolución de Rusia (S/2018/355) afirman que apoyan una solución política. Les decimos ahora, después de su voto vergonzoso en contra del proyecto del resolución, que los que votaron en contra ya no serán más interlocutores del Gobierno de Siria en ningún proceso político» (p. 26).
Notas
Nota 1: Véase el texto del comunicado oficial de prensa circulado por Costa Rica en este enlace.
Nota 2: Este comunicado de Costa Rica fue objeto de un primer artículo denunciando que Costa Rica no condenaba expresamente el ataque realizado por Estados Unidos, Francia y Reino Unido (véase notadel Semanario Universidad), para luego ser completado por una «aclaración» posterior para los lectores del Semanario Universidad, difundida unas horas después (véase nota de prensa).
Nota 3: El comunicado oficial de Argentina circulado el mismo día que el de Costa Rica se lee así: «Situación en Siria. 14 Abril 2018 Información para la Prensa N°: 149/18 Argentina renueva su firme condena al uso de armas químicas tal como ha ocurrido en los últimos días en Siria. Igualmente condena la existencia de facilidades dedicadas a su fabricación y/o almacenamiento.
En la delicada coyuntura de estas horas, Argentina hace un llamamiento a la comunidad internacional para hacer esfuerzos que permitan preservar la paz y seguridad, evitando acciones que generen una escalada de tensión y asimismo insta que se sigan caminos de diálogo en el marco de los compromisos internacionales existentes» (véase enlace oficial).
Nota 4: El comunicado de Chile se lee así: Comunicado de prensa sobre situación en Siria
“El Gobierno de Chile reitera su condena en los términos más enérgicos al criminal empleo de armas químicas en un ataque ocurrido el día 7 de abril, en Douma, República Árabe Siria.
Igualmente condena el uso de armas químicas en cualquier tiempo, lugar, circunstancias o acto, y recuerda que esta conducta atenta contra el derecho internacional y, en especial, contra los derechos humanos.
Tal como lo ha señalado el Secretario General de Naciones Unidas es imprescindible que las potencias internacionales pacten un mecanismo que permita evitar el uso de armas químicas y establezca responsabilidades por el uso de armas químicas en Siria. En el cumplimiento de esta misión ningún país puede eludir su responsabilidad.
Debemos hacer todos los esfuerzos para evitar que la crisis de Siria genere una escalada de violencia y se transforme en una crisis regional o global, que afecte a más seres humanos y debilite la paz. Hacemos por tanto un llamado a ejercer la mayor prudencia en estas acciones» (véase enlace oficial).
Nota 5: El comunicado oficial de México se lee de la siguiente manera: «Posición de Méxicorespecto a la situación en Siria Comunicado No. 94.- El Presidente Enrique Peña Nieto indicó durante su intervención en la sesión plenaria de la VIII Cumbre de las Américas que México reitera su más amplia condena al uso de las armas químicas.
México hace votos para que sea a través del derecho internacional y los instrumentos multilaterales como se ponga fin al uso de este tipo de armamento de tan crudas consecuencias.
Con respecto a los acontecimientos de ayer por la noche en Siria, el Presidente Enrique Peña Nieto indicó durante su intervención en la sesión plenaria de la VIII Cumbre de las Américas que México reitera su más amplia condena al uso de las armas químicas.
Asimismo, señaló que México hace votos para que sea a través del derecho internacional y los instrumentos multilaterales como se ponga fin al uso de este tipo de armamento de tan crudas consecuencias» (véase enlace oficial).
Nota 6: El comunicado oficial de Perú del 14 de abril se lee así: «Comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores sobre la situación en Siria MRELima, 14 de abril de 2018 Comunicado Oficial 010 – 18
En relación a las recientes acciones en Siria, el Perú expresa su profunda preocupación y hace un llamado a la moderación a todos los actores concernidos a efectos de evitar un escalamiento que ponga en riesgo la paz y la seguridad internacionales.
El Perú condena el empleo de armas químicas y considera que toda respuesta a estos crímenes atroces debe ajustarse al derecho internacional, por lo que apoya el despliegue de una misión de investigación de la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas (OPAQ) a Siria, y considera urgente que el Consejo de Seguridad establezca un mecanismo que permita la identificación y procesamiento de los responsables
El Perú, como presidente del Consejo de Seguridad, está trabajando por una solución política al conflicto en Siria, así como por la protección de civiles, de manera consistente con la Carta de las Naciones Unidas y el derecho internacional.
El Perú apoya la disposición del Secretario General de las Naciones Unidas de interponer sus buenos oficios y considera necesario y urgente establecer un mecanismo de atribución de responsabilidades sobre la utilización de armas químicas en Siria» (véase enlace oficial).
Nota 7: El texto emitido por Venezuela el pasado 14 de abril se lee así: «Venezuela repudia ataque perpetrado por Estados Unidos, Francia y el Reino Unido contra Siria
El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela repudia y condena enérgicamente el hostil ataque militar perpetrado por Estados Unidos, Francia y el Reino Unido, contra el territorio y el hermano Pueblo de la República Árabe de Siria.
Una vez más, Estados Unidos y algunos de sus aliados, desconocen los principios y normas más elementales del Derecho Internacional, al emprender una acción unilateral, sin su discusión y aprobación en el seno de los órganos facultados para ello de las Naciones Unidas. Con el uso unilateral e ilegal de la violencia, los países atacantes violan abiertamente la soberanía, el derecho a la vida y todos los derechos humanos del hermano Pueblo sirio.
La República Árabe Siria ha sido atacada a pesar de que la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas (OPAQ), aún no ha enviado a sus equipos de expertos al terreno, para investigar el supuesto uso de armas químicas por parte del ejército sirio. La apresurada operación militar de Estados Unidos, recuerda la catastrófica invasión a Irak en 2003, justificada con el pretexto de la necesaria neutralización de armas de destrucción masiva que, tras meses de muerte y caos, reconocieron no haber localizado jamás.
El Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, en nombre del Pueblo y Gobierno venezolanos, expresa su absoluta solidaridad con el Pueblo y gobierno sirios por las pérdidas de vidas, heridos y daños materiales, como consecuencia de este ataque despiadado e injustificado«.
Nota 8: El texto emitido por Cuba (véase enlace oficial) el mismo 13 de abril se lee de la siguiente manera: «Declaración del Gobierno Revolucionario de la República de Cuba
El Gobierno Revolucionario de la República de Cuba expresa su más enérgica condena por el nuevo ataque perpetrado por los Estados Unidos y algunos de sus aliados, en la noche de este 13 de abril contra instalaciones militares y civiles en la República Árabe Siria, utilizando como pretexto el supuesto empleo por el Gobierno sirio de armas químicas contra civiles.
Esta acción unilateral, al margen del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, constituye una flagrante violación de los principios del Derecho Internacional y de la Carta de esa organización y constituye un atropello contra un Estado soberano, que agudiza el conflicto en el país y en la región.
Los Estados Unidos han atacado a Siria sin que se haya demostrado la utilización de armas químicas por parte del gobierno de ese país y a pesar de que la Secretaría Técnica de la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas (OPAQ), ha informado que desplegará en breve un equipo de la Misión de Investigación de Hechos para inspeccionar de inmediato la localidad de Duma, como habían solicitado Siria y Rusia.
Cuba, signataria original y Estado parte de la Convención sobre Armas Químicas, rechaza firmemente el empleo de esas armas y de otras de exterminio en masa, por cualquier actor y en cualquier circunstancia.
El Gobierno Revolucionario expresa su solidaridad con el pueblo y gobierno sirios por las pérdidas de vidas y daños materiales, como consecuencia de este ataque atroz«.
Nota 9: El comunicado oficial circulado por el Palacio del Itamaraty en Brasil con fecha del 10 de abril (véase enlace oficial) se lee de la siguiente manera: Nota 86 «Noticias de uso de armas químicas contra civiles en Douma, Siria 10 de Abril del 2018 – 12:11 El Gobierno brasileño expresa su grave preocupación por las alegaciones de uso de armas químicas contra la población civil de Douma, Siria, el 7 de abril.
Al exhortar el establecimiento de investigación en el ámbito de la Organización para la Prohibición de Armas Químicas (OPAQ), el Gobierno brasileño reitera su repudio al uso de armas de destrucción masiva, cualquiera que sea su motivación«.
(*)Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR).
Los sindicatos conocemos que el Estado costarricense está en una crisis producto de déficit fiscal, pero no podemos coincidir posiblemente en las causas que han llevado a esta situación la finanzas públicas y que podrían generar una crisis que implicaría efectivamente el cierre de instituciones y plazas, servicios por falta de dinero.
Pero nos extraña que sus soluciones sean para que los trabajadores paguen los platos rotos además de irónicamente aplicar una “regla fiscal” que precisamente pretende disminuir el gasto público reduciendo servicios y cerrando plazas a la fuerza, el anhelo neoliberal de achicar un Estado que curiosamente está por debajo del promedio de la OCDE.
La insistencia de los poderosos y sus representantes es que no haya nada que afecte la competitividad internacional del país, por eso existe el escandaloso delito fiscal que incluye exoneraciones que de no existir resolvería drásticamente el problema del déficit.
Sabe usted que en economía no hay una sola solución de los problemas pero por alguna extraña razón lo que parece su “visión” es imponernos a la sociedad el recrudecimiento de un sistema fiscal en el cual los ricos pagan como pobres y los pobres como ricos.
Lo decente y honorable es que quien obtiene más recursos pague más, pero eso es mala palabra en el lenguaje de los poderosos, incluso llegan a ridículos injustificables como oponerse a la factura electrónica, al control de pasajeros en los autobuses, a mejorar la recaudación, lucha ferozmente por buscar portillos en la legislación vigente, efectivamente desastrosa para el control, contra el fortalecimiento de personal y modernización del Ministerio de Hacienda, demostrándonos que la tal ética empresarial es puritico discurso hueco.
Este su gobierno y el que sigue prefirió buscar las “fáciles” soluciones que tendrán consecuencias directas en el deterioro del nivel de vida de la población, especialmente los de menos recursos, un ejecutivo que prefirió darnos palo en sus nuevas reglas que también dañarán nuestros ingresos familiares en lugar de buscarnos para construir soluciones conjuntas.
Podríamos coincidir con usted en la preocupación pero su solución “la voló”, quizás comprendamos que su nivel de vida poco se afectará con esta, nosotros que sí dependemos de un salario podemos defendernos de sus iniciativas, es nuestro derecho aunque le parezca extraño a todo el cuerpo ministerial y diputadil.
¡Esa cucharada a la fuerza no la vamos a tomar!
(*)Secretario general, Central General de Trabajo.
