Académicos presentaron libro que analiza el fútbol desde las Ciencias Sociales.
Obra disponible en internet para su descarga.
Alguien podría pensar que son personajes de cuentos distintos: política y fútbol. Pero Willy Soto, funcionario de la Universidad Nacional (UNA), junto a otros académicos, nos demuestra que son manifestaciones humanas inseparables la una de la otra. Lo hace en el libro de su coautoría, Política Global y Fútbol: el deporte como preocupación de las Ciencias Sociales. “El libro pretende brindar aristas del fútbol tomado como objeto social, poniendo al descubierto aspectos relevantes que el espectador de un partido no está acostumbrado a ver. Es un esfuerzo colectivo e interdisciplinario de visibilizar lo que generalmente no vemos, de llamar la atención al lector y al aficionado acerca del telón de fondo que envuelve el deporte más popular del mundo”, comentó Soto durante la presentación de la obra el pasado 7 de junio.
“Alrededor del fútbol se encuentran temas como género, economía, violencia, farándula, política, diferenciación de estratos sociales, inclusión, corrupción; por lo que iniciativas como la producción de este libro propician un diálogo de saberes interdisciplinarios y la profundización de tópicos más allá de los deportes”, agregó Ana María Hernández, rectora adjunta de la UNA.
Geopolítica y geoeconomía del fútbol, actores internacionales en el mundo del fútbol, el FC Barcelona y el nacionalismo catalán, el fútbol como instrumento de política internacional y de soft power brasileño, el deporte blanco y el blanco deportivo mexicano, identidad nacional y nacionalismos en el fútbol, la FIFA: ¿del “fair play” a una estructura de crimen organizado?, anatomía animal y humana: biocinemática de la locomoción en galgos y futbolistas, política y economía en el fútbol: hacia una cultura de triunfo colectivo, encuentro atlético de toros y equinos: una propuesta de cultura científica a propósito del fútbol, lo que buscan los futbolistas: ¿quieres títulos, dinero o inmortalidad? Estos son algunos de los títulos de artículos y capítulos que componen la obra en mención.
Los coautores disponen de un link para descargar la obra en internet. Este es https://bit.ly/2M3PnbL
La Escuela de Relaciones Internacionales y el Instituto de Estudios Sociales en Población (IDESPO), entes de la UNA, apoyaron esta iniciativa. Finalmente, el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) asumió la tarea de brindar su sello editorial y de darle amplia difusión a nivel regional.
*Información: Oficina de Comunicación UNA, tel. 2237-5929 / 2277-3067*
Enviado por Msc. Efraín Cavallini Acuña, Asesor Comunicación, Rectoría UNA.
El auxilio de cesantía está establecido en la Constitución como una indemnización por despido injustificado (art. 63), y en el Código de Trabajo (arts. 29 y 30) se reguló a partir de dos criterios: la antigüedad de la persona trabajadora en su empleo y su salario. A partir de esos dos criterios se calcula el monto que se debe pagar a la persona trabajadora.
En 1943 cuando se promulga el Código de Trabajo se estableció que ese auxilio de cesantía no superaría los 8 años de antigüedad (art. 29 inciso 4). Ese tope de cesantía es tan arbitrario como haber establecido 3, 9, 15 o sin límite de años, es decir, reconocer una indemnización conforme a la antigüedad que efectivamente haya laborado la persona trabajadora ¿Cuál fue el criterio para determinar ese tope de cesantía? Ninguno. El tope se estableció como una estrategia para que los empleadores, que nunca habían tenido un Código de Trabajo en Costa Rica, no lo rechazaran de plano. Es decir, el tope fue una decisión política tomada por la Asamblea Legislativa en ejercicio de sus competencias constitucionales.
Hasta aquí tenemos tres características:
La cesantía estaba planteada como una “expectativa de derecho”, es decir, como una indemnización que puedo ganar o perder dependiendo de la razón por la que termine la relación laboral. Pierdo la cesantía si incurro en una causal de despido o si renuncio al empleo. Y me la pagan si la relación laboral termina sin responsabilidad del trabajador (despido sin causa), por pensión, o por culpa del empleador.
Hay dos criterios para calcularla: antigüedad y salario promedio devengado.
Se estableció un tope de 8 años tan arbitrario como cualquiera.
¿Qué ha dicho la Sala Constitucional sobre la cesantía?
En síntesis, la posición de la Sala Constitucional, en el mejor de los casos, ha sido cantinflesca. Es decir, podemos decir que se traduce en un “ni si, ni no, sino todo lo contrario”. A nuestro juicio la posición de la Sala Constitucional se puede resumir en lo siguiente:
LA CESANTÍA SE PUEDE PAGAR EN CUALQUIER CASO, INCLUSO EN CASO DE RENUNCIA, EN PARTICULAR PARA LOS SOLIDARISTAS DEL SECTOR PÚBLICO O PRIVADO, PERO NO SI ESTO SE ESTABLECE POR MEDIO DE UNA CONVENCIÓN COLECTIVA DE TRABAJO EN NEGOCIACIÓN CON LOS SINDICATOS.
Durante la discusión de la Ley de Protección al Trabajador, muchos-as participamos en las discusiones previas (durante la Concertación Nacional), así como en los procesos de negociación, adentro y fuera de la Asamblea Legislativa. De manera que tuvimos oportunidad de estar metidos en la “cocina” de la elaboración de esa importante Ley. Dos de nosotros (el maestro Mario Alberto Blanco Vado) y quien escribe estas líneas, teníamos una preocupación: Si la constitución establece el auxilio de cesantía como una indemnización que se paga en caso de despido injustificado, ¿no sería inconstitucional que se pagara, en cualquier caso, incluyendo renuncia y despido justificado? Nuestro temor era que, si parte de la cesantía se transformaba en un derecho adquirido, es decir, que el trabajador lo recibiera sin importar la razón de la terminación laboral, eventualmente la Sala Constitucional declarara esa parte inconstitucional. Por eso hicimos mil malabares hasta llegar al acuerdo de que lo que íbamos a hacer era reducir la cesantía (del 8,33% por mes laborado al 5,33% por mes laborado), y la diferencia del 3% se constituiría en una carga laboral nueva denominada Fondo de Capitalización Laboral, que el patrono pagaría mes a mes, sin límite de años, y que el trabajador retiraría al finalizar la relación laboral por cualquier causa, e incluso antes, cada cinco años. Así quedó en la ley finalmente aprobada. Cuando el tema se consultó a la Sala Constitucional, este tribunal dijo que los que habíamos hecho esa maniobra (¡me doy por aludido!), habíamos hecho algo innecesario, ya que la Constitución Política no impide que el auxilio de cesantía se pague en otros casos distintos al despido injustificado. Es decir, la Sala Constitucional en su voto 2000-643, señaló que es posible pagar la cesantía en caso de renuncia al empleo o despido justificado, pero que lo que exige la Constitución es que en caso de despido injustificado se pague siempre:
“En contraste con el criterio que ha venido prevaleciendo en la discusión del proyecto consultado, para este tribunal el artículo 63 constitucional no prohíbe que se otorgue el llamado auxilio de cesantía aun en hipótesis en que no hay despido «sin justa causa». Lo que sí manda, con carácter supremo, diríase, es que siempre que el despido sea incausado, procede la indemnización”. (Sala Constitucional, voto no. 2000-00643, considerando III).
De tal manera, la Sala, a la luz de los vientos que soplaban fuerte a favor de la Ley de Protección al Trabajador (arts. 18 inciso c y 21 incisos b y c), estableció que la cesantía se puede transformar en un derecho adquirido, que incluso pagarse en caso de despido sin justa causa. Siguiendo esta idea, La Ley de Asociaciones Solidaristas había establecido desde 1984, que la cesantía acumulada en el fondo de cesantía, la recibiría el trabajador en cualquier caso. Otro tanto han hecho convenciones colectivas. Estos instrumentos, según el artículo 62 constitucional TIENEN FUERZA DE LEY, y no de ley entre las partes como en ocasiones se dice. Las partes de las convenciones son el empleador y los sindicatos firmantes. Los-as trabajadores-as no son parte de la convención, ni los afiliados a los sindicatos ni los afiliados a ellos, pero a todos-as se les aplica obligatoriamente el convenio precisamente porque tiene fuerza de ley.
Sin embargo, de nuevo siendo fiel a los vientos políticos que soplan actualmente, en una sentencia reciente (7690-2018) sobre la convención colectiva de trabajo del Sistema Nacional de Radio y Televisión (SINART), se declaró inconstitucional el pago de cesantía en caso de renuncia. No importó que se haya establecido por medio de una convención colectiva que tiene fuerza de ley según la Constitución ni que se fundamentara en el la jurisprudencia de la propia Sala Constitucional (2000-00643). De forma tal que podemos sintetizar la jurisprudencia de la Sala Constitucional en que se puede pagar la cesantía en cualquier caso, incluso en caso de renuncia, en el sector público y privado, sobre todo si se es solidarista, pero no si se es sindicalista, es decir, si se negocia por medio de una convención colectiva de trabajo.
El favoritismo hacia el solidarismo nos lleva 30 años atrás, cuando Costa Rica fue condenada por la OIT por tener un sistema de cesantía mejor para los solidaristas y peor para los sindicalistas (OIT, 1991, Informe sobre el Solidarismo en Costa Rica. Debate Laboral. Revista Americana e Italiana de Derecho del Trabajo, San José: 8-9).
LA CESANTÍA SE PUEDE PAGAR SIN LÍMITE DE AÑOS, EN EL SECTOR PÚBLICO Y EN EL SECTOR PRIVADO, SI SE ES SOLIDARISTA O SI SE ESTABLECE POR LEY, PERO NUNCA SI SE HACE POR CONVENCIÓN COLECTIVA DE TRABAJO. TAMBIÉN SE PUEDE PAGAR UNA CESANTÍA QUE IGNORE TOTALMENTE LOS CRITERIOS DE ANTIGÜEDAD Y SALARIO DEVENGADO POR LOS TRABAJADORES, SI LA CESANTÍA SE ESTABLECE PARA PRIVATIZAR UNA INSTITUCIÓN PÚBLICA.
El tope de 8 años de cesantía fue modificado en Costa Rica por diversos mecanismos, logrando topes mayores que van de los 9 años al pago sin límite de años. Esto se ha hecho por diversos mecanismos. Veamos algunos:
La ley de asociaciones solidaristas (art. 18 inc. B) establece el pago de auxilio de cesantía sin límite de años, es decir, si una persona trabaja 40 años para una institución pública o para un empleador privado, tiene derecho a 40 años de auxilio de cesantía.
El Estatuto de servicio civil (art. 37 inc. f y 47) establece que, si un trabajador es despedido por reestructuración institucional, tiene derecho a la cesantía por todos los años laborados, es decir, sin límite de años.
La misma Ley de Protección al Trabajador que transformó una parte del auxilio de cesantía en el Fondo de Capitalización Laboral que deposita mes a mes el empleador sin límite de años en una cuenta a nombre de la persona trabajadora.
La Reforma Procesal Laboral (Código de Trabajo reformado por la RPL, art. 576) establece que si un trabajador-a protegido-a por fuero especial, obtiene una sentencia que anula el despido y ordena su reinstalación en el empleo, la persona trabajadora puede sustituir su reinstalación con el pago de auxilio de cesantía sin límite de años.
Por convenciones colectivas se ha roto el tope de cesantía, estableciendo topes mayores a 8 años, incluso estableciendo la cesantía sin límite de años, es decir, por todo el tiempo efectivamente laborado.
En todos estos casos el auxilio de cesantía se calcula en función de los criterios definidos por el Código de Trabajo: antigüedad y salario devengado por la persona trabajadora.
No obstante, a principios de los años 2000, la convención colectiva del INCOP estableció una norma muy especial, ya que no solo rompió el tope de cesantía estableciéndolo en 12 años, sino que además estableció que, si la relación laboral terminaba por privatizarse el INCOP (cosa que finalmente sucedió), los trabajadores-as recibirían un auxilio de cesantía ADICIONAL a los 12 años establecido en una tabla que iba de los US$6.000 si se tenía un año de antigüedad hasta llegar una cesantía ADICIONAL de US$50.000 si se tenía treinta años de antigüedad.
Curiosamente los que venían impugnando el contenido de convenciones colectivas de trabajo (el entonces Defensor de los Habitantes y algunos diputados), nunca se atrevieron (¡o quizás se olvidaron!) de impugnar esa cesantía adicional. Sin embargo, como esa cesantía adicional se pagaba con fondos públicos que debían ser incluidos en el Presupuesto de La República, un grupo de diputados sí consultó sobre la constitucionalidad de ese pago. Al respecto, la Sala Constitucional resolvió la consulta de la siguiente manera:
“V.- CONVENCIÓN COLECTIVA Y FUNDAMENTO DE LA TRANSFERENCIA. En criterio de los consultantes la celebración de un acuerdo entre los diversos sectores involucrados en el fortalecimiento y modernización del INCOP y la posterior adición a la convención colectiva para agregar la indemnización consultada a los trabajadores cesados de esa entidad, no son suficientes para dar sustento a tal beneficio extraordinario o gratificación. En lo atinente a este punto, en el considerando IV ya se expusieron las razones por las cuales este Tribunal no entiende que la indemnización adicionada a la convención colectiva sea una suerte de regalía o liberalidad singular y, por ende, inconstitucional. La norma presupuestaria consultada no es atípica, puesto que, la indemnización se encuentra adicionada a la convención colectiva de la institución en beneficio de los trabajadores, siendo que ésta tiene, según lo dispuesto, en el numeral 62 de la Constitución Política, fuerza de ley”.
Es decir, la Sala Constitucional en esa ocasión señaló que bastaba que tal cesantía adicional estuviera incluida en una convención colectiva de trabajo para que fuera constitucional.
Poco tiempo después, la Sala Constitucional declaró inconstitucional una norma de la Convención Colectiva de Trabajo de la Junta de Protección Social (JPS), que copiaba casi literalmente la norma del Estatuto de Servicio Civil, es decir, señalaba que si la institución era reestructurada los-as trabajadores-as recibirían el auxilio de cesantía sin límite de años, es decir, se pagaría reconociendo todos los años efectivamente laborados por las personas trabajadoras. En este caso, la Sala Constitucional declaró inconstitucional la norma de la convención colectiva por irrazonable y desproporcionada (06727-2006). Finalmente, por muchos años, de una forma absolutamente arbitraria, los magistrados de la Sala Constitucional decidieron (¡¡¡o legislaron!!!) un nuevo tope de cesantía que fijaron en 20 años, manteniendo que, a “ojo de buen cubero” ese era un tope razonable.
Pero el tema no terminó ahí. Igual que en los últimos días, la arbitrariedad y la ausencia absoluta de criterios de los magistrados-as constitucionales en aquel momento generó una gran indignación en los sindicatos, que se manifestaron frente a la Corte Suprema de Justicia. Me tocó a mí, redactar un documento que le fue entregado a los-as magistradosas de esa Sala, que el 7 de junio del 2006 tuvieron la deferencia de recibirnos en una delegación (salvo Luis Paulino Mora Mora que estuvo ausente). En esa ocasión, me tocó exponer el documento, en el que se subrayaba la arbitrariedad y la contradicción de la Sala Constitucional en lo que al auxilio de cesantía se refiere. Para ejemplificarlo inventé un caso hipotético de dos personas trabajadoras, que ingresaron a trabajar el mismo día, uno en la Junta de Protección Social y otro en el INCOP, los dos tuvieron siempre el mismo salario y los dos fueron despedidos por reestructuración (en caso del trabajador de la JPS) y por privatización (en el caso del INCOP), de manera que se aplica la cláusula de ruptura de tope de cesantía sin límite de años en la JPS y la cláusula de cesantía adicional en el INCOP. El resultado fue el siguiente (calculando la cesantía en ambos casos a razón de un mes por año laborado para facilitar el cálculo), todo lo cual les fue expuesto a los-as magistrados-as:
De forma tal que para la Sala Constitucional era constitucional que luego de un año se pagara US$5.255 y no los US$255 que establece el Código de Trabajo y la Convención Colectiva de la JPS. A la vez, para la Sala Constitucional era constitucional que con 30 años de antigüedad se pagara una cesantía de US$55.108 por la cesantía de 13 años más la cesantía adicional en el INCOP, PERO ERA INCONSTITUCIONAL PAGAR US$11.787 por la cesantía sin límite de años. ¿Cómo se puede explicar eso? En aquella ocasión le manifestamos a los magistrados-as, que, desde nuestro punto de vista, para la Sala Constitucional era posible justificar constitucionalmente tal arbitrariedad siempre y cuando sea pagara con la finalidad de privatizar una institución pública.
Luego de exponerles este caso, nos retiramos sin mayores expectativas. Sin embargo, algo extraordinario pasó. Un par de meses después nos notificaron el texto completo de la sentencia (2006-06727) que declaraba inconstitucional la cláusula de la convención colectiva de la JPS, pero, ¡¡¡engrapada a esa sentencia venía otra sentencia de la Sala Constitucional (2006-14423), en la que, de oficio, anulaba la primera sentencia y declaraba constitucional la cláusula que establecía la cesantía sin límite de años por reestructuración en la JPS!!!
Es decir, en aquella ocasión, la vergüenza pudo más que la arbitrariedad. Aunque bien podría haber cambiado de parecer la Sala Constitucional y resolver a partir de criterios y n a partir de los gustos personales. Podría, por ejemplo, haber asumido los criterios que establece el Código de Trabajo: antigüedad y salario, de manera que era absolutamente posible y razonable declarar inconstitucional la cesantía complementaria de la convención colectiva del INCOP, ya que esta no tiene ninguna relación ni con el salario ni con la antigüedad. ¡Esto, sin embargo, hubiera impedido la privatización del INCOP!
Pero haciendo gala de jurisprudencia “ventolera” y no basada en criterios, en la actual coyuntura donde los vientos políticos soplan en contra de lo público y en particular de los empleados-as públicos-as, en una nueva pirueta jurídica la Sala Constitucional vuelve a fallar (¡¡¡legislar!!!) y dice que la nueva proporcionalidad y razonabilidad para el tope de cesantía la encuentra en 12 años y ya no en 20. Advirtiendo quizá su arbitrariedad trata de disfrazarla inventando un “criterio”: ¡¡¡12 años es el 50% del tope de 8 años del Código de Trabajo!!! ¿Y bueno, y por qué no el 30, el 40, el 55 o el 100% más que lo que estableció políticamente el legislador en 1943? La arbitrariedad es evidente y tiene como consecuencia que la Sala Constitucional es la que en última instancia define las políticas públicas de negociación colectiva, en una violación directa y abierta a lo establecido en el convenio 98 de la OIT ratificado por Costa Rica, y a lo que la doctrina de los organismos de control de la OIT ha señalado sistemáticamente.
En definitiva, según la jurisprudencia “ventolera” de la Sala Constitucional:
no importa otorgar cesantías exageradas sin relación alguna a ningún tipo de criterio si es para permitir la privatización de una institución pública;
es constitucional pagar la cesantía en caso de renuncia en el sector público por medio de las asociaciones solidaristas, pero jamás por medio de convenciones colectivas negociadas con sindicatos;
es constitucional pagar la cesantía sin límite de años en el sector público por medio de las asociaciones solidaristas, pero jamás por medio de convenciones colectivas negociadas con sindicatos.
En el pasado la OIT planteo abiertamente que los fallos de la Sala Constitucional francamente generaban inseguridad jurídica. Lo peor es que esa inseguridad jurídica se genera cuando es la dirección del viento la que determina cómo resuelve la Sala Constitucional.
Creo que la pista nos la da las declaraciones de uno de los magistrados de la Sala Constitucional, cuando justificó la anulación del decreto ejecutivo que permitía la fecundación in vitro en el 2006, al decir que se dictaba el fallo porque ¡¡¡la Sala debe escuchar el clamor popular!!! Esto fue el reconocimiento expreso por parte de un juez de la República, de que sus fallos están construidos a partir de la opinión pública. Si hoy esta sopla fuerte por el recorte de derechos, el vaciamiento del derecho humano de la negociación colectiva y en contra de los sindicatos del sector público, ¿para qué necesitaría la Sala Constitucional criterios? La jurisprudencia “ventolera” camina a paso firme y así lo hará hasta que de nuevo la vergüenza de los-as magistrados prevalezca sobre la arbitrariedad, o instancias internacionales, una vez más, les enmienden la plana.
“Los comunistas consideran indigno ocultar sus ideas y propósitos. Proclaman abiertamente que sus objetivos sólo pueden ser alcanzados derrocando por la violencia todo el orden social existente. Las clases dominantes pueden temblar ante una Revolución Comunista. Los proletarios no tienen nada que perder en ella más que sus cadenas. Tienen en cambio un mundo que ganar. Proletarios de todos los países, uníos.” (Karl Marx, Federico Engels: Manifiesto del Partido Comunista).
INTRODUCCIÓN. Permítaseme hacer referencia a una expresión que empleó en Dr. y sacerdote Clorito Cruz, en una charla sobre Teología de la Liberación. “A los tibios, a Dios los vomita”. Con esta cita quiero manifestar que en los procesos históricos no se puede ser neutral, menos en las ciencias sociales, porque la neutralidad no existe. De igual forma, los Derechos Humanos, este tema traído y venido por la prensa mediática, no son neutrales, los Derechos Humanos son el resultado de la revolución burguesa. El 18 de abril de 2018, frente a las reformas que anuncia el gobierno sandinista para modificar el INSS, el sector dominante nicaragüense, logra convocar a una manifestación contra dichas medidas. Dos días después, el Comandante Daniel Ortega, presidente en ejercicio de la hermana república de Nicaragua, decide dejar sin efecto dichas reformas al INSS. Cabe entonces una pregunta sencilla: ¿Por qué y bajo qué intereses surge la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, llamando a un gran sector antisandinista a mantener una serie de demandas, que distan absolutamente de la media inicial que dio origen a esta revuelta o conspiración? No se trata en esta breve exposición de defender a unos y condenar a otros. Eso sería una lectura maniqueista de los hechos que queremos referir. Pero lo lógico pareciera ser que si inicialmente el detonante de una situación es retirado, para evitar el conflicto, la solicitud expresa de adelantar elecciones, exigir la renuncia del presidente Daniel Ortega, de la vicepresidenta, Rosario Murillo; requerir la renuncia de los diputados, dejar sin efecto al Consejo Electoral. Pedir la separación de los cuadros de dirección de la policía nacional y la renuncia en pleno Estado Mayor del Ejército, es claro que estamos ante un golpe de Estado. Ningún gobierno puede sentarse a negociar bajo esas amenazas y chantaje desproporcionado. Claro que nos duelen los muertos. Nadie puede ser indiferente a las muertes. También es claro señalar que estamos frente a una situación muy difícil, que por ahora afecta política, económica y socialmente a nuestro país vecino. Correlación de fuerzas, demandas y diálogo. Es claro pensar que las reformas a la seguridad social, con afección directa a sectores del capital, fueron los detonantes para romper los consensos históricos construidos en Nicaragua. El interés de esas medidas tenía como objetivo central atender el déficit fiscal financiero del Instituto Nacional de Seguridad Social-INSS. La reforma en concreto era subir de un 19% al 22.5% a los empresarios y de un 6.25% a un 7%, a los trabajadores. Por su parte se pensó en gravar en un 5% las pensiones de los jubilados. Bajo medidas de presión y exigencias absurdas, nadie puede sentarse a negociar. Medidas de esta envergadura, lejos de afinar los canales democráticos, contrario a lo que supone los espacios del diálogo y las sanas pretensiones de un movimiento para establecer los verdaderos mecanismos de negociación entre partes, lo que conduce es agudizar las contradicciones, a profundizar los niveles del conflicto, consecuentemente, llevar al país a los límites de una confrontación civil.
La salida del diálogo, la negociación, la resolución alternativa del conflicto y la atención de las demandas reivindicativas son puntos válidos para cualquier negociación. Los otros que hemos señalado, en los párrafos precedentes, solo suponen condiciones inaceptables en el ejercicio de la imposición y no de negociación entre el gobierno nicaragüense y su contraparte (https://m.facebook.com/story.phpstory_fbid=10213459239729381&id=1052201498). Solo basta la lectura de algunos títulos de la prensa mediática y las posiciones de otros articulistas, y se adivina el camino por donde transita esa demanda de los diferentes sectores que conspiran contra el actual gobierno, democráticamente electo (https://confidencial.com.ni/piero-coen-la-gente-exige-un-cambio-de-gobierno/). En este mismo orden, en el artículo citado, el empresario Piero Coen Ubilla, “presidente del Grupo Coen –un conglomerado de empresas con fuerte peso en los servicios financieros, la agroindustria, ganadería, el sector agrícola, bienes raíces, y soluciones de ID–“, apoya la “democratización”, pero además, aboga por una salida “rápida”, “pacífica”, y “constitucional” a la crisis política, económica y social. Argumenta asimismo que: “…la respuesta “autoritaria” del Gobierno que se “salió del control”, provocando más de 76 muertes, y abogó por una “solución rápida”, “pacífica y constitucional”, en correspondencia con las demandas de democratización que plantean diversos sectores de la población”. (https://confidencial.com.ni/piero-coen-la-gente-exige-un-cambio-de-gobierno/). Lo extraño de todo esto, aun dando por válidos los últimos datos ofrecidos por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, y otros organismo de Derechos Humanos, sobre un aproximado de 100 muertos y centenas de heridos, lo cierto es que todas sus recomendaciones fueron acogidas por el gobierno. Carlos Corea Lacayo, orienta la discusión, a través de un artículo muy ponderado, señalando que por la estructura actual del Frente Sandinista de Liberación Nacional y el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo, legítimamente electos en el último proceso electoral, no resulta fácil. Su postura la sustenta en algunos datos que vale la pena considerar en esta mesa de discusión. Indica que: “En las elecciones del 2011, 943,000 personas no votaron por el FSLN, mientras 1.569,287 lo hicieron por el FSLN. En las del 2016, el FSLN tuvo 1,806,651 votos contra 687,000 votos en contra. Como simple conclusión se puede decir claramente que hay un poco más de medio millón de personas del patrón electoral que rechazaron al FSLN en el Poder Ejecutivo y esas personas al votar en contra manifestaron su derecho democrático y constitucional de decir NO, no queremos al Frente. Ese medio millón ha estado allí por un buen tiempo pero la oposición no había encontrado la manera de unificarlo en una bandera de oposición ni de hacer que saliera a las calles (las manifestaciones de los miércoles ante el Consejo Supremo Electoral reunían entre 15 y 40 personas y daba lástima pues el jugoso presupuesto de las ONGs y partidos de oposición se esfumaba sin resultados concretos). Esta vez la oposición a través de operaciones psicológicas que se ajustan a la perfección al modelo de lo que se llama las «unidades armadas de propaganda», han hecho posible dos cosas fundamentales: agrupaciones políticas sin efectividad, sin arrastre y sin contacto popular, como en ONGs del enjambre creado y financiado por el National Endowment for Democracy (NED-ned.org)”. No estamos bajo la paranoia de la CIA, pero lo cierto es que desde la década de los ochentas, la revolución de terciopelo contra el régimen sandinista ha estado escrito. Sintetiza muy bien este momento Carlos Fonseca Terán, cuando nos dice que hoy Nicaragua está sometida a una “guerra de la quinta generación, a una guerra de manipulación de masas”. El imperialismo Norteamericano no ha cesado en su interés por derrotar al FSLN. El Plan Puebla Panamá, el Plan Colombia, los Planes de Ajuste Estructural, la urgencia de establecer para Centroamérica el Área de Libre Comercio para las Américas, forman parte de la lucha antisandinista; son parte del guion titulado: «Manual for Psychological Operations in Guerrilla Warfare». Corea, escribe: “Edgard Chamorro Coronel, Jefe de Relaciones Públicas del FDN-FARN (la contra en Honduras) lo publicó en 1983 y luego los oficiales estadounidenses en Honduras le entregaron una copia a cada comando contra para crear lo que ellos llamaron en esos días, los «guerreros políticos». Plan Nacional de Desarrollo Humano, algunas cifras. No quisiera reiterar datos o consideraciones que posiblemente serán tratadas con mayor profundidad por parte de mis otros dos compañeros de mesa, los camaradas Pablo Hernández, del Partido Obrero Socialista y el camarada Óscar Barrantes Rodríguez del Círculo Bolivariano Yamileth López. No obstante, porque tampoco se trata aquí de saturarnos de datos, me permito tomar como puntos referenciales los aporte de Paul Oquist y algunos alcances que se establecen en el Primer Congreso del FSLN. Nos dice Oquist, en atención al tema que nos ocupa, lo siguiente: «Hoy Nicaragua es un País que ha probado que es capaz de formular y lograr Objetivos Estratégicos. El Objetivo ha sido Crecimiento Económico con Estabilidad Macroeconómica, creación del Trabajo, reducción de la Pobreza y la Desigualdad. Y en todos esos flancos con Objetivos tan ambiciosos hemos avanzado desde 2007. Después tenemos los logros que ustedes conocen, los hemos visto antes: Crecimiento del promedio del 5%, mayor de Centroamérica; se han doblado las exportaciones; se han quintuplicado las Inversiones Extranjeras Directas, de 266 millones en 2006, hasta 1.4 mil millones el año pasado. La inflación es de un dígito, y bajando. Esas barras que se ven allí son de este año; este año la inflación es menor hasta ahora que en los tres años anteriores».
Las Reservas Internacionales son más de 2,000 millones de dólares. Esto, en toda la Historia de Nicaragua suma 2.8 veces la masa monetaria, permite Estabilidad Monetaria; no hay controles de Capital, no hay controles de cambio. Pueden cambiar todos los dólares, todos los euros que quieran con el Banco en el País. Estas son las grandes ventajas que tenemos. También, el déficit fiscal es 1.5% o menos, algunos años hemos tenido hasta pequeños superávit. El endeudamiento externo ha ido de 109% del PIB a 40% del PIB. Endeudamiento interno, que ha ido del PPI y los infames CENIS, han ido de 25% del PIB a 8% del PIB. Se han creado 800,000 trabajos; se ha aumentado el Sector Formal registrado en el INSS es 72%; el mayor crecimiento del Sector Formal en América Latina y el Caribe. El desempleo abierto es 6.7%… pero aquí tenemos un gran problema, que es la subutilización de la Fuerza de Trabajo. Entonces tenemos una gran demanda para trabajos formales, de 3 millones de nicaragüenses trabajando, sólo 720,000 tienen subsidios pagados, vacaciones pagadas, tienen jubilación al final de la vida laboral” (https://www.el19digital.com/articulos/ver/titulo:32708-companero-paul-oquist-expone-plan-nacional-de-desarrollo-humano-de-nicaragua-y-las-tecnologias-satelitales). Pero el gobierno sandinista, también ha apostado en otros espacios de la su economía. La distribución de tierras y titulación en la zona del Caribe, el relanzamiento de la estrategia micro para fortalecer la economía familiar, el desarrollo cooperativo. El apoyo técnico sostenido para elevar la productividad y la diversificación de su economía agrícola forman parte de una nueva visión y lógica con la cual mira el gobierno actual el desarrollo de su país. Termino esta breve exposición señalando lo siguiente: Para el sandinismo, el reto fundamental ante la nación, ante la comunidad internacional, y sobre todo ante si mismo, era el de la renovación democrática. La derrota electoral, el reconocimiento de los errores y limitaciones del pasado y la crisis del socialismo en el mundo lo enfrentaban a una crisis y a una oportunidad de proporciones históricas, que ni culminaba ni comenzaba con el Primer Congreso. Más bien, a partir de reflexiones, discusiones y acciones iniciadas a partir de la derrota en todos los niveles del sandinismo, se trató ya de adecuar el partido a las nuevas coyunturas políticas y a las necesidades sociales de las grandes mayorías nicaragüenses. Al igual que otros partidos de izquierda en el mundo, el FSLN se vio asediado, interna y externamente, para que diera paso atrás en su filosofía socialista y en su posición anti-imperialista.
Evidentemente, tanto en la definición del nuevo programa, como en la integración de la nueva dirigencia, se abrían espacios para fortalecer o para debilitar la representación de las diversas corrientes que existen a lo interno de un Frente Sandinista que es «pluri-clasista»( http://www.envio.org.ni/articulo/680). Muchas gracias y muy buenas noches. Nos quedan muchos aspectos por abordar, pero la tarea hoy, es defender la revolución sandinista, bajo el asedio, una vez más, del imperialismo norteamericano y los secuaces internos que se prestan al juego sucio de una nueva revolución de terciopelo, para asestar un golpe blando, un golpe de Estado duro.
Imagen ilustrativa tomada de la nota de Surcos titulada, Democracia en crisis en Nicaragua.
¿Por qué las organizaciones magisteriales de Honduras están en una crisis que ni sus mismas dirigencias se dan Cuenta o perciben?
Política Educativa
En lugar de conferencias en torno a la educación y sus problemas, es raro el día que no se escriban artículos y grupos sociales determinados apuntan sus dedos sobre la labor docente para excusar el fracaso educativo; pero la verdad sea dicha, mientras alguien escribe, un grupo señala y usted lo lee, lo escucha o la ve; hay bastantes niños en sus aulas sufriendo porque no entienden lo que se supone deben aprender (muchos desnutridos, hogares desintegrados, padres alcohólicos); hay maestros preocupados por el siguiente período de exámenes; y hay gente con títulos universitarios sin empleo o subempleada.
Lo lamentable, es que ya sabemos sobradamente el problema de la educación, pero el verdadero trabajo (estrategia) debería ser ¿cómo resolverlo? Antes de que alguien aventure una irritante respuesta, quiero advertir que hasta ahora nadie ha encontrado una “receta de cocina” para resolver, por lo menos, los siguientes problemas que no solo tiene Honduras, sino la gran mayoría de países de América Latina:
Confusión política y hasta de términos
La excusa común es “Los maestros son culpables del fracaso escolar”, afirmación que solo sirve para demostrar la ignorancia de quienes así piensan.
Para que nos entendamos mejor, la política del gobierno debería incluir a los actores, reglas y funciones con relación a los siguientes términos:
a. La educación es un derecho de todas las personas y función esencial del Estado, pero debiera corresponder a los centros educativos decidir y modificar los planes y programas válidos para los distintos niveles del sistema.
La educación está en crisis, pero ¿los niños asisten a los centros de enseñanza para que los eduquen? Similar es el caso cuando el padre se queja de que su hijo dice “malas palabras”, pero solo repite lo que oye en su casa. ¿Será que los docentes repiten los errores que manda el Ministerio de Educación se enseñen y los propios que tienen los periodistas, padres de familia y la sociedad en general?
La sociedad es beneficiaria de la educación, pero los alumnos no tienen el derecho de aprender a su propio ritmo, con sus propios errores y bajo sus propias necesidades.
¿Tienen sentido las evaluaciones en el aprendizaje, si no se adaptan a los procesos cognitivos, si no responden correctamente a partir del parámetro de quien diseñó la prueba, y si no se da al alumno la oportunidad de aprender de su error con lo que se pierde el valor de la evaluación?
b. La enseñanza es una aplicación de los planes y programas de estudios, labor que recae como responsabilidad directa a los docentes (maestros y/o profesores); por supuesto, ellos reproducen los errores y horrores de los planes y programas cuando son elaborados por burócratas, “técnicos o expertos” de la Secretaría de Educación. Por eso, los docentes deben ser un puente entre la educación y la sociedad. ¿Será que los docentes no sabemos enseñar cómo se debe o como quiere el Ministerio de Educación?
c. El aprendizaje es un proceso neurocognitivo y evolutivo centrado en el alumno, especialmente en su cerebro, que se alimenta no solo de la enseñanza que brinda la educación, sino del contexto donde vive. Erróneamente se dice que se aprende en la escuela, pero en realidad el cerebro aprende en todos los ambientes en que se encuentre, esto incluye la televisión, las redes sociales, el arte y hasta los errores (de todos).
Entonces, los problemas de educación son del Estado y de los diseñadores curriculares, incluido el fracaso escolar; mientras que muchos de los problemas de aprendizaje son en realidad errores de enseñanza; además, ¿habrá problemas en el proceso de aprendizaje y la inteligencia?
La memoria, clave del aprendizaje
Lo que el alumno recuerda, no es necesariamente lo que aprendió, entendiendo el aprendizaje como uso y manejo de información; considerando que la memoria (visión, audición y motores) es un proceso delicado que depende del tipo de tarea a la que se someta. En nuestro país, el mayor inconveniente está en que se usan (no inteligentemente) tareas desconectadas y sin contexto (no se usa, se borra). Es decir, memoria para un aprendizaje significativo para el alumno, no para las necesidades del diseñador curricular.
Atención
Es un proceso socialmente mal comprendido, pues no implica tener la mirada sobre algo; en vista de que el cerebro, en su proceso cognitivo, es complejo y selectivo. La mejor forma de lograr atención, es decir o presentar algo interesante.
Currículos extensos
Los diseñadores curriculares seguramente sufrieron mucho cuando fueron a la escuela, por ello diseñan planes cargados de información (¿Venganza?). Por supuesto, no han entendido el modelo de competencias, pues estas las centran en ver que programa tiene más contenido y se olvidan del alumno.
Al exceso de información se agrega un problema que atañe a quienes ejecutan los planes y programas: los errores en los libros de texto en todos los niveles educativos y no es complicado encontrarlos en los conceptos, historia y hasta en los formatos; sucede que su reproducción se perpetúa; y cuando un alumno ve algo en Discovery Channel, lo investiga en Wikipedia o lo escucha en una conferencia y le pregunta al maestro sobre quien tiene la razón, se produce un conflicto que no siempre es posible resolver.
La propuesta debería ser: diversos programas con menos contenido, más pensamiento crítico, procesos metacognitivos (Evart, 2012) y más creatividad en los recursos que se emplean.
Enseñanza de la ciencia y la tecnología
Socialmente todos están de acuerdo que la ciencia es un elemento importante para el progreso del país, por eso el Estado la incluye en la educación y, desde luego, los diseñadores curriculares; el problema es que no tenemos la capacidad de inversión en medios para hacer de la ciencia y la tecnología un negocio sustentable, como si la disponen los países desarrollados.
La enseñanza de la ciencia no debería recaer en los maestros, porque ellos no saben todo lo que domina un experto (zapatero a tus zapatos); se supone que el maestro sabe (finge saber porque todo está en un libro) neurociencia, acústica, mecánica, ortopedia, epidemiología, química, logopedia, genética, biología molecular y todas las especialidades imaginables; debiendo agregar: limpieza de mocos, escritura, dibujo de sonrisas, contador de cuentos, capacitador, líder y una enorme cantidad de actividades que no sirven para nada en la vida. Nadie es capaz de saberlo todo.
El maestro lo es todo
Desde el punto de vista de la educación y sus autoridades superiores, el maestro lo es todo: un instrumento que aplica programas, evaluaciones y hace trámites burocráticos; permite el fortalecimiento del sistema y se le confunde usualmente acusándolo de ser el causante de la crisis educativa; todos los días enseña como aprender y aprende como enseñar; moldea conciencias, apoya pensadores y está atado a las directrices del centro educativo.
Niños problema
Jean Piaget comenzó toda una revolución al afirmar que lo más importante no es el error de los niños ante las tareas, sino la lógica con la cual el niño llega a una respuesta; lo que el niño no sabe hoy, lo puede aprender mañana; es demostrar que se puede ser mejor; no importa lo que el niño es, sino lo que puede llegar a ser.
Tecnología al servicio de la enseñanza y el aprendizaje
Los mapas conceptuales, los video juegos, los materiales impresos (diseñados entre 1592 y 1670) o los audios visuales, son buenos o quizá muy buenos; pero que el niño aprenda de un programa de radio, TV o del Discovery Channel, no tiene precio. Sigamos buscando la mejor manera de enseñar, sin olvidar a los maestros que: con su voz enamoran a los alumnos, emplean toda clase de estrategias (correctas con el fin correcto), identifican hasta 8 inteligencias múltiples de un promedio de 40 alumnos, juegan beisbol en los salones u organizan debates, entre otros.
Creatividad e innovación
La creatividad, la innovación y la ciencia son la clave para salir de rezago educativo y económico de Honduras, combatiendo mitos como: “…debes hacer lo que YO te digo y como YO te lo indico” (creatividad) o “Las cosas son así porque yo lo digo” (ciencia).
Arte
El arte tiene un papel social impresionante pero nunca es bien valorado, aun cuando como herramienta en la educación es usualmente efectiva y, no puedo dejar pasar su impacto, por lo que debe estar en todos los centros educativos con obras de teatro, música, pintura y ser una experiencia de vida, tanto como la ciencia, el deporte y la lectura.
Docentes y Perspectiva Gremial
Desde hace más de veinte años, la docencia hondureña se ha desarrollado en un ambiente de políticas educativas de tibias reformas y contra reformas neoliberales; con una dinámica del gremio magisterial sumida en debates y negociaciones con los gobiernos que lo han conducido a un extremado debilitamiento, tal que en la actualidad su máximo esfuerzo está centrado en actividades de sobrevivencia. Sin embargo, la mayoría de las negociaciones y confrontaciones se han dado en el campo de la política sectaria, adquiriendo compromisos y realizando acciones inapropiadas por cuando cada uno de sus afiliados ya tenía su militancia tradicionalmente definida en alguno de los partidos existentes o, en el mejor de los casos, mantenía su espíritu e independencia sindical.
A partir de la década de 1990, empujado por agencias como el Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial y el Banco Interamericano del Desarrollo, se produjo un proceso de desmembramiento y reestructuración del Estado de Honduras. Es muy posible que estas relaciones no tuvieron una adecuada comprensión ni sobre el debate mismo que se daba entre el gremio docente, el gobierno y los organismos de crédito que condicionan el nivel de gobernabilidad del país; sin descontar las afirmaciones y argumentación retomada por el gobierno y algunos organismos internacionales como las siguientes:
Política de globalización neoliberal y predominante característica de racionalización del gasto público, descentralización administrativa, participación en la nueva “economía del conocimiento”, traslado de las responsabilidades de la educación a los 18 departamentos (direcciones) y, en menor medida, a las municipalidades (direcciones distritales); transformaciones para las cuales no estaban preparados los colegios magisteriales, no supieron asimilarlas ni fueron capaces de utilizar sana y oportunamente la concertación.
Los docentes ganan más que otros profesionales con las mismas características del mercado laboral, trabajan menos horas a la semana y tienen dos meses de vacaciones en el año.
Polarización entre profesionalización y proletarización docente, propósito nada sano ya que se llevaría al docente a un mercado de trabajo que se caracterice por su precarización y, de esa misma mala intensión, nace la referencia a los operativos de “evaluación de calidad”, dominados por una lógica cuantitativa de recoger la información y como un modo de control sobre los docentes sin tener en cuenta los cambios en las condiciones sociales y en el rol docente.
La participación de los padres para que puedan observar el desempeño docente, disminuyendo, por ejemplo, su ausentismo.
La ausencia de los docentes a clases por participación sindical se debe recuperar “con multas salariales a los profesores que participan en las huelgas (gobierno de Porfirio Lobo).
Una de las cuestiones difíciles de resolver está dada por el ingreso a la docencia, considerando que, si no se utiliza un mecanismo selectivo de ingreso, cuando se contrata al personal para trabajar una vez que estas personas ingresan, no hay forma de que las autoridades del sistema puedan deshacerse de aquellos trabajadores cuyo desempeño es notablemente pobre o, para el caso, recompensar a los que prestan un servicio extraordinario. Como una contradicción se puso de manifiesto en 2017, cuando el concurso realizado fue declarado desierto por las enormes irregularidades que se dieron, pero nadie se atreve a explicar las razones de su trasfondo.
Que “el docente pueda responder de manera efectiva a las demandas de la sociedad y establecer la carrera docente en función del compromiso y la responsabilidad por los resultados”.
Sin tener, necesariamente, una perspectiva economicista pero que contribuirían a la instalación de ideas neoliberales, el gremio docente también ha debatido, más a lo interno de sus organizaciones que para la confrontación, a la cual le tiene un enorme miedo en la actualidad, situaciones como las siguientes:
“… es necesario que el docente pueda responsabilizarse efectivamente de la satisfacción de las necesidades básicas de aprendizaje de sus alumnos”.
Hacer hincapié en que se deben modificar significativamente los estilos de planificación y administración, señalando que “la administración tiene un corte meramente tradicional en el sistema educativo; efecto contrario para el gobierno, que le impide responsabilizar a los actores por los bajos resultados del sistema.
Propiciar la participación protagónica de los docentes en los cambios que demandan los procesos de reforma. Esto implica constituir espacios, procedimientos y estructuras que faciliten su participación en los distintos niveles, en los establecimientos educativos y la comunidad local, municipal, departamental, regional y nacional.
Necesidad de impulsar procesos de descentralización, regionalización y desconcentración, de diseñar ágiles mecanismos de evaluación de resultados, de implementar programas eficaces de compensación educativa…
Mejoramiento de la capacidad de gestión y esto se daría con mayor protagonismo de la comunidad educativa local, y un papel más estratégico de la administración central, como así también, la evaluación y medición de la calidad de la educación para asumir responsabilidad por los resultados en educación y la valorización profesional de los docentes ligada al desempeño.
Uno de los factores importantes para conseguir una educación de calidad es que los centros educativos logren una creciente autonomía de su gestión y, a esto se llegaría, aplicando mecanismos de rendición de cuentas y de una progresiva delegación financiera.
Generar una cultura y práctica del análisis de información y evaluación para fomentar el desarrollo de la responsabilidad y práctica de la rendición de cuentas a la sociedad por parte de sus responsables, en relación a los resultados de la educación.
No es así como nos encontramos este 4 de junio de 2018, y después de transcurridas estas últimas dos décadas, que se suman a los 55 años de la primera, verdadera y más grande huelga magisterial como ninguna otra que registre la historia de Honduras; cuando contamos con la participación efectiva, decidida, efectiva y disciplinada de toda la docencia nacional, los estudiantes, padres de familia, las organizaciones sindicales, partidos políticos de todas las orientaciones y la mayoría del pueblo hondureño.
Este próximo 13 de junio está convocada una reunión urgente de la Asamblea General de Naciones Unidas, a solicitud de Argelia y de Turquía, para examinar la situación en Gaza y la violencia que ya enluta a más de un centenar de familias palestinas (véase nota de RTVE, España) desde el pasado 14 de mayo. A los miles de heridos provocados por la respuesta desproporcional de las fuerzas militares a las manifestaciones en Gaza, hay que añadir un mortífero saldo de 124 muertes, al 9 de junio del 2018 (véase nota de France24), y el calificativo de «crímenes de guerra» usado por una ONG como Human Rights Watch que interpela ahora a las entidades a cargo del derecho penal internacional (véase comunicado oficial del 13 de junio).
Como se recordará, el pasado 1ero de junio, un veto de Estados Unidos impidió al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas adoptar una resolución presentada por Kuwait con relación a la urgente necesidad de proteger a los civiles palestinos y sus vidas. Este proyecto de resolución se discutió ante el recrudecimiento de la violencia, el cual se originó a partir del pasado 14 de mayo, y el uso desproporcional e indiscriminado de la fuerza por parte de las fuerzas israelíes contra civiles palestinos, incluyendo a mujeres y a menores de edad.
Breve puesta en contexto
Cabe precisar que Israel y Estados Unidos escogieron el 14 de mayo, día de la proclama de independencia de Israel y víspera de la conmemoración de la Nakba para Palestina, para inaugurar oficialmente la sede diplomática norteamericana en Jerusalén, un hecho condenado por varios integrantes de la comunidad internacional, incluyendo a la Organización de la Conferencia Islámica que preside Turquía (véase declaración oficial del 15/5/2018). La declaración de Francia (véase texto) refleja la desaprobación generalizada a esta decisión norteamericana que la comunidad internacional no debiera de pasar por alto, y que ningún Presidente de Estados Unidos se había atrevido a materializar, por más solicitudes recibidas por parte de Israel.
Remitimos a nuestros estimables lectores a nuestras reflexiones publicadas en MiddleEastMonitor, bajo el título «The US Embassy move to Jerusalem: the need for a response from the international community«. Entre algunas opciones, se sugiere que Estados que aún no han reconocido a Palestina como Estado lo hagan: en el caso de España, se trata de una asignatura pendiente desde noviembre del 2014, mes en el que el pleno del Congreso de España adoptó una resolución mediante la cual “instaba” al Poder Ejecutivo a reconocer a Palestina como Estado, con 319 votos a favor, una abstención y dos votos en contra.
Foto de la delegada de Estados Unidos saliendo de la sala de sesiones del Consejo de Seguridad al iniciar su alocución el representante de Palestina el pasado 15 de mayo del 2018, extraída de nota de prensa titulada «EE.UU. se queda solo en la ONU» (La Vanguardia, edición del 16/5/2018).
Nótese que el repudio a las exacciones israelíes es cada vez mayor debido a las muertes de civiles acaecidas en los últimos días. Una de ellas siendo la de una jóven enfermera palestina de 21 años, Razan Al-Najar: fue abatida a tiros el mismo viernes 1ero de junio mientras prestaba primeros auxilios a palestinos heridos, como voluntaria médica cerca de la frontera con Gaza (véase nota de prensa de Debate en México titulada «Tenía 21 años, atendía emergencias y acabaron con su vida«). La reciente suspensión, el pasado 5 de junio, de un partido de fútbol entre las selecciones de Israel y de Argentina previsto en Jerusalén para este 9 de junio, y la anterior cancelación de un concierto de la popular cantante Shakira oriunda de Colombia en Israel (29 de mayo), evidencian este profundo repudio a Israel que, desde la sociedad civil, se manifiesta.
La resolución propuesta por Kuwait en el Consejo de Seguridad en breve
Materializado el traslado de la embajada norteamericana a Jerusalén el 14 de mayo, las manifestaciones en Palestina no tardaron, así como la violenta respuesta israelí, con un saldo de 59 muertes palestinas acaecidas el mismo 15 de mayo. Una versión inicial del texto kuwaití circuló el 17 de mayo entre las delegaciones de los Estados Miembros del Consejo de Seguridad, y dos rondas de negociaciones tuvieron lugar el 21 y el 25 de mayo en aras de revisar el texto. Un tercer borrador fue sometido nuevamente a consultas el 29 de mayo.
El 31 de mayo, Estados Unidos emitió un comunicado indicando que vetaría el texto en caso de ser sometido a conocimiento del Consejo de Seguridad, dando a conocer sus ya acostumbradas razones (que encuentran eco en una gran cantidad de medios de prensa y en analistas): véase texto del comunicado oficial del Departamento de Estado norteamericano titulado «Statement on a Draft UN Security Council Resolution on the Situation in Gaza» que concluye con una frase que intenta invertir la pérdida de credibilidad de la que sufre Estados Unidos desde varios meses: «Those who choose to vote in favor of this resolution will clarify their own lack of fitness to take part in any credible negotiations between the two parties«.
El texto finalmente puesto a conocimiento de los demás integrantes del Consejo de Seguridad y votado (véase texto en inglés reproducido al final de esta nota), incluye 16 párrafos operativos, y señala en la parte operativa que el Consejo de Seguridad:
«1. Calls for full respect by all parties for international human rights law and international humanitarian law, including in regards to the protection of the civilian population, and reiterates the need to take appropriate steps to ensure the safety and well-being of civilians and ensure their protection, as well as to ensure accountability for all violations;
«2. Deplores the use of any excessive, disproportionate and indiscriminate force by the Israeli forces against Palestinian civilians in the Occupied Palestinian Territory, including East Jerusalem, and particularly in the Gaza Strip, including the use of live ammunition against civilian protesters, including children, as well as medical personnel and journalists, and expresses its grave concern at the loss of innocent lives;»
3. Demands that Israel, the occupying Power, refrain from such actions and fully abide by its legal obligations and responsibilities under the Fourth Geneva Convention relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War of 12 August 1949;
4. Deplores any actions that could provoke violence and endanger civilian lives and calls on all actors to ensure that protests remain peaceful;
5. Deplores the firing of rockets from the Gaza Strip against Israeli civilian áreas;»
Foto tomada de artículo de prensa titulado «US vetoes Kuwait UN proposal to protect Palestinians» (The National, Emiratos Arabes Unidos).
El resultado del voto del 1ero de junio fue el siguiente: 10 votos a favor, 1 voto en contra (Estados Unidos) y 4 abstenciones (Etiopía, Paises Bajos, Polonia y Reino Unido). El voto en contra de Estados Unidos equivale a un veto, por lo que la resolución fue descartada. No obstante, la lectura detallada de su texto y su comparación con la versión inicial permiten apreciar el resultado de las negociaciones entre delegaciones y plantean algunas preguntas con relación a los cuatro Estados que optaron por abstenerse.
Otro texto, otro voto, y… un solo voto a favor
Es de recalcar que otro voto tuvo lugar el pasado 1ero de junio en el seno del Consejo de Seguridad, con relación esta vez a un texto elaborado y presentado por Estados Unidos, omitiendo, entre otros aspectos, referencias a las fuerzas israelíes y a la expresión «Palestinian civilians» y enfatizando la responsabilidad directa del Hamas (véase nota de prensa de Europe 1 y titulada «ONU: le Conseil de sécurité rejette un projet de résolution américain sur Gaza«). El texto de este proyecto de resolución norteamericano está disponible en este enlace. El resultado del voto fue de un único voto a favor (Estados Unidos), tres en contra (Bolivia, Kuwait y Rusia) y once abstenciones, por lo que este texto tampoco fue aprobado.
Con relación a este segundo voto (poco divulgado en algunos medios de prensa y omitido por algunos analistas), agradecemos sobremanera a nuestros estimables lectores proporcionarnos alguna resolución anterior del Consejo de Seguridad puesta a votación y que solamente haya recibido un voto a su favor. Estamos tal vez presenciando – sin saberlo – una verdadera «première» en toda la historia de Naciones Unidas desde 1945, y sólo con la ayuda de finos conocedores de Naciones Unidas podremos confirmarla como tal.
Por respeto a los civiles palestinos que ya no están, a su memoria, al sufrimiento que embarga a muchas familias palestinas, no reproducimos este segundo texto. El hecho que únicamente su autor haya votado a favor es ya en sí extremadamente revelador, evidenciando, además de la pérdida de credibilidad antes mencionada, que algo muy básico que se enseña en todas las academias diplomáticas se ignoró por completo por parte de la delegación de Estados Unidos: al presentar un texto a ser votado, un diplomático siempre debe ver la manera de presentarlo de forma tal que logre reunir varios votos a favor.
Los lectores interesados en entender las razones por las que este texto no logró reunir más que el voto del Estado que lo redactó, pueden examinar su contenido en el enlace antes mencionado o bien, nos lo pueden solicitar: les será remitida la versión en inglés que fue distribuida a los demás integrantes del Consejo de Seguridad (su solicitud debe ser dirigida al siguiente correo electrónico: cursodicr@gmail.com).
Más allá del triste espectáculo dado por la delegación norteamericana este 1ero de junio del 2018, cabe recordar que una situación inversa relacionada al aislamiento de Estados Unidos se vivió el 18 de diciembre del 2017. Al votarse un proyecto de resolución propuesto por Egipto (véase texto completo) condenando el traslado de embajadas a Jerusalén, el resultado de la votación fue el siguiente: 14 votos a favor y uno solo en contra (Estados Unidos). Remitimos a nuestros estimables lectores a un breve nota que elaboramos sobre este voto, disponible aquí y titulada precisamente: «Votación en el Consejo de Seguridad sobre reconocimiento de Jerusalén como capital: 14 votos y un veto«.
A modo de conclusión: un probable voto contundente en la Asamblea General
Vetada por Estados Unidos, como predecible, también lo es que esta misma resolución presentada por Kuwait sea ahora endosada por otros Estados y puesta a consideración esta vez de la Asamblea General de Naciones Unidas: esta cita está programada para el próximo Miércoles 13 de junio en Nueva York. Con relación a la presiones que deben de ejercer desde ya Estados Unidos e Israel sobre distintos Estados para que voten en contra, se abstengan o bien opten por el «No Show» durante la votación, el resultado final permitirá apreciar cuán efectivas son estas presiones.
Después del voto de 14-1 obtenido para la resolución condenando el traslado de embajadas a Jerusalen en el seno del Consejo de Seguridad del 18 de diciembre del 2017, el 21 de diciembre el mismo texto fue puesto a votación en la Asamblea General, registrándose la siguiente votación: 128 votos a favor, 9 votos en contra, 35 abstenciones y 26 «No Show» (véase comunicado oficial de Naciones Unidas). En América Latina, Brasil, Bolivia, Chile, Costa Rica, Cuba, Ecuador, Perú, Uruguay y Venezuela votaron a favor, Argentina, México y Paraguay se abstuvieron mientras que Honduras y Guatemala votaron en contra.
En el caso más específico de Centroamérica, históricamente objeto de mayores presiones en este tipo de votaciones por parte de Israel y de Estados Unidos, el resultado fue el siguiente: Costa Rica y Nicaragua votaron a favor, Guatemala y Honduras en contra, Panamá se abstuvo y El Salvador optó por el «No Show«. Menos de 24 horas después de este voto, Estados Unidos reconoció como legítimos los resultados de las cuestionadas elecciones realizadas en Honduras (véase comunicado oficial del Departamento de Estado).
Cabe señalar que la verdadera provocación que significa el traslado de la embajada de Estados Unidos a Jerusalén requería de algún tipo de decisión similar por parte de otros Estados, en aras de disimular el aislamiento de Estados Unidos: después de la inauguración de la embajada de Estados Unidos en Jerusalén del pasado 14 de mayo, procedieron de igual manera, en presencia de su respectivo Jefe de Estado que se desplazó personalmente a Israel para la ocasión, Guatemala (16 de mayo) así como Paraguay (21 de mayo).
Foto del tablero de votación del 21 de dicembre, extraída de nuestro artículo publicado en Monitor de Oriente, edición del 24 de diciembre del 2017, y titulado: «Contundente rechazo de la Asamblea General de Naciones Unidas al reconocimiento de Jerusalén como capital de Israel».
Texto del proyecto de resolución presentado por Kuwait y votado el pasado 1ero de junio del 2018 por el Consejo de Seguridad
«The Security Council,
Recalling all of its relevant resolutions, including, inter alia, resolutions 242 (1967), 338 (1973), 605 (1987), 904 (1994), 1397 (2002), 1544 (2004), 1515 (2003), 1850 (2008), 1860 (2009), and 2334 (2016),
Recalling also its Presidential Statement 2014/13 of 28 July 2014,
Bearing in mind the letter (S/2015/809) of 21 October 2015 by the Secretary-General,
Recalling also its resolutions on the protection of civilians in armed conflict, including its resolutions on children and armed conflict, including, inter alia, resolutions 1894 (2009) and 2225 (2015), as well as its relevant presidential statements, and its resolutions on the protection of medical and humanitarian personnel and on the protection of journalists, media professionals and associated personnel in armed conflicts, including, inter alia, resolutions 2286 (2016) and 2222 (2015), as well as its other relevant resolutions and presidential statements,
Reaffirming the obligation to respect and ensure respect for international humanitarian law in all circumstances in accordance with Article 1 of the Geneva Conventions,
Expressing its grave concern at the escalation of violence and tensions and the deterioration of the situation in the Occupied Palestinian Territory, including East Jerusalem, in particular since 30 March 2018, and its deep alarm at the loss of civilian lives and the high number of casualties among Palestinian civilians, particularly in the Gaza Strip, including casualties among children, caused by the Israeli forces,
Condemning all acts of violence against civilians, including acts of terror, as well as all acts of provocation, incitement and destruction,
Reaffirming the right to peaceful assembly and protest, freedom of expression and of association,
Emphasizing the need to pursue measures of accountability, stressing in this regard the importance of ensuring independent and transparent investigations in accordance with international standards,
Alarmed at the exacerbation of the dire humanitarian crisis in the Gaza Strip, and stressing the need to achieve a sustainable solution to this crisis in line with international law,
Stressing the particular impact that armed conflict has on women and children, including as refugees and displaced persons, as well as on other civilians who may have specific vulnerabilities, including persons with disabilities and older persons, and stressing the need for the Security Council and Member States to strengthen further the protection of civilians,
Recalling that a lasting solution to the Israeli-Palestinian conflict can only be achieved by peaceful means in accordance with international law and the relevant United Nations resolutions and through credible and direct negotiations,
Stressing that the Gaza Strip constitutes an integral part of the Palestinian territory occupied in 1967, Reaffirming the right of all States in the region to live in peace within secure and internationally recognized borders,
1. Calls for full respect by all parties for international human rights law and international humanitarian law, including in regards to the protection of the civilian population, and reiterates the need to take appropriate steps to ensure the safety and well-being of civilians and ensure their protection, as well as to ensure accountability for all violations;
2. Deplores the use of any excessive, disproportionate and indiscriminate force by the Israeli forces against Palestinian civilians in the Occupied Palestinian Territory, including East Jerusalem, and particularly in the Gaza Strip, including the use of live ammunition against civilian protesters, including children, as well as medical personnel and journalists, and expresses its grave concern at the loss of innocent lives;
3. Demands that Israel, the occupying Power, refrain from such actions and fully abide by its legal obligations and responsibilities under the Fourth Geneva Convention relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War of 12 August 1949;
4. Deplores any actions that could provoke violence and endanger civilian lives and calls on all actors to ensure that protests remain peaceful;
5. Deplores the firing of rockets from the Gaza Strip against Israeli civilian areas;
6. Calls for urgent steps to ensure an immediate, durable and fully respected ceasefire;
7. Calls for the exercise of maximum restraint and calm by all parties and the need for immediate and significant steps to stabilize the situation and to reverse negative trends on the ground;
8. Reaffirms its willingness to respond to situations of armed conflict where civilians are being targeted or humanitarian assistance to civilians is being deliberately obstructed, including through the consideration of appropriate measures that the Security Council may take in accordance with the Charter of the United Nations;
9. Calls for the consideration of measures to guarantee the safety and protection of the Palestinian civilian population in the Occupied Palestinian Territory, including in the Gaza Strip;
10. Calls also for immediate steps towards ending the closure and the restrictions imposed by Israel on movement and access into and out of the Gaza Strip, including through the sustained opening of the crossing points of the Gaza Strip for the flow of humanitarian aid, commercial goods and persons in accordance with international law, including as it pertains to legitimate security requirements;
11. Demands that all parties cooperate with medical and humanitarian personnel to allow and facilitate unimpeded access to the civilian population, and calls for the cessation of all forms of violence and intimidation directed against medical and humanitarian personnel;
12. Urges the provision of immediate and unimpeded humanitarian assistance to the Palestinian civilian population in the Gaza Strip, bearing in mind critical medical, food, water and fuel needs, and urges increased support to the United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East, recognizing the vital role of the Agency, alongside other UN agencies and humanitarian organizations, in providing humanitarian and emergency assistance, notably in the Gaza Strip;
13. Encourages tangible steps towards intra-Palestinian reconciliation, including in support of the mediation efforts of Egypt, and concrete steps to reunite the Gaza Strip and the West Bank under the legitimate Palestinian government and ensure its effective functioning in the Gaza Strip;
14. Welcomes and urges further engagement by the Secretary-General and the United Nations Special Coordinator for the Middle East Peace Process to assist, in cooperation with concerned partners, in the efforts to immediately de-escalate the situation and address urgent infrastructure, humanitarian, and economic development needs, including through the implementation of projects endorsed by the Ad Hoc Liaison Committee;
15. Requests the Secretary-General to examine the present situation and to submit a written report, as soon as possible, but not later than 60 days from the adoption of the present resolution, containing, inter alia, his proposals on ways and means for ensuring the safety, protection and well-being of the Palestinian civilian population under Israeli occupation, including, inter alia, recommendations regarding an international protection mechanism;
16. Calls for renewed and urgent efforts to create the conditions necessary to launch credible negotiations on all final status issues to achieve, without delay, an end to the Israeli occupation that began in 1967 and a comprehensive, just and lasting comprehensive peace based on the vision of a region where two democratic States, Israel and Palestine, live side by side in peace with secure and recognized borders, on the basis of the relevant United Nations resolutions, the Madrid terms of reference, including the principle of land for peace, the Arab Peace Initiative and the Quartet Roadmap, as called for in resolution 2334 (2016) and its other relevant resolutions;
17. Decides to remain seized of the matter.»
(*)Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR).
Imagine un área natural donde las comunidades indígenas o rurales convivan en una relación no solo armoniosa con su entorno, sino beneficiosa en ambas vías, donde se genera una economía que sustente este vínculo: ¿Un sueño lejano? ¿Una utopía?, pues esta es la realidad que actualmente se gesta con los “Geoparques” en América Latina.
Existen actualmente 140 Geoparques mundiales de la UNESCO, los cuales están distribuidos en 38 países, 4 de ellos en América Latina. Para discutir alrededor de esta figura alternativa de conservación, el pasado lunes 21 de mayo, la Escuela de Geografía recibió la visita de Dr. José Luis Palacios Prieto, del Instituto de Geografía de la Universidad de Autónoma de México (UNAM), quien impartió una conferencia sobre los “Geoparques y su Importancia en el Patrimonio Natural de América Latina”.
¿Qué no es un Geoparque? Un Geoparque no es una colección de sitios o de áreas aisladas, no es un museo geológico al aire libre, ni necesariamente, un Área Natural Protegida como la conocemos.
Un Geoparque no es sinónimo de parque geológico, o de un área con alguna característica geomorfológica sobresaliente; un Geoparque es un territorio holístico donde el manejo y la protección, así como las actividades económicas, educativas y turísticas van de la mano entre comunidad y administración. Inclusive, la administración de un Geoparque puede estar en manos de la misma comunidad, como es el caso del Geoparque de la Mixteca Alta, el cual es animado por el DR. Palacios desde la UNAM.
En América Latina, la figura de Geoparque ha mutado, y se ha adaptado a la diversidad cultural y el necesario proceso de participación social que conllevan las múltiples cosmovisiones. Es un parque creado sin imposición externa, con la participación de la gente ósea de abajo para arriba, donde puede convivir lo natural y ancestral, donde la comunidad construye su plan de manejo de manera participativa y de acuerdo también con su cosmovisión. Es un patrimonio con una serie de aspectos geológicos relevante pero conectados con otros patrimonios como la Geodiversidad y la cultura.
Y ¿qué es geodiversidad? Es la relación entre biodiversidad viva y las características geológicas de los suelos donde se desarrolló esa vida. La geodiversidad también comprende a las culturas que han leído y aprovechado estas relaciones geológicas para prosperar o destruir sus formas de vida.
¿Cómo se crea un Geoparque? Por ejemplo, el caso de la Mixteca Alta donde ha trabajado el geógrafo Palacios es una zona identificada de “desastre ecológico”, debido a la erosión tan acelerada que tiene su relieve. Esta erosión es historia y estética: el resultado de una interacción con las sociedades de más de diez mil años (http://www.geoparquemixtecaalta.org/).
Actualmente, el Geoparque de la Mixteca representa una fuente de empleo para la comunidad, así como una oportunidad para mejorar la economía local, al tiempo en que se hace un aprovechamiento del recurso didáctico para explicar la erosión y su relación con los descendientes directos de la cultura Mixteca, una de las más extensas de Mesoamérica, por su continuidad y antigüedad.
El proceso necesario para crear un Geoparque, como fue el caso de la Mixteca, es un fin y un medio en sí mismo, al poner de acuerdo 9 municipios, comunidades, socios, actores privados etc. Todo ello implica una serie de requisitos para completar y mantener una nominación oficial de la UNESCO, por lo que se convierte un proyecto de vida para el territorio y las comunidades. La gestión social se convierte en el principal reto a trabajar, pues implica ajustar tiempos, instituciones, visiones, expectativas, aprendizajes, y sobre todo, mucha creatividad y persistencia.
Si bien hay lineamientos generales para este tipo de categoría, no existe una receta única para su creación; cada territorio parece agregar alguna novedad al concepto, por lo que es una categoría en construcción, especialmente porque parte de las particularidades de la región latinoamericana.
¿Y las implicaciones para Costa Rica? Es un paso más agresivo que el llamado “co-manejo” aplicado en el Parque Nacional Cahuita, ubicado en el Caribe Sur. El Geoparque es una categoría de conservación relativamente nueva, especialmente para Costa Rica, ya que a pesar de que esta figura de protección tiene más de dos décadas de aplicación, ha sido una categoría desconocida en el país; aun cuando Costa Rica se vanaglorie de su sistema de conservación, un modelo que fue exitoso y que actualmente se encuentra en un proceso de crisis e involución.
Un Informe de la Contraloría General de la República (Nº DFOE-AE-IF-16-2014) determinó que 86 de las 128 áreas silvestres protegidas analizadas – a pesar de que en el país existen 171 áreas protegidas- cuentan con al menos una persona responsable por la gestión. En 48 de estas áreas silvestre protegidas no se cuenta con los recursos materiales necesarios para cumplir con acciones de control y protección.
En otras palabras, con base en los datos de la Contraloría, el 32,8% de todas nuestras áreas protegidas no tienen protección alguna y deben considerarse como “parques de papel” pues han sido declarados por ley o decreto, pero no cuentan con protección o administración alguna. Por ejemplo, el Parque Internacional La Amistad que el cual cuenta con casi 200 mil hectáreas, está totalmente desprotegido. El 96% de su superficie ocupa la vertiente del Caribe y cuenta con solamente 1 guardaparques para su protección.
Desde 1998 no se ha creado ninguna plaza de guardaparques, pero además los que se pensionan o renuncian no son sustituidos, esto hace que en algunas áreas protegidas la reducción de guardaparques alcance un 70%.
Sumado a lo anterior, adeudamos más de 100 mil millones en tierras que conforman parte de los parques nacionales no pagadas a sus propietarios originales. Con mil millones al año, presupuesto adjudicado al MINAE para pagar esta deuda, tardaríamos 100 años saldándola; esto sin contar intereses.
A esta crisis se le suma una serie de megaproyectos, privatizaciones, e intenciones extractivas y aperturistas sobre el Patrimonio Natural del Estado. Si bien se reconoce que hay una crisis ambiental sin precedentes fuera de las áreas protegidas, no resulta nada sensato romper el sistema de protección para extraer recursos y someter el patrimonio natural que nos queda a una mayor crisis socio ambiental. Hace falta construir visiones de Geoparque en los “parques de papel”, pero, sobre todo, fuera de las áreas que ya se encuentran “conservadas”, a fin de que no exista una visión exclusivamente conservacionista, sino más bien integracionista de las comunidades con el ambiente.
(*)Docente Escuela de Geografía y coordinador del Programa Kioscos Socioambientales de la UCR.
Acerca de las medidas que el gobierno de Carlos Alvarado anuncia ante la crisis fiscal
Luis Paulino Vargas Solís (*)
Las dimensiones de la problemática fiscal
Estas son fundamentalmente tres:
Contable: cuántos ingresos se reciben; cuántos gastos deben financiarse; cuánta diferencia hay entre unos y otros, por lo tanto, cuánto es el déficit fiscal y cuánto el endeudamiento al que deba recurrirse.
Macroeconómica: la política fiscal incide en el desempeño de la economía y la generación de empleo, pero, de vuelta, la situación de la economía y el empleo también afectan –para bien o para mal– la mayor o menor sostenibilidad de las finanzas públicas.
Social: vinculada con la pobreza y la desigualdad. La parte contable influye sobre la mayor o menor capacidad de las instituciones públicas para desarrollar sus políticas sociales. Lo macroeconómico también afecta, sobre todo en lo atinente a la generación de empleos suficientes y de la adecuada calidad. Pero, a su vez, la desigualdad social y la pobreza son, con toda seguridad, factores que a su vez inciden en la solidez de las cuentas fiscales.
El énfasis excesivo del gobierno de Carlos Alvarado en lo contable
En cambio, hay total despreocupación sobre la dimensión macroeconómica y apenas algunas superficiales referencias, mencionadas solo por compromiso, con lo social.
La obsesión por las sumas y las restas está siendo convertida por las élites en signo de buenas maneras y corrección: ser hoy “políticamente responsable” es andar con una calculadora en la mano. Pero, además, ello impone un sentido de urgencia que da por cancelada cualquier consideración que no atienda a cómo lograr, en lo inmediato, reducciones de gastos y aumentos de ingresos.
Una grande y peligrosa omisión
Mucho más importante que la faceta contable, es el contexto en el que germina, se potencia y perdura (por ya casi diez años) el problema fiscal. Y ese contexto atiende, sobre todo, a determinadas evoluciones de la economía, las cuales influyen decisivamente tanto en el origen como en el posterior agravamiento de este problema. Durante este tiempo, los sectores más dinámicos –telecomunicaciones, finanzas y zonas francas incluidos servicios empresariales– se caracterizan por su muy limitada capacidad de generación de empleos, y, a veces, también su limitadísimo aporte a los ingresos fiscales. Los sectores que sí aportan más empleo y pagan más impuestos –agricultura, industria manufacturera, construcción– tienden a estancarse y, en consecuencia, pierden capacidad para la creación de puestos de trabajo y para la tributación. De ahí que, por otra parte, una cantidad enorme de personas trabajadoras migran hacia la informalidad laboral, o sencillamente son expulsadas de los mercados laborales remunerados.
Súmese la persistencia de altos niveles de fraude fiscal y una cantidad de exoneraciones difícilmente justificables. En ambos casos se necesitan reformas legales y en el primero también un enérgico esfuerzo nacional y de cooperación internacional. No esperemos milagros, porque sencillamente éstos no existen.
La consecuencia, por cualquier lado que se le mire, es una reducción estructural, por lo tanto perdurable, en las fuentes de financiamiento a disposición del Estado.
El debate acerca de estos asuntos de fondo es sistemáticamente omitido. No sé si por una suerte de pereza intelectual –que parece ser epidemia nacional– pero también porque esto pondría en cuestión aspectos claves de la estrategia de desarrollo seguida por el país.
Cierto, la faceta contable también cuenta
Primero, y en rigor, hay que reconocer que hay mucho que corregir en nuestra administración pública y en los regímenes de contratación y remuneración. También debe reconocerse que los gastos han crecido a mayor ritmo que la propia economía nacional. Eso gatilló el déficit en los años 2009-2013, sobre todo las partidas de remuneraciones y transferencias. Luego éstas crecen algo más lentamente pero, en contrapartida, y como consecuencia de la deuda acumulada, los pagos por intereses se disparan.
Y, sin embargo, es solo una verdad a medias decir que los gastos crecieron “mucho”, porque lo cierto es que la economía creció poco. Y ello agranda el impacto del crecimiento de los gastos, magnifica el tamaño de la deuda y debilita el flujo de los ingresos recibidos. Una economía anémica con una pésima situación del empleo, subvierte desde sus bases más fundamentales todo el edificio de las finanzas públicas. Y, sin embargo, y con criminal irresponsabilidad, se insiste en ignorar esa faceta fundamental.
Los riesgos macroeconómicos
Ese gris dinamismo económico se ha sostenido en grado decisivo sobre el consumo de las personas y las familias. Y este consumo privado se sustenta sobre todo en el endeudamiento, aunque es posible que los salarios relativamente más favorables que paga el sector público, también den su aporte. En cambio el dinamismo de la inversión (formación de nuevas capacidades productivas) pública y privada, ha venido deslizándose pendiente abajo.
Lo anterior cobra más importancia, cuando el gobierno opta por un enfoque estrictamente contable:
Intenta frenar el gasto, pero esto que ahora el discurso oficial presenta como “contención”, eventualmente será recorte efectivo en los próximos años, si se cumple lo que la ministra Aguilar ha anunciado. La restricción se hará sentir, más severamente con el paso del tiempo, tanto sobre salarios como sobre gasto corriente del Gobierno Central, y, eventualmente, del resto del sector público, con la consecuente pérdida de capacidad operativa y de gestión (para más detalle, véase recuadro al final de este artículo).
Los impuestos que eventualmente apruebe la Asamblea Legislativa impactarán sobre el consumo privado: lo haría de forma directa el impuesto al valor agregado (IVA) que trasladaría recursos del bolsillo de las personas –grupos medios y, sobre todo, clases populares– al financiamiento de un gasto público que hoy se cubre con deuda. Por lo tanto, habrá reducción del consumo privado sin ninguna compensación en el consumo público. Pero un efecto similar tendría la reforma al impuesto sobre salarios, cuyo impacto se hará sentir fundamentalmente entre profesionales asalariados del sector público (cuyas remuneraciones, en todo caso, se ajustarán de forma muy restrictiva).
Los límites del enfoque contable oficial
La fórmula que se nos ofrece se sintetiza en lo siguiente:
Restricción salarial +
Restricción sobre el gasto corriente +
Traslado de poder de compra de personas consumidoras al sector público
O sea, austeridad, por lo tanto restricción. Cierto que, por otra parte, el gobierno ha dicho que no se le ponen límites al gasto de capital, o sea, a la inversión pública. Pero aquí tenemos dos problemas: primero, no se cuenta con ningún plan para impulsar una vigorosa reactivación de la inversión pública a corto plazo. Segundo: ¿qué capacidad de gestión habría para hacerlo si la institucionalidad pública es sometida a una constricción tan considerable?
La austeridad aplicada impactará negativamente tanto sobre el consumo privado como sobre el consumo público. Y ello inevitablemente haría que la economía pierda dinamismo y que, a su vez, el empleo se deteriore aún más. De vuelta, ello dificultará resolver el problema fiscal y acaso conduzca a nuevas rondas de austeridad y restricción, en un contexto en que, al agravarse la pobreza, la política social habrá sido mutilada por la austeridad.
¿Algún factor de compensación podría levantar la economía?
Quizá la inversión pública, pero, como ya indiqué, carecemos de ninguna propuesta en esa materia. No será la inversión privada, desfalleciente en virtud de la caída del consumo privado y público, la pérdida de competitividad de las exportaciones y las altas tasas de interés que el Banco Central promueve. Por lo mismo no cabe esperar mucho de las exportaciones, cuya competitividad está averiada por razones diversas y, en especial, por el nivel ficticio del tipo de cambio colón-dólar. Pero pensar en una devaluación para impulsar las exportaciones sería un disparate, de consecuencias potencialmente desastrosas, dados los altos niveles de endeudamiento en dólares, lo cual involucra personas y familias, empresas y, por supuesto, bancos.
Las opciones de que disponemos son limitadas. Pero el enfoque puramente contable por el que el gobierno opta –desentendido de lo macroeconómico y lo social– nos mete en un callejón sin salida.
Resumen de las posibles consecuencias de las medidas de “contención” propuestas por la administración Alvarado
1. Los mecanismos de fijación de ajustes salariales propuestos garantizarán que el poder adquisitivo real de los salarios tienda a reducirse. En promedio, el ajuste anual (incluyendo anualidades, ahora convertidas en montos fijos) andaría en alrededor de 0,5%. Baste suponer que la inflación se mantenga en sus niveles actuales, para que se dé una pérdida de alrededor del -2% anual en la capacidad adquisitiva real (cerca de -8% en el período 2018-2022). Puesto que, además, solo el 25% de las plazas vacantes se cubrirían –lo que garantizaría reducción de la planilla estatal– la masa salarial global se iría reduciendo relativamente al tamaño global de la economía, al menos si esta logra sostener tasas de crecimiento positivas.
2. El congelamiento de los presupuestos de gastos corrientes en su nivel de 2018, y suponiendo siempre una inflación en sus niveles actuales, implicará una reducción anual de su poder de compra de alrededor del -2,5% anual y un muy seguro declive relativamente al tamaño de la economía en su conjunto. Si, por ejemplo, el crecimiento anual de la economía fuese 5% nominal (2,5% de inflación más 2,5% de crecimiento real de la producción), ello implicaría que los gastos corrientes del Gobierno Central pasaría de representar un 18,7% del Producto Interno Bruto (PIB) en 2017, a un 15,4% en 2022.
(*) Director del Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo, CICDE-UNED
Quienes creen que es ingenuo pensar que el gobierno de EUA no está metido en los intereses nicaragüenses, están en lo correcto. Pero también es ingenuo pensar que esos intereses estadounidenses en los asuntos nicaragüenses están a partir de las revueltas del 18 de abril. Si así fuera, cómo explicamos la formación de un gobierno corporativo, es decir, en alianza de los Ortega con la gran empresa nacional e internacional, sin equilibrar los beneficios con la clase trabajadora del campo y la ciudad; además, cómo explicamos que la familia gobernante se haya desviado del marco ideológico de Augusto César Sandino, General de hombres libres y de Carlos Fonseca Amador, para gozar de las mieles del capitalismo local y el poder hegemónico de la institucionalidad nacional. Creer que la inteligencia gringa está actuando, únicamente mediante ONGs internacionales y nacionales, sin apoyarse en la empresa privada, los pequeños partidos conservadores y los grandes medios de desinformación, la mayoría en manos de la familia Ortega, también es pecar de ingenuidad.
Creer que en política se juega sobre una cancha limpia de obstáculos, con reglas claras y solamente contra un equipo o dos, debe buscar jugar otro deporte. La derecha, en sus diferentes expresiones, ha estado presente en la cancha nicaragüense desde siempre, como lo está en todo territorio latinoamericano. La derecha esta hasta en las organizaciones que gritan “fuera la CIA, o fuera JOH o fuera Temer”. La política sería muy aburrida si se tratara de una lucha entre ángeles y diablos, a los que se distinguen por su apariencia dulce u hostil, la política no es un tablero de piezas blancas y negras, con marcas positivas y negativas. Cubren todo un arcoíris y tienen muchas siluetas. Son muchas las facciones y las corrientes políticas que juegan en una misma cancha, en un partido que se juega todo el tiempo, sin espacios de descanso, ni para dormir. La violación de las reglas es algo muy común, la demagogia, el fraude, el chantaje, el soborno, la mentira, la traición, y cualquier zancadilla, es de esperarse, particularmente de los sectores conservadores. En este juego, los árbitros (observadores o mediadores) también juegan el partido. Ni qué decir de árbitros de organismos multilaterales, quienes se suponen, son controlados por normas internacionales.
En nuestra zona geográfica cuando antes de elegir a nuestros gobernantes, debemos preguntar al magnate de la “hegemonía mundial” si podemos o no elegir a quien nos parezca el mejor, es porque las reglas del juego las determinan afuera de nuestras naciones. Se trata de algo diferente a la que concebimos como real democracia. Como dijo recientemente James Clapper, ex director de la inteligencia gringa: «Cuando intentamos manipular o influir en las elecciones, o incluso derrocar gobiernos, se hizo con los mejores intereses de la gente del país en cuestión«, después de confirmar que su gobierno estadounidense había actuado así en, al menos, 80 países. Entonces tenemos un “todopoderoso” al norte y no en el cielo, que nos cuida para que nuestras decisiones sean adecuadas a los intereses de “su gente”.
Si las manipulaciones e influencia en las elecciones se han hecho pensando en “los mejores intereses de la gente del país en cuestión”, tendríamos que preguntarnos cuál es la gente en la que piensan los gobiernos de EUA cuando hace tales manipulaciones y golpes de Estado. Sin retroceder mucho en la historia contemporánea, en Panamá, Noriega era de su confianza, primero y después del pueblo panameño. En Nicaragua, fueron aceptados Enrique Bolaños Geyer; Arnoldo Alemán Lacayo y Violeta Barrios de Chamorro, luego de una ardua lucha por derrocar del poder al Sandinismo. Dilma Rousseff, fue y es de la confianza del pueblo brasileño, al igual que Lula Da Silva. Manuel Zelaya, era y es de la confianza del pueblo hondureño. ¿Evidencia esto a qué intereses se refiere el ex director de la CIA? Los golpes de diferente naturaleza aplicados a estos ex gobernantes fueron apoyados por Washington, pese a que estos gobernantes han gozado de la popularidad necesaria para gobernar. Nicolás Maduro, ha sido elegido con una diferencia significativa en las últimas elecciones de Venezuela, sin embargo, el gobierno de Washington, junto con todas sus agencias, tropas y gobiernos lacayos, no quieren que Nicolás Maduro gobierne en su propio país. Estamos viviendo en un mundo donde la tan llevada y traída “democracia” pareciera ser última invención electrónica, apetecida por muchos, pero pisoteada por quienes logran comprarla. Es una democracia secuestrada hace bastante tiempo.
Es más que obvio saber los verdaderos intereses que defienden en la Casa Blanca. Pero el caso de Nicaragua puede confundir fácilmente al mejor observador.
La izquierda tradicional centroamericana confiaba que Nicaragua era tranquilamente controlada por el FSLN, aun cuando hubiera denuncias de algunos de sus viejos cuadros, sobre los abusos cometidos por los Ortega. Se dieron varios esfuerzos de privatización del agua, la electricidad y otros servicios, que recibieron la oposición del pueblo. La anticonstitucional re elección del indiscutible líder sandinista hasta recientemente, no fue confrontada dentro del FSLN de manera contundente y los Ortega lograron manejar la controversia a su favor. Ya había existido fuerte controversia con el proyecto del canal interoceánico. Las organizaciones campesinas fueron las primeras en tirar al suelo la bandera sandinista. Luego, ocurre el incendio de La Reserva Biológica Indio Maíz, considerada una de las reservas naturales mejor preservadas en Nicaragua, cuando se acusa al gobierno central de negligencia intencional. Se cree que comerciantes de la madera fueron los más aprovechados económicamente. En abril aparece el gobierno decretando medidas contrarias a los intereses de algunos sectores no consultados en cuanto al Seguro Social. La policía le da palos a unos ancianos y la juventud sale a protestar. Esa protesta es fuertemente reprimida y se da lo que ni los mismos gringos, los partidos de derecha, ni de izquierda, esperaban. La misma pareja Ortega debió sorprenderse de los resultados de sus órdenes represivas. En ese momento nos enteramos que la familia en el poder vivía en una especie de burbuja. Ni sus asesores le pudieron advertir que el pueblo nicaragüense estaba muy tenso con lo que se había venido gestando dentro del poder corporativo desde un año atrás y solo era necesaria una gota para rebalsar el vaso.
Al aceptar íntegro el informe publicado por la CIDH, nos enteramos que los Ortega acababan de despertar de la inconciencia que produce el poder absoluto encerrados en una burbuja mágica de oro. En menos de un mes, habían asesinado a más protestantes en las calles de los que podría creerse venir de un ex comandante de la Revolución Sandinista. Pero luego se enteró que los delitos por los cuales se le acusa son graves. Así que se aferra al poder argumentando que hay un complot internacional contra el país y su gobierno. El discurso que muchos poderosos utilizan cuando les conviene.
Algunas publicaciones progresistas hacen similitudes entre la lucha que se libra en Venezuela con la de Nicaragua, haciendo aparecer a ambos gobiernos como víctimas de las movilizaciones sociales violentas provocadas y financiadas desde el exterior. En ese símil coinciden, a la inversa, con la derecha internacional, argumentando que Daniel Ortega es un dictador del corte de Nicolás Maduro, que asesina a sus oponentes. Pero nada es más distante que las manifestaciones de miles de miles de nicaragüenses con los grupitos opositores de las guarimbas venezolanas. La historia de ambos países y pueblos es diferente y sus causas son diferentes, motivos para otro artículo al respecto.
¿Cuándo se concluirá con los enfrentamientos violentos en Nicaragua? no se sabe, especialmente cuando hay una izquierda ingenua y cerrada a los esquemas que le predican sus líderes tradicionales y, una derecha criminal, irrespetuosa, farsante y sucia en el escenario. En sus conflictos internos en Nicaragua, usualmente, han estado presentes actores centroamericanos y, desde luego, estadounidenses. Entre más se tarde en llegar a un acuerdo, más complejidad puede haber en una solución nicaragüense. Esperemos que el pueblo nicaragüense no se valla adaptando a ese estado de cosas, como lo ha hecho Honduras desde el golpe de estado hace nueve años, tiñendo de sangre diariamente sus calles, con una oposición muy débil y con el gobierno impune, más impopular de su historia.
Los cambios más drásticos que se hayan presentado en unos 150 años, tuvieron como punto de partida el 29 de octubre del 2014, cuando el Volcán Turrialba arrancó con el actual periodo freato-magmático.
Con anterioridad, el volcán había presentado varias modificaciones. Hubo algunos enjambres sísmicos que se dieron desde 1996. A mitad del 2005 hubo cambios en el patrón exhalativo y para los primeros meses del 2007 los efectos eran notorios. En mayo y julio de ese mismo año enjambres sísmicos produjeron agrietamientos en la cima del volcán y efectos que llegaron hasta unos 3 kms a partir de la cima. Cuatro erupciones principales sobresalen en los años subsiguientes a partir de enero del 2010 hasta mayo de del 2013.
El día clave
Las erupciones que desbloquearon el conducto del cráter oeste se sucedieron al filo de la medianoche del 29 de octubre del 2014 y depositaron el grueso de los materiales en los alrededores del cráter ensanchado. Tal actividad se vio acompañada de tremor y sismos volcano-tectónicos. Las columnas de sedimentos y materiales finos pre-existentes probablemente alcanzaron varios miles de metros sobre la cima, a juzgar por la depositación de tales productos a docenas de kms.
Las erupciones diseminaron capas de lodo y sedimentos hacia la caldera, alcanzando hasta 3 metros en el borde mismo del cráter oeste y un relleno similar en el vecino cráter Central. Oleadas de lodo alcanzaron unos 300 m, en la horizontal, con espesores de unos 40 cms. Algunos de los bloques de gran tamaño se encontraron a unos 200 m de la boca humeante con tamaños arriba de los 2.4 metros: algunos de estos provenían del fondo del cráter y otros de las altas paredes.
El cráter se ensanchó en todas direcciones; su borde este perdió unos 25 metros de altura y migró unos 30 metros hacia el cráter Central. Durante estos 3 años la actividad se ha concentrado en ese cráter oeste y el ensanchamiento parece ahora estar limitado a las paredes rocosas que lo conforman.
Un día sí y otro también
Una vez que el conducto quedó abierto hubo altibajos en las emisiones. Por largos periodos se mantenía la exhalación de gases y vapor para combinarse con periodos prolongados de emanación de cenizas. En innumerables ocasiones hubo acompañamiento de fragmentos incandescentes que a veces alcanzaron los flancos, principalmente al sur y sureste; debido a la forma de la abertura principal. Durante los meses secos del 2015 episodios de ceniza cubrieron la zona vecina al volcán; hacia el sur, suroeste y oeste alcanzando a veces hasta muchas comunidades del Valle Central. En los meses lluviosos de ese mismo año el patrón cambiante de actividad se mantuvo ensanchando el cráter en distintas direcciones y aportando partículas.
Durante el periodo seco del 2016 se repiten condiciones similares a las del año anterior. Dos periodos agudos de producción abundante de ceniza se producen este año: entre abril y mayo y luego en octubre cuando cortinas de ceniza enormes se desplazan en direcciones variables para producir afectación y preocupación a nivel local y regional.
A finales del 2016 y primeros días del 2017 es cuando se producen las últimas salidas más significativas de cenizas, pero principalmente de grandes segmentos de lava semi-fundida que se depositan en los alrededores del cráter activo. Luego de esto hay muchos meses de reducción de las emisiones de ceniza predominando la salida de gas y vapor acompañados, por las noches, de incandescencia sostenida por varios meses. Más recientemente es entre setiembre y octubre del 2017 que se produce salida tímida de pequeños volúmenes de ceniza que se llegan a depositar en las vecindades del macizo.
Por lo tanto los periodos de calma y reactivación se han repetido durante estos 3 años sin un patrón definido. En setiembre del 2015 se registró salida casi sostenida por más de 40 días y el patrón fue similar en octubre del 2016.
La actividad sísmica en forma de enjambres a veces se correlaciona con la salida de ceniza y otros piroclastos, aunque también se dieron prolongados periodos de salida pasiva de cenizas sin mayor estruendo en la boca ni alteración del sismograma. En días de abundante salida de ceniza los sismos volcano-tectónicos ascendieron a cientos y las bandas de tremor se sostuvieron, en algunos periodos, por varios días sin ceder.
Secuelas a la vista
Los veranos del 2015 y 2016 fueron prolíficos en producción de partículas que generaban severos daños en la agricultura, ganadería y en general en la rutina de las comunidades ubicadas al oeste y suroeste del volcán. Y es que en los meses secos no solo el desplazamiento de esas cenizas es mayor sino que es más visible; aumentando la ansiedad de vecinos y autoridades. Es en los meses secos cuando se da la mayor afectación de la ceniza en la navegación aérea y por lo tanto su impacto en la economía nacional por el cierre de aeropuertos.
Durante los meses lluviosos los efectos no son menores; la adherencia de partículas finas es más eficaz causando lesiones profundas en repastos y cultivos comerciales. Los montos depositados en la cima y flancos del volcán también eran blanco fácil de la erosión y de arrastre hasta largas distancias. Cauces grises, de los drenajes principales, eran comunes hacia la ciudad de Turrialba y comunidades aledañas, como también lo eran hacia las planicies del norte. En el borde oeste del cráter activo el engrosamiento de la superficie alcanzó poco más de 4 metros (a enero del 2017). El tapizado del “callejón de aniquilamiento” es uno de los efectos más lesivos para el edificio volcánico; la superficie endurecida promueve la escorrentía y reduce las posibilidades de regeneración natural a corto plazo.
Los efectos erosivos en los cauces principales hacia el oeste son dramáticos si tomamos en cuenta que en algunos tramos los cauces profundizaron entre 4 y 10 metros. El efecto de relleno por materiales orgánicos es también notable en las quebradas y ríos encañonados, donde en algunos puntos enormes troncos y ramas formaron auténticas represas.
Otra constante, tanto en periodos secos como lluviosos, es la acidificación. En ambos casos la afectación en las zonas de interés comercial así como en los bosques vírgenes es visible durante todo el año. Aunado a esto se debe mencionar otra consecuencia temporal de la actividad alternada y es que las fuentes de agua se ven contaminadas. Del mismo modo, se debe anotar como efectos directos los cortes de fluido eléctrico en la región, así como el impacto de proyectiles y cenizas en los equipos científicos de monitoreo volcánico.
Durante los últimos días de diciembre del 2016 y primeros de enero del 2017 este volcán presentó una emanación singular de material pastoso y semi-plástico que pareciera coincidir con el material más profundo hasta ese entonces producido. El conducto abierto a profundidad tendría la capacidad de producir una descompresión dosificada del sistema sin eventos traumáticos. Esto se refuerza con unos 10 meses de actividad eruptiva casi nula y con la salida débil y apenas esporádica de bajos volúmenes de ceniza. El descenso significativo de la sismicidad (comparada con años anteriores) genera la esperanza de que lentamente el volcán retorne a un estado de equilibrio.
Mientras tanto, la salida de gases magmáticos puede mantener montos de acidificación lesivos para las áreas circundantes por lo que el mejor uso de las tierras alrededor de este macizo, debería ser el de la regeneración natural y la conservación.
***Más detalles. Eliécer Duarte, OVSICORI. Oficina de Comunicación. Tel 2277-3067***
Después de la II Guerra Mundial, Alemania y Francia conformaron la Comunidad Económica del Carbón y el Acero (que a la postre dio paso a lo que hoy es la Unión Europea), con las heridas aún sangrantes del conflicto bélico. Lo hacían más con un interés realista que por un deseo de hermandad: la toma de consciencia de que habitaban la misma “casa común”.
Centroamérica es el hábitat de Costa Rica, para bien o para mal. Ello significa un gran reto: ni diluirse en la región ni querer constituirse en una isla dentro de ella. “Costa Rica no es parte de los problemas de Centroamérica pero éstos si son parte de nuestro país”, manifestaba en su primer gobierno el ex -presidente Oscar Arias. Hoy en día esa premisa se revela parcialmente incorrecta. En una sociedad global, los problemas ticos tienen una continuidad con el resto de la región: la violencia engendrada por el narcotráfico, el aumento de la pobreza extrema, el desempleo, las migraciones, la tentación (como quedó demostrada en los últimos comicios costarricense) de violar derechos humanos incluso por la vía electoral, las consecuencias del cambio climático que actúan en una dimensión centroamericana y caribeña y no a escala estato-céntrica.
Mal haría el nuevo gobierno de hacer un berrinche como el que hizo Luis Guillermo Solís y su canciller de salirse temporalmente del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) por el asunto de las migraciones africanas, haitianas y cubanas que atravesaban el país, ante la negativa de Nicaragua de abrir sus fronteras. La nueva administración debe entender que la integración regional ya no es solo un discurso romántico de hermandad centroamericana sino sobre todo, una estrategia nacional de Alta Política para enfrentar problemas que solo se pueden gestionar y resolver mancomunadamente. La soberanía ya no es aislarse dentro de unas fronteras cada vez más porosas sino, manteniendo la identidad nacional, la capacidad de influir en los recursos de los países vecinos para así enfrentar riesgos nacionales-regionales.
¿Qué el SICA en mucho es un leviatán con una arquitectura frondosa, en algunos casos inútil, que alberga los intereses gremiales y salariales de una “mara” de burócratas con altísimos salarios y de un estamento de consultores centroamericanos e internacionales (ligados a la cooperación) que llevan un estilo de vida lujoso? ¡Eso nadie lo duda!
Aún más: desde la fundación del Mercado Común Centroamericano a finales de los 50´s y principios de los 60´s del siglo pasado, ha hecho más por la integración el empresariado (no de gratis, porque les convenía un economía regional) que la institucionalidad burocrática.
El reto del nuevo gobierno, en ese camino de compaginar identidad nacional y gestión en “condominio” de problemas centroamericanos, es conseguir una limpieza del SICA (tarea que Solís empezó, al menos en el discurso), impulsar la participación empresarial bajo el respeto de los derechos laborales y ambientales, y darle voz al gran ausente: la sociedad civil. Si la integración no se comienza a edificar desde abajo (desde la cultura, el deporte, las MYPIMES, las ciudades, el ambiente), todo será fantasía. La propuesta de Panamá de construir un metro o tren que la una a Costa Rica es en este sentido esperanzadora, y este espíritu se puede extender al resto de la región.
Nuestro país tiene un recorrido que puede potenciar en el marco regional: las relaciones comerciales con China (ahora que algunos países del SICA están alejándose de Taiwán), el TLC con Corea del Sur, sus avances en materia de enfrentar el cambio climático. Destaca aquí el replantearse la decisión de no participar en la Alianza del Pacífico (AP) (sin dudas el esquema integrador más dinámico actualmente en Latinoamérica), no obstante el trecho andado en esa materia. Sin desatender a los grupos internos que se oponen a esa adhesión, Costa Rica puede ser el puente entre la AP y Centroamérica.
Charles de Gaulle solía decir que “cada país debe hacer la política de su geografía”. Este principio se debe aplicar en nuestras relaciones con nuestro vecino del norte. En los últimos tres gobiernos ticos hemos esbozado una política de “caritas enojadas”, lindando con un extremo infantilismo. Algo similar ha hecho Managua. Esperamos de Carlos Alvarado un cambio: se puede defender el interés nacional, la integridad territorial, sabiendo que compartimos una “casa común”.
Hay razones para creer que así será: nombró a una mujer en la cancillería, y además brillante y afrodescendiente, lo cual dice mucho, demasiado. La idea del nuevo gobierno de celebrar el Bicentenario de manera regional, junto con los otros países centroamericanos, no puede sino que aplaudirse.
(*)Catedrático, Escuela de Relaciones Internacionales, Universidad Nacional.
*Imagen con fines ilustrativos tomad de vox.lacea.org
Enviado por Msc. Efraín Cavallini Acuña, Asesor Comunicación, Rectoría UNA.
