Al conmemorarse el pasado 30 de mayo cinco años desde la muerte de Jairo Mora Sandoval, cuyo cuerpo apareció en Playa Moín, una solitaria playa del Caribe costarricense, son aún muchas las preguntas sin repuestas alrededor de este asesinato.
Jairo Mora Sandoval había detectado que de todas las playas en el Caribe, la playa Moín recibía la cantidad más elevada de tortugas marinas (véase nota de Mauricio Álvarez titulada «5 años Jairo Mora ¿cómo destruir su legado?» publicada en Elpais.cr). Semanas antes de su muerte, había señalado a un grupo de periodistas lo que el título de esta nota de La Nación indica de manera muy clara: «Si un policía dice que nos apoya, está mintiendo«. Si este titular puede causar profundo estupor, este otro del 2015 (véase nota de La Nación) posiblemente arroje la misma sensación al leerse esta vez que: «Sala Constitucional suspende comparecencia de fiscal general en Asamblea por caso de Jairo Mora«.
A pocos días de su muerte, y sin que mediara mayor investigación, en declaraciones a la cadena internacional de CNN del entonces Vice Presidente de Costa Rica, Alfio Piva, se señaló a hueveros y a contrabandistas como probables responsables de esta muerte. Viendo la gran cantidad de proyectos que se han concentrado en Playa Moín desde aquel fatídico 31 de mayo del 2013 ¿eran hueveros y contrabandistas los únicos en Costa Rica interesados en que no se ventilara mayormente que esta playa recibe la mayor cantidad de tortugas de todo el Caribe costarricense? ¿Por qué razón la Fiscalía General de la República privilegió esta única pista en sus investigaciones, sin interesarse por posibles autores intelectuales de este vil asesinato provenientes de otros sectores? ¿Por qué no haber seguido la recomendación del Experto Independiente John Knox del 2013 durante su visita a Costa Rica, apoyando la solicitud de varias ONG costarricenses de crear una Comisión de la Verdad ajena al Poder Judicial para investigar debidamente este caso y otros más (véase informe de John Knox, punto 67)? ¿Por qué haber hecho caso omiso de esta recomendación durante toda la administración 2014-2018?
Remitimos al lector a una nota que nos permitimos redactar al conmemorarse tres años de esta muerte (véase nota publicada en Informa-tico, titulada «Los pendientes a tres años de la muerte de Jairo Mora«), y cuyas preguntas persisten en el tiempo. Al haberse en el período 2017-2018 confirmado la separación de varios altos personeros del Estado costarricense por diversas faltas graves de carácter ético en su labor, y que estuvieron involucrados en las investigaciones realizadas al momento de la muerte de Jairo Mora, puede incluso que algunas de estas preguntas se tornen más persistentes aún.
Como la figura de Jairo Mora Sandoval, observando el horizonte desde su querida Playa Moín.
Foto extraída de nota de prensa (La Nación) titulada «Patrullando Moín con Jairo Mora».
(*)Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR).
En esto de buscar métodos y técnicas para explicar el contenido de una justicia transicional, conviene indicar a quienes va dirigida esta clase de justicia, por qué y quienes la imparten.
UNA CLASE DE JUSTICIA DIFERENTE
La materia o contenido del Derecho Internacional, comprende la distinción entre los Tratados Internacionales, celebrados entre los Estados parte del sistema internacional. En tanto, los Acuerdos son celebrados entre un Estado parte y un Sujeto de Derecho Internacional. Taxativamente se señalan los sujetos de derecho internacional y entre ellos se comprenden “Los movimientos de liberación nacional con sus fuerzas beligerantes”. La Convención de Ginebra y los Protocolos, como parte integrante del sistema universal, indican algunas valoraciones para calificar a una fuerza interna armada en un Estado parte como beligerante; pero, no obstante, el estatus o reconocimiento de beligerancia lo hace el Estado parte como acto soberano. El Acuerdo celebrado entre el Estado colombiano (debidamente representado por el Ejecutivo) y el Sujeto de Derecho Internacional Farc-ep, se llevó a cabo para dar por terminado un conflicto armado interno, que lo define el derecho Internacional, como diferente del conflicto armado entre Estados. Esa categoría de conflicto entre un Estado y una fuerza insurgente está reglamentada en el sistema universal del derecho internacional y por ende lo rigen los Principios Fundamentales de ese sistema. Mencionemos algunos: el principio res inter alius acto; por medio del cual lo acordado solo crea obligaciones entre las partes. El principio de la Bone fide (Buena fe) y que del consentimiento- ex consensu advienent vinculum– deviene la obligación. El pacta sur servanda, de estar obligado a cumplir lo pactado.
La Justicia Transicional, como instrumento de justicia universal, se inspira en los principios del ius cogens y el derecho de gentes. Por el llamado ius cogens, los Estados, debidamente representados, por el Jefe de Estado, se obligan. Todo obedece al marco jurídico del Derecho Internacional y el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, y a esas normas no se puede oponer la ley nacional o local (Lex Fori). Para el ámbito de aplicación de esa jurisdicción se califica de aforados a los (ex) guerrilleros de las Farc-ep y los miembros de la Fuerza pública incursos en delitos de Lesa Humanidad y Crímenes de Guerra, cometidos durante el conflicto y a los insurgentes incursos en delitos políticos y la conexidad con los mismos, como es el caso típico de conductas relacionadas con el narcotráfico.
DEL ORIGEN DE LA JEP
Seamos elementalmente claros: La JEP, como instrumento del sistema internacional de Justicia Transicional, no tiene origen constitucional. La Jurisdicción Especial de Paz no está taxativamente señalada en el Capítulo de Jurisdicciones Especiales (Artículo 246. Constitución de 1991). La fuente constitucional de la JEP radica en los artículos 22 y 93 ibidem y concordantes. Los Magistrados de la JEP no fueron o son nombrados por autoridad estatal ni del orden administrativo. No son empleados públicos. Fungen como servidores públicos. A manera de discusión planteo que No requerían de posesión para ejercer el cargo, puesto que, conforme al principio de inmediatez, el nombrado se posesiona ante quien le nombra y no fue el presidente de la República quien lo hizo. Tampoco juramento de posesión del cargo, no obstante, como servidores públicos están sometidos a la Constitución y Leyes de Colombia. Vale lo del formalismo impetrado. A la JEP, por no decir a sus integrantes, les cabe la observancia de los Principios Fundamentales, de los Derechos, Garantías, Deberes de la Constitución de 1991. No hacen parte de la Jurisdicción ordinaria y su existencia es transitoria y de competencia y jurisdicción calificada para los casos propios de su naturaleza jurídica. Su inspiración funcional no lo es la Rama Judicial de la Constitución Política, puesto que el Sistema Integral de Justicia, Verdad, Reparación y No Repetición (SIJVRNR), no contempla un órgano máximo de justicia, como sucede en la Jurisdicción ordinaria. Lo Acordado definió con claridad que la JEP expediría su propio reglamento, puesto que la razón de ser de su existencia obedece al Sistema Universal de Justicia. Esto que es lo que sirve de fundamento para un prístino u original criterio de distinción es de lo que adolece en la práctica la Corte Constitucional, por su activismo judicial y contrario a la concepción dialógica de proyección de sus decisiones o sentencias para superar el estado de cosas inconstitucionales (eci) en Colombia.
DE CHUPATINTAS Y PICAPLIETOS
Da grima la manera como llamados abogados analizan la naturaleza de la JEP. Son cajas de resonancia de la adulteración mediática y desdicen, por carencia, del juicio razonado de los juristas. “La crítica es fácil, el arte difícil”. No es que desconozcan, es que no comprenden ni asimilan, por el peso del sofisma, que el cuerpo normativo que inspira y rige a la EJP, como instrumento de la Justicia Transicional, emana de los principios universales, consuetudinarios y normativas del Derecho internacional y el Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Las competencias de la JEP no las fija el legislador colombiano, ni la Corte Constitucional, que se erigió, mutuo propio, en superior jerárquico del sistema de jurisdicción alternativa que expresa la JEP, como aplicación de la Justicia Universal Transicional. Acorde y tal como se concibió para Colombia, La JEP se rige por los protocolos existentes y el reglamento interno de funcionamiento que conciba. Intentar aplicarle a la JEP el principio procedimental de normas de orden público, significa constreñir y desconocer su propia naturaleza. No es dable aplicar y/o delegar el ejercicio de jurisdicción y el de competencia, por parte del legislador y por la Corte Constitucional, al sistema de justicia transicional vigente en Colombia. Por ello es dable concluir, que la producción normativa y las resoluciones y sentencias del poder judicial o jurisdicción ordinaria, no tienen el carácter de vinculante para los (as) Honorables Magistrados(as) de esa Jurisdicción Especial, mientras esté vigente el artículo 93 de la Constitución Política, que se erige en el garante para que las leyes que se emitan y las decisiones de la Corte Constitucional no vayan en contravía o desconozcan la autonomía, independencia e inscindibilidad de la JEP y su Tribunal para la Paz.
La carencia de argumentaciones o mejor exhibir temáticas sin peso jurídico desdice de la renovación del Foro Jurídico nacional. Las Facultades de Derecho, los Colegios y Asociaciones de Abogado no pueden ser ajenos a tamaña irresponsabilidad. Asimilemos el enunciado de la JEP cuando suspende el procedimiento de extradición al heroico ex guerrillero J. Santirch, en el sentido que aceptemos el cambio de paradigmas en esto del desempeño y ejercicio de una justicia transicional en Colombia. Incorporemos, en lo jurídico-político, el desarrollo y asimilación de experiencias ante la situación de conocimientos nuevos que el modelo transicional brinda, de manera que se incorpora a los criterios de juristas, superando la concepción cuadriculada de antaño. Contribuyamos en la profundización del debate jurídico, para que no solo los intérpretes de la norma sino los operadores de esta incorporen cambios en la forma de pensar y de actuar. Que cuando la Corte Suprema toma la decisión, en el caso del exguerrillero de las Farc-ep, Pedro Luis Zuleta Noscué, solicitado en extradición por una Corte Distrital del Sur de New York- quien se acogió a la jurisdicción especial de paz- sienta el criterio que “el juez natural para continuar conociendo del pedido de extradición es la JEP”.
No todo puede ser regido por el estereotipito dictatorial de la mediática. Pretender privar al Jugador natural de los aforados de las antiguas Farc-ep, en la definición de fondo de sus conductas, cuando sean sindicados, es un exabrupto y causa enfado a la dignidad del juzgador. Eso es inconcebible e inaceptable en el mundo jurídico. Pretender colocar al juez natural de la JEP como un amanuense, contador de fechas, como si su oficio fuere copiar escritos, transcribir el dictado que una autoridad extranjera violatoria de la soberanía nacional, mancomunada con una Fiscalía tejedora de montajes judiciales y acusaciones apócrifas, falsas, supuestos o fingidos, puesto que en más de un mes no ha acreditado las “irrefutables” pruebas enunciadas, sienta la más profunda indignación. Hace más de un mes han mantenido encerrado al cantor popular. Al poeta de los arreboles de la selva, convertido en mártir y ejemplo.
En el caso concreto de J. Santrich, no se pueden desconocer los Principios Fundamentales y los Derechos y garantías que concede la Constitución Política a un sindicado. En particular el principio de inocencia le ha sido vulnerado por parte de la Fiscalía General, que en modo alguno hace parte de la Rama Judicial y que, al actuar en contra de un aforado de la JEP, puesto que en la consideración intuite personae de desmovilizado del ejército irregular rebelde Farc-ep, cometió abuso de autoridad al declarar su captura y detención. La orden de captura emitida por una autoridad judicial USA sobre un presunto delito no cometido en ese territorio, ni en Colombia, con su informe, expediente y acusación concreta, ha debido remitirse en forma insalvable a la instancia correspondiente de la JEP. Al materializar su captura y luego ponerlo a disposición del competente se incurre en nulidad de toda nulidad y ante esa situación una vez conocido el fondo del asunto por el Tribunal Especial de Paz, en buen romance, corresponde declarar la libertad inmediata del sindicado.
Y para colmo, por más que esculco y escarbo el motivo por el cual la JEP no resuelve el fondo del asunto de la nulidad por captura ilegal, percibo la intranquilidad de Guadalupe Salcedo en su mortaja histórica por la traición aplicada a quienes pretendieron igualarlo y no superarlo en el Siglo XXI.
Defensa comercial no es lo mismo que proteccionismo, aunque mucha gente cree eso o utiliza la frase con fines politiqueros o, peor aún, con mala fe. Hay quienes tratan de dar la impresión de que proteger es elevar los aranceles (tomado de los libros de texto) y argumentan que quienes pierden con eso son los consumidores.
El anuncio hecho por parte del Ministro de Agricultura de que se protegerá a la agricultura nacional, ha despertado irritación de parte de quienes están acostumbrados a ir por la libre en las prácticas comerciales internacionales, a la vista y paciencia de entidades con presunta responsabilidad en este campo y que no la cumplen.
Esta irresponsabilidad surge por la tolerancia a importaciones de productos mal etiquetados; por falta de vigilancia aduanera, que permite que ingresen unos productos con el nombre de otros parecidos, pero que pagan menos aranceles; por importaciones por parte de empresas que no cumplen las normas de disponer de facilidades para el comercio de acuerdo a los establecido; por prácticas que pueden ser de dumping pero que no son valoradas; por prácticas monopólicas encubiertas, y muchas más razones. Cambiar la actual praxis del comercio implica, como se dice en sencillo, tocarle los huevos al águila.
El país puede mantener sus tratados comerciales; pero no se debe aceptar de que con el cuento del libre comercio y la desgravación gradual, se actúe a río revuelto. El cambio en la praxis del comercio internacional es indispensable. Este cambio requiere una alianza por la agricultura, la agroindustria y la alimentación, en la que deben participar con energía el MAG, COMEX, el MEIC, Hacienda y la Comisión para promover la Competencia y la Defensoría del Consumidor.
Rectificar el verbo es muy importante, para aclarar que no se trata de volver al proteccionismo; pero también es necesario que el mensaje sea claramente entendido, tanto por los productores, para no crear falsas expectativas; así como por el resto de la sociedad, para no alarmarse por lo que no es.
(*) Ingeniero agrícola, Doctor en economía agrícola, consultor nacional e internacional, autor.
El Grupo Ketó de Perú (Sergio Paris) trajo al país un hermoso formato de improvisación llamado Improvisaciones Mínimas. Fue estrenado en Costa Rica en el Teatro Giratablas hace algunos años. Andrey Ramírez, quien trabaja en dicho teatro, es el director artístico de este espectáculo que ustedes no se pueden perder.
Este 31 de mayo al ser las 7:00 pm en El Teatro La Cambusina en San Jerónimo de Esparza, se presenta ImproPuerto con su espectáculo «NOCHES DE IMPRO». Seguidamente el 1° de junio, ImproPuerto llevará su acto hasta la Casa de la Cultura en Puntarenas a las 7:00pm.
La politología aplica la polarización como la situación o proceso en que la opinión pública se divide en dos extremos opuestos. Ese no es el caso en Colombia. Lo de la “polarización” resulta un sofisma de distracción. El resultado electoral expresa una significación de la lucha de clases en el país. Por Petro votaron los del sin carro. Los del almuerzo “corrientazo”. Los que esperan Salud popular y educación no privatizada. Los segregados por etnicidad, negros, indígenas, minorías. Los liberados por su decisión de sexo y libre juego de la personalidad. Los que sienten vergüenza por la pisoteada soberanía nacional y el saqueo extractivo de los recursos contra los animales y contra la naturaleza. A los que les pensionan y olvidan y dan un miserable salario mínimo y los explotan doce horas. A los marginados y aislados de la comunidad que ubican como en guetos y bajo la chocante discriminación de estratos en las ciudades. Por Duque votaron, los de las castas privilegiadas. Quienes cual sanguijuelas se aprovechan del Establecimiento público: como las familias de los politiqueros y militares de carrera, que mejoran fortuna, prosperan, de las mieles del erario público y de la rapacidad del conflicto armado interno, el cual desean perpetuar. Los Uribeños reales, puesto que “otros” son los desposeídos y engañados, que votan por ellos. Los que pusieron el dinero para su campaña. Las señoras emperifolladas, adornadas, con el dedo “popo” parado, que todo les hiede y discriminan a doquier, si no es blanco, bonito o espigado. Por Duque votaron quienes cuando escuchan estas verdades califican a los demás como resentidos sociales.
La suma de los resultados electorales de Petro, Fajardo y De La Calle demuestran otra realidad: la de una Colombia que desea lo alternativo, el cambio. La que detesta a los partidos tradicionales y las practicas politiqueras de caciques y maquinarias que fueron enterradas. Demuestran que suman la mayoría por la conquista de lo Alternativo en lo político, militar, económico, social.
La segunda vuelta dibuja un panorama diverso a los de “pactos de gobierno”; etapa esta infructuosamente desaprovechada para la primera vuelta. Ya la brújula de la unidad nacional, del compromiso social y la opción democrática va viento en popa con el empoderamiento de la ciudadanía. Asistimos al triunfo de la ciudadanía, que se despoja de las directrices partidistas; hará caso omiso a coaliciones “por las alturas”. Estamos ante un país que definitivamente demuestra un tránsito de la guerra a la paz; que supera el bipartidismo y apunta a un sistema de pluralidad política, de partidos y movimientos múltiples, buscando los acuerdos en lo fundamental. El triunfo sumatorio de la opción política alternativa de las elecciones de ayer 27 de mayo de 2018 enseña, que esa ciudadanía individualmente considerada, ha alcanzado la mayoría de edad en la toma de decisión de su futuro y derrotero definitivo del país y por una Nueva Colombia.
El estadio de las adhesiones expresará su peso político específico en la medida en que las fuerzas políticas de la Coalición Colombia y el Partido Liberal u otros movimientos y partido afines, comprendan que el Programa de la Colombia Humana, materializará un proyecto de Gobiernos Alternativos que no será de cuatro años. Que de ese empoderamiento y triunfo de la ciudanía depende el acuerdo tácito de las fuerzas en adhesión sobre el presupuesto que no habrá reelección presidencial. No tiene cabida, en una concepción de la decencia política, que se acudiere al factor territorial local de los cuestionados varones congresistas electos.
La derecha enfilará y apelará a que el movimiento alternativo popular se enlode hacia las contradicciones por el poder de las fuerzas alternativas, en sumatoria, triunfantes. Aquí, con el mayor respeto, qué valor tiene el que individualmente ora el senador Robledo, opte por el voto en blanco, en consecuencia, a su “ni ni”, ni con Santos, ni con Uribe, sin ocultar sus compromisos con el sindicato patronal antioqueño; ora que el indeciso medias aguas de Fajardo opte por la inconsecuente e irresponsable actitud de la neutralidad; ora que el aparato político del Dr. De La Calle, lo deje al garete. Bajo una razonada reflexión, el ciudadano, el elector, superará lo del voto cautivo. ¿Es lo ideal no? En todo el derecho están los que diserten sobre las mil y una formas del aprovechamiento de la “ignorancia” popular, allá ellos y para ambos bandos. Sin olvidar que quedó constancia en los escenarios públicos que las tres damas de las fórmulas vicepresidenciales alternativas manifestaron: “Alternativo que pase a segunda vuelta lo apoyamos”. “Sin Discusión”. Por tanto, se hace indispensable y necesario que se cumpla, a esta hora. En consecuencia, modestamente considero que aplicara lo de las adhesiones particulares o individuales de esos actores, en búsqueda al triunfo de un Gobierno Alternativo y Popular de la Colombia Humana que triunfe el próximo 17 de junio de 2018.
Por último, es recomendable no atosigar, es decir, inquietar y causar agobios al electorado con exigentes y prolongados debates e interminables entrevistas, durante estas tres próximas semanas. ¡Que las fuerzas alternativas y populares, junto con el grueso de la sociedad civil y organizaciones sociales que las componen, desde el seno de las organizaciones y en del hogar de cada núcleo familiar, discutan civilizadamente la suerte de esta Colombia Grande!
Los centros de poder en una nación con, al menos, democracia formal, son sus tres divisiones fundamentales, poder Ejecutivo, Judicial y Legislativo. Pero además debe considerarse a las instituciones contraloras del Estado. Aparte de estos centros de poder, los analistas debemos ver las fuerzas sociales, económicas, académicas, religiosas y de las llamadas minorías. No se puede ignorar a las fuerzas armadas que en la historia y, la actualidad, juegan un papel significativo para la estabilidad e inestabilidad de los Estados, particularmente cuando en países como Brasil, Paraguay, México, Honduras y Guatemala, entre otros en menor dimensión, son garantes del sostén del poder ejecutivo por su alto nivel de impopularidad. Obviar a uno o varios de estos sectores para discutir asuntos medulares de un Estado, es fallar cualitativamente cuando se está procurando una verdadera democracia.
Credibilidad para mediar
No cabe duda que la iglesia católica nicaragüense se ganó el respeto y aprecio, más allá de su feligresía, de todos los diferentes sectores de este país centroamericano. Por ello, ha sido aceptado, tanto por el gobierno central como por los diferentes sectores para mediar, observar y atestiguar el diálogo para la democratización de Nicaragua. Este diálogo, que llegó hasta la tercera reunión, para luego ser suspendida por la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN), debido a la ausencia de consenso durante el miércoles 23 del presente mes, se mantiene pendiente de seguimiento. A final los obispos proponen una comisión, de tres por cada lado, que discuta los puntos torales del desacuerdo para luego volver a la mesa de diálogo.
En la mesa de diálogo están representados el sector académico, el estudiantil, donde se distinguen las centrales sindicales, la Asociación Nacional de Educadores y Movimiento de Mujeres Trabajadoras y Desempleadas, María Elena Cuadra; la empresa privada representada por COSEP, FUNIDES, UPANIC, AmCham y FAGANIC. El sector campesino, tiene su representante; además del gobierno central, por delegados y asesores de la presidencial. Pero también está la llamada sociedad civil representada por Azahalea Solís, dirigente del Movimiento Autónomo de Mujeres, Carlos Tünnermann, jurista y exdiplomático y Luis Sánchez Sancho, exdiputado y miembro de la sociedad civil. Tenuemente aparece alguien de los indígenas y de negros. Parece evidente que a los partidos políticos no los invitaron.
La primera reunión de la mesa fue una tormenta de acusaciones mutuas, como una catarsis necesaria por los acontecimientos ocurridos desde el 18 de abril. Ese día un pequeño grupo de estudiantes universitarios, más que todo de la UCA, fueron fuertemente reprimidos al solidarizarse por el maltrato recibido por un grupo de ciudadanos adultos mayores que protestaron por la retención de un 5% de su pensión. El uso de exceso de fuerza de la policía, contra los estudiantes, fue el detonante provocador de la escalada de protestas de varios sectores sociales, que en pocas horas se extendió por todo el país. Las autoridades policiales, de seguridad e investigación, actuaron, en coordinación con la Secretaría de Salud y otras instituciones gubernamentales, además de otras fuerzas de choque aliadas al gobierno de los Ortega, en contra de todo el creciente movimiento nacional de protesta. En menos de un mes ya había unos seiscientos heridos, setenta y seis muertos y presos políticos, que luego fueron liberados. El llamado al diálogo por parte del Episcopado tuvo el buen resultado de concluir con los altos niveles de protesta como de represión. Desde la primera reunión de diálogo se acordó una tregua de dos días, sábado 19 y domingo 20 de mayo. Esa calma que se respiró al no haber policías en las calles, aunque sí manifestaciones de protesta, se extendió hasta el miércoles 23, cuando se dio la tercera sesión de diálogo. En la segunda sesión del lunes 21, las partes integrantes de la mesa, aprobaron íntegro el informe y recomendaciones de la CIDH, que esa misma mañana publicó. Estos dos avances, especialmente el aprobar el informe de la CIDH, dieron muchas esperanzas a la población nicaragüense, puesto que denotaba claramente que el gobierno estaba aceptando sus responsabilidades por lo ocurrido desde el 18 de abril.
En esa misma segunda mesa de diálogo, los representantes del gobierno explicaron los avances para la reforma a la legislación electoral, la cual venían discutiendo con la OEA, e incluso, ofrecieron invitar a representantes del organismo multilateral a que explicaran lo logrado hasta el momento. Ya para finales de la tarde, la mesa de diálogo tocó el tema de los “Tranques” (obstáculos al paso de vehículos en calles y carreteras). Representantes del gobierno propusieron como moción el quitar los tranques por estar obstaculizando la movilización de la población nacional y dañando la economía del país, que hasta ese día se contabilizaba en muchos millones de dólares en pérdidas y como resultado, un impacto de arriba de 1.5% en caída del PIB, que hasta el año anterior era del 5%. Ya se detectaban efectos de desempleo, cierre de pequeños negocios e inflación. Los argumentos llegaron a calificar los tranques como violadores del derecho a la libre movilización, a las atenciones médicas y al derecho a la educación. El Episcopado hizo la propuesta a la mesa sin lograr consenso, por lo que pasó el punto a seguirse en la siguiente reunión del miércoles.
El mismo lunes, hubo reuniones de comisiones preparatorias de la agenda para el miércoles. El miércoles se inicia con lo siguiente: A) Propuesta del gobierno 1. Suspensión inmediata de todos los tranques del país que permita la libre circulación de la familia nicaragüense y su normalización y tranquilidad. 2. El cese inmediato de todo acto de violencia venga de donde venga. 3. Garantizar los empleos de todos los y las nicaragüenses. B) Propuesta de la Alianza cívica por la justicia y por la democracia: Que la Conferencia Episcopal de Nicaragua presente directamente al presidente Ortega los siguientes puntos de agenda: 1. Que la delegación del Gobierno acepte la discusión de los puntos 1,2,3 y B-11 de la agenda del 23 de mayo 2018, de acuerdo a las reflexiones de los grupos de trabajo del día lunes. Ambas propuestas no tuvieron consenso, por lo que la Conferencia Episcopal como mediadora y testigo, suspendió la mesa de diálogo, proponiendo una comisión integrada por tres delegados de cada lado que siguiera discutiendo hasta ofrecer un posible consenso.
No es sorpresa para nadie que las demostraciones de protesta, los tranques y demás acciones contra el gobierno se intensificaran de inmediato y los muertos vallan en aumento (79).
Durante las tres reuniones, los estudiantes universitarios, los miembros de la Alianza Cívica y el representante campesino, no dejaron de exigir la renuncia del presidente Ortega y la vicepresidenta, Rosario Murillo, su esposa. Fue muy reiterativo escuchar en los diferentes bandos hablar de establecer un proceso de democratización. Es decir, se aceptaba que la “democracia” en ejercicio distaba de satisfacer a los diferentes sectores. Así que no sorprende cuando al iniciar el tercer debate, la representación gubernamental denuncie que se está preparando un “golpe de estado” suave desde la mesa de diálogo. Algo que seguramente no agradó escuchar a la Conferencia Episcopal, quien así lo expresara de inmediato. Pero habría que ser muy inocente para no entender lo que se gestaba desde el inicio. Lo que no se escucha es cuáles son los grados de democratización que debe haber. La demanda, especialmente estudiantil, va al extremo, sin buscar un proceso intermedio.
Algunos Errores de las Partes
Los opositores al gobierno, con su Sociedad Civil, Alianza Cívica, empresarios y estudiantes, se dejaron llevar por las exclamaciones de victimización, protestas y hasta insultos de algunos de sus miembros, sin permitir ceder en algo, después de que ya habían obtenido bastante de sus opositores. La soberbia de la juventud arrastró hasta los más adultos y experimentados. Se declararon incapaces de quitar o reducir los tranques, lo cual evidenciaba una mentira a su beneficio, sin que se demostrara que tales tranques beneficiara al pueblo nicaragüense, pero si a su causa coyuntural. Tampoco se ha propuesto una democratización en fases o etapas. Puesto que no se parte de la nada para ir al todo. Ese extremismo no abona más que a los enemigos de Nicaragua.
La Conferencia Episcopal no llegó a la neutralización indispensable de los opositores para que mejoraran sus propuestas en la agenda, sin expresar una demanda que obligadamente debe pasar por seguir el marco legal y jurídico del Estado, dado que la Mesa de Diálogo, no es sustituto del Congreso Legislativo ni de ningún otro poder nacional o internacional. Al sugerir que el Secretario General de la OEA, Dr. Almagro, estuviese presente en la Mesa, no creemos que ignore que este señor es actualmente un Paladín de la ultraderecha continental, con fuertes vinculaciones en el Departamento de Estado, los republicanos más conservadores de EUA y conocido promotor del Grupo de Lima, quien ahora trabaja arduamente para derrocar al gobierno de Venezuela. Así que, sería inocente no sospechar de las intenciones de los Obispos.
El gobierno de los Ortega, dejaron de ser fieles representantes de los ideales sandinistas, de Carlos Fonseca Amador y del mismo Sandino desde hace unos años. Esto ha sido denunciado, incluso por algunos de los nueve comandantes del sandinismo nicaragüense. Su trayectoria en estos últimos años, contradicen la ética y el compromiso revolucionario de sus fundadores y de quienes lucharon por años hasta vencer a la dictadura somocista. Lo que ahora produce este lamentable hecho, es que la izquierda tenga obligadamente que sacudirse de sus implicaciones y reconstruir su proyecto nicaragüense. La misma historia del sandinismo, que viene desde inicios del siglo XX, desapareció de los textos de estudio en las escuelas y colegios del país, es por eso que, la juventud, ahora tirada en la calle, irrespeta las conquistas logradas con la sangre de miles de jóvenes, no solamente nicaragüense, sino centroamericanos, en décadas recientes. Desde luego, hay sandinistas auténticos dando su cara y dispuestos a rescatar su honor.
En el contexto en que se encuentra Nicaragua, lograr recuperarse económica, social y políticamente será muy difícil, no solamente porque deben salir del impase en la mesa de diálogo, pero por los intereses internacionales que están en juego y al asecho para destruir lo logrado hasta ahora. La bella, culta y acogedora Nicaragua no se merece menos que volver a la paz y seguir en su buen desarrollo socio económico. Las esperanzas están puestas en sus hijos e hijas sensatas, con mansedumbre, coraje e inteligencia.
Pronunciamiento del Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo (CICDE) de la UNED
En América Latina perviven actualmente cerca de 650 pueblos indígenas, 60 de los cuales se localizan en Centroamérica, y 8 en Costa Rica. En Centroamérica representan aproximadamente un 17% de la población y un 2,5% para el caso de nuestro país.
El artículo 1º del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) establece que un pueblo se considera indígena “por el hecho de descender de las poblaciones que habitaban en el país o en una región geográfica a la que pertenece el país en la época de la conquista, de la colonización o del establecimiento de las actuales fronteras estatales y que, cualquiera sea su situación jurídica, que conservan todas sus propias instituciones sociales, culturales, económicas y políticas o parte de ellas”. Además indica que “la conciencia de su identidad indígena o tribal deberá considerarse un criterio fundamental” para determinar la pertenencia a estos pueblos.
La riqueza y diversidad cultural de los pueblos indígenas se expresa en la multiplicidad de idiomas, prácticas culturales y productivas, formas de gobierno propio y en diversas cosmovisiones y espiritualidades, todo lo cual mantiene vigencia a pesar de la violencia permanente que sufren, y la negación que se ejerce sobre sus culturas y cosmovisiones.
El territorio tiene para estos pueblos una importancia singular: es el lugar donde estos crean y recrean su cultura, espiritualidad, vida y en general, su identidad indígena; es el espacio vital donde se desarrolla la comunidad y se interactúa con el resto de seres vivos y con el universo. Sin embargo, desde la Colonia los pueblos indígenas han sufrido el despojo de sus tierras, algo que sigue viviéndose en la realidad costarricense actual.
Es importante recalcar que el Estado costarricense ha asumido, múltiples compromisos internacionales relacionados con pueblos indígenas, entre los que cabe destacar los siguientes:
1) Los convenios 107 y 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), “Sobre los derechos de los pueblos indígenas y Tribales en países independientes”, ratificado por Costa Rica en 1959 y 1992, respectivamente, ambos con rango constitucional;
2) La Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas (ONU), firmada en el 2007;
3) La Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas de la Organización de Estados Americanos (OEA), firmada en el 2016;
4) La “Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y Formas Conexas de Intolerancia”, que Costa Rica fue el primer país de América en aprobar en 2013.
5) A nivel nacional, el país dio reconocimiento a los derechos territoriales indígenas desde 1939, mediante la Ley Nº 39 de Terrenos Baldíos, en la que se declara la inalienabilidad de las tierras ocupadas por estos pueblos.
6) A partir de 1956 varios decretos ejecutivos establecen las llamadas Reservas Indígenas, que son tierras de propiedad colectiva reconocidas por el Estado como territorios indígenas. A la fecha suman 24, en diferentes cantones del país.
7) En 1977, mediante la Ley 6172, conocida como Ley Indígena, el Estado costarricense estableció el carácter inalienable, intransferible e imprescriptible de sus territorios y se comprometió a restituirles las tierras que, estando dentro de ellos, se encontraran en manos de población no indígena, así como a protegerlos de nuevas invasiones. A cargo del cumplimiento de ese objetivo quedaron el Instituto de Tierras y Colonización, hoy Instituto de Desarrollo Rural (INDER) y a la Comisión Nacional Indígena (CONAI).
8) En el 2015, mediante reforma del artículo 1º de su Constitución Política, el Estado Costarricense declara que somos una “República democrática, libre, independiente, multiétnica y pluricultural”.
No hay, sin embargo, correspondencia entre estos avances en el nivel jurídico-normativo y de las prácticas sociales y estatales reales, lo cual se evidencia claramente en relación con la situación de tenencia de la tierra. El problema es extremadamente grave: de los territorios indígenas, entre un 50% y hasta en un 90% -en algunos casos como Térraba, China Kichá y Altos de San Antonio- están en posesión de personas no indígenas, o bien regidos por una institucionalidad de gobierno local bajo control gubernamental, como es el caso de las Asociaciones de Desarrollo Comunal. Se desconocen así las instancias de gobierno propias de las comunidades indígenas, lo que también violenta los compromisos adquiridos.
Reconocemos algunos esfuerzos, positivos pero dispersos, principalmente en el nivel educativo, o la reciente directriz 042-MP Mecanismo de Consulta a Pueblos Indígenas, los cuales sin embargo resultan muy limitados, dada la efectiva ausencia de políticas públicas interculturales y de acción afirmativa para estas poblaciones y la persistente negativa por parte de la Asamblea Legislativa durante los últimos 24 años, a votar el proyecto “Ley de Desarrollo Autónomo de los Pueblos Indígenas”, Expediente Legislativo No. 14.352, aun cuando este cuenta con un amplio proceso de consulta tutelado por la propia Asamblea Legislativa y el Tribunal Supremo de Elecciones y el correspondiente aval de la Oficina de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa ( 2009).
Esta brecha en la implementación de los derechos de estos pueblos ha sido denunciada por las propias organizaciones y comunidades indígenas, por la Defensoría de los Habitantes y por el Relator de las Naciones Unidas para los Derechos de los Pueblos Indígenas. Son denunciadas reiteradas a lo largo de varios gobiernos, sin que se registren avances significativos.
Ante estas históricas deudas del Estado costarricense en relación con sus derechos territoriales, los pueblos bribri y bröran del Cantón de Buenos Aires han decidido recuperar su territorio.
Indígenas bröran decidieron tomar posesión de la finca llamada POTOMAC, rebautizada CRUN SHURIN, teniendo como respaldo la Ley Indígena y una resolución de la Sala I de la Corte Suprema de Justicia de 1990, no ejecutada hasta el momento, la cual establece que esta finca es parte del territorio indígena de Térraba. Desde hace varias semanas, un grupo de unas 16 familias de ese pueblo se mantienen en el lugar. Se trata de aproximadamente 1000 hectáreas actualmente subutilizadas, en posesión ilegal por parte de no indígenas que viven fuera de la región, que serán reocupadas con fines de subsistencia y vida comunitaria bröran.
Estas acciones en Térraba se unen a las realizadas en Salitre y en Cabagra en los últimos ocho años, lapso durante el cual el Estado costarricense no ha hecho avance alguno en la regularización de la tenencia de los territorios indígenas de la región. Es decir, no se ha procedido, como corresponde, a una clara demarcación de los límites del territorio, la constatación de la legalidad de la posesión de las tierras, o su devolución a los pueblos indígenas. Se incumplen así los múltiples compromisos que asumió el gobierno recién concluido, sobre todo teniendo presente la violencia suscitada en Salitre y Cabagra por parte de personas no-indígenas. Se han dado agresiones y amenazas diversas, quemas de casas, destrucción de cultivos, persecuciones, uso de armas, sin que hasta el momento haya nadie detenido ni sancionado. Ello pone en evidencia el grado de impunidad así como la ineficacia de la acción del Estado y el desinterés de las altas autoridades políticas.
La inseguridad y la amenaza contra la integridad de las personas indígenas son evidentes, durante y después de las recuperaciones. Se hace urgente la atención efectiva del Estado costarricense en sus diferentes instancias, tanto administrativas, legislativas como judiciales y de todas sus instituciones, sean ministeriales o autónomas, para resolver, como corresponde y con la urgencia del caso, las necesidades y demandas conforme a los derechos colectivos de estos pueblos.
El Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo (CICDE), unidad de investigación científica adscrita a la Vicerrectoría de Investigación de la Universidad Estatal a Distancia (UNED) hace un llamado respetuoso pero vehemente al nuevo Gobierno de la República, al Poder Judicial y a las señoras y señores diputados, así como a las autoridades de las diferentes instancias políticas y técnicas involucradas en el saneamiento y seguridad de los territorios, para que se actúe conforme al marco de derechos indígenas, especialmente la Ley Indígena, el Convenio 169 de la OIT, la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU y de la OEA y la atención a las Medidas Cautelares impuestas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos al gobierno de Costa Rica desde el 30 de Abril del 2015, de manera que se proceda a lo siguiente:
– Garantizar la seguridad, protección e integridad física y patrimonial de las familias bröran y bribris, que han recuperado territorios indígenas en diferentes lugares del cantón de Buenos Aires.
– Emprender e incrementar, con toda celeridad, las acciones institucionales pertinentes y eficaces para la atención de la situación de conflicto, tanto en sus aspectos de atención inmediata y urgente, como en sus aspectos estructurales, que permitan aplicar medidas efectivas para la regularización en la tenencia y la seguridad de los territorios indígenas, incluyendo el reconocimiento de los derechos autonómicos de estos pueblos sobre estos territorios.
– Implementar la Medida Cautelar Nº 321-12 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA en relación con los pueblos y territorios indígenas de Buenos Aires.
– Armonizar la legislación nacional conforme a los derechos reconocidos internacionalmente y con los que el país se ha comprometido, y establecer los correspondientes mecanismos de aplicación efectiva.
– Aplicar las Reglas de Brasilia para garantizar el acceso a la justicia a los pueblos indígenas costarricenses.
– Retomar el diálogo directo y eficaz entre el gobierno y los pueblos y territorios indígenas para el desarrollo de políticas públicas interculturales.
– Ejecutar los múltiples acuerdos establecidos entre las diferentes instancias del Estado y los pueblos y territorios indígenas.
– Realizar los desalojos administrativos ya aprobados, pendientes de ejecución desde el 2014.
Atentamente
Dr. Luis Paulino Vargas Solís
Director
Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo (CICDE)
En los años setenta y ochenta del pasado siglo éramos playos, culiolos, yigüirrones, platanazos, rabanazos, pájaros, mariquitas, etc. Teníamos tantos nombres, pero ninguno en el cual reconocernos. Habitábamos la nominalidad de lo denigrante, no la de la dignidad. No éramos gais. Esa denominación simplemente no existía. En medio de la profusión de etiquetas insultantes, no sabíamos cómo designarnos a nosotros mismos.
La gente sabía que existíamos, pero no se sabía dónde. Como si viviéramos escondidos en lo más oscuro y maloliente de las alcantarillas. Se nos imaginaba monstruosos, deformes, sucios, viciosos, desenfrenados, enfermos. Pero, claro está, las sospechas siempre existían. Lo de ser rarito, finito, quebradito no pasaba inadvertido. Y con la sospecha venía el ácido disolvente de la maledicencia y el desprecio. Pero a veces la sospecha, de alguna forma imprevisible, se volvía certeza, con lo cual tu asesinato social quedaba confirmado y era irreversible.
Con el sida algo cambió. El monstruo, que era imaginado reptando sigiloso en la oscuridad del submundo, devino una peste de proporciones bíblicas en capacidad de invadir e inundar cada rincón de la sociedad. Porque, en realidad, la peste no era el sida; éramos nosotros, los hombres homosexuales. El sida era culpa nuestra y nosotros, por causa de nuestra maldad intrínseca, éramos los agentes infecciosos que lo diseminaban. Por ello mismo, un hombre homosexual con sida, nunca era un enfermo ni una víctima. Era siempre culpable y victimario. Bueno, sigue siéndolo hoy día, tan solo con cambios de matiz, pero no de sustancia. Pues, bueno, ese era el mensaje que, por entonces, difundían los medios de comunicación con morbo enfebrecido, que repetían y refrendaban las autoridades políticas, las jerarquías católicas e incluso prestigiosos científicos, cuyos aportes a la “comprensión” del sida, se resolvían más bien como un torrente de prejuicios y odio.
Sabíamos que teníamos muchos nombres, ninguno elegido, todos infames y humillantes. Otros se sumaban a la lista: sidosos, apestados.
Oficialmente se decidió –primera administración Arias Sánchez– que para frenar la epidemia del sida, los apestados debían ser aislados. Y se nos echó la represión policial encima con incrementada furia. No es que fuese algo nuevo; de hecho, el acoso reiterado en sitios públicos o en bares o discos tenía una muy larga historia. Pero ahora el asunto escalaba nuevas alturas. Es una historia contada muchas veces: las redadas, las perreras, la cárcel, la visibilización pública forzada. En fin, el abuso y la violencia sin disimulo ni atenuantes.
Los hombres homosexuales de entonces lo vivíamos como si fuese una especie de tornado que la naturaleza lanzaba sobre nuestras cabezas. Aterrorizados por el sida y por la policía, ni siquiera teníamos conciencia de nuestros propios derechos. La verdad, es que ni siquiera imaginábamos que tuviésemos derechos. Ningún derecho. Frente a la furia de un tornado, cabe tan solo intentar salvarse cada quien como mejor pudiera. No más que eso. Sin identidad en la cual mirarnos y sin conciencia ni siquiera de nuestra propia dignidad humana, carecíamos igualmente de ningún discurso, de ninguna narrativa, que diera siquiera un mínimo sentido a lo que éramos y que clarificase, siquiera un poquito, cuál era nuestro sitio en el mundo. Resultaba entonces esperable que, en consecuencia, no tuviésemos organización alguna. Yo no puedo interpretar esto sino como el producto de años y años, hasta sumar décadas y siglos, de violentísima represión; de negación y silencio en lo más profunda de una caverna en que la debíamos permanecer ocultos y enclaustrados.
Por ello ser hombre homosexual en los años setenta y ochenta del siglo pasado –tiempos de mi adolescencia y mi joven adultez– era esencialmente vivir una vida escindida en identidades fragmentadas, vergonzantes, en fuga permanente las unas respecto de las otras. Era vivir negado a la afectividad, a la posibilidad de construir una familia propia, a la vivencia del amor. Estábamos condenados al sexo clandestino, al placer efímero y culpable. Y al esfuerzo permanente de encubrimiento, de negación. Como un juego de caretas: en cada espacio particular de tu vida, una careta distinta, y con cada nueva careta un manto de silencio que negaba e invisibilizaba las otras facetas, los otros fragmentos de nuestras vidas, las otras caretas. Y la completa desconexión entre sexualidad, afecto, familia y pareja. De hecho, no teníamos novio ni menos pareja. Teníamos algo que llamábamos “gente” (“tengo gente” contábamos; “este es mi gente”, presentábamos). Así, difuso y borroso: “gente”. No novio, mucho menos pareja.
Con el avance de los ochentas y al entrar los noventas, se multiplicaban los casos de sida, y con estos los muertos y crecía el número de quienes eran lanzados a la calle, repudiados por su propia familia. También en los centros de salud y por parte del personal médico y paramédico el trato estigmatizante, las prácticas humillantes, las miradas de sospecha y desprecio. Cada hombre homosexual enfermo era primero aniquilado socialmente, antes de ser aniquilado físicamente por la enfermedad. Pero toda esa dolorosa devastación, tuvo sin embargo una faceta positiva: hizo surgir solidaridades más profundas, tramadas en tejidos más sólidos y perdurables y, con ello, surgieron los primeros esfuerzos organizativos, de carácter humanitario y asistencial, todavía no con conciencia politizada, pero, en fin, ahí se sembró el germen de lo que vendría más adelante. Y en todo ello, no cabe duda, el nombre de Jacobo Schifter debe ser reconocido como el de un pionero insigne. En medio de tanto horror, lo que Jacobo hacía era épico, realmente heroico.
Unos años después, hacia la segunda mitad de los noventa, vino la lucha por los antirretrovirales. La Caja los negaba alegando que no curaban la enfermedad y que resultaban excesivamente caros. Total que los que se morían era, en su gran mayoría, playos. A nadie le importaba ni poquitito. Hubo que llevar el asunto a la Sala Constitucional, lo cual implicaba politizar las cosas y tener que visibilizarse. Y tener que visibilizarse doblemente: como playo y como sidoso, según los términos –igualmente devastadores– que prevalecían por entonces. Ya para entonces habíamos finalmente entendido que sí teníamos derechos que reclamar, y una dignidad que defender. Y, con la misma épica con que Jacobo irrumpió unos años antes, otros compañeros decidieron luchar por sus vidas dando la cara ante la Sala Constitucional. Y lo lograron. Hablábamos entonces del “efecto Lázaro” y circulaban las historias de amigos o conocidos que, al borde mismo de la muerte, habían literalmente resucitado.
Creo que fue por entonces, o sea hacia el decenio de los noventa, que empezamos a reconocernos como gais. El término nos llegó del norte rico, de Estados Unidos en particular, y jugó un papel importantísimo: el reconocimiento de sí mismo como gay era darse un lugar en el mundo que no fuese el de la denigración y el insulto. Porque, contrario a lo que ciertas tesis excesivamente simplistas pero muy en boga proponen, los seres humanos no podemos existir sin identidad, porque no tener identidad es no tener lugar en el mundo. Las identidades pueden seguramente ser cambiantes, pero que una persona humana pueda existir sin poseer una identidad –seguramente compleja y multifacética– en la cual mirarse a sí misma, es burdo e iluso. Nuestra inescapable condición sociohistórica es inevitablemente identitaria.
Los gais que no éramos, empezamos a serlo. Ya no aquel juego de caretas cada una haciendo su performance en un espacio distinto, y cada espacio escindido de los otros y entre cada uno de estos, murallas irrompibles de silencio. Pasamos, de a pocos, a la fase siguiente: “declararnos” públicamente, un hecho en sí mismo violento y discriminatorio, que se nos impone hacer una y otra vez. Pero, bueno, lo hicimos: empezamos a visibilizarnos, o sea, a autodenominarnos ante otra gente. Primero en espacios más restringidos, más cercanos a la inmediatez de nuestra cotidianidad. Poco a poco a nivel social y político.
Los de entonces, que estamos aquí, sabemos que el recuento de los que quedaron en el camino, los que dijeron adiós a edades prematuras, es muy largo. Somos sobrevivientes de un naufragio, en parte por el sida, pero también por otras causas, incluso innumerables asesinatos. Estamos ahora en el umbral de la tercera edad –algunos ya lo transpusieron– y tenemos claro que eso nos trae nuevos retos, incluso la perspectiva muy cierta de una vejez en soledad.
Pero hoy sabemos, con total certeza, que reconocer y cobrar conciencia de la propia dignidad, es dar un paso adelante que jamás, jamás admite posibilidad alguna de retroceso.
(*) Director Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo, CICDE-UNED.
Hace unas semanas, una cadena de televisión alemana proyectó un reportaje sobre la piña costarricense denominada «Sweet Gold» o MD-2 (también conocida como “Dorada” o “Golden”) que se importa y consume en grandes cantidades en Alemania. El reportaje se encuentra disponible en este enlace en You Tube y se titula «Costa Rica: el precio de la piña | DW Documental«).
Como bien es sabido, el consumidor alemán se muestra cada vez más sensible a formas de producción sostenibles y respetuosas del ambiente de los productos que ingiere, y ha desarrollado una actitud un poco más crítica que los demás consumidores europeos.
La variedad de la MD-2 o «Sweet Gold» que se consume en Alemania y en el resto de Europa se ha impuesto en el mercado mundial a partir de mediados de los años 2000, sustituyendo a otras variedades de piña, como la «Hawaiana» o la «Cayena». En Costa Rica la «piña criolla«, con una pulpa clara y muy ácida – cuyo recuerdo persiste en la memoria gustativa de muchos – ha prácticamente desaparecido de anaqueles y góndolas, ocupados por la «Sweet Gold«. Nótese que gran parte del mercado local es abastecido por piñas que, por alguna razón, no califican para ser exportadas fuera de Costa Rica.
El contenido del documental en breve
En menos de 26 minutos, el reportaje presenta una imagen pocamente divulgada sobre lo que se denomina en algunos sectores económicos como el «dulce orgullo» costarricense, en referencia precisamente al sabor extremadamente dulce de la «Sweet Gold» o MD-2.
Denuncias de activistas pocamente atendidas por las autoridades, contaminación de suelos y de aguas de años que se mantienen sin sancionar a las empresas responsables, explotación laboral que se desprende de varios valientes testimonios de operarios en fincas piñeras, efectos negativos del cultivo en la ganaderia circundante (proliferación de la mosca de establo), y opciones alternativas a la piña convencional pocamente apoyadas por las autoridades constituyen el menú del reportaje.
Este último es completado de forma muy interesante con muestras analizadas en un laboratorio alemán independiente (a partir del minuto 22:36): entre varios hallazgos, el técnico de laboratorio recomienda tener extrema precaución a la hora de manipular la fruta en una cocina, al contener sus hojas sustancias químicas sumamente dañinas para la salud humana que se desprenden (y que no impregnan la pulpa ni la cáscara de la fruta exportada a Alemania).
¿Análisis de laboratorio que puedan dar pie para una controversia? No sería la primera vez que sector productivo y autoridades estatales no detectan lo que sí detectan laboratorios independientes cuando de piña costarricense se trata: se leyó en un informe del Estado de la Nación que: “En mayo del 2014 el Laboratorio Nacional de Aguas del AyA recomendó suspender el abastecimiento por camiones cisternas, ya que desde el 2012 los laboratorios privados contratados no han encontrado residuos de plaguicidas en las fuentes de agua para consumo humano en las comunidades involucradas. Sin embargo estudios efectuados por el Laboratorio de Análisis de Residuos de Plaguicidas (Larep) del IRET-UNA, en marzo del 2014, detectaron concentraciones de 2,8 Mg/L de bromacil, 0,1Mg/L de triadimefón y otros plaguicidas” (XX Informe del Estado de la Nación (2014), p. 192).
Foto extraída de nota de prensa del Tico Times (2017) titulada «Environmentalists demand halt to pineapple expansion».
A partir del minuto 15:09 del reportaje de la DW, se documenta cómo el sector productivo (Cámara Nacional de Productores y Exportadores de Piña o CANAPEP) es solicitado para una entrevista, la cual al final no se logró materializar con el equipo de periodistas alemanes.
Un ministro extremadamente hacendoso
Extremadamente llamativo resulta lo que se observa a partir del minuto 16:10, en el que los periodistas reproducen un documento suscrito por el máximo funcionario del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) enviado en agosto del 2017 solicitando a la Embajada de Costa Rica en Alemania proceder a «arreglos» (sic.) antes de la difusión de dicho documental en Alemania. Se desconoce si este tipo de misivas constituye (o no) una «première» por parte de un titular a cargo de la cartera de agricultura y ganadería en Costa Rica.
Más allá de lo hacendoso que puede resultar a veces un jerarca, es de destacar en contraposición la omisión del Estado costarricense con relación a aspectos y efectos relacionados a la piña desde varios años: una ponencia preparada por tres investigadores para el Estado de la Nación del 2016, titulada precisamente «La expansión por omisión: territorios piñeros en los cantones Los Chiles, Upala y Guatuso, Costa Rica (2004-2015)» (véase texto completo) explica el beneficio que algunos sacan ante esta actitud omisa por parte de varios entes estatales.
En este artículo publicado en la Revista Vacio en el 2017 y titulado «Las múltiples realidades de la piña«, la politóloga Alexa Obando Campos precisa que: «… se nota una gran debilidad de gestión pública en instituciones fundamentales como la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA), el Tribunal Ambiental Administrativo a escala nacional y las Municipalidades a nivel local. Aquí se comprueba la poca capacidad de control previo, nulas interrelaciones entre escalas para dar un seguimiento necesario a las tareas que les competen, falta de información y de coordinación para que exista una correspondencia entre iniciativas, políticas o acciones concretas».
Un documental crítico antecedido por varios cuestionamientos previos
No es la primera vez que la piña costarricense es cuestionada en el ámbito internacional, tal y como lo veremos a continuación.
En el 2009, desde la perspectiva de los derechos humanos, la relatora especial de Naciones Unidas sobre Derechos Humanos, Agua y Saneamiento, Catarina Albuquerque, visitó Costa Rica (véase texto de su informe). En el informe que presentó en Naciones Unidas – y pocamente divulgado en Costa Rica – indicó que: «71. La Experta independiente desea expresar su preocupación respecto del empleo de Bromacil, Diurón y otros plaguicidas en las explotaciones agrícolas, en especial en las plantaciones de piña tropical, habida cuenta de que esos productos han sido relacionados con diversas formas de cáncer en caso de ser consumidos en grandes cantidades durante un período prolongado» (p. 22, punto 71)».
Figura sobre valores de Bromacil en el agua destinada al consumo humano en Milano de Siquirres, extraída de esta nota titulada “Piña y sistemas hídricos: relación delicada. Especialistas analizan fenómenos ambientales, sociales y económicos del cultivo” (sitio oficial de la UCR, 2013).
En octubre del 2010, un artículo publicado en The Guardian titulado «Bitter fruit: The truth about supermarket pineapple» ya advertía al consumidor británico sobre algunos aspectos pasados por alto por las autoridades y por el sector productivo costarricense, desde la perspectiva laboral esta vez. Un documental fue también realizado en el 2010 por Consumers International titulado «Piñas: el precio oculto de la fruta tropical» (véase documental disponible en este enlace) sobre aspectos ambientales de la piña costarricense.
En el 2015, cansadas de promesas incumplidas desde el 2007, las comunidades del Cairo y Milano (región de Siquirres) cuyas aguas fueron contaminadas por empresas piñeras, lograron que la piña costarricense fuera objeto de una audiencia ante la misma Comisión Interamericana de Derechos Humanos / Com IDH (remitimos a nuestros estimables lectores a nuestra nota titulada «La piña de Costa Rica ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos«, editada por el OPALC el 7/04/2015).
Con relación a los empleos generados por la actividad piñera en Costa Rica (presentados por el sector productivo y por las autoridades costarricenses como una justificación incuestionable para expandir la producción) en el 2016, la ONG Oxfam implementó una campaña en Europa contra la comercialización de la piña de Costa Rica por los supermercados alemanes con base en un informe que detalla las condiciones inhumanas que prevalecen («inhumane conditions which prevail«) en las plantaciones de piña (véase informe en inglés titulado «Sweet fruit, bitter truth«). No se tiene conocimiento de drásticas medidas legales de control / prevención tomadas desde el 2016 para erradicar las prácticas laborales denunciadas por los integrantes de Oxfam en fincas piñeras.
En este artículo del 2015 de la autora Laura Flores titulado «Piña dorada: una pesadilla a cuatro voces«, publicado en la Revista Paquidermo en Costa Rica se indica el tipo de empleo que se observa en muchas piñeras de Costa Rica: «Don Gerardo nos explica que más del 90% de los trabajadores que contratan las piñeras son nicaragüenses. Se los traen en camiones de ganado todos los días y les pagan 5 mil colones la jornada. Comen tres veces al día y las tres veces comen exactamente lo mismo: arroz y yuca. Nada de carne, nada de frijoles y nada de garantías sociales«.
Volviendo a la esfera de Naciones Unidas, esta vez con relación al supuesto «desarrollo» que aporta la piña a las comunidades, al medirlo recurriendo a indicadores internacionales validados por Naciones Unidas, los cantones piñeros de Costa Rica aparecen entre los cantones con el menor Indice de Desarrollo Humano (más conocido como IDH).
Problemas detectados ante un parco aparato estatal
Es de notar que durante su segunda estadía en Costa Rica en el 2016, se pudo leer por parte de los investigadores de Oxfam su asombro al ver la ausencia de cambios en Costa Rica para remediar los problemas que provoca la piña detectados ocho años antes: «Nos impresiona mucho ver que desde la primera investigación que hicimos hace ocho años, casi no han cambiado las cosas. Igualmente, en marzo vinimos a hacer una segunda indagación y todo sigue igual: problemas de salud como cáncer y enfermedades de la piel, contaminación de acuíferos y faltas a las garantías laborales de las personas que trabajan en estas fincas» (véase artículo de DiarioExtra titulado «Alemanes denuncian malas prácticas en piñeras ticas. Advierten a consumidores sobre hallazgos» del 25/10/2016).
El drama humano vivido por más de 6000 personas en el Cairo y Milano de Siquirres desde julio del 2007 debido a la contaminación de los acuíferos pareciera ahora replicarse en la zona de Veracruz de Pital de San Carlos (véase nota sobra contaminación de aguas subterráneas de Elpais.cr del 2016 y nota del Semanario Universidad de enero del 2018 titulada «Asada de zona Norte denuncia contaminación con bromacil. Herbicida presente en todas las fuentes de agua en Veracruz de Pital«).
Es muy posible que muchas otras comunidades aledañas a plantaciones de piña estén consumiendo agua declarada potable cargada de sustancias químicas: los estudios físicos químicos no se realizan con la regularidad con la que se efectúan los estudios bacteriológicos por parte de las autoridades a cargo de confirmar la potablidad del agua.
En un artículo de opinión de setiembre del 2017 titulado «El costo del sacrificio ambiental. Piña vs agua«, publicado en DiarioExtra (véase texto completo), se pudo leer que el Dr. Allan Astorga, geólogo, lleva seis años esperando respuesta a una pregunta hecha públicamente a las autoridades: «En el 2011 tuvimos la oportunidad de plantear al siempre Director de Aguas del MINAE las siguientes preguntas, sin respuestas a la fecha: “¿Podría tal vez don José Miguel explicarnos, por ejemplo, qué ha hecho su Ministerio, para, en coordinación con el MAG y el Senara, evitar que se repita el desastre ocurrido con los acuíferos en el Cairo y Milano de Siquirres debido a la contaminación de plaguicidas por las plantaciones de piña alertada desde el 2005 por la UNA y confirmada en julio del 2007 por el Ministerio de Salud? ¿Dónde consta algún protocolo MAG/Minae/AyA/Senara al respecto para evitar, a modo preventivo, que se repita esta tragedia en otras partes del país?”
Siendo el silencio una sútil manera de comunicar a veces, se podría inferir – pero no estamos seguros de ello – que poco (¿nada?… ¿algo?) se ha hecho por parte de los entes a cargo de las aguas subterráneas para protegerlas de las sustancias químicas requeridas para producir la «Sweet Gold», en coordinación con las autoridades ambientales. Ante la duda, el señor José Miguel Zeledón, Director de Aguas del MINAE, tiene (aún…) la palabra.
El auge de la piña costarricense en el mercado mundial
Según un informe de la UNCTAD del 2014, Costa Rica lidera la exportación de piña a nivel mundial con 2.126.929 toneladas métricas exportadas, seguida en América Latina por Panamá con tan solo 67.038 toneladas y Ecuador con 57.380 (véase gráfico Table 3 ubicado en la página 13): hemos revisado detenidamente esta tabla para detectar algún error de dígitos. Al parecer, Costa Rica es el único Estado en el mundo cuyas autoridades se muestran dispuestas a favorecer y a expandir el cultivo de la piña de exportación en esas proporciones.
En un reciente reportaje se indicó que en los últimos 4 años, las exportaciones de piña en Costa Rica aumentaron en un 19% (véase nota de La Nación).
Foto extraída de artículo de prensa de la agencia EFE de noticias, titulado «Costa Rica revisará permisos otorgados en el último año para siembra de piña» publicado por Elpais.cr (edición del 17/05/2017).
Nótese que durante la última contienda electoral vivida por Costa Rica en los primeros meses del 2018, el tema ambiental no pareció ser tema de campaña. Precisamente en un artículo publicado en Pagina Abierta (DiarioExtra) y en el sitio de Hablando Claro (Radio Columbia) el 24/10/2017, titulado “Candidatos y ambiente: ¿Cuándo se va a hablar en serio?”, su autor, el Dr. Allan Astorga, ex Secretario General de la SETENA y connotado especialista en evaluación ambiental escribe con relación a la piña (véase texto completo del artículo):
“El censo agropecuario del 2015 del MAG indicando la existencia de 37.200 hectáreas de piña debe contraponerse a un estudio reciente con fotos satelitales en las que ascienden a más de 58.000: una diferencia que hace ver el poco control y fiscalización del Estado, y el alcance de un monocultivo implantado con fuerza a partir del 2007 y que debe ser considerado como una verdadera vergüenza social y ambiental”.
La piña MD-2 de Costa Rica, ¿»vergüenza nacional» o bien «orgullo nacional«?
No cabe duda que el tema de la piña en Costa Rica requiere de una discusión nacional que se ha pospuesto desde hace mucho tiempo por parte de las autoridades. El aumento exponencial de este monocultivo en tan pocos años constituye un hecho notorio pocamente analizado. La ausencia de sanciones a empresas responsables de contaminar aguas y suelos es otro dato que llama poderosamente la atención.
Desde el 2007, Costa Rica lidera el mercado mundial de la piña fresca de exportación, importando grandes cantidades de sustancias químicas, varias de ellas prohibidas por la misma Unión Europea (UE), como por ejemplo el Paraquat – prohibido en la UE desde el 2007. Estos y otros argumentos han sido objeto de numerosas publicaciones y artículos de opinión en medios de prensa. Un artículo de El Financiero del 2009 ya advertía del carácter insensato del crecimiento de la piña (véase artículo titulado «Insensatez piñera. Miopía empresarial y estatal abonaron graves secuelas«).
¿Cómo explicar tan vertiginoso aumento pese a la existencia de normativa ambiental como la vigente en el ordenamiento jurídico costarricense? La respuesta está en la SETENA (Secretaría Técnica Nacional del Ambiente), en la que se originan la mayor parte de los grandes escándalos en materia ambiental en Costa Rica, en particular los «orquestados» durante el periodo 2006-2010. Fue precisamente en el año 2009 que la SETENA optó por eximir a las piñeras de un Estudio de Impacto Ambiental (EIA). En setiembre del 2011, se leyó en un artículo publicado en La Nación titulado «La cuestionable sostenibilidad ambiental de la piña» y escrito por el mismo Dr. Allan Astorga que: «La sustitución operada en la resolución 2286 – 2009 Setena del 25 de setiembre del 2009 del EDA por el EIA (por una Setena intervenida, como bien se sabe, por el Ministerio de la Competitividad) contradice nuestro ordenamiento jurídico y los principios de prevención que incluye nuestra normativa. Tratándose de un estudio «expost» no se entra a valorar elementos esenciales, como por ejemplo si el sitio seleccionado para el cultivo era el apropiado, ni tampoco puede valorar si al momento de desarrollar del cultivo se afectaron biotopos sensibles que no debieron haberse afectado«. Nótese que ninguna de las aseveraciones hechas en este artículo fueron objeto de alguna solicitud de rectificación y/o aclaración por parte de alguna autoridad estatal.
En octubre del 2017, ni el sector productivo ni tampoco las autoridades accedieron a un foro al que fueron invitados a debatir públicamente, convocado por la Universidad de Costa Rica / UCR (remitimos al lector a nuestra breve nota titulada «A propósito de un reciente foro sobre la expansión piñera en Costa Rica» publicada en Elpais.cr el 29/10/2017).
A modo de conclusión
Por alguna razón, este documental difundido en Alemania y en el resto del mundo a través de la plataforma de DW ha sido objeto de muy escasas referencias en la prensa costarricense. Encontramos una de ellas en la parte final de esta nota del medio digital del comunicador Diego Delfino del 4/4/2018 (véase enlace) y en la parte final de esta nota del Semanario Universidad (UCR) sobre posible fraude con piña orgánica (véase nota del 16/05/2018).
Una de las pocas notas periodísticas publicadas en la prensa costarricense sobre el documental alemán como tal (véase nota de AMPrensa del 6/05/2018) se titula: «Reportaje europeo deja por el suelo imagen de Costa Rica por cultivo de piña«.
Además de la imagen de Costa Rica en el exterior seriamente cuestionada en este reportaje, la piña pone en entredicho los esfuerzos oficiales de Costa Rica en materia de cambio climático: precisamente, de cara a los efectos del cambio climático, un reciente artículo de Ojo al Clima, advierte desde su mismo título que «Cultivo de piña quiebra los escudos contra cambio climático«.
(*)Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR).
El concepto de DISIDENCIA alude a rompimiento, ruptura, generado por un desacuerdo o disconformidad, que se opone o protesta ante algo decidido o por decidirse. La disidencia es respuesta contestaria. Por lo general constituye una respuesta radical que al incluir a un conjunto de personas es colectiva. Traspasa el concepto sociológico de una autoexclusión de conciencia de la pertenencia a un grupo, propio del disidente a nivel individual, para tomar posición respecto a una posición política. Al hablar de disidencia se refiere a un colectivo ideológico.
DE SI LAS DISIDENCIAS DE LAS FARC-EP Y DEL EPL CONSTITUYEN UN MOVIMIENTO HEGEMONICO
Analizando la experiencia colombiana, las disidencias de las guerrillas que han entrado en conversaciones y hasta acuerdos con el establecimiento estatal, estas han surgido en ámbitos regionales particularizados. Determinan un espacio territorial22 y en los dos casos históricos citados, sobresale el que las disidencias constituyen minorías ante el conjunto del cuerpo del cual se desprenden. En esto no cabe lo de mayorías o minorías calificadas. El esfuerzo de planteamiento analítico apunta a que predomine en el imaginario no el concepto de disidente aislado, animado por la mediática dictatorial; sino la existencia de un colectivo ideológico llamado disidencia, producto de una posición política. De tal manera que al darse – en términos políticos-una disidencia, se activa un restablecimiento o mejora de algo que degeneró.
Así como en la Biología se da el mecanismo de regeneración como recuperación de organismos vivos por reconstrucción de las partes perdidas o dañadas; permítaseme la licencia de tal símil al campo político y comprenderemos que tanto las disidencias del Ejército Popular de Liberación (E.P.L.) en el año de 1991; como las de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia- ejercito del pueblo (FARC-ep) en el 2018; comportan el universo ideo-político del organismo del cual se desprenden y por consiguiente continúan haciendo suyo el acervo teórico e ideológico revolucionario. Continúan enarbolando la historia política de su cuerpo organizacional político-militar, desde su génesis o formación. Continúan nutriéndose de sus planteamientos, congresos, conferencias, estatutos, reglamentos normativos propios de la juridicidad interna insurgente. Reivindican con legitimidad política el nombre y continúan haciéndolo suyo sin mayores formalismos. En una palabra, es falso, que las disidencias guerrilleras citadas en Colombia carezcan de un ideario programático político. Retoman el acumulado de fuerza beligerantes que les reconoció el Estado colombiano y la comunidad internacional; de ser precisos, hasta con mayor legitimidad.
Cosa muy diferente es el papel de la mediática canalla y la genuflexión de las dirigencias – que con todo derecho ejercido- aceptaron en conversaciones como el caso del EPL en 1991 y las Farc-ep, recientemente con Acuerdos vapuleados, la desmovilización y entrega de armas y sus reinserciones a la vida civil. Esas dirigencias, como si entonaran coros de las tragedias griegas y romanas, asumen la representación de otros, en el sentido que no les cobije a las disidencias la conexidad política de los delitos que continúan cometiendo por su accionar rebelde. Que sean ellos, a coro con el establecimiento que combatieron y que en el caso colombiano permitieron que permaneciera intacto, que nieguen que esas continúan siendo fuerzas beligerantes e insurgentes. Mencionen al menos un caso de sustentación política universal que les niegue ese carácter. Como si el juego político fuere un simplismo en decir nosotros enterramos el nombre del EPL y el de las Farc-ep y por ende no existen. Como si el conflicto social terminara, cuando es sabido que el conflicto social es inagotable, no se acaba, porque hace parte de la dinámica de las sociedades. Lo fatal es que las desmovilizaciones del EPL (1991) y Farc-ep no dieron fin al conflicto armado interno. Pues muy a nuestro pesar, pues encarnamos la posición de la izquierda revolucionaria desarmada en la búsqueda por la finalización del conflicto armado interno en Colombia; muy a nuestro pesar-repito- las insurgencias del Ejército Popular de Liberación- EPL y de las Farc-ep continúan vivitas y coleando.
En modo alguno nos prestaríamos a corear que las disidencias de las guerrillas son carteles del narcotráfico. Habrá oportunidad de ahondar al respecto.
EL PANORAMA ACTUAL
Aunque referencias de la prensa nacional aluden a presencia del Ejército Popular de Liberación- EPL, en varias regiones del país; la mayor incidencia opera en El Catatumbo, Provincia de Ocaña y Sur del Cesar. Su presencia remonta a 48 años. Ellos reivindican ser rebeldes y no narcotraficantes ni terroristas. Hacen llamados a las autoridades gubernamentales a querer conversar. Diferentes voceros de la sociedad civil e inclusive funcionarios estatales nacionales expresan que se escuchen sus llamados y se les dé un trato político especial.
En cuanto a las disidencias de las Farc-ep, ante el desconocimiento y no implementación a los Acuerdos de la Habana y el Teatro Colón (2016), van en crecimiento. Dicen: “Las Farc-ep seguimos siendo un partido de clase obrera y popular en armas, de carácter Marxista Lenisista, inspirado en el pensamiento del libertador Simón Bolívar y de Manuel Marulanda Vélez”.
El incómodo J. Santrich, víctima de orquestado montaje nacional y del Imperio, criticó de manera abierta la entrega apresurada de armas. Lo traigo a colación resaltando la posición del internacionalista dominicano Narciso Isa Conde quien en esa oportunidad aludió que todo iba bien en las Conversaciones con lo de dejación de las armas; hasta que se incurrió en la entrega de estas. ¡Algo así como la torcedura del pescuezo al gallo! J. Santrich, en sus propias palabras: “En la base del pensamiento genuinamente fariano nunca estuvo presupuestado entregarle a nadie, menos a un tercero las armas, y en esto quiero recordar las palabras del camarada Manuel cuando dijo a un periodista argentino: ‘De acuerdo con la experiencia que hemos acumulado a lo largo de 40 años de lucha, para resolver los problemas sociales de este país se requiere de la presencia de las FARC. Nosotros haremos un acuerdo en algún momento, pero nuestras armas tienen que ser la garantía de que aquí se va a cumplir lo acordado. En el momento en que desaparezcan las armas, el acuerdo se puede derrumbar. Ese es un tema estratégico que no vamos a discutir’. (…) Creo que estas palabras tienen absoluta vigencia. Llevan a pensar que, como FARC, conociendo la catadura históricamente traicionera de este régimen, cometimos un error estratégico y estructural al haber convertido la dejación en entrega de armas sin que los aspectos centrales del Acuerdo se hubiesen concretado, al menos en sus bases y en el diseño fáctico de sus garantías de cumplimento”.
A manera de corolario, es decir, que no necesita comprobarse, la existencia de las disidencias guerrilleras, constituyen un punto inflexible de referencia para el análisis de la continuidad del conflicto armado interno en Colombia. Están inmersos en el desorden y desconcierto que produce un fallido e inexistente proceso de terminación del conflicto y búsqueda de la paz. Por ello es dado afirmar que el E.L.N. ha tomado nota pública de la advertencia de J. Santrich y sabe que es lo que no debe hacer en la ya instalada Meza de la Habana 2, para no aceptar una paz claudicante y ahorrar frustraciones a las esperanzas del fin definitivo del conflicto, imperando la salida política y descartando al militarismo expansionista de la oligarquía colombiana en el poder.
