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¿Cómo que no lo dice La Nación?

Escrito en . Publicado en Análisis, Coyuntura.

Yamileth González García , Exrectora UCR

Acudo, una vez más, a este medio de comunicación en procura de imparcialidad y seriedad para aclarar las informaciones que hace un conocido periódico, de manera tendenciosa y hasta falaz, empeñado en desacreditar a una de las instituciones más respetables del país por su contribución al desarrollo y desempeño científico, cultural, artístico y tecnológico, en su ya no disimulada intención privatizante de la educación superior.

¿Cómo que no lo dice La Nación? Claro que sí lo dice, solo que lo hace de manera parcializada e interesada, pues menciona únicamente circunstancias negativas en su intento destructivo por atacar a la Universidad de Costa Rica (UCR) y su autonomía y, también, enfila sus ataques, sorprendentemente, hacia mi persona, como si yo fuera candidata a algún cargo de carácter nacional o institucional, ya que como es típico de ese periódico, cuando alguien está por postularse y no es de su agrado, lo atacan.

Los argumentos expresados en el editorial (La Nación, 23 marzo), como ya es su costumbre, son, en este caso, inexactos por parciales:

1- Comenzando porque se refiere a una medida tomada en una sesión del Consejo Universitario, en la que yo no participé. Dice el diario, textualmente, que: “el 29 de setiembre del 2009, González y el Consejo Universitario aumentaron las anualidades del 3% al 5.5%”. Eso es inexacto, yo no estuve presente en la sesión del Consejo del 29 de setiembre, la cual aprobó ese incremento y tampoco firmé, en ese momento, el acuerdo señalado.

2- Señala el citado editorial que, como consecuencia de esa acción, la Universidad de Costa Rica vive una situación insostenible financieramente, que esa medida atenta “contra la sostenibilidad financiera de la institución” y que “a corto plazo” “es una «amenaza» para la actividad sustantiva de la Universidad, es decir, el cumplimiento de su misión educativa”. Tremenda responsabilidad la que se me endosa; sin embargo, a pesar de que ese desequilibrio se viene pregonando desde el año de 2009, se reitera en 2013, 2014, 2015, 2018 y hoy de nuevo, la falsa alarma, de torcidas intenciones, como se sabe, no se ha concretado. Estamos ya en el 2021 y, contrariamente a la fatídica premonición, la UCR mantiene su equilibrio en las finanzas y no existe ningún déficit institucional. Aquí podemos citar, con un poco de ironía, el conocido texto de Zorrilla: “Los muertos que vos matáis gozan de buena salud”.

El día 22 de marzo, la UCR, le responde a ese diario y al país, lo siguiente:

“La anualidad que reciben los funcionarios de la Universidad de Costa Rica tiene tendencia a la baja y en el 2018 fue de 1,94% para personas profesionales y de 2,54% para personas no profesionales. En la actualidad este monto es de 0%”.

Si el diario La Nación, utilizara de forma correcta los datos, podría ver, o a lo mejor eso no es posible, que “… para los últimos ocho años la proporción del gasto en salarios se ha reducido pasando de representar un 72%, en el 2012 a un 67,79% en el 2019, y para el 2020 el gasto corriente en salarios se redujo en más de ₡800 millones de colones. Para este año la proporción del gasto en salarios fue de un 71%, debido a la baja general en los recursos que financian a la educación superior. El año pasado el presupuesto de la UCR se redujo en más de ₡34 000 millones”. (La UCR aclara publicación del diario La Nación, 22 de marzo). Una tendencia que se venía dando desde los años de 1990 y que no se detuvo en la última década; al contrario, como se deduce de la afirmación anterior llegó a estar más abajo del 70%. Esta proporción de equilibrio, como lo he señalado en otros momentos, es garantía generalizada de un sano equilibrio financiero para las instituciones de educación superior. A pesar de las diatribas de este periódico, la UCR continúa con su quehacer académico sustantivo de indiscutible impacto en nuestro país.

Reitero lo dicho hace un par de semanas: “Si bien es cierto los datos muestran un peso creciente de la anualidad sobre el salario base, se logra una estructura salarial que mantiene en proporción creciente el reajuste por régimen de mérito frente al salario base, y también que se sigue estando muy por debajo de la relación 80/20, un porcentaje que es considerado como el garante de un sano equilibrio financiero para las instituciones de educación superior”.

En todo caso, por su madurez y por la misma autonomía que la Constitución le da, la UCR ha puesto autos en el propósito de enmendar y corregir cualquier situación que perjudique su cabal funcionamiento, incluida, desde luego, una propuesta de empleo universitario, consecuente con una Ley de empleo público. Para ello, creó una Comisión encargada de estudiar el esquema salarial de la Institución.

3- También se me acusa de no haber escuchado la voz de la Oficina de Contraloría Universitaria ( OCU), la cual alertó sobre las consecuencias que la medida podría traer; pero lo que no menciona ese diario es que los dos estudios actuariales realizados, el primero, por el reconocido actuario Rodrigo Arias, profesor de la Escuela de Matemáticas, el Modelo de proyección de ingresos y gastos para determinar la sostenibilidad del gasto salarial de la Universidad de Costa Rica (2010) y, el segundo estudio, basado en el mismo modelo, pero ampliando el número de escenarios, lo realizó Arias en conjunto con los economistas Max Soto Jiménez y Pablo Sauma Fiatt del Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas, se hicieron para responder a las observaciones y dudas que habían sido señaladas por la OCU. Esos señalamientos si fueron atendidos y la Oficina de Contraloría participa del debate y la aprobación de la propuesta, en la Comisión de Administración y Presupuesto, como consta en el Acta de la sesión 5390 del CU, cuando se señala lo siguiente:

“Para el análisis del presupuesto institucional y el Plan Anual Operativo del año 2010, se llevó a cabo una reunión ampliada de la Comisión de Administración y Presupuesto (28 de septiembre de 2009), donde los miembros del Consejo Universitario analizaron cada uno de los documentos presentados por la Rectoría, con la participación de funcionarios y funcionarias de la Oficina de Planificación Universitaria (Licda. Maritza Monge Murillo, jefa de la Oficina; Licda. Carolina Calderón Morales, jefa de la Sección de Presupuesto; Licda. Anabelle Mora Bonilla, jefa de Sección de Planeamiento, y Lic. Johnny Méndez Vargas, jefe de la Sección de Evaluación); de la Oficina de Contraloría Universitaria (Lic. Mario Zamora, Lic. Donato Gutiérrez Fallas, y M.A. Jorge Padilla, Contralor) y el Lic. Ramón Bonilla, Director Ejecutivo de la Rectoría. En esta reunión se discutió ampliamente el Plan-Presupuesto para el año 2010, donde surgieron inquietudes que fueron atendidas por la Administración y que complementa la información que anteriormente había sido presentada”. Como se desprende de los estudios y el análisis realizado, los cuales evidenciaron que el incremento era sostenible, contrariamente a la afirmación del citado editorial.

4- Por otra parte, quiero resaltar que lo que dice el editorial, en el sentido de que el incremento del año 2009 es una feliz iniciativa de quienes estábamos, en ese momento al mando de la administración superior de la Universidad, no es cierto. El diario omite que durante 30 años todas las autoridades universitarias nos opusimos al incremento del incentivo médico para el área de la salud , lo peleamos en los tribunales y, no fue sino por la resolución (2007-000760) de la Sala Segunda de la Corte de Justicia (10/10/2007), que se nos obligó a subir la anualidad al 5.5% para el personal, en principio de la Facultad de Odontología, y que tuvo que ser reconocida de manera retroactiva al 7 de junio de 1982. En aquel momento, ya toda el área de la salud se preparaba para solicitar ese mismo incentivo, vía judicial y si lo ganaban (tenían un claro precedente) incluyendo el pago obligatorio retroactivo desde el año 1982, habría constituido una verdadera ruina para la institución.

La sentencia 655 del 12 de agosto de 2011, de la Sala Segunda, que según el editorialista viene a explicar lo obvio, señala: «Para poder acceder a esa clase de pluses salariales es necesario que el profesional, además de serlo en Ciencias Médicas, realice sus labores en un ente dedicado a la prestación de servicios hospitalarios».

Al contrario, la sentencia viene a ratificar el argumento de la UCR durante los 30 años que dura ese pleito: la UCR no es un centro hospitalario, por lo que la Ley de Incentivos Médicos no debía ser aplicada en la Institución. Eso es así, tanto para los odontólogos, médicos, nutricionistas, farmaceuticos etc, etc, como para cualquier profesional de otras disciplinas ajenas a la salud, ya que todas las personas que laboran en la Universidad lo hacen como docentes. Incluidos los funcionarios de la salud, quienes ejercen la docencia médica, pues las clínicas ubicadas en esa área son centros de enseñanza y no centros hospitalarios.

La Sala comete un error en 2007 al fallar en contra de la Universidad, como lo viene a corroborar la sentencia del año 2011. Lo que la administración universitaria hizo en 2009 tiene que ver con un asunto de justicia laboral, remunerado de la misma manera a todo los que ejercían la misma función, es decir, la docencia.

5- Ha insistido este periódico en su agresión al mandato constitucional de la autonomía universitaria y en influir en la Asamblea Legislativa en su propósito, en este embate que ya tiene vieja data, que lo vienen orquestando diversos poderes nacionales, sobre todo, desde el momento en que el Gobierno de Costa Rica y el Banco Mundial suscribieron, en junio del año de 2009, un documento llamado Competitividad en Costa Rica, cuyo entramado ideológico ha venido sustentando los diferentes gobiernos nacionales y que, en relación con las universidades, señala que “Los mecanismos de financiamiento tradicionalmente usados en Costa Rica, combinados con la autonomía universitaria, limitan la capacidad del Gobierno para influir enormemente en el sistema”. Y fue a partir de ese momento que se empieza a actuar con mucha más prepotencia, buscando romper la autonomía universitaria y debilitar su financiamiento. Pareciera que ese es el propósito final de este periódico y de otras fuerzas políticas y económicas empeñadas en desacreditar a la UCR.

Publicado en el Semanario Universidad, compartido con SURCOS por la autora.

Hoy: Voces y Política en Radio Universidad con Patricia Mora y Laura Martínez

Escrito en . Publicado en Análisis, Coyuntura.

Voces y Política: Hoy conversaremos sobre “El gobierno del PAC y el debilitamiento de la institucionalidad democrática costarricense” con la participación de Patricia Mora: Diputada en el periodo 2014-2018, Ministra de Condición de la Mujer del 2018 al 2020, Socióloga y Profesora universitaria y Laura Martínez: Directora del Semanario Universidad, Periodista y Profesora universitaria. Esperamos su participación en nuestras redes sociales o por medio de llamada telefónica.
Teléfono: 2234 3233 ⏰5:00 pm 📻Radio Universidad 96.7 FM ¡Nos escuchamos!

Presidente Alvarado y Liberación Nacional, UNÍOS

Escrito en . Publicado en Análisis, Coyuntura.

El Presidente Alvarado dedica todo su tiempo a exigir no solo la aprobación del mamotreto de Empleo Público, sino para que el mismo incluya a todos poderes públicos y todas las autonomías. Volveremos al Estado anterior a 1949, centralizado al máximo, sin mayores derechos laborales y con una ley que será contradictoria y de aplicación engorrosa.

Lo que debe llamar la atención a los futuros votantes es que en este esfuerzo Alvarado ha contado con la colaboración eficiente e incondicional del Partido Liberación Nacional y los partidos neopentecostales o ramashekos. Liberación Nacional, el Presidente Alvarado y el PAC son los abanderados de las políticas contra los empleados públicos atendiendo presurosos los requerimientos de La Nación, los otros medios y el gran empresariado.

El Presidente Alvarado con gran ímpetu y fervor llama y obliga a aprobar la moción 80 de una diputada del PLN que pretende eliminar las posibilidades otorgadas por la Comisión legislativa a las universidades y municipales conforme a la Constitución. Véase que los liberacionistas y los señores del PAC se unen para restringir la autonomía universitaria y la municipal, aunque ello sea contrario a la Constitución.

Liberación y el PAC están unidos aunque los primeros llamen a impedir un tercer gobierno de este último. Son la palabrería de siempre, la demagogia que castra el espíritu crítico de los votantes. En los hechos se ve que en los aspectos fundamentales, el PLN , PAC y los neopentecostales, coinciden plenamente.

Los votantes en una democracia tienen la posibilidad de ejercer el VOTO CASTIGO contra todos los partidos que han traicionado los intereses de los trabajadores y trabajadoras. Esperemos.

El lobo y la oveja

Escrito en . Publicado en Análisis, Coyuntura.

Hernán Alvarado

El 24 de octubre de 2020, La Nación publicó en su página 15 un artículo un poco raro de un autor tristemente célebre, titulado: «El instrumento y la toalla», factura del primer ciudadano de la República. Fue una comunicación baladí, tan inocua que pasó inadvertida, pese a que informa tanto sobre quién gobierna; o cuando menos sobre su megalomanía -conocido efecto del ejercicio del poder. Tal vez fue otro intento desesperado de mejorar imagen, mientras repite, pendiente abajo, que no le «…importa el costo político personal o la vanidad de la popularidad.»

Si los diputados hubieran cumplido con la reforma constitucional del artículo 9, del año 2003, y hubieran aprobado ya la revocatoria de mandato, otro gallo le cantaría. Hasta entonces la rendición de cuentas del artículo 11 seguirá siendo un saludo a la bandera. Pero el último informe de este mandatario fue más bien un insulto al Soberano. Raro también que mencione, entonces, en este extraño artículo, su «corazón republicano».

Dime con quien te comparas…

El artículo presenta un asunto personal y excepcional, a la sombra del actual «contexto crítico», «…coyuntura tan dura para el país». Y «más que para mostrar espiritualidad» lo hace para «delinear los valores» que guían su conducta. Ahora bien, ¿qué sentido tiene ventilarlos públicamente? ¿Acaso combate así la imagen de ateo que sus oponentes han querido endilgarle? Más adelante llega a afirmar que «Gracias a Dios no le debo nada a nadie, más que a mi familia… y al banco». ¿Y a sus electores, tampoco les debe nada? Confiesa, quizá sin querer, que el voto es para él un cheque en blanco, lo que explica bastante bien por qué gobierna como lo hace.

Al Presidente no le interesa mostrar espiritualidad, pero se apoya en una «oración que durante cinco años repetí en las mañanas y arraigó en mí como principio orientador de vida». Enseguida cita la oración que comienza diciendo: «Señor, hazme instrumento de tu paz…». Entonces, corresponde aludir primero al sujeto omitido de la oración, a Francisco de Asís (1182-1226), figura extraordinariamente significativa.

Francisco encontró su fe en el templo de San Damián, donde una imagen de Jesucristo le pide restaurar su iglesia en ruinas. Él restauró su templo, pero también su iglesia, es decir su pueblo, fundando tres órdenes religiosas. El que bautizaron Juan representa la esperanza del cristianismo, porque sustituye la pasión del sacrificio por el gozo de una presencia suprema. Lejos de fundar su fe en el miedo y el castigo, la busca en el amor humano. Francisco de Asís renuncia a su riqueza material y a sus títulos de nobleza para convertirse en un instrumento de paz; renuncia al ejército papal, a su ropa, incluso renuncia a ser sacerdote, por no considerarse digno de la investidura. Su mensaje es tan potente porque predica con el ejemplo; cuidando a los pobres, a los enfermos y protegiendo a los animales. La leyenda del lobo retrata bien su apuesta ética. Se cuenta que Francisco pactó con un lobo que azotaba a la ciudad de Gubbio; fiera que merecía el peor castigo. Pero su compasión lo amansa y convence a los pobladores de alimentarlo, en vez de perseguirlo. Su mensaje es conciliador y convoca a una convivencia pacífica, esperanzada y dichosa. En ese sentido, el Papa actual eligió muy bien su nombre, el cual porta con suma dignidad, aunque por ser la primera vez parezca más bien un síntoma.

Nada en común, entonces, con el estilo de gobierno del Presidente; así que se ve enseguida que la comparación no aplica. Más aún, resulta chocante que aluda a una voluntad espiritual tan radical para referirse a un ejercicio político tan superficial, que ha traído dolor y decepción a tanta gente; entre otros, a los miles de despedidos durante la pandemia para cuidar la rentabilidad de las empresas y los cientos de jubilados a quienes se les ha metido, descaradamente, la mano en el bolsillo.

Bien haría el señor Presidente en seguir el ejemplo de Francisco, renunciando a su arrogancia y mejor aún a su puesto, tan mal ejercido hasta ahora; por haber convertido la Presidencia de la República en piedra de discordia; en vez de erigirla, según había prometido, y según su deber, en atalaya de la concordia nacional. Por otra parte, hasta ahora él solo ha renunciado a una pensión que todavía no tiene y a una popularidad que ya había perdido irremediablemente.

¿Otro falso mesías?

El Presidente piensa que nos ha salvado de lo peor, prestándose como «un instrumento para el país», «…para hacer las cosas que antes no se quisieron o no lograron hacerse». En cambio, él quiso y pudo hacerlas porque comprende que la popularidad, que lo puso ahí, es pura «vanidad». En particular, para quien se siente llamado a «evitar una nueva crisis social, económica y política». Por eso, afirma que en el tiempo que le queda seguirá resolviendo «…por el fondo, no cosméticamente, y menos aún pateando la bola al próximo gobierno.»

Según lo que dice, él piensa que nos alejó del abismo con la reforma fiscal, aunque no hay mejor ejemplo de una decisión cosmética, que beneficia a unos cuantos y tira la bola hacia adelante. No hay mejor muestra de que en este país la clase política le tiene miedo a la mafia empresarial. La misma que hace «clavos de oro», goza de jugosas exenciones y amnistías, evade y elude sus obligaciones fiscales, se roba el impuesto de ventas, contrabandea y estafa impunemente. Cuando haya investigación en serio seguro que se encontrará también su asocio, de larga data, con el narcotráfico; con el que comparte la manía de esconder ganancias. Al respecto, el Presidente puede preguntarle a su principal asesor, el ministro que lo enlaza con el sector privado. La mafia empresarial demanda mejores servicios y carreteras, junto con el recorte del gasto público, trapito de dominguear del Presidente que revela para quien trabaja tanto.

La pandemia, junto con la crisis que desató, puso en evidencia que fue una falsa solución, una medida remendona para evadir el problema de fondo, o sea, una reforma fiscal justa y progresiva. Ahora el virus le sirve de excusa, aunque mala porque su eventualidad fue prevista desde el 2015; prueba de ello es que ya casi se tenían las vacunas listas. Hoy que el país se encuentra sumido en la anunciada crisis fiscal y en una más profunda crisis económica, el Presidente declara impávido que «Si aspiré a gobernar fue para evitar a toda costa una dolorosa crisis fiscal para las personas del país, apelmazada por 20 años durante los cuales, por un motivo u otro, no se concretaron las soluciones.»

Él está convencido de haber evitado lo peor, de haber sido un instrumento «en especial para quienes sufren pobreza y desempleo», bajo el alero de un manoseado argumento neoliberal: la medicina es amarga, pero es mejor que la enfermedad; las medidas son dolorosas, pero sería peor no tomarlas. El problema es que después de 40 años de neoliberalismo la enfermedad se ha agravado cada vez más pues la verdadera pandemia es la desigualdad social, resultado de esa política económica impuesta, desde el «consenso de Washington», mediante una dictadura en «democracia», ejercida con desparpajo por esos «representantes» que no escuchan, ni respetan, ni rinden cuentas a quienes los eligieron; puesto que ya se sabe que «La clase política no le tiene miedo al pueblo» (diputada del PLN, Yorleny León).

Si se ha gobernado o no para los pobres y desempleados lo dirán próximamente, en las urnas, los jóvenes, las personas con discapacidad, los vendedores ambulantes, las pequeñas empresas familiares, las jefes de familia, los pequeños agricultores abandonados hace años, los trabajadores despedidos, las comunidades pesqueras y fronterizas, las personas pensionadas. Y todos aquellos que se han quedado esperando una reactivación «inclusiva y solidaria». Admitiendo que el Presidente se ha prestado como instrumento, la pregunta entonces sería: ¿un instrumento de quién y para qué?

¿Y la oveja?

Lejos de ser instrumento de paz social, este Presidente ha venido a atizar la lucha de clases, apoyándose en la maquinaria mediática de la plutocracia. En complicidad con una Asamblea Legislativa que da vergüenza ajena, ha ignorado o vacilado a quienes protestan y proponen. Ha criminalizado las manifestaciones callejeras, ha satanizado las pensiones dignas y se ha aprovechado del confinamiento para aprobar, a toda velocidad, una serie de medidas anti-laborales, a cual más ocurrente, inconstitucional e irresponsable. Mientras tanto, los diputados se han ido a enterrar en su búnker, que más parece una caja de (mala) leche que un «santuario de la democracia».[1] Nos costará años reparar los desaguisados de este (des)gobierno.

Por otra parte, el Presidente dice que combate el populismo porque «…es la peor amenaza que nos acecha y contra el que había y hay que actuar». ¿Y por qué? Porque «…expresa odio hacia algunos o discriminación en todos los sentidos.» Sin embargo, pasa por alto que el principal rasgo populista es precisamente un líder mesiánico como él, que se sirve del odio y el miedo con la cuchara grande. Él se ha basado, por ejemplo, en las campañas orquestadas y denigrantes contra las personas jubiladas, contra los empleados públicos, contra las universidades y su autonomía, con el único fin de cargar de impuestos a las mismas espaldas de siempre y continuar con su obsesiva reducción del Estado. Ese populismo neoliberal, al que parece atado de pies y manos, muestra hoy sus garras más despiadadas, porque está más acorralado que nunca. Por eso crea enemigos por doquier, mediante campañas repetitivas de corte neofascista, a cual más mentirosa y manipuladora.

Así que no es casualidad que don Carlos haya salido premiado con el título del peor presidente, entre 11 países considerados, según información reciente de CID-Gallup; algo que no debería seguir tomando a la ligera. Ningún presidente que haga lo que hay que hacer obtendría una calificación tan mala. En definitiva, el Presidente no es convincente porque su discurso no pega con la realidad y él mismo convirtió el «diálogo nacional», su mayor esperanza, en otro simulacro mediático; para lanzarnos después en las fauces del Fondo Monetario Internacional.

En suma, estamos enfrentando a un Presidente que se cree salvador, hasta el punto de pretender compararse con Francisco de Asís; mientras hace un discurso incendiario, provocador y desafiante. Él dice que combate privilegios (de los pensionados) mientras defiende los lujos y privilegios de la mafia empresarial, al punto de que el último Ministro de Hacienda debió irse por poner el dedo en la llaga de la evasión y por no encontrar «el prócer» que necesitaba el país, según sus propias palabras, para enfrentar la delicada situación fiscal post pandemia. Lo cierto es que este gobierno ha sido, como lo expresara Luis Fernando Astorga, un gobierno de los ricos, con los ricos y para los ricos; que se ha dedicado, contra su juramento, a conculcar nuestra Constitución, actuando como una dictadura que impone su ley y su criterio, sorda a cualquier otra opinión. A eso llama gobernar con firmeza.

De ahí que la democracia liberal representativa esté tan herida de muerte, porque sus salvadores desprecian a quienes los eligen y les piden cuentas. Hoy mismo, esa élite gobernante se siente llamada a acabar con el Estado social que surgió del pacto histórico del 49. Pero un derecho es una libertad socialmente conquistada, por eso pretender transformar los derechos adquiridos en odiosos privilegios resulta tan regresivo, tan bárbaro, tan brutal como querer devolver la rueda de la historia. Eso atenta contra los derechos humanos, incluso contra el derecho de propiedad, infectando a todo el sistema de inseguridad jurídica, a penas propia de un Estado fallido. En conclusión, este gobierno arbitrario y autoritario, de corte neofascista, ha declarado repetidamente y de diversas maneras que ha venido a hacerle la guerra a nuestra paz social. A eso llama resolver los problemas del país.

Al final, el Presidente suelta su broma: «¿Y la toalla? Solo me sirve para secar sudor y arropar el amor por Costa Rica». Un intento ingenioso, aunque malogrado, que más bien parece otra «burrada», porque ¿en qué cabeza cabe que el amor por Costa Rica necesita ser arropado y además con una toalla sudada?[2] Para colmo, don Carlos ha resultado, como Presidente, un mal comunicador y humorista. ¿Y la oveja? Sirva solo para recordar que hoy abundan los lobos que suelen arroparse con su linda piel.

[1] Sobre la estética fascista de ese edificio ver el excelente artículo de Laura Flores Valle en el Fígaro, titulado: Mirar y obedecer: la estética autoritaria del nuevo edificio legislativo; se encuentra en: el-figaro-net.

[2] «Si digo una burrada me corrigen porque yo no paso de periodista» Carlos Alvarado, 21 de noviembre de 2020.

La historia nos convoca de nuevo a galopar

Escrito en . Publicado en Comunidad, Coyuntura.

Compartimos la siguiente carta enviada a SURCOS por un grupo de personas costarricenses:

La historia nos convoca de nuevo a galopar

Carta dirigida al Presidente de Argentina por un grupo de representantes de distintos sectores de la sociedad costarricense:

Señor Presidente de la hermana Nación Argentina, Alberto Ángel Fernández:

Igual que en el pasado la larga hilera de Los Andes, que para nuestra convicción nace en los desiertos de Sonora, se va llenando de voces que llaman a la lucha y la unidad.

La lección está aprendida, y no hay que dejar resquicio alguno para que se cuele el agachamiento y la sumisión.

Con gran alegría vemos con ojos atentos los pasos que se vienen dando para cerrar filas. Argentina y México tienen una responsabilidad histórica para encabezar ese proceso, que no debe parar y que inicia con un acuerdo para fortalecer las relaciones bilaterales de cooperación con miras a una alianza estratégica que incluye temas como soberanía, género, derechos humanos, certeza de acceso a vacunas y fortalecimiento económico.

Como no somos presa de la ingenuidad, sabemos que, igual que ayer, hay personas y fuerzas agazapadas. Están los viles y los aviesos. Son capaces, demostrado está, de ser crueles y traidores. Fueron realistas entonces, y ahora su baja estatura moral, les hace proclives a servir a poderes ajenos a los países que conforman. En las diferencias, hay un solo pueblo que seguirá reclamando victorias.

Lo que sucede con el resurgir del progresismo del Río Bravo al Cabo de Hornos, los lleva a descomponerse tanto que asumen formas y conductas del fascismo. Creen, en su desvarío, que con groseras iniciativas, difamando y acosando, son capaces de detener el galope que gana cadencia y velocidad y que conduce a la democracia, -que es sinónimo de justicia-, y a la soberanía, a la independencia, a la plena libertad.

Desde este rincón de esa América que no se cansa, que sabe que la vida nos va en la unidad, llegue nuestra voz de aliento, nuestro respaldo militante y comprometido al actual gobierno argentino de Alberto Fernández.

La armonía y la concordia del noble pueblo argentino conocemos que es su meta indeclinable. Con ustedes estamos, en filas cerradas como otrora, para seguir domando cordilleras sin desmayo.

De Costa Rica a Argentina en gesto de hermandad:

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Los diarios de la Alianza Empresarial

Escrito en . Publicado en Análisis, Coyuntura.

Óscar Madrigal

El regidor por San José, don Diego Miranda, hizo una valiente denuncia contra los directivos de la Alianza Empresarial para el Desarrollo (AED), porque algunos siendo ministros de Gobierno o familiares cercanos a ministros, contrataron con la Administración Pública a pesar de la prohibición que tenían. La Fiscalía está estudiando el asunto; ya se verá.

La contratación de la Alianza Empresarial con la Comisión Nacional de Emergencia fue por un monto de ¢662 millones para entregar 10 mil diarios a familias necesitadas por la pandemia.

A raíz de esta denuncia el señor Franco Pacheco, presidente de esa Alianza Empresarial, da declaraciones ayer al diario La Nacíón. Me llamó la atención lo dicho por el señor Franco:

“Ese aporte logístico no tuvo ningún costo y los alimentos fueron donados a AED por la empresa privada, finalizó”.

1-. Los alimentos entregados y la logística para su distribución NO tuvieron ningún costo para la Alianza Empresarial porque le fueron donados por la empresa privada. En consecuencia, la Alianza Empresarial se embolsó gratuitamente a costa del Estado 662 millones de colones.

En otras palabras, la acción de la Alianza Empresarial no tuvo nada de altruista sino que lo que hicieron fue lucrar con las donaciones de alimentos recibidas.

2-. Las empresas privadas que realizan donaciones, la ley las autoriza para incorporar esos montos en la partida de gastos con lo cual se ven afectadas las utilidades y con ello el monto del impuesto sobre la renta que deben pagar. De esta manera el Estado de forma indirecta subvenciona en algún porcentaje esas donaciones.

La conclusión a que se llega es que la Alianza Empresarial, debido a la contratación con la Comisión de Emergencia hizo un excelente negocio, ya que se embolsó ¢662 millones sin costo alguno. En otras palabras, sacó provecho de las necesidades de las familias necesitadas como producto de la pandemia. Así lo reconoce su presidente.

Don Franco Pacheco es un empresario que ha ocupado altos cargos en UCAEEP y otras Cámaras patronales. Siempre se ha caracterizado por su radicalismo negativo contra los trabajadores y trabajadoras y un tono prepotente y dictatorial para referirse a las autoridades. Franco es todo un empresario.

De sus declaraciones claras y contundes, francas, queda de manifiesto que la Alianza Empresarial (AED) hizo millones a costa de las necesidades de las familias empobrecidas por la pandemia, que lucraron con las necesidades humanas.

Esa contratación de AED y CNE además de ilícita como denuncia Diego Miranda, resulta inmoral.

Distancia social: la paradoja de las fracturas en la Costa Rica del bicentenario

Escrito en . Publicado en Análisis, Coyuntura.

Por Memo Acuña (Sociólogo y escritor costarricense)

Al ser 6 de marzo se cumplen 365 días exactos desde que fue anunciado el primer caso por Coronavirus en Costa Rica. En esos días, las informaciones resultaban escuetas pero llevaron a localizar los primeros incidentes en la provincia de Alajuela, concretamente en el Hospital de la ciudad.

Luego se conocería que entre los afectados de forma temprana por la enfermedad, se encontraba una pareja de turistas estadounidenses, cuyas identidades, proveniencia y estadía en el país fueron manejadas con absoluta discreción y privacidad. Semanas después, el aumento exponencial de casos fue relacionado con la presencia de población migrante, fundamentalmente proveniente de Nicaragua, en lo que hemos definido en varias oportunidades, como la constitución de las espacialidades de la sospecha: asentamientos urbanos, cuarterías, fincas de producción piñera ubicadas en la zona norte del país, quedaron subsumidos en una especie de lugares peligrosos y potencialmente mortales.

Tanto fue el discurso y la presión mediática sobre esta relación entre migración y enfermedad, que llevó a las autoridades costarricenses a definir por primera vez en años una estrategia interinstitucional de seguridad fronteriza denominada «Frontera segura», que básicamente consistía en clausurar y blindar las posibles entradas irregulares de personas provenientes de Nicaragua al país, garantizando con ello el resguardo de la higiene costarricense que ya empezaba a debilitarse. El manejo libertino de la pandemia por parte de las autoridades de aquel país hizo levantar aún más las consideraciones sobre el distanciamiento y el tratamiento de sospechoso sanitario a todo aquel proveniente de la geografía del norte.

La forma inédita mediante la cual varias comunidades se organizaron para rechazar albergues con personas enfermas, muchas de ellas migrantes, es un claro ejemplo del impacto de los discursos y las prácticas institucionales conjugadas con una agenda mediática volcada a responsabilizar a los extranjeros, a cierto tipo de extranjeros, sobre el aumento de los casos y la incontenibilidad de una posible masificación del virus.

Valga decir que, contrario a lo que ocurrió con la pareja de turistas estadounidenses, la exposición de muchos grupos de personas migrantes de origen nicaragüense a la opinión pública fue constante, agresiva, irrespetuosa. Para ellos no hubo protección de identidad ni cuido en hoteles: sus rostros y cuerpos fueron expuestos una y otra vez en medios de comunicación y redes sociales, socavando el principio de resguardo de imagen e identidad que debe privar en medio de situaciones extremas como las que se instalaron a nivel global durante el año 2020. Una fractura más en la convivencia se había instalado.

Esta situación fue fiel reflejo de la traducción colectiva y empírica de una serie de conceptos, antes desconocidos, que fueron introducidos por las autoridades de salud costarricenses como una forma de ajustar las indicaciones emanadas desde organismos como la Organización Mundial de la Salud (OMS). Asi, se empezaron a escuchar con frecuencia nociones como confinamiento, testeo, burbujas sociales, curvas planas y levantadas y distancia social.

En este último concepto, no solo se implementaron las prácticas sugeridas de guardar una relación de cerca de dos metros con respecto a otras personas, sino que la noción fue llevada al campo macro social donde espacialidad, clase, nacionalidad y sector de empleo, terminaron por evidenciar el recorte profundo en una sociedad aboslutamente fragmentada como la costarricense.

Ya desde antes de la pandemia las distancias sociales y poblacionales eran evidentes, luego de las primeras implementaciones del plan de ajuste fiscal aprobado durante el año 2018 y que delineó una conjugación de intereses privados con las definiciones de enfoque neoliberal desarrolladas por los cuadros económicos y sus músculos politicos enquistados en la gestión gubernamental del país.

Según el Programa Estado de la Nación, la crisis estaba instalada antes que la coyuntura sanitaria fuera declarada con el primer caso: un 21% de hogares costarricenses se encontraban en condiciones de pobreza; 9% de los cerca de 1.600.000 hogares existentes en Costa Rica no tenían las condiciones para que la gente se «quedara en casa» y un 7% no contaba con acceso a servicios básicos como agua, luz y disposición de desechos sólidos[1].

Hoy en día la situación es más crítica. Hacia finales de 2020, de acuerdo con INEC, el porcentaje de hogares pobres había crecido hasta un 26%, siendo la cifra más alta registrada en el país en los últimos 30 años. Al iniciar el año de la pandemia ya se tenía una cifra de desempleo relevante del 12.5% que aumentó al 24% durante los meses más duros y que luego se estacionó en una todavía alta cifra de dos dígitos del 20%.

Habrá que esperar por los datos agregados del primer trimestre de este año para tener una verdadera dimensión de lo ocurrido. Sin embargo, dados los escenarios mostrados, una verdadera distancia social real se ha instalado en el país. Ya no solo recoge la habitual eversión entre personas costarricenses y cierto tipo de migrantes como lo hemos expuesto en la primera parte de estas reflexiones; ahora suma las desigualdades crecientes, los altos niveles de exclusión social y los procesos de división y polarización que continúan confrontando a las mismas poblaciones, en un juego alimentado por cámaras, empresarios, medios y ciertas visiones tecnócratas y reduccionistas instaladas en las esferas gubernamentales.

En el año del bicentenario, las varias Costa Ricas que existen se han hecho evidentes. Algunas no celebrarán la fecha por obvias razones. Otras serán recordadas por su tristemente célebre papel de haber llevado al país a una fractura social sin retorno. Cuando esta columna está siendo terminada, se conocen nuevos actos de violencia en territorios indígenas de China Kichá, escenarios de recuperaciones y de usurpaciones contantes a manos de personas no indígenas. Allí se dibujan quizá en grado sumo las ditancias provocadas por décadas de desigualdad, racismo y exclusión

Con estas evidencias, la distancia social es quizá el mejor calificativo que podemos endosarle a las Costa Ricas del bicentenario. Y estamos claros que no tiene que ver solo con los 1,8 metros solicitados para resguardar el virus. Es una fractura mucho más profunda, aguda e irreversible cuya vacuna no aparece en el horizonte. Al menos por ahora.

[1] Programa Estado de la Nación. «Las desigualdades que enfrentan los hogares en cuarentena». 6 de abril de 2020. Consultado en https://estadonacion.or.cr/las-desigualdades-que-enfrentan-los-hogares-en-cuarentena/

Foto de cabecera: https://flacso.or.cr/noticias/la-otra-distancia-social-reflexiones-y-aproximaciones-a-lo-subnacional/

0,67% de los salarios de ‘U’ públicas compiten con los de Alemania

Escrito en . Publicado en Análisis, Coyuntura.

-Derecho de respuesta del Comité de Personas Interinas de la Universidad de Costa Rica a publicación del periódico La Nación–*

El día 22 de febrero de 2021, el periódico La Nación publicó, en su portada, un titular que dice “Salarios de ‘U’ públicas compiten con los de Alemania”. El reportaje que acompaña dicho titular asevera que los salarios de las personas funcionarias de las universidades públicas costarricenses son equivalentes a los de las universidades alemanas, a pesar de las enormes diferencias que existen entre ambos países en materia económica y social. En medio de una coyuntura compleja como la que atravesamos actualmente, en la cual se está impulsando el proyecto de Ley de Empleo Público, nos parece necesario hacer algunas aclaraciones con respecto a esta publicación.

  • Existe una marcada diferencia entre el titular y el contenido del artículo. Por un lado, el titular hace una generalización errónea, pues, al no precisar cuáles sectores de las universidades públicas costarricenses tienen salarios que compiten con los de Alemania, hace pensar que son todos los salarios de todas las personas funcionarias de las universidades costarricenses. Como se demuestra en el siguiente punto, esto es categóricamente falso. De esta manera, el titular es tendencioso y exhibe una intención de manipular la opinión pública a interpretaciones equivocadas, pues hasta los datos expuestos en el artículo lo contradicen.
  • El artículo del periódico La Nación presenta una retórica de evidencia incompleta. Debemos entender por retórica una técnica oratoria con base psicológica que busca conducir a la persona lectora para que llegue a conclusiones erróneas. En este caso, se hace utilizando la falacia de evidencia incompleta que presenta a la persona lectora una versión manipulada de la verdad para conducirle hacia el sesgo de confirmación de que las universidades públicas son culpables de la situación económica actual por sus salarios altos. Como ya se indicó, esta conclusión es completamente falsa. Esta retórica se da, como indicamos desde el título. Sin embargo, la propia La Nación menciona que menos del 1% de todas las universidades públicas tiene salarios altos (0,67% para ser exactos, un número cercano a cero). Luego, para añadir más confusión en la persona lectora, convierte ese grupo en el total y hace afirmaciones como “hay 21 empleados con sueldos superiores a los ¢7 millones, es decir, el 13%”. En dicho punto recurre de nuevo a la retórica o engaño psicológico para producir un efecto negativo en el lector hacia las universidades públicas. Sin embargo, ese es el 13% del 0,65%, es decir el 0,1% aproximadamente. Este número es aún más cercano a cero. Este artículo sería un caso de estudio para el propio “No coma cuento” de La Nación, lo cual demuestra la hipocresía intelectual del periódico.
  • Ciertamente, existen grandes desigualdades salariales a lo interno de las universidades públicas costarricenses, como se puede inferir a partir de una lectura cuidadosa del artículo. Debido a que esta desigualdad es clara y evidente, si se examina el funcionamiento de las universidades, su denuncia no es mérito de La Nación. Más aún, cabe preguntarse con qué interés este periódico presenta un titular engañoso, sabiendo que la mayoría de personas no lee atentamente los artículos y se limita a la impresión que le causan los titulares de portada. A partir de esto se puede afirmar que la publicación de la La Nación no tiene como fin mejorar los sistemas de educación superior pública, sino otra cosa, porque, de lo contrario, ¿para qué se propondría engañar a sus lectores?
  • Desde el Comité de Personas Interinas de la Universidad de Costa Rica estamos convencidos y convencidas que estas desigualdades deben ser revisadas y corregidas y que ello significa defender y mejorar la educación pública costarricense. Sin embargo, a quien le corresponde revisar y corregir esta situación es a la propia comunidad universitaria, de acuerdo con el principio de autonomía reconocido en los artículos 84 y 85 de la Constitución Política.

Consideramos irrespetuoso e irresponsable publicar un titular y un reportaje como este, el cual contribuye a desprestigiar y descalificar, ante la opinión pública, la destacada labor que realizan las universidades públicas costarricenses a nivel nacional e internacional. Los aspectos financieros por mejorar en estas instituciones se deben hacer luego de realizar un análisis serio y riguroso, con miras a encontrar soluciones razonables y justas. Se esperaría de parte del periódico La Nación, uno de los medios de mayor difusión en Costa Rica, mayor rigor científico y periodístico. La sociedad costarricense lo merece.

* El periódico La Nación se negó a publicar este derecho de respuesta.

La ley de Empleo Público en el marco político y social actual. ¿Hacia la estructuración fascista del Estado costarricense?

Escrito en . Publicado en Análisis, Coyuntura.

Vladimir de la Cruz

La discusión que se ha venido dando con la llamada Ley de Empleo Público en realidad es sobre toda la institucionalidad del Estado costarricense, sobre el número de sus instituciones y órganos estatales, sobre sus sistemas de funcionamiento, sobre sus formas de contratación y de pago de salarios, e indirectamente sobre la calidad de vida y de trabajo de los costarricenses.

El meollo de este asunto ha sido llevar la discusión, de manera solapada, para valorar el tamaño del Estado costarricense, con todas sus instituciones, y de manera especial, la parte de ese Estado que se concentra en la Administración Central, y las instituciones descentralizadas, incluso a las que la Constitución Política les confiere “independencia” y “autonomía” en el amplio y estricto sentido de estos términos, tanto en sus valores políticos como jurídicos, para acabar con algunas o muchas de estas, las que sea posible, y para ejercer mayor y mejor control político desde el Gobierno, sobre ellas, los trabajadores y la ciudadanía.

Meten en esa discusión a las Universidades públicas, que a todos los efectos por sus alcances constitucionales, gozan de la condición de “independencia” concepto que las iguala per se en rango a los Poderes Públicos.

Así, el objetivo político es disminuir el tamaño institucional de la estructura estatal e institucional del país, ejercer mayor control político, desde el Gobierno, del manejo general de esas instituciones, y tener la capacidad de nombrar y de ejercer control de todos los nombramientos de funcionarios públicos, desde su selección. El objetivo político derivado es trasladar al sector privado de la economía y la política nacional el manejo amplio de los servicios públicos que se disminuyen, y encarecerlos como parte de la tasa de ganancia a favor del sector privado.

En algunos casos hasta se pretende, muy finamente, actuar al interior de esas instituciones hasta en sus objetivos específicos de funcionamiento, como se ha dicho sobre el trabajo de las universidades, en sus nombramientos y el pago de sus funcionarios.

En mi opinión, es una modalidad finamente elaborada de un Estado fascista, en su estructura y organización, que se está tratando de instaurar en Costa Rica con esta Ley y este modelo de control público. El carácter fascista está en el Super Poder centralizado, con capacidad regulatoria, y absoluta de su propia cobertura, que cubre prácticamente toda la vida estatal e institucional del país, bajo la rectoría de la Dirección General del Servicio Civil, que en la Ley se dice “debe establecer, dirigir y coordinar la emisión de políticas públicas, programas y lineamientos generales que tiendan a la estandarización, simplificación y coherencia en el empleo público y que gozará de independencia en el ejercicio de su cargo y será dirigida por un Director General.”

Me parece que el papel de las competencias que se le asigna en la Ley a la Dirección General del Servicio Civil es lo más tenebroso, lo “fascista”, lo “autoritario” y lo “dictatorial” de este Proyecto de Ley, dándole la potestad prácticamente de definir qué es empleo público y qué no lo es.

El Capítulo de Garantías Sociales, especialmente, aprobado e incorporado a la Constitución de 1871, en la Administración Calderón Guardia, al amparo del Pacto realizado por esa Administración, la Iglesia Católica y el Partido Comunista, que resultado de ese Pacto cambio de nombre a Vanguardia Popular, fue incorporado, con una ligera ampliación, a la Constitución de 1949, en la gestación y discusión de este Texto Constitucional, que está vigente.

Este Capítulo de Garantías Sociales es el que fundamenta política e institucionalmente el desarrollo del Estado Social de Derecho que tenemos, que se acompañó con el desarrollo institucional que impulsaron los Gobiernos que siguieron a la Junta Fundadora de la Segunda República, especialmente hasta 1978, con algunas leyes que posteriormente se aprobaron, especialmente en las Administraciones Figueres Olsen, Rodríguez Echeverría, Chinchilla Miranda y Solís Rivera.

Este Estado Social de Derecho exigió la formación del personal capacitado, de alto nivel, para atender, en calidad y especialidad las distintas funciones, en todo el país, al pueblo costarricense y a los trabajadores en especial.

En el Proyecto de Ley se definen 8 categorías de puestos en toda la Administración Pública, con lo cual se fortalece ese Estado Fascista que pareciera querer construirse, por lo demás autoritario y altamente tecno burocrático. Uso el concepto de burocracia para señalar a aquellos que en la función pública tienen capacidad de tomar decisiones. Burócrata así no es cualquier empleado del Estado, ni lo son todos, solo aquellos que pueden tomar decisiones administrativas o de gestión.

La crisis fiscal, el déficit fiscal, el gasto público, la reducción del Estado, y los altos salarios que se añaden en la discusión del Proyecto de Ley de Empleo Público son solo las hojas del tamal. El tamal es el conjunto de instituciones, valores y alcances del Estado Social de Derecho que se ha estado atacando en todas dimensiones y direcciones, que se quiere acabar, sobre lo que ya se han venido aprobando leyes disminuyendo, debilitando y limitando Derechos constitucionales, especialmente en el campo laboral y social, establecidos por los Diputados Constituyentes originales, con lo cual violan la Constitución, puesto que no pueden ser modificados negativamente.

Del mismo modo, el ataque a las Universidades públicas, para ver cómo las controlan políticamente, desde el control de sus fondos públicos, que por mandato constitucional, tienen que asignárseles, para que las Universidades, en ejercicio de su autonomía e independencia dispongan de conformidad a sus planes, proyectos y objetivos académicos.

El ataque y el debilitamiento del Estado Social de Derecho es a la vez un ataque, un quebranto al régimen institucional, sus instituciones y entes, y al sistema democrático nacional.

El golpe está dirigido a todas las autonomías existentes constitucionalmente, en los distintos servicios públicos, como el Derecho, que por el principio de Autonomía Universitaria, tienen las Universidades para autogobernarse, para darse las normas por sí mismas, principio que está señalado por los Art. 84, 88 y 188, de la Constitución Política, con lo que se enfatiza en la independencia en materia de gobierno y administración y en la independencia para el desempeño de sus funciones, y de plena capacidad jurídica, para adquirir derechos y contraer obligaciones, así como para “darse su organización y su gobierno propio”.

A diferencia de las otras instituciones autónomas del Estado, la Universidad es una institución sui generis, sin que el Poder Político tenga ningún derecho. La Autonomía Universitaria por su origen, su naturaleza, su historia y su función política e institucional es diferente a las otras autonomías establecidas en la Constitución Política.

La Declaración de Quezaltenango, del CSUCA claramente establece como misión de los centros universitarios la lucha de velar por su inviolabilidad, que consiste en defender que no se produzcan actos de fuerza contra la voluntad de la Universidad.

Socialmente el ataque a la institucionalidad del Estado Social de Derecho, y de todos los problemas del Estado y la institucionalidad, se han hecho caer en los empleados públicos. Empresarios, políticos y algunos medios de comunicación se han alineado en este ataque. La discusión del tamaño del Estado, que necesitamos, no se ha hecho, está pendiente. Debe hacerse.

Los servicios públicos estratégicos, principalmente, como salud, educación, electricidad, seguridad ciudadana, asistencia social, de regulación de actividades, entre otros, deben permanecer en manos de Estado.

No se puede avanzar en el desarrollo nacional liquidando el Estado, disminuyéndolo, fortaleciendo los negocios privados y empobreciendo a los trabajadores. La pobreza no la hacen lo pobres. La pobreza es resultado de la riqueza. Ni se puede avanzar en el desarrollo nacional disminuyendo ingresos, salarios y pensiones de los trabajadores. Ni se puede avanzar en el desarrollo nacional desprestigiando instituciones, trabajadores, sistemas sociales de protección. Ni se puede activar el proceso económico reduciendo salarios y capacidad de consumo.

La democracia política impone un sistema de pesos y contrapesos políticos, pero también sociales. Cámaras empresariales y Sindicatos en general son esenciales en esta discusión, y en este equilibrio de pesos y contrapesos, en igualdad de condiciones, sin estigmatizaciones de ellas, sin parcializar a favor de una de ellas.

El Proyecto de Ley sobre Empleo Público por sí no resuelve el problema del déficit ni de la crisis fiscal, porque el déficit y la crisis no descansa en los salarios ni en las pensiones.

Son las instituciones del Estado, las que desde 1950, han ayudado a resolver el desempleo y el trabajo informal, y con sus políticas de salarios han contribuido a distribuir la riqueza social, son las que han permitido la movilidad social como colchón de la estabilidad social y política que ha tenido el país.

El modelo de Estado fascista, a la tica, es lo que se impulsa con esta Ley de Empleo Público, que intenta igualar a la baja a todos los trabajadores públicos, reducirles sus salarios, pensiones e ingresos, empobrecerlos más, acabar con la clase media, aumentar la pobreza extrema y la pobreza en general como parte de un gran negocio económico. Institucionalmente es privatizar hasta donde se pueda todas las instituciones de servicios públicos, incluso las estratégicas.

En el caso de la Autonomía Universitaria que se quiere debilitar es porque la Autonomía surgió históricamente como un grito de Libertad y Democracia, como un retén contra el golpismo político, que culmina cuando se toman las Universidades, no los cuarteles o las instituciones militares. Para avanzar hacia un Estado de características fascistas hay que limitar y si es posible eliminar la Autonomía Universitaria.

La Autonomía Universitaria es una defensa moral y política contra todo abuso del Poder Político, por ello la campaña negativa y de desprestigio que hay contra las Universidades públicas, sus profesores, su personal, sus salarios e ingresos.

Los impactos sociales de la Ley de Empleo Público los veo en esto:

-empobrecimiento del nivel y condiciones de vida y de trabajo de los costarricenses,
-desempleo creciente, afectando las mujeres cabeza de familia,
-subempleo y trabajo informal creciente,
-congelación de salarios, ingresos y pensiones de los trabajadores por los próximos dos o tres años, como se ha propuesto,
-disminución de estudiantes en el sector público y privado de la educación,
-aumento de la deserción escolar en todos sus niveles,
-encarecimiento de los servicios públicos básicos, agua, electricidad, transporte,
-encarecimiento de los alimentos básicos,
-disminución importante de la clase media,
-imposibilidad real de ascenso social para los sectores que han estado en condición de pobreza extrema y pobreza,
-fuerte empobrecimiento de la clase media, especialmente la media media y la media baja,
-disminución y desaparición de programas de asistencia social,
-encarecimiento del nivel de vida en alimentos, medicinas, y recreación,
-disminución de la calidad de servicios públicos esenciales, como la educación,
-privatización de servicios públicos básicos, su encarecimiento,
-debilitamiento de las instituciones públicas educativas y de salud,
-debilitamiento de las organizaciones sociales, sindicatos, asociaciones solidaristas y cooperativas,
-se aumentarán las brechas e inequidades sociales, así como la desigualdad social,
-se concentrará más autoritariamente el Poder Político,
-se ejercerá un mayor control social, institucional y político de los ciudadanos y trabajadores. Probablemente la UPAD estaba en la lógica de la estructuración fascista que se quiere hacer del Estado costarricense,
-se tenderá a mayor penalización de las relaciones laborales,
-aumentarán las protestas sociales en diversas formas, espontáneas y organizadas, al amparo de la legislación o al margen de ella. La lucha social se mantendrá mientras haya condiciones e injusticias sociales que la fomenten y activen.

En este año electoral veo peligrosamente las posibilidades de que surjan tendencias populistas de diverso signo político.

Urge, me parece, cada vez más, un nuevo Acuerdo Nacional Social y Político, quizá una Nueva Asamblea Constituyente, que redefina de mejor forma el futuro de Costa Rica y de los costarricenses.

(Intervención de Vladimir de la Cruz, en el Foro sobre Autonomía Universitaria, organizado por el Consejo Nacional de Rectores, el lunes 1 de marzo del 2021. Participantes: Dra. Sandra León Coto, ex rectora de la UNA, Dra. Yamileth González García, ex rectora de la UCR, Lic. Gastón Baudrit Ruiz, asesor legal de CONARE, Dr. Luis Baudrit Carrillo, catedrático y ex director de la Oficina Jurídica de la UCR, Lic. Vladimir de la Cruz Lemos, historiador. Moderador: Med. Francisco González Alvarado, presidente de CONARE y Rector de la UNA).