La gente habla o se expresa cotidianamente, sin pensarlo, y quizá sin saberlo, en forma de prosa, es decir sin reglas de expresión sujetas al verso, donde las frases no riman, o son muchas veces sin entenderse, como sucede en el habla del Jaguar de Zapote, que al menos él reconoce, que no habla, que gruñe, que con frecuencia no liga su lengua con su cerebro.
El habla es la forma como se expresan ideas, pensamientos, razonamientos, por medio de los sonidos vocales que emitimos articuladamente.
Cuando hablamos discurrimos, hacemos, sin saberlo también, un discurso, como una construcción lingüística que nos permite comunicar nuestros pensamientos, de forma oral con elementos verbales y no verbales, incluso corporales.
Los discursos que hacemos, cuando hablamos, pueden ser para persuadir, convencer, entretener, intimidar o meter miedo, para amenazar, para construir una realidad, para proponer una realidad o un mundo para vivir mejor.
Los discursos son herramientas de comunicación. Generalmente se pretende que sean potentes o fuertes, y que respondan a estrategias de comunicación, los cuales pueden provocar reacciones a favor o en contra de quien los realiza. Se pueden hacer en forma oral o de manera escrita, dependiendo ante quién y dónde se hagan, de manera que pueden ser narrativos, expositivos, argumentativos, informativos y publicitarios, entre otras formas.
Con el discurso se pretende llegarle a un receptor del mismo, individual o colectivo, a grupos pequeños o grandes auditorios, pretendiendo obtener de quien lo recibe una respuesta positiva.
La clave del discurso está en el inicio para lograr que los receptores se interesen y pongan la atención debida, en el resto de lo que les quiere manifestar.
Debe procurarse que el discurso sea claro, comprensible y apto para quien se dirige. Debe procurarse credibilidad en los temas que se tratan, con sus propios desarrollos e ideas básicas.
Los discursos transmiten y exhiben comportamientos sobre temas generales como específicos. Por ello se dice o se refiere al “discurso de izquierda”, “discurso de la derecha”, “discurso de los comunistas”, “discurso de los anticomunistas”, “discurso de los populistas”, “discurso de los liberacionistas”, “discurso de los socialcristianos”, “discurso de los liberales o neoliberales”, y así se podría seguir. Con estas formas queda claro que se transmite un contenido, se comunican ideas, significados, y comportamientos políticos por el emisor respectivo.
El próximo año entramos activamente al año electoral, hacia las elecciones presidenciales y de diputados, que se realizarán el primer domingo de febrero del 2026, dentro de trece meses. Ya están encima. Así como han pasado casi tres años del gobierno de Rodrigo Chaves.
Más rápido se sentirá que pasa el tiempo hacia las elecciones. Todo lo que gire alrededor de ellas provocará esa sensación de que el tiempo vuela, lo que es cierto especialmente para los partidos y candidatos, que están sujetos al calendario oficial electoral, que ya publicó el Tribunal Supremo de Elecciones, que funciona a partir del primero de enero próximo, sin que pueda ser modificado desde esa fecha, dando toda la seguridad jurídica y electoral al proceso de las elecciones y a los partidos que van a participar.
Es claro y evidente que el Presidente Rodrigo Chaves está en campaña electoral. La legislación electoral y la Constitución Política le prohíbe al Presidente participar, en el escenario público, en asuntos políticos o electorales. Si participa comete el delito de Beligerancia Política, que si se le comprueba puede ocasionarle la suspensión de su condición de Presidente de la República.
De proceder esta situación se debe acusar al Presidente ante la Fiscalía General de la República. Por ser un Presidente de un Poder de Estado, la investigación la realiza el Fiscal General, a quien el presidente constantemente ataca, cuestiona, le hace escándalos y deslegitima. Probablemente, lo ha hecho y lo seguirá haciendo porque sabe bien, el Presidente, que el Fiscal es el primero que tiene que instruir sobre una acusación de este tipo. Por esta razón necesita debilitar esta figura institucional para provocar la desconfianza publica del Fiscal y de su Oficina, la Fiscalía.
De comprobarse los hechos, el Fiscal tiene que pasar el caso a la Corte Suprema de Justicia para que allí se proceda en lo que sigue. Por ser un Presidente de un Poder de la República el Presidente de la Corte Suprema de Justicia tiene que pasar el caso a la Asamblea Legislativa, para que levante la inmunidad legal que goza el presidente, para poderlo procesar.
De allí también, se puede entender por qué el Presidente Chaves ataca constantemente a la Corte Suprema de Justicia, a su Presidente, a la Sala Constitucional, ampliando sus ataques a la Sala Penal, a la Fiscalía como parte del andamiaje institucional de la Corte, para debilitar sus credibilidades institucionales y eventualmente procesales.
Una vez recibido el caso en la Asamblea Legislativa se tiene que integrar una Comisión Parlamentaria, encargada de conocer el caso, en lo que se llama un Ante Juicio.
La Comisión Legislativa, como todas las comisiones estudia el caso, con los trámites internos parlamentarios, y termina dando un resultado, que puede ser negativo o positivo sobre lo que se le acusa al presidente. Si el resultado es negativo, de rechazo de la acusación, el expediente pasa al archivo legislativo. Si el resultado es mayoritariamente positivo, con dictamen favorable, y negativo con dictamen minoritario, se pasa todo el expediente al Plenario Legislativo, para que todos los diputados resuelvan si se levanta la inmunidad o no.
Allí, como en las Comisiones, se dan los debates correspondientes entre los diputados y se vota el levantamiento o no de la inmunidad que tiene para ser procesado judicialmente. Personalmente, veo que no hay ambiente legislativo para levantarle la inmunidad.
En el supuesto, de lo que expongo, que se le levante la inmunidad, entonces se procede a devolver el expediente a la Corte Suprema de Justicia para que así se juzgue al Presidente.
De encontrarse culpable se procede a calificar la sanción y la máxima es destituirlo de su condición de Presidente e inhabilitarlo políticamente.
En este momento hay dos acusaciones ante el Tribunal Supremo de Elecciones, que conoce de delitos electorales contra el Presidente por beligerancia política, una de un ciudadano y otra del Presidente del partido Liberación Nacional. De igual manera, lo que disponga el Tribunal Supremo de Elecciones, tiene que pasarse por la Corte para el trámite del levantamiento de la inmunidad.
Como se puede apreciar no es tan fácil destituir al presidente por la violación constante que hace en sus intervenciones y discursos, de meterse a opinar contra partidos políticos y sobre temas electorales, lo que le está prohibido. Menos fácil es hacerlo en año electoral, por los plazos procesales de estos trámites, que pueden ser lentos. Pero, también porque un juicio así, en el año electoral, le puede ser muy útil al presidente para mantenerse activo en la campaña electoral, como gran protagonista, defendiéndose de las acusaciones que se le hagan y haciendo campaña, eventualmente para él mismo en caso de que quisiera, como se dice que aspira a ser diputado en el 2026, para lo cual tendría que renunciar a la presidencia en el mes de julio. Ya no gozaría de la inmunidad que tiene. Si se le quisiera continuar la acusación para lograr una sentencia que lo inhabilite de participar se podrían llevar en el tiempo el resto del año y el de las mismas elecciones.
La beligerancia que impulsa el presidente le permite estas discusiones y la posibilidad de su activismo político in extremis.
NO le veo posibilidades reales a procesos de este tipo contra el presidente en este momento. Lo que procede a los opositores al presidente es articular una alianza de fuerzas opositoras con una Coalición Electoral de partidos y de fuerzas sociales, cívicas, ciudadanas que lo puedan superar electoralmente en número de diputados, que es su propósito político, de lograr la mayor cantidad posible de diputados, ojalá una cantidad superior a los 29, para poder palanquear todas las reformas constitucionales y legales que le permitan volver a la presidencia en el 2030 con reelecciones consecutivas, al estilo de cómo están procediendo en Centro América y en el continente los distintos presidentes, y sus procesos electorales.
La construcción lingüística de los discursos e intervenciones del presidente está en esta lógica y perspectiva de afirmar su figura como el nombre fuerte y necesario para sacar adelante política, social y económicamente.
Sus discursos son potentes, al foro de sus ciegos seguidores, y al foro de sus intimidados opositores. Para sus discursos de los miércoles lleva un guion bien estructurado, con una buena guía de los temas que quiere tratar, de los fundamentos que los sustentas, de los actores que los justificarán y de los periodistas, ya contratados, para que le hagan las preguntas para las tienen las respuestas adobadas.
De los garabatos de sus guion, o apuntes a mano, se ve que a como habla y explica así tiene la guía. No hace frases grandilocuentes, pero sí enfatiza en los ataques, en el contenido del ataque y en los personajes por él abordados siempre de manera intimidante, baja pisos, mintiendo sobre ellos en algunos aspectos, creando con ello verdades falsas, que cuando se dicen en abundancia y repetitivamente se llegar a creer como verdades. Sus lemas han de ser: “miente, miente que algo queda” y “una mentira cien veces dicha llega a ser verdad”.
En sus discursos e intervenciones crea historia, algunas con cierta autenticidad, y hasta personajes ficticios con los cuales trata de identificarse y hasta defender…la Señora del Purral…
Tiene buen control de su comunicación no verbal, gesticular o corporal, incluso cuando se mete en el vestido del jaguar y en sus gruñidos, y sus manos actuando como garras…
Le gusta lanzar cuestionamientos provocadores. Recientemente ha aminorado los ataques personales, pero no deja de insinuar hacia quienes van dirigidos y cuáles personas se refiere, siempre burlescamente o bajándoles el piso de distintas maneras.
Hasta ahora no recuerdo que use estadísticas convincentes de su gestión. Lo que más le entusiasma son los resultados de encuestas sobre su persona. No es el presidente de citar personajes, no los necesita para sus tonterías discursivas, pero también porque debe ser de una baja cultura general. Este no sería su pecado, porque a veces quien pasa citando personajes es por la debilidad de sus propios argumentos y necesita darles la fortaleza de los personajes que cita, de manera que si actuara así, con solo quitarle las citas se quedaría sin discurso.
Quien lo está asesorando me parece que, para el genio y figura que es, lo está haciendo hasta ahora bien. Sin duda alguna el que más se cree sus discursos es él mismo. Curiosamente, no está publicando sus discursos, al menos los principales, los que le preparan y escriben, que para eso hay funcionarios especializados en los palacios presidenciales. En eso ha de ser vanidoso de publicar bajo su nombre lo que otros escriben.
Esta práctica la debe haber aprendido en los organismos internacionales en que trabajó. Allí se acostumbra que los informes y trabajos que se realizan salen con el nombre principal del director, del jefe o de la principal figura que está sobre quien o quienes redactaron el informe, el trabajo o la investigación. Si no aparece nada con el nombre del presidente como principal redactor o escritor es que no hizo nada relevante. Habría que revisar su currículum de publicaciones. De todas maneras esto no sería un pecado en esas experiencias laborales. Tan solo n os permitiría conocer el discurso, expresado en investigaciones y publicaciones hechas por el Presidente.
Estaremos atentos al discurso presidencial del candidato electoral oficial, sea cual sea, si es para presidente o para la diputación que salga de la Guarida de Zapote.
No tengo duda de que el discurso presidencial ante las próximas elecciones va a ser muy confrontativo, de pelea callejera, sin grandes contenidos, escogiendo como contrincantes a quienes vaya viendo mejor en posibilidades organizativas electorales o que empiecen a despuntar en encuestas. A todos ellos les montará sus policías políticas y represivas para buscarles cualquier lunar que tengan o haya tenido, no importa si de ahora o hace treinta, vente o diez años. Lo importante es buscar escándalos posibles descalificadores que puedan someterse acusaciones e investigaciones judiciales para limpiar el terreno electoral. Esta será, probablemente, la campaña más sucia y asquerosa electoralmente hablando de la historia reciente del país, que resultará de quienes así la orienten, la diseñen y la hagan.
A mediados del siglo XX la sociedad costarricense, luego de atravesar una sangrienta guerra civil (1948), resolvió los conflictos acumulados de la crisis general del capitalismo durante la primera mitad de ese siglo, con una concertación nacional, misma que permitió la erección de un Estado Social de Derecho con la legislación social más avanzada de Centroamérica y, por qué no, del continente americano.
No todos estuvieron de acuerdo con aquel pacto social inédito –la oligarquía, los sindicatos, la burguesía nacional, el partido comunista, la iglesia católica, sectores medios emergentes, se habían sentado a la mesa– representado por la asamblea constituyente de 1949 que consiguió redactar una Constitución Política visionaria, amplia y robusta, la cual tuteló las grandes reformas y nacionalizaciones –previa abolición del ejército– de los años cincuenta y sesenta en salud, seguridad social, educación, vivienda, banca para el desarrollo, soberanía alimentaria, electricidad y telecomunicaciones, etc., que posicionaron al país en la vanguardia latinoamericana y consiguieron sustraerlo de la vorágine centroamericana con sus largas y cruentas guerras civiles; más bien nuestro estado colaboró en la pacificación de la región.
La democracia costarricense, entonces, se fortaleció con una institucionalidad maciza expandida por todo el territorio nacional, lo cual permitió un desarrollo sin parangón en nuestra historia, pero, sobre todo, una relativa paz social y un mejoramiento y ascenso de los sectores populares que, por vez primera, tenían acceso a buenos servicios en cuanto a salud, educación en sus tres niveles, vivienda, banca, agricultura, comercio e infraestructura pública, entre otros. De tal manera se conformó una gruesa clase media, se erradicó la pobreza extrema y se redujo la brecha social.
Claro que esa “revolución” democrática tuvo desviaciones, excesos y visos de corrupción por depredadores que se fueron enriqueciendo a la sombra del naciente estado blindados por un sistema electoral bipartidista. Lo anterior se agudizó con el inicio de la contrarreforma neoliberal de los años ochenta, en específico durante el gobierno de Luis Alberto Monge (1982-1986) y sus tristemente célebres planes de ajuste estructural (PAES) impuestos por el FMI y la banca internacional. Cuando se les agotó el bipartidismo –previo asalto de los partidos socialdemócrata y socialcristiano para tornarlos en maquinarias electoreras de insignia neoliberal con el objetivo de esquilmar el erario público y desmantelar –léase privatizar– el Estado Social de Derecho–, fundaron otro partido y, finalmente, como resultado de sus rencillas internas –lucha entre mafias para hacerse con el mayor trozo del pastel privatizador– acabaron trayendo a un desempleado para que les hiciera –con el descaro y el cinismo del perfecto desconocido que nunca vivió en el país– la tarea sucia de dar la estocada final a sesenta años de democracia social, pervertida, dicho está, por la avaricia de los de siempre enquistados en el aparato estatal y los nuevos ricos dispuestos a todo.
Hoy el país se debate ante la disyuntiva de salvar y fortalecer lo que resta del Estado Social de Derecho o permitir el ingreso de un autoritarismo tipo Bukele, Milei o Trump, representado por los agentes de una nueva forma de entender la política: mentir, confundir e intimidar, mientras se aplica la vieja consigna del laissez faire, laissez passer (dejar hacer, dejar pasar), cuyo objetivo es desmantelar las instituciones estratégicas –salud, educación, banca, telecomunicaciones, recursos ecológicos, infraestructura, etc.– para, finalmente, privatizarlas, mejor dicho, venderlas al mejor postor (¿ellos mismos?). Lo peor es que, con el bombardeo de la “prensa canalla” por más de cuarenta años, el empobrecimiento de la educación, la precarización laboral y el aumento galopante del desempleo y la pobreza debido a la ausencia del estado (en especial en las regiones periféricas –costas y fronteras– donde pululan el narcotráfico y ciertas formas asociadas a la legitimación de capitales) miles de costarricenses empobrecidos, agobiados y cansados de las falsas promesas y de la corrupción estatal, apoyan y aplauden la segunda opción. He allí la bomba de tiempo que nos mantiene en vilo.
Las preguntas obligadas son las siguientes: ¿tendrá nuestro país aún las reservas políticas, morales y espirituales para enfrentar la contrarreforma neoliberal liderada hoy por populistas de derecha sin escrúpulos y sin patria? ¿Podrá constituirse una verdadera alternativa a la propuesta neoliberal de acabar con un Estado Social de Derecho, exitoso –a pesar de la sangría causada por las cúpulas del bipartidismos empresarial– mismo que costó sangre, sudor y lágrimas, además del esfuerzo individual y mancomunado de cientos de compatriotas? Escuchemos las respuestas.
Los abogados (pues no son equipo jurídico oficial) del señor presidente Gustavo Petro U, acudieron ante el sistema interamericano, que representa la Corte Interamericana y radicaron una solicitud buscando que la Corte IDH dictara órdenes urgentes ante la vulneración del «fuero integral» presidencial. La petición pretendía que la Corte IDH adoptara acciones “para salvaguardar los derechos a la protección y garantías judiciales y derechos políticos” del presidente. Todo por el accionar de una investigación administrativa en el Consejo Nacional Electoral de Colombia (CNE) por la presunta vulneración al régimen de financiación de la campaña electoral presidencial.
Al analizar el desarrollo y suerte de la petición, al parecer resultó inconsistente en el maremágnum de los hechos expuestos. No se fue claro, expreso e incisivo en donde está el yerro del CNE. Este, sin lugar a discusión, siendo competente para investigar, a fondo, los resultados de la campaña presidencial, que llevó al triunfo al presidente progresista-liberal, en el Proyecto de Resolución de Investigación, comete el error de involucrar en esa investigación administrativa al ciudadano, Gustavo Petro Urrego, con nombre de pila y cedula de identidad colombiana; siendo presidente de la República de Colombia. Al ser el candidato-presidente ganador, El CNE estaba en el requisito de adelantar Acusación ante su Juez natural, que lo es la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representante y hasta la fecha no lo ha hecho. ¿Por qué no lo hace?, por estar en contravía al Estado de Derecho y elucubrar malabarismos jurídicos que contienen el uso del Lawfare. Por ende, fue mal concebida la acción de petición ante el sistema interamericano.
No se sustentó, en la citada petición, que para el CNE los actores electorales, siendo uno de ellos “el candidato, quien, por Ley, es solidariamente responsable por la oportuna presentación de los informes de ingresos y gastos y por el debido cumplimiento de la normativa electoral”. Aquí está el nudo georgiano o quid del asunto; generando una situación, en tan álgido aspecto, que conllevó a una situación, de no solución y distrayendo la atención de los magistrados, quienes de manera genial resuelve en forma inhibitoria, por así mencionarlo, y que impide la participación como juez en esa causa.
Trabada la litis el Consejo de Estado de Colombia y CNE pidieron rechazar la petición de los abogados del señor presidente G. Petro U, aduciendo que se ajustaron al respeto al fuero. Sustentaron que “no hay vulneración alguna del artículo 23 de la Convención Americana», dado que las sanciones que ellos imponen “no restringen los derechos políticos de los funcionarios de elección popular o de sus electores”. Lo cual es procedente, a todas luces, puesto que se está es en una etapa de investigación administrativa del acto electoral. El yerro radica en que la adelantaron contra la persona del señor presidente, es decir, sin el accionar paralelo ante su juez natural. De esto resulta la materialización del delito de prevaricato, obviamente; pero no es, esto, de la competencia y jurisdicción del sistema interamericano. Le corresponde es la Fiscalía General de Colombia actuar desde ya. Por ello se explica que la CIDH no acate el argumento de los actores de «La sanción de pérdida del cargo estará sometida a las conclusiones de la investigación adelantada por el CNE, limitando así implícitamente la competencia de la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes”.
Pero en el actual momento no se trata de sanciones sino de investigación…Analizando los argumentos de todas las partes, el pleno de la Corte IDH decidió, el pasado 28 de noviembre, declarar improcedente la petición que elevó el señor presidente a través de sus apoderados. O sea, una mala jugada en el aspecto de los tiempos procesales. Sustentó la CIDH «De la información aportada en esta solicitud de medidas provisionales no surge que el órgano administrativo en cuestión tenga la facultad de inhabilitar o restringir los derechos políticos de un funcionario electo popularmente». Esto indicó la Corte. Y como los abogados citaron en mala argumentación el fallo del caso “monseñor” Ordoñez. El malvado y cavernario ex procurador general de Colombia; «La Corte considera que la referida solicitud no tiene relación con el objeto del caso ni con la implementación de alguna de las tres garantías de no repetición de adecuación normativa ordenadas en el Fallo, con lo cual resulta improcedente», Que tal como lo expresó la Corporación, sea una enseñanza para lo que sobreviniere. Esto no requiere mayor explicación: La alta Corte resaltó que “debe darse la oportunidad al Estado de resolver la controversia de acuerdo con su derecho interno antes de verse enfrentado a un proceso internacional”.
Con tensión y desasosiego por el conocimiento que como “Puro Abogado” tengo sobre estos temas escuchaba los análisis informativos oficiales al respecto y las subsecuentes excusas de manejo del medio oficial de información sobre lo sucedido al respecto. Y más grima causó la explicación de una vocera de la Coordinadora de Litigio Internacional de Cajar, expresando excusas a la opinión pública “por la mala interpretación de la sentencia de la CIDH”; siendo que desde que estaba en las bancas de la Facultad Nacional de Derecho de la UN, los egregios profesores enseñaban que las sentencias no se interpretan. Se aplican.
Nicolas Boeglin, Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR). Contacto: nboeglin(a)gmail.com
Este 19 de diciembre del 2024, con una amplia mayoría de 137 votos a favor y tan solo 12 en contra, la Asamblea General de Naciones Unidas adoptó una resolución en la que solicita una segunda opinión consultiva a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) con relación, esta vez, a las obligaciones de Israel como Estado Miembro de Naciones Unidas y su actuar en el territorio palestino ocupado.
Un Estado Miembro de Naciones Unidas que ¿bombardea deliberadamente instalaciones y funcionarios de Naciones Unidas y destruye infraestructura cuya construcción se logró gracias a la laboriosa coordinación de varias agencias de Naciones Unidas? Y que además, ¿dificulta significativamente la llegada de víveres urgentes por parte de Naciones Unidas para asistir a una población asediada desde la tarde/noche del 7 de octubre del 2023 y desprovista de agua y alimentos para subsistir y de medicamentos? Y que finalmente ¿adopta una legislación para declarar ilegales las operaciones de la agencia de Naciones Unidas especializada en la atención a los refugiados palestinos desde 1947 (UNRWA)?
Solicitar a la misma justicia internacional de La Haya dar su parecer al respecto es el objetivo de esta solicitud votada este 19 de diciembre por la Asamblea General de Naciones Unidas a partir de un planteamiento pocamente analizado, salvo un artículo (Nota 1), dada la incapacidad del Consejo de Seguridad para adoptar las sanciones correspondientes (debido al veto automático del – o de la- representante de Estados Unidos).
Una iniciativa de Noruega
Resulta de sumo interés observar que de 193 Estados Miembros de Naciones Unidas, haya sido Noruega la que haya gestado esta iniciativa de manera aislada en un primer momento, gestionándola con un éxito notable por parte de su aparato diplomático.
Cabe precisar que esta iniciativa fue oficialmente anunciada el 29 de octubre del 2024 en Oslo (véase comunicado oficial), y que su tramitación en Naciones Unidas pareciera evidenciar un gran apoyo a esta gestión. La fecha del 29 de octubre coïncide con la adopción de una ley en Israel para declarar ilegales las actividades de la UNRWA, lo cual desató una ola de repudio (véanse el comunicado oficialdel mismo Secretario General de Naciones Unidas, así como, entre muchos, el de Chile, de Francia, de Turquía, de Sudáfrica, o bien el de Amnistía Internacional, antecedidos unos días antes por el de Human Rights Watchy el de cuatro Estados nórdicos en un comunicado conjunto asi como por siete otros Estados entre los cuales Canadá, Francia, Japón y Reino Unido (véase comunicado conjunto).
«Adicionalmente, la legislación aprobada por la Knesset establece un precedente sumamente preocupante para el trabajo de las Naciones Unidas y todas las organizaciones del sistema multilateral y podría implicar un incumplimiento por parte de Israel de al menos una de las medidas provisionales impuestas por la Corte Internacional deJusticia (CIJ)«.
Es de recordar que las reiteradas acusaciones de Israel en contra funcionarios de la UNRWA (y contra la UNRWA en general) han dado lugar a un esfuerzo de la misma UNRWA para demostrar la total falta de pruebas para fundamentarlas que una y otra vez se observa por parte de Israel: este enlace de la UNRWA se titula precisamente «Claims vs. Facts«, y su lectura se recomienda, en particular para quienes, en Costa Rica (como en numerosas otras latitudes), se sienten casi siempre obligados a repetir lo que se lee en los comunicados oficiales de la Embajada de Israel en Costa Rica.
Las declaraciones dadas por el representante de Noruega en Naciones Unidas luego del voto (véase video disponible en este enlace oficial de Naciones Unidas) revisten especial interés. Al presentar la iniciativa para someterla a la votación, el delegado de Noruega externó (véase texto completo de su intervención) que:
«Norway, a founding member of the United Nations, believes that we cannot remain passive witnesses to what may come to be seen as a frontal attack on the Organization of the United Nations and on the multilateral system itself, with immense humanitarian consequences.
Let us act, therefore, with dispatch and determination to uphold the principles of the Charter of the United Nations and to prevent further suffering in the region«.
La pregunta que nos podemos hacer es la siguiente: ante la situación catastrófica que se vive en Gaza y las imágenes del drama indecible al que Israel somete a la población civil palestina desde la tarde noche del 7 de octubre del 2023 en abierta violación a las obligaciones que se imponen a todo Estado Miembro de Naciones Unidas …¿dónde es que estaban todos los demás miembros fundadores de Naciones Unidas?
Un ejercicio precedido por otro anterior dado a conocer en julio del 2024
Hay que recordar que el 19 de julio del 2024, la CIJ ya había dictaminado una opinión consultiva sobre la colonización y la ocupación ilegal del territorio palestino por parte de Israel, que tuvimos la ocasión de analizar en cuanto a sus alcances, así como en cuanto a las diversas reacciones oficiales de algunos Estados al conocer su contenido, mutismo de Estados Unidos y de Canadá incluidos (Nota 2).
Para nuestros estimables lectores costarricenses, cabe recordar que cuando la Asamblea General de Naciones Unidas acogió esta opinión consultiva en una votación realizada el 18 de septiembre del 2024 y optó por declarar ilegal dicha colonización (véase comunicado oficial de Naciones Unidas), Costa Rica optó por abstenerse sin dar explicaciones de su voto a las demás delegaciones presentes en Nueva York (como sí lo hizo por ejemplo Guatemala en Centroamérica o bien en Europa, la delegación de Alemania).
La justificación del voto en cambio apareció posteriormente en un comunicado oficial colgado por el aparato diplomático costarricense, invocando razones de índole comercial ¿Como así? Como se lee: véase al respecto una nota nuestra publicada en el acápite «Algunas breves acotaciones con respecto a la ‘justificación’ aportada oficialmente por la diplomacia costarricense» (Nota 3). De manera a no causar mayor sonrojo al provocado, evitaremos reproducir estas acotaciones.
Siempre para nuestros lectores costarricenses, debe también recordarse que la opinión consultiva que fue dada a conocer el 19 de julio del 2024 por la CIJ resultó de una votación acaecida en los últimos días del 2022 en el seno de la Asamblea General de Naciones Unidas, en la que se registró a Costa Rica votando en contra, conjuntamente con Guatemala en América Latina (Nota 4). En aquella oportunidad, tampoco la delegación costarricense consideró oportuno explicar su voto ante las demás delegaciones presentes en Nueva York. Con lo cual el sonrojo de septiembre del 2024 puede ser relacionado al rubor de diciembre del 2022.
La técnica del mutismo de la delegación costarricense no es monopolio de sus diplomáticos en Nueva York: también se observó en abril del 2024 por parte de la delegación de Costa Rica en Ginebra, al abstenerse en una votación del Consejo de Derechos Humanos solicitando urgentemente un embargo sobre las armas a destinación de Israel (véase nota del 5 de abril del 2024 del medio digital Delfino.cr).
Como bien es sabido, sea en Ginebra o en Nueva York, todo delegado a la hora de votar a favor de un texto, o bien en contra (o bien abstenerse), tiene siempre la posibilidad de explicar a las demás delegaciones lo que motivó la posición del Estado que representa (lo que se denomina en la jerga diplomática «explicación de voto«).
No está de más indicar que al poco tiempo de cumplirse un año desde el 7 de octubre del 2023, Costa Rica anunció la reanudación de sus negociaciones con Israel de cara a la adopción de un tratado de libre comercio (véase nota de Amelia Rueda del 18 de octubre del 2024). En marzo del 2024, un reportaje de la televisión costarricense (véase nota) hizo ver que reservistas israelíes pasan de la paradisiaca playa de Santa Teresa en Cóbano a combatir en Gaza en cuestión de pocas horas, lo cual puede plantear algunas interrogantes muy válidas. Y de paso arrojar algunas pistas sobre lo que pudo motivar la sorprendente mención hecha de Costa Rica y de Irán por parte del Primer Ministro de Israel en uno de sus viajes a Estados Unidos en el 2017 (véase nota de La Nación): «hablamos de Costa Rica o de Irán» (sic.). A la fecha, no se conoce de algún tipo de explicación sobre tan extraña asociación, hecha en la mente del Primer ministro de Israel.
El voto en breve acaecido este 19 de diciembre
Más allá de las extrañezas que a veces se descubren leyendo la prensa sin que se sepa muy bien de donde provienen, lo cierto es que Israel y su incondicional aliado norteamericano no escatimaron en sus esfuerzos en aras de obtener un número significativo de votos en contra este 19 de diciembre del 2024 en Nueva York: sus efectos fueron bastante relativos, y la iniciativa de Noruega prosperó exitosamente, y ello sin mayor dificultad.
El registro del voto indica que este 19 de diciembre del 2024, el texto propuesto contó con una amplia mayoría de 137 votos a favor, 12 en contra, y 22 abstenciones. Con lo cual, las diversas presiones ejercidas por Israel y por Estados Unidos se limitaron a recoger 10 votos en contra únicamente, entre los cuales los de Argentina, Hungría, Paraguay, República Checa y algunos integrantes adicionales de la denominada «coalición» con la que siempre puede contar Israel en este tipo de contiendas diplomáticas. El término «coalición» resulta impropio y está deliberadamente colocado entre comillas, dadas las características muy propias de este pequeño grupo de Estados (en su mayoría Estados isleños del Pacífico) al que recurren con frecuencia Israel y Estados Unidos para disimular su aislamiento en Naciones Unidas (Nota 5).
El detalle del voto también puede revisarse en este video de YouTube, en el que se observa un tiempo de dudas en algunas delegaciones antes de decidir su voto en los últimos segundos. Entre los 22 Estados que optaron por la abstención figuran únicamente por América Latina, Panamá y Uruguay, acompañados en el hemisferio americano por Canadá.
Costa Rica votó esta vez a favor, conjuntamente con 136 otros Estados, entre los cuales cabe destacar el voto afirmativo de China, Francia, Reino Unido y Rusia.
La pregunta formulada a la CIJ
En la propuesta de Noruega que circulaba desde varias semanas en Naciones Unidas (véase texto del proyecto A/79/L.28/Rev.1), se lee el punto 10 de la siguiente manera, con una inusitada expresión de «con carácter prioritario y con la máxima urgencia» que esperamos logre inspirar a los jueces de la CIJ en aras de tramitar de manera más expédita esta solicitud urgente:
«10.Decide, de conformidad con el Artículo 96 de la Carta de las Naciones Unidas, solicitar a la Corte Internacional de Justicia, de conformidad con el Artículo 65 del Estatuto de la Corte, con carácter prioritario y con la máxima urgencia, que emita una opinión consultiva sobre la cuestión que se indica a continuación, teniendo en cuenta las normas y principios del derecho internacional, en particular la Carta de las Naciones Unidas, el derecho internacional humanitario, el derecho internacional de los derechos humanos, las prerrogativas e inmunidades aplicables en virtud del derecho internacional a las organizaciones internacionales y a los Estados, las resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad, la Asamblea General y el Consejo de Derechos Humanos, la opinión consultiva de la Corte de 9 de julio de 2004 y la opinión consultiva de la Corte de 19 de julio de 2024, en que la Corte reafirmó el deber de la Potencia ocupante de administrar el territorio ocupado en beneficio de la población local y afirmó que Israel no tiene derecho a la soberanía sobre ninguna parte del Territorio Palestino Ocupado ni puede ejercer poderes soberanos en él debido a su ocupación:
¿Cuáles son las obligaciones de Israel, como Potencia ocupante y como miembro de las Naciones Unidas, en lo que respecta a la presencia y las actividades de las Naciones Unidas, incluidos sus organismos y órganos, otras organizaciones internacionales y terceros Estados en el Territorio Palestino Ocupado y en relación con él, incluida la garantía y facilitación de la provisión sin trabas de los suministros que se necesitan con urgencia y son esenciales para la supervivencia de la población civil palestina, así como de servicios básicos y asistencia humanitaria y para el desarrollo, en beneficio de la población civil palestina y en apoyo del derecho del pueblo palestino a la libre determinación?»
Tal y como se puede observar, la pregunta está formulada en términos sumamente ámplios de manera que pudiera ello reunir la mayor cantidad de votos a su favor. A la vez, permitirá a los jueces de la CIJ una gran libertad a la hora de redactar su respuesta.
El aislamiento de Israel en el seno de la comunidad internacional
Este nuevo fracaso de las diplomacias de Israel y de Estados Unidos se da en un contexto particularmente desfavorable para la imagen de Israel, para la diplomacia israelí y para los diversos círculos afines que gravitan en defensa de Israel.
Este informe de Human Rights Watch dado a conocer este mismo 19 de diciembre del 2024, detalla el uso del faltante de agua como arma de guerra en Gaza por parte de Israel, confirmando para los investigadores de esta reconocida ONG su intención genocida en Gaza.
Al respecto, el pasado 4 de diciembre, el genocidio en curso en Gaza iniciado desde la tarde noche del 7 de octubre del 2023 fue confirmado en un contundente informe de otra reconocida ONG Amnistía Internacional, antecedido en octubre por el informe de la Relatora Especial de Naciones Unidas titulado “El genocidio como supresión colonial «, precedido de su informe de julio titulado “Anatomía de un genocidio”: la muy escasa difusión en medios de prensa internacionales de estos informes plantea interrogantes muy válidas.
Adicionalmente a ello, las diversas acciones militares injustificadas tanto en el Líbano por parte de Israel desde mediados de septiembre, como en Siria desde hace dos semanas, parecieran responder a un intento bastante sutil para desviar la atención mediática internacional de lo que ocurre en Gaza y en Cisjordania. El hecho que el ataque con la explosión de beepers en el Líbano fuera perpetrado por Israel el 17 de septiembre, días antes de iniciar el segmento de alto nivel de la Asamblea General de Naciones Unidas (24 de septiembre) es un buen indicador al respecto.
El último informe de Naciones Unidas sobre la situación en Cisjordania (al 19 de diciembre) está disponible en este enlace. A su vez, con relación al drama indecible que se vive en Gaza, el último informe sobre la situación al 17 de diciembre realizado por Naciones Unidas (véase informe) detalla cómo el ritmo de muertos y de heridos y de destrucción por parte de Israel se ha mantenido ininterrumpido, con un ensañamiento en contra de la población civil palestina de Gaza raramente observado (y pasado por alto por buena parte de los medios de prensa internacional). Al dramático saldo de víctimas palestinas que supera ya las 45.000 personas, se puede leer además que:
«Israeli bombardment from the air, land and sea continues to be reported across the Gaza Strip, resulting in further civilian casualties, displacement, and destruction of civilian infrastructure. In the North Gaza governorate, the Israeli military has been carrying out a ground offensive since 6 October 2024, with fighting reported between Israeli forces and Palestinian armed groups. Israeli forces have continued to impose a tightened siege on Beit Lahiya, Beit Hanoun and parts of Jabalya and humanitarian assistance has been largely denied for more than 10 weeks (see data below). Rocket firing by Palestinian armed groups towards Israel was reported.
Between the afternoons of 10 and 17 December, according to the Ministry of Health (MoH) in Gaza, 273 Palestinians were killed and 853 were injured. Between 7 October 2023 and 17 December 2024, at least 45,059 Palestinians were killed and 107,041 were injured, according to MoH in Gaza.
Between the afternoons of 10 and 17 December, two Israeli soldiers were killed in Gaza, according to the Israeli military. Between 7 October 2023 and 17 December 2024, according to the Israeli military and official Israeli sources cited in the media, more than 1,586 Israelis and foreign nationals were killed, the majority on 7 October 2023 and its immediate aftermath. The figure includes 386 soldiers killed in Gaza or along the border in Israel since the beginning of the ground operation. In addition, 2,488 Israeli soldiers were reported injured since the beginning of the ground operation. As of 17 December, it is estimated that 100 Israelis and foreign nationals remain captive in Gaza, including hostages who have been declared dead and whose bodies are withheld in Gaza.
Attacks on schools sheltering internally displaced people (IDPs) in Gaza continue to be reported, with nine such incidents documented so far in December 2024 by the UN Human Rights Office (OHCHR). According to the Education Cluster, between 6 October and 15 December 2024, 95 incidents involving attacks on school buildings, mostly serving as IDP shelters, were documented, including 61 incidents in North Gaza governorate. On 14 and 15 December alone, four schools were hit, as follows:
– On 14 December, two schools-turned shelters were reportedly hit in Gaza city, resulting in the killing of seven Palestinians, including three children, and the injury of tens of others, according to Palestinian Civil Defense (PCD).
– On 15 December, Israeli troops reportedly surrounded and raided Khalil Owaidah School sheltering IDPs in ‘Izbat Beit Hanun, in North Gaza, where it was reported that male IDPs were detained while women and children were forced to move southwards. Tens of people were reported killed, but the exact circumstances remain unclear. Citing IDP testimonies, PCD reported that fatalities included 10-15 people who were incinerated, and the school was destroyed.
– On 15 December, the third floor of an UNRWA school sheltering IDPs in Al Mawasi, in Khan Younis, was hit. Within minutes, the emergency department of the nearby Nasser Medical Complex was flooded with casualties, most of them women and children. Many were severely injured and died on site or en route to the hospital, reported international doctors from Medical Aid for Palestinians (MAP) operating in the facility as part of a joint Emergency Medical Team (EMT) with the International Rescue Committee. An internal medicine and emergency care consultant counted at least 18 people dying in the emergency department, including 12 children under the age of 12. The first patient arrived in the facility was “a three-year-old girl who had the left side of her forehead torn open by shrapnel fragments which had penetrated her skull,” and who, due to shortages of painkillers and anaesthetics, had to be treated “with very little access to medications,” added the consultant. A plastic surgeon also noted that his first patient was a 12 to 14-year-old boy whose face was entirely burnt, and who had open wounds on his chest and on both of his legs.
Other deadly incidents reported between 10 and 15 December include:
– On 10 December, at about 23:00, 22 Palestinians were reportedly killed and others injured when a three-story building was hit near Kamal Adwan Hospital in Beit Lahiya in North Gaza.
– On 12 December, at about 00:30, seven Palestinians including children and women were reportedly killed and others injured when two apartments in a residential tower were hit in northwestern Gaza city.
– On 12 December, on two occasions at about 00:01 and 00:55, 22 Palestinians were reportedly killed and others injured when people were hit in Khan Younis and Rafah. According to the Government Media Office (GMO), fatalities included 15 people tasked with securing the movement of aid trucks, raising the number of people killed while securing aid trucks to 720 so far.
– On 12 December, at about 02:00, 15 Palestinians including at least one woman and seven children were reportedly killed, and several others injured, when a house sheltering IDPs was hit in western An Nuseirat refugee camp in northern Deir al Balah.
– On 12 December, at about 20:30, at least 34 Palestinians were reportedly killed and 40 others injured, when two residential buildings were hit in central An Nuseirat refugee camp, in Deir al Balah, according to PCD. According to the UN Children’s Fund (UNICEF), at least eight children were among the fatalities (see below). Extensive damage of the residential block was also reported.
– On 14 December, at about 13:45, 12 Palestinians, including at least two girls, one woman and the mayor, were reportedly killed and others injured when Deir al Balah Municipality in central Deir al Balah was hit.
– On 15 December, at about 21:05, at least ten Palestinians were reportedly killed and others injured when a house was hit in Ash Shuja’iyeh neighbourhood in eastern Gaza city.
– On 15 December, six people were reportedly killed and others injured when a PCD centre was hit in An Nuseirat refugee camp, in northern Deir al Balah. Fatalities reportedly included a cameraperson and four PCD staff and volunteers. The cameraman is among four journalists reported killed in Gaza between 11 and 15 December, according to the Committee to Protect Journalists (CPJ). As of 17 December, the Palestinian Journalists Syndicate reported that 188 journalists and media workers have been killed in Gaza».
Con relación a los 188 periodistas que han sido asesinados deliberadamente por Israel desde el 7 de octubre del 2023 en Gaza (a un ritmo de más de 11 profesionales de la comunicación asesinados por mes), se esperaría que el Colegio de Periodistas de Costa Rica externe algún tipo de expresión de pesar o de condena al actuar de Israel: tuvimos hace poco (el 8 de diciembre pasado) la ocasión de externar este pedido públicamente, desde un medio radial costarricense, durante la emisión del Programa Interferencia de Radio UCR titulada «Gaza / Israel y el cerco de la justicia internacional que se cierra» (véase enlace).
Los dos nuevos aliados indefectibles de Israel en América Latina
Más allá de la omisión de círculos usualmente muy atentos a las amenazas e intimidaciones o asesinatos que pueden sufrir profesionales de la comunicación en su labor informativa, esta votación acaecida el 19 de diciembre en Nueva York confirma el pronunciado aislamiento de Israel en el seno de la comunidad internacional: en América Latina, dos Estados en este 2024 logran no obstante maquillar levemente esta situación, a saber Argentina y Paraguay.
Con relación a América Latina, Argentina así como Paraguay están en este año 2024 sustituyendo a las pequeñas islas del Pacífico tradicionalmente muy atentas a las solicitudes de Israel (Islas Fidji, Islas Marshall, Micronesia, Nauru, Palau, Papua Nueva Guinea), conformando desde varios años en Naciones Unidas la única «coalición» para acompañar a Israel y a Estados Unidos en este tipo de ejercicios dentro de Naciones Unidas.
Con relación a Argentina, no está de más recordar un hecho bastante inusual observado en Naciones Unidas, cuando las actuales autoridades argentinas optaron el pasado 30 de octubre por destituir a su máxima autoridad diplomática, luego de que ésta instruyera a su delegación en Naciones Unidas a votar en favor de un proyecto de resolución (véase texto) solicitando levantar el embargo contra Cuba (véase nota de ElPais/España): en esta ocasión, únicamente Estados Unidos e Israel votaron en contra, al tiempo que 182 votaron a favor (véase comunicado oficial de Naciones Unidas). Esta misma soledad extrema de Estados Unidos e Israelse observó en noviembre del 2023, con en aquella oportunidad 187 votos a favor (véase comunicado oficial de Naciones Unidas).
Es de notar que en el caso de otro Estado que se mostró sumamente cercano a Israel en años recientes (Brasil), sus servicios de inteligencia descubrieron la existencia de una nube electrónica que está albergada en un servidor en Israel con datos privados de más de 30.000 brasileños (véase esta nota de prensa de ElDiario /Argentina, del mes de enero del 2024): se trata muy probablemente de uno de los efectos de la denominada «asociación estratégica» con Israel anunciada en el 2018 por el entonces mandatario brasileño al iniciar su mandato (véase nota de France24).
A modo de conclusión
Este nuevo fracaso de las diplomacias de Israel y de Estados Unidos viene a confirmar el profundo aislamiento de ambos en el seno de la comunidad internacional, observado 48 horas antes en una votación abrumadora en la que frente a 172 votos a favor, Israel y Estados Unidos solamente lograron reunir a cinco votos, uno de ellos siendo el de Argentina (Nota 6).
Esta solicitud de opinión consultiva a la CIJ planteada por Noruega constituye una nueva tentativa en aras de aplicar a Israel las normas que rigen a los Estados en el ordenamiento jurídico internacional, que Israel viola de manera reiterada en el territorio palestino ocupado, manteniendo la calidad de Estado Miembro de Naciones Unidas.
El uso reiterado del veto por parte de la delegación norteamericana para proteger a Israel en el seno del Consejo de Seguridad ha impedido que este órgano pueda tomar sanciones contra Israel.
Con relación a la justicia internacional y en particular a otra jurisdicción que también tiene su sede en La Haya, es de señalar que este 18 de diciembre, la Sala de Apelaciones de la Corte Penal Internacional (CPI) acordó un pequeño plazo para la presentación de escritos por parte del Fiscal de la CPI ante una tardía solicitud hecha por Israel (véase decisión de la CPI). Esta gestión de Israel intenta, de manera un tanto desesperada, restarle válidez a las órdenes de arresto contra dos de su máximas figuras, confirmadas el 21 de noviembre por la Sala de lo Preliminar de la CPI luego de 6 largos meses de examen cuyos alcances tuvimos la ocasión de analizar en su momento (Nota 7).
– – Notas – –
Nota 1: Véase BJORGE E., «The General Assembly Must Protect UNRWA by Requesting a Binding Advisory Opinion«, EJIL Talk, edición del 29 de octubre del 2024. Texto disponible aquí.
Nota 2: Véase BOEGLIN N., «Ocupación prolongada y colonización ilegal israelí del territorio palestino: apuntes con relación a la reciente opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia (CIJ)», 19 de julio del 2024. Texto disponible aquí.
Nota 3: Véase BOEGLIN N., «Gaza/Israel: a propósito de la reciente solicitud de intervención de Bolivia ante la CIJ«, edición del 9 de octubre del 2024. Texto disponible aquí.
Nota 4: Cabe recordar que la precitada opinión consultiva de la CIJ del 19 de julio del 2024 resulta de un proceso iniciado a finales del 2022, durante el cual Costa Rica votó en contra con Guatemala, sin darse mayores explicaciones sobre tan insólita posición de la delegación de Costa Rica en Naciones Unidas: véase al respecto BOEGLIN N., «América Latina ante la solicitud de opinión consultiva a la justicia internacional sobre la situación en Palestina«, Portal de la UCR, edición del 13 de febrero del 2023, y en particular el acápite «El voto de los Estados de América Latina en este 2022: Guatemala y Costa Rica únicos en votar en contra«. Texto disponible aquí.
Nota 5: Como ya viene siendo costumbre en este tipo de contiendas en Naciones Unidas, un observador reconocerá, entre los votos en contra, el pequeño «núcleo duro» de Estados que se oponen sistemáticamente a cualquier texto a favor de Palestina, y que incluía usualmente antes del 7 de octubre del 2023, a Australia, Canadá, Islas Marshall, Israel, Micronesia, Nauru, Palau y claso está, al incondicional aliado Estados Unidos. En general, este pequeño núcleo consigue atraer algunos votos ocasionales y circunstanciales (sea de Europa, de África y de América Central). Como ejemplo, entre otros muchos, cuando en noviembre de 2012 la Asamblea General reconoció a Palestina como «Estado observador no miembro«, adoptando la resolución A/Res/67/19 (138 votos a favor, 9 en contra y 41 abstenciones), a esta extraña asociación de Estados se unieron Panamá y la República Checa (véase comunicado oficial de Naciones Unidas). De idéntica forma (9 votos en contra), en una votación en el seno de la Asamblea General sobre la obligación de no trasladar embajadas a Jerusalén que tuvo lugar en diciembre de 2017, reuniendo 128 votos a favor y 35 abstenciones (véasenota de prensa oficial de Naciones Unidas), cabe precisar que se trató de un texto muy similar objeto de una votación previa en el seno del Consejo de Seguridad, en la que Estados Unidos votó en contra de manera solitaria (veto) frente a 14 votos a favor (véase nota nuestra al respecto). Esta curiosa «coalición«, según el término utilizado por el Washington Post en 2012 (véase artículo), también se expresó en el 2021, durante la votación de la resolución A/RES/76/225 (véase texto), con sus 7 votos en contra, frente a 156 votos a favor y 15 abstenciones (véase detalle de la votación). Lejos de ser una alianza circunstancial, los lazos que unen a sus miembros parecieran ser los de un frente real, duradero y bastante sólido. En el año 2022, estos vínculos reaparecieron durante la votación de la resolución titulada «Arreglo pacífico de la cuestión de Palestina» A/77/L.26, adoptada el 30 de noviembre de 2022 por 153 votos a favor, 9 en contra y 10 abstenciones (véase detalle de la votación durante la cual Hungría y Liberia se unieron a la mencionada «coalición«, habiéndose abstenido finalmente Australia). Este pequeño grupo puede, a veces, verse aún más reducido: una de las expresiones más modestas en número de votos de la llamada «coalición» (4 votos: Estados Unidos, Israel, Islas Marshall y Micronesia) es sin duda esta resolución votada en octubre de 2003 sobre la construcción del muro construido por Israel en territorio palestino, adoptada con 144 votos a favor y tan solo 4 en contra (véase el comunicado oficial de Naciones Unidas).
Nota 6: Véase BOEGLIN N., «Asamblea General de Naciones Unidas adopta por abrumadora mayoría resolución sobre libre determinación del pueblo palestino«, texto disponible aquí.
Nota 7: Véase BOEGLIN N., «Gaza / Israel: las órdenes de arresto de la CPI contra el Primer Ministro y (ex) Ministro de Defensa de Israel y contra un dirigente del Hamás. Alcance y perspectivas«, 21 de noviembre del 2024. Texto disponible aquí.
“El sistema político no ha sido capaz de reformar o redefinir el estilo de desarrollo nacional, para conciliar los intereses del progreso social y económico con los de la sostenibilidad fiscal y ambiental” (Informe Estado de la Nación, 2024).
Álvaro Vega Sánchez Sociólogo
En la era de las nuevas tecnologías digitalizadas, la robótica y la inteligencia artificial un país que solo apuesta al turismo, con toda y su riqueza en biodiversidad, y a la maquila, aunque sea de alto nivel para suplir recurso humano calificado al parque industrial de zonas francas, está destinado al subdesarrollo.
Lamentablemente desde hace rato -y hoy con más insistencia- una clase gobernante corta de miras viene celebrando cada cuatro años logros macroeconómicos de crecimiento, en gran medida fluyendo hacia afuera y hacia arriba, con un goteo insuficiente que solo alcanza a beneficiar a un pequeño sector de trabajadores de maquila de punta. Y la mayoría de los trabajadores, en un mercado laboral que se contrae, con ingresos que no alcanzan a superar los del año 2014 (Informe Estado de La Nación, 2024).
Una suerte de conformismo y sumisión a los dictados de poderes fácticos, incluidos algunos organismos internacionales, nos tienen postrados en el subdesarrollo. Los gobiernos neoliberales predominantes hasta hoy se han conformado con administrar una deuda que se perpetúa y logros pírricos en reducción de índice de pobreza. Además, dedican buena parte de su gestión a desviar la atención de sus complicidades con sectores económicos poderosos, a quienes han venido tolerando el no pago de impuestos e incluso ´premiándoles con amnistías tributarias, mientras buscan chivos expiatorios y los exhiben en plaza pública (“pensionados de lujo”, empleados púbicos, entre otros). Asimismo, impulsan obras de infraestructura cuyo fin principal es, vía efecto de demostración, obtener dividendos político-electorales (la accidentada y siempre inconclusa ruta 27 y ahora el tramo de Limonal-Caldera que cambió el cemento por asfalto, una obra que empieza bien y termina mal).
Por ningún lado aparecen las políticas visionarias de largo plazo que nos hagan soñar e ilusionarnos con la posibilidad de salir del subdesarrollo. Brillan por su ausencia verdaderas políticas y acciones para constituir un vasto y pujante conglomerado empresarial e industrial nacional. Con deficientes, por no decir inexistentes, políticas en educación, cultura, ciencia y tecnología, así como con cada vez menos recursos destinados a estas áreas no podemos aspirar a ser parte de los países con mejores indicadores de desarrollo humano sostenible, aún y cuando hemos demostrado tener el potencial para lograrlo.
El vicepresidente de la Cámara de Exportadores de Costa Rica (CADEXCO), don Jorge Calderón, en una reciente entrevista destacaba la necesidad de transitar cuanto antes hacia una economía digital, para lo cual contamos con el potencial humano necesario, con talento e ideas innovadoras. Pero hay carencias sustantivas en apoyo financiero, incentivos para los innovadores, más vínculos ente la academia y el sector productivo, bilingüismo, interconectividad de alcance nacional, etc. Por consiguiente, insiste en la necesidad de un pacto o concertación intersectorial y gremial que, trascendiendo intereses político-electorales, permita crear las condiciones para marcar un nuevo hito en el desarrollo de la capacidad productiva y competitiva del país (Programa La Lupa CR. Jueves 19 de diciembre 2024).
¿Qué ganamos con celebrar hoy con bombos y platillos que somos líderes en crecimiento económico entre los países miembros de la OCDE, sí nos disputamos los primeros lugares en desigualdad? ¿Qué ganamos con salarios mínimos relativamente altos si somos uno de los países más caros para vivir? Si no alcanzamos a superar estas contradicciones fundamentales (crecimiento con desigualdad y salarios medios con alto costo de la vida) no hay verdaderos motivos para celebrar.
Insistimos, nos es solo por la vía de la atracción de inversiones extranjeras que engrandezcan el parque empresarial de zonas francas, ni solo elevando la oferta turística, bajo modelos de “enclaves económicos”, que vamos a dar el salto que necesitamos. Es fundamental apostar ahora al desarrollo de capacidades científicas y tecnológicas al servicio de la equidad, la sostenibilidad y el bienestar humano, como bien lo ha destacado el Dr. José María Gutiérrez: “La consolidación de una comunidad científico-tecnológica robusta le permite a un país generar conocimiento original sobre su propia realidad natural y social, y es clave para que podamos transitar por senderos de prosperidad y equidad. Lamentablemente los modelos hegemónicos de las últimas décadas no le han prestado la debida atención a nuestro desarrollo muy pobre, por debajo del promedio latinoamericano. En fin, lo inadecuado de estas políticas nacionales va de la mano de la aridez de las propuestas de desarrollo que han prevalecido en el país en las últimas décadas” (Gutiérrez, José María, 2019).
En vísperas de un nuevo año electoral, más allá de concurrir a una contienda al estilo populista tan de moda, del discurso grandilocuente y de las promesas de siempre, quienes aspiren a ejercer liderazgo político podrían ensayar construir juntos, más allá de sus feudos partidarios, alternativas viables para conducir al país hacia un nuevo estilo de desarrollo que, como señala el Informe del Estado de la Nación “reconcilie progreso social y económico con sostenibilidad fiscal y ambiental”. Es una deuda del sistema político que urge saldar, si pretendemos retomar el camino del desarrollo con dignidad, justicia y equidad.
La principal crisis del país es fundamentalmente de imaginación política y de falta de voluntad de diálogo. Es posible hacer una tregua, para bajar el perfil de la confrontación y disponerse de manera reposada y sensata a conjuntar ideas y voluntades. Recuperar el espíritu de distención que facilite una nueva convergencia ética y humanista, al estilo del liderazgo de los años 40 y 50 del siglo pasado, para proyectar la Costa Rica de los próximos 50 años. Nuestros hijos, hijas, nietos y nietas se lo merecen.
“Aunque los retos no tienen precedentes y aunque los desacuerdos son enormes, la humanidad puede dar la talla si mantenemos nuestros temores bajo control y somos un poco más humildes respecto a nuestras opiniones” (Harari, Juval, 2018).
La conducta humana es la capacidad que tiene el ser humano para expresarse mental y físicamente en las distintas actividades que desarrolla en su vida.
¿Qué es más importante para el desarrollo del niño: la naturaleza o la crianza?
Juan Jaramillo Antillón
Las personas pueden reaccionar distintamente ante un mismo estímulo de su ambiente, según su capacidad mental y su experiencia. Se dice que la conducta humana es la capacidad que tiene el ser humano para expresarse mental y físicamente en las actividades que desarrolla en las diferentes fases de su vida. El comportamiento es algo bastante parecido: es la forma en que los humanos interaccionan con su medio en función de su capacidad individual para responder a los diferentes estímulos que recibe.
En otras palabras, la conducta humana es la manera en que las personas hacen frente a la lucha por la existencia, idealmente respetando los valores existentes y guiados por la influencia de la cultura imperante en su medio desde la niñez, época en que el niño se ve constantemente sometido al aprendizaje de reglas para comportarse ante diferentes situaciones. Esas tempranas enseñanzas habrán de acompañarlo hasta la muerte.
Los expertos han señalado que los seres humanos somos animales de costumbres. Formamos hábitos y, a lo largo de nuestra vida, nos conducimos según esos hábitos. Por eso es tan importante en la niñez enseñar valores y dar ejemplos.
Uno de los debates sobre la conducta humana tiene que ver con qué cuestiones serán más importantes para el desarrollo del niño: ¿la naturaleza o la crianza? O, como se dice en inglés: Nature vs nurture. El Dr. McEluwe indica que estos términos se refieren a las dudas que hay acerca de la preponderancia de la biología (herencia genética) en el desarrollo del niño. Sin embargo, existen investigaciones que muestran una propensión heredada a realizar ciertos actos, independientemente de la experiencia que se adquiera o la herencia social o cultural que se reciba en su hogar y en el medio externo.
El Centro para el Desarrollo infantil de la Universidad de Harvard señala que, finalmente, los expertos se han dado cuenta de que “las diferencias genéticas son de importancia crítica para el desarrollo del niño”. Además, hoy sabemos que los niños aprenden mejor cuando se les permite cometer errores y vivir las consecuencias. Tal como sucede en la investigación científica, donde se avanza por el ensayo y el error. Los chicos que enfrentan obstáculos aprenden con la práctica a no repetir sus fallas.
Por eso, a los niños debe ofrecérseles el mejor ambiente posible para cultivar sus mentes y desarrollar lo más posible sus aspectos genéticos favorables para el comportamiento. Hace 2500 años, Hipócrates, el Padre de la medicina, les decía a sus discípulos: “aprended de los errores”. Esa es la mejor forma de adquirir experiencia.
Por supuesto, está muy claro que la lesión de diversos genes puede provocar diversas enfermedades mentales o contribuir junto con otros factores a su aparición, como en los casos del síndrome de Down o de la trisomía del cromosoma 21, la enfermedad de Parkinson. En todo caso, la mayoría se inclina hacia la idea de que hay factores ambientales muy importantes que contribuyen a que se expresen cualidades genéticas del niño.
David Barash dice: “La observación de la vida y la organización ´social´ de los animales ayuda a aprender el comportamiento individual y social del hombre, tan condicionado por las características biológica y genéticas, pero sería ingenuo suponer la que la biología es en cierto modo más importante que la cultura”. Las hormigas y las abejas tienen una conducta eminentemente heredada. Los animales superiores también tienen esa conducta, sobre todo para alimentarse o defenderse, y porque heredan muchos rasgos de la inteligencia que les permite adaptarse mejor a las situaciones que se le presentan. Pero también se valen de la experiencia que le ha transmitido su familia para sobrevivir en muchos otros aspectos.
El medio social o entorno contribuye a modificar la respuesta, y el individuo a su vez influye en el medio en que se desenvuelve, pues su conducta es observada por otras personas. Aristóteles decía: “El hombre es por naturaleza un animal civil o político. Mediante la palabra, el hombre creó la sociedad, en está desarrollo la inteligencia, en virtud de la inteligencia produjo el orden y mediante este creo la sociedad”. Sin embargo, desconfiaba de que la educación los convirtiera en seres éticos. Por ello afirmaba: “El hombre no actúa movido por ideales éticos, es preciso coaccionar su voluntad por medio de la ley para que haga lo correcto. Con la ley, el hombre es el ser más perfecto; sin ella, es el más salvaje. Por eso precisa de una organización social, el Estado, el cual mediante leyes lo obliga a obrar rectamente”.
Resumiendo, la conducta del ser humano se trata de una serie de actividades realizadas bajo la influencia de su aprendizaje cultural, valores, actitudes, emociones y conceptos éticos, incluso de la persuasión bajo una autoridad. La conducta puede, por lo tanto, ser normal, aceptable o fuera de lo corriente y no aceptable. Algunos consideran que también comprende las habilidades y destrezas que poseen las personas en diferentes áreas del saber humano, como las ciencias, las artes, el deporte, las matemáticas, etc., incluida la forma de comunicarse para darse a entender.
Hay consenso en torno a la idea de que una gran mayoría de los niños y jóvenes criados en la pobreza, sobre todo cuando esta es extrema y viene de la mano de una falta de educación, al llegar a la edad adulta no logran comportarse correctamente, ya que están resentidos por su marginación social. Eso da lugar a que contribuyan al fenómeno mundial de la violencia criminal en las ciudades.
La biología y la cultura tienden a aunar experiencias y conocimientos para explicar la conducta humana, que, a fin de cuentas, parece ser el resultado de factores genéticos (heredados) y fisiológicos del cerebro humano, que cuando funciona produce lo que se da en llamar conciencia: un proceso abstracto derivado de las células cerebrales que produce ideas, pensamientos y respuestas a los estímulos externos o internos del ser humano, o a la influencia social. La mente capta todos esos estímulos para reflexionar en base a ellos y dar respuestas adecuadas, o simplemente los almacena en la memoria.
Pero no debería caber duda alguna sobre la importancia que tienen los genes en el comportamiento humano. Si bien los genes no siempre determinan estrictamente el comportamiento, sí tienen un papel importante en la conformación del tipo de mente que habrá de poseer cada persona. Solemos decir que heredamos nuestra personalidad de nuestros padres, pero la realidad es que nuestros genes se remontan más atrás, provienen de nuestros abuelos, bisabuelos, e incluso de generaciones anteriores.
La educación es una herramienta que contribuye a crear la conducta humana y al progreso de la evolución. Para sacarle mayor provecho, es necesario que quien se está educando se esfuerce para aprender, independientemente de las condiciones genéticas que tenga para hacerlo. No se aprende a conducir una bicicleta sin caerse, ni a tocar el piano sin practicar y cometer equivocaciones. Tampoco se aprenderán reglas de conducta y moralidad si no se cuenta con buenos ejemplos que puedan ser puestos en práctica a lo largo de la vida. La calidad humana del ser humano no se reconoce por lo que dice, sino por lo que hace.
Hasta hace unos años se aceptaba que la conducta humana era adquirida, resultado de las influencias educativas y sociales. Hoy se acepta que en la conducta influyen también como vimos, aspectos genéticos o heredados que se expresarán con el tiempo. De tal forma que biología y cultura o genes y experiencia conforman al ser humano.
Bibliografía
Bee, H. (2003). Child and Adolescent Developtmen. Boston. Ed. Pearson Custom Publishing. 9th Edition. Bretano, Franz. (1983). Aristóteles. Barcelona. Ediciones Labor S. A. Britannica Encyclopedia. ( 2001). Human behavior. New York. Britannica Encyclopedia CD. Deluxe Edition. Jaramillo, Antillón, Juan. (1996). La aventura humana. San José. Editorial de la Universidad de Costa Rica. Jaramillo, Antillón, Juan. (2011). La conducta animal del ser humano. San José. Editorial Universidad de Costa Rica. Jaramillo, Antillón, Juan. (2024). Hipócrates-la proyección de sus enseñanzas en la Medicina moderna. San José. Editorial Ednass-Binass. McEluwe, C. (2003). Nature-Nurture debate. Slate assertpersonality decide by inherited traits. Charleston. The Charleston Gassete, Jeston. December 30, pp: 5 A.
Doble hélice. Hoy se acepta que en la conducta influyen también aspectos genéticos o heredados
Los seres humanos somos animales de costumbres, por eso es tan importante en la niñez enseñar valores y dar ejemplos
Doble hélice. La conducta humana parece ser el resultado de factores genéticos y fisiológicos del cerebro humano
A los niños debe ofrecérseles el mejor ambiente posible para cultivar sus mentes y desarrollar lo más posible sus aspectos genéticos
Doble hélice. Solemos decir que heredamos nuestra personalidad de nuestros padres, pero la realidad es que nuestros genes se remontan más atrás
Existen factores ambientales muy importantes que contribuyen a que se expresen cualidades genéticas del niño
La neutralidad histórica de Costa Rica ha sido un pilar fundamental de su política exterior, generando enormes beneficios para el desarrollo del país a lo largo de décadas, así como posicionando nuestro nombre en el mundo. En un contexto global marcado por crecientes tensiones geopolíticas, esta postura no solo nos ha permitido posicionarnos como un mediador confiable, sino también mantener relaciones cordiales y constructivas con diversas potencias, independientemente de sus orientaciones políticas o ideológicas. Sin embargo, nunca falta un pelo en la sopa, el gobierno de Rodrigo Chaves parece dispuesto a destruir esta tradición, tomando partido de forma innecesaria y actuando como un brazo ejecutor de los intereses de Estados Unidos en la región, lo que está dañando relaciones estratégicas que llevaban años en construcción.
Una política exterior subordinada
El alineamiento del gobierno de Chaves con las exigencias del norte es evidente. Se ha deteriorado la relación con Rusia, una nación con la que Costa Rica ha mantenido vínculos desde 1872, utilizando como excusa el conflicto en Ucrania. Tanto ha sido así, que el gobierno envió al vicepresidente Stephan Brunner a una “cumbre de paz” organizada por la OTAN en Suiza relacionada con el conflicto en Ucrania, como parte de una campaña global anti-rusa y donde no se invitó a Rusia, un gesto vacío que solo refuerza la percepción de un gobierno sin criterio propio.
Resulta curioso y hasta contradictorio que el gobierno de Chaves, que se autodefine como conservador y cristiano, critique las relaciones con Rusia, un país que comparte muchos de esos mismos valores, especialmente en lo referente a la familia tradicional, mientras refuerza los lazos con Emiratos Árabes Unidos, una monarquía federal sin tradición democrática ni fundamentos cristianos. No estoy en contra de que se fortalezcan las relaciones con Emiratos; al contrario, considero que es una decisión acertada, ya que demuestra que es posible mantener vínculos mutuamente beneficiosos con países cuyas ideologías y sistemas políticos son diametralmente opuestos al nuestro. Esto evidencia que dichas diferencias no tienen por qué ser un motivo de distanciamiento o conflicto.
A esto se suma el distanciamiento con China, con quien establecimos relaciones diplomáticas en 2007 y país que se ha convertido en nuestro segundo socio comercial, utilizando pretextos como el supuesto espionaje de Huawei con el tema del 5G y la influencia del gobierno chino. Espectáculo al que algunos medios de comunicación también se han prestado. Estas decisiones no reflejan una evaluación crítica o autónoma de nuestros intereses nacionales, sino un servilismo preocupante que ignora el contexto global y las dinámicas del Sur Global, del cual Costa Rica forma parte.
La reciente declaración de la embajada china en Costa Rica, rechazando la injerencia de Estados Unidos en nuestras relaciones bilaterales, pone en evidencia la gravedad de la situación. Mientras China muestra disposición para fortalecer vínculos, el gobierno de Chaves se presta para ser un peón en la guerra comercial de Estados Unidos contra la segunda economía más grande del mundo. ¿No es eso acaso dispararnos en el pie? ¿Cuál es el objetivo final, romper con China y volver con Taiwán por el tema de los semi conductores?
Es particularmente alarmante que estas medidas sean selectivas y contradictorias. Mientras se alega moralidad para justificar el distanciamiento con Rusia y China, el gobierno negocia sin reparos un Tratado de Libre Comercio con Israel, pese a los graves crímenes perpetrados por ese gobierno contra el pueblo palestino, algo que el propio Comité Especial de Derechos Humanos de la ONU desde noviembre de 2024 ha calificado de genocidio y a pesar de que existe una orden de captura internacional contra Netanyahu por crímenes de guerra. Este doble estándar muestra una falta de coherencia y pragmatismo en nuestra política exterior que nada tiene que ver con la tradición diplomática del país.
Las consecuencias de un alineamiento innecesario
El distanciamiento de Costa Rica de China y Rusia no solo es absurdo, sino también profundamente contraproducente. No existe ninguna razón lógica para que nos involucremos en disputas geopolíticas que no nos corresponden, especialmente siendo un país sin ejército y con recursos limitados para enfrentar posibles consecuencias económicas o diplomáticas. Rusia y China son actores clave en el escenario global de hoy, guste o no, y Costa Rica debería esforzarse por mantener relaciones constructivas con ambos en lugar de alinearse ciegamente con una potencia que busca imponer su agenda por encima de nuestros propios intereses. Podemos llevarnos bien con todos por igual en el marco del respeto y sin condicionamientos, como lo hemos hecho históricamente a pesar de las turbulencias geopolíticas. Eso es algo que no debemos cambiar por capricho político o intereses particulares de terceros.
Además, es preocupante la ausencia de una crítica seria por parte de los partidos políticos y los medios de comunicación. La falta de perspectiva crítica para cuestionar estas decisiones refleja una peligrosa indiferencia hacia la erosión de nuestra soberanía y neutralidad. Costa Rica no puede permitirse este nivel de ignorancia y complacencia en un contexto internacional tan complejo.
Recuperar nuestra neutralidad
La política exterior de Costa Rica debe regresar a sus raíces: una postura neutral, soberana e independiente que priorice el diálogo, la cooperación y el respeto mutuo. Enemistarse con potencias como China y Rusia no solo es un error estratégico, sino un acto de irresponsabilidad que amenaza nuestra posición en el escenario global. El gobierno de Chaves debe reconocer que la neutralidad no es un signo de debilidad, sino una herramienta poderosa que nos ha permitido prosperar en un mundo de tensiones y conflictos.
Es momento de que los actores políticos serios y pensantes de este país exijan al gobierno una política exterior verdaderamente soberana, guiada por los intereses de Costa Rica y no por los de otros países. La neutralidad no debe ser sacrificada en el altar de intereses ajenos; debe ser defendida como un principio fundamental de nuestra identidad y proyección internacional.
Por un lado, atiza la hoguera del escenario político con calificativos y confrontaciones con otros poderes de la República e instituciones y, por otro, hace manifestaciones sutiles sobre la conformación del Congreso en unas próximas elecciones presidenciales.
Al cierre de este 2024, este es el estilo del presidente de la República, Rodrigo Chaves, desde la perspectiva del Programa de Análisis de Coyuntura de la Sociedad Costarricense, de la Escuela de Sociología de la Universidad Nacional (UNA).
Al respecto, la conclusión es que el discurso toma dos direcciones: el electoral y el del conflicto. En este último aspecto, el análisis resalta que el mandatario promueve una única verdad sobre los temas que aborda, con poca o nula reflexión político-ideológica. “Podrían existir áreas comunes con distintos sectores, pero en ningún momento el presidente ha dado una carta de buena fe, esto es reforzado también por la oposición asumida por los diputados oficialistas”, indica el informe, presentado esta mañana.
En cuanto al tema electoral, los mensajes han hecho referencia a la necesidad de modificar la estructura actual de la Asamblea Legislativa e incluso muestra la idea de que los votantes apuesten por un partido político distinto en las elecciones del 2026.
Ese nivel de disonancia en la relación del Poder Ejecutivo con otros órganos se ha trasladado también al Congreso. “Durante este periodo, la Asamblea Legislativa ha vivido en un conflicto permanente en los debates tanto en las comisiones especializadas como en las comisiones de primer orden, como la hacendaria”.
La prioridad del Gobierno ha sido impulsar el proyecto de la ley Jaguar, en sus distintas versiones, incluso más allá de los pronunciamientos de la Sala Constitucional, que la declaró ilegal en cuatro artículos, y de los informes del Departamento de Servicios Técnicos del Congreso.
En medio de ello, el presidente acude al uso de un lenguaje duro para calificar la labor de los legisladores de la oposición, alimentado a su vez por esa misma postura de parte de la fracción oficialista hacia los demás partidos, lo que complica el entorno de negociación de proyectos.
Los choques más recientes han tenido relación con el permiso legislativo para la presencia de un grupo perteneciente a un ejército extranjero en territorio nacional, para la provisión de ayuda a los damnificados por las inundaciones de noviembre; el proyecto de rebaja del impuesto sobre la renta a los trabajadores independientes, así como la consulta de constitucionalidad del proyecto de Presupuesto de la República 2025.
El otro gran protagonista de los choques verbales ha sido el Poder Judicial. “El conflicto coyuntural se ha centrado en la figura del fiscal general de la República, a pesar de que no es la primera vez que quien ocupe ese puesto esté en la mira de quienes cuestionan. Además, varios magistrados y magistradas, por realizar su labor constitucional, también están de manera inédita e infundada bajo señalamientos”.
El análisis califica como “retórica manipuladora” la forma en la que el presidente Chaves señala a la Fiscalía, al decir que ha incurrido en actos de hostigamiento y acoso contra el Gobierno. Sin embargo, la tensión se incrementó luego de que la expresidenta ejecutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), Marta Esquivel, fuera detenido por el caso Barrenador. De nuevo, tanto el mandatario como la ministra de la Presidencia, Laura Fernández, enfilaron sus baterías en contra del Ministerio Público.
Otros sectores
El coordinador del Programa, Carlos Carranza, y las investigadoras Laura Brenes y Rebeca Espinoza, también hicieron un análisis del país en materia de educación, seguridad, presupuesto y relaciones exteriores.
En el ámbito educativo, el informe refuerza la tendencia de que se trata de un sector en crisis, carente de una estrategia y una ruta clara y que de manera recurrente ha visto reducida la cantidad de recursos que se le destina, al pasar de un 7.07% del Producto Interno Bruto (PIB), en el 2017, a un 5.41%, en el 2023, de acuerdo con datos de la Contraloría General de la República.
“El recorte en la educación para este 2024 fue el más bajo en los últimos años: sumó un 5.2% del PIB. Esto se manifiesta a través de la falta de infraestructura, la casi nula inversión en nuevos centros educativos o el mantenimiento de los ya existentes, lo que genera condiciones de insalubridad con un total de 881 órdenes sanitarias, de las cuales, al menos 101, son de clausura”, reseña el informe.
En esa línea, no existe una política de estímulos para la formación integral del personal docente que arrastra vacíos en áreas claves como matemáticas, pensamiento lógico, manejo de equipos computarizados y dominio de un segundo idioma.
Una parte del personal docente carece de estabilidad laboral, se le contrata a última hora o es movilizado entre instituciones, no cuentan con la infraestructura tecnológica requerida o se presentan retrasos en sus pagos salariales.
Para los investigadores del Programa existe una conexión entre el desempeño del sistema educativo y el resto de las dinámicas sociales. “No se puede pretender que persista el conflicto en las calles, en los hogares y las actitudes autoritarias, sin que esto se refleje en las dinámicas escolares. Por eso se hacen visibles en nuestros centros educativos prácticas que incitan a la violencia”.
En temas de seguridad, los investigadores llamaron la atención por el cambio en el discurso y el estilo mostrado por el ministro de Seguridad Pública, luego de grabar un video con directores de los distintos cuerpos policiales. “Es normal que un ministro de Seguridad efectúe declaraciones por su rango, pero eso es muy distinto a realizar pronunciamientos de orden que pueden rozar con el orden normativo”.
Ante ello, en el análisis se hace una excitativa a que desde esta cartera se centren en la resolución de temas como la falta de plazas policiales y la mejora logística para la operación de las diferentes dependencias y delegaciones.
Finalmente, en materia de política exterior, se enfatiza en la discrepancia de la posición costarricense, que, por un lado, reafirma su compromiso con la protección de los derechos humanos y el respeto al derecho internacional humanitario y, por otro, se abstuvo de votar ante la Organización de Naciones Unidas (ONU) una declaración que promovía poner fin a la ocupación israelí en los territorios palestinos.
Otra contradicción se da en la forma en que se refiere a estados que son comandados por dictaduras. “Costa Rica ha condenado a las dictaduras de Venezuela y Nicaragua. Sin embargo, ha sido más fuerte contra el régimen de Nicolás Maduro, mientras que con Daniel Ortega ha mantenido un perfil más bajo”.
Oficina de Comunicación Universidad Nacional, Costa Rica
