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Morena en México es mucho más que el color de la piel

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Así se siente México, así se siente México

Así como unos labios por la piel

Así te envuelve México, así te sabe México

Así se lleva México en la piel.

Alberto Salom Echeverría

El color moreno de la piel…

Es un reflejo de siglos de imposición y explotación de una cultura machista, patriarcal, de superposición de una minoría blanca que desde la colonia estableció la supremacía de las instituciones coloniales, y que, ni la independencia, del dominio español, gloriosa como fue, ni la propia revolución mexicana de contenido agrarista, la primera del siglo XX, que estalló en 1910, aunque produjeron cambios muy significativos y trascendentales, lograron acabar con la injusticia social, la corrupción en la política y la explotación en lo económico junto con la enorme concentración de la riqueza que se fue acrecentando a lo largo de la centuria pasada, así como su contraparte la pobreza y desigualdad social; tampoco se logró poner freno a un estilo de desarrollo, de corte capitalista, que vendría después, cimentado en la grave degradación del medio ambiente.

En América Latina, el color moreno de la piel resalta en la inmensa mayoría de la población trabajadora y tantas veces ultrajada; uno de esos países, de los más connotados es México. Ese tono de la piel no solamente es característico de los pueblos originarios, en distintas gradaciones es propio también de los criollos, que fueron producto del mestizaje, como el que se produjo entre la población originaria al mezclarse con la caucásica europea; igual que entre poblaciones negras y blancas, por ejemplo. Asimismo, ese matiz moreno oscuro distingue a los afrodescendientes que fueron traídos a América para ser sometidos como esclavos de la colonización española. Los pueblos originarios y muchos criollos experimentaron los trabajos forzados, viéndose reducidos durante la colonia por medio de instituciones como las mitas y encomiendas. Todos son, en diversos matices morenos.

¿Qué es MORENA?

En México, en el 2011 se funda como producto de una escisión del Partido de la Revolución Mexicana (PRD), el Movimiento de Regeneración Nacional, mejor conocido como MORENA, cuyo principal fundador e inspirador ha sido el actual presidente de la nación mexicana, Andrés Manuel López Obrador (AMLO); empero, ahí estaba desde el inicio, la nueva presidenta de México, la primera en doscientos años, Claudia Sheinbaum, como un claro indicio de la presencia de la mujer persiguiendo condiciones de igualdad con el hombre en el desenvolvimiento de la vida social y política, económica y cultural.

Desde la misma introducción de los estatutos de MORENA, cuando se constituyó en partido político se estipuló claramente que “MORENA es un partido político de hombres y mujeres libres de México que luchan por la transformación pacífica y democrática de nuestro país. Nuestro objetivo es lograr un cambio verdadero, es decir, que se garantice a todas las y los habitantes del país una vida digna, con derechos plenos; que se realice la justicia, se viva sin temor y no haya exclusiones ni privilegios. Un cambio de régimen como el que proponemos significa acabar con la corrupción, la impunidad, el abuso del poder, el enriquecimiento ilimitado de unos cuantos a costa del empobrecimiento de la mayoría de la población. Un cambio verdadero supone el auténtico ejercicio de la democracia, el derecho a decidir de manera libre, sin presiones ni coacción, y que la representación ciudadana se transforme en una actividad de servicio a la colectividad, vigilada, acompañada y supervisada por el conjunto de la sociedad. Un cambio verdadero es hacer realidad el amor entre las familias, al prójimo, a la naturaleza y a la patria.” (Cfr. www.dof.gob.mx/2019/INE/estatuto_morena.pdf).

Por esos principios establecidos es que, MORENA es mucho más que el color de la piel.

El cambio cultural que se pretende.

La cultura mexicana es una fuerte, abigarrada y poderosa manifestación de la vida social, política y económica, en la que la indiscutible hegemonía del colonialismo español primero, y de los círculos dominantes posteriormente en la vida republicana, hubo de vérselas desde su origen con la sólida expresión de la voz de los pobres y de los humillados.

La presencia de los desvalidos como una fuerza de resistencia en la historia de México fue de tal envergadura, a lo largo de cinco siglos y lo que llevamos del presente, que se convirtió en un sólido bastión cultural para estimular los cambios sociales que, aunque no lograron modificar la estructura de la dominación expoliadora hasta ahora, dejaron una impronta, una marca indeleble que ha servido de soporte a las denodadas luchas de los grupos subalternos de la sociedad.

Así ocurrió desde los tiempos en que apareció la poeta Sor Juana Inés de la Cruz, cuyo nombre de pila fue Juana Inés de Asbaje y Ramírez de Santillana; nacida en 1648 o en 1651en San Miguel Nepantla, México. Desde niña se evidenció su talento prodigioso y su inclinación por las letras. Fue una época en la que la sociedad mexicana como herencia de la Europa renacentista estaba dominada por el patriarcado, por lo que el rol femenino queda confinado a las labores domésticas y no era bien visto que una mujer se dedicara a las letras. Tanto en prosa como en verso, Sor Juana Inés desafió a la sociedad de su tiempo incursionando en la literatura y también en el conocimiento científico, pues adquirió una portentosa erudición.

Un gran testimonio de su postura filosófica y literaria quedó plasmado en el poema “Hombres necios”. Allí señala sin ambages: “Hombres necios que acusáis/ a la mujer sin razón/ sin ver que sois la ocasión/ de lo mismo que culpáis (…)” Y luego profundiza escribiendo: “Con el fervor y el desdén/tenéis condición igual, /quejándoos, si os tratan mal, /burlándoos, si os quieren bien (…).

En otro orden de cosas, en la segunda mitad del siglo XX en el año de 1962 se publica una de las más célebres novelas, del afamado escritor ya fallecido, Carlos Fuentes: “La Muerte de Artemio Cruz”. Una novela que trata de la historia de México en la contemporaneidad, referida particularmente a la revolución mexicana. En ella queda constancia de la forma en que el personaje principal, Artemio Cruz quien había participado en la revolución, recorre mentalmente en su lecho de muerte su participación en la revolución; pero, ya convertido en un acaudalado industrial, se aleja de los ideales que lo habían llevado a combatir, tras haberse convertido en un hombre corrupto y trepador. En la pluma de Carlos Fuentes, Artemio Cruz es el arquetipo de aquellos numerosos sectores de las clases medias arribistas y oportunistas.

Por otra parte, no puedo omitir en este breve relato la mención de la extraordinaria novelista Elena Poniatowska, poseedora de una profusa producción literaria. Uno de las más vibrantes de sus escritos es “La noche de Tlatelolco: Testimonios de una historia oral.” En ella la escritora hace una crónica de la matanza que sufrieron estudiantes a manos de la represión policial, con implicación del propio secretario de gobernación de entonces, Luis Echeverría, durante la administración de Díaz Ordaz. La orden de reprimir fue dada por el propio presidente de la República. El hecho ocurrió la noche del 2 de octubre de 1968, en la Plaza de las Tres Culturas, donde los estudiantes habían organizado una manifestación, la cual al ser reprimida por la policía ocasionó la muerte de cerca de 300 estudiantes. El motivo de la manifestación era exigir precisamente que se detuviera el autoritarismo y la represión ejercidos por el gobierno de Díaz Ordaz. El gobierno pretendía mediante la represión impedir que las manifestaciones estudiantiles se propagaran hasta el inicio de la Olimpiadas que pronto tendrían lugar en México.

Conclusión

Como puede verse, muchas de las plumas más brillantes de México, de los artistas e intelectuales en general se han unido a los movimientos sociales y populares que reclaman un nuevo orden social. MORENA aspira a convertirse en un partido político afín a los movimientos sociales que bregan por un cambio social verdadero y democrático, con acento en la justicia social, la equidad, la igualdad real entre el hombre y la mujer, la redistribución de los recursos en favor de las clases sociales menesterosas del campo y la ciudad, así como la eliminación de la corrupción en el ejercicio del gobierno nacional y local.

No es tarea fácil, no obstante que el gobierno entrante de Claudia Sheinbaum ganó las elecciones presidenciales por amplio margen a su más inmediata seguidora, Xóchilt Gálvez, a la cabeza de una coalición conservadora integrada por los antiguos partidos políticos del PAN, PRI y PRD. Además, MORENA ganó, tanto en el senado como en el congreso de los diputados, alcanzando una mayoría muy sólida que le permitiría modificar la Constitución. Sin embargo, la tarea no es fácil en un México asediado por las bandas del narcotráfico, que mantienen al país en un grave estado de inseguridad y el crimen ha crecido enormemente. Asimismo, Sheinbaum debe enfrentar todavía un importante déficit fiscal, y un no muy halagüeño crecimiento del PIB que alcanzó en el último trimestre del 2024, tan solo un 2%. Por la formación de la presidenta electa, se ha comprometido además a acelerar el cambio hacia una economía carbono neutral al 2050, transitando hacia una economía limpia; lo que significa un cambio de posición importante con respecto al actual gobierno de AMLO.

La presidenta entra al gobierno con una buena credibilidad y legitimidad, pero tiene ante sí retos enormes que debe acometer para no desgastarse y perder el prestigio que hoy ostenta.

Por el ambiente: celda única para buzos de cuello blanco

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Juan Francisco Campos

Hace aproximadamente un cuarto de siglo, leíamos por vez primera la novela “Única mirando al mar” del profesor Fernando Contreras, y vale decir que, al concluir la lectura, tanto la “Nota liminar” de los recordados escritores Fabian Dobles, como el comentario en contraportada titulado “¿Es reciclable la esperanza?” de Mabel Morvillo; multiplicaron nuestro interés por eso que refiere el primero como “…el valor de la historia aquí contada”. Así mismo, casi sin percatarlo regresé al principio del relato convencido de lo que nos dice Morvillo: “Hay que leerla y releerla, porque es una novela sobre la condición humana, oscilante siempre entre lo abyecto y lo sublime”.

De manera que, frente a la persistente problemática de salud pública por el deficiente manejo de residuos en el país1,2, es indiscutible que el tema de fondo, nos compromete y enfrenta al mar. Algo así como al mar de basura urbana que, desde Río Azul y otros botaderos, llegó a desbordar e inundar especialmente a la Gran Área Metropolitana (GAM) de Costa Rica y todo lo que ello ha implicado hasta el presente. Razón por la cual, para sus habitantes, debe ser de máxima atención el reciente anuncio de acciones inmediatas por parte del gobierno3,4; supuestamente para generar soluciones a corto plazo sobre la nueva emergencia de viejas raíces. Tanto para el poder ejecutivo como para representantes del legislativo, la crisis en vísperas se debe al inminente cierre de los únicos sitios irónicamente denominados rellenos sanitarios y qué decir de “parques ambientales”; todavía activos, pero rebasada su vida útil o al límite de la capacidad máxima. Por lo general, fincas bajo administración de empresas privadas como WPP y EBY, donde se vierte la mayor parte de los residuos sólidos generados en la GAM y hasta de más allá. Una actividad de “trabajo sucio” y aparentemente también negocios. Basta un vistazo al Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP).

¿De qué trata el anuncio gubernamental? Según la información divulgada, entre otras acciones, habilitar tres nuevos sitios del mismo tipo, llámense rellenos sanitarios, parques de tecnología ambiental, parques industriales o cualquier otro digno de toda ficción; previa aprobación de un proyecto de ley titulado “LEY PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA RECTORÍA DEL MINISTERIO DE SALUD EN LA GESTIÓN Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS. Expediente Nº 24.251” el cual analizamos y damos seguimiento. No obstante, hasta el momento no se dispone de información como: 1). Si sobre dicho proyecto de ley existen grupos de cabildeo o lobby. 2). Quién administraría eventualmente los nuevos sitios. 3). Cuál o cuáles tecnologías para el tratamiento de residuos se emplearían. 4). Quién gestionará la tramitación de los permisos correspondientes. 5). Si en su tramitación serán presentados a la evaluación de impacto ambiental por parte de la Setena, o en su defecto serán exonerados de esta obligación.

Sin embargo, con respecto a los gestores particulares, en tanto se trata de una actividad que hace más de cuatro décadas, poco a poco pasó a ser objetivo de singulares negocios para la inversión privada principalmente extranjera, es de suponer que, en la medida de que la mayoría de los gobiernos locales fueron delegando su responsabilidad y sin escatimar los costos; una estrategia de perpetuar el negocio es mantener deficiencias en dicha gestión. A nuestro entender un principio de la economía de mercado y obvia política oficial. Pero ante los abonados, es a las municipalidades a quienes se les exhibe como los únicos gestores deficientes, mientras los concesionarios, se auto presentan como los que aportan soluciones y les motiva un interés público suigéneris. Obviamente siempre prestos a casi monopolizar determinadas fases del proceso definido como “gestión integral de residuos”.

En otras palabras, mientras este tipo de manejo “sucio” se mantenga, la gestión integral de residuos desde el año 2014 responsabilizada tanto al Ministerio de Salud (MS) como a los gobiernos locales; no está en el horizonte de cumplirse cabalmente ni en el largo plazo. Es más, con el tiempo de promulgada la ley (la No. 8839) para la gestión integral de residuos, la delegación de funciones municipales y los recursos multimillonarios invertidos; antes que más leyes al respecto o posibles reformas a las existentes, amerita un auditaje total de lo actuado, cuyas evidencias de seguros incumplimientos del deber en la función pública, permitan sancionar a los responsables.

De acuerdo con investigaciones en la materia, los únicos gestores que, durante décadas han demostrado ser eficientes para manejar los residuos generados en sus territorios, sólo representan a unas pocas municipalidades5; cuyas autoridades, en su momento asumieron responsablemente el desafío aún sin la nueva legislación que hoy rige. Suficiente prueba de que, por ejemplo, las justificaciones planteadas en las propuestas para pretender nuevas normas y reformas como condicionante para poder actuar; son acciones chapuceras y hasta propias de actores no idóneos. Quienes, en lugar de conducir su desempeño acorde con el ordenamiento jurídico, se han acostumbrado a la distorsión, y de tal forma, ajustarlo a intereses ajenos al Estado Social y Democrático de Derecho de este país.

En concordancia con la auditoría que se cita, muchas evidencias podrán ponerse sobre la mesa acerca de lo actuado, y entre otros beneficios a partir de los hallazgos, el presidente de la República podría tener en sus manos, nuevos casos para testimoniar su política anti corrupción y evitar con más tino lo que él llama “trajes a la medida”. Obsérvese al respecto que, hace aproximadamente diez años y a sólo cuatro de la promulgación de la Ley No. 8839, varios cantones del país, enfrentaban una situación crítica similar a la actual con respecto a los rellenos que nos informan. Pues los vertederos activos en sus territorios donde depositaban los residuos, unos 10 de los 38 a que hacían referencia, tenían orden de cierre inmediata por parte del MS. Una decisión que, además de suspender el vertido de más basura en ellos, de inmediato debía implementar un proceso de cierre técnico para cada uno.

Además, debido a que ese proceso ya representaba nuevos proyectos de obras y actividades técnicas, previamente a su ejecución debían cumplir la evaluación de impacto ambiental por parte de la Setena, y con ello, establecer las medidas ambientales correspondientes; así como, la fase de seguimiento ambiental post cierre. Es oportuno anotar que, por los altos riesgos de mayor contaminación ambiental y obvios daños producto de los vertederos, inclusive una vez cerrados; se trata de un proceso riguroso y de considerables costos económicos, al final del cual, los terrenos se pueden rehabilitar para otros usos. Hasta ese momento, entre los proyectos más conocidos de tales características, estaba el cierre técnico del relleno de Río Azul con credencial de Viabilidad Ambiental según Resolución No.SG-569-2002-E-ESIA-SETENA; para entonces en proceso de ejecución costeado por el Ministerio de Salud y contratado a WPP Continental S.A. (DM-F-1881-08 y adendas posteriores). Por lo tanto, el ejemplo más relevante a seguir.

No obstante, contra todo pronóstico y quizás sorpresa de diferentes instituciones como las municipalidades e igualmente de la comunidad ambientalista; paradójicamente la Setena derogó la Viabilidad Ambiental para las nuevas propuestas de cierre técnico de vertederos. Mientras tanto, mantenía en ejecución otro (Río Azul) que, de hecho, casi nunca fue relleno sanitario, sino un vertedero con relativa autorización. Es decir, siguiendo su costumbre de arrogarse potestades que no le competen, con una escueta y controversial interpretación normativa, mediante acuerdo de comisión plenaria (ACP-013-2014) eliminó esa obligación técnica. Por lo tanto, si la contaminación ambiental en estos sitios ilegales ya era crítica y por eso urgente cerrarlos; ahora, aunque no continuaran con su actividad regular, quedaron a expensas de lo que otros hicieran al margen de su responsabilidad. Eso mismo ha hecho la Setena con las escombreras (Oficio SETENA-SG-1244-2020), sitios que terminan operando como típicos vertederos. Los alcances de esa decisión, quizás algún día se conozcan, por ejemplo, en la contaminación de acueductos.

Acerca de ese acuerdo de Setena, por medio de consulta informal ante la institución, se obtuvo respuesta de que, aparentemente el principal promotor del acto derogatorio, fue el representante del MS ante su Comisión plenaria. El cual, contó con el respaldo unánime de los restantes seis miembros de ese órgano, incluyendo al secretario señor Fredy Bolaños, quien finalmente lo firmó y publicó; convirtiéndose esta acción en una de sus primeras “obras” en el fugaz paso por el puesto. Pues la siguiente, fue la viabilidad ambiental (Resolución No. 2523-2014) otorgada al proyecto de la nueva terminal portuaria de Limón; contraria del criterio de cuatro expertos encargados de evaluación exclusiva durante 20 meses. Sin embargo, así quedó dispuesta esa marrullería con los vertederos, jamás digna de funcionarios públicos. En el Por Tanto Primero del acuerdo se describe: “…es improcedente la presentación de una evaluación ambiental de un Cierre Técnico de un Vertedero, debiendo acudir al Ministerio de Salud, a efectos de realizar el cierre técnico pretendido”.

Si bien como consultor ambiental independiente, hasta hoy no hemos gestionado ante ninguna institución proyectos de esa naturaleza, si fuera lo contrario, se puede especular que, en el MS nos habrían remitido al mismo ingeniero que, en la Setena fue parte del Acuerdo ACP-013-2014 sobre esta materia. Institución donde todavía desempeña funciones de manera casi vitalicia, y a pesar de la dedicación exclusiva a que se debe; para entonces también gerenciaba el proyecto de Cierre Técnico de Río Azul; nombrado por su Ministerio con muy variadas y detalladas responsabilidades frente al concesionario (WPP) del millonario proyecto. De acuerdo con el oficio de la dirección de auditoria ministerial (DGA-280-2014), ese proyecto aún debe estar en ejecución, quizás con nuevas revaloraciones y hasta a cargo del mismo gerente o uno de sus familiares; como quien le sustituyó en la Setena durante un tiempo. Tómese en cuenta que, este oficio de auditoría se trató de una advertencia a la máxima jefatura por aparentes irregularidades; no obstante, el ingeniero de referencia, sigue en la Setena, donde en compañía del representante del MAG y secretario general, no ocultan su camaradería con los concesionarios de residuos municipales.

Mediante la Ley 8839 y el “Reglamento sobre el manejo de residuos sólidos ordinarios” según decreto ejecutivo No. 36093, promulgados el 13 y 15 de julio 2010 respectivamente, los vertederos fueron definidos como actividad ilegal: “…sitio o paraje donde se depositan ilegalmente los residuos, sin técnica o mediante técnicas muy rudimentarias”. Pero, como ya se anotó, a pesar de la cantidad de estos sitios reportados para entonces y su proliferación por el territorio nacional; la Setena se apartó de sus obligaciones y consecuentemente las de gestionar la única posibilidad técnica de evitar con dicha actividad más daños ambientales. Además, como para acompañar a Setena en esta satrapía, tres meses después el gobierno de turno promulgó un nuevo reglamento sobre rellenos sanitarios (D.E. No. 38928 del 14 de noviembre 2014). Y por este medio, en cuanto a los vertederos, la descripción explícita de actividad ilegal aparentemente se eliminó o trató de ocultar introduciendo una segunda definición: “Sitio sin preparación previa, donde se depositan los residuos, sin técnica o mediante técnicas muy rudimentarias y en el que no se ejerce un control adecuado”. Es decir, sitios donde de manera infraganti se producen daños ambientales en absoluta impunidad.

Pero no conformes con lo anterior, esa disposición reglamentaria fue más allá en la regresividad ambiental, pues dispuso que, los vertederos pueden ser reconvertidos en rellenos sanitarios (Ver Artículos 1 y 2 del decreto No. 38928). Es decir, con la puesta en vigencia de este Reglamento y su aplicación, no existe otro procedimiento más irregular para la ubicación de los rellenos sanitarios. Explícitamente no se contempló nada sobre el cierre técnico de vertederos ni de su viabilidad ambiental; inclusive, tampoco para rellenos sanitarios. Por lo tanto, vía reglamento se abrió la posibilidad para que, un vertedero sea reconvertido en relleno sanitario, consolidando a la vez, la derogación del principal requisito técnico sobre la evaluación de impacto ambiental; dado que, para la Setena, son habituales sus argumentos de que, un sitio ya impactado tanto como actividades existentes, no requieren dicha evaluación.

Como se podrá determinar en lo anteriormente descrito, esos “alineamientos retroactivos” de la evaluación de impacto ambiental y en este caso acerca del manejo de residuos, es más evidente a partir del año 2014. Y lo ha ratificado la actual ministra de salud al señalar por ejemplo que, en diez años de vigencia de la Ley 8839, ésta no se ha podido aplicar y por eso pide “un machetico” (más normativa); supuestamente para poder solucionar a corto plazo la problemática actual. Así dijo el mes anterior6, cuando en tránsito por el laberinto de este gobierno, dio a conocer la segunda “ruta de la salud”. Entre las incongruencias oficiales expuestas en ese evento, además de lo dicho directamente en conferencia de prensa, por ahora señalamos algunas referencias de un nuevo decreto ejecutivo (No. 44421) y del proyecto de ley según expediente legislativo 24.251.

En cuanto a este decreto próximo a quedar vigente, se promulgó como el “Reglamento de parques ambientales para la separación, tratamiento, aprovechamiento y disposición final de residuos sólidos”. En el mismo, además de derogar el Reglamento de rellenos sanitarios (Decreto 39928-S), se denotan “genialidades” como la invención del concepto “parque ambiental”; en términos generales, definido como un sitio para manejo integral de residuos sólidos y donde previo a la disposición final se ejecutan otras tareas. Hasta se podrán disponer en ellos residuos peligros que hayan recibido algún tratamiento anterior; pero no se establece cuál ni dónde. Similar a los dispuesto con los rellenos sanitarios, los vertederos se podrán reconvertir en parques ambientales. Y al igual que con el reglamento derogado, se ignora el cierre técnico de vertederos y rellenos sanitarios, así como de su requerimiento de viabilidad ambiental por parte de la Setena. Se presenta también en este reglamento, una reiteración en los requisitos de la construcción de infraestructuras ajustadas al reglamento de construcciones del INVU, como si fueran proyectos que no albergarán la actividad a la que están destinados. Por lo tanto, serán sitios que, en honor al nombre, de ecológicos no tendrán ni la intensión, y donde sólo por la confusión que generan, alguien llegará a visitar queriendo encontrar recreación, esparcimiento y aire puro. Finalmente, es de anotar que, por el lenguaje y discurso habitual de las empresas concesionarias aquí citadas, el nuevo reglamento parece un producto de “traje a la medida”.

Por su parte, respecto al proyecto de Ley de expediente legislativo No. 24.251, pareciera que sus redactores, no tienen noción del ordenamiento territorial y la planificación urbana según lo dispuesto en el bloque normativo. Alegan que, las dificultades para implementar numerosas iniciativas durante más de dos décadas y así abordar la creciente crisis en el manejo de residuos sólidos; es consecuencia por ejemplo de “La resistencia de las comunidades y de los gobiernos locales hacia la creación de nuevos rellenos sanitarios y/o la adopción de otras tecnologías”. Lo cual, ha dado lugar al estancamiento en la ejecución de proyectos clave. Y en igual sentido que, nadie quiere la instalación de rellenos sanitarios en sus vecindarios. No obstante, estos son planteamientos con alto contenido de falsedad. Pues la oposición comunal a estos proyectos, responde más a las experiencias de pésimos manejos, por lo general violando legislación ambiental y con ello la generación de daños socioambientales contra las comunidades de sus áreas de influencia; y donde los rellenos o vertederos, de hecho, pasan de receptores cantonales a regionales o hasta nacionales. Las comunidades de Montes de Oro y La Carpio, no son la excepción.

Entre más planteamientos nada convincentes se dice que, como en estos proyectos la Inversión solo proviene de la empresa privada: “Es fundamental encontrar un equilibrio entre el sector público y el privado, promoviendo la competencia, la transparencia y la rendición de cuentas para garantizar que los proyectos se ejecuten de manera eficiente, ética y en beneficio del interés público”. La mejor prueba contra esta argumentación está en las mismas referencias ya apuntadas con respecto al cierre técnico del relleno sanitario de Río Azul, así como, el contrato entre la Municipalidad de Talamanca y una concesionaria; asunto registrado en las bases de información del SICOP.

Por lo tanto, ¿Cuál será la solución según este proyecto de ley? Nada menos que, el “fortalecimiento de la rectoría del M.S.”, por medio de “mayor injerencia” en su potestad rectora; o mejor dicho en las potestades actuales de los gobiernos locales. También mediante la creación de un órgano técnico especializado con determinadas funciones. Más concretamente, el objetivo central es que: “La emisión de certificados de uso de la tierra para la instalación de estructuras dedicadas a la disposición final de residuos corresponderá al Ministerio de Salud y no a las municipalidades” (Artículo 28 bis de adición a la Ley de Planificación Urbana).

Desconocen los proponentes del proyecto que, sólo los gobiernos locales regidos por su Consejo municipal están legitimados para gestionar la elaboración de Planes Reguladores o de Ordenamiento Territorial cantonales del territorio total o parcial. Igualmente ignoran que, su elaboración responde inobjetablemente a la ciencia, la técnica y la participación pública más efectiva con su poder de decisión. Procedimiento por el cual, uno de los principales productos del instrumento, es el Reglamento de Zonificación de uso del suelo con su respectiva cartografía. Real y legitimada norma de aplicación exclusiva por parte de la administración pública local a través de los certificados de uso de suelo municipal, y en absoluta congruencia con este Reglamento durante la vigencia del Plan Regulador.

Esta es la situación del mar en que nos encontramos, con un gobierno en pleno naufragio por rutas que sólo conducen a los nauseabundos botaderos, donde efectivamente hacen falta celdas de seguridad para algo más que residuos peligrosos.

Referencias

  1. https://semanariouniversidad.com/pais/municipalidades-reprueban-en-manejo-de-residuos/
  2. https://semanariouniversidad.com/pais/ebi-opera-nueva-area-de-relleno-en-el-huazo-sin-permiso-de-construccion-de-la-municipalidad-de-aserri
  3. https://www.diarioextra.com/Noticia/detalle/518045/cada-cant-n-deber-designar-un-espacio-para-tener-un-botadero
  4. https://www.ministeriodesalud.go.cr/index.php/prensa/61-noticias-2024/1829-ministerio-de-salud-lanza-ruta-de-salud-ambiental
  5. https://www.researchgate.net/publication/291072700_Alternativas_y_acciones_en_el_tema_de_residuos_solidos_planteadas_por_las_municipalidades_de_Jimenez_y_Oreamuno_y_su_relacion_con_el_desarrollo_y_la_sostenibilidad_Articulo_informativo
  6. https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=948337643407375

 

Imagen: TEC.

Monseñor Víctor Manuel Sanabria Martínez, el Reformista, el Revolucionario, el Benemérito de la Patria, el Hombre y Jefe de la Iglesia de su tiempo, ante el 72 aniversario de su fallecimiento

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Vladimir de la Cruz

Mañana, 8 de junio, Mons. Víctor Manuel Sanabria Martínez, quien se desempeñó como el II Arzobispo de San José, durante los años 1940-1952, se cumple el 72 aniversario de su fallecimiento, a la edad de 54 años. Con este motivo la Iglesia Católica, especialmente la Diócesis de Cartago, esta semana ha conmemorado el fallecimiento de Monseñor Sanabria con actividades. El miércoles pasado, en el Auditorio del Centro Pastoral Monseñor Sanabria, hubo un conversatorio con historiadores cartagineses y hoy viernes con actividades religiosas en el Templo parroquial, con un desfile a las 10 a.m. que se hará hacia la Ermita donde yacen los restos de Monseñor Sanabria. El conversatorio giró destacando su figura de religioso, pero también del Gran Arzobispo que fue cuando el país necesitó un guía espiritual acompañando el acuerdo político de la Reforma Social de 1943 impulsada por el Gobierno de Rafael Ángel Calderón Guardia y el partido Comunista dirigido por Manuel Mora Valverde, estos tres grandes costarricenses declarados Beneméritos de la Patria.

Fue el Obispo que le tocó enfrentar los años convulsos de la II Guerra Mundial, 1939-1945, del inicio violento de la llamada Guerra Fría, a partir de 1945; de los gobiernos reformistas del Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia, 1940-1944, del Lic. Teodoro Picado, 1944-1948, de los sucesos de las elecciones presidenciales de Otilio Ulate Blanco, anuladas en febrero de 1948 lo que dio origen a la Guerra Civil de marzo-abril, de 1948, al Gobierno de Facto fundador de la llamada Segunda República, encabezado por José Figueres, 1948-1949, y de los primeros años del gobierno de Otilio Ulate Blanco-1949-1952, cuando falleció.

Su carrera eclesiástica fue notable y exitosa. Inició sus estudios sacerdotales en 1915, que lo llevaron al subdiaconado en 1919, siendo escogido en ese momento por el Obispo, Mons. Juan Gaspar Stork para enviarlo a estudiar Derecho Canónico a Roma, Italia, donde se graduó con un Doctorado en Derecho Canónico y en 1921, fue ordenado sacerdote. También, durante su estancia en Italia, estudió Filosofía, en la Academia Santo Tomás.

En su retorno a Costa Rica inició su labor pastoral en la Parroquia de Cartago, en 1922, como Coadjutor de la Parroquia y profesor de religión del Colegio San Luis Gonzaga. Fue párroco de San Ignacio de Acosta en 1923 y Capellán del Colegio de Sion en 1925. Desde 1924 había sido incorporado al gobierno de la Arquidiócesis de San José, bajo el Obispado de Mons. Otón Castro Jiménez, del cual fue su Secretario. En 1926 fue nombrado Vicario General y Canónigo Teologal.

Al fallecer el primer Obispo de Alajuela, en 1937, Mons. Antonio del Carmen Monestel, el Papa Pío XI, le nombró su sucesor, a partir del 12 de marzo de 1938, siendo Obispo de Alajuela hasta el 7 de marzo de 1940, cuando Pío XII, lo nombró como el Segundo Arzobispo de San José, a partir de esta fecha, asumiendo sus arzobispado unos días antes de que el Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia asumiera la Presidencia de la República, el 8 de mayo de 1940.

Durante estas dos décadas, desde su ordenación sacerdotal hasta la asunción al arzobispado nacional, le tocó vivir cambios históricos importantes, como fueron el triunfo de la Revolución Rusa, en 1917, el fin de la I Guerra Mundial, el surgimiento de la Unión Soviética, en 1922, los procesos revolucionarios que en Europa, al calor de lo que sucedía en Rusia, intentaron desarrollar procesos políticos insurreccionales semejantes. El surgimiento de la Organización Internacional del Trabajo, el nacimiento y muerte de la Liga de las Naciones, 1919-1939, el surgimiento del fascismo en Italia, desde inicios de la década de 1920 y del nacionalsocialismo en Alemania, desde inicios de la década de 1930, y durante esta década de los sucesos de la Segunda República Española, 1931-1939, fracturada con la guerra civil española desde 1936-1939, con su derrota y el ascenso al poder dictatorial de Francisco Franco a partir de 1939, aliado de Hitler y de Mussolini, en los eventos de la II Guerra Mundial, así como el nacimiento y primeros pasos de las Naciones Unidas, 1945-1952.

En el campo de la Iglesia Católica hubo respuestas a los movimientos sociales y las luchas sindicalistas, anarquistas, socialistas y comunistas, de finales del siglo XIX y principios de siglo XX, que se expresaron en la Encíclica Rerum Novarum, 1891, cuando todavía no había triunfado ninguna revolución socialista o comunista y, a los nuevos eventos que arrancan con la Revolución Rusa, cuando se impulsa el Código Social de Malinas, publicado en 1927, que el Cardenal Desiré Joseph Mercier, divulgaba y debatía desde 1921 en sus fundamentos, antes de su publicación, que Monseñor Sanabria apreció desde sus orígenes, como también influyó este Código en el Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia, que en esos días estudiaba en la Universidad Católica de Lovaina, y esta tradición social cristiana, y en la Universidad Libre de Bruselas. Igualmente fue la promulgación de la Encíclica Quadragesimo Anno, de 1931, que fue la respuesta eclesiástica a la existencia de la URSS y del desarrollo de los partidos comunistas, al calor de la III Internacional, que impulsó Lenin.

En lo interno, en Costa Rica, le tocó nacer y vivir la última etapa de la llamada República Liberal, que había surgido en 1870, con el General y Presidente Tomás Guardia Gutiérrez, la cual se prolongaba hasta 1940; al impacto de las Reformas Liberales de la década de 1880, República ya cuestionada por una nueva intelectualidad que surgía a partir de 1890, y por el surgimiento de movimientos obreros, sociales y políticos en el país, destacando las organizaciones sindicales, el movimiento socialista del Dr. Aniceto Montero, 1919-1923, identificado con la Revolución Rusa y con Lenin, el Partido Reformista, en 1923, identificado con los principios social cristianos de la Rerum Novarum, y el partido comunista de Costa Rica, en 1931, también identificado con la Revolución Rusa.

Los efectos de las reformas liberales habían sido, entre otros aspectos, la separación de la Iglesia del Estado en materia educativa y otras restricciones que se impusieron a la Iglesia.

En ese contexto Monseñor Sanabria se identificó, hasta iniciado el gobierno del Dr. Calderón Guardia, con las tesis conservadoras y anticomunistas de la Iglesia Católica, y las tesis conservadoras y similares del gobierno de León Cortés Castro, 1936-1940. Para él, ser comunista era casi un estado pecaminoso.

El Partido Comunista había tenido un desarrollo importante, en la década de 1930, con la huelga bananera de 1934, de otras luchas similares y el desarrollo de su influencia en el sector agrario del Valle Central, que lo llevó a convertirse en la segunda fuerza política y electoral para las elecciones de 1940.

El partido Republicano y el gobierno de León Cortés habían negociado el apoyo de la Iglesia a su candidato electoral, el Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia, a condición de la derogatoria de las leyes liberales lo que el presidente electo, inmediatamente cumplió, en esos primeros meses de gobierno de 1940.

Frente a la alianza del gobierno con la Iglesia, con motivo de la derogatoria de las leyes liberales, se intentó una coalición de dichas fuerzas, encabezadas por el expresidente Ricardo Jiménez Oreamuno, que convocó a masones, liberales independientes, a los comunistas y a los seguidores del Dr. Francisco Vargas Vargas, del Partido Confraternidad Guanacasteca, alianza que no pudo concretarse, presentándose a las elecciones de 1939-1940, el partido Republicano Nacional, con el Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia, el Partido Comunista que participaba por medio del Bloque de Obreros y Campesinos y el Dr. Francisco Vargas Vargas, del Partido Confraternidad Guanacasteca, ganando el Dr. Calderón Guardia con un 84.5% de votación siguiéndole los comunistas con un 9.8%, y con un 5.7% el Dr. Vargas Vargas.

Los discursos e intervenciones públicas del Obispo Sanabria, en esos días, se enmarcaban fuertemente contra el Partido Comunista, contra su naturaleza política y filosófica, pintándolo como un partido ajeno a la historia y la tradición nacional.

Efraín Jiménez Guerrero y Manuel Mora, ambos comunistas, y Rafael Ángel Calderón habían sido electos, simultáneamente, como diputados al Congreso de la República en 1934, manteniéndose electos continuamente en 1938, período que les permitió desarrollar una amistad política y personal profunda, fortalecida a partir de 1943 con la alianza que llegan a establecer.

El Surgimiento de la II Guerra Mundial, a partir de 1939 impactó violentamente la economía nacional, especialmente en sus exportaciones agrícolas, provocando una crisis aguda en la economía nacional.

Las luchas sociales se habían intensificado. El Partido Comunista controlaba el movimiento sindical urbano y agrario. La Unión General de Trabajadores, surgida en 1928, que fue la base social del nacimiento del Partido Comunista, fue disuelta por este partido en 1938, en la Unión Nacional Campesina y el Comité Sindical de Enlace, para dirigir mejor sus acciones sindicales y de lucha. Durante esos años, hasta 1942, hubo movilizaciones populares impulsadas por el Partido Comunista para enfrentar la crisis de la guerra.

El ataque de los japoneses, aliados de Hitler, a las bases militares de Estados Unidos en Pearl Harbor, en Hawái, provocó que el gobierno de Calderón Guardia en diciembre de 1941, solidarizándose con Estados Unidos, le declarara la guerra al Eje nazi fascista, rompiendo relaciones diplomáticas con Alemania, Italia y Japón, tomando medidas severas de control de estas poblaciones en el país, incluso con campos de concentración, lo que lo separa de las fuerzas políticas que se identificaban con León Cortés y sus intereses económicos.

Por su parte, los comunistas, a escala internacional, a partir del VII Congreso de la Internacional Comunista, celebrado en Moscú en 1935, frente al avance del nazi fascismo en Europa, impulsaban la política de Frentes Populares, de coaliciones políticas en defensa de la democracia que era amenazada por el fascismo internacional. El intento de la coalición liberal contra Calderón Guardia en 1939 calzó en esa perspectiva.

La crisis agudizada, de ese momento, creó las condiciones para que se aliaran los comunistas y el gobierno de Calderón Guardia, con apoyo de la Iglesia Católica, encabezada por Monseñor Sanabria, bajo el impulso de lo que se ha conocido como la Reforma Social, la aprobación del Capítulo de Garantías Sociales que se llevó a la Constitución de 1871, en ese momento vigente, y la aprobación del Código de Trabajo de 1943.

Esos días, entre las preocupaciones de Monseñor Sanabria estaba el importante papel que tenía el Partido Comunista en los sectores sociales, obreros y campesinos, en sus organizaciones, y en cómo enfrentarlo, combatirlo o neutralizarlo. En esa dirección apuntó a formar dos sacerdotes, ambos hermanos, inteligentes y talentosos, para que estudiaran y se formaran en el campo de las ciencias sociales, la sociología, con la intención de desarrollar una organización sindical propia, de la Iglesia, y de influir en la organización agraria, con el impulso de cooperativas. Así, envió a Benjamín y a Santiago Núñez Vargas, para que se prepararan en el sindicalismo y el cooperativismo. Había que romper el monopolio sindical que tenían los comunistas.

La crisis política del gobierno y la cercanía con los comunistas le abría esa oportunidad de negociación, para dar apoyo a esa alianza. Se iniciaron las negociaciones.

El gobierno necesitaba estabilidad política y apoyo popular, que lo había perdido. En la inauguración del Estadio Nacional, el 31 de agosto de 1941, el presidente fue chiflado, en el juego entre los equipos Liga Deportiva Alajuelense y la Sociedad Gimnástica Española.

El Partido Comunista le ofrecía ese apoyo popular y parlamentario, que urgía al gobierno. La Iglesia condicionó su apoyo para participar con los comunistas. Lo primero, entre varias, cosas, que el partido comunista cambiara de nombre. Cambió de nombre: surgió Vanguardia Popular. Que el partido comunista no se opusiera a la formación de una nueva central sindical. Los comunistas en 1942 habían fusionado sus organizaciones laborales en el Comité Nacional Sindical de Enlace, que para 1943 se llamaba Confederación de Trabajadores de Costa Rica, CTCR, que tenía dos representantes en la Junta Directiva de la CCSS, Rodolfo Guzmán y Enrique Benavides. Los comunistas no se opusieron a esa nueva central sindical, que dirigió el sacerdote Benjamín Núñez, la Confederación Costarricense de Trabajadores Rerum Novarum, CCTCR, y le cedieron el campo de Enrique Benavides en la CCSS, petición también de Sanabria. Igualmente, pedía Sanabria, que los comunistas reconocieran que las reformas sociales tenían inspiración social cristiana lo que también aceptaron.

Los comunistas no exigieron ni pidieron miembros en el Gabinete de Calderón Guardia. Pidieron la aceptación pública de parte de la Iglesia de que los católicos podían militar en su partido, lo que combatía Sanabria. Monseñor, inteligentemente, declaró públicamente que los católicos podían ingresar a la nueva organización, Vanguardia Popular, “sin cargo de conciencia alguna”; es decir sin que fuera pecado.

Electoralmente, este pacto por la Reforma Social se materializó en la coalición electoral, llamada Bloque de la Victoria, que llevó al gobierno al Lic. Teodoro Picado Michalski, para el período 1944-1948, dándole continuidad y fortaleza a la Reforma Social, cuyo origen electoral cuestionado por la oposición, condujo a un período de mucha agitación política y a los sucesos finales de su gobierno, con la nulidad de las elecciones de Otilio Ulate Blanco en 1948, justificando el levantamiento militar de José Figueres, en defensa de ese resultado electoral, a cuyo triunfo se le impuso a Otilio Ulate, quedándose dos años en el gobierno, denominado Junta Fundadora de la Segunda República, desde el 8 de mayo de 1948 hasta el 7 de noviembre de 1949, cuando la Presidencia se le entregó a Otilio Ulate.

Durante estos años, 1943-1949, Monseñor Sanabria se mantuvo fiel a la alianza de 1943 con los comunistas y con los gobiernos de Calderón y Picado. La Junta hizo lo posible, presionando en Roma, para su destitución, lo que paró Otilio Ulate. En un momento, durante el gobierno de la Junta, Monseñor se le enfrentó con valor, manifestando que mientras él fuera “el Jefe de la Iglesia en Costa Rica, ella no estará al servicio de los poderosos sino al servicio de los pobres”, sabiendo colocarse a la altura de su tiempo.

 

Compartido con SURCOS por el autor.

Pobreza, vulnerabilidad y recortes presupuestarios a los programas sociales

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo, Sin categoría.

Jorge Herrera.

Jorge Herrera Fernández
Junio 2024

Las publicaciones de la Encuesta de Hogares del INEC y el Informe del Estado de la Nación cada año dan cuenta de resultados desalentadores sobre la pobreza y la desigualdad en el país. Aunque abundan los análisis, estudios y discusiones, en ellos permanece ausente cualquier referencia a la práctica continuada de sacrificar los presupuestos de programas sociales para mantener equilibrios fiscales.

En este contexto, merece consideración y análisis lo que en realidad ha sucedido con el Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (FODESAF), programa que -se supone- debe recaudar y administrar cientos de miles de millones de colones, para distribuirlos en diversos beneficios sociales. Todo de conformidad con los mandatos de la Ley de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares No. 5662.

La deuda del Estado. Entre 1999 y 2008 el Ministerio de Hacienda recortó los presupuestos de FODESAF, llegando a acumular una deuda de ¢786 mil millones con ese Fondo. Para diciembre 2009, bajo el argumento de que esa obligación correspondía a “períodos presupuestarios liquidados”, Hacienda eliminó los registros de la deuda que se mantenía en Contabilidad Nacional (1). Sin embargo, el asunto iba más allá, esos ajustes contables no solo daban por eliminada la deuda, sino que, con su contrapartida de “ingresos”, generaban un superávit que permitió cubrir el déficit del Gobierno Central y sumar alrededor de ¢40 mil millones en el Estado del Patrimonio Nacional (2). En 2010 la Contraloría, bajo el criterio de que la ley ordinaria prevalece sobre la ley de presupuesto, estableció que esos movimientos contables eran legalmente improcedentes y emitió disposiciones para reversar las operaciones y retornar la deuda a sus anteriores condiciones. Así, el Estado continuó debiendo a FODESAF y, agregando nuevos recortes de presupuesto de 2011 y 2012, la deuda estatal con el Fondo y sus programas sociales llegó a ¢960 mil millones y así se mantiene desde 2012 en los balances de ese Fondo y se registra en Contabilidad Nacional. Conviene observar que la obligación en colones constantes tiene un valor de aproximadamente ¢1,6 billones.

En resumen, en el período señalado, FODESAF no recibió los recursos que por ley le correspondían sino las sumas que decidió el Ministerio de Hacienda. Es necesario destacar que en esos recortes presupuestarios no solo mediaron incumplimientos legales sino también desacatos a sentencias de la Sala Constitucional. Una situación de particular importancia por su impacto social es que esa deuda de ¢965 mil millones comprende ¢200 mil millones cuyo destino legal era financiar pensiones del Régimen No Contributivo para adultos mayores en condición de pobreza. Recientemente la Caja, como administradora de ese régimen y por su cuenta, ha procedido a entablar el reclamo judicial contra el Estado.

Dinero de FODESAF para reducir deuda pública. En 2011 y 2012 recursos por ¢7 mil millones del presupuesto del IMAS que se mantenían en Caja Única del Estado fueron utilizados para “invertir” en títulos de deuda pública con tasa 0%; bajo el acuerdo previo de que la inversión luego sería “condonada” para reducir la deuda pública. Es decir, una “pseudo transacción financiera” que en realidad no tenía otro propósito que entregar el dinero al Ministerio de Hacienda. Tanto las autoridades del IMAS como de Hacienda ignoraron que se trataba de recursos provenientes de FODESAF y que como tales estaban sujetos a la Ley 5662 de ese Fondo, en particular a lo dispuesto por el artículo 18 que prohíbe usar sus dineros en finalidades no autorizadas en esa ley y el artículo 27 que ordena a las entidades ejecutoras reintegrar los excedentes para incorporarlos al presupuesto del siguiente período. En el año 2015 la Contraloría ordenó iniciar un procedimiento administrativo contra el presidente ejecutivo del IMAS, la Gerente General y miembros del Consejo Directivo de esa entidad, un viceministro de Hacienda y el Tesorero Nacional (3). Conviene agregar que buena parte de los fondos desviados correspondían a becas del Programa Avancemos y que en esos momentos la Contraloría cuestionaba al IMAS que los montos de las becas no habían sido actualizados en cuatro años; es decir, las autoridades no desconocían que su actuar implicaba la afectación de beneficios sociales.

Es necesario mencionar que institucional y socialmente se ha tenido a FODESAF como una fuente de recursos para cubrir necesidades de diversa naturaleza, sin reparar en que la ley dispone que son beneficiarias del Fondo las personas “que se encuentren en situación de pobreza o pobreza extrema”. Buen ejemplo de lo anterior es el caso de la “mesa de diálogo de IVM” convocada por la Caja en la cual, representantes del Estado, patronos y sindicatos acordaron recomendar reformas legales para que, sin más, se tomaran anualmente ¢60 mil millones de FODESAF para paliar los desajustes del sistema de pensiones IVM. Situaciones similares se han observado en iniciativas para eliminar el 5% del aporte patronal y un proyecto de ley para que, en caso de emergencia nacional, el Poder Ejecutivo pueda reasignar los presupuestos de FODESAF.

También es buen ejemplo la Ley de la Red de Cuido Infantil No. 9220 la cual dispone que FODESAF debe girar dineros a las municipalidades para la operación de centros de esa Red. Sin embargo, sus normas van más allá y expresan que “Estos recursos, para los efectos de presupuestación y fiscalización de la Hacienda Pública, se considerarán ingresos propios de cada gobierno local.” En otras palabras, cada gobierno local usará los recursos a su discreción sin ninguna obligación de reintegrar los excedentes a FODESAF para ser redistribuidos como lo ordena la ley 5662.

Recorte presupuestario 2024 Un caso de actualidad a considerar es el que tramita la Sala Constitucional ante un recurso de amparo del diputado Antonio José Ortega Gutiérrez y otros (Expediente No. 24-007089-0007-CO). Según la gestión de los recurrentes, el ministerio de Hacienda ha presupuestado para FODESAF ¢62 mil millones menos del monto al que la ley le obliga. En este contexto vale destacar que en el año 2005, hace diecinueve años, la Sala resolvió una situación similar en los siguientes términos:

“Por lo anterior, la presente acción de inconstitucionalidad deberá ser declarada con lugar, de manera que para el ejercicio económico de dos mil seis en adelante, el Poder Ejecutivo y la Asamblea Legislativa, en sus respectivos ámbitos de competencia, deberán contemplar a favor del FODESAF, una transferencia equivalente al 20% de la recaudación prevista por concepto del impuesto general sobre las ventas, en tanto el artículo 9º de la Ley 6914 siga vigente. Para esos mismos ejercicios económicos, el Poder Ejecutivo se deberá abstener de imponer límites de gasto al FODESAF y a las instituciones que reciben recursos de éste, que impidan el efectivo empleo de los fondos contemplados en el artículo 9º de la Ley 6.914 para los fines sociales que cumplen las referidas instituciones.” (4)

Criterio de la Procuraduría General de la República. El dictamen PGR-C-150-2022 del 20 de julio 2022 refiere la excepción de los recursos de FODESAF respecto a la “regla fiscal”, de manera que la situación de las finanzas públicas no constituye una autorización irrestricta para Hacienda en la asignación de presupuesto a los programas sociales.

“Por consiguiente, las instituciones destinatarias de las transferencias del FODESAF, aun estando ellas mismas sujetas en sus propios presupuestos a las regulaciones del Título IV de la Ley n.°9635, en el acto concreto de presupuestar los recursos que les fueron asignados de dicho fondo y ejecutarlos para dar cumplimiento a los programas de desarrollo social que tienen encomendados a favor de las poblaciones más vulnerables, quedan eximidas de observar esas disposiciones, incluida la regla fiscal”.

En resumen, puede decirse que la administración tributaria ha venido disponiendo de “contribuciones sociales” cuya gestión y destinos están específicamente regulados por una ley ordinaria de corte social. Si hoy el ministro de Hacienda trata de justificar la reducción en la transferencia a FODESAF en una crisis de las finanzas públicas, vale la pena considerar la frase de Joseph Stiglitz:

“Quienes más sufren en una crisis son quienes no jugaron ningún rol en crearla”

CONCLUSION

Los niveles de pobreza y desigualdad no son ajenos a decisiones y acciones de los poderes del Estado que han incumplido las disposiciones de la legislación social. Los resultados obtenidos son reflejo de prácticas que, a lo largo de los años, han colocado el “gasto social” en los primeros lugares de las agendas de recortes presupuestarios.

A los resultados de una “política social” bajo la rectoría de Hacienda, conviene sumar las dificultades que afrontarán los sectores pobres y vulnerables en el contexto de una crisis que permanece. El desempleo, el deterioro de la situación fiscal, los sistemas de salud y pensiones ya colapsados pasarán una costosa factura. Ni qué decir de los efectos de un cambio demográfico que, a pesar de haberse advertido hace más de diez años, aún espera por las medidas y previsiones pertinentes.

Notas:

  1. Contraloría General de la República, Informe DFOE-SAF-IF-04-2010
  2. Ministerio de Hacienda, Estado de Cambios en Patrimonio Neto 2009
  3. Contraloría General de la República, Resolución 13879-2016 (DJ-1770)
  4. Sala Constitucional, sentencia No. 2005-17612 del 21 de diciembre 2005.

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Recortes suicidas

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Greivin Hernández González*

El recorte de los recursos para programas sociales ejecutado por la Administración Chaves Robles, adornado con la cansona justificación de que no alcanza la plata, no es más que la continuidad de una política entronizada en los jerarcas y mandos medios del Ministerio de Hacienda por décadas. Han elegido ésta como su ruta predilecta para cumplir, e incluso superar, las metas fiscales; muy a pesar de la sobrevivencia de los que menos tienen, y negando la posibilidad de progreso social a las generaciones jóvenes y vulnerables, veamos los números.

Según reportes del propio Ministerio de Hacienda:

“A marzo (de 2024) se registró un balance primario positivo, comportamiento que se ha mantenido durante los dos años de esta Administración. Los ingresos y el gasto primario se ubicaron en 4,0% y 3,2% del PIB, respectivamente, lo que generó un superávit primario de 0,7% del PIB. Este balance primario superó en ¢121.854 millones (0,2% del PIB 2024) la meta indicativa acordada con el FMI (mínimo de ¢230.000 millones). Alcanzó ¢351.854 millones, lo que le convierte en el tercero más alto de los últimos 19 años en millones de colones.” (resaltado nuestro) (ver CP 43 del 14/05/2024)

Sin embargo, tan sólo unas semanas antes, el 22 de abril el mismo Ministerio de Hacienda le decía a la Sala IV que no tiene los ₡62.131 millones que le recortó al Fondo de Desarrollo y Asignaciones Familiares (FODESAF, el patrimonio que conforma la principal fuente de financiamiento de los programas sociales del país). Pues si a mayo de este 2024 ya se ha identificado que hay recursos para cumplir con los compromisos, el ministro de Hacienda bien podría rectificar ante la Sala IV, y más importante aún ante las personas que están urgidas de estos recursos.

En otros términos, Hacienda se niega a trasladar ₡62 mil millones al FODESAF durante 2024, a sabiendas que le queda un superávit libre de todo compromiso de ₡122 mil millones. Sea por cinismo o ignorancia, a pesar de que este superávit primario no comprometido que bien podríamos llamar “sobrante” es cercano al doble de los recursos adeudados al FODESAF, el ministro a.i. de Hacienda, Luis Antonio Molina Chacón, se atreve a decirle a la Sala IV ¿O acaso mentirle? Manifestando que:

“Desafortunadamente, y a pesar de todos los esfuerzos que se han venido realizando para ir saliendo de la grave crisis fiscal que ha venido padeciendo nuestro país desde hace ya bastantes años, y que fue producto de manejos irresponsables o inadecuados, nos hemos encontrado con la simple, dura e incontrovertible realidad de que los recursos económicos con los que actualmente se cuenta son insuficientes para satisfacer todas las demandas y obligaciones que la normativa legal exige.” MH-DM-OF-0512-2024

Llamamos “sobrante” al monto que supera el superávit fiscal primario, lo acordado con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para acceder a los recursos del préstamo de servicio ampliado de financiamiento (SAF). Cabe recordar, que tanto la Administración Alvarado-Quesada en 2022, como la Chaves-Robles en 2023, acordaron un nivel de superávit fiscal primario (el que no toma en cuenta la carga financiera), con el FMI, cuyo monto al final fue superado, pero incumplieron la obligación legal de transferir los recursos del Presupuesto Nacional al FODESAF y otros programas sociales.

Para 2022 las cifras son más cínicas, Hacienda afirmó que “cumplió con la meta pactada con el FMI, el balance primario en millones de colones se registró por encima en ₡640.392 millones de la meta evaluativa acordada” (resaltado nuestro) (CP 10 / 7 de febrero 2023), el sobrante es casi 15 veces superior a lo no trasladado al FODESAF ₡44.000 millones.

Mientras que en 2023, Hacienda comunicó que “cumplió con holgura la meta de superávit primario pactada con el FMI al cierre del 2023, el balance primario en millones de colones se registró por encima en ₡120.712 millones de lo acordado” (resaltado nuestro) (CP 09/ 14 de febrero, 2024). Ese mismo año, al FODESAF se le dejaron de transferir ₡49.000 millones, menos de la mitad del sobrante.

Es probable que estos recursos tuvieran un uso alterno loable, la aceleración en la amortización de la deuda pública, a una velocidad superior a la necesaria y validada con el FMI, lo cual parece ser el objetivo único y supremo de las autoridades hacendarias. Con ello olvidan el sacrificio humano que representa recortar el presupuesto de comedores escolares; acceso a salud; pensiones no contributivas para adultos mayores en pobreza; cuido a menores, a personas con dependencia y adultos mayores en pobreza; becas educativas; entre otros. De igual forma, esta tendencia está hipotecando el futuro de las nuevas generaciones del país, el desplome de un 40% fondos para becas en lo que va de la presente década, generó que más de 140 mil estudiantes perdieran el apoyo en tres años, y coincidió con una reducción del 5,7% en la matrícula de primaria y secundaria entre 2021 y 2024.

Como decía, la práctica del Ministerio de Hacienda de no trasladar, e incluso quitarle, recursos propios a los programas sociales no es nueva, sólo va cambiando de jerarca y justificación, a pesar de las leyes y los fallos de la Sala IV. Es por ello por lo que la deuda estatal con los programas sociales no para de crecer, Hacienda le adeuda al FODESAF más de 1.7 miles de millones de colones, y a la Caja Costarricense del Seguro Social poco menos que cuatro billones de colones.

Y como si esto no fuese suficiente, las normas de ejecución presupuestaria impuestas por la Asamblea Legislativa de 2018 a 2022, en conjunto con la entrada en vigor de la Ley 9524 (Fortalecimiento del control presupuestario de los órganos desconcentrados del Gobierno Central), hicieron que recursos superavitarios del FODESAF pasaran a las arcas del Gobierno Central. Con lo que Hacienda puede recuperar y apropiarse de recursos que ya le había trasladado al FODESAF, tanto impuestos como la contribución del 5% sobre las planillas.

Cabe recordar, que los recursos superavitarios del FODESAF generalmente se represupuestaban para aumentar la cobertura y monto de los beneficios, como se realizó en 2019 cuando se amplió la cobertura y monto de las pensiones no contributivas y otros programas sociales. La realidad actual es que los montos de algunos beneficios sociales se han reducido, y las coberturas de programas sociales clave también. Es por ello por lo que la inversión social ha tocado fondo en 2024, representando sólo 9,7% del PIB, luego de haber subido al 12% en 2020.

Una pregunta relevante es si los montos adeudados a los programas sociales harían alguna diferencia significativa, la respuesta es un rotundo sí. Investigaciones recientes (Cantú et al., 2024) señalan que sería posible reducir la pobreza extrema al 2,5% (desde el 6,4% actual), lo que representa aliviar el hambre de decenas de miles de costarricenses que hoy no logran adquirir ni siquiera los bienes de la canasta básica alimentaria.

La gran promesa de las autoridades hacendarias es que una vez que “las finanzas públicas estén sanas”, trasladarán los recursos que por ley les compete a los programas sociales, sin embargo, varias razones hacen dudar de ello. Primero, por el lado de los ingresos fiscales se viene registrando una caída en los niveles de recaudación, la carga tributaria tocó techo en 2022 y no hay propuestas para cerrar portillos a la evasión, elusión, o de creación de nuevos impuestos. Segundo, relacionado con lo anterior, la última medición de las exoneraciones y la elusión (gasto tributario), señalan que está aumentando, luego de haber experimentado fuertes reducciones producto de la reforma fiscal de 2018. Tercero, por el lado del gasto, el Ministerio de Hacienda proyecta reducirlo en los próximos años de manera que pase a representar dos puntos porcentuales menos con respecto al Producto Interno Bruto (de 18% a 16%).

A falta de movimientos sociales, parece que sólo la presión de la Asamblea Legislativa podría hacer que Hacienda cambie su postura, ahora, adicionalmente la Procuraduría General de la República ha respaldado el criterio de los diputados en torno a la obligación de trasladar todos los recursos al FODESAF.

El Estado costarricense tiene una gran deuda en materia social, la propia Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico ubica al país entre los que menos recursos dedica a inversión social, ver Figura 1. Por su parte, tanto el Banco Mundial como el FMI, han reconocido los esfuerzos del país por reducir filtraciones, exclusiones, costos y aumento de eficiencia de los programas sociales, con herramientas como el Sistema Nacional de Información y Registro Único de Beneficiarios del Estado (Sinirube), el Sistema Único de Pago de Recursos Sociales (SUPRES), articular programas y reducir su dispersión.

A lo anterior, es posible agregar una multiplicidad de evaluaciones de entes como FLACSO, PNUD y UCR, que han destacado que los programas sociales costarricenses cumplen con sus objetivos, y contribuyen a que las personas salgan de la pobreza logrando su independencia económica.

El ministro de Hacienda y el presidente de la República justifican los recortes usando la figura del padre que pide un sacrificio a su familia para amortizar sus deudas, lo que no dicen es que está amortizando más rápido de lo que el banco exige, y que el sacrificio que pide a la familia consiste en comer menos de lo necesario y sacar a los niños de la escuela, condenándolos a la desnutrición y el analfabetismo. El anteponer resultados macroeconómicos ambiciosos, llevando el ajuste fiscal más allá de lo recomendado por organismos como el FMI, es un sinsentido económico cuando la moneda de pago es el aumento en la cantidad de excluidos de las oportunidades para una mejor calidad de vida, y la condena de los niños y jóvenes a un círculo de pobreza, desesperanza y violencia que sólo crece y crece. Las decisiones que ha realizado y plantear realizar la Administración Chaves Robles son, en definitiva, recortes suicidas.

  • Exdirector de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares, exdirector a.i. del Sistema Nacional de Información y Registro Único de Beneficiarios del Estado (Sinirube).

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Cuatro referéndums

Escrito en . Publicado en Análisis.

Freddy Pacheco León

Freddy Pacheco León

En la Ley sobre Regulación del Referéndum, Nº 8492, no se evidencia la opción planteada por Otto Guevara, de realizar un «referéndum multi-temático«, que decidiría por 14 proyectos de ley de diversas materias, que se votarían, ¡cual si se tratare de un solo proyecto de ley! Dijo el exlegislador libertario: «Propongo al Poder Ejecutivo utilizar el referéndum multi-temático, para lo cual requerirá del apoyo de al menos 29 diputados en la Asamblea Legislativa”. Es decir, lo propuso, pero sin la tarea formal de recolección de firmas, quizá porque ya antes, junto a su compañera de partido, Natalia Díaz, había fracasado en ello, con su referéndum para “cerrar Recope”.

Cabe recordar, que la lógica del referéndum es la de que, el día de su votación, el pueblo, el soberano, y no a través de sus representantes, juegue el papel de Asamblea Legislativa, y tome una decisión sobre un proyecto de ley, o si fuere el caso, por más de uno, que, si coincidieren en su trámite, se pudiesen acumular, para ser conocidos en un mismo acto comicial. Entendiendo, por lógica, que, si se tratare de, digamos, dos proyectos de ley, para cada uno se tendría una boleta de votación, con la correspondiente casilla donde votar SI o NO, según la voluntad del ciudadano.

Con más razón, si se tratase de 14 proyectos de ley, pues es inimaginable, que esa «Asamblea Legislativa» popular (si se le quisiera identificar así) conformada por todos los ciudadanos de la nación, se viere obligada a votar «en bloque», sin posibilidad de decidir su voto favorable por unos proyectos, y desfavorable por otros, lo cual, claramente, violentaría los derechos democráticos más elementales del ciudadano.

Proyectos que, si se tramitasen regularmente en la Asamblea Legislativa, obviamente, seguirían los procedimientos ya conocidos, donde cada uno se discutiría y votaría, como corresponde, por reglamento y lógica, por aparte en el Plenario Legislativo.

En la citada Ley N° 8492, que regula el referéndum, se evidencia con claridad, que el legislador tuvo en mente, el proceso del referéndum para un proyecto de ley, que, por su importancia, y otras particularidades, se votara de esa manera. La opción de decidir por más de uno es solo una posibilidad, por circunstancias especiales, para economía de recursos y, considerando la prohibición de realizar más de un referéndum en el transcurso de 12 meses.

No se prohíbe, pero, mucho menos, se pensó, en degradar tan especial mecanismo de democracia ciudadana, estableciendo la irracional posibilidad de votar por varios proyectos, en bloque, con un SI o con un NO, obviando esa realidad, donde el votante acudiría a la urna, prácticamente con las manos amarradas.

Al estudiar la Ley, encontramos que ésta habla de «el texto del proyecto» (Art. 6 c), «publicación del proyecto» (Art 7° b), «texto del proyecto de ley que se someterá a referéndum» (Art 12), «el texto del proyecto para el respectivo control de constitucionalidad» (Art 16), «proyecto sometido a referéndum» (Art 20 c), «el proyecto se archivará» (Art 26), no encontrándose ninguna referencia en plural, como corresponde al principio del derecho positivo.

Por lo consignado, si se hubiera acogido la propuesta del «referéndum multi-temático» de 14 proyectos, 14 también habrían sido los resúmenes y explicaciones que habrían de haberse presentado a los ciudadanos, en 14 hojas oficializadas por el TSE, para la recolección de firmas. Pues, aunque pareciese complicado el asunto, el único responsable de tal embrollo, sería, sin duda alguna, el ciudadano que decidiera tramitar 14 referéndums «de un solo tiro», mediante la recolección de firmas, de lo cual se cuidó don Otto Guevara.

Ahora bien, aunque Guevara hubiera logrado que el presidente Chaves hubiera acogido su propuesta, y, por tanto, enviado los 14 proyectos al Congreso, con la esperanza de que 29 diputados se los avalaran, el “multi-temático” estaría procesándose, pero, teniendo clara la forma en que cada uno de los proyectos, se conocerían en el Congreso y, eventualmente, podrían votarse el domingo señalado para la votación.

Pero no fue así. Chaves decidió, no enviar 14, sino cuatro proyectos, eso sí, torpemente «camuflados», con encabezados, tales como capítulos, secciones, artículos, cual, si fuesen partes de un solo proyecto, por lo cual algún “genio” que lo asesorara, le propuso hacerlo con un único título, muy poco serio, por cierto, de «Ley Jaguar». Símbolo propagandístico, que se dice, sería parte de la campaña electoral sui géneris, que con recursos públicos ya estaría iniciándose, para la elección presidencial y de diputados a realizarse el 1º de febrero del 2026.

Se trata de proyectos tan diversos como uno primero sobre el uso de terrenos del Estado a nombre de Japdeva, para que empresas privadas puedan construir en ellos desarrollos urbanos y de transporte marítimo, principalmente de su interés lucrativo particular. Un segundo proyecto busca abrir opciones para que un banco regional (el BCIE), últimamente muy cuestionado, otorgue a Costa Rica un préstamo por US$450 millones, sin trámite legislativo, con el cual construir parcialmente, obras sin licitación en terrenos pertenecientes al Liceo de Costa Rica. Ello con la intención de buscar un atajo a regulaciones legales relativas a la contratación pública, que la Contraloría General de la República tiene el deber de fiscalizar, sobre el proyecto aún sin planos y escaso de financiamiento, llamado Ciudad Gobierno. El tercer proyecto pretende flexibilizar, peligrosamente, normas referentes a la Ley de Control Interno, y, como el proyecto más relevante, el cuarto proyecto, busca suprimir competencias constitucionales, que transformarían el diseño básico de, nada menos, la Contraloría General de la República, que además de inconstitucional, es altamente amenazante para la institucionalidad costarricense y la lucha contra la corrupción y la incompetencia.

O sea, amigos, se trata, aunque lo pretendan presentar como UN PROYECTO de ley, de CUATRO modificaciones a un mismo número de leyes vigentes. Algunos dirán que no son tantos proyectos como los sugeridos por el exdiputado Guevara, pero esos cuatro fueron enviados a conocimiento de los diputados, en busca del apoyo (imposible, creemos) de al menos 29 de ellos. Proyectos que, para su conocimiento en el Congreso, se requerirá disgregarlos en cuatro, para poder conocerlos y discutirlos, adecuadamente, antes de decidir si se suma la mayoría de diputados, a la iniciativa de un referéndum conjunto, del Poder Ejecutivo y la Asamblea Legislativa.

Por otro lado, los mismos cuatro proyectos, fueron entregados al Tribunal Supremo de Elecciones, por los ciudadanos Alberto Cabezas Villalobos y Édgar Espinoza, en ese orden de llegada. Hemos de acotar, que nos llama la atención el que un ciudadano costarricense, quien había vivido “exiliado” en Managua, bajo la protección del régimen de Daniel Ortega, sea quien primero acudiera con los textos oficiales, a presentar la solicitud de inicio del proceso de recolección de firmas.

Recordamos, y está documentado, que el señor Cabezas Villalobos, cuando Costa Rica estaba enfrentando, por medios diplomáticos, la invasión del ejército de Nicaragua al territorio de isla Portillo, había presentado un recurso de amparo contra la construcción de la ruta 1856, que para entonces se consideraba estratégica para la protección de nuestra soberanía territorial a lo largo de parte del río San Juan. Al haber tomado partido a favor de Nicaragua, y, por ende, en contra de nuestra Patria, justificó su solicitud de asilo en el país invasor, donde vivió por unos cinco años, con el argumento de que su vida corría peligro en Costa Rica. Ahora aparece promoviendo la iniciativa de la Casa Presidencial, argumentando, entre otros, que “El Proyecto Jaguar busca aclarar y fortalecer normativas para facilitar la implementación de grandes proyectos de infraestructura, promover la inversión y reducir costos operativos del gobierno”. Con esos antecedentes, ¿podríamos creerle?

Finalmente, para que desde ahora no se diga que, en conjunto, el TSE y la Asamblea, se han unido para enfrentar las intenciones del presidente Chaves, valoremos que, ante la seriedad de los procesos iniciados, ambos poderes, habrán de remitir al Departamento de Servicios Técnicos, del Primer Poder de la República, los textos de los proyectos que se han recibido, para que, hagan un primer análisis de forma, del documento sometido a consideración. Es de prever que, los juristas de la Asamblea seguramente coincidirán con sus colegas del Poder Electoral, en cuanto a las deficiencias de los cuatro proyectos según las regulaciones legales del referéndum, y las evidentes inconstitucionalidades que contienen, por lo cual deberán de hacerse las consultas previstas, ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, para cada uno de ellos.

9.6.24

Cultura de paz y sana convivencia

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Lic. Javier Francisco Cambronero Arguedas, Tomada de: http://www.encuentromunicipal.com/

Nunca como en estos últimos días, se siente la necesidad de palabras que inspiren paz y amor
Papa Francisco, junio 2023

Lic. Javier Francisco Cambronero Arguedas

Alto a la violencia y a la inútil muerte de tantos seres, como consecuencia directa de la intolerancia, la frustración, la ira y el enojo. No es asumiendo la violencia como lenguaje como podemos construir una mejor sociedad y legar un futuro más halagüeño a esta generación y a las venideras. Debemos de ser capaces siempre que la razón y no el enojo, gobiernen nuestra voluntad y emociones. Nadie debería segar la vida de otro ser semejante. Nunca nos cansemos de las formas civilizadas para resolver conflictos y diferencias.

Esta semana hemos sido testigos de macabros, perversos e infames hechos de sangre, donde con una frialdad pasmosa, una persona descarga una andanada de balas desde una arma de fuego a escasos metros de la víctima. Cuerpos mutilados de mujeres, destrozados por quienes debieron amarlas, protegerlas y hacerlas felices; y miserablemente las consideraron un objeto de su propiedad.

En medio de este frívolo contexto, una noticia que nos llena de esperanza, se escabulle y penosamente no ha sido titular de grandes letras en diarios impresos, cintillos de noticiarios televisivos o tener presencia en noticias radiales. A inicios de julio del ano pasado, la Asamblea Legislativa fue escenario de uno de los hechos más bochornosos que podamos recordar. En la barra del público irrumpió un señor, de apellido Morales, con singular violencia amenazando y vociferando contra los diputados Robles Barrantes y Nicolás Alvarado. Con insolencia, matonismo y malacrianza se quitó la camisa y “a panza pelada” blandía sus brazos en forma desafiante y gesticulaba obscenamente, constituyendo un riesgo para los allí presentes. El señor, que estaba “como poseído” pudo ser sometido y llevado a los tribunales. Esto en jun contexto nacional de crispación donde sentimos que la violencia se ha apoderado de muchos ámbitos de la vida nacional y que desde la política no se está haciendo lo suficiente por resolver los problemas del país. Evidentemente, no era la mejor forma para expresar disconformidad y desacuerdo con estos diputados. El pasado 15 de mayo ante la posibilidad de enfrentar un juicio por el delito de amenaza a funcionario público, el señor se disculpó y en consecuencia no hubo debate en materia penal. Pidió perdón y reconoció su falta y notable exabrupto. Ahora se someterá a un programa restaurador y firmó “Proclama por la discusión pacífica de los asuntos públicos”. Reconoce el señor que aunque piensa distinto a los diputados, entiende que la violencia no es el camino y agradece que le brinden una segunda oportunidad.

Lo inusual de este relato es que además del señor, los dos diputados involucrados también firmaron dicha proclama, que a la letra dice “La libertad de expresión y de prensa son indispensables para la vida democrática. Sin un rico debate de ideas no puede haber democracia. Pero para ello, es indispensable que el camino del debate sea pacífico. Cualquier asunto que sea de interés público debe poder discutirse con respeto, y sin temor a represalias de ningún tipo. En ese espíritu democrático y pacífico que ha caracterizado a nuestro país, hoy decidimos optar por el camino de la paz. La paz que permite también resolver aquellos conflictos que superaron los límites de lo razonable por un momento, pero que permite recomponer la armonía perturbada. Rechazamos la violencia de todo tipo en la discusión política nacional, e invitamos a todos los habitantes del país a resolver sus conflictos de forma pacífica, respetuosa y por las vías institucionales. La paz es responsabilidad de todas y cada uno de nosotros y nosotras”.

Este tipo de noticias, aunque no “vende”, da esperanza a nuestros corazones. Es posible retomar la ruta de la sana convivencia y de una cultura de paz. Es lo que nos ha hecho grandes como nación. ¡Nuestros hijos y futuras generaciones lo merecen!

06-VI-24

Informe especial / La pobreza de la política de combate a la pobreza

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Semanas atrás, el ministerio de Hacienda reconoció públicamente que en 2024 ha recortado ¢62.000 millones adicionales para atender a la población en situación de pobreza. Con este nuevo recorte el monto destinado incluso incumple ampliamente la ley de FODESAF.

Tan grave como el recorte mismo son los argumentos en que se basa el ministro de Hacienda para realizarlos, así como la obtusa visión ideológica detrás de estos.

Para abordar críticamente este sensible tema, SURCOS ha invitado a dos reconocidos especialistas, los señores Jorge Herrera Fernández y Greivin Hernández González, ambos con profundos conocimientos teóricos y prácticos sobre la materia.

Estamos seguros de que sus reflexiones y análisis representan un valioso aporte a un problema país de enorme importancia y actualidad.

Le invitamos a seguir el enlace en el nombre de cada autor.

Greivin Hernández González

Jorge Herrera Fernández

Imagen: UNA.

La mentira detrás del referéndum

Escrito en . Publicado en Análisis.

Por Lic. Mario Aguilar Picado
Periodista

Ante el tema del referéndum, me veo en la obligación de no quedarme callado.

El Gobierno vendió la idea de que incluiría en el referéndum la venta del BCR, pensiones de lujo, cierre de órganos desconcentrados, apertura eléctrica y jornadas flexibles.

No sé si lo hizo con clara mala intención para empezar a confundir a la gente o porque realmente nos dirige gente que a dos años sigue sin tener la mínima idea del robusto aparato legal del país.

Como no pudieron incluir esos temas que, además, tampoco salvan al país de la crisis que vivimos, por ejemplo, en seguridad, decidieron presentar un proyecto con un nombre atractivo pero que tampoco resuelve nada.

Más bien lo empeora, porque la intención del Gobierno es brincarse controles y procedimientos, es decir hacer lo que le da la gana y quitarse del lado a la Contraloría General, ya que les estorba.

A nadie, salvo a quienes quieren actuar al margen de la fiscalización, le deberían estorbar los controles. ¿Será que quieren abrir el arca? Y en “arca abierta hasta el justo peca”.

El otro detalle es que el “ciudadano distinguido” al que se refirió el Presidente, resultó ser el esposo de la diputada Pilar Cisneros, a quien solo los periodistas de la vieja guardia recordamos.

Muy conveniente que sea el vocero ahora del referéndum cuando se acerca la campaña electoral.

Usted puede estampar su firma o no, es una decisión personal… pero sepa que el referéndum es para votar por un proyecto que debilita a la Contraloría y, en nada, mejora las condiciones del país.

Se lo puedo hacer llegar y verá que ahí no viene absolutamente nada de lo que dice en el sexy título que le pusieron, pero sí debilita a la institución que ataca la corrupción.

Piénselo bien… que no le metan diez con hueco.