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¿Cuál es la base científica para invertir el 8% del Producto Interno Bruto en educación?

Por: Pablo Chaverri Chaves

Académico Instituto Interdisciplinario de Estudios de la Niñez

El Producto Interno Bruto (PIB), definido como el total del valor de los bienes y servicios producidos por una economía durante un año, no depende solamente de aspectos como los recursos naturales, la infraestructura o el capital financiero. De hecho, ninguna de las anteriores dimensiones supera en importancia al factor número uno de todos para explicar el desarrollo económico de una nación: las capacidades de las personas que la habitan.

El crecimiento económico a largo plazo del producto interno bruto (PIB) de un país está fuertemente determinado por las habilidades de su población. Se estima que, aproximadamente, un 75% de la variación en el crecimiento del PIB per cápita de una sociedad puede explicarse por los resultados de las evaluaciones internacionales en habilidades cognitivas, matemáticas y ciencias de sus estudiantes (Hanushek & Woessmann, 2021).

El valor agregado de los bienes y servicios que se producen depende ampliamente del conocimiento. Los países que obtienen mayores ganancias no son los que producen materias primas, sino los que las transforman y les agregan valor con sus conocimientos. Entender que el conocimiento es costoso, pues implica grandes inversiones de tiempo y recursos, es particularmente crítico para las economías en desarrollo, como es el caso de Costa Rica.

Estas diferencias entre países también se pueden observar entre individuos. Cuando se invierte en programas de educación preescolar de calidad y se compara entre niños que los recibieron con respecto a sus pares que no los tuvieron y se analiza cuando ambos grupos son ya adultos, se estima que la diferencia de ingresos entre el primer grupo y el segundo es de un 25% a favor del primero (Gertler et al., 2014).

Aunque Costa Rica invierte porcentualmente más que sus vecinos en educación, el monto que invierte por estudiante es mucho menor al promedio de la OCDE, debido a que el PIB per cápita costarricense es significativamente menor al de la OCDE, razón por la cual la cantidad de dinero por estudiante ofrece un mejor comparativo que la proporción del PIB. Por ejemplo, mientras que Costa Rica invertía en 2019 un monto de $5.399 por estudiante en primaria y secundaria, en Chile el monto era de $6.639 y el promedio de la OCDE era de $10.316, es decir, que el promedio de la OCDE casi duplica el gasto por estudiante en Costa Rica.

Cerca de una tercera parte de las personas menores de edad viven en situación de pobreza en Costa Rica, lo cual compromete seriamente el cumplimiento de sus derechos y afecta su desarrollo integral a largo plazo de forma grave, tal como lo sugiere importante evidencia científica reciente (Chaverri Chaves, 2021). De acuerdo con datos de la OCDE, la situación socioeconómica explica el 16% de la varianza en el rendimiento en lectura en Costa Rica, mientras que el promedio de la OCDE es del 12%. Es decir, que el impacto de las desigualdades socioeconómicas en el rendimiento académico en lectura es cuatro puntos mayor en Costa Rica que en toda la zona OCDE.

Nacer en pobreza tiene un alto impacto en el desarrollo cognitivo posterior del niño. Sin embargo, un solo episodio de pobreza, incluso si es precedido y seguido por estados de no pobreza, también deja un impacto significativo en los puntajes en pruebas cognitivas. Para los niños que están persistentemente en pobreza durante sus primeros años, sus puntajes en pruebas de desarrollo cognitivo a los 7 años son significativamente más bajos que los de niños que nunca han experimentado pobreza (Dickerson & Popli, 2012). Esto es crucial, porque el desempeño global de un sistema educativo está fuertemente influido por sus niveles de equidad e inclusividad, algo que requiere una robusta inversión en programas de asistencia, protección y apoyo socioeconómico y psicosocial, en conjunto con programas académicos de alta calidad.

En pocas palabras, la inversión en educación se paga a sí misma y los recortes en educación se terminarán pagando demasiado caro, especialmente por parte de los niños más pobres.

Referencias científicas citadas

  • Chaverri Chaves, P. (2021). La educación en la pandemia: Ampliando las brechas preexistentes. Actualidades Investigativas En Educación, 21(3), 1–22. https://doi.org/10.15517/aie.v21i3.46725
  • Dickerson; A. & Popli, G. (2012). Persistent poverty and children’s cognitive development: Evidence from the UK Millennium Cohort Study. Department of Economics, University of Sheffield. Centre for Longitudinal Studies, Institute of Education, University of London, ISBN 978-1-906929-39-8.
  • Gertler, P., Heckman, J., Pinto, R., Zanolini, A., Vermeersch, C., Walker, S., Chang, S. M., & Grantham-McGregor, S. (2014). Labor market returns to an early childhood stimulation intervention in Jamaica. Science, 344(6187), 998-1001. https://doi.org/10.1126/science.1251178
  • Hanushek, E. A., & Woessmann, L. (2021). Education and Economic Growth. En E. A. Hanushek & L. Woessmann, Oxford Research Encyclopedia of Economics and Finance. Oxford University Press. https://doi.org/10.1093/acrefore/9780190625979.013.651
  • Heckman, J. J., & Mosso, S. (2014). The Economics of Human Development and Social Mobility. Annual Review of Economics, 6(1), 689-733. https://doi.org/10.1146/annurev-economics-080213-040753

Oficina de Comunicación
Universidad Nacional, Costa Rica

Los problemas en la educación del país son acumulados, pero…

Vladimir de la Cruz

El Informe del Estado de la Educación 2023 ha puesto de manifiesto graves problemas en el proceso educativo nacional. No es la primera vez que se aborda el descuido que se viene haciendo en educación desde gobiernos anteriores.

Los problemas acumulados, no son causados solo por este Gobierno de Rodrigo Chaves, pero están haciendo crisis, en estos momentos, cuando por disposiciones del actual gobierno pueden no solo acelerarse, profundizarse, intensificarse y convertirse en problemas altamente explosivos e indeseables para la salud democrática nacional.

Solo el recorte de los ¢33.000 millones de colones al Presupuesto del Ministerio de Educación Pública, la eliminación de los subsidios para becas, para el trasporte escolar y para los comedores escolares, muestra la punta del iceberg de lo que pasa con la educación pública, y lo que afecta a miles de familias y más, a miles de estudiantes.

El no cumplimiento del 8% para el Presupuesto Nacional, como se ha empeñado este Gobierno, con el Ministerio de Educación, como con el presupuesto de las Universidades públicas, es una violación de la Constitución Política, que debería ser perseguida, ante los tribunales e instancias judiciales, acusando directamente a los funcionarios que se empeñan en no cumplir los mandatos constitucionales y legales. Unos por no cumplimiento de esos mandatos, otro por distraer esos dineros para otros fines, que debieron haberse atendido por otras vías y otras fuentes que los generaran, habida cuenta de que siendo mandatos constitucionales deberían haberse previsto sus cumplimientos y contenidos presupuestarios, sobre todo porque se les han eliminado a esos sectores para dárselos a otros, como Seguridad Pública.

En el siglo XIX y el siglo XX costarricense la tendencia fue disminuir el dinero del Ejército, cuando existía, para fortalecer educación y otros rubros nacionales. La abolición del ejército en 1949 en mucho se justificó por la inoperancia del Ejército, su invalidez para el régimen democrático, la existencia de una legislación internacional y de Tratados que contribuían a proteger la soberanía, la independencia y la libertad del pueblo costarricense frente a amenazas que pudieran poner en peligro al país y su sistema democrático. En paralelo se fue fortaleciendo un régimen democrático, basado en la educación, en la salud, en una gran cantidad de instituciones sociales, que dieron pie a la constitución del Estado Social y Democrático de Derecho que hemos construido y edificado en todos estos años.

Lamentablemente, desde el desarrollo de los Planes de Ajuste Estructural, y las políticas públicas que se han seguido, este Estado Social se ha venido debilitando y desquebrajando. Con los últimos tres gobiernos y el actual esta tendencia se ha acentuado. La calidad de vida alcanzada ya no interesa. La pauperización o empobrecimiento de las amplias masas de trabajadores y de la población, estratégicamente es la meta a conseguir, especialmente por el actual Gobierno. La pobreza como política de un gobierno neoliberal, es también un negocio público, y privado, que lo saben explotar; que contribuye a que algunos cuantos se enriquezcan con su propia existencia. Las políticas laborales que se acaban de aprobar en primer debate parlamentario son la puerta que se ha abierto en esta dirección, fortalecido esto con el debilitamiento total de la educación pública.

Los actuales gobernantes, sus acólitos políticos; sus defensores y acompañantes económicos, se están frotando las manos del dineral que van a recibir, por los negocios asociados, y en cadena, que generan estas políticas distractoras de los dineros públicos en educación. El cierre técnico de la Fundación Omar Dengo que criminalmente se ha hecho, al proceso educativo y al apoyo que se daba al Ministerio de Educación Pública, es parte de este entramado contra el Estado Social de Derecho, y contra la población estudiantil del país, y sus familias, que están sufriendo la imposibilidad de oportunidades y posibilidades de ascensos sociales que la educación brindaba a los hogares y familias nacionales.

Los 120.000 estudiantes que la pandemia sacó del proceso educativo no han sido recuperados; los casi 1000 establecimientos de educación pública que a principios de año se señaló que carecían de condiciones sanitarias y se amenazó concerrarlos, con la desatención que ello llevaría de estudiantes; la amenaza de que se necesitan más de ¢60.000 millones de colones para mantenimiento de centros educativos, en la filosofía que se ha venido siguiendo, de que el dinero destinado a educación son gastos que pueden reducirse, sin entender que los dineros destinados a educación deben considerarse inversión por los beneficios que producen; los casi 115.000 estudiantes que han quedado sin apoyos económicos, por falta de becas; los miles que ya no pueden ir a escuelas y colegios formarán parte obligada, en el mejor de los casos, de la población laboral informal, que pujará por contratarse en las jornadas de 12 horas, de establecerse con apoyo de la Sala Constitucional, por emplearse al salario más bajo posible que les ofrezcan en las nuevas relaciones laborales esclavistas que se están estableciendo en el país, para asegurar tal vez la mínima comida diaria.

En el peor de los casos, serán parte de la mano de obra de los negocios ilícitos de drogas al menudeo, en escuelas, centros educativos y concentraciones masivas y recreativas sociales; en las calles, formando parte de pandillas del narco, y de otras formas de delincuencia organizada de este tipo, que tienen apoyo en sectores de gobierno y de ciertos grupos que, en estas actividades, se amparan regularmente a los gobiernos de turno, y a las mismas autoridades policiales encargadas de su persecución. En esta situación se pegarán al círculo del negocio y del movimiento de drogas que se hace en el país.

A propósito, ¿cuánta droga se incauta en el país? ¿Cuánta se quema en Costa Rica? ¿Por qué ya no se usan los hornos nacionales en los que se quemaba la droga incautada? Tampoco oficialmente se lleva al extranjero para quemarla. ¿Por qué la droga incautada se lleva en aviones especiales desde Costa Rica, se dice, a los Estados Unidos, para supuestamente quemarla? ¿Venden esa droga a los Estados Unidos? ¿Si la venden, cuál es su valor y cuanto entra a las arcas públicas y no solo a billeteras que podrían estar ligadas a esa exportación?

La experiencia de los organismos como la DEA, la CIA y otros de la seguridad, y del aparato militar, de los Estados Unidos, han participado en operaciones donde mueven las drogas para fines económico comerciales, para financiar actividades que a ellos, en sus conceptos geopolíticos, les interesa apoyar, pagando con drogas para sus respectivas ventas en un peligroso y tenebroso movimiento de drogas.

Para estos negocios, en el nivel popular, se necesita mano de obra barata, desempleada, que ya se está produciendo y que institucionalmente, con medidas como las que se están impulsando y tomando, en el sector educativo, se va a producir o generar.

Los problemas en la educación son acumulados en el país. Hay que atender los urgentemente con un buen pacto nacional donde participen las autoridades nacionales, los partidos políticos, las organizaciones sociales; especialmente, los sindicatos del sector educativo con mayor razón y compromiso.

La educación era en la Historia Nacional un apostolado; era una misión sagrada confiada a los educadores.

Los educadores eran estos apósteles, los escogidos para inculcar la sabiduría, las fuentes del conocimiento; los encargados de inspirar en la niñez y la juventud, los horizontes de luz intelectual y profesional para forjar la mejor Patria posible.

¿Dónde están los educadores y sus sindicatos ante esta problemática y ante esta tarea nacional de rescate y de defensa de la educación pública?

No se puede permitir que a la educación pública, como sistema y como estructura institucional, la siguen debilitando, acabando y empobreciendo.

Los padres y madres, las familias, con hijos en el sistema escolar deben también interesarse en este problema. Es su futuro, el de sus hijos y el sus propias familias el que se está poniendo a prueba con esta guerra que ha establecido este gobierno contra la educación pública, con las medidas y recortes al presupuesto nacional y con el incumplimiento de la Constitución Política.

 

Compartido con SURCOS por el autor.

Evasores quieren meter gol de 21.000 millones

Óscar Madrigal

Oscar Madrigal

La Asamblea Legislativa aprobó en primer debate un proyecto de ley que pretende regalarle a grandes empresas 21 mil millones de colones. El proyecto fue aprobado con los votos del PLN, PUSC, el partido de Eli y los neopentecostales. La propuesta fue impulsada por Eli, lógicamente, el PUSC, lógicamente, los neoevangélicos, lógicamente, y el vergonzante partido Liberación, que supuestamente se está renovando.

Decimos que les regalan a grandes empresas, especialmente bancos privados, ¢21 mil millones porque lo que pretenden es por vía legal, cambiar la jurisprudencia de la Sala Constitucional y la Sala Primera que ya los había obligado a cancelar esas sumas. En otras palabras, ya estaban obligados a ese pago.

Aprovechando que era urgente aprobar una ley que sacara al país de la llamada lista gris de los paraísos fiscales de la OCDE, se apresuraron a introducir en el proyecto, bajo la presión del fuerte lobby de la Asociación Bancaria, una reforma al artículo 1 que liberará a esas grandes empresas de pagar los impuestos que generan rentas pasivas en el extranjero por fuentes productoras de renta en el país. Actualmente, dice el diputado Jonathan Acuña del FA, esas grandes empresas sí tienen que pagar ese impuesto, pero los diputados pretenden que no lo paguen. Es un regalo sustancioso a empresas como la Coca Cola, Meco, Durman Esquivel y bancos como BAC, Lafise, Promérica, Improsa, General y otras más.

El día de mañana pretenden aprobarlo definitivamente. Estamos en presencia de una nueva burla a los costarricenses: mientras los impuestos se cargan sobre las espaldas de los trabajadores y se mantienen congelados los salarios, a los grandes bancos y empresas los liberan de pagar impuestos. Tenía razón Ángela Merkel cuando dijo que el problema de América Latina es que los grandes ricos no querían ni pagaban impuestos.

El Presidente Chaves anunció por boca del ministro de Hacienda que vetaría el proyecto. Esperemos que cumpla la palabra y no se acojone ante la presión de los grandes evasores.

Estamos ante un proyecto que es una de las grandes vergüenzas nacionales y un desprestigio internacional.

Mientras algunos políticos, especialmente de Liberación Nacional, gritan hasta quedar afónicos que luchan contra la evasión, por otro lado la legalizan y favorecen el enriquecimiento de unos pocos a costa de la educación, salud, carreteras y en general, el bien común. De verdad que han perdido la vergüenza y la dignidad.

¿Somos masoquistas?

Álvaro Vega

Álvaro Vega Sánchez, sociólogo

Pareciera que los costarricenses nos estamos acostumbrando a convivir con los problemas y hasta disfrutarlos, es decir, convirtiéndonos en masoquistas: un comportamiento enfermizo que encuentra placer en soportar lo insoportable y sufrir lo insufrible. Una resignada aceptación de los problemas más álgidos, algo así como que es mejor padecerlos que enfrentarlos y solucionarlos. Nos resistimos al cambio sustantivo entreteniéndonos con paliativos y mensajes-masajes (McLuhan) populistas que actúan como analgésicos.

Los informes sobre el Estado de la Educación del Programa Estado de La Nación año tras año nos desafían a cambiar de rumbo. Los problemas se acumulan y hoy estamos heredando a las nuevas generaciones un futuro de menos oportunidades y condiciones laborales cada vez más precarias. Naturalizamos la devaluación de la calidad educativa y, con en ello, empobrecemos más al país. Cómplices de todo ello: los sucesivos gobiernos de las últimas cuatro décadas que se entregaron a la política neoliberal de menos Estado social y más mercado; menos distribución y más crecimiento-concentración económica; menos soberanía alimentaria y más apertura comercial; menos Costa Rica solidaria y más Globalismo desigual.

 De esta manera, no solo arrastramos las consecuencias sociales de la “generación perdida” de la década de 1980 por la aplicación de esa política, sino que, bajo las condiciones actuales de reducción presupuestaria para la educación y devaluación sustantiva de su calidad, teniendo una mayor cobertura, según el más reciente “Informe del Estado de la Educasión”, continuamos abonando el terreno para nuevas generaciones igualmente devaluadas en educación, destinadas a convertirse en maquileras de un sistema que sigue apostando por mano de obra barata y condiciones laborable de sobreexplotación con jornadas extendidas no remuneradas.

Los índices de pobreza estancados y una desigualdad creciente. No hay forma de que los gobiernos “tomen el sartén por el mago” y se decidan por una política tributaria verdaderamente justa y progresiva que revierta cualitativamente esa tendencia. Hacemos todo lo contrario, con un Plan Fiscal que favorece a los ricos y golpea a los pobres y la clase media, una Ley de Empleo Público que supuestamente trata de nivelar los salarios, cuando de lo que busca es de desmantelar el Estado Social de Derecho. Una política de salarios decrecientes que desestimula el trabajo profesional de calidad en el sector público. Es decir, leyes y acciones para ahondar las brechas sociales y, con ello, crear condiciones para que florezca el mercado informal del narcotráfico y se eleven los índices de violencia criminal.

Todo ello no es otra cosa que masoquismo, y al estilo costarricense donde todo lo digerimos y reciclamos con chistes; también hoy con descalificaciones donde se apela al lenguaje violento que busca “serruchar pisos” y hacer “bullyng”, para desviar la atención sobre los problemas reales. Una actitud evasiva enfermiza y complaciente con quienes nos han venido, desde hace rato, vendiendo falsas promesas mesiánicas.

Ha llegado la hora de despertar del letargo. No dejarnos anestesiar con esas promesas de reinos venideros. Decidirnos a “tomar las riendas” de este “caballo desbocado” que acelera su trote, para conducirnos al despeñadero. No podemos permitirnos, seguir mirándonos en el espejo de una patria irreconocible, por lo socialmente violenta y cada vez más polarizada. Llegó la hora de encarar la realidad. Dejar el comportamiento masoquista que nos está volviendo dóciles y débiles, destinados a soportar lo insoportable. Y, a pesar de todo ello, sintiéndonos “felices”, es decir, “jodidos y agradecidos”.

¿Para qué sirve la Antropología?

Margarita Bolaños Arquín
Antropóloga

En los años que llevamos ejerciendo la disciplina, mucha gente nos ha hecho la misma pregunta. Algunas personas por curiosidad, otras por genuino interés de aprender y otras por tener una visión científica alterna a la popularizada en las películas de Indiana Jones en la década de los 1980. Pero nos sorprende con tristeza que, a los 61 años de la creación de la sección de Antropología en la Universidad de Costa Rica, sea el señor presidente quien cuestione la existencia de la carrera, la considere un gasto innecesario y una disciplina que no tiene nada que aportar al desarrollo tecnológico y, por lo tanto, a la evolución humana.

Lo primero que queremos explicarle, es que la Antropología es la disciplina que ha centrado su interés académico, desde hace más de 160 años, en conocer las condiciones que explican las innovaciones tecnológicas y su impacto en los ecosistemas, en la anatomía y la diversidad social y cultural humana. Desde la revolución tecnológica que permitió el uso controlado del fuego hace más de un millón y medio de años hasta la inteligencia artificial. Basta visitar los museos para tener una mirada sucinta de los aportes de la disciplina en la comprensión histórica del desarrollo tecnológico y humano.

Lo segundo que queremos recordarle es que las universidades alrededor del mundo cuentan con un equilibrio entre los aportes de las ciencias mal llamadas exactas y las sociales porque todo avance en el desarrollo tecnológico tiene implicaciones en la vida humana y en el planeta, nuestra casa común. La tecnología no tiene vida propia, es resultado de la evolución y revolución del conocimiento acumulado de nuestra especie y, por lo tanto, debe seguir teniendo al ser humano y a su entorno natural como sus beneficiarios directos. Por lo tanto, la Antropología continúa siendo necesaria y por eso es parte esencial de la oferta académica universitaria en la mayoría de las universidades del mundo.

¿Cuáles son las propuestas sociales para resolver la lista de muerte lenta

Ing Carlos Vega. Luchador Social

¿Cuáles son las propuestas que se han hecho desde las organizaciones sociales de la CCSS durante estas décadas para solucionar la problemática de las listas de muerte lenta y quiénes son los responsables de no haberlas implementado durante los gobiernos de turno?

Este es un TEMA PAÍS que desde hace décadas se patea el balde sin resolver el problema que, en palabras del estudioso Luchador Social Luis Alberto JAÉN en su libro «EL ASALTO DEL PLUSC AL SEGURO SOCIAL» cataloga la, problemática como un GENOCIDIO NACIONAL al desaparecer el Derecho a la Salud como sinónimo del Derecho a la Vida, como Derechos Humanos Fundamentales.

En muchos chats el sentimiento que existe producto de la desinformación que se ha vendido es que «LOS SINDICATOS Y LOS TRABAJADORES DE LA CCSS» son los responsables ya que sólo se han interesado por pedir más salarios», y si la mentira se convirtió en verdad, la pregunta es: ¿Y que se ha hecho para combatir esta situación que hoy ronda en el subconsciente colectivo?

Si este problema ya es de larga data e impacta negativamente a toda la sociedad, ¿qué respuesta le brindarán las organizaciones sociales al trabajador y sus familias cuando los llamen a rendir cuentas y les cuestionen?

Entre estas preguntas podría estar: ¿Pueden mostrar el historial de propuestas que ustedes han presentado a los gobiernos de turno y autoridades de la CCSS en estas décadas para solucionar la problemática de las LISTAS DE ESPERA O DE MUERTE SEGURA?

La única forma de sentar las responsabilidades del caso ante demandas justas que están condenando y DESANGRANDO los recursos de la CCSS, y asimismo, desmontar las campañas de DESPRESTIGIO que han calado en el subconsciente colectivo en cuanto a que «los Sindicatos de la CCSS y sus funcionarios están únicamente por defender sus privilegios salariales», es salir con una denuncia pública que le dé respuesta a miles de familias que hoy ven morirse a sus seres queridos en las LISTAS DE LA MUERTE LENTA.

La sociedad costarricense tiene que conocer las propuestas y gestiones que se han hecho a lo largo de estas décadas a los gobiernos de turno, para solucionar esta gravísima violación a Derechos Humanos Fundamentales.

Si bien es cierto los sindicatos de la CCSS no administran la Institución, por Ley Constitutiva han tenido mecanismos a disposición para impactar positivamente en la solución de un DESMADRE NACIONAL, y por este mueren muchas personas en las LISTAS DE ESPERA O DE MUERTE LENTA.

Observaciones al documento DFOE-BIS-MTR-00003-2023 de la Contraloría General “Evolución presupuestaria de la Caja Costarricense de Seguro Social, 2016-2023”

Sobre los aportes y sacrificios de la familia laboral de la Caja para su sostenibilidad financiera (Los efectos e impactos de la ley de “fortalecimiento de las finanzas públicas” (ley 9635); y las perspectivas de la aplicación en desarrollo de Ley Marco de Empleo Público (ley 10.159).

Antes de entrar a exponer puntualmente sobre lo expuesto recientemente por la Contraloría General de la República (CGR); sobre la situación financiera de la CCSS y que constituye un nuevo y contundente golpe a la narrativa oficial de corte fascis-mediática del presidente Chaves Robles y su advenediza Presidenta Ejecutiva contra la Caja.

Resulta oportuno, dejar por asentado que el trillado slogan de que “la Caja esta quebrada”, está en cuidados intensivos y con respirador artificial, hasta podríamos pensar que ese discurso ha sido derrotado, lo cual no significa bajar la guardia, pues las necesidades de dialogar sobre mejoramiento, humanización, calidad y mayor aprovechamiento de la capacidad instalada de la Caja para atender las listas de espera se torna en una tarea patriótica que debe partir del respeto a los principios de la seguridad social y los derechos humanos.

Dicho lo anterior, es sano indicar que la aplicación de las dos leyes indicadas en el primer subtitulo pareciera no son abordadas por el ente contralor por razones que desconocemos, pero resulta altamente cierto, que los efectos e impactos de esos dos cuerpos normativos regresivos sobre los salarios de la familia laboral de la Caja, conforman seguramente una parte importante de esa salud financiera de la Caja y que posiblemente se invisibilice, lo cual ratifica que la evolución y sostenimiento de la Caja, esta desde hace varios años sobre las espaldas de la masa trabajadora pública y privada y que el deudor estrella son los Gobiernos bipartidistas y hoy día el Partido Progreso Social Democrático (PPSD), de Don Rodrigo Chaves Robles.

¿Como se refleja en las finanzas del seguro de salud de la Caja, el congelamiento salarial del 2018 a la fecha y la precarización de los salarios compuestos en términos de los pluses salariales reducidos o eliminados con la aplicación de ley 9635?

(Ver gráfico 1 y 2, para visibilizar (el sacrificio u aporte de la familia laboral de la Caja); la pérdida real de los salarios en la CCSS).

¿Y cuál podría ser la prospección de efectos e impactos de » ahorro» para el seguro de salud, la aplicación del salario global transitorio y luego permanente, en las finanzas de la CCSS, con la aplicación de la ley 10.159, Ley Marco de Empleo Público (LMEP)?

(Esta proyección de pérdida de poder adquisitivo sin duda se profundizará y es deber sindical gestionar ante las autoridades el respectivo estudio pues en conjunto con lo ya demostrado de la ley 9635, podríamos ir construyendo prueba para acciones posteriores en distintos escenarios).

……” Sobre este particular, con el fin de ilustrar la situación salarial actual de las personas trabajadoras de la Institución, en el gráfico 1 se detalla el comportamiento real de los salarios de los puestos no profesionales, los cuales dentro del periodo 2017-2022 presentan un decrecimiento real de sus salarios que oscila en el 12%; es decir, su salario no compensa el costo de vida en ese periodo…

Fuente: GG-DAGP- 1151- 2022 10 de agosto de 2022

“…Por otra parte, en el gráfico 2 se detalla el comportamiento real de los salarios de los puestos profesionales, para el mismo periodo cuyo decrecimiento real de sus salarios oscila en el 37%; considerando el impacto que se ha generado a partir de la promulgación de la Ley 9635 así como la política del Gobierno Central en cuanto a la suspensión de aumentos salariales…”

Fuente: GG-DAGP- 1151- 2022 10 de agosto de 2022

Este apartado primero, aspira a que los distintos grupos meta logren visibilizar que la familia laboral de la Caja en particular y en igual sentido toda la planilla estatal en general, han hecho sus aportes a la sostenibilidad y salud financiera de la Caja y que aún en el marco de la atención de la pandemia del Covid-19, arriesgando la vida, a veces con equipos de protección de baja calidad o sin estos , bajo presión psico sociolaboral, deteriorando la vida personal-familiar y con los salarios congelados, se estuvo con humanismo, profesionalismo y solidaridad atendiendo al pueblo de Costa Rica.

Dicho lo anterior, es de rigor apuntar, que lo expuesto por el ente contralor, posiblemente pueda ser calificado de sencillo, ya que no profundiza en los temas que desarrolla, no obstante resulta claro y evidente, que aún ante una posible superficialidad, existe y salta a la vista un eje transversal que radica esencialmente en una tesis que posesiona con robustez la salud financiera de la Caja por un lado y por otro ratifica que las falencias financieras y presupuestarias tienen como actor principal en esta coyuntura al Gobierno y su incumplimiento legal y constitucional.

Sobre los ingresos:

  • Los ingresos corrientes, principal fuente de financiamiento de la Institución, muestran un crecimiento sostenido, alcanzando un 9.3% en junio de 2023, con respecto al mismo período del año anterior.
  • Lo anterior se explica principalmente por el comportamiento de las contribuciones sociales, las cuales aumentan a tasas superiores a lo que crece el índice de precios y el Producto Interno Bruto, alcanzando el 12.8%, que significa el mayor porcentaje de crecimientoen todo el periodo considerado por el Ente Contralor.
  • Lo anterior se ve reflejado en la cantidad de trabajadores reportados a la seguridad social, por ejemplo, en el Seguro de Salud a junio del 2023, se observa un total de 57 mil trabajadores adicionales con respecto a junio del año anterior.
  • Los ingresos corrienteshan sido superiores a los gastos de corrientes durante todo el período, lo que demuestra la salud financiera de la CCSS, al garantizarse los recursos necesarios para la operación normal de los servicios.

Sobre los egresos:

  • Los gastos corrientesrepresentan alrededor del 80% de los egresos totales de la CCSS. En el caso del Seguro de Salud, se explica principalmente por las remuneraciones salariales y la adquisición de bienes y servicios. Ejes que deberíamos segregar y diagnosticar en profundidad, a efecto de cuantificar objetivamente los efectos negativos expuestos de la ley 9635 en los salarios y como se reflejan estos en la sostenibilidad financiera, siendo de rigor, el mismo ejercicio y las proyecciones desde ese mismo enfoque a partir de la aplicación a ultranza de la ley 10.159 en el corto y mediano plazo. En tanto en IVM y el RNC, por el pago de las pensiones a los asegurados de ambos regímenes.
  • El crecimiento del gasto se mantiene dentro de los límites razonables, no se observa un crecimiento significativo de ellos. La Contraloría recomienda mantener el seguimiento oportuno de las finanzas institucionales, a fin de evitar desviaciones que puedan afectar el equilibrio presupuestario y la prestación de los servicios.
  • El Ente Contralor destaca que los ingresos corrientes han sido más que suficientes para cubrir esos gastos de operación.
  • En el caso del Seguro de Salud, esa buena salud financieraha permitido ampliar la reserva de recursos para el desarrollo de los proyectos de inversión en el mediano plazo, lo cual se ve reflejado en el aumento de las inversiones financieras, lo cual procura generar un rendimiento adecuado para capitalizar los fondos.

Sobre la deuda del Estado:

  • La Contraloría resalta como aspecto relevante para las finanzas institucionales, el aumentode la deuda del Estado con la seguridad social, la cual ha crecido constantemente en los últimos años.
  • Esta deuda se genera principalmente por la no transferencia de la totalidad de la cuota del Estado como tal y la contribución complementaria que le corresponde por el aseguramiento de los trabajadores independientes y asegurados voluntarios. En el caso del Seguro de Salud se adiciona también el financiamiento del programa de asegurados por el Estado y Leyes Especiales, según la normativa vigente.
  • Relacionado con ello, el Ente Contralor menciona en su informe la no transferencia derecursos derivados de varios préstamos externos, cuyas leyes definen un porcentaje del 10% de la totalidad del crédito para la CCSS, como abono a la deuda del Estado con la seguridad social. El documento indica un total de 8 millones de dólares y 15 millones de Euros sin pagar a la CCSS.
  • La Contraloría recomienda a la Institución realizar las acciones que corresponda, dentro del marco jurídico aplicable, para procurar la atención de las cuentas por pagar por parte del Ministerio de Hacienda.

Radiografía de la visita, a Costa Rica, de la Jefe del Comando Sur de los Estados Unidos

Vladimir de la Cruz

La General Laura Richardson, Jefa del Comando Sur de los Estados Unidos, hace 8 días realizó una visita a Costa Rica, en la que se reunió, entre otras personas, con el Presidente Rodrigo Chaves y, probablemente, ella fue la que trajo la invitación para que el Presidente visite, desde el pasado 27, los Estados Unidos para una reunión privada, como se ha anunciado, con el Presidente Biden.

El Comando Sur de los Estados Unidos fue creado el 6 de junio de 1963, recién triunfada la Revolución Cubana, ya declarada Revolución Socialista, con desarrollo de procesos guerrilleros en América Latina, recién pasada la crisis de octubre de 1962, llamada Crisis del Caribe, en que se había determinado presencia soviética militar importante, de instalación de misiles nucleares, en Cuba. Fue un momento de mucha tensión mundial.

El Comando Sur así se creó en el contexto de la Guerra Fría, para, entre otras razones, dar seguridad y defender el Canal de Panamá, en ese momento sometido a control administrativo político de los Estados Unidos.

Allí Estados Unidos tenía una zona militarizada, con 22 emplazamientos para distintos fines de capacitación militar de contingentes de todo el continente, y la preparación de antiguerrillas y contrainsurgencias. Costa Rica enviaba a sus policías y oficiales de la Fuerza Pública, a entrenarse especialmente en Fort Gullick. Además, estaban los fuertes Amador, Grant y la Escuela de las Américas (USARSA-United States Army School of the Americas).

Después de los Tratados Torrijos-Carter, del 7 de setiembre de 1977, y la entrega del Canal a Panamá, así como la salida parcial de las tropas norteamericanas de la llamada Zona del Canal, las bases militares fueron reubicadas, poco a poco, en La Florida, en Honduras, en la Mosquitia y en el Departamento de Copán; bases aéreas y dos bases navales, una en Puerto Castilla, departamento de Colón, y la otra en la laguna costera de Caratasca, donde tenían un uso estratégico en el conflicto centroamericano, de esa década, frente a Nicaragua y El Salvador; y en Puerto Rico, operando en paralelo con los centros de operación militar móviles que estaban en la frontera norte de Costa Rica, en coordinación con John Hull, con colaboración solapada del gobierno de Costa Rica, que fueron desmantelados cuando Oscar Arias asumió la Presidencia el 8 de mayo de 1986.

John Hull ayudó a la CIA en la entrega de armas y «ayuda humanitaria» alimentos y ropa, a los Contras sandinistas y sus familias. Las fincas de Hull tenían pistas de aterrizaje que eran utilizadas para transportar armas y otras ayudas en operaciones subsidiadas por la CIA para ayudar a los Contras.

Desde entonces el Jefe del Comando Sur tiene un papel importante de relación con todos los jefes militares de Centroamérica y del Caribe, y en se momento también con los del Consejo de Defensa Centroamericano, CONDECA, del cual Costa Rica en miembro observador.

Desde esos años la Jefatura del Comando Sur ha mantenido la tesis de que está en la posición de ejercer su poder de influencia sobre las fuerzas armadas del continente, en materia militar, y en el apoyo a la modernización política, social y económica de la región.

El Comando Sur fue una escuela de dictadores, tiranos, torturadores, golpistas políticos, violadores de Derechos Humanos. Cuando derrocaron a Salvador Allende, hace 50 años, el periódico Times señaló que de esas escuelas y emplazamientos militares se habían graduado “más de 170 soldados y oficiales, hoy jefes de gobierno, ministros en los gabinetes, comandantes en jefe, jefes de Estado Mayor y jefes de Inteligencia”, y detallaba los chilenos graduados que participaron en el Golpe de Estado. Así también de otros países, y de la colaboración que dieron en la crisis de las Malvinas, hace 41 años, en contra de Argentina, a favor de Inglaterra.

En la Zona del Canal estaba la Escuela Cartográfica de Investigación Geodésica Interamericana (Cartographic School of Inter-American Geodetic Survey – IAGS), en Fort Clayton, que ha jugado un papel muy importante en la elaboración de los Mapas básicos de Costa Rica, escala 1-50.000.

Muchas de las labores que realiza el Comando Sur se coordinan con el Departamento de Defensa.

Desde hace algunos años, parte de las operaciones militares de los Estados Unidos, se ocultan bajo la lucha de enfrentar a la droga, las amenazas del tráfico ilícito, y hoy también el terrorismo, con lo cual se han firmado Tratados con toda Centroamérica para la libre movilización de buques de Estados Unidos en ese sentido en ambas costas de la región, especialmente en el Pacífico.

La visita de la General no se anunció para atender asuntos militares, policiales o de lucha antinarco. Se anunció para promover “una reunión bilateral en la Casa Blanca”, en la cual, el presidente Biden y el presidente Chaves definirán medidas orientadas a profundizar y fortalecer nuestra cooperación en una serie de temas claves para responder a las necesidades de nuestra población… en cómo nuestros dos países pueden construir economías inclusivas y sostenibles, lo que incluye las acciones a través de la Alianza para la Prosperidad Económica en las Américas; impulsar los valores democráticos en la región, promover una migración segura y ordenada en consonancia con los principios de la Declaración de Los Ángeles sobre Migración y Protección, y abordar desafíos en materia de seguridad regional.”

Específicamente vino a intervenir en política interna nacional, en asuntos de soberanía; vino a manifestar sus preocupaciones por la relaciones que Costa Rica tiene con la República Popular China, insinuando que esas relaciones tienen un “eventual uso militar”. Manifestó su preocupación por “la participación que el gigante asiático tiene en el desarrollo de infraestructura crítica, en puertos de aguas profundas, ciber tecnología, inversiones en el campo espacial y las redes 5G”.

Ninguna protesta se produjo, de los diputados, frente a semejante injerencia e intromisión en asuntos de la soberanía nacional.

Dijo la General que China no “invierte” sino que “extrae” inversiones, refiriéndose al flujo de recursos provenientes de China para la región. Cuando el Presidente Kennedy impulsó la Alianza para el Progreso Raúl Prebish, de la Comisión Económica para América Latina, afirmó que por cada dólar que Estados Unidos invertiá, sacaba dos, lo que no era una “ayuda”.

Señaló su preocupación la General porque según ella China ha desarrollado su mayor Ejército, que lo tiene en China. Se preguntó: “¿por qué China impulsa inversión en infraestructura en América, tan alejada de China?” Cuestionó, la General, la calidad de las inversiones y de las obras de infraestructura, brincándose todos los mecanismos nacionales que tienen que ver con obras de infraestructura, de inversiones; interviniendo directamente en la toma de decisiones políticas y comerciales de Costa Rica. ¿Acaso ella no conoce el proyecto de China de la llamada Nueva Ruta de la Seda, que hoy abarca más de 80 países en el mundo, que pasa por el Canal de Panamá, que yo sepa no toca directamente a Costa Rica, de la cual podríamos beneficiarnos.

Su visita remató en anunciar una “inversión” en Costa Rica de $9.8 millones de dólares en tres años, a razón de $ 3 millones y algo más por año, para que en el Ministerio de Seguridad se establezca un Centro de Operaciones de Ciberseguridad, ¿para Costa Rica?, ¿para la región centroamericana y del Caribe?, o para ¿América latina?, operado desde aquí.

Anunció que el Gobierno de Estados Unidos asignará un “asesor estratégico, a tiempo completo, para el desarrollo de las políticas en estrategias nacionales de ciberseguridad. De estas “inversiones” no dijo si eran “inversiones directas” propias de los Estados Unidos, a cargo de su presupuesto nacional o militar, sin que nosotros tuviéramos que reembolsar nada a modo de “prestamos” que hubiere que pagar.

Así, anunció, también una donación de $25 millones de dólares para reforzar la infraestructura digital del país, recursos que estarían a cargo del Ministerio de Ciencia y Tecnología, MICIIT. No se refirió a la red 5G, o una posible 6G, u otra base digital que el país pudiera estar pensando en instalar o desarrollar. No dio plazos ni montos parciales de esta “inversión”.

También anunció una “donación” de $13.7 millones “para luchar contra el narcotráfico, el lavado de dinero y la trata de personas”, con apoyo “en un sistema de 6 drones no tripulados de largo alcance, tipo Puma, para operaciones antinarcóticos y patrullaje fronterizo”. Este tipo de drones han sido probados en el campo de Batalla, con capacidad para múltiples misiones y operaciones de día y de noche, en todos los entornos

La General dirige, en su sede en Doral, cerca de Miami, más de 1200 militares y civiles del Ejército de tierra, aire, infantería y Marines, Guardia Costera y otras agencias federales.

El Presidente Chaves manifestó que la reunión con la General fue “encantadora” para entender la seguridad común de Estados Unidos y de Costa Rica.

En febrero la General había visitado Costa Rica y en esa ocasión ofreció $14 millones de dólares más para “crear una red de telecomunicaciones para el Ministerio de Seguridad”. El Ministro de Seguridad dijo que los drones ya están en APM Terminals, desde febrero, y “en situaciones de frontera”.

La presencia injerencista, intervencionista, de la General en asuntos de política exterior del país, provocó una respuesta de la Embajada de la República Popular China en Costa Rica, señalando que los Estados Unidos desde hace varios años ha venido politizando, instrumentalizando e ideologizando las relaciones comerciales y tecnológica de China para desprestigiar y atacar a China sin “fundamento táctico”.

Recordó la Embajada de China que es “Estados Unidos el que tiene más de 800 bases militares en 80 países de todo el mundo, que incita confrontaciones y divisiones; que impulsa una Doctrina Neo Monroe; proponiendo movimientos desestabilizadores en distintos países; aplica unilateralmente sanciones y abusa de su hegemonismo tecnológico y económico para realizar ciberataques y radioescuchas telefónicas sin distinción”.

La Embajada de China recordó a los Estados Unidos que los países latinoamericanos, caribeños y centroamericanos son independientes, soberanos, libres y no son ni deben considerarse el patio trasero de los Estados Unidos.

Para la Embajada de China estos países tienen “la sabiduría capacidad para elegir a socios de cooperación en concordancia con sus intereses”.

Para la Embajada de China sus relaciones, con países, descansan en conceptos de “respeto mutuo, igualdad, beneficios recíprocos, cooperación, ganar apertura e inclusión en la cooperación sustancial en las distintas áreas con los países latinoamericanos y caribeños sobre la base de respeto a las necesidades y beneficios de ambas partes”. Su interés es trabajar “sin interferencias y sacudidas por ciertos ruidos e intentos de sembrar discordia”.

 

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