Los más grandes desastres medioambientales de la historia, en Chernóbil y Fukushima (este último a consecuencia de un súper terremoto de 9°), donde sendas centrales nucleares liberaron gigantescas cantidades de material radiactivo, fueron recordados en la Asamblea Legislativa.
La diputada Pilar Cisneros, al acuerpar a Chaves, Marta y Munive, en contra de la construcción del hospital para los cartagineses, afirmó, sin sonrojarse siquiera, que en vista de que cerca del terreno escogido para su construcción, existen industrias que procesan sustancias químicas, ¡podrían darse desastres semejantes!
Ante tal sinsentido, usado como «razón» para seguir caprichosamente oponiéndose al muy urgente centro de salud, creemos que Chaves debería armarse de franqueza, y decirles a los cartagineses, y al resto de habitantes de este golpeado país, que mientras sea presidente no permitirá dicha construcción y, muy importante, el porqué de ese maltrato a tan estimable comunidad.
Pero que lo diga directamente él, y no a través de Marta, Munive y Pilar, para que, debidamente informados, los amigos brumosos y sus amigos de otros lados, busquemos qué hacer para enfrentar tan gran injusticia.
Por Memo Acuña (Sociólogo y escritor costarricense)
Es verano de 1987. Mis padres hacen esfuerzos para que conecte con la vida universitaria.Cumpliendo los mandatos de Don Arnoldo, me lanzan a la aventura de dejarme algo para el futuro. Y me llevan al encuentro de un enorme Joaquín Gutiérrez en un curso libre de ese verano, sobre literatura costarricense.Años más tarde, la obra de Gutiérrez sería encriptada en un necesario debate acerca del racismo en la narrativa doméstica.Me pregunto si es la obra o el autor. Entonces me lleno de perplejidad y cuestiono.
Ese verano, el primer día de clases en mi vida universitaria, iría a mi encuentro con la vida. Colmado de nervios, dudas y preguntas.Para acallarme en mis incertidumbres, entré a un café que por entonces dominaba la escena sanpedrana, revestido de un nombre de historieta latinoamericana, que aún hoy resuena en mi inconsciente. Un café y un arreglado serían mis armas para combatir la angustia de esa tarde.
Y entonces entro a mi primera clase de universidad, con el infortunio de toparme con alguien que decía ser docente, de arte, de teatro. Nunca olvidaré la vulgaridad de su pedagogía. Nunca estaría más claro para mí decirme a mí mismo que si sería docente alguna vez en la vida, no repetiría las imbecilidades de aquel mal profesor universitario.
Y fui y soy docente y sigo aprendiendo.
Todas estas cosas las pienso en el presente mientras recibo, ahora como vicedecano de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional, estudiantes de primer ingreso el día de apertura del primer ciclo lectivo de 2024.
Desfilan ante mis ojos proyectos de vida que recién comienzan. Pienso en el contexto de un mundo post pandemia, acechado por los reacomodos de las hegemonías militares a nivel global. Pienso en el cardumen de las violencias, la imposición de los conservadurismos, el destino de los apátridas, la hora de la ingobernabilidad en una Costa Rica que no reconozco.
Pienso en todo eso mientras una joven proveniente de Río Frío de Sarapiqui, comunidad ubicada al norte del país, se nos acerca y nos pregunta a la decana Marta Sánchez y a mí persona, por el número de aula que le corresponde y porqué hace tanto frío una mañana de febrero.
Es la puerta al futuro la que se divisa para ella.
Entonces me apresuro a desdibujar el continente de dudas, para llegar a un puerto seguro. Una tarde de marzo de 1987 me incliné a la pregunta. Y aún hoy sigo esperando la respuesta.
La educación pública es un bien histórico, que hay que salir a defender sí o sí.Las armas de la integración social están allí, en esa joven de Río Frío o en el muchacho que se acercó tímidamente a preguntar por su futuro en la carrera de Comercio Internacional: ¿dónde está?, preguntó.
Pienso, por un momento, en esas cuatro clases de verano de 1987 que me desafiaron como persona y me delinearon el camino.
“Para adelante”, le dijimos.“El futuro está adelante”.
Para comprender los alcances del “PLAN REGULADOR COSTERO” propuesto para el Distrito de Cahuita, Talamanca, es necesario conocer lo establecido en las tres leyes que regulan la Administración Municipal del Patrimonio Estatal de zona marítima terrestre (ZMT).
ESAS TRES LEYES SON:
A) Ley número 6043 de 1977 sobre la ZMT.
B) Ley número 9242 del 2014. (Regulación de las Construcciones Existentes en la Zona Restringida de la ZMT). y
C) Ley número 9221 del 2014. (Ley Marco para la Declaratoria de Ciudades Urbanas Litorales).
En la primera (Ley 6043): Se define el área costera de ZMT, los parámetros de ocupación y su administración. Así como las sanciones aplicables en casos de incumplimiento; salvo las excepciones establecidas en la misma ley. (Artículos 6, 8, 24, 27, 69, 70, y Transitorios).
La segunda (Ley 9242) vino a remediar más de tres décadas de administración irresponsable por parte de algunas municipalidades, que permitieron la libre ocupación y construcción de edificaciones al margen de lo establecido en la Ley 6043; no solo en la zona restringida de 150 metros, pero también en los 50 metros de zona pública. Incluso, en algunos casos con permisos municipales de construcción.
Encontraron muy fácil remediarlo con la promulgación de la Ley de Regulación de Construcciones Existentes (Ley 9242, artículo 4,párrafo segundo); declarando como “PRECARIOS” a todos los propietarios sin Plano y Escritura Pública en mano.
Lo anterior, a pesar de que la Ley 6043 de 1977, los catalogaba como Pobladores y Ocupantes con derecho a la Expropiación e indemnización (Artículos 24, 69 y 70). Es decir, los eximía del Desalojo y Demolición sin previa indemnización. Esto fue como “CAMBIAR LA MADRE POR UNA CHANCHA”.
La Tercera (Ley 9221): En lugar del mencionado reconocimiento de «POBLADORES y OCUPANTES”, por más ridículo que parezca, esta ley les ofrece la posibilidad de obtener una CONCESIÓN (alquiler) de sus propias propiedades familiares (Padres o abuelos) con más de diez años de posesión anteriores a 1977; siempre y cuando hayan cumplido con todas las normas de construcción ordenadas por la Zonificación del Plan Regulador Costero y capacidad económica para pagar el monto fijado de CANON o Renta.
Sin duda, esta maraña de leyes estuvo diseñada para darles una ventana de esperanza a los inversionistas inmigrantes de las últimas décadas, a costa de la pérdida de derechos de aquellas familias asentadas en la zona costera antes de promulgarse la Ley 6043 de 1977. Llámelos, si lo desea, colonos nativos, ancestrales o tribales.
Aparte de la torcida filosofía de gestión del gobierno local de maximizar los ingresos municipales, en lugar del bienestar económico de aquellos a quienes representan, el mayor problema que tenemos es la falta de información entre los habitantes de la costa y de medios para adquirir los conocimientos necesarios. No hay una librería y mucho menos Biblioteca Pública.
El 20 de febrero se celebra el Día Mundial de la Justicia Social, con la finalidad de concientizar a la población y de impulsar acciones orientadas a que exista esa mayor justicia social que todos deseamos en un mundo en el que la injusticia es casi que la norma.
La justicia social debe nacer de las personas que dirigen instituciones y que de ahí baje a los estratos de mayor necesidad.
Se pretende sobre todo erradicar la pobreza y promover el empleo pleno y el trabajo decente; la igualdad entre los sexos, el acceso al bienestar social y la justicia social para todos.
Es lamentable observar cómo cada vez menos se lucha por esa justicia social que fue promulgada inicialmente por Jesucristo mediante sus acciones concretas en favor de los que más necesitaban.
Esa misma justicia, retomada por la Iglesia católica y otras profesiones de fe, no llega a ser lo suficiente para que podamos decir que nuestra sociedad se caracterice por esa justicia social que todos anhelamos.
La pobreza extrema, la falta de empleo, la falta de oportunidades en educación, el hambre, la desnutrición, la violencia familiar y la violencia a todos nivel, las guerras, los abusos especialmente con niños y niñas y muchas cosas más evidencian que tenemos mucho camino que recorrer para lograr la justicia social que todos queremos.
Precisamente el lema para la celebración de este día en el año 2024 es PROMOVAMOS LA JUSTICIA SOCIAL y eso implica una responsabilidad que ahora, nos corresponde a todos. Dios quiera que pudiéramos iniciar ese camino hoy mismo.
El panorama económico, político-social del país, avizora una ruptura y conforme al pensador político Gramsci, la ruptura no es un riesgo; se traduce en resultado, porque la hay. Se expresa en el rompimiento por parte de un gobierno progresista en el mantenimiento de viejas prácticas.
Los sectores y gremios económicos, financieros, de la producción, han asumido una posición de contradictor político, sumándose al juego de instancias institucionales de control constitucional (Fiscalía, Contraloría) y de poder público; desde niveles como la Defensoría del Pueblo, Gobernadores y alcaldes, mantenidos en confrontación con el Ejecutivo presidencial. A toda costa buscan frenar las iniciativas de desarrollo y desempeño gubernamentales y para ello acuden, en lo denominado en análisis serios y sustentados de la realidad nacional, como el ariete de la oposición institucional para crear el caos, sin cortapisas. Los órganos de presión (Fenalco, Andi, Sac, etc.) el sector financiero parasitario, la banca privada y la rectora de ella, el Banco de la República, con excesivo apegó a los intereses de la oligarquía- que no burguesía productiva en Colombia- se alían, tal como en la Fuente Ovejuna “todos a una”, contra el gobierno progresista de G. Petro U.
Actuando como órganos de poder y en sustento y apoyo en la piara congresional y el no menos importante, o por llamar recurso del poder judicial, expresado en las altas cortes; entretejen en la enredadera legal y entramado de la maraña legalista; lo que se ha dado en llamar, en el escenario político latinoamericano el Lawfare.
El Lawfare es el uso de procesos legales para inmovilizar políticamente o destituir a quienes ocupan cargos públicos en un país, sin mediar consideración en los graves efectos que tales extralimitaciones causen. El caso contra el Canciller Leiva es el más emblemático.
El Lawfare traducido al español significa “guerra jurídica”, como juego, en la práctica, del recurso de arma política y que busca, mediante el uso de procesos legales, inmovilizar a la primera autoridad administrativa del país, para destituirlo y de paso, afectar al gobierno en el dúo: presidente-ministros, destruyendo la valía de ellos, en búsqueda a imponer actores que afine el torvo propósito de la derecha militarista en Colombia, de retomar el gobierno que han perdido en el escenario electoral, al contarse, por primera vez en 200 años de historia, de gobiernos provenientes de las castas esclavistas y explotadoras, con un presidente progresista y de inspiración popular.
Continúa el proceso de golpe blando
Con la controvertida Fiscal Mancera, ungida por encargo por la procaz, desvergonzada y opositora Corte, en función administrativa, continuará el golpe blando. La Corte Constitucional ha sido inferior a la función constitucional, al desconocer que “la soberanía reside exclusivamente en el pueblo”; expresada en su demanda de ejercicio directo de democracia en las calles. Haciendo eco a la imposición de la dictadura mediática “de darse los tiempos”, a sabiendas, como autoridad constitucional, que, para su función de nombrar a la Nueva Fiscal, que no es función judicial, no existe plazo o términos (que serían de orden público) y por ende debe regirse por el principio de celeridad administrativa; el cual ha desconocido olímpicamente.
¡Predomina la indecencia y se impone la movilización popular para dejar atrás la maraña leguleya y se defina la elección de la Nueva fiscal general, ya!
El Fiscal saliente, de apellido Barbosa, no cesará en su tarea de conspirador. Es un delito en la legislación penal colombiana y el sujeto de marras incurrió en lo así tipificado como servidor público en ejercicio que no debía intervenir en política. Fungió como sujeto visible de accionar opositor a las incitativas y tareas del gobierno, en cabeza del presidente G. Petro.
El delito de conspiración es prima facie del concurso de delitos de asonada, sedición y rebelión. Un conspirador es un sujeto político que se pone de acuerdo (publica o secretamente) para actuar en complot, uniéndose a las voces opositoras contra su superior o soberano. Sus giras en escenario de los grupos de presión económica, como Fenalco, para despotricar de lo habido y por haber del gobierno del presidente G. Petro, así lo tipifican. La Corte al dilatar la designación de la Nueva fiscal general se amanguala para impedir el inicio de la investigación penal contra ese sujeto.
¿Y del crecimiento económico qué?
Las cifras del Departamento Nacional de Estadística – DANE, eran de esperarse, por ser de conocimiento anticipado y de prever o ver algo con anticipación, por parte de la opinión pública nacional, en el actuante gobierno del presidente G. Petro. Así expresado porque contamos con un presidente economista, estadista y de valía internacional. Y en el evento que el decrecimiento de la actividad productiva nacional (esencialmente privada), trajere pronósticos de afectación al grueso y amplio conglomerado de la población colombiana, pues el armonioso equipo de gobierno dispone de los instrumentos necesarios, para con anticipación, disipar obtusas y maquiavélicas conjeturas de afectación, no digo a Colombia, puesto que tendría que entrar a dilucidar a cuál de las dos Colombia; afectan como tampoco a lo corporativo nacional, sino al pueblo llano, que como debe ser, es la mayor preocupación de un gobierno progresista con inspiración popular.
Detengámonos en considerar que conforme al muestreo de la expansión anual de la actividad productiva llegó a un 0.6%. Pero ese bajonazo redunda en un efecto contrario a los intereses corporativos y financieros parasitarios de la banca colombiana. Afecta al sector de la construcción, el comercio, la industria. Comulgo con la visión alternativa de la economía política que el crecimiento económico no implica beneficio para las clases populares. Por ende, el decreciente avance económico de la actividad productiva del capital privado no afecta a la clase proletaria colombiana que continua con la egida constante de solo perder las cadenas económicas y de explotación que la agobian. Me endilgarán que ya proletarios no hay sino clase media proletarizada. Pues magnánima enseñanza para quienes sin tener nada defienden a sus amos explotadores.
Una cosa es la productividad y crecimiento económico de quienes tienen los instrumentos de producción privado y otra el crecimiento y la inversión estatal o pública en el área de producción y de servicios públicos esenciales. Así, los grandes cacaos de la construcción han decidido no invertir, no construir, para no generar empleo y así contribuir a dar el golpe blando al gobierno progresista de G, Petro. Igualmente sucede con el cero inversiones en la industria. Tienen tanto que la depreciación del capital fijo no les afecta. Y sobre la afectación en el comercio a esos, con un opositor conspirador con la fiscalía general como lo es Fenalco, sí les ha golpeado ponerse de talanquera en la noria de las reformas laborales de fondo para que la clase trabajadora tenga capacidad adquisitiva y de compras. Y porque no mencionar el intocable sector de la Banca privada, con el manejo expoliador de los ahorros y dineros del pueblo colombiano. Esos parece que pasaren de agache puesto que, a pesar de todo, sus ganancias son inconmensurables. Y es a la autoridad monetaria, expresada en el Banco de la Republica la que debe responder ante tirios y troyanos por su intransigencia y oídos sordos en la no baja de las tasas de interés. Para muestra un botón: el economista presidente G. Petro, condena la práctica mafiosa del “gota a gota” con propuestas de apertura de créditos bancarios. Sin caer en simplezas, para activar la agroindustria en la obtención de la soberanía alimentaria; igual, para disminuir el aval de importaciones que significan, en un Narco Estado como el colombiano, el lavado impune de activos de las mafias, el atraso a la industria vernácula (con el no crecimiento de exportaciones) y de contera golpear estructuralmente el azote del contrabando. Pero no, a todo eso oídos sordos puesto que se está en un gobierno de inspiración popular; pero en el ejercicio de un poder político y económico de los corporativo y oligárquico bajo los designios de la derecha militarista. Los gurús económicos de la oligarquía (que no burguesía productora), al tiempo que los cacaos y empresarios vende patrias (al estilo de la traidora Corina Machado en el vecino y querido país bolivariano) deciden posponer sus proyectos de inversión; mantienen el bloqueo a las profundas reformas al sistema mafioso de la Salud, lo Laboral y de Pensiones, por mencionar lo más álgido.
No se puede menos que calificar de insolente que, siendo el sector corporativo y empresarial de derecha, los causantes del decrecimiento en el sector productivo privado se lancen en ristre contra dizque “el mal comportamiento” de los hogares colombianos en la demanda de consumo de alimentos, en las compras en el comercio y valga pues, en la adquisición de vivienda. Son unos desvergonzados.
Comprendiendo que me haría extenso en sustentar la eficiencia administrativa gubernamental en la ejecución y búsqueda permanente de salida en la próspera ejecución del presupuesto nacional, producto de la reforma tributaria obtenida y del Plan Nacional de Desarrollo, que es inversión pública y como ley, de estricto cumplimiento.
Téngase como solida presentación la de un gobierno condescendiente en el bienestar popular, con las zonas de la profunda Colombia olvidada.
De insolente califico el tamaño despropósito de cargar en los hombros del pueblo colombiano el deseo apátrida de fugar los capitales nacionales y de inversión; de no producir fuentes de trabajo, ni de compaginar en la búsqueda de una armoniosa economía de consumo y productiva. De descalificar a los más altos funcionarios del gobierno, sumándose a la actitud hostil de impedir la ejecución de los presupuestos públicos.
Continuaran en la llamada “guerra jurídica” implementando el golpe blando del Lawfare; pretendiendo la explosión de la ultraderecha continental y la actitud hostil contra los altos funcionarios. Pero se está al orden del día. Con la decisión inquebrantable y unánime de la movilización popular contra el golpe militari manu, develado.
El liberalismo a ultranza, que hoy pretende servir de base teórica a la política de desguace del Estado que lleva adelante el gobierno derechista en Argentina, tiene como objetivos evidentes facilitar el remate del país, entregando el patrimonio colectivo a corporaciones privadas nacionales y extranjeras.
Asimismo, el descarnado empobrecimiento fáctico al que se somete a la población procura aumentar la rentabilidad del capital y retrotraer conquistas sociales y derechos adquiridos, todo en nombre de una supuesta “libertad”.
Pero la mira de este programa, característico de regímenes impuestos ya anteriormente por reducidas élites, trasciende el campo económico y persigue una estrategia de demolición política, geopolítica y cultural.
La injusticia por mano propia
Sin duda que la organización política de los pueblos es un importante escollo para el desarrollo del plan pergeñado por las fundaciones al servicio de las corporaciones. De allí que tanto sindicatos como movimientos sociales y partidos políticos constituyan hoy el principal blanco de los ataques de la banda gobernante. Más allá de defectos ostensibles en estas estructuras, en parte atribuibles a su misma conformación y dinámica (o falta de la misma), las agrupaciones populares cumplen el rol de ser factores aglutinantes y de movilización que la ofensiva capitalista aspira a cortar con su “motosierra”.
La misma idea fue la base del “Plan Cóndor” de las dictaduras asesinas del siglo pasado, que apuntó a exterminar y perseguir a los cuadros políticos transformadores para eliminar toda cadena de transmisión, organización y formación política en la base social.
A la demonización del espectro político – traducida a la jerga de los asesores de campaña como “casta” -, a la expansión de la antipolítica o actitud apolítica como supuesta virtud, se agrega la persecución de referentes partidarios y sociales que logren concitar la voluntad de cambio de las poblaciones. Los medios hegemónicos y mercenarios de la real “casta” judicial reemplazan así a la anterior violencia militar, menos agradable a ojos de la opinión pública… al menos por ahora.
A falta de fuerzas políticas conservadoras consistentes que todavía retengan algo de respeto en los pueblos, el poder real detrás del poder formal ha decidido hacer (in)justicia por mano propia. Se sirve para ello de unos cuantos mandaderos con afán de protagonismo y financiamiento – marionetas políticas, periodistas o fiscales – que actúan allanando el camino a quienes mueven los hilos.
Rehenes de guerras ajenas
En su etapa actual, el capitalismo no respeta fronteras. Los estados no resisten el embate de fuerzas multinacionales que toman a las poblaciones de rehenes de sus interminables apetencias de rédito y poder.
La globalización ha convertido los límites estatales, ficticios ya desde sus inicios, en divisiones administrativas que ya no sirven de escudo protector ante la penetración corporativa, más bien facilitándola.
A todo esto se suma la ambición comercial neocolonial del Norte global, que continúa utilizando a sus legiones armadas y su aparato institucional y diplomático para impedir que países competidores como China u otros, se establezcan en la región como principales proveedores, prestamistas o compradores. Mucho menos permitir, que los pueblos latinoamericanos, caribeños y, en general del Sur global, puedan alcanzar plena autonomía en sus decisiones para mejorar sus condiciones de vida.
De este modo, personajes como Milei en Argentina o Noboa en Ecuador, tal como lo hicieron los demás personeros neoliberales antes, se convierten en tristes voceros de un alineamiento geopolítico automático con los Estados Unidos de América y “Occidente” – otro invento ficticio – en su pelea contra el multilateralismo emergente, cada vez más potente.
Como una de sus actuales tácticas de dominación, el imperialismo desencadena intencionalmente la violencia generalizada a través de bandas delictivas. Los traficantes de la desinformación, medios y plataformas concentradas, se ocupan de una conveniente amplificación del fenómeno para que la misma población pida a gritos la intervención “pacificadora”. Así se genera el consenso social para la represión y el estado de “guerra interna”, que permite, una vez más, la re-instalación de las huestes armadas extranjeras y locales como factores de peso en la política interna.
La sociedad individualista
Más allá de todo esto, el principal objetivo que persigue la re-involución conservadora a nivel mundial, es el asentamiento en la conciencia colectiva del principio individualista como fundamento de de-construcción social.
Así nace la falacia de una sociedad individualista en diferenciación perpetua, conformada por entes aislados, un oxímoron que genera la ilusión de que cada persona es un compartimento estanco, sin interrelación íntima con el conjunto y con la historia.
Esta falsa percepción, y la falta de compromiso con los demás a la que apunta, se asienta sin embargo en un fenómeno objetivo, la fragmentación creciente del compacto humano. Esta fragmentación, no es un producto exclusivo de la propaganda neoliberal, es un proceso en curso que tiene sus raíces en las veloces transformaciones ocurridas en las últimas décadas.
Las nuevas modalidades de producción, la diversificación de constelaciones familiares y modos de interacción entre las personas, el debilitamiento de antiguos lazos, valores, espacios e instituciones que actuaban como argamasa en la construcción social, convergen hoy en un huracán de atomización social, que arrasa con los modelos anteriores en decadencia.
Fruto de esta tendencia, propia de una dinámica histórica que, en su aspecto más positivo, aspira a desplazar moldes y costumbres arcaicas – como por ejemplo el patriarcado – surgen, en contrapartida, fuerzas identitarias reaccionarias, que intentan canalizar la sensación de vértigo e incertidumbre que sienten grandes conjuntos al ver trastocada una realidad que creían eterna, inamovible e irreemplazable.
Es en este escenario en el que reverdece el añejo ultraliberalismo – hoy rebautizado como “libertarianismo” – ofreciendo falsas salidas, abonando la destrucción del tejido social con características irracionales y fundamentalistas semejantes a las corrientes fascistas y los dogmatismos religiosos. La diferencia con éstas estriba en que la “libertad individual” es un argumento posiblemente más permeable y moderno para poblaciones cada vez más urbanas, renuentes a aceptar sin más paradigmas teocéntricos o derivados de una pertenencia común, sea ésta de clase, de nacionalidad o de cualquier otra índole.
El “todos contra todos”
Ante la segura resistencia del colectivo social a la ofensiva de la derecha, el poder constituido utiliza su vieja táctica de “divide y reinarás”. Desde el aparato de gobierno, hoy vocería del poder real, se difunden libelos que pretenden repartir culpas, identificando chivos expiatorios y fabricando nuevos enemigos internos para exculpar a los verdaderos promotores del desastre.
De este modo, la desnutrición que padecen los niños es, según la propaganda venenosa, causada por la erogación que supone la contratación de artistas populares por parte del Estado; el desfinanciamiento de la investigación científica y tecnológica obedece a la supuesta falta de logros tangibles; la quita de los subsidios al transporte público o a la energía, el retiro de medicamentos a enfermos de cáncer, la eliminación de los programas de fomento a los medios populares, el ajuste mortífero a los jubilados y pensionados son, en esta poco novedosa versión de la escuela económica austríaca, todas “medidas necesarias” para terminar con el déficit fiscal y desbaratar la presión impositiva que sufren los emprendedores. Así, lo que huele a Estado se identifica con podredumbre y degradación, trasladándose el estigma a todo aquel que defiende los sistemas de mediación, cooperación y protección social emanados de aquél. Es el desmoronamiento de toda noción colectiva y el derrumbe de la empatía. No por nada, en este regreso a la tan mentada “ley de la selva”, el actual mandatario pretende identificarse con un león, cuando en realidad es apenas un cordero, que habrá de ser políticamente sacrificado a su tiempo por sus mandantes, como en la fábula bíblica de Abraham.
Entre el engaño y la incertidumbre
Estupefacto y cada vez más enardecido, el pueblo argentino asiste, una vez más, a una colosal estafa electoral. El embuste se hace en nombre de una democracia tramposa que ha permitido, otra vez, que el pueblo sea engañado. La mayoría de quienes votaron por un “cambio” hoy se arrepienten que su voto sea utilizado para justificar la barbarie.
Pero eso no significa, que avalen o quieran continuar por la senda desgastada de un tibio y lento reformismo en el marco del mismo sistema que, en definitiva, no arrojó una transformación sustancial en la situación de las mayorías. Sobre todo, de los jóvenes arrojados a las fauces de la precarización digital.
Así, le pregunta que las y los argentinos se hacen es ¿qué será de nosotros? ¿Hacia dónde nos lleva este naufragio? Y sobre todo, ¿cuál es la alternativa? ¿Quién podrá orientar un mejor destino?
Para adivinar parte de la respuesta, habrá que mirarse al espejo.
El nuevo sujeto social, político e histórico
Los libros de historia escolares nos han acostumbrado a vitorear líderes y lideresas y a considerarles artífices de todo suceso histórico. Aun cuando la contribución de esas personalidades sea un elemento muy valorable, cabe comprender que el principal protagonista es siempre el pueblo, sin cuya acción y consentimiento ninguna transformación se produce ni perdura.
De este modo, la máxima que puede guiar a nuevos puertos es la participación protagónica en función del bienestar general. Reemplazar la competencia destructiva del “todos contra todos” por la colaboración que destila de un “todos por todos”, puede ser un buen comienzo y un aforismo simple pero contundente.
Sentir los sutiles hilos que nos conectan al conjunto humano, entender que no habrá progreso para nadie si este progreso no es compartido por todos y todas, afirmar la necesidad de un “socialismo de la felicidad”, son premisas que abrirán promesas sólidas de un futuro mejor.
Desde esta comprensión y emoción profunda podrá recomponerse el tejido social y surgirá el nuevo sujeto político como expresión emanada de una experiencia de cercanía con los y las demás.
Pero mirarse al espejo, implica ver más que simples siluetas y cuerpos. Si el cambio ha de ser verdadero, habrá de traspasarse la ilusión, producida por los sentidos, acerca de realidades externas independientes de los motores internos que rigen la vida de los conjuntos.
Habrá de comprenderse que las transformaciones sociales deben ser acompañadas por un cambio en las motivaciones, en las aspiraciones, en el propio sentido que los conjuntos humanos dan a su existencia. Sin ese cambio en la mirada, nos seguirán estafando una y otra vez. Y lo que es peor, nos estaremos estafando a nosotros mismos.
He venido publicando varias notas al respecto del narco en Costa Rica, la vinculación de estas mafias con las grandes élites político empresariales, las nocivas «propuestas» que se manejan desde el gobierno para detenerlo y que la solución a esta problemática está en la raíz, en las políticas neoliberales de empobrecimiento y miseria, mientras las mafias empresariales EVADEN, eluden y contrabandean.
Hoy, la SORPRENDENTE noticia de Diario Extra impacta, indigna y provoca el enfado de quien tenga dignidad y lea semejante situación que viven los arroceros, pero que también viven los indígenas, los pescadores artesanales, los micro, pequeños y medianos productores agropecuarios nacionales.
“Estoy arrimado donde mis hijos, pidiéndoles ¢5.000 para un jabón o un cepillo de dientes”, dice uno de los agricultores, y peor aún, ¡he tenido ganas de matarme!, dice otro agricultor, que para tratar de salir a flote recurrió al narcopréstamo de los prestamistas «gota a gota», esos mismos que sacaron a patadas de El Salvador.
Rodrigo Chaves Robles, flamante presidente de la República, entre sus primeros decretos como tal, exoneró del pago de impuestos a los tagarotes importadores de arroz, esos mismos que financiaron su campaña electoral, terminando el trabajo que empezó el Partido Liberación Nacional y el Partido Unidad con el Tratado de Libre Comercio, TLC, y que continuaron los gobierno del Partido Acción Ciudadana, PAC, todos son lo mismo.
Ya golpeados con el TLC, Rodrigo Chaves terminó de poner los «clavos en el ataúd» de los agricultores con su famosa «ruta del arroz», ruta que consistía en favorecer sus amigos, vagabundos que NO trabajan la tierra y se dedican a la importación. Estos tagarotes dejaron de pagar ₡7.600 millones de impuestos en sólo seis meses de entrada en vigencia del decreto de la Ruta del Arroz que bajó los aranceles de un 36% a un 5% y llevó a la ruina de los agricultores nacionales que SÍ trabajan la tierra. Con esto, el farsante de Rodrigo Chaves Robles dijo que nos beneficiaríamos con rebajo de precios para los consumidores… ¡¡MINTIÓ!!!
En el Semanario Universidad se indica que «Los importadores de arroz pilado dejaron de pagar ₡2.536 millones, entre ellos el financista de Chaves, Bernal Jiménez, que dejó de pagar ₡268 millones. Todos los importadores de arroz juntos suman una pérdida de ingresos al erario público de ₡10.400 millones.», mientras tanto, a los productores nacionales les «deberían recibir un saco de arroz a ¢27.375, no obstante, acusan que les compran el grano entre los ¢14.000 a ¢19.000. Además, los costos de producción por hectárea ascienden a ¢1.500.000 y, en el mejor de los casos, los agricultores recuperan un 20% de utilidad.» informa Diario Extra, esto a Rodrigo Chaves, el PLN, el PUSC, el PLP y NR no les importa.
¿Estamos ante un Narcoestado?
La definición más cercana define que el término narcoestado o narcoeconomía es un neologismo económico y político que se aplica a aquellos países cuyas instituciones políticas se encuentran influenciadas de manera importante por el poder y las riquezas del narcotráfico, cuyos dirigentes desempeñan simultáneamente cargos como funcionarios gubernamentales y miembros de las redes del tráfico de drogas narcóticas ilegales, amparados por sus potestades legales.
Veamos cómo está Costa Rica y saquen sus conclusiones.
Ya las cosas venían mal en este país; siguen mal y pintan peor. Tenemos uno si no el peor de los gobiernos de la historia reciente, pero no solo el gobierno toma malas decisiones, o no toma ninguna o toma las que toma con muy mala leche. Este grupito ha venido a empeorar la situación de los costarricenses, no hay duda. Podríamos sentarnos a llorar, pero con llorar no logramos nada.
Pero qué hace que este gobierno sea un desastre, cause los desastres que causa y nada pasa, los partidos políticos de oposición si es que hacen oposición, los sindicatos y organizaciones sociales, la sacrosanta intelectualidad de este país, nadie mueve un dedo, no pasamos de arrugar las narices y de seguir confinados en nuestro confort neoliberal, claro, pero con poses antineoliberales porque frente al mal debemos aparentar ser políticamente correctos.
Peor aún, el gobierno es un desastre, paraliza todo, pero hay un segmento de la población que le aplaude; si las encuestas están bien hechas, no lo sé, podríamos decir que el desastre y la parálisis gozan de legitimidad y de apoyo popular. No obstante, vemos a las derechas del PUSC y neoliberales descendientes del movimiento libertario con aires de triunfo. Están convencidos de que esta es su gran oportunidad. En río revuelto…
Hay que reconocerle al grupo que nos gobierna su genialidad. Aunque parezcan burdos, tontos no son. No más entrando al poder pararon todo desde el uso de mascarillas hasta la construcción de hospitales. Detuvieron obras viales importantes; la del Ministerio de Obras Públicas y Transportes ha sido de las peores en décadas y allí sigue el ministro como un mono agarrando el zapote. Ni qué decir sobre Educación y Salud.
Este gobierno acaba de dinamitar los programas de inversión social y condenar a miles de familias, de niños y de jóvenes, no solo a la pobreza sino a situaciones de riesgo que al cabo de un par de años pondrían a este país de rodillas frente al crimen organizado y el autoritarismo. El presidente llama a las familias pobres a asumir el sacrificio y nada pasa. Si yo les diera crédito a las conspiraciones creería que nos lavaron el cerebro, les echaría la culpa a las vacunas o a algún poder extraterrestre.
Tampoco bastan los editoriales y titulares de la prensa que también tienen responsabilidades en esta pérdida de conciencia colectiva. Hay que reconocer que, durante décadas, mientras el país avanzaba en educación, ciencias y cultura, estábamos dominados por una prensa empobrecida intelectualmente. Luego vino el desastre en educación, los contenidos de las redes sociales se volvieron más creíbles que los cuentos de la abuela, pero ya el daño estaba hecho.
Hemos llegado al punto de que un accidente paraliza el tránsito durante largas horas en cualquier vía de comunicación. El colmo es que la construcción de un puente paraliza a toda la región central del país durante meses. La parálisis no es solo mala planificación, aunque la desplanificación y el valeverguismo de los funcionarios sea resultado precisamente de la pérdida de sentido de la responsabilidad pública.
La parálisis en la que nos tiene este gobierno no es un accidente, no es un producto no previsto de la presente coyuntura histórica. No. Este gobierno sintetiza nuestra historia reciente, es hijo del desastre de fuerzas políticas y sociales que llenaron bancadas legislativas y ocuparon el gobierno en los tiempos del neoliberalismo.
Es el resultado cultural del empobrecimiento de la opinión pública hecho por la prensa de derecha, de la crisis de la educación gracias a gremios auto centrados en sus conquistas sindicales y cada vez más alejados de las congojas de los maestros y de las familias pobres, este gobierno nos está mostrando, dientes para afuera y sonrisa rechoncha, que es el resultado de una empobrecida cultura cívica, de una democracia anémica y de partidos partidos a pedacitos. Lo dicen, los vemos y les oímos, pero no abrimos los ojos. Pero la derecha va por su tajada.
Una naranja es una naranja o, no lo es, pero no existe otra tercera alternativa. Algo es verdad o, falso, únicamente. No obstante, el tico se ha ilusionado con creer que descubrió una tercera: Es tu opinión.
Hace suponer que algo puede ser cierto para el otro y, falso para mí, al mismo tiempo. Cuando evade reconocer la posibilidad de estar equivocado, de perder un beneficio o posición de poder, consigue, ilusoriamente, salirse de la realidad, a un mundo inexistente. Evade el resolver el camino pertinente para dirimir si algo es cierto o, no. Obstaculiza el progreso en el conocimiento, en construir mejores relaciones de cooperación.
“Es tu opinión”, es cercar al otro, con una amenaza sutil, para que se calle, para que abandone. Pero, es también un cerco alrededor de sí mismo, condenándose a un laberinto.
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