Ir al contenido principal

Óscar Aguilar Bulgarelli analiza coyuntura nacional y desafíos históricos de Costa Rica

En una reciente exposición en video, el historiador y analista doctor Óscar Aguilar Bulgarelli compartió sus reflexiones sobre la situación actual del país, haciendo un recorrido histórico y señalando los principales desafíos que enfrenta la sociedad costarricense.

Aguilar inició destacando la importancia de la memoria histórica para comprender los procesos sociales y políticos que han marcado a Costa Rica en las últimas décadas. Subrayó que la democracia costarricense, si bien ha sido reconocida como estable, atraviesa un periodo de desgaste y descontento ciudadano.

En su análisis, se refirió a la crisis de confianza hacia los partidos políticos, la pérdida de credibilidad de las instituciones y la creciente brecha social y económica. Aseguró que estos elementos constituyen factores de riesgo para la cohesión social y para la vigencia del modelo democrático costarricense.

El historiador recordó que Costa Rica ha enfrentado en el pasado situaciones críticas —como los conflictos sociales de los años 80 y la polarización frente a proyectos económicos como el TLC— y que de esas experiencias se deben extraer lecciones para el presente. Hizo un llamado a no repetir errores, especialmente aquellos que profundizan la desigualdad o debilitan la institucionalidad.

Otro de los ejes de su exposición fue el impacto del modelo económico. Aguilar cuestionó la excesiva dependencia del país hacia las exportaciones de zona franca y la concentración de la riqueza en pocos sectores. Planteó la necesidad de rescatar y fortalecer la producción nacional, en especial la agrícola, como base de la seguridad alimentaria y del bienestar social.

Finalmente, Aguilar advirtió sobre los riesgos de la polarización y el populismo, instando a la ciudadanía a ejercer un voto informado y crítico en los procesos electorales. Subrayó que el futuro democrático depende de la capacidad de construir consensos y de orientar la política hacia el bien común.

Le invitamos a ver el video.

Kioscos Socioambientales: 18 años de andanzas, luchas y esperanzas

Compartimos el mensaje de la Dra. Ilka Treminio Sánchez, integrante del Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica, pronunciado en la sesión ordinaria N.° 6940 del jueves 2 de octubre de 2025, con motivo de los aniversarios del programa Voces y Política en Radio Universidad de Costa Rica y del Programa Kioscos Socioambientales.

Kioscos Socioambientales celebra su mayoría de edad al cumplir 18 años de historia. El programa se creó en 2007 bajo el contexto de la lucha contra el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana. Aquellos primeros Kioscos informativos se constituyeron en espacios de diálogo y formación que alcanzaron a más de 100 comunidades, fortaleciendo la articulación entre la UCR y las organizaciones sociales.

Desde 2008, la experiencia se reorientó como Kioscos Ambientales, con proyectos de acción social enfocados en procesos comunitarios frente a problemáticas socioambientales. El trabajo abarcó territorios indígenas como el Bribri de Talamanca, comunidades fronterizas en Sixaola, zonas costeras en Puerto Viejo y Cocles, el Caribe Norte, Guácimo y Pococí, la Zona Norte en Upala, Guatuso y Los Chiles, así como el Pacífico Sur en Longo Mai y Palmar Sur.

En 2011 se consolidó oficialmente como el Programa Kioscos Socioambientales para la Organización Comunitaria, expandiendo su alcance e integrando de manera sistemática los tres pilares de la universidad: docencia, investigación y acción social.

La Dra. Treminio enfatizó que Kioscos ha logrado posicionar la necesidad de que el conocimiento científico dialogue con los saberes comunitarios y se ponga al servicio de la transformación social. A lo largo de estos 18 años, el programa ha generado vínculos sólidos con comunidades indígenas, campesinas, costeras y migrantes.

Además, ha tenido incidencia en políticas públicas y ha tejido lazos a nivel latinoamericano en temas como ecología política, pedagogías críticas, derechos humanos, territorialidad y metodologías de investigación acción participativa.

En la conmemoración se destacó que Kioscos es hoy el resultado de un proceso colectivo y sostenido entre la universidad y las comunidades, en defensa del territorio, la justicia social y ambiental. Su historia refleja la importancia de una acción social universitaria que no solo acompaña procesos locales, sino que también ejerce una voz crítica frente a los conflictos socioambientales que enfrenta el país.

Escuche el mensaje completo de la Dra. Ilka Treminio Sánchez en el siguiente enlace:

https://www.instagram.com/reel/DPUDDmFjsLf/?igsh=MXY3N21xMHpnMzZkNQ==

Kioscos y Voces y Política celebran aniversario

Comunicado

El próximo 8 de octubre Kioscos cumple 18 años, y será celebrado junto con el programa de radio Voces y Política de Radio Universidad, que también llega a sus 20 años al aire. Ese día habrá un programa especial a las 5:00 p.m.

Para quienes no lo recuerden, Kioscos nació en tiempos de lucha contra el TLC, como un espacio para informar y organizarnos. Después del 7 de octubre y el referéndum, decidimos continuar, enfocándonos en los temas socioambientales, donde encontramos mayor demanda y motivación organizativa en las comunidades.

En estos años hemos trabajado con cientos de comunidades que han defendido, incluso en las calles, el presupuesto, las plazas y la continuidad del programa. Entre recortes y conservadurismo hemos enfrentado muchas hostilidades, pero también hemos cosechado afectos, aprendizajes y victorias compartidas.

Foro sobre Economía Social y Solidaria impulsará el desarrollo sostenible en Costa Rica

La Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras del Banco Popular y de Desarrollo Comunal invita al Foro de Economía Social y Solidaria, un espacio de reflexión y diálogo para fortalecer el desarrollo sostenible de la Costa Rica del Bicentenario.

El foro se realizará el 9 de octubre de 4 a 8 pm.

Lugar: Auditorio, piso 1 de las oficinas centrales de JUPEMA, ubicado en calle 21, Av. 8 y 10, Barrio González Lahmann, San José. Es importante aclarar que no habrá parqueo en el lugar; sin embargo, en los alrededores se encuentran disponibles parqueos públicos.

Para participar, es necesario inscribirse en el siguiente enlace: Formulario de inscripción

El foro busca reunir a distintos actores sociales, comunitarios y productivos para impulsar propuestas y acciones que consoliden el modelo solidario como motor de desarrollo económico y social.

Juguemos a agentes 007

Rafael A.Ugalde Q.
Periodista, abogado y notario por la U.C.R.

Si bien es cierto el Colegio de profesionales en abogacía ya no es aquel ente -por diversas circunstancias innecesarias mencionar ahora- punto de referencia obligatorio en la confrontación de ideas nacionales para dar a los costarricenses posibles soluciones sobre el derecho humano a una jubilación digna a los y las abogadas, la mora judicial, afectación a sus litigantes por la justicia lenta y prolongada ,etc., ciertamente esperaba de este ente una reacción, como sucedió valientemente, respecto al intento de convertir a todos los notarios en una especie de “agentes encubiertos” a lo largo y ancho del territorio nacional.

El joven periodista, Vinicio Chacón, que no conozco, pero leo siempre sus ponderados trabajos en Universidad, nos ofrece una buena síntesis sobre cómo un oficio de la Dirección Nacional de Notariado DNN-UPLCFT-OF-0256-2025, con fecha del 11 de setiembre de 2025, nos amenazaba, en la práctica, con despojarnos de la función notarial y aplicarnos la ley contra drogas y terrorismo, si no cumplíamos con nuevas obligaciones; ver en https://semanariouniversidad.com/pais/direccion-de-notariado-y-colegio-de-abogados-reculan-en-imposicion-de-curso-para-notarios-sobre-reportes-de-operaciones-financieras-sospechosas/)

Confieso que el texto de la ordenanza de marras la leí seis veces, luego llamé a varios colegas para ver sí aún entendía lo que leía o, por el contrario, debía correr hacia el neurólogo o el siquiatra, porque había perdido en solo horas la capacidad de razonar. De feria – dicen que las “verdes” siempre vienen acompañadas – me llegó dicha resolución en la hora de almuerzo. Perdí la lengua en salsa.

La orden, desde el principio, no sé por qué me olió a comisionado acostumbrado a botar puertas en otros países, a capitán o capitana, coronel o coronela, que cumple disposiciones superiores sí o sí y es quien grita a sus subalternos “firmes carajo”: ¡apunten… fuego…1 Daba diez días para inscribirse en la plataforma del Instituto de Control de Drogas (ICD) y obligaba sí o si, a llevar un curso sobre el tema.

Lo refrescante de todo este intento de confundir la función notarial, el principio de rogación, el carácter de asesor neutral y objetivo de todo notario, etc.; (en las universidades serias como la U.C.R era y posiblemente sigue siendo una especialidad dura y de dedicación de muchas horas extras), es que los jerarcas de la DNN y el colegio de los profesionales en leyes dicen ahora que la orden “no constituye una disposición normativa”

No está descartado, por tanto, que a futuro tengamos una “disposición normativa” con nueva retórica insistiendo en el mismo objetivo de incorporar a los notarios y notarias obligatoriamente a tareas que corresponderían a los bancos costarricenses, a los países consumidores de estupefacientes y promotores de terrorismo y a los distintos órganos policiales. De momento, me parece valiente por parte del Colegio y la DNN, tratar de salvar la integridad física de los profesionales, víctimas en muchos países de las bandas y policías corruptas, a que me referiré más adelante.

Si bien es cierto el notario en el ejercicio de las tareas encargadas por el Estado es un funcionario público sujeto al “deber de obediencia”, evidente queda también en la Ley General de Administración Pública que esta sujeción tiene sus límites claramente precisados por aquellos diligentes Padre de la Patria que se quemaron el “coco” desde antes de 1978, dotando de regulación las relaciones entre la administración y los administrados.

El artículo 107.1 de la ley indicada señala que todo servidor público estará obligado a obedecer las órdenes particulares, instrucciones o circulares del superior, con las limitaciones que establece la normativa ut supra. De inmediato nos ordena no obedecer cuando el acto no provenga de un superior jerárquico sea o no inmediato.

Esta excepción tiene que entenderse en estrecha relación con el artículo 108 de la misma ley, cuando nos ordena el deber de desobedecer sí se presentan las siguientes circunstancias: a) Que la orden tenga por objeto la realización de actos evidentemente extraños a la competencia del inferior; y b) Que el acto sea manifiestamente arbitrario, por constituir su ejecución abuso de autoridad o cualquier otro delito.

He de confesar a este paciente lector que toda mi formación profesional es de carácter civilista, desde que estaba en la hoy escuela José María Zeledón de Miramar. Una vez la maestra me metió en un grupo llamado los “Cruz Verde” para que pusiera orden en la fila de niños que recibíamos pan con queso amarillo mandado por la Agencia Internacional para el Desarrollo (antigua y entonces diligente AID de Estados Unidos), me dio un brazalete y una gorrita, diciéndome: “quien se porte mal no tendrá pan con queso”.

Hasta allí llegó mi mandato como flamante “sheriff”. La gorrita me pareció una calamidad, porque dicho símbolo de autoridad y orden había que acomodarlo cada rato en la cabeza, el brazalete me quedaba nadando en el flacucho brazo derecho y, como si fuera poco. me parecía muy cursi; a la vez, en mi inocencia muy adentro de mi, había algo que me castigaba y no sabía qué era, cuando me preguntaba cómo me sentiría sí un compañero con el que religiosamente juego en el recreo grande y hacemos bulla en el aula, se quedara sin su pan con queso amarillo, porque su amigo lo “canto”.

La infiltración de los cuerpos policiales y el intercambio de información sensible de la población civil por parte de policías, militares y mafias deja miles de inocentes de todas las profesiones asesinados en Latinoamérica (F. New York Times).

Reconozco la labor loable de los policías rasos en el combate contra el narcotráfico y el terrorismo. Ellos, como los notarios, nos parecemos únicamente en que no viajamos con caravanas atrás, sirenas, estudios de inteligencia previo a un viaje derivado de los altos cargos ocupados, ni vamos a la casa con chofer asignado, atrás o muy cerca alguien hace de guardaespaldas, ni tenemos anillos de seguridad ni nada de eso. Somos rasos, en eso, solamente nos parecemos.

Por experiencias acaecidas en países vecinos, cuyos gobiernos han tratado arbitraria y sin mayor rigor científico revolver el ejercicio de profesiones liberales con actividades policiacas o militares, sabemos ya como dicho coctel siempre termina en tragedia. Miles de familias destrozadas, cientos de funcionarios públicos, abogados, médicos etc. eliminados y más de un millón de jóvenes víctimas del hambre, porque perdieron su manutención, mientras los burócratas responsables de tales ocurrencias, verdaderamente criminales, salvan de todas responsabilices al Estado, a fin de resguardar sus pellejos.

Durante un reciente juicio en que salió condenado el expresidente colombiano, Álvaro Uribe Vélez, quedó demostrado que el antiguo Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) colombiano -de paso, recordemos que, países de la región fueron asesorados y compraron servicios a él – no solo recopilaba importante información de carácter militar y policiales, sino además compartía sus datos sensibles sobre jueces, periodistas, abogados y funcionarios públicos en general con el ejército, narcotraficantes y paramilitares.

Esto permitió la infiltración de los poderes judiciales, el ejecutivo, el legislativo y casi todas las entidades por las cuales pasó el DAS; y si a ello agregamos el programa espía Pegasus, que en México, por ejemplo, negaron su existencia los gobierno conservadores antes de 2018, sus consecuencias hasta la fecha es una verdadera tragedia para todos los profesionales que ejercieron su trabajo vestidos de civil y sin ninguna capacitación policial.

Me temo que de algún lado vino la orden de enviar al matadero a estos inocentes profesionales esposos, padres e hijos, como parte de una planificada campaña de “sensibilización” sobre la inseguridad en las calles y la violencia generalizada como culpa solamente del narcotráfico y el terrorismo y no producto también del deterioro de las condiciones sociales y económicas defendido por los neoliberales.

A nuestros jueces asesinados, traslados de su región por amenazas recibidas, así como a aquellos abogados y notarios muertos en su función honesta, mi admiración como un simple ciudadano vestido de civil. Nota importante: Este reconocimiento a ellos es a título personal y en ningún caso– quede muy claro – sustituye el lazo negro como agremiados puestos en los edificios correspondientes cada vez que uno de ellos o ella cae, ni el sentido pésame a vuestras familias, seguramente ya recibido de las manos de los jerarcas administrativos.

Costa Rica respalda el plan de Trump para Gaza… ¿y la paz real?

El Gobierno de Costa Rica anunció su apoyo al Plan de 20 puntos de Donald Trump para Gaza y Medio Oriente, presentándolo como un paso hacia la paz. Pero ¿qué hay detrás de esta propuesta?

El Observatorio de Bienes Comunes analiza críticamente cómo el plan:

  • Reproduce lógicas coloniales que silencian la voz del pueblo palestino.

  • Establece una reconstrucción y gobernanza bajo tutela extranjera.

  • Jerarquiza vidas en un conflicto donde los más afectados son las mujeres e infancias de Gaza.

  • Pone en tensión la tradición pacifista histórica de Costa Rica.

Desde una mirada decolonial y educativa, exploramos por qué esta “paz” no garantiza justicia ni autodeterminación.

Lea el análisis completo y forme su propia opinión: https://bienescomunes.fcs.ucr.ac.cr/cuando-la-paz-es-colonial-trump-impone-su-plan-para-gaza-con-el-reconocimiento-de-costa-rica/

Bukele, Chaves, el TSE y la campaña política

Dr. Oscar Aguilar Bulgarelli

Cuando uno creé que lo ha visto todo, que ya nada lo sorprenderá, algo impensable sucede que nos sacude fuertemente. El pasado miércoles 17 de setiembre en el show habitual del comediante presidencial, se emitió un video del dictador y déspota salvadoreño Nayib Bukele, alabando el gobierno como el que sueña su homólogo en Costa Rica… ¡nos libre Dios!

La alabanza del carcelero salvadoreño Bukele, se fundamentó en que su cuasi discípulo Rodrigo Chaves anunció el financiamiento de la cárcel de seguridad en Costa Rica y la supuesta instalación operativa de los escáneres donados por los Estados Unidos, pero que no pueden operar todavía, por la incompetencia del gobierno. Pero lo verdaderamente grave, lo que no puede permitirse, es que se entrometiera en nuestra campaña política, pidiendo el voto para los candidatos oficialistas, como si fuera un costarricense más.

Tanto el Bukele, que tengo claro no es más que el nuevo dictador salvadoreño, como Rodrigo Chaves, cuyas bacanales mentales lo hacen soñar con ser dictador en Costa Rica; se equivocaron totalmente. El mal imitador de Francisco Morazán debe saber que, de acuerdo con nuestra Constitución Política, como extranjero tiene prohibido participar u opinar sobre nuestros asuntos políticos, pero además, por su pseudo investidura de presidente democrático de otro país, debe respetar las formas y normas de las relaciones diplomáticas internacionales y, como tal, le digo en buen francés: ¡fermé ta goulde!, que en buen tico se podría traducir como: cierra el h… pico.

En el caso de Rodrigo Chaves y sus “bacanálicas” pretensiones de ser dictador, debo recordarle que el jueguito que ha tenido durante tres años y medio de hacer campaña política y ser beligerante a diestra y siniestra, se acabó. Ahora entramos en el periodo oficial de campaña política, y al igual que en las diez y siete campañas políticas anteriores, el gobierno tiene prohibido hacer campaña política como usted, desacatando la ley, lo ha hecho. Se acabó Rodrigo Chaves que, a cada inauguración de obras construidas o iniciadas en otro gobierno, proyectos inexistentes, puentes sobre una acequia o el primer ordeño de una vaca, lleguen sus achichincles ministeriales con Laura Fernández y su teatro de marionetas delincuenciales, disfrazados de candidatos a diputados, a querer participar en sus bacanales de poder. Si, se acabó, y como dicen en lenguaje popular, de ahora en adelante… calladitos más bonitos.

Espero que el TSE, de una vez por todas, ponga orden. Porque con el cuento que solo puede intervenir por posible beligerancia política si hay una denuncia, se ha hecho de la vista gorda en muchos casos que, incluso, fueron denunciados por varios ciudadanos, yo entre ellos, desde hace seis meses; pero quedaron en la gaveta de una ineficiente e inoperante Inspección Electoral, para darle un trato menos rudo del que merece. Y digo lo anterior porque, el artículo 102, inciso 5, de la Constitución Política dice textualmente: “Investigar por si o por medio de delegados, y pronunciarse con respecto a toda denuncia formulada por los partidos sobre parcialidad política de los servidores del Estado en ejercicio de sus cargos, o sobre actividades políticas de funcionarios a quienes les esté prohibido ejercerlas…”. Sí, señores Magistrados, ustedes deben actuar ante denuncias…pero dice el artículo, pero primero y antes que nada investigar por si, o sea por ustedes mismos, por su propia acción, por su propia iniciativa, por su propia decisión, e incluso hilando más fino en la definición del RAE, “por si acaso” hay una acción ilegal de posible beligerancia o parcialidad política. Pero no lo hicieron, escondieron la cabeza como el avestruz; si, eso lo reclamo como ciudadano, y espero que de ahora en adelante asuman su responsabilidad.

Me pueden señalar por hacer este comentario crítico al TSE, órgano que para muchos resulta casi intocable. Personalmente dejé de creer en su infalibilidad hace cuarenta años y he sido crítico de su accionar en varias ocasiones, como consta en varios de mis libros. Creo que son seres humanos, susceptibles de equivocarse, salvo cuando se convierten en simples contadores de votos. Por eso los ciudadanos debemos estar atentos, reclamar nuestros derechos y la manera correcta y eficiente de salvaguardarlos sin miedo, especialmente en unas elecciones que se presentan atípicas.

Los demócratas debemos exigir ya a los candidatos que asuman posiciones firmes, que tomen el liderazgo que el país reclama contra esa banda de mentalidad autocrática que nos quiere robar nuestra democracia liberal, para imponer un régimen de extrema derecha estilo Bukele, Trump o Milei que, por medio de una autocracia electoral acabe de un tajo con nuestro estado social de derecho, las garantías sociales, la educación y cultura para todos, la conservación de la naturaleza y nuestra paz, que es lo que nos hizo grandes ante el mundo.

Si costarricenses, esta elección no es la más importante, es la definitiva; por eso, o nos pellizcamos para despertamos del letargo, y también pellizcamos a los “básicos de Pilar Cisneros y Chaves” para que se den cuenta del engaño sufrido estos tres años y medio, o nos llevará el pisuicas…y su banda.

Genocidio

José Manuel Arroyo Gutiérrez

         La normativa internacional. El delito de genocidio fue incorporado al derecho internacional mediante la aprobación y entrada en vigencia de la Convención de Naciones Unidas para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio.[1] Su descripción típica incluye “…todos los actos cometidos con el propósito de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso” y describe como acciones específicas constitutivas de la conducta delictiva: (a) Matanza de miembros del grupo; (b) Atentado grave contra la integridad física o mental de los miembros del grupo; (c) Sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física total o parcial; (d) Medidas destinadas a impedir los nacimientos en el seno del grupo; y (e) Traslado forzoso de niños del grupo a otro grupo. (Artículo II).

         Esta figura penal es dolosa, es decir, su perpetración supone una “intención probada” de destruir físicamente a un grupo, siendo que la Convención entra a señalar las modalidades de comisión a ser castigadas: (a) El genocidio; (b) La asociación para cometer genocidio; (c) La instigación directa y pública a cometer genocidio; (d) La tentativa de genocidio; (e) La complicidad en el genocidio. (Artículo III).

         La competencia para el juzgamiento del genocidio y figuras asociadas la tiene el tribunal competente del Estado en cuyo territorio se haya cometido el acto, o ante la corte penal internacional que sea competente conforme a los estados-parte que hayan reconocido su jurisdicción. (Artículo IV).

         Finalmente, la comisión de este delito admite como posible agente de la acción o conducta a la persona individual, sea como autor directo, como instigador o como cómplice.

         La normativa nacional. El tipo penal de genocidio fue vertido casi literalmente a la legislación interna de Costa Rica mediante artículo 382 del Código Penal vigente (1970).[2] Prevé una sanción entre 10 y 25 años de prisión, a quien tome parte con propósito homicida, en la destrucción total o parcial de un determinado grupo de seres humanos, por razón de su nacionalidad, raza, o creencia religiosa o política.[3] Con idéntica pena sanciona las conductas particulares de quien: (1) Causare a los miembros de esos grupos graves daños corporales o psíquicos; (2) Colocare a dichos grupos en condiciones de vida tan precaria (sic) que haga posible la desaparición de todos o parte de los individuos que los constituyen; (3) Tomare medidas destinadas a impedir los nacimientos dentro de esos grupos; y (4) Trasladare, por medio de fuerza o intimidación, niños de uno de esos grupos a otros distintos.[4]

         La génesis del concepto. El principal impulsor del concepto genocidio [del griego genus (raza, tribu) y el latín cidio (matanza, masacre)], fue Raphael Lemkin, jurista polaco-judío, quien por vez primera lo acuñó en su libro El Poder del Eje en la Europa Ocupada, publicado en los Estados Unidos de América en 1944, testimonio en el que denuncia los crímenes cometidos por los nazis en Europa.

         Para el criminólogo neozelandés Wayne J. Morrison, “El problema de Lemkin era que ninguna terminología adecuada del crimen cubría los datos que él estaba recibiendo. Las doctrinas tradicionales sobre las leyes o la guerra se basaban en la noción de que estas últimas se libraban entre Estados, en tanto que el Estado alemán estaba librando una guerra contra pueblos, bajo una ideología de superioridad biológica y limpieza racial, y reestructurando Europa. El objetivo nazi no era meramente la derrota de los enemigos del Estado, sino la reorganización biológica de Europa y, más tarde, el establecimiento de un nuevo orden mundial.”[5]

         Aparte de este señalamiento esencial de Morrison en tanto el genocidio es una acción dirigida contra poblaciones determinadas, respecto de las cuales cabe responsabilidad de dirigentes y líderes políticos, insiste en que los alemanes nazis tenían a los civiles como blanco deliberado, se trataba de destruir los elementos esenciales de la vida de ciertos grupos nacionales, destruyendo sus instituciones políticas, sociales, culturales; también su idioma, su seguridad personal, y por supuesto, su vida, libertad, salud y dignidad.

         Para ilustrar la barbarie del fenómeno genocida, el mismo Morrison hace un inventario de al menos 20 genocidios en el mundo, los más graves, durante el siglo XX. Recogemos los que nos han parecido los peores: (1) Entre 1885 y 1908, se exterminó a 8 millones de nativos congoleños del Estado Independiente del Congo, a manos del régimen de Leopoldo II de Bélgica. (No reconocido por la ONU); (2) Entre 1915 y 1922, al menos 1 millón y medio de armenios de Turquía fueron exterminados por los nuevos turcos surgidos del colapso del Imperio Otomano. (Reconocido por la ONU); (3) Entre 1932 y 1933 murieron 38 millones de ucranianos por hambruna impuesta por el gobierno stalinista de la Unión Soviética. (No reconocido por la ONU); (4) Entre 1939 y 1945 se masacró a 6 millones de judíos europeos y a otros 5 millones de gitanos, discapacitados, homosexuales y otros, por parte del régimen nazi de Alemania. (Reconocido por la ONU); (5) En 1965 fueron eliminados físicamente alrededor de 600 mil militantes comunistas por parte del gobierno de Indonesia. (No reconocido por la ONU); (6) En 1971 se calcula que entre 2 y 3 millones de bengalíes de Paquistán Oriental fueron asesinados por el Gobierno Pakistaní. (No reconocido por la ONU); (7) Entre 1975 y 1979 murieron 2 millones de camboyanos a manos del Gobierno de los Jemeres Rojos. (Reconocido por la ONU); (8) En 1995 fuerzas militares servio-bosnias mataron a cerca de 8 mil hombres civiles musulmanes, en la ciudad de Srebrenica, supuestamente bajo protección de los Cascos Azules de Naciones Unidas. Este fue solo un episodio de muchos otros. (Reconocido por la ONU); (9) En 1994 se dio muerte a más de 800 mil personas de la etnia tutsi de Ruanda por parte de milicias de la etnia hutu y soldados del gobierno. (No reconocido por la ONU).[6]

         En América Latina, los hechos más cercanos a genocidios han ocurrido con la masacre perpetrada por el gobierno paraguayo contra el pueblo indígena aché (1972), así como la política de exterminio llevada a cabo contra poblaciones aborígenes por regímenes militares guatemaltecos (1965-1992) y los desaparecidos por razones políticas en Argentina, Uruguay y Chile (1970-1980).

         Genocidio en Gaza. Frente a nuestros ojos, en todo tipo de pantallas, se revela una realidad que evidencia el desarrollo de un genocidio en toda regla. El gobierno del Estado israelí, encabezado por Netanyahu, su gabinete y el ejército de ese país, han puesto en práctica una estrategia de agresión indiscriminada que pretende destruir un grupo nacional, el pueblo palestino, mediante matanzas, atentados contra la integridad física y psicológica de las víctimas, sometiéndolas a condiciones de vida que procuran su aniquilamiento dando muerte a mujeres y niños, y obligando a una expulsión forzada de sus tierras. Todo va dirigido, como lo hicieron los nazis con los judíos, contra un pueblo, una etnia y una cultura. Estas acciones han producido ya, según cálculos conservadores 65 mil asesinados, incluidos más de 20 mil niños y niñas; se realizan constantes bombardeos y destrucción de viviendas, hospitales y escuelas, campos de refugio y ametrallamiento de personas mientras hacen fila para obtener alimentos. No puede caber duda de que se trata de un conjunto de acciones dolosas dirigidas al exterminio de los palestinos para consumar una limpieza étnica y cultural. Bajo ningún concepto de derecho penal internacional puede negarse que estas conductas criminales son técnicamente típicas del delito de genocidio.

         No es de recibo tampoco la alegación de que esto es una “defensa propia” originada en el ataque terrorista de Hamas en octubre de 2024. El derecho penal común contempla los límites de la legítima defensa, obligando a respuestas proporcionadas y razonables, prohibiendo los excesos en toda acción defensiva. Además, el conflicto palestino-israelí no surgió hace un año. Ya son siete décadas en que, como medida agónica del colonialismo inglés, se impuso la creación del Estado de Israel, iniciándose de inmediato las estrategias de despojo y exterminio, más allá del territorio concedido, contra las posesiones territoriales de Palestina. Una solución adecuada, en estos momentos avalada por la inmensa mayoría de naciones del mundo, será la creación y reconocimiento de un Estado Palestino al lado del Estado de Israel.

         Es inadmisible, finalmente, la estrategia propagandística del Estado agresor, acusando de antisemitismo cualquier crítica que se haga a Israel. Los responsables de este genocidio son los militantes de una ideología sectaria llamada sionismo, supremacistas blancos, de extrema derecha y fanáticos del mito bíblico del pueblo elegido, que no puede ser asimilado, bajo ningún concepto, al pueblo y cultura judía.

[1] Emitida el 9 de diciembre de 1948. Entró en vigencia el 12 de enero de 1951. Costa Rica firmó adhiriéndose a esta Convención el 14 de octubre de 1950. El Estado de Israel la firmó el 9 de marzo de 1950. La Delegación Palestina se adhirió el 2 de abril de 2014. Los Estados Unidos de América se adhirió el 25 de noviembre de 1988.

[2] El autor de este artículo no encontró evidencia de que el tipo penal de genocidio fuera incorporado a la legislación interna antes de la emisión del Código Penal de 1970.

[3] El tipo penal costarricense en comparación con el texto de la Convención agrega, en este encabezado, el “propósito homicida”, elimina la razón por “etnia” y agrega la razón “política”.

[4] Este mismo tipo penal nacional, prácticamente es copia literal del Artículo II de la Convención de Naciones Unidas, con la única diferencia que no incluye el supuesto 1) de la Convención referido a causar “Matanzas” de los grupos aludidos, probablemente por darse por supuesto en el encabezado de la versión vernácula el “propósito homicida”.

[5] Morrison, Wayne; Criminología, civilización y nuevo orden mundial; Antrophos Editorial; Barcelona, 2012.npp. 86-93.

[6] Ibid., p. 94.

La crisis de la socialdemocracia: entre la irrelevancia y el olvido

Mauricio Ramírez

Mauricio Ramírez Núñez
Académico

La socialdemocracia, alguna vez presentada como síntesis entre el marxismo y la democracia liberal, como esa “tercera vía” que prometía un camino intermedio, ha quedado atrapada en un laberinto sin salida desde la proclamación del supuesto “fin de la historia” de 1991. En aquel momento, fue absorbida por el totalitarismo liberal ganador de la Guerra Fría que, disfrazado de pluralismo y falsa horizontalidad, la despojó de su núcleo original: la defensa de las grandes mayorías trabajadoras, campesinas, cooperativistas y de los sectores populares.

De aquel proyecto que aspiraba a constituirse en alternativa real frente al capitalismo salvaje, apenas subsiste una sombra. La socialdemocracia se desplazó hacia un progresismo cultural que, en lugar de reforzar la base social y económica de los pueblos, se volcó a la defensa de agendas propias del liberalismo individualista: la fragmentación de derechos en torno a minorías culturales, la mercantilización del consumo como identidad y una política reducida a gestos y banderas simbólicas. En lo económico, mutó en una versión moderada del neoliberalismo, legitimando la apertura indiscriminada de mercados, la subordinación al capital transnacional y la lógica devastadora de la globalización occidental.

La fórmula tantas veces repetida “abiertos en lo económico y progresistas en lo social”, no es más que un disfraz del neoliberalismo más acérrimo. Se ofrece con un rostro amable, igualitario y moderno, pero en la práctica reproduce la misma concentración de poder en las élites económicas y políticas de siempre, mientras concede migajas de justicia cultural que maquillan la desigualdad estructural.

Sin un retorno a las raíces, a la tradición y a un mestizaje ideológico con lo propio, con la memoria histórica, las formas comunitarias, las identidades populares y los valores autóctonos, como existió en Costa Rica en su momento, la socialdemocracia está condenada a la muerte política. Su alejamiento de los pueblos y la adopción de agendas ajenas a su realidad en nombre del falso progreso, la arrastra a un vacío existencial donde solo prospera el nihilismo: un discurso hueco de inclusión sin sustancia, una socialdemocracia zombi, un progresismo incapaz de transformar, y una economía que perpetúa las cadenas del capital.

Una ideología que no logra arraigarse en la historia concreta de los pueblos, que no dialoga con la tradición ni se mezcla con lo propio, termina por perder vitalidad y horizonte. La socialdemocracia, en su versión actual, ha dejado de ser alternativa para convertirse en mera administradora del mismo sistema que afirmaba combatir. Si no ocurre un retorno a las raíces y una reconciliación con las verdaderas demandas de las mayorías, su destino será la irrelevancia y el olvido.

El capital, mientras tanto, ha sabido estudiar a fondo a sus adversarios históricos y extraer de ellos lecciones para neutralizarlos, incorporando parte de sus banderas como medidas preventivas y desarmando así cualquier posibilidad de cambio real.

Hoy, esta corriente que en su momento fue rebelde debe ir más allá y dejar de creer que con publicar algo en redes sociales o participar en un acto performativo es “hacer resistencia”, mientras la vida material del pueblo se deteriora en todos los aspectos.

La verdadera resistencia no se construye en la virtualidad ni en gestos simbólicos de una curul, sino en la organización concreta, en la recuperación de la soberanía política y económica, y en la reconstrucción de un proyecto arraigado en la memoria del pueblo. Sin ese salto cualitativo, la socialdemocracia seguirá siendo un actor ornamental del sistema que dice cuestionar, destinada a diluirse entre la irrelevancia y el olvido.

Academia Morista Costarricense invita a acto conmemorativo del magnicidio de Juan Rafael Mora

La Academia Morista Costarricense invita al público en general a participar en el acto conmemorativo del magnicidio de Juan Rafael Mora Porras, expresidente y héroe nacional.

La actividad contará con una conferencia magistral a cargo del Dr. Tomás Federico Arias Castro y con el estreno mundial de la obra musical “Armando el Magnicidio”, del compositor Mario Alfagüell.

Fecha: Martes 30 de setiembre, 2025
Hora: 6:30 p.m.
Lugar: Foyer del Teatro Nacional
Entrada gratuita.