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40 diputaciones. Sí, pero no chavistas

Gerardo Hernández Naranjo

Esa debería ser la meta de todas las fuerzas y personas democráticas para detener el populismo autoritario y recuperar la ruta de la democracia y el desarrollo con justicia social.

La Fracción Frente Amplio ha demostrado ser la única oposición consistente al chavismo y por ello debe seguir teniendo un lugar aún más fuerte en la próxima Asamblea Legislativa, junto a otras fuerzas democráticas.

Sólo Ariel Robles Barrantes ha demostrado una posición capaz de enfrentar tanto al #autoritarismo chavista generador de odio y división, como al #neoliberalismo que empobrece, genera desigualdad, debilita los servicios públicos (agua, educación, salud, seguridad, etc.), destruye derechos y deteriora cada vez más la calidad de vida.

Cerremos filas con él y construyamos en conjunto una #AsambleaLegislativa pluralista, de fuerzas que renueven nuestra vida democrática y comprometidas con nuestro Estado Social de Derechos.

Es posible, porque somos la inmensa mayoría de electoras y electores los que no estamos apoyando al chavismo: si consideramos la encuesta del CIEP de octubre, la candidata oficialista solo tendría el apoyo del 16,75 % del Padrón y solo el 25% de las personas decididas a votar (1 de cada 4).

Pero la fragmentación favorece al oficialismo, posicionándolo como una aparente mayoría cuando solo es la minoría más grande.

Únicamente la articulación de fuerzas democráticas puede hacerle frente. Y esa articulación debe venir de la ciudadanía, de las y los electores indecisos o que han pensado en no votar.

El poder estratégico del voto de cada uno y cada una crece en estas circunstancias, por encima de los partidos, pues las simpatías partidarias se han reducido a un +-15% de las y los electores.

Si el populismo autoritario chavista es personalista, la articulación de fuerzas democráticas debe darse alrededor de la candidatura más idónea para hacerle frente y sobrepasarlo.

Desde mi punto de vista Ariel Robles Barrantes es la candidatura idónea por muchas razones:

-porque ha demostrado que la juventud puede hacer política de la buena y debemos romper el marco adultocentrista si queremos que algo cambie;

– por su capacidad de diálogo, escucha y negociación comprobadas en su carrera política;

-porque como «pezeteño» viene de una zona y sensibilidad distinta al Valle Central, que le permite una lectura más integral de las necesidades de la gente y de los retos del país, tanto en las zonas rurales como en las ciudades;

– porque ha estado participando activamente en las grandes luchas, acciones colectivas y movimientos sociales de este país en lo que va de este siglo XXI: combo ICE, no al TLC, Combo fiscal, luchas regionales en defensa de los ríos y el ambiente en general, luchas por los derechos humanos, gentrificación, luchas del sector agropecuario, etc.

-porque no tiene el lastre de corrupción, ni de improvisación que cargan candidaturas de otras fuerzas políticas;

– porque le ha presentado al país un programa de gobierno serio y consistente, que constituye una muy buena base para construcción de acuerdos multisectoriales y multipartidistas de política pública y cambios institucionales que nos vuelvan a encausar por la ruta del desarrollo con justicia social y convivencia democrática, que todas y todos merecemos;

-porque ha tenido la fuerza y contundencia para denunciar y evidenciar la corrupción, la ineficiencia, las mentiras y discursos de odio del actual gobierno.

Y muchas más razones.

El reto está frente a nosotros y nosotras como ciudadanía, como electoras y electores en nuestras familias, grupos y comunidades. Nos toca a nosotr@s dar el paso porque difícilmente lo darán los partidos como tales.

¿Se apuntan?

Informe identifica competencias clave para fortalecer el desarrollo local sostenible

El proyecto internacional Tuning TODOS – Transformación para el Desarrollo Local Sostenible publicó un diagnóstico regional que analiza las competencias transversales necesarias para impulsar el desarrollo local sostenible en comunidades de Costa Rica, Cuba y Mozambique. El estudio ofrece insumos estratégicos para fortalecer la vinculación entre universidades y territorios, así como para orientar procesos formativos pertinentes y contextualizados.

El informe —realizado por universidades de América Latina, el Caribe y África— examina tres competencias centrales para el desarrollo local sostenible: liderazgo, emprendedurismo y comunicación con uso de tecnologías digitales. El documento destaca que, pese a las diferencias culturales y económicas entre los países participantes, existen patrones comunes en las necesidades formativas que comparten las comunidades consultadas. El informe fue Elaborado por la Universidad Estatal a Distancia de Costa Rica (UNED) con contribuciones del Instituto Tecnológico de Costa Rica (TEC), Universidad de la Habana (UH), Universidad de Artemisa (UA) también de Cuba, Universidade Joaquim Chissano (UJC) de Mozambique, y Universidade Lurio (UniLurio), también de Mozambique.

Entre los elementos compartidos se encuentran la importancia del trabajo colaborativo, la planificación con visión estratégica, el fortalecimiento de habilidades para la resolución de problemas y la necesidad de integrar conocimientos técnicos con las capacidades sociales y comunitarias.

En el ámbito del emprendedurismo, el estudio subraya la creatividad, la resiliencia, la motivación, el análisis crítico de problemas reales y la gestión administrativa y financiera como componentes esenciales para promover iniciativas locales sostenibles. También se resaltan elementos diferenciales por país, vinculados al marco normativo, al acceso a tecnologías y a la articulación con actores institucionales.

La competencia comunicativa es otro eje fundamental. El diagnóstico señala la necesidad de fortalecer la alfabetización digital, la comunicación clara y adaptada a distintos públicos, así como habilidades interpersonales, escucha activa y construcción de redes comunitarias.

El informe también dedica una sección a las recomendaciones metodológicas para la realización de diagnósticos similares, enfatizando el valor de los procesos participativos, la diversidad de actores consultados, el respeto a los contextos socioculturales y el uso ético de la información. El proyecto destaca que estas prácticas contribuyen a generar vínculos sólidos entre las universidades y los territorios, y fortalecen la toma de decisiones en materia de desarrollo local.

Las conclusiones del estudio apuntan a la necesidad de que las instituciones de educación superior integren el enfoque de desarrollo local sostenible en sus políticas, fortaleciendo la continuidad de proyectos comunitarios y la formación de liderazgos locales. Además, subraya la relevancia de que cada territorio avance en la construcción de su propia estrategia de desarrollo, con acompañamiento académico y participación ciudadana.

El informe completo puede descargarse en SURCOS:
https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2025/12/Informe-Diagnostico-necesidades-des-sost.pdf

Al final del documento se incluyen enlaces a los informes nacionales de Costa Rica, Cuba y Mozambique.


RESUMEN DEL DOCUMENTO

  • El diagnóstico analiza las competencias transversales clave para el desarrollo local sostenible en tres regiones: América Latina, el Caribe y África.

  • Evalúa tres competencias principales: liderazgo, emprendedurismo y comunicación con uso de TIC.

  • Identifica similitudes entre países, como la importancia del trabajo en equipo, la planificación estratégica, la creatividad, la alfabetización digital y el fortalecimiento de capacidades comunitarias.

  • Señala diferencias asociadas a los contextos locales, relacionadas con normativas, metodologías formativas, brechas tecnológicas y necesidades específicas de cada territorio.

  • Recomienda metodologías participativas y culturalmente pertinentes para futuros diagnósticos.

  • Concluye resaltando el papel estratégico de las universidades en la construcción de capacidades locales y en la promoción del desarrollo sostenible.

  • El informe incorpora recomendaciones para fortalecer la relación entre instituciones educativas, comunidades y gobiernos locales.

Comunicado del Partido Vanguardia Popular – PVP por el Día Internacional contra la Corrupción

Este 9 de diciembre, Día Internacional contra la Corrupción, el Partido Vanguardia Popular levanta su voz para denunciar que la corrupción no es un hecho aislado ni un simple “mal comportamiento” de algunos funcionarios, es una consecuencia directa del sistema capitalista neoliberal, diseñado para enriquecer a unos pocos a costa del trabajo, los derechos y la dignidad de los pueblos. A esto se suma la injerencia imperialista que, bajo distintos disfraces, penetra nuestras instituciones, manipula decisiones nacionales y fomenta modelos económicos que abren las puertas a las privatizaciones, el saqueo y la impunidad.

Costa Rica vive hoy las consecuencias de ese sistema corrupto y decadente, privatizaciones disfrazadas de modernización, negocios oscuros, congelamiento salarial, persecución a quienes defienden lo público y una élite que pretende convertir nuestras instituciones en botín político y económico.

Frente a esta realidad, llamamos al pueblo costarricense a organizarse, a unirse y a luchar. Solo la fuerza consciente del pueblo puede enfrentar y derrotar la corrupción estructural del sistema impuesto a nuestro país.

Desde el Partido Vanguardia Popular llamamos, ¡A construir juntos la fuerza del pueblo para derrotar la corrupción y levantar una sociedad nueva, con justicia y democracia reales para nuestra patria!

Partido Vanguardia Popular – PVP
¡Unidad, organización y lucha!

La fe no se instrumentaliza: Un llamado desde la Navidad

Glenm Gómez Álvarez
Sacerdote y periodista

La Navidad es, siempre, una invitación a pensar. La encarnación —el misterio de Dios hecho hombre— ilumina nuestra mirada sobre la vida, al incorporar en nuestra historia una lógica distinta, hecha de cercanía, de verdad y de misericordia. Cuando el Evangelio proclama: “Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros” (Jn 1,14), afirma algo decisivo: Dios entra en nuestra experiencia humana sin reservas, comparte nuestra fragilidad y camina con nosotros en lo cotidiano.

Esa presencia cambia la forma de estar en el mundo porque nos enfrenta a una verdad imposible de eludir: si Dios tomó en serio la condición humana, nosotros no podemos vivirla con superficialidad. La encarnación nos recuerda que el poder se ejerce de otro modo, que la dignidad de cada persona es inviolable y que nuestras relaciones solo encuentran sentido cuando se construyen desde la responsabilidad y el cuidado mutuo.

Este marco resulta especialmente pertinente en Costa Rica, en medio de un proceso electoral que pone a prueba nuestra convivencia social. En momentos así, cuando proliferan interpretaciones interesadas de Jesús y de su mensaje, la Navidad nos llama a volver a su verdad. Desde esa claridad, se abre un espacio para discernir con más lucidez: cuidar la dignidad de la palabra, fortalecer la transparencia en nuestras relaciones y sostener la esperanza compartida que hace posible la vida en común.

En ese discernimiento emergen dos tentaciones recurrentes: La primera es la neutralización simbólica, frecuente en ciertos discursos progresistas. No rechazan a Jesús, pero lo diluyen: lo presentan como un humanista inofensivo, compatible con todo y, por lo mismo, exigente con nada. Un Jesús culturalmente cómodo, siempre que no cuestione ni incomode. Es un Jesús “sin encarnación”: estético, no transformador.

La segunda tentación aparece en algunos discursos de quienes se autoproclaman “conservadores”. Realizan la operación contraria: la apropiación. Se adjudican una custodia exclusiva de Jesús y lo convierten en un arma cultural, como si defender la fe fuera equivalente a defender su propia agenda ideológica. Se proyectan como cruzados modernos, convencidos de que proteger el Evangelio es lo mismo que proteger sus posiciones. Es un Jesús “militante”: útil, pero distorsionado.

Ambos movimientos —la neutralización y la apropiación— comparten un mismo error epistemológico y espiritual: buscan que Jesús legitime una agenda previa. Pero la encarnación no respalda ideologías: las desborda. No se alinea con progresistas ni con conservadores: confronta a ambos. Y no permite convertir el discurso religioso en munición retórica sin degradarlo en el proceso.

Conviene hacer una aclaración necesaria: no se trata de expulsar el Evangelio de la conversación pública. De él brotan implicaciones éticas profundas, con consecuencias humanas y sociales que interpelan por igual a todos. La dignidad de la persona, el bien común, la opción preferencial por los pobres, la solidaridad, la subsidiariedad, la justicia, la paz y el cuidado de la creación no pertenecen a la derecha ni a la izquierda; pertenecen al Reino.

Pero una cosa es dejarse iluminar por el Evangelio, y otra muy distinta pretender domesticarlo para que respalde nuestras posiciones. La Navidad, con su sobriedad y su lenguaje de humanidad concreta, nos recuerda precisamente eso: que Jesús no es un argumento, sino una persona; que su palabra no es un arma, sino un llamado; que su presencia no respalda trincheras, sino que las relativiza.

En el país se habla mucho de unidad —es la consigna de moda—, pero esa unidad es inviable mientras Cristo, el único capaz de sostenerla, sea reducido a una pieza más dentro de un tablero que solo pretende ganancias. Quizá ahí radique la mejor contribución que la Navidad puede hacer a la conversación pública en plena campaña: recordarnos que la fe no es un instrumento de persuasión, sino una verdad que interpela a todos por igual.

Costa Rica no necesita salvadores

Abelardo Morales Gamboa (*)

Reinventar el país: la tarea política de todos que no podemos seguir posponiendo

Los graves problemas de la Costa Rica del siglo XXI, acumulados por casi cuatro décadas, no se resolverán ni en estas elecciones ni en los próximos cuatro años. El raquitismo político es evidente. En el cuatrienio reciente, lejos de enfrentarse estos desafíos, se ampliaron y agravaron, provocando un retroceso social y el estrangulamiento de posibles caminos hacia el desarrollo. A pocos actores políticos parece importarles realmente esto, pero la necesidad de actuar es urgente.

Hace cinco años publiqué un artículo sobre las fracturas sociales y los claroscuros ideológicos que atravesaban a Costa Rica en el segundo gobierno del PAC. Aquella publicación pasó casi desapercibida, como otros diagnósticos que quizás no encontraron su momento. No busco ahora reconocimiento, sino entender mejor nuestras penas colectivas. Los problemas no comenzaron entonces, pero sus manifestaciones ya eran inocultables.

Luego vinieron nuevas crisis: la pandemia del COVID-19 y su impacto sanitario, las tensiones fiscales, protestas sociales, el sacudón electoral de 2022 y un profundo desalineamiento político que resquebraja la hegemonía de los actores tradicionales. A esto se sumó el giro conservador del segundo gobierno del PAC y la represión de protestas sociales. Muchas de las fracturas previas persisten, pero han cambiado de forma e intensidad. Algunas se han profundizado; otras se expresan de modo distinto; y en ciertos ámbitos es necesario afinar el lente analítico.

Lo que presento ahora es una actualización crítica de aquel diagnóstico, basada en evidencia reciente de las universidades públicas, organismos internacionales y los procesos políticos que han marcado al país desde 2018.

Una economía que crece, pero para pocos

Costa Rica sigue moviéndose al ritmo de la inversión extranjera, las exportaciones y los servicios. No obstante, la desigualdad se mantiene entre las más altas de la región, incluso después de las reformas fiscales dirigidas a contener el déficit. Esta contradicción —crecimiento sin reparto— es hoy una característica estructural. La concentración de la riqueza se naturaliza, especialmente en manos de capitales transnacionales.

El mercado laboral confirma esta tendencia regresiva. Aumentan la informalidad, el subempleo y la dificultad para que las personas jóvenes —incluso con estudios universitarios— encuentren trabajo estable. La pandemia aceleró procesos previos: automatización, teletrabajo, reconfiguración del comercio y debilitamiento del empleo formal. El resultado es un país donde tener trabajo ya no garantiza bienestar ni movilidad social. La Costa Rica de la paz social y la equidad reformista se diluye rápidamente.

De la política sin brújula al embrujo del desencanto

En 2018 señalé el vacío ideológico y el avance del conservadurismo. Esos procesos continúan, pero la escena política se ha vuelto aún más volátil. Las elecciones de 2022 lo evidenciaron: el PAC se desfondó, Liberación Nacional profundizó su desgaste, la izquierda no logró consolidarse y surgieron candidaturas “antisistema” con apoyo considerable.

El país vive una mezcla de antipolítica, personalización del poder y discursos cargados de enojo. La radicalización derechista es solo una pieza del rompecabezas: también influyen la frustración por el deterioro de la calidad de vida, la pérdida de servicios públicos robustos y la sensación creciente de que “nadie nos representa”. La crisis de confianza afecta por igual a instituciones, partidos y liderazgos. En este contexto, resulta más fácil fabricar encantamientos mesiánicos que construir soluciones estructurales. La fragmentación ideológica se ha convertido en un rasgo permanente de nuestra convivencia.

Clases medias: del pilar histórico al mosaico fragmentado

Uno de mis planteamientos centrales era la erosión del papel estabilizador de las clases medias. Esto sigue siendo cierto, pero la evidencia reciente muestra un panorama más complejo. Las clases medias no son un bloque homogéneo; hoy constituyen un conjunto de segmentos desconectados y, muchas veces, en competencia entre sí.

Conviven al menos cinco grupos: funcionarios públicos con empleos relativamente estables, pero bajo presión fiscal y estigmatización; profesionales jóvenes endeudados, con trabajos temporales o mal remunerados; pequeños comerciantes y emprendedores golpeados por la competencia global y la disminución de ingresos; hogares de ingresos medio-bajos, altamente bancarizados y vulnerables a caer en la pobreza; agricultores y productores rurales afectados por la apertura comercial y el abandono estatal.

Cada grupo experimenta el malestar de manera distinta. Algunos se distancian de la política; otros se inclinan por opciones conservadoras; otros buscan salidas tecnocráticas, antiélite o directamente mesiánicas. El bloque de clase media que ayudó a sostener la estabilidad política del siglo XX es hoy un territorio fragmentado, sin proyecto común ni expectativas claras. Su “embotellamiento” físico y social se ha vuelto más literal: viven endeudadas, frustradas y escépticas respecto a cualquier promesa de futuro.

Una sociedad civil debilitada, pero en movimiento

En mi diagnóstico original subrayé el debilitamiento de la sociedad civil. Esa tendencia se mantiene, aunque con matices. Desde 2018 ha habido momentos de movilización: protestas contra la reforma fiscal, contra medidas regresivas, huelgas sectoriales, luchas ambientales, territoriales y feministas.

Sin embargo, estas expresiones no han logrado articularse en un proyecto político alternativo. Funcionan como válvulas de escape de la frustración social, pero no como plataformas de cohesión. La fragmentación general del país también se reproduce en la protesta. Existe activismo, pero escasa capacidad para convertirlo en transformación institucional.

Un país que necesita repensar su pacto social

La evidencia muestra que Costa Rica ha entrado en una fase en la que ya no basta con diagnosticar fracturas. Los pilares históricos del pacto social están en crisis: la desigualdad no es una falla, sino parte del sistema; el empleo dejó de garantizar bienestar; las clases medias se desfondan; la confianza en las instituciones se erosiona; el sistema de partidos se pulveriza; las narrativas ideológicas tradicionales ya no movilizan ni sostienen un sentido de comunidad.

El desafío central no es “restituir” lo perdido, sino imaginar un proyecto de país capaz de garantizar movilidad social, estabilidad democrática y sentido colectivo en un contexto global adverso, marcado por la precariedad, el individualismo y la polarización.

Costa Rica vive un momento decisivo. Las desigualdades crecientes, la precarización del empleo, la crisis educativa y el desgaste político han debilitado los fundamentos que sostuvieron al país durante décadas. Administrar la crisis no alcanza: necesitamos reconstruir el pacto social desde sus bases.

Esa reconstrucción exige nuevos consensos, capaces de reconocer nuestras realidades sin nostalgias ni simplificaciones. Implica que sectores tradicionalmente distanciados —clases medias vulnerables, sectores productivos, territorios rurales, personas jóvenes, funcionariado público y movimientos sociales— se reconozcan como parte de un mismo proyecto nacional.

Para que esos consensos emerjan es indispensable renovar el ejercicio del poder. Requiere abandonar el personalismo, la confrontación y la opacidad. La política debe recuperar su sentido de servicio, su capacidad de diálogo y su vocación de acuerdos duraderos. Costa Rica no necesita salvadores, sino instituciones fuertes y liderazgos responsables.

En ese proceso, rescatar la educación pública es una prioridad absoluta. Sin un sistema educativo robusto —financiado, inclusivo y conectado con el mundo del trabajo— cualquier pacto social será frágil y cualquier promesa de movilidad quedará vacía. La educación es el principal mecanismo para evitar que las desigualdades actuales se vuelvan permanentes.

El país aún posee capacidades para reinventarse, pero la ventana de oportunidad se estrecha. Podemos seguir administrando el deterioro o asumir la responsabilidad histórica de reconstruir un horizonte común. El futuro no está escrito: se construye con acuerdos, con instituciones sólidas y con una ciudadanía consciente de su poder transformador.

Tal vez se requiera algo más que unas elecciones y el acartonado ritual de los comicios. Tal vez lo que necesitamos, con urgencia, es recuperar la convicción de que un país se sostiene —o se derrumba— en la calidad de sus consensos y en la fuerza de sus instituciones.

(*) Sociólogo, comunicador social y analista internacional.

El retroceso del Estado y el avance del narco

Welmer Ramos González, economista

Costa Rica enfrenta un momento decisivo. Mientras el crimen organizado se expande con rapidez, el Estado parece avanzar en sentido contrario: repliega capacidades, debilita instituciones clave y reduce su presencia en territorios estratégicos. No son percepciones ni alarmismos; son hechos ocurridos en los últimos tres años que, por acción u omisión, han deteriorado la capacidad del país para enfrentar el narcotráfico en un contexto regional crítico.

Las motivaciones detrás de estas decisiones podrán discutirse, pero sus efectos ya están a la vista. Ninguna se ajusta a la complejidad del crimen organizado moderno ni a las mejores prácticas internacionales. Pueden no responder a un plan deliberado o a vínculos irregulares; simplemente son decisiones incompatibles con el momento histórico y riesgosas para un país cuyo principal patrimonio es su institucionalidad democrática. La seguridad no se sostiene con discursos altisonantes ni con confrontaciones políticas; se sostiene con inteligencia, cooperación, coordinación y presencia efectiva del Estado.

Mientras tanto, la realidad avanza sin pausa. El crecimiento de los homicidios vinculados al sicariato y a disputas territoriales confirma que las organizaciones criminales operan con mayor libertad y recursos. Cuando los grupos delictivos se sienten dueños del territorio, la violencia deja de ser excepción y se convierte en norma. Por eso urge examinar las decisiones recientes que, acumuladas, configuran un patrón preocupante de debilitamiento institucional.

Un Estado que retrocede donde el narco avanza

En junio de 2023, el retiro del Servicio Nacional de Guardacostas de Bahía Drake redujo la vigilancia en un punto históricamente utilizado para desembarcos y transbordos de droga. Un año después ocurrió algo similar en Sixaola, en la frontera Caribe con Panamá, otro corredor sensible para el crimen transfronterizo. Ambas medidas responden al mismo patrón: repliegue operativo justo en zonas donde los grupos criminales buscan expandir rutas marítimas y terrestres.

A esto se sumó, en 2024, el retiro de la Policía de Control de Drogas (PCD) de los puestos fronterizos, aeropuertos y muelles del país. Pocas decisiones afectan tanto la capacidad del Estado como sacar a la policía antidrogas de los principales puntos de ingreso al país. El resultado es evidente: menos interceptación, menor inteligencia en campo y mayor libertad para las redes delictivas que operan hacia el resto del territorio.

Otra decisión cuestionable llegó en marzo de 2024: trasladar la Academia Nacional de Guardacostas desde Quepos, un entorno costero ideal para la formación marítima, hacia Pococí, un cantón sin acceso al mar. Formar guardacostas lejos de las costas, y entrenar operaciones marítimas sin mar, contradice la lógica elemental de la profesionalización policial en un país cuya seguridad depende en buena medida del control marítimo.

Las fragilidades tampoco se limitan a fronteras y entrenamiento. Entre 2024 y 2025, más del 73% de la mercancía que entró o salió por Moín no fue escaneada, según lo muestra una evaluación de la Contraloría General de la República. La mayoría de los contenedores se despachó sin revisión adecuada, abriendo una puerta enorme para la contaminación de exportaciones. La consecuencia no tardó en aparecer: varios cargamentos provenientes de Costa Rica fueron incautados en puertos europeos. Una vez que una ruta internacional se consolida, revertirla es extraordinariamente difícil.

Igualmente, en materia de ingreso de mercancías, la Contraloría General de la República advirtió en diciembre de 2024 un “debilitamiento en los controles” aduaneros, situación que incrementa los riesgos de corrupción y contrabando. Los informes señalan además una “disminución del personal de inspección” en puntos estratégicos del país, lo que abre la puerta al internamiento de mercancías ilícitas, al robo y a la evasión de controles que comprometen el resto de los objetivos institucionales. (DFOE-FIP-SGP-00002-2024)

A ello se suma un hecho innegable: los dos últimos ministros de Hacienda han sido férreos opositores a dotar al OIJ, a la Fiscalía y a la Policía Judicial de los recursos necesarios para enfrentar al crimen organizado. Sus esfuerzos reiterados por recortar estos presupuestos, justamente en el periodo de mayor violencia en décadas, contradicen cualquier discurso de fortalecimiento institucional. Como advirtió el director del OIJ, “cada colón recortado es un espaldarazo al crimen organizado”.

Dos corolarios, al menos, se relacionan directamente con lo expuesto. Primero, tal como advierte el Estado de la Nación, se observa una actividad económica de origen incierto que genera transferencias difusas con un impacto relevante sobre la dinámica nacional. Segundo, persiste la asombrosa caída del precio del dólar que, pese a todos los malabares explicativos, sigue acompañada por copiosas entradas de capitales cuya procedencia resulta difícil de esclarecer.

Un rumbo que debe corregirse

El gobierno que asuma en 2026 tendrá la responsabilidad de corregir este rumbo con seriedad y visión de Estado. Para lograrlo, deberá ejercer un acto básico de madurez republicana: reconocer errores, rectificar sin soberbia y permitir que quienes conocen el tema contribuyan con soluciones. Costa Rica no puede seguir gastando energías en confrontaciones estériles con otros Poderes de la República mientras los verdaderos enemigos, las redes criminales que erosionan la seguridad, la economía y la institucionalidad democrática; avanzan con plena claridad estratégica.

La evidencia demuestra que la actual línea de acción es insuficiente y está desalineada con las mejores prácticas internacionales. Persistir en ella sería un riesgo que el país no puede permitirse. Rectificar no es una muestra de debilidad; es un acto de responsabilidad democrática. Y ese es el liderazgo que Costa Rica necesita con urgencia.

Análisis regional sobre acumulación económica y crisis democrática en Centroamérica

La Fundación PRISMA compartió el documento de trabajo “Estrategias de acumulación y crisis de la democracia en Centroamérica. Perspectivas desde los actores territoriales”, un estudio que examina cómo los retrocesos democráticos en la región se relacionan con disputas por la tierra, el uso de recursos naturales y la profundización de dinámicas extractivas en los territorios rurales.

El documento señala que la crisis de la democratización no responde únicamente a factores políticos, sino también a la articulación entre el ejercicio del poder económico y político y los intereses asociados a la tierra, el agua, los bosques y otros bienes naturales. Desde esta perspectiva, el estudio plantea que comprender la erosión democrática requiere mirar de cerca los conflictos territoriales y el papel de los actores comunitarios que históricamente han sostenido agendas de sustentabilidad, inclusión y defensa de derechos.

El escrito organiza su análisis en cinco grandes líneas. La primera aborda el papel de los actores territoriales como agentes de democratización y resiliencia socioambiental. La segunda examina cómo estos actores han participado en la construcción de arreglos institucionales de gobernanza territorial durante las últimas décadas, pese a contextos políticos frecuentemente adversos.

La tercera sección introduce una lectura desde la ecología política, identificando las tensiones que generan las estrategias de acumulación vinculadas a monocultivos de exportación, megaproyectos de infraestructura, minería metálica, expansión turística y economías ilícitas. Estas dinámicas afectan derechos, provocan conflictividad y presionan a las instituciones estatales, muchas veces debilitadas o capturadas por intereses particulares.

El informe analiza también cómo los retrocesos democráticos limitan la participación de comunidades rurales, pueblos indígenas y afrodescendientes en decisiones que afectan sus territorios, al tiempo que se erosiona la capacidad del Estado para garantizar derechos, seguridad jurídica y mecanismos de diálogo social.

Finalmente, el estudio sintetiza los desafíos que enfrentan los actores territoriales ante este escenario y propone líneas de investigación para profundizar la comprensión de la crisis democrática y sus implicaciones para la gobernanza territorial.

Quienes deseen conocer el documento completo pueden descargarlo desde el sitio de SURCOS:
👉 https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2025/12/Working-paper-4-PRISMA.pdf

Conversatorio abordará el aporte de la fe a la defensa de la democracia

El Departamento Ecuménico de Investigaciones (DEI), en conjunto con la Universidad Bíblica Latinoamericana (UBL), el Seminario Andino San Pablo (SASP) y la Asociación Educativa Teológica Evangélica (AETE–Perú), invita al conversatorio “La importancia de la fe en la defensa de la democracia”, que tendrá lugar el sábado 6 de diciembre, a las 3:00 p. m., en la sede del DEI en Sabanilla.

La actividad forma parte de una peña cultural organizada en el marco del lanzamiento en Costa Rica de la campaña regional Fe y Democracia (2025–2028), una iniciativa ecuménica y académica que busca abrir espacios de reflexión pública sobre el aporte de las espiritualidades a la convivencia democrática, la participación ciudadana y la justicia social.
Esta campaña articula a instituciones de diversos países de América Latina y se propone acompañar debates actuales sobre derechos humanos, vida pública y construcción de alternativas frente a discursos fundamentalistas o excluyentes.

Fe y Democracia

Desde esta perspectiva, el conversatorio en Sabanilla se plantea como un espacio para dialogar sobre cómo las experiencias de fe pueden contribuir a defender la democracia, fortalecer la participación y promover relaciones sociales más justas. Las organizaciones convocantes destacan que la región atraviesa tensiones marcadas por desigualdades, discursos de odio y prácticas autoritarias, lo que hace necesario renovar conversaciones amplias, diversas y respetuosas sobre los sentidos públicos de la espiritualidad.

La jornada cultural del 6 de diciembre se suma a otras acciones iniciales de la campaña Fe y Democracia, que en 2025 impulsará materiales pedagógicos, actividades comunitarias y contenidos orientados a promover una espiritualidad comprometida con la dignidad humana, la equidad y la justicia social.

Fe y Democracia

El DEI y las instituciones coparticipantes reiteran la invitación al público interesado y subrayan la importancia de abrir espacios de encuentro que reconozcan la diversidad religiosa y cultural de la región, fomenten el pensamiento crítico y fortalezcan la vida democrática.

En la encrucijada electoral de estos días

Vladimir de la Cruz

Mientras no haya elección no hay ganador. Este es el hecho. La encuesta que vale, que es la definitiva, es la de la votación del primer domingo de febrero.

A los efectos de la elección de diputados es contundente. Lo que allí se decida así se queda, así se integrará la Asamblea Legislativa con sus 57 diputados, que serán de varios partidos. No se puede predecir en este momento, con ninguna encuesta de la guerra que entre las que se publican, cuál podrá ser la probable integración de los diputados y cuáles serán los partidos que los elijan.

No hay condiciones objetivas ni subjetivas para determinar cuál será el partido que elija más diputados. La historia electoral del país indica que nadie ha pasado de los 33 diputados. La historia parlamentaria señala que la Asamblea es multipartidista, y que debido a las divisiones o salidas que tienen algunos partidos que eligen diputados, la Asamblea Legislativa llega a tener de hecho hasta 12 grupos parlamentarios.

Para las elecciones del 2026 visualizo que la Asamblea Legislativa no tendrá muchos partidos, pero sí será de un número muy parecido de legisladores entre ellos, sin que parezca que ninguno pase de los 20 diputados. De los partidos existentes tienen posibilidad de elegir nuevos diputados Liberación Nacional, la Unidad Social Cristiana, el Frente Amplio. De estos el que puede aumentar es el Frente Amplio por el buen desempeño y trabajo que han realizado sus seis diputados, y por el atractivo que puede significarle el llevar a José María Villalta de nuevo a la Asamblea Legislativa. Los otros dos partidos los veo, en este momento, disminuyendo sus diputados. En caso extremo estos tres partidos podrían repartirse entre 30 y 40 diputados.

Actualmente seis partidos se distribuyen los 57 diputados, cuando participaron en las elecciones pasadas, del 2022, veinticinco partidos presidenciales y hasta 28 provinciales. Para las próximas elecciones hay cinco partidos menos, lo que permitirá concentrar mejor las decisiones para las diputaciones, pero en el tablero electoral se establecen dificultades y facilidades en las provincias que reducen sus diputados y en las que las aumentan, porque eso obliga tener más votos para elegir en una y un poco menos en otras, lo que dependerá del conocimiento que se tenga de los candidatos y de la propaganda positiva que se pueda hacer alrededor de ellos. Por ahora los tiros disparan solo a las cabezas de los candidatos presidenciales.

No hay absolutamente nada, en este momento, ni en este gobierno, que indique que el partido oficialista, el que impulsa el presidente Chaves, pueda siquiera superar el número de diputados que Liberación Nacional ha electo en los últimos tres gobiernos. La campaña política del partido de continuismo político del actual gobierno gira únicamente alrededor de su improvisada candidata presidencial.

Los diputados se eligen de forma separada y por provincias. No se tiene claro cuáles son sus candidatos. Algunos de ellos por sinvergüenzas, tienen la publicidad de ser abogados de narcotraficantes y de deber millones de colones a la Seguridad Social. Esa es su mejor carta de presentación.

El partido que llevó a Rodrigo Chaves que eligió 10 diputados, se quedó con una sola diputada, la presidenta de ese partido, que también es candidata presidencial para febrero. Su labor parlamentaria no se ha sentido. La de sus compañeros diputados, como buenas veletas, gravitaron fuera de ese partido, se adhirieron al gobierno como diputados oficiales, rodriguistas y chavistas, y ahora fernandistas, después de pasar por otras posibilidades electorales. Como conjunto estos diputados no aportan nada legislativo al partido que los eligió ni al partido que están apoyando.

La campaña para elegir diputados gira principalmente por el apoyo que al interior de las provincias puedan tener esos candidatos, apoyo que deriva de su arraigo en esas provincias, de sus vínculos con grupos de esas comunidades, con la organización partidaria que puedan tener en las distintas localidades de los diversos cantones y distritos.

El partido oficialista pareciera no tener nada. Ni siquiera inscribió, según se dice, miembros de mesa en las seis mil mesas que tendrán electores. Es claro que al no inscribir miembros de mesa no tendrán supervisores en el conteo de votos y eso les dará aliento, como ya lo está haciendo el presidente Chaves, para decir que les hicieron un fraude electoral, hacer un escándalo e invocar un llamado internacional en su favor, todo en el marco del autogolpe de estado que prepara el presidente Chaves.

Por ahora no estoy viendo nada de buen resultado para el partido oficialista en el sueño de opio que ellos tienen de llegar a sacar 38, 40 y hasta 45 diputados como lo sueñan. Tampoco en el buen resultado que sus encuestas pagadas le auguran a su candidata.

Además, en cuanto al oficialismo es claro que la gente ya está desilusionada del animal de Zapote, que solo para Circo sirve. Los públicos que voluntariamente asisten en actos políticos y celebraciones públicas, sin que les paguen sin que los lleven en autobuses y sin que les den almuerzos, lo hacen sin temor, y retan con sus oposiciones verbales al maullido más que rugido del jaguar, le gritan con todo derecho político, constitucional y ciudadano, que no sirve para gobernar, que ya están hartos de sus mentiras, sus insultos, sus faltas de respeto, sus amenazas, a las que le han perdido el miedo.

A los efectos de la elección presidencial desde que se llegó a la segunda ronda electoral en las elecciones del 2002, 2014, 2018 y 2022, la posibilidad de una segunda ronda siempre existe. En este momento la están alimentando. En general todos los sectores y analistas apuntan y apuestan a ella. Eso puede ser cierto.

El escenario de la segunda ronda lo hacen girar alrededor de la candidata del presidente como una finalista, no como la ganadora de la primera ronda de febrero. Quienes así lo plantean discuten con quien podrá ser la segunda ronda, si con Claudia o con Claudio, si con Ariel o Juan Carlos, si con Ramos o con Zamora…eso es lo de menos.

Lo esencial para el animal de Zapote es que apuesta a su candidata, que ya le ha ofrecido continuar cogobernando, y gobernando más, desde el Ministerio de la Presidencia, que en febrero cumplirá un año sin Ministro, y con un presidente que si no ha sabido llevar la riendas del Poder Ejecutivo, desde el solio presidencial, menos lo podrá llevar desde del Ministerio de la Presidencia, que tiene que lidiar con todos los actores de los sectores políticos, económicos y sociales del país con los cuales no ha podido dialogar, porque dinamitó los puentes del diálogo nacional, lo que evidenciará su tendencia autoritarista, dictatorial, tiránica, militarista, represiva, que es realmente lo que quiere establecer con su marioneta presidencial. Todo esto en el supuesto que esa candidata llegue como aspirante presidencial a la segunda ronda.

El resto del país, en este hipotético caso, tendría que hacer un gran esfuerzo político, de voluntad política, sin prejuicio alguno, de todos los partidos distantes del continuismo y del mal gobierno, para votar por quien esté en esa posición de disputa.

Si esto sucediera, en ambos partidos políticos finalistas, se establecería, a mi manera de ver, la obligación política de anunciar sus posibles ministros, su posible gabinete de gobierno. En el caso alterno frente al oficialismo por la simple razón de que se pueda apreciar la calidad de coalición fáctica que se haría hacia un Gobierno de Unidad Nacional para salir del atascadero al que Rodrigo Chaves ha llevado al país.

Para el presidente Chaves es necesario que su candidata termine de finalista en febrero, porque eso le permite continuar en la presidencia hasta el primer domingo de abril, para no tener que salir “huyendo” del país, por las acusaciones y procesos penales que le investigan, y que sin inmunidad del cargo, le pueden detener, procesar y hasta encarcelar.

En el supuesto caso de que en la segunda ronda, su candidata pierda la presidencia, me atrevo a afirmar que el presidente ya tiene todo planeado para “ausentarse del país”, con algún pretexto oficial, para no entregar él la Banda Presidencial, que en su nombre lo haga la vicepresidenta a cargo, y así poder esfumarse del país a Letonia, Portugal o algún otro país donde ya esté físicamente arraigado…o algún país donde no haya extradición firmada con Costa Rica.

Compartido con SURCOS por el autor.

Agenda cultural del XIV Congreso Mesoamericano de Abejas Nativas presenta noche de conciertos en Heredia

El XIV Congreso Mesoamericano de Abejas Nativas continúa esta semana con una actividad cultural abierta al público. Como parte de su programa, se realizará una noche de conciertos el jueves 4 de diciembre de 2025, en el Centro Cultural Herediano Omar Dengo (CCHOD), de 5:00 p.m. a 7:00 p.m.

La actividad reunirá propuestas musicales vinculadas con las comunidades autóctonas, la Madre Tierra y la raíz cultural que inspiran el lema del congreso: “El legado biocultural para futuras generaciones”.


Artistas invitados

En esta edición, la agenda cultural contará con:

  • Las Chicharras, proyecto musical de enfoque comunitario y sonoridades latinoamericanas.

  • Óscar Espinoza, cantautor costarricense.

  • Walter Benavides, cantautor costarricense.

La actividad está dirigida a todas las personas interesadas, sin necesidad de inscripción previa, y forma parte del esfuerzo por destacar la importancia biocultural de las abejas nativas y su relación con las comunidades que las protegen.


Organizan

Refugio Lapa Verde – Fundación EcoViva
Instituto Nacional de Aprendizaje
Universidad Técnica Nacional
CINAT
Universidad Nacional