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«THE BANKER», ¡buenos para «dorar la píldora»!

Freddy Pacheco León

Los dueños de la publicación «The Banker«, de inocentes no tienen nada, y por eso, sus premios, alabanzas, condecoraciones, han de ser vistos con mucha malicia y hasta con preocupación, por los que generalmente somos afectados negativamente, pues sus “reconocimientos” no están precisamente motivados por buenas intenciones. ¿Se imaginan un premio al, por ejemplo, “campeón gobernante”, otorgado a un presidente latinoamericano por la Fundación Pinochet? Si así fuese, sin duda alguna pensaríamos que ese presidente, algo deberá estar haciendo mal (para su pueblo) y muy bien, para los caballeros amantes de la dictadura militar y el neoliberalismo más rancio. Pues, más o menos así funciona la lógica que sustenta los galardones de “The Banker”, en el campo de la economía, caracterizados porque lo que es malo para las mayorías, sea presentado como «la tapa del perol».

Y es que, hemos de recordar y tomar nota de lo que se esconde tras bambalinas. Resulta que como parte de la muy poderosa organización japonesa “Nikkei Inc.”, asociada a la más grande editorial del planeta, la británica “Penguin Random House”, donde la marca “Pearson”, propietaria del 47% de sus acciones, así como del 50% del “Economist Group”, se moviliza en Londres, Nueva York y Tokio, como guía de un “muy selecto” grupo de millonarios… no necesariamente altruistas.

Para ellos, la receta neoliberal, con gigantescas posibilidades de divulgación, se difunde activamente por medio del “Financial Times”, periódico difusor de la doctrina del libre mercado y la globalización. Aunque su equipo de redactores, son formalmente independientes del consejo editorial, según alegan algunos de sus cancerberos, lo cierto es que son muy escasas las diferencias manifiestas entre ambos, pues “donde manda capitán no manda marinero”, y pocos desearían engrosar el contingente de desempleados, por ponerse a jugar de objetivos, frente al pensamiento de los severos japoneses “expatriados”, que hace nueve años adquirieron el histórico diario por US$1320 millones, que, por supuesto, hacen valer su inversión a toda costa.

Recordemos, asimismo, que, en los años 80, tanto Margaret Thatcher como Ronald Reagan, competían por ser reconocidos como los campeones del “capitalismo salvaje”, denunciado por el papa Juan Pablo II, por reconocerlo muy alejado de la doctrina social de la Iglesia, que su Santidad veía como la mejor alternativa frente a ese salvajismo. En esos años, principalmente, tanto Washington como Nueva York y Londres, acogían nidos de fieles seguidores fanáticos de Milton Friedman y los “Chicago Boys”, que, como chefs de alta sociedad, elaboraban recetas económicas como parte de sus entretenimientos cotidianos. Recetas amargas, que no se han agotado con el tiempo y que encuentran permanentemente en las páginas de la revista mensual “The Banker” y el diario, “Financial Times”, su medio más efectivo de divulgación entre ejecutivos bancarios y similares, alrededor del mundo, tanto en el campo privado como en el estatal.

No fue extraño pues, que tales caballeros, no hubiesen dudado en impulsar en forma entusiasta, las desgarradoras políticas monetaristas ejecutadas por despiadados políticos, que, con su mirada en los índices macroeconómicos, se despreocupan de la gente, de los pobres que las sufren. De los sin techo y comida, solo acatan a ver cómo, frecuentemente, aparecen en el horizonte político de nuestros Estados subdesarrollados, personajillos, que, para quedar bien con sus superiores, con los que les proveen préstamos dirigidos a engrosar una deuda externa traicionera, que trae consigo pesados eslabones que les dificultan a sus naciones, ejercer una promocionada libertad, que, les dicen, se fortalecería con los procesos de desarrollo sustentados en una mayor deuda externa. O “deuda eterna”, como la describía don Pepe Figueres.

Pero como esos señorones sí saben jugar el papel de expertos en el superior mundo de las finanzas mundiales, generalmente los vemos ubicándose del lado de los que les garanticen fidelidad a los procesos de privatización, y disminución de aparatos estatales. Lo estatal, para ellos, es por definición malo, pues, no es correcto que los Estados impulsen políticas dirigidas hacia lograr el bienestar de los más desposeídos, con procesos efectivos de asistencia social y económica. “¡No hay que regalarles el pescado, hay que enseñarles a pescar!”, repiten cual anuncio comercial, que encuentra eco en los criollos, escasos de ideas e inteligencia. Para ellos, no hay nada malo con el desempleo y los bajos salarios (y el hambre, agregamos), mientras se va llenando la copa de las ganancias, para después derramarse cual maná del Cielo. Medicinas que podrían causar dolor, pero que son necesarias, inevitables, de acuerdo con su visión de desarrollo económico. Píldoras amargas quizá, pero que, con un poquitico de azúcar, son tragables. Un ejemplo lo vivimos en el Chile de Pinochet: «es un atleta en lo económico«, se leía en el “Financial Times”. Así, los desmanes de esa dictadura militar de corte fascista neoliberal, eran tolerables, en vista de los resultados financieros, que como índices macroeconómicos sirvieron para disimular la miseria imperante en las callampas.

En resumen, eso mueve al «Financial Times«, y a su útil instrumento, «The Banker«, que últimamente se ha vuelto muy “popular” como repartidor de condecoraciones, como la que nos provoca este comentario.

El «reconocimiento» otorgado por «The Banker” hace unas semanas, a nuestro Banco Nacional, viniendo de donde viene y por lo resumido, más que motivo de satisfacción, ha de ser visto con suma preocupación. Tal premio, según la misión de esos súper poderosos especuladores del capital, parece ser un «empujoncito» dirigido a los responsables de la banca estatal costarricense, para que se animen, con mayor decisión, a dar más pasos hacia el cumplimiento de las recetas neoliberales. Un ejemplo que tenemos a mano y por el cual insiste el Presidente Rodrigo Chaves (con el ADN del Banco Mundial, como se dice ahora en el mundillo futbolístico) es la transformación del Banco de Costa Rica, el que mayores ganancias le produce al sistema bancario estatal, en un banco propiedad de banqueros privados, al que, obviamente «le llevan ganas», como gran negocio que les ofrece, sin desparpajo alguno, el gobierno de Costa Rica.

Con ese interesado “premio” al Banco Nacional, otorgado no necesariamente por sus cada vez más firmes políticas de bien social (eso no lo premiarían), esos “amigos” lo que buscan es que en unos años, el banco más grande de Centroamérica, pase a ser parte del selecto grupo de entes bancarios premiados por «The Banker«, en cuya lista encontramos, entre otros, el Banco Bolivariano, el Banco de Santander, Scotiabank, BBVA, CaixaBank, BANGE – Guinea Ecuatorial, Banesco Banco Universal, Deutsche Bank, Banreservas, BAC Credomatic, MoraBanc, el BROU Uruguay, Banco Popular PR, Banorte, Banco Industrial, HSBC Holding, Credit Agricole, BNP Paribas, Barclays, etcétera, no necesariamente caracterizados por sus políticas en pro del desarrollo justo de los pueblos en sus jurisdicciones. Y es que de tener éxito con la compra-venta del Banco de Costa Rica, el siguiente en la mira será, sin duda, el Banco Nacional, pues, piensan los criollos falderos de los grupos citados, con ello se paga totalmente la deuda externa, que ya dejaría de ser eterna.

Igualmente, hay que considerar, que los expertos que trabajan para esos verdaderos monstruos financieros, saben muy bien que existen funcionarios gubernamentales muy dispuestos, a que les inflen sus egos, para salir a pavonearse como en concurso de belleza. ¡Eso, para ellos, es lo máximo!, y, por supuesto, tales actitudes facilitan la tarea de los funcionarios encargados de ejecutar su misión neoliberal.

Por otro lado, aunque sin desviarnos del tema, resulta que, para poder dar abasto con tanta demanda de eventuales condecorados en el mercado, los que se mueven alrededor de “The Banker”, aumentaron la oferta. ¡Se Inventaron varios premios! Además de los premios al Banco del Año, «The Banker» también otorga premios a las Ofertas del Año, la Innovación en Banca Digital, la Banca de Transacciones, la Banca de Inversión, el Ministro de Finanzas del Año, el Gobernador del Banco Central del Año, la Banca Privada y el Banco Islámico del año, y la lista seguirá ampliándose, pues los rendimientos son muy altos, considerando la pequeña inversión que se hace inflando egos.

Dentro de esos premiados encontramos a personajes no necesariamente brillantes en sus países, muchos ilustres desconocidos. Entre ellos, Mauricio Cárdenas Santamaría de Colombia, Ignacio Briones de Chile, Luis Videgaray de México, Gustavo Fernández de Paraguay, Julio Velarde Flores de Perú, Marcelo Montenegro de Bolivia, Felipe Larraín de España, así como ministros de hacienda de Francia, Vietnam, Qatar, y Marruecos. No importa de dónde son ni de quiénes se trata; lo que importa es su determinación por llevar adelante políticas privatizadoras en sus países, que sean del agrado de los generosos en otorgar premios. ¡Así de sencillo!

Hasta ahora, a Costa Rica solo la habían tomado en cuenta para el premio del Banco del Año al Banco Nacional, por su trayectoria y solidez en la industria financiera, que, hemos de reconocer, se recibió de parte de la Junta Directiva del Banco, discretamente, como sabiendo quién estaba otorgándolo y con qué intenciones, por lo que no sonaron las trompetas.

Pero como no hay primera sin segunda, nos cayó casi simultáneamente otro premio. Esta vez a nuestro regularcito ministro de Hacienda, tan enredado en casos hijos de su torpeza, que no es del caso puntualizar aquí. Premio al señor ministro Nogui Acosta Jaén, quien, cabe recordar, fuese viceministro de la administración anterior de Carlos Alvarado, de la que hubo de renunciar por formar parte de una sociedad familiar que adeudaba varios millones de colones en impuestos al Estado, así como cuotas obrero-patronales a la Caja Costarricense del Seguro Social. Pues amigos, a Acosta se le ha premiado en la categoría de mejor ministro de finanzas del año. Aunque la Casa Presidencial lo anunció a inicios del año, como el mejor ministro del año 2024, obviamente no se le podría haber premiado por un par de días de labor (ha de ser, obviamente, del 2023). ¡Otro tropezón presidencial! Al anunciar con cimarrona virtual incluida, el muy orgulloso Nogui Acosta, manifiesta que “la administración Chaves Robles va por buen camino en la tarea de sanear las finanzas públicas”. Al menos esa es su apreciación, mientras se pavonea con su ego inflado…, en la pasarela que le montó “The Banker”.

Gaza / Israel: a propósito de la reciente demanda interpuesta por Sudáfrica ante la Corte Internacional de Justicia

Nicolas Boeglin
Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR).

Nota preliminar del autor: Una versión de este texto en francés está igualmente disponible aquí

«More than 5,300 Palestinian children have been reportedly killed in just 46 days – that is over 115 a day, every day, for weeks and weeks. Based on these figures, children account for forty per cent of the deaths in Gaza. This is unprecedented. In other words, today, the Gaza Strip is the most dangerous place in the world to be a child.

“We are also receiving reports that more than 1,200 children remain under the rubble of bombed out buildings or are otherwise unaccounted for».

UNICEF Executive Director, briefing at UN Security Council, November 22, 2023

Según se ha informado por parte de la Corte Internacional de Justicia (CIJ), el pasado 29 de diciembre Sudáfrica ha interpuesto formalmente una demanda contra Israel acompañada de una solicitud urgente de medidas provisionales ante la máxima jurisdicción de Naciones Unidas (véase  comunicado de prensa en francés y en inglés de la CIJ). 

Esta iniciativa coincide con una reunión urgente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas (véase video disponible en YouTube), ante la inoperancia de la resolución 2720 adoptada el 22 de diciembre del 2023, y que tuvimos la oportunidad de analizar en su momento (Nota 1). 

Esta inoperancia se debe en gran parte a la amenaza de un nuevo veto norteamericano, que  obligó a algunos de los Estados promotores de un texto contundente a incorporar, una tras otra, tras largos días de negociación, las diversas objeciones norteamericanas al texto inicial.

No está demás señalar que para el incondicional aliado de Israel, las acciones militares israelíes en Gaza son cada vez menos justificables, defendibles y presentables ante la misma opinión pública, así como la narrativa oficial israelí: en este inicio de año 2024, el Departamento de Estado (véase comunicado oficial del 2 de enero del 2024) fustigó con un tono inusualmente fuerte algunas declaraciones israelíes en los siguientes términos: 

«This rhetoric is inflammatory and irresponsible. We have been told repeatedly and consistently by the Government of Israel, including by the Prime Minister, that such statements do not reflect the policy of the Israeli government«.

La solicitud de Sudáfrica en breve

La base de competencia usada por Sudáfrica para interponer esta solicitud contra Israel, es la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio (véase texto en español): se trata de un instrumento internacional adoptado en 1948, y que cuenta con 153 Estados Partes (véase estado oficial de firmas y ratificaciones), entre los cuales Israel desde 1950. 

Los últimos Estados en adherir a este tratado mulilateral son Zambia (en el año 2022), Dominica e Isla Mauricio (2019), Turkmenistán (2018), Malawi (2017), Tajikistán (2015) y el Estado de Palestina, cuya adhesión fue registrada formalmente en abril del 2014.

En su extensa solicitud de más de 80 páginas (véase texto completo, cuya lectura completa se recomienda), Sudáfrica concluye con la siguiente petitoria (p. 82) que incluye 9 puntos en total, pidiendo que la CIJ ordene de manera urgente que:

«(1) The State of Israel shall immediately suspend its military operations in and against Gaza. 

(2) The State of Israel shall ensure that any military or irregular armed units which may be directed, supported or influenced by it, as well as any organisations and persons which may be subject to its control, direction or influence, take no steps in furtherance of the military operations referred to point (1) above. 

(3) The Republic of South Africa and the State of Israel shall each, in accordance with their obligations under the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide, in relation to the Palestinian people, take all reasonable measures within their power to prevent genocide. 

(4) The State of Israel shall, in accordance with its obligations under the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide, in relation to the Palestinian people as a group protected by the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide, desist from the commission of any and all acts within the scope of Article II of the Convention, in particular: (a) killing members of the group; (b) causing serious bodily or mental harm to the members of the group; (c) deliberately inflicting on the group conditions of life calculated to bring about its physical destruction in whole or in part; and (d) imposing measures intended to prevent births within the group. 

(5) The State of Israel shall, pursuant to point (4)(c) above, in relation to Palestinians, desist from, and take all measures within its power including the rescinding of relevant orders, of restrictions and/or of prohibitions to prevent: (a) the expulsion and forced displacement from their homes; (b) the deprivation of: (i) access to adequate food and water; (ii) access to humanitarian assistance, including access to adequate fuel, shelter, clothes, hygiene and sanitation; (iii) medical supplies and assistance; and (c) the destruction of Palestinian life in Gaza. 

(6) The State of Israel shall, in relation to Palestinians, ensure that its military, as well as any irregular armed units or individuals which may be directed, supported or otherwise influenced by it and any organizations and persons which may be subject to its control, direction or influence, do not commit any acts described in (4) and (5) above, or engage in direct and public incitement to commit genocide, conspiracy to commit genocide, attempt to commit genocide, or complicity in genocide, and insofar as they do engage therein, that steps are taken towards their punishment pursuant to Articles I, II, III and IV of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide. 

(7) The State of Israel shall take effective measures to prevent the destruction and ensure the preservation of evidence related to allegations of acts within the scope of Article II of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide; to that end, the State of Israel shall not act to deny or otherwise restrict access by fact-finding missions, international mandates and other bodies to Gaza to assist in ensuring the preservation and retention of said evidence. 

(8) The State of Israel shall submit a report to the Court on all measures taken to give effect to this Order within one week, as from the date of this Order, and thereafter at such regular intervals as the Court shall order, until a final decision on the case is rendered by the Court. 

(9) The State of Israel shall refrain from any action and shall ensure that no action is taken which might aggravate or extend the dispute before the Court or make it more difficult to resolve».

Esta solicitud de Sudáfrica ha sido saludada por algunos Estados como por ejemplo Malasia (véase comunicado oficial) o bien Turquía (véase comunicado), al tiempo que muchos otros han optado por mantenerse en silencio. 

Por su parte, Israel ha  enviado instrucciones muy precisas a sus legaciones diplomáticas en el mundo, para intentar frenar a Sudáfrica: véase al respecto esta interesante nota publicada en Axios este 5 de enero del 2024.

No es la primera vez que Sudáfrica acude a la justicia internacional con relación al drama que se vive en Gaza desde la tarde/noche del 7 de octubre. En efecto, el pasado 17 de noviembre, Sudáfrica, conjuntamente con 4 otros Estados (entre los cuales Bolivia) presentó un «referral» de carácter urgente a otra jurisdicción internacional con sede en La Haya, como la es la Corte Penal Internacional (CPI) – véase texto completo – , y que tuvimos la oportunidad de analizar (Nota 2). 

La reacción israelí

En un comunicado oficial divulgado el mismo día 29 de diciembre por su aparato diplomático (véase enlace), se indica por parte de Israel que:

«South Africa’s claim lacks both a factual and a legal basis, and constitutes despicable and contemptuous exploitation of the Court. South Africa is cooperating with a terrorist organization that is calling for the destruction of the State of Israel «.

La tonalidad y  acusación de una  cooperación de Sudáfrica con el Hamás son parte de la narrativa oficial israelí que muy a menudo se escucha cuando se cuestiona el accionar de Israel en Gaza desde el pasado 7 de octubre. «Argumentos» de similar índole se oyeron en contra del mismo Secretario General de Naciones Unidas durante una sesión del Consejo de Seguridad (véase nota de prensa de la BBC), durante la cual el jefe de la diplomacia israelí no encontró mejor «argumento» que pedirle públicamente su renuncia.  

Cabe también recordar que en el 2019,  cuando la Oficina de la Fiscalía de la CPI anunció que procedió a iniciar formalmente una investigación sobre lo que ocurre en el territorio palestino ocupado, el Primer Ministro y el Ministro de Defensa israelíes calificaron a la CPI de «antisemita» (véase nota del Jerusalem Post y este cable de la agencia Reuters). 

Más allá de las gesticulaciones iracundas del aparato diplomático israelí tendientes a desacreditar la demanda interpuesta por Sudáfrica (y que ya no impresionan mayormente en La Haya ni tampoco en Nueva York), el hecho que la CIJ pueda ordenar a Israel medidas provisionales por  actos que califican como «genocidio» constituiría un primer paso, interpelando a los demás 152 Estados Partes a la convención de 1948, pero también a la Asamblea General y al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, y de paso, a la Fiscalía de otra jurisdicción internacional con sede en La Haya: la CPI.

Sobre esta última jurisdicción, un reciente artículo titulado «The ICC Prosecutor´s Double Standarts in the time of an Unfolding Genocide » (cuya lectura se recomienda) advierte del serio riesgo de que pierda toda credibilidad para gran parte del mundo si su Fiscalía mantiene una actitud tan distante con el drama que se vive en Gaza.

La fase de procedimiento que sigue en La Haya

En esta nota del Times of Israel con fecha del 3 de enero, se indica que Israel sí participará a las audiencias fijadas por la CIJ para los días 11 y 12 de enero: véanse también los comunicados oficiales en francés y en inglés de la CIJ  del 3 de enero.

La extrema celeridad de la CIJ para fijar estas audiencias evidencia la urgencia absoluta de la situación. 

Si se compara a casos similares en los que se invocó la convención para la prevención del genocidio de 1948, el juez de La Haya se está mostrando particularmente célere con la presente solicitud de medidas provisionales de Sudáfrica: 

– en el caso de la demanda interpuesta por Bosnia-Herzegovina contra Yugoslavía el 20 de marzo del 1993, las audiencias tuvieron lugar el 1 y 2 de abril, y las medidas provisionales fueron ordenadas por la CIJ el 8 de abril del 1993 (véase texto de la ordenanza de la CIJ). 

– en el caso de la demanda interpuesta por Gambia contra Myanmar recurriendo a la misma convención sobre el genocidio de 1948, la solicitud de medidas provisionales lleva fecha del 11 de noviembre del 2019, las audiencias se realizaron casi un mes después (10 al 12 de diciembre del 2019) y las medidas provisionales fueron dictaminadas el 23 de enero del 2020 (véase ordenanza). 

– más reciente, en el caso de Ucrania contra Rusia, en el que también Ucrania recurrió a este mismo instrumento multilateral, la solicitud de medidas provisionales se registró el 27 de febrero del 2022, las audiencias tuvieron lugar el 7 y 8 de marzo, y las medidas provisionales fueron dictaminadas por la CIJ el 16 marzo del 2022 (véase ordenanza). Es de notar que, por alguna razón, Rusia optó por no comparecer durante las audiencias celebradas en La Haya: se trata de una llamativa ausencia, que tuvimos la ocasión de analizar en cuanto a sus efectos (Nota 3).

Genocidio y comunidad internacional

Resulta notorio que, siendo la Convención para la Prevención del Genocidio de 1948 un instrumento multilateral con 153 Estados Partes, y el Estatuto de Roma otro valioso instrumento multilateral adoptado en 1998 que cuenta con 124 Estados Partes en la actualidad (véase estado oficial de firmas y ratificaciones), los demás  Estados no utilicen los mecanismos previstos en estos tratados internacionales ante la tragedia humana que se vive en Gaza: es, en ambos casos, Sudáfrica la que sí ha optado por activarlos.

Precisamente, en su comunicado oficial del 29 de diciembre (véase texto), Sudáfrica hace ver (de manera muy diplomática) que otros Estados podrían también unirse a esta iniciativa al leerse que:

«South Africa has repeatedly stated that it condemns all violence and attacks against all civilians, including Israelis. Moreover, South Africa has continuously called for an immediate and permanent ceasefire and the resumption of talks that will end the violence arising from the continued belligerent occupation of Palestine. As a State Party to the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide, South Africa is under a treaty obligation to prevent genocide from occurring«.

¿Acaso la obligación jurídica de prevenir un genocidio no recae sobre todo Estado Parte a dicha convención de 1948? Una muy completa nota de la ONG basada en Suiza International Commission of Jurists (ICJ) así lo explicaba desde varias semanas.

Cabe también recordar que desde el 16 de noviembre del 2023, un grupo de expertos de Naciones Unidas en materia de derechos humanos advirtieron colectivamente de un grave riesgo de genocidio en Gaza en un comunicado conjunto (véase texto) en el que se puede leer que:

«We are deeply distressed at the failure of Israel to agree to – and the unwillingness of the international community to press more decisively for – an immediate ceasefire. The failure to urgently implement a ceasefire risks this situation spiralling towards a genocide conducted with 21st century means and methods of warfare,” the experts warned.

They also expressed alarm over discernibly genocidal and dehumanising rhetoric coming from senior Israeli government officials, as well as some professional groups and public figures, calling for the “total destruction”, and “erasure” of Gaza, the need to “finish them all” and force Palestinians from the West Bank and east Jerusalem into Jordan. The experts warned that Israel has demonstrated it has the military capacity to implement such criminal intentions«.

Como ya viene siendo costumbre, este comunicado oficial de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas fue escasamente referenciado en algunos de los principales medios de prensa internacionales: pasó prácticamente desapercibido.

El drama en Gaza según últimos informes

Las desgarradoras imágenes de la tragedia que se vive en Gaza desde la tarde/noche del pasado 7 de octubre impactan, día tras día, hora tras hora, a toda la comunidad internacional e interpelan a sus principales órganos. 

Desde la tarde/noche del 7 de octubre, Israel ha emprendido una acción militar punitiva colectiva en contra de la población civil de Gaza, en represalia al ataque sufrido el mismo día cometido por el Hamás en territorio israelí. Esta acción militar israelí se realiza en violación flagrante y abierta de las reglas más elementales del derecho internacional humanitario.

Las «maniobras» de Estados Unidos en el seno del Consejo de Seguridad para impedir que se ordene expresamente un cese al fuego humanitario desde el mismo Consejo de Seguridad han vuelto inoperante la resolución2720 adoptada el pasado 22 de diciembre; por lo que un nuevo ejercicio se impone ante el asedio diario que sufre la población civil palestina de Gaza. 

El último informe de situación al 28 de diciembre elaborado por Naciones Unidas (véase texto) antes del 29 de diciembre daba cuenta de la insensatez de Israel, con más de 21.000 personas fallecidas en Gaza desde el 7 de octubre, en su mayoría niños y mujeres, al leerse que:

«On 28 December, heavy Israeli bombardment from air, land, and sea, continued across most of the Gaza Strip. Intense ground operations and fighting between Israeli forces and Palestinian armed groups also continued in most areas, except for Rafah, as did the firing of rockets by Palestinian armed groups into Israel.  

Between the afternoons of 27 and 28 December, 210 Palestinians were reportedly killed, and another 325 people were injured, according to the Ministry of Health (MoH) in Gaza. According to the MoH in Gaza, between 7 October and 7:00 on 28 December, at least 21,320 Palestinians were killed in Gaza. About 70 per cent of those killed are said to be women and children. As of then, 55,603 Palestinians have been injured. Many people are missing, presumably buried under the rubble, waiting for rescue or recovery.  

On 28 December, the Israeli military announced that three additional soldiers had been killed in Gaza. Overall, since the start of the ground operation, 165 soldiers have been killed, and 921 soldiers have been injured in Gaza, according to the Israeli military. 

Preliminary estimates by humanitarian actors on the ground indicate that at least 100,000 internally displaced persons (IDPs) have arrived in Rafah over the past days, following the intensification of hostilities in Khan Younis and Deir al Balah, and the Israeli army’s evacuation orders. Already on 20 December, Rafah was estimated to be the most densely populated area in Gaza, exceeding 12,000 people per square kilometre. The new influx of IDPs has further exacerbated conditions related to the already overcrowded space and limited resources».

En el último informe disponible a la hora de redactar estas líneas (véase informe al 3 de enero del 2024), se indica el siguiente saldo mortífero:

«Between the afternoons of 2 and 3 January, 128 Palestinians were killed, and another 261 people were injured, according to the Ministry of Health (MoH) in Gaza. Overall, between 7 October and 12:00 on 3 January, at least 22,313 Palestinians were killed in Gaza, according to the MoH in Gaza. About 70 per cent of those killed are said to be women and children. During the same period, 57,296 Palestinians were reportedly injured. Up to 7,000 people are estimated to be missing, with many presumably to be buried under the rubble.  

Since 2 January and as of 3 January, the Israeli military have announced that two additional soldiers have been killed in Gaza. Overall, since the start of the ground operation, 173 soldiers have been killed, and 991 soldiers injured, in Gaza, according to the Israeli military«. 

A modo de conclusión

Es de señalar que esta nueva acción de Sudáfrica ante la CIJ ha provocado una honda preocupación en los círculos gubernamentales israelí pero también norteamericano: este último se ha sentido obligado a desacreditar la base factual utilizada por Sudáfrica en su solicitud (véase nota de prensa del Times of Israel y esta otra nota de Voice of America). 

Los temores de Israel y de Estados Unidos son más que fundados: una decisión preliminar de la CIJ favorable a Sudáfrica conllevaría consecuencias para ambos Estados, tal como explicado recientemente por un especialista sudafricano en derecho internacional público (véase video de su entrevista en SABC del 4 de enero) y en este artículo publicado por un jurista argentino en el sitio de EJIL-Talk (cuya lectura se recomienda). En la precitada nota de Axios publicada este 5 de enero, se lee que Israel explica a sus diplomáticos de todo el mundo que la situación puede acarrear consecuencias de todo tipo para Israel al precisar que:

«A ruling by the court could have significant potential implications that are not only in the legal world but have practical bilateral, multilateral, economic, security ramifications«.

Cabe además recordar que esta iniciativa  de Sudáfrica se añade a otra interpuesta ante la misma CIJ por la Asamblea General de Naciones Unidas, al solicitarle una opinión consultiva sobre la colonización ilegal israelí y sus efectos desde la perspectiva del derecho internacional público: se trata de una resolución que se votó hace exactamente un año, el 30 de diciembre del 2022, y que contó, por parte de América Latina con dos únicos votos en contra: Guatemala y Costa Rica (Nota 4).

–Notas —

Nota 1: Véase al respecto BOEGLIN N.,» Gaza / Israel: a propósito de las maniobras norteamericanas y la reciente resolución S/RES/2720(2023) del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas«, editada el 22 de diciembre del 2023, y disponible aquí

Nota 2: Véase al respecto BOEGLIN N., «Gaza / Israel: a propósito del anuncio hecho por Sudáfrica de una acción conjunta ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI)», editada el  18 de noviembre del 2023 y disponible aquí

Nota 3: Con relación a esta última decisión de la CIJ, referimos a nuestros estimables lectores a BOEGLIN N., «La fuerza del derecho ante el derecho a la fuerza (el caso de Ucrania y Rusia). A propósito de la no comparecencia de Rusia ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ)«, Portal de la Universidad de Costa Rica (UCR), edición del 23 de marzo del 2023. Texto disponible aquí

Nota 4: Véase al respecto BOEGLIN N., «América Latina ante solicitud de opinión consultiva a justicia internacional sobre la situación en Palestina: breves apuntes sobre insólito voto en contra de Costa Rica», editada el 31 de diciembre del 2022 y disponible aquí.

Efemérides que no debemos olvidar

Vladimir de la Cruz

Este año, 2024, en muchos aspectos estaremos, en Costa Rica, de manteles largos. Tenemos varias importantes celebraciones, que no podemos ni debemos dejar de lado.

El 25 de julio celebraremos el Bicentenario de la llamada Anexión del Partido de Nicoya. Su agregación, su incorporación, a Costa Rica no fue tan casual. Sus vínculos comerciales y políticos eran más importantes que con Nicaragua, que para esos días ofrecía mayor inestabilidad e inseguridad en todos los aspectos a los nicoyanos.

El Partido de Nicoya nos enriqueció como nación, como territorio, como pueblo costarricense, nos engrandeció con su historia precolombina y colonial, con su hato ganadero, base de la ganadería nacional, con sus tradiciones culturales que se han impuesto nacionalmente. No hay fiesta regional, como la del 25 de julio, que se celebre como la de la Anexión, como la fiesta nacional que es.

La Editorial Costa Rica, ECR, la del Estado, y la Editorial de la Universidad Estatal a Distancia, EUNED, han acordado para este año priorizar en sus publicaciones todo lo relacionado con la historia del Partido de Nicoya y de la Provincia de Guanacaste, lo que nos dará durante este año y el siguiente una rica producción histórica literaria que nos permitirá conocer más, y mejor, la historia de la región guanacasteca, del viejo Partido de Nicoya, y de la riqueza histórico, cultural, artística y folklórica que nos ha dado esa incorporación del Partido de Nicoya.

El 8 de setiembre celebraremos el bicentenario de la llegada a la Jefatura del Estado, del maestro, del educador, Juan Mora Fernández. Con él inició el período histórico de la organización política republicana, en su sentido clásico, de nuestra institucionalidad y organización política administrativa. Tres gobiernos suyos, hasta 1833, marcaron el rumbo de una institucionalidad civilista que llega hasta nuestros días. La inmensa mayoría de gobernantes del país, en el período del Estado, 1823-1848 y de la República, 1848-2024, han sido educadores, abogados, médicos, civiles en general. De excepción pocos fueron militares.

Juan Mora Fernández se había distinguido desde antes de los días de la Independencia en actividades y responsabilidades que lo vincularon a actividades empresariales y políticas, las que mantuvo cuando dejó la Jefatura del Estado. Con él surgieron nuestros primeros símbolos nacionales, Bandera y Escudo.

Este acontecimiento nos permitirá apreciar esos primeros pasos de nuestro desarrollo histórico del Estado.

El 23 de setiembre se producirá el bicentenario del Patronazgo de la Virgen de los Ángeles, el símbolo religioso más preciado del pueblo costarricense. Encontrada el 2 de agosto de 1635, según la leyenda y tradición, fue proclamada Patrona de Cartago en 1782 y en 1824 se le dio el título de Patrona de Costa Rica. El Decreto del Congreso dice: “La Virgen de los Ángeles, Madre de Dios y Señora nuestra, es y será en lo sucesivo La Patrona del Estado de Costa Rica”. Al día siguiente, el 24 de setiembre 1824, el Jefe Supremo del Estado de Costa Rica, el primer Jefe de Estado, Juan Mora Fernández, ordenó que se guarde, se cumpla y se ejecute dicho Decreto en todos sus extremos.

La Negrita, como cariñosamente se le llama, en 1924, al celebrarse su centenario de Patrona Nacional, el Congreso de la República, de nuevo le afirmó ese reconocimiento con una Declaración en ese sentido. El Congreso de la República, en 1924, al cumplirse el centenario confirmó y proclamó la Tradición de la Virgen de los Ángeles y, el 26 de noviembre, la Sagrada Congregación de Ritos de la Iglesia aprobó el nuevo oficio.

Con motivo del bicentenario del Patronazgo Nacional de la Virgen de los Ángeles, a cumplirse en setiembre, la Asamblea Legislativa, desde ahora debería, asumir el compromiso de reafirmar por segunda vez ese patronazgo y preparar desde ahora, inicio de año, con la colaboración y compromiso de la Conferencia Episcopal, las actividades correspondientes a tan importante celebración y reafirmación de la tradición religiosa costarricense.

1824, es el año también que se estructuró el Estado de Costa Rica, con su tres poderes clásicos, el Poder Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. De hecho es la celebración bicentenaria de estos poderes del Estado, así resuelto por la Asamblea Nacional Constituyente de las Provincias Unidas del Centro de América.

Con ellos empezó a desarrollarse el Estado de Derecho hoy sólidamente estructurado en la sociedad costarricense, que garantiza la estructura y división de poderes públicos, con independencia, autonomía y funciones exclusivas, indelegables entre sí.

Del mismo modo, se estableció el camino de los gobernantes y autoridades públicas para el ejercicio de sus funciones en los poderes del Estado, de manera que quedaban regulados y obligados a realizar y cumplir lo que las leyes les establecían, sin poderse extralimitar de lo que es propio de sus funciones; sujetos a lo que la Constitución Política y la Ley les establecían, al tiempo que empezó a desarrollarse una sociedad muy rica de derechos y libertades para los ciudadanos y habitantes del país. Se creó en este sentido un andamiaje sólido y poderoso de leyes que aseguran la convivencia social y política de los costarricenses.

En el conjunto de todo esto, debemos celebrar el bicentenario de la República Federal de Centroamérica, de la cual fuimos parte integrante desde 1824 hasta 1838. Allí tuvimos Presidentes, que son muy desconocidos en la conciencia y el relato histórico nacional, que fueron simultáneamente junto a los Jefes de Estado, nuestros Presidentes; tuvimos un Congreso Federal y una Corte de Justicia Federal. En esa época, también un Ejército Federal.

Será un año para reflexionar en el significado de estas fechas y eventos, sus repercusiones histórico-institucionales, temas, entre otros, que estaré abordando en diferentes ocasiones.

El arte: resistencia en tiempos regresivos

Por Memo Acuña (Sociólogo y escritor costarricense)

Hace mucho la racionalidad neoliberal nos quitó la capacidad de soñar y el sentido de la colectividad. Nos fragmentó y nos fatigó hasta el extremo. Nos hizo creer en el acto sacrificial para alcanzar el éxito. Entonces se inventó palabras que borraran para siempre la subjetividad, tales como emprendedor o colaborador.

Preguntarse el porqué del éxito de un esfuerzo grupal que no es el fútbol en un país como Costa Rica, implica hacer referencia al valor del arte y la cultura sobre esa racionalidad rampante, ajusticiadora y aniquiladora de esperanzas.

La Banda Municipal de Zarcero (BMZ) se presentó este 1 de enero en el Desfile de las Rosas en Pasadena, California, siendo su segunda presentación en el evento. Fue la única banda representativa de un país de América Latina en esta edición. Para mi gusto ha sido la mejor representación colectiva mediática costarricense en décadas, incluso más allá de la coyuntural gesta futbolística en Brasil 2014. Este performance ha generado una manifestación generalizada de alegría y reconocimiento que hace mucho tiempo no observaba en Costa Rica. Una sociedad que necesita tanto estos hechos para subir su autoestima, debe ser intervenida en su crisis, la crisis que el capitalismo salvaje neoliberal le ha impuesto.

Al ser la única representación musical latinoamericana en esta edición, la banda incluyó en su repertorio una muestra amplia de ritmos y géneros de la región. De allí que sonaran piezas como Rebelión, del músico colombiano Joe Arroyo, acerca de la historia de la esclavitud en nuestros contextos, un flagelo que Costa Rica recién dejó en la época post independencia. O la tan recordada “Violencia”, que acaso refiere a un país como el nuestro, que acaba de cerrar un año récord en homicidios y muertes de mujeres a manos de sus compañeros y conocidos.

Formada por jóvenes provenientes de muchos lugares del país, constituye uno de los proyectos culturales y artísticos más importantes en momentos que el apoyo al arte y la cultura pende del carácter, la emoción y el gusto del gobierno de turno. Estamos claros que la exposición mediática ha sido el impulsador para que mucha gente conozca el desarrollo de este proceso que ya lleva años de funcionamiento. Pero por encima de las cámaras y reflectores, se debe hacer referencia a una práctica que tiene en el arte su principal material sensible.

A un costado del emblemático Parque Central de la localidad, se erige un modesto edificio que alberga a la banda. De allí surge la organización, el empeño y las ganas de hacer arte y cultura en medio de un contexto en el que las autoridades gubernamentales y sus aliados empresariales han restado méritos, apoyo y valor a estas expresiones humanas.

Explicarse porqué tantas manifestaciones de orgullo y alegría por una presentación artística que, además, le mostró al mundo el valor de la cultura originaria Boruca a través de sus trajes y máscaras, tiene que ver en su respuesta con la recuperación de ese ADN soñador y colectivo que nos quitó la racionalidad neoliberal y su proyecto cultural orientado al individualismo y el sacrificio humano como principal motivo económico.

La representación de los pueblos originarios debería ser útil también para evidenciar en lo doméstico, los deberes de un Estado omiso con sus condiciones de vida, el derecho consuetudinario a los territorios que por historia les pertenecen y el respeto a su autonomía y autodeterminación. Si esto no puede ser garantizado, seguiremos siendo una sociedad incompleta, excluyente y desigual.

Durante muchas décadas, el fútbol-mercancía se ha apropiado del sentido de identidad del proyecto costarricense como sociedad. El fútbol-mercancía ha puesto en funcionamiento dispositivos de unión, símbolos de identidad de una nación que pronto empezó a desdibujarse.

El valor del arte y la cultura enmarcados en experiencias como las de la Banda Municipal de Zarcero, bien podría medirse de acuerdo con su importancia para devolverle a la sociedad un poco del ADN primario que la razón instrumental economicista le ha sustraído. Representa una forma de resistencia con la que empezamos a transitar este lento 2024.

Que cada quien se coloque una banda con música, arte y resistencia en su pecho y transite con luz este camino que recién empieza.

Ante el desplome del dólar

Freddy Pacheco León

Freddy Pacheco León

Al bajar el valor del dólar con respecto al colón, se tienen diversas consecuencias. Una, las pérdidas que sufre el sector agroexportador, como el cafetalero, que cada vez recibe menos colones por kilo de café exportado, mientras los gastos alrededor de su actividad se mantienen estables o al alza. Todas las otras exportaciones lo sufren en similar sentido, lo que provoca presiones para que los salarios se congelen, o disminuya el empleo.

Otra, el sector turismo en general. Los hoteles, que en su gran mayoría son muy pequeños, están recibiendo dólares devaluados, mientras que la operación de todas las actividades de hospedaje, pagadas en colones, son cada día más difíciles de cubrir. Problema que, asimismo, se extiende a todas las actividades vinculadas al sector turismo, principal fuente de empleo y de divisas de Costa Rica.

Aunque hay quienes aseguran que las importaciones salen más baratas y, por ende, se venden a precios menores, la realidad no confirma ese deseo. Con excepción de los combustibles que importa y distribuye Recope, el mercado de artículos esenciales, como los alimentos y el vestido, por ejemplo, mantienen sus precios altos, por lo cual, el pueblo no está ganando nada con un colón fuerte.

Son solo dos ejemplos de lo que está sucediendo en lo inmediato. Asimismo, cabe preguntarse sobre EL ORIGEN de esa «catarata de dólares», que induce incluso a pensar en que se podría estar dando un coletazo, imprevisto, del movimiento de capitales que realiza el narcotráfico internacional. Esa posibilidad (de la que solo se habla en corrillos) también está latente, pues una mayor productividad de la nación (que no es cierta) no parece ser la causa del actual fenómeno.

Rafael Ángel Pérez Córdoba – Momentos que dejaron huella…

Relator. Prof. Manuel Avendaño Chinchilla

Redactor. Msc. Raúl Lopez Gilles
Atleta, entrenador e Investigador Deportivo

No podía creerlo …nos dice el Prof. Avendaño

Recién iniciábamos 1970 cuando recibimos una invitación para que nuestro gran fondista Rafael Ángel Pérez Córdoba compitiera en la media maratón de San Sebastián del Táchira, Venezuela.

Dado que recién iniciaban con la organización de este evento logramos gestionar los pasajes ante el Consejo de Deportes, del cual el servidor era miembro, y se logró su aprobación, por supuesto con algunas restricciones.

Emprendimos el viaje a finales de enero en una ruta barata pero larga dada las limitaciones económicas que teníamos. La ruta fue San José, Bogotá y arribando en Cúcuta fronterizo con Venezuela. En Cúcuta tomamos un taxi que tardó unas dos horas en llegar a San Sebastián.

Dado que el evento era bastante nuevo tuvimos una muy amistosa acogida por parte de los hermanos tachirenses tomando en cuenta las expectativas que se había creado alrededor del evento, dado que también estaba invitado Víctor Mora, gran rival deportivo de Pérez y que ya habían tenido sus encuentros y Mora había salido vencedor.

Por fin llegó del día de la carrera y desde la salida por supuesto Pérez y Mora tomaron la delantera ya que a Mora por su sentido de competitividad iba al frente y Pérez con su estilo elegante no se le quedaba atrás.

A pesar de los años que han pasado, todavía tengo en mi retina cuando a la mitad de la carrera se avecinaba una cuesta descendiente muy pronunciada y Rafael Ángel aprovechando el desnivel logró empezar a distanciarse de Víctor que no era muy hábil en el descenso.

Después de unos 200 metros de descenso la carrera llegó nuevamente al plano con sus altos y bajos leves, pero Rafael Ángel poco a poco logró ir distanciándose cada vez más hasta lograr tomar una ventaja de unos 100 metros.

Con cada metro que avanzaba Pérez yo veía el triunfo en sus pies y su corazón y por supuesto la alegría que le traería a un pueblo que siempre estuvo atento a reconocer sus resultados.

Faltando unos 200 metros para ingresar al estadio de beisbol en donde iba a concluir el evento, los que íbamos adelante divisamos la entrada al parque que iba a ser por el lado opuesto a las graderías. Es decir, los corredores tenían que entrar por esa puerta y correr toda la cancha hasta llegar al home, en donde pusieron la cinta de llegada. Todo eso con el afán de aprovechar las graderías para acomodar al público, que por cierto estaban abarrotadas.

Adelante del carro de los entrenadores y dirigentes iba el vehículo de la emisora que estaba transmitiendo el evento y cuando quiso entrar al estadio por esa puerta, no pudo pasar porque era ancho y sus guardabarros se atoraron en el portón.

Al ver esa situación tan lamentable y personalmente viendo que ya Pérez se acercaba hicimos todo lo posible para arreglar la situación, pero fue imposible mover la Van. No podía creer lo que estaba sucediendo.

Ante la frustración Rafael Ángel llegó y en nuestra desesperación agarramos a patadas la Van pero estaba estacionada, no se podía mover. Por supuesto ya Víctor Mora, con el dolor en nuestro corazón, se acercaba peligrosamente y lamentaba todo el esfuerzo hecho para que se perdiera por un vehículo.

Le faltaban a Mora unos 5 metros para igualar a Pérez, cuando vimos con gran emoción como Rafael Ángel se sumergía debajo de la Van y gateando salió adentro del estadio e inició un sprint final de campeón porque Mora lo había emulado y venía pisándole los talones.

Pude disfrutar de esa final tan emocionante un poco a la distancia porque una vez que pasó Mora la Van pudo ingresar con sus raspones y logré ver a nuestro compatriota cruzar la meta con gran orgullo, ya que superaba a uno de los mejores atletas latinoamericanos como lo fue Víctor Mora y con este triunfo lograba ponerse en el panorama internacional como uno de los grandes prospectos.

A raíz de esta participación, de allí en adelante se estableció una rivalidad deportiva muy sana entre nuestro campeón Rafael Ángel Pérez Córdoba y Víctor Mora que después podemos comentarla.

Esta experiencia tan especial nunca la podré borrar por la cantidad de sentimientos que afloraron en ese momento y era una de las primeras vivencias internacionales que tenía que dejaron huella.

Disminuir los índices de violencia y por ende la criminalidad es una meta que podemos lograr

José Luis Pacheco Murillo

El tema de la criminalidad y por ende el de la seguridad acamparon la atención en el 2023. Se contabilizaron 907 crímenes lo que es una suma que causa por una parte tristeza al ver cómo se matan incluso entre jóvenes y por otro lado crea mayor inseguridad y temor. Debemos tener presente que el desarrollo sostenible que tanto queremos no se puede lograr sin seguridad y viviendo con miedo.

Fueron muchas veces las que escuchamos noticias de que en centros educativos se tuvieron que interrumpir lecciones por causa de la violencia. Precisamente donde más se debe trabajar para para cambiar los entornos y que los niños y jóvenes puedan acudir a clases sin temor a las acciones violentas.

Es mucho lo que hay por hacer, pero lo primero es asumir la responsabilidad de hacerlo. No podemos exonerarnos de esa responsabilidad indicando que les corresponde a otros. En el caso del gobierno local la Alcaldía tiene que asumir ese liderazgo.

Hay que gestionar una acción interinstitucional para que cada esfuerzo que se desarrolle sea pensando en el ciudadano y su calidad de vida. Desde la iluminación de parques y plazas y barrios en general, hasta la generación de actividades que establezcan la recuperación de los sitios públicos.

Desde luego que la policía es importante pero no necesariamente es la que puede resolver el problema. Si bien el número de efectivos policiales puede ayudar con su presencia, lo más importante es tener la claridad de su acción preventiva y la coordinación con los otros cuerpos policiales.

Además, es imprescindible la coordinación con la empresa privada y la sociedad civil. Los padres de familia, los hogares y las comunidades apoyados todos con estrategias de cultura, deporte y en especial con la creación real de fuentes de empleo, ayudarán a disminuir los índices de violencia y por ende la criminalidad.

Este año 2024 la situación de criminalidad debe cambiar para dar mayor seguridad y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. No puede ser que, en el caso de Alajuela, con tantísimos recursos económicos y de infraestructura estemos ubicados en el QUINTO LUGAR de criminalidad entre los 15 cantones más violentos. ES URGENTE CAMBIAR Y ESO ESTÁ EN SUS MANOS EL PRÓXIMO 4 DE FEBRERO.

Costa Rica en la COP 28: el concepto de transición ecológica

Alberto Salom Echeverría

“El Concepto de transición ecológica abarca, el conjunto de medidas y

estrategias adoptadas en la esfera política, económica y social para la

lucha contra la contaminación y el cambio climático y para la protección de

la biodiversidad y de los recursos naturales.”

Costa Rica, nuestro “pequeño-gran país” había conquistado un gran prestigio en el contexto mundial de naciones, por haber apostado a un desarrollo verde, ambientalmente sostenible en gran parte de su pequeño territorio. El sexto informe del Estado de la Nación constata con datos fehacientes que, más del 50% del territorio costarricense está cubierto de ecosistemas naturales y adicionalmente un 26% de éste lo constituyen agroecosistemas arbolados y forestales. Con escasas excepciones, todos los gobiernos anteriores al actual del presidente Chaves, han permanecido adheridos a esta determinación sin alterarla en lo medular, aunque ha habido doblez, como cuando se ha permitido a particulares incursionar en los territorios indígenas, o se ha vuelto la vista al lado para disimular la tala de árboles en parques nacionales para robar madera.

En febrero del 2020, el gobierno costarricense del presidente Carlos Alvarado Quesada, dio un paso trascendental adelante al dar a conocer el “Plan Nacional de Descarbonización para el 2050”; una estrategia orientada a demostrar como dijera el presidente Alvarado que: “El plan de descarbonización consiste en mantener el crecimiento económico en una curva ascendente y al mismo tiempo generar una curva descendente en el uso de combustibles fósiles, para dejar de contaminar.”

En su momento esta estrategia recibe el apoyo de los más amplios sectores sociales y políticos costarricenses, independientemente de las diferencias que hubiesen tenido unos y otros con el gobierno. Se trata de uno de esos vértices cruciales del alma costarricense que refleja nuestros sueños e identidad única. Es uno de esos objetivos de largo aliento que distinguen una nacionalidad, cuyos antecedentes son la declaratoria de la gratuidad de la enseñanza pública, las garantías sociales y el código del trabajo, la justicia social, la garantía de la libertad en general y de la libertad electoral en particular, la igualdad de derechos entre el hombre y la mujer, la no discriminación a los derechos de las minorías y, ¡cómo no!, la abolición del ejército para consagrar la vocación de paz y la civilidad.

Fue por eso, por la apuesta a un desarrollo sostenible y sustentable, por lo que, nuestro país recibió ese año el premio “Campeones de la Tierra” del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Un reconocimiento singular que dio pábulo a los esfuerzos de Costa Rica por convertirse en un colíder, junto a Chile, de la conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP 25) que se llevó a cabo en Santiago de Chile, en diciembre del 2020.

Sin embargo, desoyendo la resonancia planetaria del decantado consenso nacional alrededor de la sostenibilidad eco ambiental, del estilo de desarrollo sustentable que se estableció a lo largo de décadas de esfuerzos previsores, el actual gobierno del señor Chaves Robles y su equipo de trabajo, se separaron abruptamente de esta tradición, al optar por la pretensión de recorrer el pedregoso y desprestigiado camino de la exploración y explotación del petróleo y del gas natural. No solo quiebra una tradición, de acometer esa ruta, también rompe con las enormes posibilidades que poseemos como nación de desplegar un desarrollo sostenible y sustentable para alcanzar la carbono neutralidad en el 2050, tal como se estableció en el mencionado Plan Nacional de Descarbonización al 2050. Un aporte de ejemplo valeroso de una pequeña nación como la nuestra, ante las tribulaciones que padecemos como humanidad por el calentamiento global y el cambio climático.

¿Podemos prescindir de las energías fósiles en este momento? Está claro que se trata de una transición ecológica, por lo consiguiente no podemos desprendernos por completo de estas energías contaminantes súbitamente. Pero la estrategia en la transición debe implicar el objetivo de potenciar las energías limpias -como en gran parte lo había venido haciendo Costa Rica- y al mismo tiempo disminuir nuestra dependencia de los combustibles fósiles. Si no es ese el objetivo cardinal de esta época de transición, entonces no quiere decir nada. Se trata de continuar moviéndonos hacia una nueva política económica y social, así como una nueva cultura con la vista puesta en un desarrollo limpio, verde, sostenible y sustentable que, también ha demostrado ser rentable.

La nueva política en la transición conducente a la descarbonización debe implicar como se señala en el Plan de Descarbonización, una reforma ambiental para crear nuevas instituciones modernas, digitales y flexibles para gestionar la transformación en el estilo del desarrollo. Ha de implicar una reforma al sistema de transporte público reitero, basado en energías limpias; el plan también dejó establecido el propósito de crear mecanismos eficientes para la recolección, separación, reutilización y eliminación de residuos; deberá producirse un incremento de la cobertura forestal a un 60%; en la política fiscal se estableció la meta de aumentar los impuestos a aquellas actividades económicas que continúen utilizando combustibles fósiles y también a aquellas otras que produzcan contaminación ambiental. Antes de la COP 25, de diciembre 2020, Costa Rica propuso al cónclave mundial tres prioridades: “ciudades y movilidad sostenibles, soluciones basadas en la naturaleza, y economía azul.”

¿Cuánto de estos propósitos y metas loables que se habían formulado se han programado por parte del gobierno actual? Todo indica que fueron echadas por la borda, cuando revisamos la actuación silenciosa de los representantes del actual gobierno en la reciente COP 28 de Dubái. Tampoco se promovió la participación de Organizaciones No Gubernamentales, como lo venía haciendo Costa Rica en las anteriores conferencias dedicadas a buscar acuerdos estratégicos para combatir el cambio climático. Y luego, se produce el gazapo conducente al descrédito de nuestro país, en que se incurrió tras haber anunciado la intención de encaminarse a la exploración y explotación del petróleo y del gas. Todo indica que el gobierno actual acometerá un camino errático, que asombró al mundo, ya que, entre otras cosas, se abstuvo de firmar la declaración de los países agrupados bajo las siglas de BOGA, (Beyond OIL & GAS Alliance, por sus siglas en inglés), una alianza de la que formaba parte nuestro país, encaminada a abandonar progresivamente la explotación de los hidrocarburos, del petróleo y gas; algo exactamente opuesto a las nefastas pretensiones señaladas por el Gobierno de Chaves más recientemente.

A este gobierno, o desgobierno lo llamo yo, carente de planes, excepto este desafortunado, sin políticas claras para la transición ecológica, le restan unos dos años y medio; un largo trayecto todavía, que amerita una seria atención por parte de los sectores democráticos que tengan la mira puesta en el progreso y en el desarrollo sostenible y sustentable con la ecología, con la Naturaleza en su conjunto y con la vida. Se impone una gran alianza para impedir un daño a nuestro país como el que se produciría si se le permite actuar en la dirección indicada por Chaves y sus acólitos. No podemos mantener una actitud pasiva o expectante. El futuro para una economía limpia, de colores verdes y azules, está en las manos de los amplios sectores sociales y políticos que se identifiquen con este vértice que significa el desarrollo ambientalmente sostenible y sustentable.

Compartido con SURCOS por el autor.

Ni amigos, ni pares, ni adversarios: la distancia del juez

Walter Antillón

1.- Desde hace años he venido observando una práctica que me parece institucionalmente incorrecta y que consiste en que, cada cierto tiempo, Ministros o funcionarios de los Ministerios de Justicia, o de Seguridad Pública, han convocado al Ministerio Público, o personalmente al Fiscal General de la República, a participar en reuniones heterogéneas (a veces con participación de la DEA u otros cuerpos policiales extranjeros) para discutir y convenir en políticas, tácticas o campañas dirigidas a combatir ciertas formas de delincuencia que, se estima, amenazan la vida o la seguridad de los ciudadanos. Mi discrepancia se funda en que la Fiscalía es el órgano de la Justicia que con absoluta autonomía e imparcialidad ejercita la acción penal, esto es, la función requirente del Estado, contra cualesquiera personas sin distinción, según el mérito de la causa; de manera que sus agentes, por elementales reglas de higiene institucional, deberán sustraerse de toda ocasión que pueda conducirlos a participar en planes de cooperación o acciones conjuntas con otros cuerpos funcionariales de donde puedan resultar situaciones de influencias, empatías o sentimientos afines con funcionarios públicos nacionales o extranjeros; funcionarios a quienes eventualmente, el día de mañana, los fiscales podrían estar llamados a acusar como presuntos autores de delito (como, por lo demás, ocurre con alguna frecuencia).

2.- Ahora bien, en los últimos tiempos, y particularmente en el actual Gobierno, se ha recaído lamentablemente en dicha práctica, pero en grado mayor, cuando se convoca a los señores Presidente de la Corte Suprema de Justicia y Fiscal General de la República, junto con Diputados, Ministros y otros, a reuniones de urgencia en Casa Presidencial; reuniones lideradas por el señor Presidente de la República con el justo empeño de detener la ola de violencia que viene padeciendo nuestro País. Me parece que la última de dichas convocatorias ha tenido lugar el 3 de octubre del año próximo pasado (ver “elmundo.cr” del 2 de octubre citado).

3.- Igualmente ahora, y con mayor razón, los ciudadanos debemos señalar lo gravemente incorrecto de dicha práctica. El ejercicio independiente e imparcial de la potestad jurisdiccional del Estado (en sus formas judicante y requiriente) que ejercen en forma ordinaria jueces, magistrados, fiscales y defensores del Poder Judicial, consiste en la aplicación de la Constitución y las Leyes a los casos concretos sometidos a su conocimiento; de manera que perseguir y cumplir objetivos como “combatir”, “detener” o “contener” actos individuales o procesos sociales precalificados como dañinos, peligrosos, etc., son, por definición, ejecución de políticas criminales, lo cual es actividad radicalmente ajeno a la esfera de competencias de aquel Poder.

Tanto es así que, por ejemplo, como resultado del proceso jurisdiccional seguido contra una persona, podría ocurrir, tanto la condena penal de ésta, como también su absolución, con eventuales cargos criminales contra las autoridades que torpe y maliciosamente la implicaron en el caso; porque jueces y fiscales, al examinar objetivamente la conducta de un imputado, también tienen el deber de detectar e identificar los eventuales abusos e infracciones de las autoridades que intervinieron en el caso, y proceder de conformidad.

4.- Las anteriores consideraciones vienen primariamente respaldadas en la tradición liberal y garantista del constitucionalismo moderno, de matriz ilustrada (Locke, Montesquieu). Y al respecto los ciudadanos tenemos el deber de destacar y señalar el amplio desarrollo que en nuestra época ha experimentado la clásica doctrina de la separación entre las funciones y los poderes supremos del Estado.

Porque, en efecto, dichas funciones e instituciones/poderes han sido objeto de renovados análisis doctrinarios, con notables resultados a partir de la consideración de las dos grandes dimensiones de la fenomenología de la producción jurídica, a saber:

  1. a) Una dimensión activa, que corresponde a la función general de gobernar (legislar y ejecutar a tenor de lo legislado) y se expresa en forma de voluntad, poder, innovación y disposición.
  2. b) Una dimensión no activa, que corresponde a la función general de garantizar secundariamente el derecho (juzgar), y se expresa como conocimiento, saber, conservación y constatación.

(ver, por todos, Luigi Ferrajoli: Principia Iuris. Teoria del diritto e della democrazia; Laterza, Bari, 2007; pág. 871 y sigtes.)

5.- La evolución institucional en los países más avanzados acusa claramente la tendencia a atenuar la distancia entre ambas instituciones representativas (parlamento y gobierno: legislar y administrar), conformando entre ellas una relación de condivisión funcional; y opuestamente, la tendencia a acentuar la distancia de las dos frente a la otra institución: la no representativa (judicial), cuya función (y también su legitimación) es garantizar el derecho, caso de fallar otras garantías de carácter primario.

Por ejemplo, la salud de los costarricenses goza de la garantía primaria de la Caja Costarricense de Seguro Social; pero si, debido a las alevosías de presidencias y directivas neoliberales que la apuñalan desde adentro, o corruptelas similares, la garantía primaria falla, bien sabemos los usuarios de las múltiples veces que la Sala Constitucional ha hecho funcionar la garantía secundaria.

6.- En conclusión, el carácter esencial, vital, de la función de garantía secundaria del Poder Judicial para asegurar el Estado Constitucional de Derecho y la vigencia de los derechos humanos de la población, nos obligan a extremar las salvaguardas de la independencia interna y externa, y la alta dignidad de cada uno de los jueces y magistrados de dicho Poder, así como del Fiscal General de la República y, plausiblemente, de los restantes fiscales y defensores.

7.- Ni amigos, ni pares, ni adversarios de los demás funcionarios públicos, los fiscales, los defensores, los jueces y los magistrados del Poder Judicial constituyen un orden aparte, cuya distancia y condición deben ser escrupulosamente respetadas; bajo pena de incurrir, en el más leve de los casos, en violación a las normas de corrección constitucional vigentes en todo país civilizado.

Imagen: UCR. 

Reflexiones de fin y principio de año: Gobierno sin logros, partidos sin brújula, Costa Rica sin norte

Por Guido Mora

Este 2024 se inicia el proceso de renovación de la dirigencia política con miras, no sólo a la elección de las autoridades locales, sino también de las nacionales en el proceso electoral de febrero de 2026.

Como muchos amigos y contertulios, me veo en la obligación de externar una profunda preocupación por el rumbo que ha tomado la política costarricense y, por consiguiente, el país en general.

Por una parte, tenemos un gobierno débil, incapaz de negociar, promover metas y fraguar soluciones. La prepotencia; la presencia impositiva y predominante del presidente y la falta de liderazgo de quienes lo acompañan impide la construcción de los consensos imprescindibles para enfrentar los desafíos impuestos por la actual situación económica, política y social.

Las acciones destinadas a ocultar esta incapacidad condujeron a algunos funcionarios del Poder Ejecutivo, a promover una narrativa orientada a profundizar la polarización social, utilizando un discurso incendiario -este ha sido el instrumento favorito del presidente y su jefa de fracción legislativa Pilar Cisneros-; atentando incluso contra la institucionalidad costarricense. La estrategia procura hacer creer a grupos de ciudadanos, que la ausencia de logros es el resultado de un “complot político” o de una “conspiración, articulada por sus enemigos”: señalando, entre otros, a los mandos medios, los políticos tradicionales y los jerarcas de la institucionalidad costarricense.

Resulta imperativo, frente a esta estrategia, denunciar ante los costarricenses, que la ausencia de logros a nivel gubernamental; la imposibilidad de inscribir las precandidaturas de sus partidos o los múltiples fracasos que caracterizan el quehacer de los jerarcas gubernamentales, son el resultado de la más profunda incapacidad de negociación con los diversos grupos que conforman el espectro sociopolítico costarricense; de su incompetencia en el manejo de los asuntos públicos y políticos, y del desconocimiento del marco institucional costarricense, construido a través de años de ejercicio democrático. Son ellos, los actores políticos vinculados a Rodrigo Chaves, los únicos responsables de sus fracasos.

Esta situación irrefutable, ha conducido a amigos y conocidos -militantes de algunos partidos políticos tradicionales-, a lanzar campanas al vuelo, señalando que esta situación abrirá una oportunidad para que sus partidos vuelvan a triunfar en los próximos procesos electorales, sobre todo los programados para el año 2026, en que se eligen los diputados y el presidente de la República.

El optimismo expresado, me ha conducido a consultarles: ¿en que sustentan sus expectativas? Responden: en la incapacidad de la propuesta chavista de hacer realidad las transformaciones que prometieron a sus votantes.

Considero que estos amigos y sus partidos – representantes de la política tradicional-, lucen como antiguos faros, con vetustas estructuras carentes de luces, ya que, en mi perspectiva, no ofrecen a los costarricenses alternativas y propuestas, orientadas a atraer el interés político de los electores.

La desafección a lo político y la política; la desazón y la desesperanza que priva en los miles de ciudadanos de nuestro país y la ausencia de credibilidad frente a las manifestaciones y promesas de los políticos tradicionales, son el resultado de la incapacidad de un modelo económico y político de satisfacer las necesidades de amplios sectores sociales. Lamentablemente, en los meses transcurridos de la administración Chaves Robles, esta situación no sólo se ha mantenido, sino que se ha profundizado.

El -hasta ahora- penoso resultado obtenido por el presidente Chaves y sus jerarcas, podría convertirse en un detonante para que se fortalezca y entronice el discurso populista dentro de otros grupos sociales, políticos y económicos, llegando al extremo de hacer realidad otra pesadilla: que en el 2026 se elija un “nuevo mesías” que, recurriendo al uso de mentiras y medias verdades, satisfaga las expectativas políticas cortoplacistas de indignados e insatisfechos; pero que en el mediano y largo plazo, sólo provoque la agudización de la problemática prevaleciente y profundice las brechas económicas y políticas que caracterizan a la Costa Rica de hoy.

Hace unos días, conversando con un amigo economista, me indicaba que desdichadamente a la gente adinerada no le importaba fortalecer el sistema democrático y que, la misma realidad, era válida para los más pobres. Apuntaba que esto se debía a dos factores: para los más afortunados lo que realmente interesa es incrementar su riqueza, independientemente del sistema político de que se trate. Y a los más pobres, lo que preocupa es vivir bien, así sea en un sistema populista o autoritario.

Agregaba que, para fortalecer el sistema democrático, era imprescindible revitalizar la clase media, porque es este sector social –cuya presencia caracterizó el tejido social costarricense y que está en vías de extinción-, la que se beneficia con un sistema democrático, que posibilite la movilidad social, política y económica.

Personalmente considero que los partidos políticos tradicionales siguen sin ofrecer un mensaje innovador, destinado a fortalecer a esos sectores medios y a cautivar otros sectores sociales, de manera que no sólo posibilite el triunfo electoral, sino que también sea el motor que potencie la impostergable renovación de la política y el Estado costarricense.

Adicionalmente, en el juego de “lo político”, el objetivo no es sólo que un partido gane un proceso electoral, sustituyendo a quienes ostentan puestos de poder. En el fondo, de lo que se trata es de que ese partido o ese grupo de actores políticos puedan concebir, planificar y ejecutar las decisiones y las acciones, orientadas a transformar el orden de las cosas existentes, de manera tal que frenen los procesos de generación de pobreza y desigualdad, consumados en los últimos lustros del Siglo 20 y principios del 21.

Por eso es qué, cuando converso con personas vinculadas a partidos políticos y me dicen que están organizándose para ganar las elecciones, de inmediato consulto: ¿y para qué quieren ganar las elecciones?

Paso seguido cuestiono su posición política y les interrogo: en caso de ganar las elecciones ¿podrían explicarme cuál es el modelo de democracia que quieren impulsar?

Y continúo: ¿tienen claro cuál es la concepción del Estado que puede conducirles a alcanzar ese modelo de democracia? Y en ese marco, en relación directamente con el aparato de Estado: ¿cuál va a ser el papel de las instituciones públicas, de manera que puedan concretar ese “modelo de estado”?

¿Cuál es el modelo educativo que debe caracterizar a la sociedad del Siglo 21 o el modelo de las instituciones que promuevan y se preocupen por la salud pública o de la infraestructura para lo que resta de este Siglo?

¿Cuáles las políticas para los niños, los jóvenes o los adultos mayores, en el inicio y el final de su vida?

¿Para qué queremos el poder?, porque ante los peligros del populismo, manifiesto en el espectro político actual, el objetivo debería de ir más allá que obtener un pírrico triunfo electoral: deberíamos de planificar las acciones que permitan profundizar la democracia económica, política y electoral, que exige y requiere la sociedad costarricense.

Mi impresión es que las élites políticas han acometido esta reflexión con poca disciplina y seriedad, sigue siendo una tarea inconclusa y requiere de un esfuerzo intelectual mayor, al que deberíamos dedicar horas de discusión y análisis, para conferir un sentido más profundo a las luchas y los triunfos electorales.

No se trata sólo de ganar una elección y que prevalezca la vacuidad en la propuesta. Es imprescindible e impostergable proporcionar sentido a ese triunfo, un sentido social, político y económico, que abone a la transformación del “modelo de Estado” y a la construcción de una sociedad de oportunidades, tal y como en su momento lo dimensionaron los actores que integraron la Generación de 1948.

Concluye este año 2023 y lamentablemente tengo que externar mi pesimismo: considero que pocos actores políticos están reflexionando seriamente sobre el futuro de Costa Rica y que, lamentablemente, su interés se centra únicamente en el resultado de las elecciones, con el único propósito de ocupar un cargo político, desprovisto de la concepción que nos oriente sobre el camino que tenemos que emprender para fortalecer y profundizar la democracia costarricense.

Compartido con SURCOS por el autor.