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Poder Judicial: luces y sombras frente al abismo

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Rosaura Chinchilla Calderón
Abogada y docente en ejercicio de sus derechos convencionales

En 2021 se dictó una conferencia en el aniversario de la muerte de Ernesto Sábato que recoge parte del título de este artículo. Tanto los subtemas sobre los que discurrió la actividad (el mal, la libertad, la verdad y la crisis de la Modernidad) como las obras examinadas (El túnel, Sobre héroes y tumbas y Abaddón el exterminador) nos remiten a los síntomas y efectos de la crisis de las democracias republicanas modernas: la incomunicación generada por polarización y la erosión del debate público ante la desinformación y los algoritmos; la identidad histórica fracturada generada por la desigualdad social, la exclusión y la corrupción; y el apocalipsis o implosión de modelos ante las guerras culturas, el populismo y los autoritarismos. En Costa Rica vivimos esa crisis y parte de ella toca al Poder Judicial y a quienes eligen a las magistraturas, es decir al Poder legislativo.

De la interrelación de tres trabajos recientemente presentados al público es posible desprender cómo, si bien el Poder Judicial costarricense es teóricamente una de las instituciones idóneas para contener el autoritarismo, las autocracias, los populismos y la corrupción, no se encuentra exenta de vicios estructurales que, como lastres, arrastra desde sus orígenes y se manifiestan en la politización histórica del gobierno judicial originada en compromisos partidarios y la captura de sectores que condicionaron su autonomía real y han erosionado la confianza ciudadana en una gestión independiente; la desconexión con las necesidades sociales manifestada en la mora y burocratización judicial y la falla sistemática en la tutela efectiva de los derechos de la población, en especial, de la más vulnerabilizada (migrantes, mujeres, niñez, población LGBTIQ+, personas con alguna condición de discapacidad, pueblos originarios, etc.). Me refiero al V Informe del Estado de la Justicia del Programa Estado de la Nación y los libros del sociólogo Manuel Solís Avendaño ¿Sin propósito de enmienda?: El vaciado de la legitimidad democrática y la investigación La formación del Poder Judicial en Costa Rica (1821-1892): autoritarismo, fragmentación y compromisos políticos y del historiador Carlos Humberto Cascante Segura, Premio Nacional de Investigación Cultural 2024.

Poco, realmente poco (“luces”), se ha hecho desde las fuerzas políticas democráticas nacionales para fortalecer desde fuera la estructura del Poder Judicial. Menos aún se ha efectuado a lo interno del Poder Judicial quien, ocho años después de su más visible y aguda crisis —que implicó la destitución de una de sus magistraturas y la sanción de otras—, ni siquiera ha podido gestionar el envío, a corriente legislativa, de alguna iniciativa de las entonces catalogadas como “urgentes” y menos ponerse de acuerdo para recibir en una sesión a una Relatoría para la Independencia Judicial de la ONU. Y, sin embargo, desde dentro y fuera, como la avestruz, se sigue haciendo lo de siempre, pese a que “Abaddón el exterminador” (la crisis de la civilidad) ya está entre nosotros y la democracia republicana está a punto de estallar en mil pedazos con la complicidad de quienes, desde el ejercicio del poder, pretenden mantener el status quo que les ha beneficiado creyendo que el estado de cosas actual es coyuntural (“sombras”).

Dentro de las luces, tal vez lo más significativa, haya sido el acuerdo legislativo N° 6933-22-23 con el que modificó su Reglamento Interior de la Asamblea Legislativa para transparentar las sesiones y votaciones, incluyendo las relacionadas con la designación y el régimen disciplinario de las magistraturas. También la aprobación de cambios legales para implementar la transparencia en el seno del Poder Judicial prevista por los artículos 11 y 27 de la Constitución Política y desarrollada en los votos 2003-2120 y 11750-2020 de la Sala Constitucional. Se trata de verdaderos faros que impiden pactos y componendas o, al menos, las exhiben y permiten sentar responsabilidades.

Sin embargo, la intensidad del halo de luz es insuficiente y persisten sombras en las esquinas, por ejemplo, en la permanente manipulación de los criterios de elección para designar a las magistraturas como anillo al dedo o traje para el emperador. Cada legislatura modifica las reglas a su antojo, cada Comisión de Nombramientos establece sus criterios y eso deja entrever el perfil de la candidatura que se aspira a promover: que si la entrevista vale 0, 20, 50 o 100; que si solo doctores de la ley; que si solo hombres o unas cuantas mujeres para adornar; que si recién salido de la universidad o con 20 años de experiencia o más, etc. Las reglas son caprichosas y, cuando la ciudadanía se descuida, las puertas giratorias de otrora (cuando se buscaba pasar de la diputación o de la asesoría parlamentaria o de políticos a la magistratura) inician su movimiento. No hay perfiles previos para cada puesto ni criterios invariables pese a que la Constitución Política alude a idoneidad comprobada (artículo 192) y a que el Estado ha suscrito tratados vinculantes de derechos humanos que obligan a adoptar políticas públicas para eliminar discriminaciones estructurales (por género, etnia, condición de discapacidad, etc.).

Se necesita una reforma al Reglamento Interno de la Asamblea Legislativa para establecer esos criterios con mayores niveles de rigurosidad y rigidez y que soporten los vientos interesados de turno, pero también son precisos cambios constitucionales, con reserva de ley incluida, para elevar los requisitos de aspiración, pues no basta hoy la misma edad y la mínima referencia a la experiencia y ocupación de hace dos siglos, cuando la esperanza de vida y el acceso a la educación han variado significativamente. También debe, el Legislativo, modificar la Carta Magna y la Ley Orgánica del Poder Judicial para suprimir de la competencia de la Corte Suprema de Justicia la casi totalidad de funciones ajenas a la jurisdiccional, con el fin de reforzar esta pues para la elección solo se toma en cuenta el perfil jurisdiccional que es el que, ¡vaya ironía!, menos aplican en su praxis muchas magistraturas, dada la cantidad de comisiones a las que deben dedicar su tiempo.

Dentro del Poder Judicial destellean muchas luces en la inmensa noche que vive el país, como el reciente voto de la Sala Constitucional relativo a la protección de los derechos de las personas migrantes expulsadas de Estados Unidos o el trabajo tesonero de cientos de funcionarios y funcionarias para atender los conflictos que se les someten a su conocimiento con la mayor prontitud y esmero. Empero, también se transita entre tinieblas en ciertos espacios o momentos. La luz del Derecho parece funcionar intermitentemente en ocasiones. Votos contradictorios sobre un mismo tema en una misma sala o entre salas de diversa materia; creación jurisprudencial, sin base legal, de criterios de admisibilidad en algunas de las salas; cambios de criterio en votos vía adiciones y aclaraciones (que teóricamente no permiten hacer tal cambio); oposiciones a proyectos de ley aludiendo a normas inexistentes o a criterios emitidos en otros momentos históricos; promoción de proyectos de ley que han requerido múltiples ajustes legales posteriores ante los errores internos y la falta de diálogo; decisiones que inobservan prueba; procesos disciplinarios ante la crítica fundamentada efectuada hacia ciertos liderazgos, son solo algunos de los ejemplos documentados.

Sin embargo, la resistencia al cambio es quizá, el síntoma más persistente y se manifiesta haciendo “como siempre” lo que, por haberse aprobado nuevas normas, obliga a hacer las cosas de otro modo. Veamos un ejemplo. Como se dijo, el Poder Legislativo aprobó, durante el presente cuatrienio, con mayoría calificada por afectar al Poder Judicial y con un amplio consenso de las diferentes fuerzas políticas representadas en el Congreso, cambios a diferentes normativas para hacer realidad los principios constitucionales de rendición de cuentas y transparencia previamente reconocidos como tales por reiterada jurisprudencia constitucional y que, por ende, podían ser aplicados directamente si se hubiera querido, lo que no siempre se quiso. Fue así como emitieron dos reformas a la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ):

i) ley de “Publicidad e idoneidad en el proceso de elección del Fiscal o Fiscala General de la República”, N° 10401 del 14-11-2023, vigente desde el 30 de ese mes y año, con el que se reforman los artículos 15 y 23 de la LOPJ. Valga indicar que, sin esa ley, en una oportunidad se hizo la elección de ese cargo mediante votación pública a lo interno de la Corte Plena pero, luego, se puso como excusa “cumplir la ley” (y no la Constitución ni la jurisprudencia constitucional de mayor jerarquía) y fue ese cambio de criterio de las magistraturas lo que hizo necesaria la reforma legal.

ii) la “Ley para garantizar transparencia en las votaciones del Poder Judicial” No. 10325 de 09-11-2022, vigente desde el 11 de ese mes y año. Su emisión se dio luego de que, para que 12 magistraturas costarricenses (de un total de 22) eligieran a la actual Presidencia de la CSJ, en setiembre de 2022, se requirieran 19 rondas de votaciones a lo largo de dos meses. Si se tiene en cuenta que Robert Francis Prevost fue designado como papa León XIV con solo cuatro rondas en que intervinieron 133 cardenales electores de 70 países ubicados en los cinco continentes —ergo, con diferentes culturas e idiomas que, pese a ello llegaron rápidamente a una decisión— se evidencia la magnitud del entrabamiento burocrático de nuestro máximo tribunal. Esta ley reforma los artículos 5, 58 y 59 de la LOPJ. El numeral 58, en sus párrafos 7 a 9 indica, refiriéndose a la Corte Suprema de Justicia:

«Las sesiones y votaciones serán públicas a menos que por moción debidamente fundamentada y razonada, aprobada con el voto de al menos dos terceras partes del total de integrantes de la Corte Plena, se disponga que serán privadas.

Esta disposición procederá solo cuando exista una excepción calificada a los principios de transparencia y publicidad y, por ende, de aplicación e interpretación restrictiva, por lo que procederá únicamente para casos en los que la información que allí se discuta tenga naturaleza de secreto de Estado o de información de confidencialidad de terceros conforme a la ley.

De la sesión privada se levantará un acta de conocimiento público, de la cual solo se omitirán aquellas intervenciones o datos que no se pueden divulgar porque el ordenamiento jurídico así lo prohíba, según lo establecido en la moción aprobada al efecto.» (El destacado es agregado).

Del examen del texto legal aprobado y vigente se desprende lo siguiente:

1)- La norma no distingue si Corte Plena actúa como órgano administrativo, de gobierno, órgano administrativo decisor o tribunal jurisdiccional. Se refiere a toda vez que tenga que sesionar. No puede distinguirse donde la ley no lo hace y menos cuando la misma ley establece, expresamente, que deben interpretarse restrictivamente las excepciones que ella regula.

2)- La regla, entonces, es la publicidad tanto de la sesión como de la votación. Sesión y votación no son sinónimos, sino actos separados. Uno no implica el otro. Si se decide sesionar en privado se puede votar en público; si se decide sesionar en público se puede votar en privado; también se puede sesionar y votar en público o sesionar y votar en privado.

3)- La excepción a la regla de la publicidad, es decir la privacidad, debe acordarse de previo a sesionar o votar de forma privada. Debe especificarse si la moción es para la votación, para la votación o para ambas y debe cumplirse con varios requisitos:

3.1 ha de existir una moción previa (que se sesiona y vota en público por ser la regla), que alguna magistratura debe presentar y suscribir, en la cual debe especificar si se refiere a la sesión, a la votación o a ambas;

3.2 la votación de esa moción (para sesionar o votar en privado) debe ser aprobada con mayoría calificada de la totalidad de la magistratura, es decir con 12 de 22 votos;

3.3 la decisión que apruebe la moción de sesión o de votación privada debe estar motivada o fundamentada;

3.4 la decisión de privacidad de la sesión, de la votación, o de ambas, solo puede basarse en:

3.4.1 declaratoria de secreto de Estado (regulado, entre otros, en el artículo 30 párrafo segundo de la Constitución Política y los numerales 16 de la Ley General de Policía No. 7410 del 26 de mayo de 1994, 273 inciso 1 de la Ley General de Administración Pública; 293 del Código Penal y 303 de la Ley General de Aviación Civil) y,

3.4.2 confidencialidad de terceros (tal el caso de los actos en perjuicio de personas menores de edad según la Convención de los Derechos de los Niños y la Ley de Justicia Penal Juvenil; de actos sexuales en perjuicio de mujeres según el CPP, etc.).

En ambos casos (secreto de Estado y confidencialidad de terceros), debe existir reserva de ley que regule tales supuestos (en el mismo sentido el artículo 19 inciso 1 de la Ley General de la Administración Pública).

3.5 esa regla de privacidad debe interpretarse restrictivamente.

Pese a lo antes indicado, el 30 de junio y el 01 de julio, ambos de 2025 la Corte Suprema de Justicia acordó por mayoría (en el primer caso de 17 votos a favor y 5 en contra y, en el segundo, de 15 a 7) solicitar a la Asamblea Legislativa el levantamiento del fuero de improcedibilidad penal (conocido como inmunidad) a varias autoridades del Poder Ejecutivo: en el primer supuesto al ministro de justicia y gracia y, en el segundo, al Presidente de la República y al ministro de cultura, juventud y deportes. En ambos supuestos ya había una acusación presentada por el Ministerio Público contra ellos.

Ninguna de las sesiones fue transmitida por streaming ni la prensa o el público tuvo acceso. Luego de ello se emitieron comunicados oficiales de prensa dando cuenta de la votación, aunque sin indicación de los nombres y el sentido en que cada magistratura votó. Tampoco se tuvo acceso, hasta donde tengo conocimiento, a la sesión y votación en que se presentó y votó la supuesta moción previa de privacidad y sus fundamentos.

Valga indicar que no conozco alguna ley que decrete la privacidad de las sesiones o de la votación cuando la Corte Suprema de Justicia, actuando como órgano jurisdiccional, resuelve un levantamiento de fuero de improcedibilidad penal, que es el argumento que la prensa manejó. La ley No. 10325 no distingue el tipo de actuación que genere la intervención de la “Corte Suprema de Justicia”. En el Código Procesal Penal (en adelante CPP, vigente desde 1998), se establece la privacidad solo para:

1.- La etapa de investigación o preparatoria (arts. 289, 295 y 296 CPP) que, según el espíritu legislativo, tiene como fin proteger la investigación en curso. Esta etapa de investigación finaliza con la presentación de una acusación como acto conclusivo (arts. 299, 303 y 310 del CPP). En los casos supra referidos, al ya haber acusación presentada, había fenecido la fase preparatoria y no aplicaba esa norma.

2.- La realización de la audiencia preliminar (art. 316 del CPP) fase a la que aún no se llega en tales asuntos.

3.- En la fase de juicio si se afecta la vida privada o integridad física de intervinientes; la seguridad del Estado; si peligra un secreto oficial, comercial o industrial; si se recibe a una persona menor de edad o testimonios de víctimas o testigos protegidos u otros casos dispuestos en la ley (art. 330 CPP) fase a la que aún no se llega.

4.- La deliberación una vez cerrado el debate (artículo 360 del CPP). Nótese que no se trata de otras deliberaciones sino solo la que sigue al juicio oral y público. Si alguna duda cabe, la regla de la ley No. 10325 es la interpretación restrictiva: donde dice “debate” solo puede entenderse eso. Ergo, no cabe la privacidad de la deliberación para otros actos procesales previos al juicio, como el levantamiento de la “inmunidad” en la que cada magistratura, al tenor de lo estipulado en el numeral 395 del CPP, solo puede votar por:

  1. rechazar la solicitud, si la persona acusada no tiene derecho de antejuicio;
  2. desestimar la acusación, si los hechos acusados no constituyen delito. Aunque este artículo, del CPP aprobado en 1996 alude a la Corte Plena, el numeral 56 inciso 2 de la LOPJ (reformado por ley No. 7728 de 15 de diciembre de 1997, es decir, ley posterior), estableció que esta competencia la ejerce solo la Sala Tercera y,
  3. trasladar la solicitud a la Asamblea Legislativa, sin emitir criterio de fondo porque, de hacerlo, adelantaría criterio y afectaría la imparcialidad de sus integrantes ya sea de Sala III (que juzgarán) o del pleno (que conocerían apelación o casación).

Según comunicados de prensa oficiales que replicaron varios medios, algunas magistraturas habrían votado “…por devolver el expediente al Ministerio Público consideraron que con la prueba que consta en el proceso, no es posible realizar el juicio de probabilidad sobre la comisión del delito que, a su criterio, exige la ley” (Cfr. Delfino) y ante ello saltan muchas preguntas que quedan, por ahora, sin respuesta:

  • ¿por qué hubo sesión y votación privada en la CSJ? ¿quién mocionó y cómo se votó tal cosa? ¿en qué norma se basó y si se interpretó restrictivamente? O, en su defecto ¿por qué no se aplicó la ley No. 10325?

  • ¿con fundamentó en qué norma las magistraturas que salvaron el voto analizaron el fondo de cada asunto? ¿adelantaron criterio? ¿se inhibirán de conocer el juzgamiento?

Reforzar la aplicación y explicación de criterios jurídicos y no discrecionales es parte de la tarea pendiente del Poder Judicial porque sus máximos órganos tienen, también, una misión de pedagogía jurídica y de orientación jurídica. Si no se tiene conciencia de esa responsabilidad y si no se actúa en consecuencia la furia ciudadana terminará, como ya lo han experimentado otros países, con reformas que se basen en juicios populares, aunque en el ínterin estos (como en el proceso del Jesús histórico o en la II Guerra Mundial) violen derechos humanos.

La labor por terminar de la actual Asamblea Legislativa es regular, de mejor manera, más objetiva y estandarizada conforme a pautas internacionales, el nombramiento de las magistraturas para crear ya no pequeñas lámparas sino reflectores plenos que alumbren y fortalezcan las competencias constitucionales del Poder Judicial.

Se trata, en definitiva, de seguir en la lucha contra las inmunidades del poder de que hablaba el autor español García de Enterría y no de apagar la luz de la democracia, la República y la independencia judicial la cual solo tiene razón de ser con su contracara de la responsabilidad en el ejercicio del cargo y no cuando se separa del Derecho.

El emperador desnudo y la mirada inocente: una reflexión sobre liderazgo, verdad y responsabilidad en Costa Rica

Escrito en . Publicado en Aportes para el desarrollo.

Dr. Fernando Villalobos Chacón*

“La verdad no se da por mayoría de votos: solo una persona puede descubrirla, y esa persona debe atreverse a decirla.”
— Søren Kierkegaard

En el célebre cuento de Hans Christian Andersen, El traje nuevo del emperador, una sociedad entera —desde los ministros hasta el pueblo— simula ver un traje invisible, incapaz de aceptar lo evidente: que el emperador está desnudo. Solo la voz inocente de un niño, libre de compromisos y temores, se atreve a señalar la verdad. Esta historia infantil, cargada de sabiduría simbólica, nos interpela hoy con particular urgencia, especialmente en Costa Rica, ante la inminencia de nuevos procesos electorales en el gobierno, las instituciones públicas, las universidades, las municipalidades y las múltiples organizaciones de la sociedad civil.

No se trata de una parábola inocente. La escena del emperador desnudo expone un mecanismo profundamente humano: el miedo colectivo a romper el consenso aparente, la inclinación a fingir conocimiento o aprobación para no parecer incompetente. Aplicada a nuestra realidad nacional, la fábula nos llama a examinar críticamente los liderazgos que a menudo se erigen con base en apariencias, marketing o redes de poder, sin sustancia, sin ropa moral ni ética real. Tal como lo advertía el filósofo alemán Jürgen Habermas, “la legitimidad no emana del ritual de la representación, sino de la racionalidad del discurso público”.

Hoy, muchos ámbitos de la vida pública y privada costarricense parecen desfilar con trajes inexistentes. Instituciones cuya razón de ser es el servicio y la promoción del bien común se ven, a veces, atrapadas en dinámicas de simulación: diagnósticos que no se ejecutan, liderazgos sin visión, discursos vacíos que se repiten como dogmas. En no pocos casos, lo que debería ser deliberación informada se sustituye por gestos, poses o slogans. Y como en el cuento, muchos prefieren callar, temerosos de señalar lo evidente por miedo a ser excluidos, ridiculizados o tachados de conflictivos.

Esta lógica se vuelve especialmente peligrosa en época electoral, cuando se deben escoger nuevos liderazgos en todas las escalas. La confianza ciudadana, ya erosionada por escándalos, ineficiencias o decepciones, corre el riesgo de ser reemplazada por el cinismo o la apatía. Pero precisamente por eso, urge una ciudadanía vigilante, reflexiva y propositiva. Como advierte la filósofa española Adela Cortina, “la ética no es solo para tiempos tranquilos, sino especialmente para cuando arrecia la tempestad”.

El relato del emperador nos recuerda la importancia de contar con voces honestas, como la del niño, capaces de romper la ilusión colectiva. En el contexto costarricense, esto implica cultivar entornos donde se valore más la competencia que la lealtad ciega, más la autenticidad que la corrección política. Instituciones fuertes requieren líderes con carácter, no figurines que repiten lo que el entorno quiere oír. Requieren ciudadanía crítica que premie la verdad, la transparencia y el servicio genuino por encima del carisma vacío o la retórica hueca.

Desde el sector público hasta el ámbito académico, desde las organizaciones sociales hasta la empresa privada, se nos presenta un desafío: elegir con sabiduría. No basta con confiar en el ropaje institucional, en las credenciales o en la imagen cuidadosamente elaborada. Se necesita discernimiento ético y una disposición colectiva a preguntarnos, sin miedo: ¿está el emperador realmente vestido? ¿Qué tanto hemos callado por conveniencia? ¿Qué tan lejos hemos llegado en la simulación?

“Las sociedades mueren por la falta de examen.”

— Michel de Montaigne

Resulta oportuno preguntarnos: ¿qué estructuras o patrones culturales sostienen esa lógica del emperador desnudo en nuestras instituciones? ¿Por qué la crítica serena y la evaluación profunda suelen ser vistas con recelo, incluso con hostilidad? Parte de la respuesta se encuentra en una cultura organizacional que muchas veces confunde unidad con uniformidad, y respeto con sumisión. En lugar de favorecer el disenso argumentado, se premia la lealtad sin cuestionamientos. Esto debilita el pensamiento crítico y asfixia el aprendizaje colectivo.

En el contexto costarricense, muchas instituciones —públicas y privadas— arrastran inercias que reproducen esquemas verticales de poder, donde la visibilidad mediática o la cercanía política pesan más que la idoneidad, el conocimiento o la experiencia real. Esto no ocurre por malicia, sino por hábitos acumulados, estructuras sin reforma y una ciudadanía que, a veces, se limita a observar. Como señala Martha Nussbaum, “una democracia solo puede sostenerse si forma ciudadanos capaces de pensar por sí mismos, de criticar con respeto y de imaginar alternativas”.

Ante esto, el reto es promover una cultura que valore más la calidad del discernimiento que la cantidad de seguidores. Esto empieza en la educación, pero también se forma en la experiencia cotidiana: al elegir, al evaluar, al ejercer funciones. No necesitamos emperadores con ropas invisibles, sino líderes capaces de reconocer sus límites, de escuchar otras voces, y de ejercer la autoridad como servicio, no como espectáculo.

El momento actual de Costa Rica —con desafíos económicos, climáticos, institucionales y sociales entrelazados— exige liderazgos con integridad, pero también con competencia y visión. Requiere actores que inspiren confianza no por sus slogans o alianzas estratégicas, sino por su historial de compromiso, capacidad técnica, apertura al diálogo y responsabilidad ética. Esto implica ir más allá de los liderazgos carismáticos o mediáticos, para volver a poner en el centro la vocación de lo público.

En este sentido, la ciudadanía también debe asumir su cuota de responsabilidad. El cuento de Andersen no habría tenido desenlace si el niño no hablaba. Pero tampoco si los demás hubieran seguido fingiendo después de escucharlo. La función crítica no es exclusiva de los medios ni de las élites académicas: es una tarea compartida por toda persona con conciencia cívica. Como escribe Paulo Freire, “la libertad se alcanza cuando se rompe el silencio cómplice y se transforma la realidad con la palabra dicha y pensada”.

Los procesos electorales que se aproximan, sean institucionales o nacionales; ofrecen una oportunidad invaluable para renovar liderazgos con criterios más exigentes. No se trata de desconfiar de todo, sino de discernir con profundidad. Exigir transparencia, revisar trayectorias, comparar propuestas, y sobre todo, escuchar con atención la forma en que se relacionan con la verdad, el diálogo y el respeto por la diversidad de opiniones. Estos signos, más que cualquier programa de campaña, revelan el tipo de liderazgo que una persona puede ofrecer.

Además, debemos cuidar nuestras instituciones. Ellas no son solo estructuras legales, sino espacios simbólicos que dan forma a nuestra convivencia. Cuando se debilita la ética institucional, cuando se trivializa la rendición de cuentas o se normaliza la simulación, perdemos algo más que eficiencia: perdemos confianza, sentido de pertenencia y futuro compartido. Como nos recuerda Hannah Arendt, “la política comienza donde las personas se sientan juntas a hablar y a escucharse con honestidad”.

Hoy más que nunca, Costa Rica necesita menos desfiles vacíos y más autenticidad. Necesita instituciones vestidas con la tela de la humildad, la escucha activa, la coherencia entre el decir y el hacer. Necesita ciudadanos que no teman levantar la voz, no para gritar, sino para construir. Y necesita líderes que no teman bajarse del trono simbólico para caminar entre la gente, aprendiendo, rectificando, y sirviendo con convicción.

Referencias bibliográficas.

Andersen, H. C. (1837). El traje nuevo del emperador. Cuento clásico.

Arendt, H. (1958). La condición humana. Chicago: University of Chicago Press.

Cortina, A. (2006). Ética mínima: Introducción a la filosofía práctica. Madrid: Tecnos.

Freire, P. (1970). Pedagogía del oprimido. Montevideo: Tierra Nueva.

Habermas, J. (1981). Teoría de la acción comunicativa. Madrid: Taurus.

Nussbaum, M. (2010). Sin fines de lucro: Por qué la democracia necesita de las humanidades. Buenos Aires: Katz.

*Escritor

El caso Celso Gamboa y su relación con la situación socio-política de Costa Rica

Escrito en . Publicado en Aportes para el desarrollo, Coyuntura.

Por: Allen Cordero Ulate1

1 Sociólogo, integrante del Movimiento de Trabajadores y Campesinos. Ex director de la Escuela de Sociología de la Universidad de Costa Rica.

El 23 de junio del presente año Celso Gamboa Sánchez, fue detenido a solicitud de la DEA de Estados Unidos; Administración de Control de Drogas. Esta detención se ha convertido en el acontecimiento político más relevante del momento. De todo se ha dado con este caso: el pueblo ríe; el gobierno se sacude; los partidos políticos ya nada tienen que ver con Celso; la DEA sale como el gran ganador. En fin: es pertinente que hagamos un análisis de este escándalo para ver qué conclusiones podemos extraer.

El pueblo ríe

La producción de memes con el caso Celso Gamba es impresionante: algunos muestran fotos de Celso con variados personajes de la política nacional; otros instan a Celso a “soltar la sopa”, o sea, a delatar a otros responsables; otros se burlan de las 10 enfermedades reportadas por este personaje para pedir traslado a una cárcel de mucho menor seguridad; etc. Queda la duda de hasta qué punto Celso Gamboa, a pesar de lo apestado que lo muestra alguna prensa, es un referente para ciertos sectores de la sociedad desaminados por la política actual, pero que ven en esta figura un modelo a seguir, dado su aire triunfador, su éxito en la política tanto legal como la ilegal. En algunos países o regiones los capos de la droga son prácticamente héroes.

Causas y efectos del caso Celso Gamboa

Este sonado caso se puede relacionar con variados aspectos de la realidad nacional e internacional. Sin duda tiene que ver con la situación política nacional pues se inscribe en una disputa de élites socio-políticas. Algunas de estas causas relacionadas con las luchas entre grupos dominantes son muy oscuras. También, tiene que ver con la realidad social del país donde la criminalidad asociada con trasiego y consumo de drogas se encuentra en el punto más alto de la historia nacional. Igualmente, puede relacionarse con aspectos de la economía nacional, donde algunos sectores poderosos se orientan a la economía relacionada con drogas como vía de acumulación de capital. Se puede pensar que hay vasos comunicantes entre la economía legal y la economía ilegal. Este caso también tiene que ver, aunque parezca increíble, con las relaciones internacionales en primer lugar con Estados Unidos. Veamos algunos aspectos de estas situaciones.

Impactos políticos

Los impactos políticos que está teniendo el asunto de Celso Gamboa es muy profundo. No obstante, es difícil saber cuál será el desenlace. Con el tema de las drogas se da paso a una suerte de política oscura o empañada. No se sabe claramente dónde está la verdad y dónde está la mentira. Así como hay una economía “legal” con conexiones oscuras con la economía “ilegal”. Asimismo, se puede pensar, funciona la política: con personajes legales, tales son los casos de las autoridades políticas que se relacionan con otros personajes opacos que trabajan en el oscuro mundo de los negocios de las drogas. Al final los escenarios políticos lucen turbios, sean legales o ilegales.

Algunos de los puntos de tensión política más significativos de la coyuntura actual son los siguientes:

  • Conflicto gobierno versus partidos políticos de oposición.

  • Conflicto gobierno versus otros poderes estales (judicial, legislativo, y Tribunal Supremo de Elecciones).

  • Conflicto gobierno versus prensa tradicional y alternativa.

Parece un conflicto desigual pues enfrenta a un presidente que se muestra junto a una mujer fuerte diputada; enfrentados contra el poder de múltiples actores visibles o invisibles que se escudan tras las instituciones, los partidos políticos tradicionales y también en la prensa. Pareciera un conflicto donde el presidente y su principal aliada tiene todas las de perder puesto que “todo el mundo” está contra él y ella. Pero no es tan así, por el no tan simple hecho de que este equipo, goza de una amplia popularidad, que si bien se ha desgastado producto de su accionar político, está lejos de haberse destruido. Antes bien, representa un inminente riesgo de continuidad.

¿Qué tiene que ver el caso de Celso Gamboa con toda esta situación? En que el gobierno y en particular, la figura del presidente está siendo una de las más señaladas con vínculos con el apestado de Celso Gamboa. En las redes, por ejemplo, están circulando videos de cuando el personaje devenido en desgracia se dirige a la casa del presidente en el exclusivo condominio Monterán. También están siendo acusados funcionarios muy cercanos al presidente: un ministro y un asesor. El presidente niega su relación con Celso Gamboa, pero le están lloviendo múltiples acusaciones.

¿Irá a venirse el gobierno abajo con el caso Celso Gamboa? Pudiera venirse abajo jurídicamente pero no políticamente. Al menos en este momento. O sea, no se puede descartar que al presidente se le levante su inmunidad y se le vea sometido a una batería de juicios, o bien, que salga huyendo del país poco antes de terminar su mandato o inmediatamente después de terminarlo. Es posible y hay muchos rumores el respecto. A ciencia cierta es difícil emitir un pronóstico político respecto a Rodrigo Chaves. Pero lo que hasta el momento aparece con un importante grado de solidez es que sigue conservando una importante popularidad en sectores populares, principalmente de los barrios más pobres de la ciudad y de las provincias dejadas de lado por el “desarrollo nacional”: Limón, Puntarenas y Guanacaste.

En esto último que hemos dicho, “dejados de lado por el ‘desarrollo nacional´” está una de las claves del éxito populista de derecha de Chaves. Es decir, Chaves sabe utilizar muy bien el desencanto de las clases populares más pobres con la política tradicional. Es un desencanto muy profundo que tiene que ver con el propio subdesarrollo capitalista que ha venido hundiendo en la miseria y la ausencia de oportunidades para estos sectores, todo esto profundizado por las políticas neoliberales. Obviamente, los partidos tradicionales, incluyendo a los partidos “progresistas”, como el Partido Acción Ciudadana (PAC) y el Frente Amplio (FA), son corresponsables de la aplicación de estas políticas. También las instituciones adscritas al poder legislativo, y electoral son corresponsables de estas situaciones adversas. Chaves, hábilmente ha venido canalizando este descontento e incluso intentando dar golpes institucionales, cosa insólita, contra el poder judicial y otros poderes. La debilidad política de Chaves es que no ha logrado que el apoyo que aparece en las encuestas se traduzca en apoyo callejero.

Las políticas de Chaves son derechistas porque al mismo tiempo que se lanza contra grupos privilegiados, aplica las mismas políticas neoliberales, como es priorizar el pago de la deuda interna y externa, de manera simultánea que ahoga instituciones y políticas como la CCSS, el gasto social, en temas como educación y vivienda. Además, se apoya en prejuicios muy arraigados en sectores populares, como la homofobia, la defensa a secas de la vida, que en palabras llanas significa la oposición al aborto, la xenofobia, etc. Aparte de elementos subjetivos como es hablar en tono pachuco, violento, o en tono de guaro vaquero de cantina.

El alza en la criminalidad

El caso Celso Gamba también se conecta muy bien con el asunto del crecimiento de la criminalidad ya que tiene que ver con trasiego de drogas. Gran parte de las violencias está relacionado con asuntos de drogas.

El indicador más usado para medir la situación de criminalidad de un país es el de homicidios dolosos. Los últimos años muestran una fuerte tendencia al alza. Siendo el 2023 el año más violento de la historia con 905 homicidios. En el 2024, la cantidad de homicidios bajó muy levemente pues hubo 880 homicidios; 25 menos que el año anterior (Semanario Universidad, 6.01.2025). Pero, julio del 2024 fue el más violento de la historia nacional con 80 víctimas; un 17,5 más que en el 2023. (Semanario Universidad, 05.08.2024). Ver: https://semanariouniversidad.com/pais/con-880-homicidios-2024-cerro-como-el-segundo-ano-mas-violento-de-la-historia/ y https://semanariouniversidad.com/pais/este-mes-de-julio-fue-el-mas-sangriento-en-la-historia-de-costa-rica/)

De acuerdo con algunos organismos especializados y también de lo que llega por fuente de la prensa y de los relatos, incluso vivenciales en nuestros barrios; buena parte de los homicidios se relacionan con temas de drogas. Así en un estudio, del Observatorio de la Violencia adscrito al Poder Judicial de Costa Rica, mostró que un 70% de los homicidios ocurridos en el 2024 tenían que ver con móviles de ajuste de cuentas o venganzas. El resto de los homicidios tenía que ver con discusiones o riñas (14%). El restante 16% se distribuía entre causas como la comisión de otro delito, la llamada “violencia doméstica” y otros. (Ver: https://observatorio.mj.go.cr/recursos/tablas-y-graficos)

En general, la vida social costarricense se ha hecho más violenta, principalmente relacionada con drogas como causa inmediata. Pero también por la realización de otros delitos o porque se utiliza la violencia para resolver diversidad de conflictos. Esta situación viene a afectar profundamente la calidad de vida de las personas que ven como un pasado con escasa violencia social se les escapa de las manos sin poder hacer prácticamente nada.

Otro indicador significativo de la violencia es la de género. En los dos primeros meses de 2025 se registraron 10 femicidios, o sea, la tercera parte de los ocurridos durante el 2024, año en que hubo 30 femicidios. (En: https://semanariouniversidad.com/pais/solo-dos-meses-del-2025-pais-alcanzo-una-tercera-parte-de-los-femicidios-del-ano-anterior/).

En un contexto como el de Costa Rica donde se supondría que los femicidios no existieran o tendieran a la baja, pues se supone que es un país avanzado en términos de relaciones de género, así como en términos de legislación; la situación es claramente adversa. Muchos de estos crímenes se revisten de formas de violencias extremas, donde las víctimas son sujetas de muertes muy dolorosas, alevosas, como descuartizamientos, entre otros.

Otro sector que no se debe olvidar cuando se hace un recuento de los efectos sociales de la criminalidad, definitivamente es la juventud. Una importante cantidad de víctimas viene de este sector. El director del Organismo de Investigación Judicial, Randall Zúñiga así lo ha venido enfatizando. Este funcionario dio las siguientes cifras: “(es)…doloroso la cantidad de menores de edad que están falleciendo”, pues se están muriendo”. Se refiere a las víctimas del 2024. O sea, un 39,7% se trató de jóvenes entre los 12 y los 29 años. (Semanario Universidad, 06.01.2025).

Por su parte, el presente año, 2025, no pinta nada bien. De acuerdo con la OIJ, la cantidad de personas asesinadas hasta mayo del presente año ya superó la del 2024 la del 2023, para esta misma fecha, Esto significa que a mayo del 2025 se registraban 370 homicidios, siete más que el año anterior, en el cual ocurrieron 880 homicidios en total, el segundo peor registro en la historia, solo superado por el 2023.” (LN, 02.06.2025) En: https://www.nacion.com/sucesos/homicidios-en-costa-rica-en-el-2025-ya-superan-los/KWRZYFGGK5HIDFF5ZD3KKCT3CM/story/)

Economía del narco

De acuerdo con el “Informe Mundial sobre las Drogas 2025” elaborado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc, por las siglas en inglés); Costa Rica aparece entre las principales rutas marítimas para el tráfico de cocaína entre Sudamérica y Norteamérica.

Este informe se publicó el pasado 26 de junio. En el mismo se analiza el narcotráfico y el consumo de drogas en diferentes modalidades. Así, “…Costa Rica forma parte de una de las principales rutas del trasiego de cocaína proveniente de Ecuador, por aguas del pacífico. En tanto, en aguas caribeñas, la influencia es ejercida por los envíos desde Colombia.” Igual se indica que la mayor parte de los países centroamericanos forman parte de estas rutas.

Todo esto en un contexto de economía internacional de la cocaína que muestra un crecimiento de la producción que sería envidiable para cualquier actividad económica. De acuerdo con el informe citado, la producción de cocaína a nivel mundial experimentó un crecimiento récord llegando en 2023 a 3738 toneladas, lo que significó un incremento de casi el 34% respecto al 2022. (CRHoy, 01.07.2025; En:https://crhoy.com/costa-rica-entre-las-principales-rutas-para-el-trafico-maritimo-de-cocaina-expone-informe-de-onu/). La razón de este crecimiento es por supuesto, el aumento exponencial del consumo en Estados y Europa. Además, es un mercado en expansión hacia países asiáticos y africanos. Se estima que actualmente hay unos 25 millones de consumidores en el mundo. En el caso costarricense también hay un mercado interno. Buena parte de la criminalidad nacional tiene que ver con mercado interno.

Las tasas de ganancia en este negocio parecen ser exorbitantes pues un kilo de cocaína en Costa Rica cuesta entre 4000 y 4500 dólares. En tanto que en Europa cuesta entre 30000 y 35000 dólares. O sea, unas 7,5 veces más. (El Observador, 18.06.2025).

Se han vuelto pan de cada día las noticias relacionadas con incautaciones de drogas. El gobierno dice que las incautaciones son históricas, mientras que las fuerzas críticas al gobierno denuncian que los decomisos han disminuido significativamente. Los cierto es que los cargamentos son impresionantes. Así, por ejemplo, una noticia reciente del 9 de junio 2025 informa de una incautación de 3500 paquetes de droga, esto es 3,5 toneladas. (La Nación, 09.06.2025). En: https://www.nacion.com/sucesos/cae-enorme-cargamento-de-cocaina-en-contenedores/OWET54SKLVCV7KNC4ARCQRSNME/story/). Por lo tanto, con un valor de entre 105 y 122,5 millones de dólares. En colones sería la gigantesca cifra de unos 5 mil millones, en caso de ser calculado al valor menor de 30 mil dólares el kilo.

No se tiene datos del valor de la droga realmente colocada en los mercados internacionales. Pero, los datos de las incautaciones pueden servir de indicativos para estimar los valores monetarios de lo que se está moviendo.

Volviendo al caso de Celso Gamboa, a quien la DEA lo tiene como el líder en Centroamérica del Clan del Golfo para Centroamérica, él estaría recibiendo entre 500 mil y 2 millones de dólares mensuales por sus servicios. (CRHoy, 03.07.2025) O sea, estamos al frente de un pez muy gordo. De acuerdo con la nota anterior Celso fue reclutado desde el 2019 por un grupo dedicado a este negocio. Aparentemente la DEA venía dándole seguimiento desde el 2020. Hasta que se culmina con la solicitud de extradición.

La DEA y el imperialismo

La Ley de Extradición, que permite la deportación de costarricenses por presuntos casos de narcotráfico y terrorismo, fue aprobada por la Asamblea Legislativa el 20 de noviembre del 2024. Contó con el voto afirmativo de 44 personas diputadas. No hubo ningún voto en contra. Las restantes 13 de diputaciones no votaron por oposición si no por ausencia. Incluso, el Frente Amplio, al que se le tiene por la oposición de izquierda, votó a favor de dicha ley por medio de las cuatro diputaciones que en ese momento estaban presentes en el plenario. De manera que así de fácil fue reformada la Constitución Política que expresamente en su artículo 32 prohibía la extradición de nacionales.

Solamente algunas voces aisladas denunciaron la Ley de Extradición diciendo que mediante esta reforma de la Constitución Política se le permitía a Estados Unidos ejercer plenas potestades sobre personas costarricenses para calificarlas de narcos o terroristas. Téngase en cuenta que Estados Unidos utiliza, especialmente el calificativo de “terroristas”, con amplia discrecionalidad. Por ejemplo, para Estados Unidos prácticamente por solamente simpatizar con la causa palestina se es terrorista.

Con la detención de Celso Gamboa ha quedado claro que eso era lo que buscaba Estados Unidos desde hace buen tiempo. Justamente el 4 de febrero del presente año, Marco Rubio en su visita a Costa Rica colocó como uno de sus principales puntos de agenda la “ayuda” de la DEA y el FBI para el combate del narcotráfico, hablando expresamente de involucrar estos organismos para trabajar conjuntamente a los equipos nacionales de seguridad. (El País, 04.02.2025). Cosa que, en lo que respecta al caso Celso Gamboa, ya venían haciendo desde el 2020.

El gobierno de Rodrigo Chaves ha actuado en complacencia de Trump en esta y otras políticas. Este gobierno se manifiesta conforme su carácter completamente obediente a lo que le dicte Estados Unidos.

Si bien el imperialismo estadounidense se manifiesta muy cauteloso en sus relaciones internacionales, principalmente cuando se habla de China, en el caso de Centroamérica no ha tenido empacho en golpear la mesa obteniendo lo que quiera. Ha sido la tónica de casi todos los países centroamericanos, excepto Nicaragua, que ejecuta una política internacional oportunista pues si bien no rompe con Washington, al mismo tiempo profundiza sus relaciones con China y Rusia. Por su parte, en Panamá ha habido una huelga de personas profesoras y maestras que ha durado más de dos meses, y numerosas protestas a los largo y ancho del país, siendo uno de sus puntos el memorándum de entendimiento entre Estados Unidos y Panamá. Por tanto, en Panamá, las políticas de Trump están contribuyendo fuertemente a la crisis nacional. Panamá muestra el camino de la resistencia y la lucha social.

La Ley de Extradición es una muestra de cómo el imperialismo impone su voluntad política en un país semi colonial como lo es Costa Rica. Donde existe un gobierno completamente servil a lo que dicte el amo del norte.

¿Debería tener el movimiento obrero y popular un conjunto de políticas sobre temas como los de Celso Gamboa?

Claro que sí. Debería tener políticas para enfrentar este tipo de acontecimientos. No solamente para este caso si no para otros asuntos que se conectan con el tema del tráfico de drogas y la criminalidad. Hoy en día el caso Celso Gamba es el que articula la coyuntura política. No sabemos a esta altura si Celso será extraditado o no. Ni cuál será el desenlace de este caso. Pero de lo que si se puede estar seguro es que, en el marco de la economía y la política nacional e internacional, casos similares o conectados, tendrán lugar. Por tanto, es necesario formular políticas para enfrentar la situación.

Un nivel de política puede plantearse en el terreno de la comprensión o explicación del fenómeno. Debemos procurar dar herramientas analíticas críticas al pueblo. Deberíamos poder explicar cómo el narco se inscribe como un eje de acumulación de capital que es aprovechado por grupos dominantes muy poderosos. No podemos creer a los cárteles de las drogas y sus jefes. Los “Celso Gamboa” no deben ser un modelo a seguir. Entendemos que explicar también significa escuchar las voces de nuestros pueblos. Para explicar mejor debemos escuchar.

También en el campo más inmediato de la subsistencia de las personas jóvenes, que constituyen la carne de cañón de los cárteles y las pandillas, deberíamos explicar pacientemente que hacerse integrante de las pandillas que sirven al narco o la criminalidad no resuelve sus problemas de fondo. Más bien puede ser el camino expreso a muertes prematuras. El camino es luchar por empleo de calidad, educación y salud. En última instancia hay que luchar por cambiar la sociedad como un todo, a favor de las clases desposeídas. En mi caso pienso que el socialismo es la solución. Pero debemos dialogar con la juventud trabajadora y desempleada, así como otros sectores, para ver qué proponen y cómo se puede conseguir lo que proponen.

Igualmente, a nivel de las comunidades y los territorios el pueblo debería organizarse en Comités de Seguridad Popular, que trabajen en el campo preventivo de la delincuencia. Algunas tareas de estos comités necesariamente son de seguridad, pero otras tareas conectadas irían en el campo de la mejora de la calidad a nivel a nivel comunitario: centros para deporte y cultura, empleo, acceso a la educación entre otras reivindicaciones sentidas.

Esclavos y consumistas

Escrito en . Publicado en Análisis.

Dr. Óscar Aguilar Bulgarelli

Vivimos un mundo de homologación generalizada, donde el pensamiento único casi ha eliminado el disenso o el derecho a pensar diferente, a pesar de que permite lo que algunos autores llaman un “falso pluralismo democrático” y al decir de Diego Fusaro en su libro “Pensar Diferente o Filosofía del Disenso” es lo que “multiplica y fragmenta el mensaje a fin de ocultar su naturaleza íntimamente totalitaria y negadora, desde un principio, de todo derecho a disentir y pensar diferente…” (Fusaro,Diego.2022.P.19)

En efecto, hoy es prohibido salirse del marcó de ese pensamiento único, no está escrito en ninguna constitución, ley o reglamento; pero si es la aplicación de un ostracismo real en el trabajo, la escuela, el club, el gobierno y cuanta organización social exista, de aquellos que se atreven a exteriorizar su manera de pensar libremente, es decir, su derecho a disentir, que automáticamente lo convierte en una especie de “rara avis” cuyo mejor destino es la marginación, pues no forma parte de ese “conformismo masivo” irreflexivo a que nos han llevado para que, en la sociedad del consumo, aceptemos vivir felices como “…rebaño amorfo de amantes inconfidentes y felices de su propia esclavitud… El poder ya no necesita castigar o perseguir a los rebeldes, puesto que no queda ninguno: toda la humanidad se ha reducido a una manada amorfa de átomos sin cualidades ni profundidad cultural, incapaz de pensar de manera diferente, y por lo tanto, de disentir de las formas que no sean establecidas por el propio poder…” (Op. Cit. P.23 y 43)

Pero para llegar a este estado de dominación real y muy efectiva, que aspectos se instrumentalizaron para lograrlo, ¿cuándo comenzó todo? Obvio la explicación amplia y detallada escapa a los alcances de este artículo, pero vamos a señalar que bien podemos considerar la caída del muro de Berlín el 9 de noviembre de 1989 como disparador para la desaparición de la URSS en diciembre de 1991 y los famosos 10 puntos del Consenso de Washington elaborados por el economista John Williamson profesor del Instituto Internacional de Economía orientados, supuestamente, para restablecer el crecimiento económico en América Latina, después de las crisis creadas en los años 70 del siglo XX por los precios del petróleo y la inmensa deuda externa de los países, generados, precisamente, por las empresas petroleras y bancos de las grandes potencias capitalistas que ahora daban la receta de su auto salvación, a costillas de otros pueblos-.

Sin bien algunas de las medidas ya habían sido puestas en práctica por Margaret Thatcher en Inglaterra, Ronald Reagan en Estados Unidos y la dictadura de Augusto Pinochet había permitido ser el gran experimento neoliberal, directamente de la mano de su gran ideólogo Milton Friedman y sus Chicago Boys; solo habían sido puestas en práctica en países industrializados y agrupados en la Organización Para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE). Fue en aquella conferencia a la que asistieron destacados economistas y representantes de organismos internacionales, que llegaron al consenso de aplicar las políticas contenidas en aquellas novedosas diez propuestas a países en “vías de desarrollo”, de ahí su nombre.

Sobra manifestar que los ahí reunidos obedecían y eran vigilantes de los mismos intereses, algo así como una reunión en la Cueva de Ali Babá. A partir de aquel momento, aquellas diez medidas económicas de corte draconiano se convirtieron en la Biblia de la mediocracia que conformó gobiernos, dirigencias políticas y empresariales en todo el mundo y, lógicamente, en Costa Rica vivimos su inclemente implementación; pues aquellos que tuvieron la osadía de manifestar su disidencia sufrieron el ostracismo. Habíamos entrado plenamente al mundo globalizado que se venía anunciado y el gobierno empezó a cumplir sus deberes: reducción del gasto, privatizaciones, liberación comercial y hasta se nombró la “Comisión de Reforma del Estado Costarricense” que, en octubre de 1990, publicó un Manual titulado “Reforma del Estado de Costa Rica” cuyo contenido es simplemente la forma de implementar dócilmente los diez puntos del Consenso.

Hemos querido señalar lo anterior, para ubicar adecuadamente el punto de arranque de nuestra situación actual. Hace treinta y cinco años nos ofrecieron el oro y el moro para llegar a ser un país desarrollado, se llevaron el oro y los moros tomaron el país; hoy vivimos en un país más desigual, ha crecido enormemente la pobreza y los sectores más adinerados son cada vez menos y más poderosos, con un enorme abismo entre los que viven una pobreza ofensiva y los ricos que exhiben su dinero a desparpajo, también se ha deteriorado la política de salud, la seguridad ni hablar, y la educación, y la comunicación en debacle total. Es a esta última a la que nos vamos a referir en este ensayo, pues es con la instrumentalización de los medios de comunicación, la cultura y la educación, con lo que han enajenado al mundo, y a los costarricenses por supuesto; para ello la OCDE ha jugado un papel fundamental, aunque a los subordinados les parezca extraño o tenebroso.

Otro ejemplo, no solo es el sometimiento a sus rigurosas “recomendaciones” en materia fiscal, importante sustento ideológico de la brutal política hacendaria contra todo el gasto social en favor de su visión macroeconómica, casi solo centrada en el pago de la deuda; sino lo sucedido con relación al famoso proyecto del 4-3 que permitiría una jornada laboral de 12 horas durante cuatro días y tres de “descanso” , donde el pago de horas extras y el derecho al trabajo de la mujer se ven severamente afectados negativamente. Pues bien, una de las justificaciones es que dio el ministro de Comercio Exterior Manuel Tovar fue que con ello Costa Rica mejoraría su competitividad. Al ser indagado por el investigador académico e internacionalista Janekeith Durán sobre el sustento técnico de tal afirmación, señaló que estaba en los estudios y recomendaciones de la OCDE, para lo cual le remitió cinco informes de ese organismo en donde se abordan otros temas, pero las jornadas 4/3 ni se mencionan (Durán Janekeith, Delfinocr/2025/06).

En otras palabras, como a la OCDE no se le cuestiona y con solo mencionar su nombre cualquier cosa se da por cierta, ahora resulta que se convierte en pila de agua bendita para limpiar el pecado del engaño y la mentira tan usual en los funcionarios de, al menos, este gobierno chavista.

Este es el tipo de juegos de la posverdad con que se engañan a los pueblos esclavizados intelectual y mentalmente, para lo que, lo decimos una vez más, la manipulación educativa y comunicacional es fundamental. Parten del viejísimo principio que, cuanto más grande sea la mentira, más gente la creará. Para ello los llamados “telectuales” por el sociólogo mexicano John Ackerman, han sido y son fundamentales. Según él estos son pseudo intelectuales “ligeritos de conocimientos” pero buenos expositores de los deseos de los grupos dominantes en cuanto a sus ideas de la globalización, libre mercado, etc. De esa forma, los medios de comunicación tradicionales y luego las plataformas de internet, se vieron invadidas por las mismas caras e ideas, que pululan de un medio a otro “sentando cátedra”, como supuestos expertos de todo y de nada. Pero, sobre todo, ante esclavizados y embobados televidentes, radioescuchas o lectores sin posibilidad de contrastar con otras ideas, venden muy bien las que interesan a sus amos, por ejemplo: reducción del Estado, es decir cierre de instituciones y eliminación de garantías sociales, como ha sucedido y sucede en Costa Rica. Ejemplos, el desmantelamiento del ICE, el deterioro de los servicios de la CCSS o el cambio laboral al esclavista sistema llamado del 4-3, donde la más importante argumentación a su favor, es que eleva la productividad en beneficio de la empresa, sin importar los resultados negativos para el trabajador-esclavo, que acepta los cambios sin oponerse, pues no hay organizaciones políticas libres o sindicales fuertes que lo respalden, pero además, ya se implementó todo el sistema de lavado cerebral.

Como lo han señalado muchos autores de muchas nacionalidades, no cabe duda de que, ante la mirada indiferente, mediocre o subordinada de la población, se ha formado una aristocracia financiera junto con los nuevos conquistadores de los grandes negocios, que se han convertido en una especie de depredadores posmodernos que promueven:“ …ese terrorismo financiero, y esa violencia económica que produce “homicidios económicos” y auténticas hecatombes de trabajadores, dé pequeños empresarios y de miembros de la vieja clase media…La misma crisis, que comenzó en 2007, no es más que la guerra de clases en detrimento de las nuevas plebes posburguesas y proletarias, llevadas a cabo como método de gobierno, por los nuevos amos de la globalización” (Fusaro Diego, La Globalización Infeliz. P. 20)

Es posible que el uso de esa terminología asuste a algunos costarricenses que disfrutan de esos beneficios y de otros adormecidos en su esclavitud mental, temerosos a despertar a estas nuevas realidades, que no es el paraíso ofrecido por los que prometieron una Costa Rica desarrollada al terminar este primer cuarto del siglo XXI, y estamos lejos de ello. Meta que, a su vez, se hace más utópica después de este gobierno de Rodrigo Chávez que no solo NO ha solucionado los problemas que arrastra en país desde ese pasado, sino que ha empeorado ostensiblemente los beneficios logrados as través de la política social de derecho que se había instaurado desde 1940.

Pues bien, esos depredadores, cegados por su ambición ilimite, son los que realizan un ataque frontal a la clase media y a la clase trabajadora a través de exenciones fiscales, desregulaciones y beneficios de libres impuestos para las compañías multinacionales de “irresponsabilidad garantizada para los cínicos multimillonarios sin patria ni conciencia infeliz” (Ibidem)

Que igualmente se beneficiaron de su ruina al utilizar de los famosos activos tóxicos y las hipotecas “subprime”, generando pobreza y miseria por doquier, como está ampliamente demostrado.

Por todas estas ventajas y las que obtuvieron por medió de tratados de libre comercio, totalmente inequitativos, en beneficio de las empresas de los países dominantes; extendieron sus brazos comerciales para arrastrar a poblaciones inconscientes de su realidad a un consumismo desenfrenado, que en mucho les hipoteco su existencia. Esto, sumado a los instrumentos del sometimiento (educación y comunicación manipuladas) hace que el ser humano de hoy viva “una servidumbre voluntaria”, donde ha sido replegado a una simple condición: goce ilimitado brindado por la libre circulación de bienes y servicios.

Diego Fusaro, en otros de sus libros, ha resumido lo anterior de la siguiente manera, cita que dejo para su reflexión: “La jaula de hierro es el, escenario ideal para que proliferen los últimos hombres como esclavos voluntarios, como “especialistas sin espíritu”, y “hedonistas de corazón”, meros engranajes del circuito del cálculo sin pensamiento y del goce narcisista sin amos.

Esta es la condición que en la actualidad se ha convertido en una rutina: deseamos vivir de la mejor manera posible, con más comodidades; pero, entre confortables alienaciones y conformismos tranquilizadores, uno ya no aspira a la libertad, ni está dispuesto a luchar en su nombre. Ideólogos y “maitres à penser” nuevos y viejos, con retóricas neoliberales y posmodernas, tratan de convencernos para que nos quedemos en la jaula de hierro, cortando de raíz todo intento de disentir. El poder oculta de todas las formas posibles la verdadera naturaleza de la jaula, oponiéndole siempre los horrores que podrían ocurrir si se saliera de ella. Por ese camino, la clase dominante obtiene el consenso y la familiaridad con la esclavitud: pone a los esclavos voluntarios en la condición de quien ama su propia celda porque es incapaz de pensar un mundo exterior fuera de ella.

El poder tiene que fortalecer y maniobrar continuamente el consenso de los esclavos, animándoles a disentir siempre y solo contra potenciales libertades y eventuales protestas contra su cautiverio. Cualesquiera que sean las condiciones que se producen caso por caso para derrocar el poder, este las emplea para evitar que se consiga…” (Fusaro Diego. Pensar Diferente, Filosofía del Disenso. Editorial Trotta. Madrid. 2022.Pp. 116-117)

Si nos tomamos el tiempo de reflexionar, encontraremos muchos ejemplos del enjaulamiento de la sociedad costarricense, pero valga como ejemplo, el proyecto creador de esclavos 4/3.

Llega “Espresso Americano”, una propuesta audiovisual sobre geopolítica latinoamericana

Escrito en . Publicado en Aportes para el desarrollo.

Con una colaboración entre analistas de Chile y Costa Rica, se ha lanzado el programa Espresso Americano, una nueva iniciativa audiovisual que busca analizar la geopolítica y la coyuntura de los países latinoamericanos desde una perspectiva crítica e independiente. El espacio será transmitido cada quince días por YouTube y otras plataformas digitales.

La primera entrega de la serie se titula “Panamá: Si lo ves que viene, palo al tiburón”, y expone un análisis de la historia, economía y situación actual de este país centroamericano, marcado por su rol geoestratégico y las tensiones con potencias globales.

El episodio recupera la memoria del Canal de Panamá como enclave colonial de Estados Unidos, el despojo territorial a Colombia hace 122 años y la posterior ocupación militar estadounidense. También aborda las recientes protestas sociales contra reformas al sistema de pensiones, el proyecto de un embalse que afectaría territorios indígenas, la reapertura de la mina de cobre en Colón, y el memorándum de entendimiento firmado con Estados Unidos.

En su análisis, los autores —Fernando Bermúdez Kuminev y Roberto Bermúdez Pellegrin, corresponsales del multimedio Muros y Resistencia— denuncian la falta de soberanía efectiva, los vínculos con intereses financieros internacionales, y las implicaciones geopolíticas del nuevo alineamiento estratégico del gobierno panameño, que incluye el abandono de la iniciativa china de la Ruta de la Seda y la sustitución de infraestructura de comunicaciones.

A lo largo del programa se destacan elementos históricos y simbólicos, como la referencia al general Omar Torrijos, quien defendió la recuperación del canal ante la comunidad internacional: “Nunca hemos sido, que no somos ni nunca seremos, ni Estado ni Estado Asociado, ni Colonia o Protectorado”.

La propuesta audiovisual busca, según sus realizadores, “recorrer América estación por estación”, para brindar una lectura regional de las disputas actuales y reavivar la conciencia histórica y emancipadora de los pueblos latinoamericanos.

Se puede ver el primer episodio completo en:

Lula: reconstruyendo la voz de Latinoamérica

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Por Félix Madariaga
Periodista

En los últimos meses, el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva ha adoptado un discurso cada vez más distante de Estados Unidos, particularmente como respuesta a los aranceles impuestos por la administración de Donald Trump. Frente al anuncio de aranceles universales de entre un 10% y 20% (incluyendo un 10% adicional para Brasil), Lula declaró: “Responderemos a todo intento de imponer un proteccionismo que no cabe más en este mundo” y anunció que Brasil adoptará “todas las medidas posibles” en defensa de sus trabajadores y empresas.

Posteriormente, durante la Cumbre de la CELAC en Tegucigalpa (abril 2025), Lula instó a los países de América Latina y el Caribe a unirse “para enfrentar aranceles arbitrarios” y recuperar el espíritu de integración regional a través de un mecanismo común. También subrayó que Brasil buscará negociar primero con el objetivo de priorizar el diálogo, pero reiteró que respondería con reciprocidad si no se alcanzaban acuerdos, esperamos justos y ecuánimes.

Apoyos regionales y marco institucional

En Tegucigalpa, líderes como la presidenta de México Claudia Sheinbaum y el presidente de Colombia Gustavo Petro, respaldaron públicamente la propuesta de Lula. De hecho, Sheinbaum propuso una “Cumbre por el Bienestar Económico Regional” y llamó a reforzar el comercio intrarregional. Todos coincidieron en la urgencia de fortalecer la integración como respuesta estratégica al proteccionismo global y a las decisiones unilaterales de Estados Unidos que podrían desestabilizar la economía y la política internacional.

Además, Lula presentó la idea de colaborar en una candidatura conjunta latinoamericana para la Secretaría General de la ONU, usando la diplomacia multilateral como palanca para elevar la influencia regional conjunta.

La agenda BRICS: invitación a Chile

En paralelo, Lula extendió también una invitación directa al presidente de Chile Gabriel Boric para participar en la próxima cumbre BRICS+, que se celebrará en Brasil el 6 y 7 de julio de 2025. Este llamado viene acompañado de la intención de que Chile, bajo el liderazgo de Boric, se incorpore oficialmente al bloque, lo que implicaría un desafío a la hegemonía norteamericana.

Los BRICS están compuestos actualmente por once países: sus 5 miembros originales – Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica – y seis 9 miembros admitidos en 2024-2025: Egipto, Etiopía, Indonesia, Irán, Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos.

Boric ha aceptado asistir como invitado, lo que generó una inmediata respuesta negativa, tanto en la oposición como en algunas fuerzas oficialistas. A pesar de que los BRICS son un foro de carácter económico, la crítica a la participación de Chile en la reunión se centró en razones políticas, como la participación de Rusia e Irán en el encuentro. Sin embargo, lo más probable es que a la base de tanta reticencia se encuentre el temor de hacer enojar a nuestro gran hermano del norte.

¿Qué podría haber de malo en tratar de integrar una organización que busca reducir la dependencia del dólar estadounidense y promover un orden mundial multipolar? Para nosotros claramente nada, considerando que hoy los países de los BRICS representan a unos 3.300 millones de personas, más del 40% de la población mundial y que juntas, las economías alcanzan aproximadamente el 37% del producto interior bruto mundial y que ahí participa uno de nuestros principales socios comerciales como los es China.

En los últimos años los BRICS han ampliados sus esfuerzos de cooperación en áreas como la seguridad, el desarrollo económico, los intercambios culturales hasta proyectos humanitarios, gracias también a la creación del Nuevo Banco de Desarrollo (NBD) como alternativa al Banco Mundial.

Como señalaba en su columna en El Mostrador Álvaro Ramis, Rector de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, “La pertenencia a los BRICS no debe ser interpretada como una renuncia a nuestras alianzas tradicionales, sino como una expansión necesaria de nuestros horizontes estratégicos. Es el paso lógico para una nación que aspira a ser un actor relevante en la construcción de un mundo más equitativo y próspero. Es imperativo que abracemos esta oportunidad con visión y determinación” y frente a las dudas por la participación de Chile en un foro en que hay una diversidad de regímenes políticos, afirma que “nuestra Constitución, al igual que la brasileña, establece la defensa de la paz y la solución pacífica de conflictos como principios rectores de nuestra política exterior. Al promover la cooperación económica y la búsqueda de un orden multipolar, estamos contribuyendo a un ambiente internacional menos propenso a conflictos, lo que, indirectamente, redunda en beneficios para la situación de los derechos humanos a nivel mundial”.

Creemos que ese debería ser el camino que debemos recorrer. Por qué cerrarnos una puerta que podría abrirnos nuevos espacios para fortalecer la voz del Sur Global, por qué cerrarnos una puerta que podría permitirnos un crecimiento más equilibrado y justo, menos dependiente de un socio, tantas veces caprichoso.

El ascenso del proteccionismo estadounidense, bajo el argumento de “hacer a América grande otra vez”, ha derivado en medidas arancelarias que amenazan las cadenas de valor globales. La reacción de gobiernos como el de Lula muestra que el unilateralismo de Washington puede ser percibido como una amenaza a la paz económica global: “La historia nos enseña que las guerras comerciales no tienen ganadores”

Estas políticas son vistas también como un vestigio de una mentalidad bélica —“un país promotor de la guerra mundial” en términos simbólicos—, donde la imposición comercial refleja un retorno a disputas de poder no solo económicas, sino geopolíticas. Frente a ello, la respuesta latinoamericana se enmarca en una estrategia de defensa colectiva, reafirmación soberana y construcción de espacios de diálogo multilateral, justamente para resguardar la estabilidad y autonomía regional. Por eso esperamos que Chile aproveche esta oportunidad, y no cierre sus puertas antes presiones y opiniones que parecen no tener en cuenta los desafíos globales que estamos enfrentando.

Fuentes:

https://es.weforum.org/stories/2024/11/que-son-y-para-que-sirven-los-brics-esto-es-lo-que-hay-que-saber-sobre-el-bloque-internacional/

https://www.elmostrador.cl/noticias/opinion/columnas/2025/06/20/por-que-la-plena-integracion-a-los-brics-constituye-un-camino-fundamental-para-el-futuro-de-chile/

https://www.dw.com/es/lula-retoma-la-batuta-de-la-integraci%C3%B3n-sudamericana/a-65746035

https://www.elpais.cr/2025/04/22/presidentes-de-brasil-y-chile-reafirman-compromiso-con-multilateralismo-y-su-rechazo-a-una-guerra-comercial/

https://www.emol.com/noticias/Economia/2025/05/16/1166543/chile-brics-cancilleria.html

https://www.prensa-latina.cu/2025/04/09/chile-expresa-compromiso-con-la-integracion-en-cita-de-celac/

Charla cuestiona los dogmas del neoliberalismo desde el pensamiento de Hinkelammert

Escrito en . Publicado en Aportes para el desarrollo.

El Movimiento de Asambleas Populares organiza la charla “La religión del neoliberalismo”, impartida por Esteban Paniagua, el próximo domingo 13 de julio a las 2:00 p.m. en el DEI, ubicado Sabanilla de Montes de Oca.

El espacio abordará los aportes del teólogo y economista Franz Hinkelammert, quien analizó cómo el neoliberalismo opera como una lógica de pensamiento totalizante, que desplaza principios éticos y humanistas mediante discursos tecnocráticos y mercantiles. Desde esta perspectiva, el neoliberalismo se impone no solo como modelo económico, sino como una forma de fe, al promover dogmas incuestionables como la autorregulación del mercado, la competencia como virtud social y la eficiencia como criterio absoluto.

Paniagua retoma los planteamientos de Hinkelammert para evidenciar las consecuencias que esta “religión” económica ha tenido sobre las condiciones de vida, la democracia y los vínculos comunitarios en América Latina. La actividad pretende generar reflexión crítica sobre el rol de las políticas neoliberales en el debilitamiento de los derechos sociales y el avance del individualismo competitivo como norma de comportamiento.

La entrada es gratuita y abierta al público.

Notas sobre el gobierno Chaves Robles

Escrito en . Publicado en Coyuntura.

Walter Antillón

Este escrito consta de tres partes que se publicarán en secuencia: 1) Magia, saber y poder político; 2) El presidente Chaves y su modo de gobernar; y 3) Los delitos del presidente Chaves.

1.- Magia, saber y poder político

El contexto

El dogma del derecho divino de los reyes, que condujo a atribuirles poderes mágicos (vid. Marc Bloch: Los reyes taumaturgos. México, 1989) fue una expresión del dominio del pensamiento mágico de raíz católica en el terreno de la política, que prevaleció en la historia europea durante muchos siglos, hasta la Ilustración; y fue sustituido por el principio laico del contrato social: la ciencia política tomó el lugar de la doctrina religiosa, pero fue un camino lleno de sangre y dolor.

Sabemos que la distinción entre religión y política se basa en el diferente objeto de cada una, el de la religión las cosas supraterrenales y el político las cosas terrenales; y, claro, la diversa índole de dichas materias requiere métodos distintos: las terrenales imponen el método científico, circunscrito dentro de las dimensiones de la realidad; mientras que las religiosas imponen otro método: el método dogmático, basado en la fe y la revelación, temas que están libres de rigor científico porque no necesitan la demostración rigurosa de su verdad, sino, únicamente, la creencia o adhesión incondicional de la persona creyente: en religión no se necesita la demostración racional de sus fundamentos, sino que la persona debe creer sin dudar.

Esta es básicamente la razón por la que, desde Maquiavelo, se ha sostenido con acierto que el Estado, que es una organización autónoma de la ‘res publica’, debe ser laico; y que el mundo de las creencias (los apóstoles, los santos, los milagros y la fe) debe mantenerse dentro de la esfera propiamente religiosa, separado del mundo político. Ambas esferas estuvieron confundidas por siglos, y para muchos todavía lo están. Y la consecuencia de ello es que los argumentos de fe serían criterios válidos para decidir el voto en las elecciones políticas: y entonces no las va a ganar el candidato que ofrezca el mayor rigor científico en el diagnóstico y la solución de los problemas económicos, sociales y culturales de la comunidad, sino el que consiga una mayor adhesión a su condición de ungido, de hombre de Dios, y a sus planteamientos basados en la fe, la revelación, un supuesto ‘don de lenguas’ (ramaseca, etc.), criterios claramente inservibles en el plano de la política, plano de lo realmente posible.

Tal cosa funcionó en las nuevas repúblicas de América Latina en el siglo XIX, por influencia de los curas: si una parte considerable de la comunidad, por su bajo nivel educativo y su exposición masiva a las consejas curialescas, llega a creer que un candidato cuenta con el favor de Dios para gobernar, y con el poder de cambiar milagrosamente las cosas, seguro ese candidato iba a resultar elegido; aunque también muy probablemente su gobierno será desastroso, por la irrealidad de sus diagnósticos y la quimera de sus soluciones. Y así nos fue.

A inicios del siglo XXI tenemos que la religiosidad en general se ha reducido notablemente; pero aún en algunos sectores «…la confianza, la esperanza en la magia, no se ha desvanecido en absoluto con la llegada de la ciencia experimental…” (Umberto Eco: El mago y el Científico; EL País, 2009) Y precisamente, donde se ha mantenido una educación deficiente (dolencia endémica en la comunidad costarricense), ésta ha dado pábulo a la persistencia difusa de un pensamiento mágico ya en buena parte sin raíces religiosas explícitas, que sigue siendo irracional y se expresa de muchas maneras: desde la ingenua esperanza en que la oración pedigüeña va a influir en la lotería, hasta los fanatismos por los héroes deportivos; y en política, en la fe y en la atracción por el mítico ‘hombre fuerte’, ‘hombre de mano dura’ (siempre más parecido a Benito Mussolini que a José Martí) que resolverá todos los problemas (sobre esto hay que leer, sin falta, Desmitificar a los caquistócratas, de Gustavo Román Jacobo; en CR HOY, 5 de julio de 2025).

Modernamente la experiencia nos ha corroborado una dolorosa/certera lección: la conservación de una auténtica democracia requiere precisamente que la mayor parte del electorado sea capaz de separar, de manera nítida, la esfera política de la esfera mágico/religiosa; y la capacidad de distinguir el pensamiento mágico del pensamiento racional es, a su vez, el resultado de una robusta educación laica. Mientras ésta no se arraigue y generalice en la comunidad con una base racional, y a cambio predomine en el electorado la ignorancia (con sus hijos predilectos: la credulidad y el fanatismo), estaremos más expuestos al peligro de caer en manos de demagogos autoritarios: quienes irracionalmente adherían a la democracia, también irracionalmente renegarán de ella un día.

La historia reciente

Muy temprano, quizás ya en el Siglo XIX, nuestro pueblo se enamoró de la señora Democracia; y aunque pronto aparecieron razones para su desengaño (porque nuestra alabada democracia representativa era, en realidad, una oligocracia con periódicos relevos del poder), por mucho tiempo Costa Rica se aferraba a su ilusión democrática: perdonaba y olvidaba, y pasado un tiempo volvía a perdonar y olvidar, etc.

Perdonó y olvidó el autoritarismo fascistoide de León Cortés, la corrupción de Calderón Guardia, Figueres Ferrer y Oduber Quirós; la traición, los olvidos y las inepcias de Monge Álvarez, Arias Sánchez y la larga lista de los neoliberales, disfrazados o no; hasta que finalmente llegó el momento en que la pobreza y la exclusión nunca remediadas a fondo, la crisis fiscal permanente y una serie de graves escándalos de alto nivel (la Trocha, el Cementazo, la Cochinilla, el Diamante) rompieron el encanto; y la anti-democracia empezó a ascender paulatinamente en las encuestas.

De ese modo surgió en nuestro País el riesgo de una involución autoritaria. Hubo amagos anteriores, pero me parece que, a su manera, eso estuvo a punto de ocurrir una primera vez en nuestro Siglo (2018) con el brote virulento de la popularidad de Fabricio Alvarado: en ese momento la oligarquía codiciosa y timorata y los viejos políticos representados sobre todo por el partido Liberación Nacional, desacreditados a causa de sus gobiernos corruptos e ineficaces, y derrotados electoralmente, vieron la oportunidad de regresar al poder aliándose con aquel candidato que, por su investidura de ‘hombre de Dios’ y su mensaje puramente emotivo, parecía tener posibilidades de ser electo; pero que, por sí mismo, visiblemente carecía de aptitudes para gobernar. Tal contubernio, que haría de Fabricio un “tonto útil” al servicio de un grupo de sagaces políticos potencialmente derrotados, le ofrecía a dicho grupo la inesperada, fortuita ventaja de volver al poder. Pero la cosa no terminaba allí: en un plano diferente, Fabricio era también correa de transmisión de una fuerza política subrepticia, proveniente de las iglesias neopentecostales de los EE.UU que, desde hace años planean, dirigen y financian la penetración de sus organizaciones en América Latina; y han aceptado servir a su vez, de instrumento de una política neoliberal de dominación por parte del gran capital transnacional.

Toda la progresía, sumada a los católicos neo-asustados, votó por Carlos Alvarado; y éste ganó. Sin embargo, no dejemos de considerar que el temido peligro no fue conjurado del todo con la derrota de Fabricio: se mantuvo ominosamente presente debido a la conjunción ideológico/oportunista entre los 14 diputados del Partido Restauración Nacional, los 17 de Liberación Nacional y los 8 del PUSC que tendencialmente se les sumarían alrededor de las iniciativas reaccionarias provenientes de las cúpulas de dichas agrupaciones.

Es decir, para derrotar a Fabricio en la segunda vuelta, el progresismo de izquierda y centro-izquierda se arrojó en brazos de Alvarado, candidato del PAC, un partido sin ideas y sin ideales. Y se llevó un chasco, porque lo que sorpresivamente hizo Alvarado fue aglutinar todo el neoliberalismo: PLN, PUSC, PAC y además los propios pentecostales; y con esa mayoría parlamentaria y la complicidad inicial, estratégica, de la Sala Cuarta, se lanzó a debilitar la Caja, el ICE, las universidades públicas y las restantes instituciones de servicio público, así como las garantías del Derecho Laboral Colectivo y los sindicatos públicos: ¡último bastión que nos va quedando en la defensa del Estado Social y Democrático de Derecho!

Históricamente hablando, nuestro Estado Social y Democrático de Derecho tuvo su último defensor en Rodrigo Carazo Odio: después de él, a partir de Luis Alberto Monge, ex sindicalista réprobo, todos los presidentes han profesado en varia medida un neoliberalismo más o menos acorde con los planes de ajuste estructural del FMI y el BM (buques insignia del neoliberalismo en el Tercer Mundo), y con las mezquinas expectativas de aprovechamiento de las oligarquías con respecto a los despojos de la privatización: en suma, cada presidente de la lista contribuyó con la causa neoliberal mundial, arrancando algunos ladrillos, o un pedazo de pared del edificio del Estado Social de Derecho que nos legaron Calderón Guardia, Manuel Mora y Pepe Figueres.

Alvarado hizo su parte: magnificando mentirosamente la endémica crisis financiera del Estado y manipulando el truco de la regla fiscal, consiguió al cabo debilitar la posición de los sindicatos y del funcionariado público; pero la pobreza, la desigualdad y la canasta básica aumentaron, lo cual lo descalificó y alentó las esperanzas mesiánicas. Había llegado a Costa Rica un momento de gran peligro: la hora del outsider, del no contaminado con los vicios y corruptelas de lo que Milei en Argentina denominó “la Clase”; y apareció Rodrigo Chaves Robles, experto del Banco Mundial en aplicación de ajustes estructurales. Contra lo que declaraba apaciguadoramente en sus discursos de campaña, todo parece indicar que su misión en Tiquicia es, al fin, dar cristiana sepultura a los restos de nuestro pequeño Estado Empresario: a nuestro Estado Social y Democrático de Derecho.

Populismo y magia en la coyuntura actual

Volvamos ahora al tema de las primeras páginas de este artículo, porque Rodrigo Chaves es, obviamente, el afortunado beneficiario de aquel fenómeno del pensamiento mágico al que aludíamos: colocado en el momento preciso y en el lugar preciso, pronunció las palabras e hizo los gestos y los contactos adecuados para que grupos desengañados de los viejos partidos y una masa fanatizada e ingenua hayan visto en él al iluminado redentor, el ‘hombre de mano dura’, que resolverá los sempiternos problemas del País; y él ha posado deliberadamente para representar ese papel.

Vuelvo a decirlo: desde hacía algunos años se podía vislumbrar con alguna claridad que en Costa Rica estaban dadas las condiciones objetivas para el advenimiento de esa figura providencial, en su modalidad populista:

– Esas condiciones objetivas estaban dadas, repito, por la inepcia y la corrupción de los partidos tradicionales, su cobardía, su falta de compromiso social y su complicidad con las clases opulentas (lo que les impidió siempre gravarlas con impuestos justos, condenando con ello al Estado a una eterna penuria fiscal), trajeron la corrupción en las altas esferas de poder, junto con el aumento de la brecha económica, la ruina del campesinado mediano y pobre, la proletarización de la clase media, la deserción escolar, el repunte de los delitos contra la propiedad, la propagación de la droga, el reclutamiento de la juventud pauperizada por parte del narcotráfico, el sicariado y un largo etcétera.

En su planteamiento de campaña, Chaves, el hombre nuevo en el escenario político-electoral, por un lado exhibe a los villanos (encarnación del Mal), que son los partidos tradicionales PLN y PUSC, y el PAC; junto con los Poderes Legislativo, Judicial y Electoral; la burocracia parásita en contubernio con un empresariado inmoral y acomodaticio, y con una ‘prensa canalla’; y por otro lado presenta al renovador: al salvador, es decir, él mismo (encarnación del Bien), virtuoso, sabio y justiciero. Se trata de una moderna edición del pensamiento mágico llamado populismo, que hace unos años estuvo representado por el fracasado Movimiento Libertario con su lema: “no más de lo mismo”.

Ahora bien, en política, el pensamiento mágico opera en ambas direcciones: afecta a la masa que diviniza al líder y lo absuelve de antemano de cualquier exceso, por criminal que sea; y afecta la mente de aquél, tentándolo para una alta apuesta que a sus ojos lo legitima para perseguir sus fines sin reparar en los medios. Estamos ante el vínculo “populista”, directo, entre el líder y sus fieles seguidores, que produce una fuerte tendencia a sustituir el orden institucional (parlamentario, judicial, electoral, de control financiero), por un espejismo en el cual el líder se dice intérprete de una pretendida voluntad soberana, éticamente superior: un ‘mandato de la Historia’ que estaría por encima de aquel orden jurídico estatal que se asegura obsoleto y carcomido por el vicio.

Continuará en entregas posteriores.

¿Crédito o trampa disfrazada?

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Martín Rodríguez Espinoza

Leí en un medio de comunicación nacional, la reciente aprobación de un crédito de hasta $500 millones por parte del CAF (Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe) a Costa Rica, vendido como “una línea de respaldo ante eventos financieros o climáticos extremos”. Esto no es un simple gesto de solidaridad financiera, es otro paso en la creciente dependencia del país hacia los mecanismos del endeudamiento externo, que lejos de solucionar nuestros problemas estructurales, los perpetúan.

Pero, ¿“eventos financieros o climáticos extremos”? ¿A qué se refieren con “eventos”? ¿A quiénes van a “salvar”? Para mí es esto es muy extraño en tiempos de partidos y campañas electorales.

Además, al fin y al cabo, será el pueblo costarricense el que pague ese préstamo y toda la deuda externa del país.

No soy economista, pero investigando en internet, según datos del Banco Central de Costa Rica, la deuda externa del país supera los $26.000 millones, lo que representa más del 35% del PIB. Hasta se eriza la piel, es decir, más de un tercio de lo que producimos en un año está comprometido con acreedores externos. Esto implica pagos de intereses multimillonarios, año tras año, que se extraen del presupuesto público, ese que debería destinarse a salud, educación, infraestructura y bienestar, para con ese dinero alimentar a los bancos y fondos internacionales como el CAF.

¿Quién se beneficia con estos préstamos? No el pueblo, no las comunidades afectadas por inundaciones o sequías, lo vemos todos los años desde hace décadas. Los que se llevan la tajada más grande son los grandes grupos económicos nacionales y transnacionales, que utilizan estos mecanismos para asegurar la estabilidad de sus inversiones, mantener privilegios fiscales y obtener jugosos contratos públicos financiados con deuda.

También se favorecen los gobiernos de turno, como este de Chaves y todos los anteriores, que evitan enfrentar las causas reales del desastre fiscal, con evasión, elusión, gasto en privilegios, contrabando y un sistema tributario profundamente regresivo. Si es que no se “pierde” en el camino.

Mientras tanto, nosotros, el pueblo costarricense, el que paga impuestos indirectos, el que no puede evadir ni esconder su ingreso y todo se le rebaja, termina cargando con los recortes, el congelamiento de salarios, la privatización de servicios públicos y las imposiciones del FMI y otros organismos multilaterales. Así, cada crédito aprobado bajo la promesa de prevenir “eventos” se convierte en un arma latente que puede activarse en cualquier momento, como ya ha sucedido muchas veces.

Decir que esta línea de crédito es un “paracaídas” es una metáfora peligrosa, seguimos cayendo en picada hacia un modelo económico cada vez más desigual, insostenible y sometido al capital financiero internacional, el capitalismo salvaje.

Costa Rica no necesita más deuda. Necesita justicia fiscal, soberanía económica y una política que ponga en el centro a las mayorías, no al capital, no a los estafadores, los saqueadores, o más directamente dicho, los ladrones.

Vía rápida para jornada esclavista de 12 horas debe llevarse a discusión electoral en los centros de trabajo

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Vladimir de la Cruz

El trámite de la vía rápida para la jornada esclavista de 12 horas debe llevarse a la discusión electoral en los centros de trabajo, si se quieren establecer consultas electorales a los trabajadores.

El Partido Liberación Nacional de una manera vergonzosa, se pronunció en la Asamblea Legislativa a favor de la vía rápida para el conocimiento del trámite de la llamada Ley 4-3, con la cual se pretende instaurar una jornada esclavista laboral de 12 horas diarias, que en la práctica se va a generalizar para todas las actividades laborales y socio productivas del país.

Como trampa para su aprobación, y darle los votos para que así se tramite, los diputados de Liberación Nacional le introdujeron al Proyecto de Ley una cláusula, o un artículo, que impulsará en las fábricas, empresas o instituciones de cualquier naturaleza, en que se quiera aplicar esta nueva jornada de trabajo de 12 horas diarias, una consulta electoral que se hará a los trabajadores de esos centros de trabajo para determinar si están a favor o están en contra.

Este añadido es de palabra, fue una promesa que le hizo el gobierno a Liberación Nacional de que así lo harían en la discusión del Proyecto de Ley en el Plenario Legislativo. Esto no aparece en el Proyecto de Ley que se elevó al Plenario Legislativo para su aprobación, lo cual significa que a los diputados les metieron diez con hueco, y a los trabajadores un garrotazo en la nuca. Eso fue una bajada de pantalones y enaguas, de los diputados y diputadas liberacionistas, ante Rodrigo Chaves y su diputada Cisneros, acatando las órdenes de los empresarios esclavistas que se mueven tras bambalinas en Liberación Nacional y la Unidad Social Cristiana.

Esta disposición o acuerdo, es contradictoria incluso con la propuesta que tiene el Proyecto de Ley en el sentido de que ya se disponía que esa jornada era “optativa”, para cada trabajador de acogerse o no la decisión de pasarse o no al nuevo sistema de trabajo, de 12 horas diarias.

Además, en teoría permite que si un trabajador se pasa y no le gusta puede devolverse a la jornada ordinaria de ocho horas, después de tres meses de trabajo. El artículo que regula esto plantea allí mismo que en esta posibilidad de regreso a la jornada de 8 horas el trabajador puede ser despedido con todos los pagos de ley. Esto es lo que realmente va a ocurrir. Con el nuevo trabajador que lo sustituya se le aplicará la jornada de 12 horas en su contrato laboral. Así funcionará.

Con la propuesta de los diputados de Liberación Nacional, que hicieron el papel de voceros y diputados del presidente Chaves, esta posibilidad de aceptar voluntariamente la jornada de 12 horas, queda anulada porque se somete a votación de todos los trabajadores de una empresa, cualquiera que sea su naturaleza económica productiva, que quiera establecer esta jornada de 12 horas diarias, todo el sistema de trabajo. Es decir, se consulta a todos si quieren establecer la jornada de 12 horas o no la quieren imponer, de cuyo resultado si es positivo se impone la nueva jornada esclavista, en este caso para todos.

Esa consulta es por su naturaleza una consulta electoral, porque se pone a votación en decisión de los trabajadores si se establece o no la jornada de 12 horas. Es una consulta que usa de forma disfraza la figura del plebiscito, del referéndum, de una consulta popular, de característica electoral, y abiertamente de un proceso electoral, que va a decidir por ese acto si se pone en vigencia o no la jornada de 12 horas en la empresa donde se haga la consulta.

Si ese es el camino que se va a seguir, la consulta electoral, que así lo es, que se les realizará a los trabajadores, debe reunir todas las reglas democráticas y electorales que se viven en el país, al amparo del Tribunal Supremo de Elecciones, de cualquier proceso electoral que con fines como éste, de la jornada laboral extensiva a 12 horas, se proponga. Debe contemplarse incluso fiscales electorales para garantizar la justa consulta debidamente informada a los trabajadores, debe establecerse un recinto electoral y cajas especiales para depositar los votos de los trabajadores, garantizando su secretividad y fiscalización por parte de los trabajadores o sus representantes.

Esta consulta electoral adquiere la forma de una votación que requiere partes involucradas, los que están a favor y en contra de la jornada de 12 horas.

Los que están en contra de la jornada de trabajo de 12 horas deben tener garantizado que quienes los representen en esta consulta sean partidos políticos nacionales o las organizaciones sindicales, confederaciones, federaciones o sindicatos, aun cuando en esas fábricas o empresas no existan estas organizaciones de defensa de los intereses laborales o de los trabajadores. Si esto no se garantiza cualquier consulta que se haga a los trabajadores estará viciada de parcialidad total electoral y del temor reverencial que los empresarios, o sus representantes, puedan ejercer sobre los trabajadores para que voten obligadamente a favor de la jornada esclavista de 12 horas.

Esto significa que en todas las empresas, fábricas o instituciones donde se vaya a realizar esa consulta, se deben dar garantías reales para que los trabajadores sean bien informados, democráticamente informados, a favor y en contra del Proyecto de Ley. Esto es lo democrático, es lo que corresponde.

A la vez significa, que haya o no sindicatos en esas empresas, industrias o instituciones, se permita a los sindicatos y organizaciones sociales existentes de los trabajadores, para que puedan apersonarse, a ir, para informarles a esos trabajadores sobre los alcances reales de esas jornadas de 12 horas, sobre los perjuicios que ocasionará a los trabajadores individualmente y de cómo afectará a su familia, sus esposas o compañeras y a sus hijos. En este sentido tiene que levantarse una lista, o modo de censo electoral, de todas las empresas que se involucrarán en la consulta a los trabajadores, y una vez establecida la lista de empresas que quieren realizar esa consulta, abran sus puertas y den espacio para que los opositores a este Proyecto de Ley puedan ir a exponerles a los trabajadores sus puntos de vista, bajo el amparo del Tribunal Supremo de Elecciones. no es bajo el amparo del Ministerio de Trabajo, porque el Ministerio de Trabajo, no representa, en ningún caso, los intereses de los trabajadores. Los inspectores del Ministerio de Trabajo no son representantes de los trabajadores, y en sus gestiones reales, más parecen representantes de los sectores empresariales.

Se debe obligar a que las empresas que van a realizar estas consultas así lo anuncien públicamente para enterar a todas las partes interesadas en esos procesos de consulta, de votaciones, de elecciones, que harán los trabajadores sobre la jornada laboral esclavista, para que las partes opositoras a esa jornada puedan apersonarse a informar democráticamente a los trabajadores sobre la decisión que van a tomar.

Lo que se pretende con este Proyecto de Ley es una modificación, o una reforma solapada, tácita, constitucional, y del Código de Trabajo, que modifica y altera violentamente derechos sociales y laborales consolidados en la legislación nacional desde 1920 y constitucionalmente desde 1943 y 1949, cuando en 1943 se introdujo el Capítulo de Garantías Sociales en la Constitución de 1871 y luego se estableció en la actual Constitución Política de 1949.

Del mismo modo, así se consignó en el Código de Trabajo, aprobado en 1943, todo ello consagrando el régimen de trabajo de ocho horas diarias, con posibilidad de ampliarlas reconociendo un sobre pago de un 50% sobre el valor de una hora ordinaria de trabajo.

Lo que se está realizando es un típico fraude de ley. Con un artículo en el Proyecto de Ley de las jornadas 4-3 se modifica de hecho la Constitución Política, sin el trámite obligado y calificado que tiene para modificarse como debe ser, que puede durar dos años.

De conformidad al Convenio No. 1 de la Organización Internacional de Trabajo, OIT, organismo de la ONU, cualquier modificación en este sentido a las jornadas de trabajo, tiene que realizarse por la vía del Convenio Laboral entre trabajadores y Patronos o empleadores, lo que no se ha hecho, ni se está haciendo en Costa Rica.

He explicado en artículo anterior que la posibilidad de la jornada de trabajo de 12 horas está garantizada en la Constitución Política y en el Código de Trabajo, pero pagando horas extra sobre la 8n horas ordinarias. Lo que se quiere realmente es no pagar las horas extras que eso supone.

El otro cuento, con el que se quiere engatusar a los trabajadores, es el de los tres días de descanso concentrando de las 48 horas semanales en cuatro días de 12 horas cada uno. Veamos. La jornada de 8 horas diarias por 6 días a la semana da un total de 48 horas semanales, que incluye un día de descanso laboral. Esta es la jornada vigente, legal, constitucional existente en el país. Esto significa que todos los trabajadores tienen por lo menos un día de descanso respecto a los días laborados. Algunas empresa e instituciones tienen una jornada de 40 horas semanales de lunes a viernes, liberando un día más, con lo cual esas empresas tienen dos días libres o de descanso respecto a los días laborados.

Cuando en el mensaje de la jornada de las 12 horas diarias por 4 días se dice que se dará descanso de 3 días es parcialmente cierto. Al concentrar la jornada de 48 horas en cuatro días se dejan tres días libres, pero se trabajan en el conjunto de las 48 horas distribuidas en 4 días, que es como si se trabajaran los seis días de la semana. No hay descanso real laboral. Se siguen trabajando las 48 horas.

Los días ya libres existentes, uno o dos, según sea, siguen existiendo. Se añade otro, que los mismos patronos han dicho que puede ser aprovechado para que los trabajadores “busquen” otro empleo, otro ingreso económico, con lo cual no se garantiza efectivamente el “descanso” por las extenuantes jornadas de 12 horas. De hecho, se les ofrece la posibilidad de que “tengan” otro trabajo adicional al de las 48 horas en 4 días, en esos tres días libres.

Tampoco existe la posibilidad económica para el trabajador de poder disfrutar esos días, con los salarios bajos que se tienen, con el congelamiento que hay de salarios desde hace 5 años y con la propuesta de congelarlos hasta el 2030 como ha señalado el presidente Chaves.

Tampoco existe, porque ha sido desmantelada, por el gobierno, la institucionalidad social de redes de cuido para los trabajadores, de los centros infantiles para sus niños menores de 5 o 6 años y de los centros de cuido de personas mayores, así como de la eliminación de las ayudas sociales en comedores escolares, becas estudiantiles, apoyos al trasporte escolar etc.

Lo que en la realidad va a suceder con los llamados 3 días libres es que se trabajarán por los trabajadores con jornadas de 12 horas, para medio sobrevivir.

La jornada de las 12 horas diarias en la realidad nacional se va a convertir en jornadas semanales de 60, 72 y en algunos casos hasta de 84 horas, para poder sobrevivir los trabajadores. Esto es parte de lo que Liberación Nacional y la Unidad Social Cristiana están aprobando.

Las empresas que se quieran aprovechar de la sobre explotación laboral lo van a lograr. Ninguna va a aceptar trabajadores de 8 y de 12 horas a la vez, porque les crea un caos administrativo, que es lo que quieren también resolver con jornadas únicas de 12 horas.

Todavía les queda un resquicio a los diputados conscientes, sensibles socialmente, identificados con las raíces históricas de sus partidos Liberación Nacional y Unidad Social Cristiana, de medio lavar su imagen, y la de sus candidatos presidenciales.

Ya aceptaron la vía rápida, ahora acepten que los diputados de Liberación Nacional voten en conciencia cada uno, sin línea de partido, sin imposición partidaria, a favor o en contra de la jornada de las 12 horas esclavistas. De lo contrario Liberación Nacional y la Unidad Social Cristiana descansarán en paz de sus lides políticas y pasarán al cementerio histórico de olvido de sus logros institucionales democráticos.

Los sindicatos y las organizaciones sociales deben pronunciarse sobre este proceso electoral de consulta a los trabajadores, ante la Sala IV y ante el Tribunal Supremo de Elecciones. Desde ahora deben accionar para solicitar que en las consultas que se quieran hacer en los centros de trabajo, sobre las jornadas esclavistas de trabajo, se apliquen los principios democráticos de los procesos electorales nacionales. Se debe establecer que en tanto esté en trámite, desde su aceptación para su estudio, en el plenario legislativo, el Proyecto de Ley de las jornadas esclavistas de trabajo, se permita a los sindicatos, sus federaciones y confederaciones, y a los partidos políticos, acudir a esos centros de trabajo a explicar a los trabajadores sus puntos de vista con relación a estas jornadas laborales, que quieren modificar la Constitución Política.

Ante la Sala Constitucional se debe actuar para solicitar pronunciamiento de si el trámite de la vía rápida para modificar las jornadas de trabajo viola o no la Constitución Política, en la forma que quiere.

El Tribunal Supremo de Elecciones puede ordenar que mientras esté en trámite el Proyecto de Ley de las Jornadas de 12 horas, se entienda que es un proceso electoral, que se quiere llevar a las fábricas, empresas e instituciones de trabajo, que se someterán a “consultas populares”, electorales reales, para que los trabajadores, por la vía de votaciones se pronuncien a favor o en contra de esas jornadas, y que siendo de ese modo “procesos electorales”, deben habilitarse todos los mecanismos democráticos para que a los trabajadores se le hagan ver los distintos puntos de vista sobre los alcances de esas jornadas. El Tribunal Supremo de Elecciones debe ser el garante, con sus urnas, y con los representantes de los trabajadores y empleadores de la fiscalización de esas votaciones.

El trámite de la vía rápida para la jornada esclavista de 12 horas debe llevarse a la discusión electoral en los centros de trabajo, si se quieren establecer consultas electorales a los trabajadores. Esta es la tarea inmediata y urgente del movimiento sindical nacional y de las organizaciones sociales y civiles.