1.- El 11 de noviembre de 2022 entró a regir la ley No. 10 053 publicada en La Gaceta del 10 de noviembre de 2021 (ver versión oficial aquí: http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=95600&nValor3=127650&strTipM=TC) sobre la obligación de GRABAR EN AUDIO Y VIDEO Y TRANSCRIBIR LAS ACTAS DE TODAS LAS SESIONES DE TODOS LOS ÓRGANOS COLEGIADOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. Se trata de una reforma a los artículos 50 y 56 de la LGAP que se aprobó un año antes, pero hasta ahora entra en vigor, dado que así lo dispuso su transitorio único. Cabe advertir que la única disposición de esa ley (de tan solo 3 artículos) que entró en vigencia al momento de su publicación fue la que reformó la inhabilitación relativa, que había quedado sin contenido por un error legislativo (al introducir los famosos “bis”, en este caso el 57 bis, que afectan a los artículos siguientes).
2.- La LGAP aplica, según su artículo 1, a la Administración Pública que incluye el Estado (y en Costa Rica el estado está constituido por cuatro poderes: ver artículo 9 de la Constitución Política) y “los demás entes públicos”. Eso significaría, a mi entender, que esta obligación aplica a TODAS las sesiones de las comisiones legislativas y de las comisiones judiciales, incluidas las de nombramientos. Así, por fin podremos ver (salvo que encuentren la trampa para evadir la obligación) por qué se asigna determinada nota a una persona postulante a una magistratura u otro puesto electivo de la Asamblea Legislativa, por qué un diputado o diputada le pone cero a un candidato/a (ha sucedido) y por qué la Comisión de Nombramientos del Poder Judicial le otorga determinada nota a quienes participan en un concurso y excluye o no a algunos (cosa de la que, hasta ahora, nos privamos). También aplica a municipalidades, universidades estatales (con todas sus comisiones), instituciones autónomas, etc.
3.- Esa disposición debe leerse en consonancia con el delito de INCUMPLIMIENTO DE DEBERES (artículo 339 del Código Penal) que sanciona con INHABILITACIÓN en el ejercicio del cargo de uno a cuatro años a quien omita hacer un acto propio de sus funciones.
4.- El origen de la reforma fue la propuesta efectuada por la Contraloría General de la República a solicitud de la Asamblea Legislativa para identificar los vacíos normativos que permiten la impunidad del funcionariado público cuando este los use para cometer actos lesivos a la Hacienda Pública, eso en el contexto del “hueco fiscal” (ver expediente legislativo No.20949).
5.- Eso, más los cambios en la votación, ahora pública, generados al Reglamento Interior de la AL y a leyes que impactan el Poder Judicial y la obligación de motivar los actos (establecida en la Ley General de la Administración Pública) pueden hacer un cambio sustancial en la gestión de los temas de política pública.
6.- Se requiere, además, el seguimiento de los medios de prensa y de instituciones como la Procuraduría de la Ética Pública, la Contraloría General de la República y del Ministerio Público para hacer cumplir la ley.
Por Memo Acuña (Sociólogo y escritor costarricense)
Así presenta una mujer en sus redes sociales un video Tik Tok generado por un hombre costarricense desde un vehículo en movimiento. Hace un par de días un familiar cercano lo compartió en mi muro. Me solicitó mi opinión y le dije que estaba sin palabras.
Pero no es cierto. Aquí apalabro mi sentir sobre estas y otras conductas de cierto tipo de costarricenses a quienes la identidad esencial les ha constreñido su capacidad de asombro y de solidaridad.
El hombre del video muestra una molestia evidente. Se escucha por su voz y se nota en sus facciones, duras, casi violentas. “Me tienen cansado”, dice, “que no nos vean la cara de tontos” reclama “que se pongan a trabajar”, ordena.
Coincidir con los planteamientos del hombre en su video que imagino ya se ha hecho viral, es decir, repetir “me encantó” como forma de compartirlo, revela la consolidación de un núcleo duro de opiniones sobre las migraciones que transitan por territorio costarricense. Implica no reconocer de facto el carácter emergente de los procesos de tránsito regional que, constituyendo una verdadera crisis humanitaria, han experimentado muchas personas venezolanas durante los últimos años.
Estemos o no de acuerdo en el contexto sociopolítico de Venezuela, no podemos obviar que la migración constituye una salida, una estrategia de sobrevivencia para miles de venezolanos que ya no se sienten incluidos en su país de origen.
Cuando pasan por Costa Rica su intención no es quedarse, aunque el hombre del video asegure que ya han establecido una permanencia y por ello les invita a “ser productivos” y “no estar de vagos” en nuestro país.
Una percepción así hay que explicarla. Surge, al decir de Carnero (2021) desde la raíz de un pensamiento de Estado sobre las migraciones, construido a partir de las premisas que ven en sus procesos un problema permanente y cuyas categorías (migrante, refugiado, “ilegal”, por decir algunas), han sido construidas para abonar el marco securitario de los estados nación.
Este pensamiento ha sido compartido por los mecanismos de socialización y comunicación, que terminan por naturalizar la forma en que las personas ven a la migración y las personas migrantes.
No tengo duda que en el país existe una actitud solidaria y mayoritariamente enfocada hacia el apoyo y la comprensión hacia estos procesos y las poblaciones que los experimentan.
En cambio, al sujeto del video habría que invitarlo a pasar unas diez veces por El Tapón del Darién para que sus aguas y aires le laven esa identidad esencial que presenta y esa forma particular de referirse a quienes hoy vemos en las calles del país como pedigüeños, ladrones y vagabundos.
Detrás de cada persona solicitando apoyo hay una historia que no conocemos. Es preciso desmontar ese aparataje de pensamiento estatal que nos orienta la mirada hacia lo que requiere (control, seguridad) y considerar una actitud más humanitaria hasta en las redes sociales.
Empecemos por cambiar las lógicas de nuestros discursos y nuestras acciones. Un día a la vez. Pero empecemos.
Dr. José Guillermo Jiménez Montero, FACE Endocrinólogo Miembro Correspondiente
La diabetes afecta a más de medio billón de personas en el mundo, de las cuales la mitad desconocen que tienen esta condición. En América Latina se estima que habrá 42 millones de personas viviendo con diabetes en el año 2045.
El aumento en el número de personas que viven con diabetes impone un aumento en la necesidad de atención médica debido a las complicaciones crónicas de esta enfermedad como son las cardiopatías, la ceguera, problemas de pie diabético y falla renal, entre otras.
La diabetes se clasifica en varios tipos. La tipo 1, se debe a déficit de la insulina debido a un fenómeno que destruye las células productoras de insulina. Por lo tanto, las personas con diabetes tipo 1 presentan elevaciones de la glucosa en sangre y requieren tratamiento insulínico. La diabetes del adulto, clasificada como diabetes tipo 2, se relaciona con la obesidad. En esta condición disminuye la acción de la insulina y también se da una disminución en la producción de esta hormona. Las personas con diabetes tipo 2 pueden tratarse con agentes orales al inicio de la enfermedad pero frecuentemente terminan requiriendo insulina como parte del tratamiento.
Muchas de las complicaciones de la diabetes se relacionan con la elevación de la glucosa en sangre y a la obesidad. En diabéticos tipo 2 con obesidad co-existente, se puede presentar un tipo de daño hepático que va desde el hígado graso hasta, cirrosis hepática y el cáncer de hígado.
El panorama actual de la diabetes con el aumento importante del número de personas con esta enfermedad y complicaciones obliga que los sistemas de salud desarrollen estrategias de prevención de la diabetes y que aquellos con la enfermedad establecida, prevengan las complicaciones. Esto es posible mediante el abordaje integral que incluye educación en diabetes y el tratamiento con diversos medicamentos como los que aumentan la excreción de glucosa por el riñón, o que actúan estimulando la producción de insulina del páncreas que evitan las complicaciones cardio-renales y muerte prematura.
La educación en diabetes constituye una poderosa herramienta que orienta a las personas diabéticas para que conozcan sobre su condición y puedan tomar acciones para su control y prevención de complicaciones.
En el presente, la diabetes tipo 1 no puede ser prevenida. Sin embargo, en personas con diabetes tipo 2, la modificación del estilo de vida mejorando la alimentación y practicando actividad física, representan acciones que favorecen la pérdida de peso y pueden inducir la remisión de la diabetes.
Los avances en el conocimiento de la diabetes, prevención de complicaciones y remisión de la enfermedad representan noticias alentadoras para las personas con diabetes.
Entre el 6 de marzo y el 11 de abril de 2017, caminé 1.000 millas por el Área Metropolitana de Barcelona y logré por primera vez la plusmarca mundial de las 1.000 millas de Speed Walking (Caminata Rápida).
Para completar esas 1.000 millas, recorrí quince veces y media un circuito de 104 km que incluía dos tramos. El primer tramo transcurría de Barcelona a La Sentiu (Garraf) en ida y vuelta y el segundo de Barcelona a Castellbisbal en ida y vuelta. Desde Barcelona a Sant Boi de Llobregat, ambos tramos eran idénticos. Después, el primero iba a La Sentiu y el segundo a Castellbisbal, desde donde regresaban al inicio.
Esos dos tramos de ida del circuito, me sirven para recordar la caminata de 1.000 millas de 2017 y los lugares y obras que conocí, entre agotadores esfuerzos.
Los dos tramos del circuito de la caminata tenían su punto de inicio en la Escuela Industrial de Barcelona. De entrada, ambos tramos recorrían los barrios barceloneses de la Nova Esquerra de l’Eixample y Les Corts.
En esa zona, el circuito pasaba por la citada Escuela Industrial y la Casa Can Deu, entre otros lugares y obras. La Escuela Industrial, ubicada en la Nova Esquerra de l’Eixample y construida entre los siglos XIX y XX, se compone de una serie de edificios de estilo principalmente noucentista como el Central, el del Reloj o el de la Escola d’Arts i Oficis. La Casa Can Deu, situada en la plaza de la Concòrdia de Les Corts y datada en 1897, es un edificio modernista. Al pasar caminando por la Escuela Industrial y la Casa Can Deu durante la caminata, me sentí cautivado en todo momento por la enorme categoría de esas obras. Aunque yo ya las conocía, no dejaron de impresionarme. Al anochecer, las vidrieras del jardín de la Casa Can Deu alcanzaban una gran belleza.
Una vez el circuito dejaba atrás el barrio de Les Corts por la calle Mejía Lequerica, sus dos tramos recorrían los barrios barceloneses de la Maternitat i Sant Ramon y Badal. En la entrada del barrio de la Maternitat i Sant Ramon, justo en el cruce de la calle Mejía Lequerica con la gran vía de Carles III, el circuito pasaba a pocos metros de los Edificios Trade (1965-1971), edificios acristalados de estilo racionalista. Al pasar caminando ante ellos en el transcurso de la caminata, me impresionó observarlos. Sus fachadas acristaladas con formas cilíndricas alcanzaban al anochecer una belleza similar a la de las vidrieras de la Casa Can Deu de Les Corts.
A pocos metros de los Edificios Trade, el circuito entraba en los jardines de la Maternitat y los recorría dando una vuelta por ellos. Los jardines de la Maternitat, antiguo recinto hospitalario de la Casa de la Maternitat i Expòsits (1883-1957), tienen edificios de estilo modernista (Xaloc, Central, Ave Maria, Mestral, Olímpia y Prat de la Riba) y noucentista (Rosa y Blau). Al caminar por esos jardines, me llamaba la atención el gran número de obras excelentes agrupadas en su espacio. Todo el conjunto era un museo al aire libre.
Antes de abandonar Barcelona y entrar en L’Hospitalet de Llobregat, el circuito también pasaba por el Camp Nou (1954-1957), el campo del FC Barcelona, uno de los templos del fútbol mundial. En la Travessera de Les Corts, en todo momento de la caminata, me encontré un sinfín de turistas fotografiando el estadio.
L’Hospitalet y Cornellà
Tras dejar atrás el barrio barcelonés de Badal y entrar en L’Hospitalet de Llobregat, los dos tramos del circuito de la caminata recorrían esta ciudad por las calles Riera Blanca, Santa Eulàlia, Enric Prat de la Riba y Major, para después proseguir por la carretera de L’Hospitalet hasta Cornellà de Llobregat.
En esa zona obrera, el circuito pasaba por delante de la Fábrica Trinxet (L’Hospitalet de Llobregat) y del Palau Mercader (Cornellà de Llobregat), entre otras obras. La Fábrica Trinxet (1905-1916), situada en la calle de Santa Eulàlia de L’Hospitalet de Llobregat, es una obra modernista de los arquitectos Joan Alsina y Modest Feu. Dedicada al textil, fue la fábrica más importante de L’Hospitalet en los inicios del siglo XX. El edificio de la fábrica, del cual solo se mantiene en pie una parte, está en la línea de la arquitectura obrera de ladrillo visto. El Palau Mercader (1864-1869), ubicado en el parque de Can Mercader junto a la carretera de L’Hospitalet, es una obra ecléctica del arquitecto Josep Domínguez. El palacio fue la residencia de la familia aristócrata Mercader Belloch. Bien conservado, es una construcción de planta cuadrangular.
Al pasar por la Fábrica Trinxet durante la caminata, prestaba atención a sus gastados ladrillos y su mal estado. En varias ocasiones, también repuse fuerzas en un establecimiento situado junto al palacio y observé con calma su buen estado. El diferente estado de ambos edificios invitaba a la reflexión. El edificio de los obreros pobres apenas se aguantaba de pie, mientras que el edificio de los aristócratas ricos se encontraba perfectamente conservado. Parecía evidente que esos dos estados de conservación distintos reflejaban las diferencias entre las clases sociales. Ambos edificios se encontraban cercanos en la distancia, pero muy alejados en todo lo demás.
Dentro de Cornellà de Llobregat, los dos tramos del circuito de la caminata transcurrían por la avenida de la Fama, el paseo dels Ferrocarrils Catalans, la carretera del Prat, la avenida del Baix Llobregat y el puente de entrada al parque Riu Llobregat. Por una pista de tierra del parque, ambos tramos llegaban a Sant Boi de Llobregat. El parque Riu Llobregat, en esa zona de Cornellà, estaba bien cuidado, tenía un aire limpio y carecía de bullicio y ruido urbano. Era frío por la mañana y caluroso al mediodía. El calor, por cierto, fue una constante a lo largo de la caminata. Para soportarlo, tuve que tomar medidas: hidratarme bien, eliminar ropa, recortarme la barba, evitar caminar en las horas del mediodía.
Camino de La Sentiu y Castellbisbal
Arribados los dos tramos del circuito de la caminata a Sant Boi de Llobregat por una pista del parque Riu Llogregat, el primer tramo continuaba por la carretera C-245 y recorría Viladecans, Gavà, el parque del Calamot y una pista de tierra hasta La Sentiu.
En ese primer tramo del circuito que concluía en la ida en La Sentiu, el circuito pasaba por la ecléctica Torre de l’American Lake (1888-1910) de Gavà, el parque del Calamot, la masía de Can Llong (siglo XV) de La Sentiu, entre otros lugares y obras.
De esa parte final del primer tramo del circuito en la ida, recuerdo la presencia de numerosas empresas y tráfico en la carretera C-245; la citada Torre de l’American Lake; el restaurante Siltonet, situado al lado del parque del Calamot, en el que reponía fuerzas; y la masía de Can Llong, típica de la Cataluña de otro tiempo. El Parc del Calamot era un punto de paz después de recorrer la transitada carretera C-245.
Desde Sant Boi de Llobregat, el segundo tramo del circuito permanecía dentro del parque Riu Llobregat y recorría por una pista de tierra los territorios de Santa Coloma de Cervelló, Sant Vicenç dels Horts, Pallejà, Sant Andreu de la Barca y Castellbisbal.
En ese segundo tramo del circuito que concluía en el polígono industrial de Can Pelegrí de Castellbisbal, el circuito pasaba cerca de la modernista Colonia Güell (1890) de Santa Coloma de Cervelló, de las casas noucentistas de obreros de Sant Vicenç dels Horts… Obras de pura arquitectura obrera.
La familia Güell encargó al arquitecto Antoni Gaudí la construcción de la Colonia Güell y trasladó su industria Vapor Vell de Sants (Barcelona) al Llobregat. La colonia tuvo viviendas, escuela, cooperativa, capilla… Al estallar la Guerra Civil Española (1936-1939), la Colonia Güell fue colectivizada. Pero, al finalizar la guerra, la dictadura franquista se la devolvió a los Güell. Cerrada la fábrica en 1973, la colonia y sus habitantes se incorporaron a Santa Coloma de Cervelló. Las colonias de obreros nacidas del paternalismo social de los propietarios capitalistas tuvieron una gran presencia alrededor del río Llobregat y en la Cataluña central, una presencia única en el mundo.
De esa parte final del segundo tramo del circuito, recuerdo las poblaciones del extrarradio de Barcelona en la lejanía, las obras vinculadas al mundo obrero, un par de puentes que atravesaban el parque Riu Llobregat con intenso tráfico y las pistas de tierra del parque, infinitas para mí en aquellos días de la caminata por el cansancio acumulado. También recuerdo el aire limpio, la ausencia de ruido y bullicio…
Las 1.000 millas por el Área Metropolitana de Barcelona de 2017 permanecen en mi memoria con cientos de imágenes de Barcelona y sus alrededores. No las olvido, como tampoco olvido las posteriores 1.000 millas por Aragón de 2018. Todo lo que conocí en ambas caminatas y los esfuerzos que me supusieron son un recuerdo permanente.
El 14 de noviembre se celebra el Día Mundial de la Diabetes, una enfermedad que va en aumento en los últimos años y que puede provocar graves complicaciones e incluso la muerte. Se trata de dar a conocer las causas, los síntomas y complicaciones de la enfermedad, así como los tratamientos.
El Día Mundial de la Diabetes se celebra desde 1991, promovido por la Federación Internacional de Diabetes (FID) y la Organización Mundial de la Salud (OMS), que crearon esta campaña mundial ante el preocupante aumento en la incidencia de la diabetes alrededor del mundo.
Lo más preocupante es que desde 1980 el número de personas con diabetes en el mundo casi se ha cuadruplicado, sobre todo en los países de medios y bajos ingresos. Este peligroso aumento se debe en parte al aumento de personas con sobrepeso y obesidad y a la inactividad física en general.
Es fundamentalmente un tema que tiene que ver con la alimentación. Somos lo que comemos y en el tema de la diabetes la alimentación es prioridad número uno.
Posiblemente en todas las familias tengamos ejemplos de las consecuencias de padecer diabetes y posiblemente todos busquemos opciones para no padecer de diabetes.
Las consecuencias las conocemos. Tener que amputar algún miembro de nuestro cuerpo es muy lamentable. Lo que requerimos es cuidarnos y tener una disciplina en cuanto a la alimentación que tengamos.
Dios quiera que todos podamos entender que muchos padecimientos obedecen a la indisciplina y a la forma en que comemos y tomamos. Es decir es una decisión personal. Dios quiera que no tengamos que lamentarnos de tomar una decisión en la que tengamos que perder un órgano.
Nicolas Boeglin, Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR)
El 5 de noviembre del 2022, el Presidente de Colombia sancionó con su firma el Acuerdo de Escazú, luego de que fuera aprobado por las dos cámaras del Poder Lesgislativo colombiano (véase nota oficial difundida por la cancillería colombiana).
Como se recordará, el Acuerdo de Escazú fue adoptado en marzo del 2018 en Costa Rica por 33 delegaciones de América Latina y del Caribe: se trata de un tratado regional de 26 artículos (el texto se encuentra disponible en este enlace) que busca implementar el Principio 10 de la Declaración de Río de 1992 sobre participación pública en materia ambiental. El Acuerdo de Escazú entró oficialmente en vigor el 22 de abril del 2021, con 12 Estados Parte, siendo Argentina y México los dos Estados que permitieron alcanzar la cifra necesaria para su entrada en vigor (el estado actual de firmas y ratificaciones está disponible en este enlace oficial de Naciones Unidas).
Siempre durante este mismo mes de noviembre del 2022, durante la COP27 celebrada en Egipto, la misma región de América Latina y del Caribe se expresó a través de la Comunidad de Estados de América Latina y del Caribe (CELAC) mediante un documento oficial, titulado «Documento Oficial de la Reunión de Altas Autoridades de Cambio Climático de la CELAC» con fecha del 9 de noviembre del 2022 (véase enlace), en el que se lee, en el punto 6 que los Estados de la región:
«6. Reconocen el avance de los países de la región en la lucha por la justicia climática mediante la entrada en vigor del Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y El Caribe«.
Esta forma de presentar, en el marco de una conferencia mundial sobre cambio climático, los avances del Acuerdo de Escazú en la región es digno de saludar por parte de la CELAC (y de los 33 Estados que integran este foro regional), denotando la activa labor desplegada en el seno de la CELAC por parte de los 13 Estados Parte al Acuerdo de Escazú. En la cumbre anterior celebrada en Glasgow (Escocia), en noviembre del 2021, un evento sobre el Acuerdo de Escazú (véase programa) reunió durante la misma COP26 a delegados y a diversas entidades de cooperación internacional, bajo los auspicios de la Comisión Económica de Naciones Unidas para América Latina y el Caribe (más conocida como CEPAL).
Cabe indicar que en la última semana del mes de noviembre del 2022, el Acuerdo de Escazú focalizará la atención de gran parte de organizaciones de la sociedad civil y de entidades internacionales, al celebrarse en Quito el «Primer Foro Anual de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos en Asuntos Ambientales» en el marco del Acuerdo de Escazú (véase programa preliminar así como el enlace oficial para poder participar).
Breve recuento del trámite de adhesión en Colombia y de Chile
El pasado 10 de octubre del 2022, en Colombia, la Cámara de Representantes aprobó el Acuerdo de Escazú (véase nota oficial de su Congreso): la votación registró una abrumadora mayoría de 119 votos a favor y tan solo uno en contra. Semanas antes, en el Senado colombiano esta vez, en segundo debate, la aprobación del Acuerdo de Escazú había registrado 74 votos a favor y 22 en contra (véase nota de El Nuevo Siglo, del 26 de julio del 2022).
«Sancionado» por el Poder Ejecutivo, el trámite de aprobación del Acuerdo de Escazú prevé una formalidad adicional, y es su examen detallado por parte de la Corte de Constitucionalidad. Con respecto a esta última, un extenso artículo sobre la Constitución colombiana de 1991 y el Acuerdo de Escazú (y cuya lectura se recomienda a nuestros colegas constitucionalistas), elaborado por dos juristas colombianas, explica cuán complementario y armónica resulta la relación entre ambos textos (Nota 1). Hacemos desde ya un llamado a colegas a replicar este tipo de ejercicio en otras latitudes del continente con otras constituciones de América Latina.
Estas noticias provenientes de Colombia para el Acuerdo de Escazú recuerdan otras registradas a mediados del 2022. En efecto, en la última semana del mes de junio del 2022, la Secretaría General de Naciones Unidas procedió a actualizar el estado oficial (véase enlace) de las firmas y de las ratificaciones del Acuerdo de Escazú: desde el 13 de junio, por parte de la Oficina de Tratados de la Secretaría General de Naciones Unidas, fue registrado el instrumento de adhesión depositado formalmente por el Poder Ejecutivo de Chile.
La forma con la que Colombia se apresta a ser muy pronto Estado Parte y con la que Chile adhirió al Acuerdo de Escazú en junio pasado, así como el nivel de consenso con el que se aprobó en ambos Estados, plantean ahora algunas interrogantes muy válidas: en particular en los Estados en los que los detractores al Acuerdo de Escazú refirieron a la discusión enardecida en Colombia (y anteriormente en Chile), como un «argumento» para no aprobar este tratado regional. Al respecto, el documento «Mitos y Verdades / Acuerdo de Escazú» circulado en abril del 2022 dentro de la Cámara de Diputados de Chile (véase enlace) por parte de promotores de este tratado da una idea del nivel de creatividad de los detractores a este tratado en Chile.
Con relación a Costa Rica, la adhesión de Colombia después de la de Chile la coloca en una situación aún más aislada e incómoda, confirmándose, de paso, la pronunciada soledad del Poder Judicial costarricense en América Latina, tal y como lo precisaremos a continuación. Es tal el malestar y el disgusto que genera en algunos círculos políticos costarricenses el Acuerdo de Escazú, que en una reciente entrevista publicada en El País de España, el actual titular de la cartera ambiental de Costa Rica, sugirió cambiarle el nombre a Acuerdo de Escazú: se lee textualmente que “Yo sugiero que le cambien de nombre, si quieren” (sic.): véase el artículo conteniendo dicha entrevista, publicado en la edición del 2 de septiembre del 2022.
Un detalle sobre números que merece mención
Más allá de las cosas que a veces un ministro de ambiente costarricense declara a medios internacionales de prensa, un pequeño recuento de números se impone: además de las precitadas votaciones registradas en ambas cámaras en Colombia, resulta oportuno precisar los números obtenidos en las dos cámaras del Poder Legislativo chileno en menos de 20 días en el mes de mayo del 2022 en favor del Acuerdo de Escazú:
– el 11 de mayo, la Cámara de Diputados lo aprobó con 105 votos a favor, 34 en contra y 3 abstenciones;
– el 31 de mayo lo aprobó el Senado con 31 votos a favor, 3 en contra y 11 abstenciones:
Estas mayorías indiscutibles evidencian que los supuestos «argumentos» en contra del Acuerdo de Escazú oídos en su momento en Santiago y en Bogotá ya no impresionan sino a unos muy pocos, y que forman parte del pasado. Y sobre todo, estas aplastantes mayorías ilustran el hecho siguiente: cuando un Poder Ejecutivo (a diferencia del actual Poder Ejecutivo costarricense y de su predecesor) se toma el tiempo de explicar los alcances de este tratado, y de desmenusar los supuestos «argumentos» en contra, estos últimos no logran sostenerse por mucho tiempo: se desvanecen, como la bruma de la mañana al salir los primeros rayos del sol.
A su vez, estas cifras alcanzadas en Colombia y en Chile recuerdan que en noviembre del 2020, el Senado de México aprobó el Acuerdo de Escazú por unanimidad (véase comunicado oficial de su Senado), que en septiembre del 2020, en Argentina, la votación en la Cámara de Diputados registró 240 votos a favor, 4 en contra y 2 abstenciones (véase nota oficial) y que en el 2019, el Parlamento bicameral de Uruguay lo aprobó por unanimidad (véase ficha técnica).
Como indicado anteriormente, desde el 13 de junio del 2022, gracias a Chile, el número de Estados Partes al Acuerdo de Escazú se elevó a 13, y Colombia se apresta a ser el número a 14 en los próximos meses de este 2022.
Una anhelada rectificación
La aprobación del Acuerdo de Escazú constituye un gran logro de los actuales Poderes Ejecutivos en Colombia y en Chile. En el caso de este último, esta aprobación puso fin a una innecesaria polarización que se inició a mediados del 2018 con la rotunda negativa de las autoridades chilenas de tan siquiera firmar este instrumento regional de vanguardia para la región y para el mundo.
De muy poca grata memoria, cabe recordar que en el mes de septiembre del 2018, Chile ni siquiera envió a un delegado a la gran ceremonia oficial en la sede de Naciones Unidas en Nueva York de apertura oficial del Acuerdo de Escazú a la firma de los 33 Estados Miembros de la Comisión Económica de Naciones Unidas para América Latina (CEPAL): un gesto insólito por parte de una desconcertante administración como la del Presidente Sebastián Piñera, jamás observado antes en el recinto de la Asamblea General de Naciones Unidas.
La movilización de un importante sector de la sociedad civil chilena solicitando que el Poder Ejecutivo reconsiderara tan insólita posición (véase carta colectiva que circuló en septiembre del 2018) no logró mayor efecto. El hecho que, desde el Vaticano, la Conferencia Latinoamericana de Religiosos (CLAR) reiterara en el 2020 a Chile (y a los demás Estados de la región) la necesidad de aprobar el Acuerdo de Escazú (véase nota del VaticanNews) conoció la misma suerte: sobre este último llamado hecho desde una entidad cercana al Vaticano, resulta de interés observar que no todas las cúpulas de la Iglesia Católica le dieron eco en algunos Estados de América Latina, y que varias agrupaciones políticas en América Latina que – al menos oficialmente – se reclaman de la Doctrina Social de la Iglesia hicieron caso omiso de esta excitativa.
Escazú: un instrumento de vanguardia
Escazú ha sido descrito por numerosos especialistas como un instrumento moderno en materia de gestión y de gobernanza ambiental (Nota 2).
Pero tal es el carácter visionario de Escazú que el pasado 24 de junio del 2022 se anunció por parte de la Comisión Económica de Naciones Unidas para Europa (UNECE) la designación de un relator sobre personas defensoras del ambiente (véase comunicado oficial de la UNECE), inspirándose en los debates y en los logros inobjetables e incuestionables alcanzados en el Acuerdo de Escazú, no contemplados en la Convención de Aarhus (Nota 3). Como bien se recordará, Escazú (2018) es el equivalente para América Latina y el Caribe del Aarhus (1998) en Europa.
Una evidencia más de la visión meridiana que tuvieron, y ello desde sus inicios, los Estados que gestaron el Acuerdo de Escazú, y que debería reforzar en América Latina y el Caribe, la convicción de su urgente y muy necesaria aprobación.
En el mes de abril del 2022, la CEPAL difundió una guía de implementación (de casi 200 páginas) del Acuerdo de Escazú, de lectura muy recomendada para organizaciones sociales, así como para entidades públicas y público en general interesado: sugerimos hacerle llegar (discretamente …) una copia al actual titular de la cartera ambiental en Costa Rica.
En los primeros días del mes de julio, fue Argentina la que anunció (véase nota de prensa) una consulta pública de cara a mejorar su estrategia nacional sobre cambio climático, una consulta que se inscribe dentro de los lineamientos del Acuerdo de Escazú.
Sean o no Estados Partes al Acuerdo de Escazú, la implementación del Artículo 9 que versa sobre la protección a los defensores del ambiente debería interesar de manera urgente a muchos Estados en los que, semana tras semana, son asesinadas personas que alzan la voz en defensa de su comunidad; y otros Estados en los que lideres de pequeñas comunidades urbanas, campesinas y/o indígenas (muchas veces mujeres) sufren distintas formas de presión y de intimidación cuando reclaman por el cumplimiento de la legislación ambiental vigente.
En el caso de Costa Rica, un reciente informe presentado por el Relator Especial de Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas en septiembre del 2022 recomienda a Costa Rica ratificar sin mas preludios el Acuerdo de Escazú, ante la situación de total indefensión que sufren líderes de varias comunidades indígenas costarricenses, dos de ellos habiendo sido asesinados en menos de un año entre marzo del 2019 y febrero del 2020 (Nota 4).
En junio del 2012 el vehículo de José Menéndez y de Sonia Bermúdez fue incinerado. Esta pareja había denunciado el madereo así como la extracción de piedras del río Banano en Limón. Foto extraída de este artículo del Semanario Universidad del 6 de abril del 2021 sobre el Acuerdo de Escazú. Como suele ocurrir en Costa Rica, 10 años después, la impunidad campea en este caso, como en muchos otros en los que ecologistas son objeto de acciones de esta naturaleza.
Recientemente en Argentina, medidas de protección fueron solicitadas para proteger a una defensora ambiental desde una entidad estatal (véase nota del 25 de julio del 2022): una actitud del Estado que resultaría sumamente oportuno extender a muchas personas más en otras latitudes del continente americano.
Chile y Colombia avanzan con Escazú…
En el mes de junio del 2022, Chile logró realizar el depósito de su adhesión en Naciones Unidas pocos días después de las festividades del Día Internacional del Ambiente. Es de notar que otros Estados, al igual que Chile, al ratificar el Acuerdo de Escazú tuvieron el esmero de depositar su instrumento formal de ratificación en Naciones para fechas simbólicas para el Ambiente y para el mismo Acuerdo de Escazú (Nota 5).
Días antes del 5 de junio, el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) de Chile emitió también una instrucción ( véase texto) que debería desde ya inspirar a muchos otros Estados de América Latina sobre participación de las comunidades afectadas o potencialmente impactadas.
Es también de destacar que el 22 de junio del 2022, las tres titulares de carteras ministeriales chilenas (Ambiente, Relaciones Exteriores y Justicia) se reunieron para elaborar una hoja de ruta de cara a la implementación del Acuerdo de Escazú (véase comunicado oficial del Ministerio de Justicia). Unas semanas antes, el titular de la cartera de Agricultura de Chile externó criterios (véase comunicado oficial) sobre el Acuerdo de Escazú que debería inspirar a algunos de sus homólogos en América Latina a cambiar de parecer, al sostener que:
«los conflictos se basan en la falta de confianza entre los actores y para eso es fundamental la información y la participación. Este tratado nos obliga a cumplir fielmente la participación e información para las decisiones ambientales sustentables de un ministerio comprometido con la agricultura verde«.
No cabe duda que el Acuerdo de Escazú ha encontrado en Chile en este 2022 a uno de los equipos de gobierno que mejor entiende el alcance de su contenido y ejemplifica a los demás cómo implementar y materializar los principios que enuncia. Después de la primera Conferencia de las Partes (COP) celebrada en Chile en abril del 2022 que tuvimos la oportunidad de analizar, la segunda se realizará … también en Chile en el 2024, al tiempo que una reunión intermedia se realizará en el 2023 en Argentina.
Dada la cercanía de los procesos en Chile y en Colombia, es muy probable que la destacada labor desplegada por la actuales autoridades de Chile inspire a decisores políticos en Colombia a penas que se deposite oficialmente en Naciones Unidas el correspondiente instrumento de adhesión. Al igual que en Chile, el nuevo Poder Ejecutivo de Colombia procedió a explicar los alcances de este tratado regional, poniendo en evidencia los titubeos, zancadillas y maniobras de todo tipo gestadas desde el mismo Poder Ejecutivo colombiano saliente. Así lo dejó entrever tempranamente quien asumió desde el 20 de julio del 2022 la Presidencia del Senado de Colombia en una entrevista. Al igual que en Chile, la contundencia de las cifras obtenidas en ambas cámaras en Colombia exhibe la debilidad de las «razones» para oponerse a Escazú.
… y se abren perspectivas para Escazú
En el Caribe de habla hispana y latino, Haití y República Dominicana se mantienen sin haber aprobado el Acuerdo de Escazú en sus respectivos congresos, al tiempo que Cuba ni siquiera lo ha firmado.
En la Región Andina, Perú se encuentra ahora como único Estado en no haber aprobado el Acuerdo de Escazú. De igual forma, Brasil, Paraguay y Venezuela: la dramática paréntesis que supone en Brasil la gestión del Presidente Bolsonaro para el ambiente y los derechos humanos (Nota 6) concluirá en este 2022, abriéndose la puerta para una discusión serena sobre el Acuerdo de Escazú. Notemos que Venezuela, a diferencia de Brasil y de Paraguay, ha optado por ni siquiera firmar este tratado.
En América Central, además de la situación particular de Costa Rica que analizaremos más adelante, El Salvador y Honduras siguen con un Ejecutivo que a la fecha tampoco ha firmado el Acuerdo de Escazú. Guatemala por su parte lo ha firmado pero el trámite de aprobación (al igual que en Costa Rica), se mantiene suspendido debido a la fuerte oposición de parte del sector empresarial y de sus relevos políticos.
Con relación a Honduras, la firma del Acuerdo de Escazú constituye un gesto político de importancia que bien podría materializarse en el futuro, si se considera que la fecha del 4 de marzo para adoptar el Acuerdo de Escazú en el 2018, se escogió como un homenaje de América Latina y del Caribe al natalicio de Berta Cáceres, lideresa hondureña lenca asesinada en Honduras en el 2016: el autor intelectual de este asesinato fue condenado el pasado 21 de junio (véase nota de la BBC), al tiempo que persisten dudas sobre las reiteradas negligencias de las entidades bancarias europeas a cargo del proyecto hidroeléctrico de Agua Zarca. El 30 de junio del 2022, la ONG Human Rights Watch envió una larga petitoria a las autoridades hondureñas (véase texto) que solicita la firma y pronta aprobación del Acuerdo de Escazú, al señalar que:
«Al menos 10 defensores de derechos humanos fueron asesinados en 2021, indicó la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), mientras que 199 defensores de derechos humanos sufrieron hostigamiento, amenazas o ataques ese mismo año. De esa cifra, el 80 % defendía derechos sobre la tierra o ambientales. En casi todos los casos, las amenazas y los ataques contra los defensores de derechos humanos quedan en la impunidad«.
En los primeros días del pasado mes de julio del 2022 se informó de campañas de información en Honduras sobre el Acuerdo de Escazú (véase nota de La Tribuna de Honduras) que deberían de poderse replicar en otras latitudes. Cabe reiterar que Honduras, al igual que Cuba, El Salvador y Venezuela permanecen entre los Estados que no han firmado tan siquiera el Acuerdo de Escazú.
Foto: El nuevo Presidente de Chile Gabriel Boric y Constance Nalegach, ex negociadora del Acuerdo de Escazú durante su proceso de discusión (2012-2018) en la ceremonia oficial de la firma del Acuerdo de Escazú, en el Palacio de la Moneda, celebrada el 18 de marzo del 2022 (foto extraída de redes sociales).
Finalmente, es menester citar este documento oficial elaborado por las autoridades de Ecuador en el 2021 sobre cómo implementar el Acuerdo de Escazú y referir, en el caso de Ecuador, a foro que se reunirá en Quito a finales de noviembre del 2022 sobre defensores de derechos humanos en asuntos ambientales (al que referimos en la introducción de este artículo).
Costa Rica y Escazú: interrogantes y situación más que incómoda
No está de más reiterar que los siguientes Estados han firmado el Acuerdo de Escazú y se niegan a la fecha a aprobarlo sus respectivos congresos: Brasil, Costa Rica, Guatemala, Haití, Paraguay, Perú y República Dominicana. Observar a Costa Rica en… ¿semejante lista de Estados renuentes a proteger los derechos de quienes defienden el ambiente? Así como se lee.
Con relación a la reciente contienda acaecida en octubre del 2022 entre Chile, Costa Rica y Venezuela para ser electos miembros del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas (quedando al final electos Chile y Costa Rica), la carta de candidatura oficial de Costa Rica ante Naciones Unidas (véase enlace) omitió toda referencia al Acuerdo de Escazú: una omisión más que llamativa si revisamos la carta oficial de candidatura presentada por Costa Rica para estas mismas elecciones en el año 2019, en la que sí se refirió al Acuerdo de Escazú (véase documento, punto 16).
Se hubiera podido pensar, en el caso de Costa Rica, que la ejemplar adhesión de Chile (y la muy pronta a materializarse en Colombia) surta efectos en la discusión en el seno de su Poder Legislativo, tal y como se explicó en su momento con ocasión del Día Internacional del Ambiente en este 2022.
Lamentablemente, iniciativas legislativas recientes (y promovidas desde el Poder Ejecutivo costarricense) altamente preocupantes, que buscan limitar sustancialmente en Costa Rica la participación ciudadana en materia ambiental, encendieron las alarmas en los primeros días del mes de julio del 2022 (véase por ejemplo nota de prensa titulada «Ambientalistas advierten sobre deriva autoritaria de Chaves en materia ambiental» y artículo sobre las incertidumbres que plantea esta «reforma» de la máxima instancia ambiental en Costa Rica, al igual que este reportaje publicado en el Semanario Universidad el 6 de julio del 2022).
Un artículo publicado en el Semanario Universidad el 13 de julio titulado «Cámaras empresariales le sonríen a Rodrigo Chaves» da cuenta de una agenda del Poder Ejecutivo muy cercana a las exigencias de las principales cúpulas empresariales.
Casi al mismo tiempo, un notorio caso de contaminación del agua potable en la comunidad de Cipreses (Cartago) ha evidenciado la total falta de pericia de las actuales autoridades costarricenses a cargo de velar por la calidad del agua suministrada (véase carta del colectivo EcoCipreses del 30 de junio): este caso confirma – una nueva vez – la urgente necesidad de garantizar y de consolidar un participación ciudadana informada en materia ambiental en Costa Rica. El impacto en la salud humana de personas pertenecientes a comunidades afectadas por la expansión piñera es otra pesada y dramática deuda que arrastran desde muchos años las autoridades sanitarias y ambientales de Costa Rica (véase este muy completo reportaje del 2019 publicado en el medio digital Delfino.cr, cuya lectura se recomienda y el documental siempre de una indignante actualidad, “No nos tapen la boca: hablemos de contaminación piñera. Homenaje a Mayra Umaña, lideresa ecologista”, del programa Era Verde, Canal 15 UCR, realizado en el 2014). No está de más señalar la catástrofe ambiental provocada por una empresa minera en Abangares el15 de julio del 2022 (véase nota del Semanario Universidad) que vino a desnudar nuevamente la falta de capacidad fiscalizadora del Estado costarricense y los altos riesgos de la minería química en países tropicales.
Manifestación contra el Ministerio de Salud, 21 de agosto del 2008, con la presencia de la Ministra de Salud, Maria Luisa Avila, sobre el intento – algo original – de las autoridades de salud de legalizar el bromacil en el agua potable (no es ninguna broma, así como se lee, legalizar el bromacil en el agua potable) de varias comunidades afectadas por la insensata expansión de la piña de exprotación MD2 (o «Sweet Gold») en la región de Siquirres. En el 2011, las autoridades sanitarias rehuyeron un debate público en la misma UCR (véase nota). En el 2017, el Decreto Ejecutivo 40423 prohibió finalmente el uso de bromacil en Costa Rica. Foto perteneciente a los archivos del autor. Se leyó en el 2009 por parte de la misma titular de Salud que: «Los del IRET se han negado a dar los nombres de los niños, con el argumento de la confidencialidad, lo cual en lo personal me parece un absurdo en estos casos. En lo personal y como Ministra me parece una barbaridad» (véase artículo del Semanario Universidad titulado «Revelación de agroquímicos en orina de menores genera disputa»).
Recientemente el Acuerdo de Escazú fue usado en Argentina por un juez para obligar a un municipio a entregar información sobre la calidad del agua suministrada (véase nota de ElEco de Tandil ), al tiempo que el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) auspició con las máximas autoridades de Chile un valioso espacio virtual explicando los alcances de la participación ciudadana prevista en Escazú (véanse nota y video de evento realizado el 25 de julio del 2022).
Costa Rica y Escazú: de silencios y preguntas sin responder y de algunas otras extrañezas
Como lo recordábamos durante la última semana de junio en un foro internacional celebrado en San José sobre Derechos Humanos (Congreso sobre BioDerecho y Derechos Humanos y video – intervención nuestra a partir de 1:59:00), el eje de la participación ciudadana informada en materia ambiental constituye uno de los tres pilares del Acuerdo de Escazú del 2018, así como de la Convención de Aarhus para Europa (1998).
Si todos somos titulares de derechos, estos deben poder ejercerse. Permitir una participación informada permite en gran medida desjudicializar los conflictos. No permitir que las pequeñas comunidades puedan participar en asuntos ambientales irremediablemente lleva a una pronunciada judicialización, tal y como la que se observa en Costa Rica, así como en muchas otras partes de América Latina.
En esta misma ponencia reiteramos también, con relación a Costa Rica, lo que tuvimos la oportunidad de externar en la emisión de abril pasado del Programa de Canal15 UCR,»Lo que importa«, dirigido por la periodista Alejandra Fernández Bonilla, y de destacar con dos colegas desde Chile (véase video de emisión auspiciada por Diario Financiero -Live de Chile realizada el 21 de julio del 2022).
Los costarricenses (pero también los dominicanos, los guatemaltecos, los hondureños, los paraguayos y los peruanos) ya han podido por sí solos apreciar que nada de lo que se prevé por parte de algunas pocas cámaras empresariales que va a ocurrir si se aprueba el Acuerdo de Escazú ocurrió en el caso de las economías de Argentina, Bolivia, Ecuador, México, Panamá y Uruguay al aprobarlo. Se prevé que la economía chilena tampoco se verá impactada negativamente y que más bien, el indiscutible liderazgo ambiental y en materia de derechos humanos en la región que reafirma con su adhesión al Acuerdo de Escazú, le deparará a Chile novedosos proyectos de inversión y en materia de cooperación. De igual manera, a penas Colombia deposite su respectivo instrumento de adhesión en Naciones Unidas, es probable que se observe este mismo efecto. Un reciente artículo publicado en El Pais en España por el Relator Especial de Naciones Unidas sobre Sustancias Tóxicas y Derechos Humanos, y titulado «Acuerdo de Escazú: la alianza sin precedentes que abrirá a Latinoamérica las puertas de los mercados internacionales» sugiere que el mercado mundial es cada vez mas consciente de algunas cosas que … parecieran ignorar por completo algunas cúpulas empresariales de América Latina (véase artículo, publicado en el edición del 12 de octubre del 2022).
Siguen siempre esperando una respuesta varias preguntas que lanzamos a las cámaras empresariales costarricenses en el medio digital de Delfino.cr, en marzo pasado. Reiteramos el hecho que los supuestos «argumentos» contra el Acuerdo de Escazú corresponden a mitos, promovidos por varias cúpulas empresariales de América Latina y por sus (siempre hacendosas) fichas políticas.
Ya nuestro colega Mario Peña Chacón había explicado que la inversión de la carga de la prueba en materia ambiental aplica desde 1998 en el ordenamiento jurídico costarricense y que no ha ahuyentado a nadie en particular, pese a lo sostenido por cámaras empresariales para oponerse al Acuerdo de Escazú; así como por una magistrada de la Sala Constitucional, quien redactó una extraña «nota» en marzo del 2020 adjunta a una decisión de la Sala Constitucional, en la que se lee textualmente que:
«Es indiscutible que en nuestro régimen constitucional, es el Estado quien tiene la obligación de probar la existencia del hecho delictivo y la responsabilidad del acusado; en ese sentido la norma consultada al permitir que se aplique la inversión de la carga de la prueba en contra del acusado, en estos supuestos, es violatoria del derecho de defensa como aspecto integrante del debido proceso. Podría alegarse que la norma se puede interpretar para excluir la materia penal utilizando la frase «cuando corresponda» citada en la norma, no obstante, estimo que no puede dejarse a criterio del operador jurídico, vía interpretación, un aspecto tan delicado, que -por sus efectos-, no puede quedar al arbitrio interpretativo, de tal forma que estimo debió excluirse expresamente la materia penal de la posible inversión de la carga de la prueba» (Nota 7).
Para tranquilidad de muchos colegas, y pese al criterio externado en su «nota» por la precitada magistrada, en ninguno de los Estados que ya han ratificado el Acuerdo de Escazú, la inversión de la carga en materia ambiental ha venido a amenazar el principio de inocencia invadiendo el ámbito del derecho penal; como tampoco se ha observado desde 1998 (año en que el ordenamiento jurídico costarricense consagró este principio propio del derecho ambiental) algún debilitamiento de la presunción de inocencia en materia penal. A modo de confidencia entre un autor y sus lectores, estos últimos deben saber que es siempre con un sentimiento de profunda pena que su pluma redactó estas dos últimas frases (y desde ya se agradece la cómplice comprensión de nuestros fieles lectores).
Con relación a otros supuestos «argumentos“ contra Escazú, tempranamente el equipo de periodistas de la Universidad de Costa Rica (UCR) de Doble Check así lo demostró con un titular que (a la fecha de hoy …) no ha dado lugar a ningún derecho de respuesta o de rectificación por parte de la entidad aludida y que se lee así: «UCCAEP usa argumentos falsos para oponerse al Acuerdo de Escazú«.
El mismo jurista Mario Peña Chacón había por su lado desmitificado en otra valiosa contribución publicada en noviembre del 2020 las sinrazones y verdaderas leyendas vehiculadas por algunos sectores en Costa Rica en contra de Escazú. Sinrazones y leyendas que encontramos diseminadas de manera casi idéntica en otros comunicados al de la UCCAEP (véase por ejemplo carta de cámaras ligadas al sector agroexportador costarricense) y en otras latitudes del continente: véanse por ejemplo en Perú este documento suscrito por su Colegio de Ingenieros – y este otro documento suscrito esta vez por altos mandos militares peruanos sobre la supuesta pérdida de soberanía en la Amazonía peruana -, o bien a este anuncio de cámaras paraguayas del sector agropecuario (véase texto completo).
Volviendo a Costa Rica, la Cámara Nacional de Eco Turismo y Turismo Sostenible (CANAECO) tuvo el valor de refutar públicamente a sus homólogas en un comunicado a favor del Acuerdo de Escazú, no así la CANATUR (véase comunicado): la cámara nacional de la industria turística costarricense, que basa en gran parte su quehacer en los atractivos de la prodigiosa biodiversidad de Costa Rica, ¿adversando el Acuerdo de Escazú establecido para proteger a quienes defienden el ambiente? Vaya tristeza, vaya desconsuelo y más generalmente vaya profunda consternación para muchos.
Igualmente desconcertante puede resultar el hecho que este comunicado de prensa oficial de la CEPAL del 8 de marzo del 2022 no encontrara eco alguno en los medios de prensa costarricenses: el desconcierto y la consternación deben ser mayores al observarse que esta importante cita con todos los Estados que integran a la CEPAL tuvo lugar en la capital costarricense. El asombro debe llegar a límites jamás sospechados al ver que un comunicado de prensa oficial de la cancillería costarricense sobre esta misma reunión … no encontró eco en ningun medio de prensa en Costa Rica (Nota 8).
La profunda soledad del Poder Judicial costarricense en América Latina
Siempre con relación a Costa Rica, cabe mencionar un «descubrimiento«, único en todo el continente americano, al momento de redactar estas líneas (12 de noviembre del 2022), realizado por su Poder Judicial.
En efecto, ningún otro Poder Judicial en los 12 Estados que ya han ratificado el Acuerdo de Escazú, como tampoco el Poder Judicial peruano (véase documento), y mucho menos el chileno (véase documento de abril del 2022), ha sostenido un criterio similar al expuesto por la Corte Plena de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica: según ella (y solamente ella…), el inciso 5 del artículo 8 del Acuerdo de Escazú conllevaría un gasto adicional para el funcionamiento del Poder Judicial costarricense.
El Acuerdo de Escazú ¿obliga a un esfuerzo económico adicional para el presupuesto de la justicia en Costa Rica y únicamente en el caso de Costa Rica? Vaya innovación y vaya notable esfuerzo de creatividad. Una interpretación realmente novedosa pero totalmente errada, y detectada por tan solo un magistrado constitucional, de los siete que integran la Sala Constitucional (Nota 9).
En realidad este «descubrimiento» no debería verse como algo fortuito, sino que, confirmado por la Sala Constitucional, se inscribe en una línea jurisprudencial regresiva del mismo juez constitucional costarricense en materia de participación ciudadana en materia ambiental, muy pocamente conocida y divulgada y mucho menos cuestionada (Nota 10).
Es más que probable que se acentúe, con el pasar del tiempo (y de nuevas ratificaciones del Acuerdo de Escazú por venir), la mezquindad – en nuestra opinión bastante insólita – del Poder Judicial Costa Rica ante sus demás pares de América Latina y del Caribe.
Algunos aportes realizados desde la Universidad de Costa Rica (UCR)
A diferencia de lo ocurrido en otras latitudes, son realmente escasos los documentales/videos realizados en Costa Rica sobre el Acuerdo de Escazú por parte de especialistas en comunicación colectiva y producción audiovisual.
De las pocas producciones audiovisuales existentes, podemos referir a dos documentales provenientes de la Universidad de Costa Rica (UCR) elaborados desde la Vicerrectoría de Acción Social (VAS) en agosto del 2021, titulado el primero «UCCAEP y el Acuerdo de Escazú»:el cual retrata, de manera bastante completa, la posición de las cámaras empresariales costarricenses y de algunas de sus fichas políticas (véase video).
Este primer video fue completado por otro sobre la precaria situación en la que viven los defensores del ambiente costarricenses, titulado «El Acuerdo de Escazú y los defensores ambientales», que también se recomienda (véase video). Entre otros, este documental incluye una entrevista al líder indígena Jerhy Rivera, asesinado en el 2020 en Costa Rica, y otra a una valiente lideresa que lleva muchos años denunciando la expansión insensata de la piña en su cantón (Guácimo).
Desde ya hacemos un llamado a especialistas en comunicación colectiva y en producción audiovisual de Costa Rica a inspirarse en las producciones realizadas en Chile, Colombia o Perú sobre la importancia del Acuerdo de Escazú en aras de dar a conocer su verdadero alcance a la opinión pública: este video realizado por el equipo de periodistas de LaPulla (Colombia), titulado «La nueva trampa que nos quieren hacer los congresistas» da una idea de lo que puede producir un equipo talentoso de comunicadores.
Una emisión radial de mayo del 2021 realizada desde Radio UCR titulada «Costa Rica sin el Acuerdo de Escazú: el doble rasero en la narrativa de Derechos Humanos» conducida por las juristas Gisele Boza Solano y Rosaura Chinchilla Calderón (véase video) también merece mención, entras varias valiosas emisiones sobre el tema auspiciadas (todas) desde los medios de prensa de la UCR.
Con relación a otros medios de prensa, nos permitimos referir a nuestros estimables lectores a la emisión «Café para Tres» realizada en abril del 2021 desde el medio digital Delfino.cr. (véase video): se trató de un primer intento de debatir públicamente los «argumentos» de la UCCAEP.
A modo de conclusión
Conforme vayan registrándose nuevas ratificaciones del Acuerdo de Escazú, la posición exhibida por Costa Rica en el plano internacional se volverá cada vez más insostenible. No está de más recordar las palabras del representante oficial costarricense durante una reunión celebrada en abril del 2019 en Santiago de Chile (véase el texto completo de su intervención), en la que precisaba algo que, a noviembre del 2022, mantiene cierta actualidad, dada la notoria ausencia de Costa Rica:
«Quiero ser claro en que, así como nuestra región ha dado un ejemplo al mundo, avanzando en la construcción de la democracia ambiental, ahora el mundo nos está observando y atento a lo que podamos seguir construyendo de ahora en adelante«.
Más allá del profundo disgusto que pareciera generarle el Acuerdo de Escazú al actual titular de la cartera ambiental en Costa Rica (y posiblemente a varios integrantes del actual gabinete del Poder Ejecutivo), nos permitimos reiterar algunas interrogantes hechas con anterioridad en publicaciones sobre este mismo tema:
– ¿Estará aún Costa Rica a tiempo, después de Chile y de Colombia, de rectificar?
– Habiendo Chile y Costa Rica co-liderado el proceso de negociación entre el 2012 y el 2018 ¿no debió la primera COP realizarse en Chile y la segunda en Costa Rica?
– ¿Habrá que esperar que lo apruebe Colombia (y luego tal vez Brasil, Honduras, Perú o Paraguay) para que Costa Rica se sienta de una u otra manera interpelada por otros Estados de la región y reaccione?
Como ciudadanos, ¿qué más podemos hacer con relación a la urgente necesidad de consolidar un modelo de gobernanza ambiental mucho más funcional que el existente en Costa Rica, y que ofrece a todo Estado que lo aprueba el Acuerdo de Escazú?
No quisiéramos concluir estas breves líneas sin volver a externar a la jurista chilena Constance Nalegach, con quien tuvimos el privilegio de compartir varios espacios y foros, en particular una entrevista a ambos en la televisión universitaria chilena en noviembre del 2021, nuestra profunda admiración por su labor incansable y su compromiso inclaudicable en favor de una verdadera democracia ambiental en América Latina y el Caribe: el actual avance del Acuerdo de Escazú y todos los defensores del ambiente de América Latina le deben mucho a esta gran figura chilena.
– -Notas- –
Nota 1: Véase MUÑOZ AVILA L. & LOZANO AMAYA M.A. «La democracia ambiental y el Acuerdo de Escazú en Colombia a partir de la Constitución ecológica de 1991«, Revista Derecho del Estado, Número 50 (Sept.-Dic. 2021), pp. 165-200. Texto integral disponible aquí.
Nota 2: Véase por ejemplo PEÑA CHACÓN M., «Transparencia y rendición de cuentas en el Estado de Derecho ambiental«, Delfino.cr, edición del 17 de abil del 2021, disponible aquí. Sobre el Acuerdo de Escazú, remitimos a tres valiosas publicaciones colectivas que detallan los alcances de su contenido y su importancia para la consolidación de una verdadera democracia ambiental en América Latina y el Caribe: ATILIO FRANZA J. & PRIEUR M. (dir.), Acuerdo de Escazú: enfoque internacional, regional y nacional, Editorial Jusbaires, Buenos Aires, 2022, 670 pgs. Obra disponible de manera integral en este enlace; así como BARCENA A., MUÑOZ AVILA L., TORRES V. (Editoras), El Acuerdo de Escazú sobre democracia ambiental y su relación con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, 2021, CEPAL/Universidad del Rosario (Colombia), 298 páginas, disponible en este enlace; y PRIEUR M., SOZZO G. y NAPOLI A. (Editores), Acuerdo de Escazú: pacto para la eco-nomía y democracia del siglo XXI, 330 páginas, 2020, Universidad del Litoral (Argentina), disponible en este enlace. El hecho que se trata de un instrumento de vanguardia se puede confirmar aún más al revisar los desarrollos para la aplicación del Artículo 7 y del Artículo 9, elaborados por la misma CEPAL en la guía de implementación del Acuerdo de Escazú, presentada formalmente en abril del 2022 (disponible aquí, pp.108-126).
Nota 3: Salvo Liechtenstein y Mónaco, todos los Estados de la región europea lo han ratificado sin mayor problema, siendo Irlanda el último en hacerlo en el 2012 (véase estado oficial de firmas y ratificaciones). El mecanismo convencional de seguimiento sobre la implementación de la Convención de Aarhus, el denominado «Comité de Cumplimiento» (véase sitio oficial) ha cobrado particular interés de cara a la implementación del Acuerdo de Escazú y ha inspirado parte de las mismas disposiciones del Acuerdo de Escazú. ¿Proyectos de inversión en Europa paralizados a raíz de la adopción de la Convención de Aarhus?¿Suspensión de grandes proyectos de infraestructura?¿Salida masiva de inversión extranjera en Europa a partir de la entrada en vigencia de Aarhus? Otras preguntas muy válidas a externarles a algunos de los detractores al Acuerdo de Escazú en América Latina y sus pretendidos «argumentos«en contra de un tratado regional cuyos objetivos coinciden exactamente con los de la Convención de Aarhus para Europa.
Nota 4: Véase al respecto BOEGLIN N., «Pueblos indígenas y sus derechos: revelador informe de Relator Especial de Naciones Unidas exhibe graves y persistentes lagunas en Costa Rica«, 28 de septiembre del 2022: esta nota fue publicada en varios sitios digitales costarricenses, como por ejemplo Elmundo.cr, Informa-tico así como Elpais.cr. En julio del 2022, ante aseveraciones bastante extrañas externadas por la titular del Ombudsman costarricence, académicos y ONG debieron salir ante la opinión pública a pedirle rectificarlas públicamente (véase nota con comunicado publicado en Delfino.cr, edición del 22 de julio del 2022).
Nota 5: Es así como algunos Estados escogieron el segundo año de vida de Escazú (Antigua y Barbuda logrando el depósito en la misma fecha, Nicaragua y Panamá unos pocos días después), el primer aniversario de la apertura de su firma (Bolivia, San Vicente y las Granadinas, Uruguay con un cronograma realmente envidiable y ejemplar que debría inspirar a otras cancillerías). En el caso de Argentina y de México, ambos aparatos diplomáticos coordinaron la fecha del 22 de enero del 2021 para permitir una entrada en vigor de Escazú para el Día de la Tierra, el 22 de abril. Como vemos, cada Estado a su manera ha buscado honrar Escazú con una fecha simbólica escogida para depositar formalmente su instrumento de ratificación en Naciones Unidas, destacándose la perfecta sintonía y coordinación entre los aparatos diplomáticos de Argentina y de México para darle el mayor realce posible a la fecha de entrada en vigor del Acuerdo de Escazú.
Nota 6:La tasa de deforestación de la selva amazónica brasileña ha aumentado de forma vertiginosa desde el 2018, tal y como lo detalle el gráfico incluído en este enlace del Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) de Brasil.
Nota 7: La posición de la antes mencionada magistrada se puede leer en la segunda «nota» que acompaña el voto de la Sala Constitucional de marzo del 2020 sobre el Acuerdo de Escazú: véase texto completo y las dos «notas«. Con relación al contenido de la «nota» de la precitada magistrada, en un artículo publicado en Ojoalclima en abril del 2021 (véase artículo), la ex negociadora del Acuerdo de Escazú, Patricia Madrigal Cordero, detectó una coincidencia que, en nuestra modesta opinión, ameritaría una explicación: «Segundo, la magistrada Nancy Hernández, en una nota, manifiesta sus preocupaciones interpretativas del Acuerdo de Escazú que coincidentemente son las mismas que ha encontrado la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (UCCAEP) para oponerse al proyecto», añadió Madrigal.«
Nota 8: Este comunicado lo reproducimos en una nota anterior (véase texto en la Nota 3) en BOEGLIN N., «La aprobación del Acuerdo de Escazú en Chile. Algunas reflexiones a propósito de la celebración del Día Internacional del Ambiente«, Portal Universidad de Costa Rica (UCR), Sección Voz Experta, edición del 7 de junio del 2022, disponible aquí.
Nota 9: Es de notar que en su voto salvado que se adjunta a esta decisión (véase texto completo ) de la Sala Constitucional de marzo del 2020, el Magistrado Paul Rueda fue el único (de siete integrantes) en señalar la lectura totalmente errónea hecha por sus colegas de la Sala: «Se advierte con facilidad que tal norma en ningún momento le impone al Poder Judicial la obligación de brindar asistencia técnica y gratuita, la cual corresponde implementarse a partir de las condiciones propias del ordenamiento jurídico de cada país. En el caso de Costa Rica, tal asistencia puede ser brindada por cualesquiera dependencias públicas afines al tema, verbigracia, la Defensoría de los Habitantes, las Defensorías Sociales del Colegio de Abogados o los consultorios jurídicos de la UCR (lo que no excluye la cooperación de aquellos correspondientes a universidades privadas). Erradamente, el voto de mayoría solo pensó en el Poder Judicial y estimó que el texto consultado “contiene en su articulado normas explícitas que disponen la creación, la variación sustancial o la supresión de órganos estrictamente jurisdiccionales o de naturaleza administrativa adscritos al Poder Judicial, o bien, crea, ex novo, modifica sustancialmente o elimina funciones materialmente jurisdiccionales o administrativas”. A partir de lo expuesto, sostengo que del texto expreso del numeral en mención en ningún momento se extrae lo que la Mayoría supone«. Este voto salvado es de marzo del 2020: a octubre del 2022, el hecho que ningún otro Poder Judicial en América Latina haya llegado a semejante «descubrimiento» refuerza la justeza del criterio externado de forma solitaria por el Magistrado Paul Rueda.
Nota 10: En efecto, no es la primera vez que en Costa Rica, la mayoría de la Sala Constitucional busca la manera de limitar significativamente el alcance de la participación ciudadana en materia ambiental, uno de los tres pilares fundacionales del Acuerdo de Escazú. Se trata de una cara de la justicia costarricense constitucional pocamente divulgada y conocida, pese a que, en nuestra modesta opinión, debiera serlo, además de discutida y denunciada. En el 2017, la Sala Constitucional de Costa Rica, decidió que la participación ciudadana en materia ambiental, ya no califica (según ella y … solamente ella) como un derecho humano: ello se desprende del párrafo V de la sentencia 1163-2017 (véase texto completo). Resulta oportuno señalar que esta decisión fue objeto de tan solo dos votos salvados (suscritos por los magistrados Fernando Cruz y Paul Rueda): los cinco magistrados/a restantes consideraron que ir en contra de la jurisprudencia de la misma Sala Constitucional y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos no ameritaba ninguna reflexión particular. Un año antes, en el 2016, el juez constitucional costarricense consideró que la libertad de empresa prevalece sobre un acuerdo municipal estableciendo una moratoria para nuevas plantaciones de piña: un acuerdo municipal tomado en aras de proteger la salud pública de las comunidades aledañas a este monocultivo en el cantón de Los Chiles. Véase texto completo de la sentencia 11545-2016 en la que se lee textualmente que: «Dicho lo anterior, las municipalidades no tienen competencia para prohibir una determinada actividad económica lícita en sus territorios o declarar moratorias, definidas o indefinidas. Esa competencia corresponde al Estado, toda vez que el Derecho de la Constitución (valores, principios y normas) es claro y preciso, en el sentido de que el régimen de las libertades públicas está reservado a la Ley. En el caso que nos ocupa, no existe ninguna norma jurídica con rango de Ley que autorice a la municipalidad recurrida a prohibir el cultivo de piña en su territorio, o declarar una moratoria indefinida del cultivo de ese producto, de ahí que su actuación es arbitraria y, por consiguiente, contraria al ordenamiento jurídico». Al tratarse de una moratoria por un plazo muy preciso de 5 años, resulta más que cuestionable que la Sala considerara que se trataba de una «moratoria indefinida«. Nuevamente aquí la lectura del voto particular del magistrado Fernando Cruz permite ver cuán errática, antojadiza y cuestionable es la decisión tomada por la mayoría de sus colegas: el magistrado Cruz concluye explicando que «dadas las amenazas y efectos lesivos para la salud y el ambiente que provoca el cultivo de la piña, las comunidades tienen plena legitimidad legal y política para dictar medidas preventivas, temporales, para asegurarse que sus ciudadanos no resultarán perjudicados por una actividad agroexportadora que provoca daños y amenazas sobre la biodiversidad ».
En la era del Thanksgiving, lo patriótico es comer pavo y estar a favor de los eurobonos. O al revés, estar contra los eurobonos es ser antipatriota. Como me ha ocurrido tantas veces en mi vida, resulta que he terminado cayendo en las fosas oscuras de este último partido. Antipatriota, antieurobonos, suenan como a hereje, impío. Masón decía mi abuelita.
La derecha nos ha metido en su lógica, y su visión del mundo es la única verdadera, educada, digna de mostrarse en público.
La discusión se ha desviado a cuánto (¿3.000 millones? ¿Y por qué no 2.500, o 3.275, etc.)? Se olvida el fondo del asunto: más deuda es más carga fiscal, que al fin y al cabo será pagada con los impuestos que pagan ya sabemos quién.
En la discusión, se ha dejado de lado el fondo del problema, que consiste en una vulgaridad de miles y miles de millones (2.400 millones de millones) que se evaden cada año, amén del contrabando y el lavado. Ya de eso nadie habla. Hasta el día de hoy no se ha avanzado ni un centímetro en la meta de acabar con ese robo descarado.
Por último, si los bonos son ya irremediables (como tomar Coca-Cola e ir el estadio los domingos), entonces debería condicionarse: eurobonos para pagar deuda con la CCSS, eurobonos a cambio de reducir la evasión, eurobonos a cambio de aumentos de salarios al trabajador, eurobonos para aligerar esta carga que ya no aguantamos, y no cheque el blanco para que los de arriba sigan comiendo pavo tan tranquilos.
La historia de la concesión de los puertos del Caribe costarricense a la transnacional APM, amerita ser documentada y servir de base para una investigación exhaustiva sobre los intereses que se movieron para hacerla posible.
Salvo la defensa del ICE, ningún proyecto de corte neoliberal-privatizante, fue objeto de tanta polémica y tanta resistencia de diversos sectores. Incluso hoy, cuando se evidencia que la transnacional holandesa no es eficiente en la gestión de la carga y descarga en su muelle, sigue siendo “de mal ver” recordar que bajo JAPDEVA no se presentaban los problemas en dichas operaciones. Resulta una ironía que hasta los exportadores que apoyaron la concesión, hoy se quejan de las tarifas y de la ineficiencia de APM-Terminals.
Y es que no sólo se trata de la mala gestión portuaria y de las altas tarifas. Según han denunciado los especialistas, a través del muelle de APM-T se está movilizando hacia Europa, la mayor cantidad de cocaína en la historia del país. De ahí que, sin ningún ánimo conspiranoico, cabe preguntarse ¿quién o quiénes tienen tanto poder en este país para que, nadie haya sido capaz de frenar la entrega de los muelles del Caribe?
En el segundo gobierno de Oscar Arias se inició la batalla por la concesión de los servicios portuarios del Caribe. Arias utilizó todas las armas a su haber para sacar adelante la concesión: deposición arbitraria de la directiva del sindicato, oferta de soborno a los dirigentes, amedrentamiento físico, así como campañas mediáticas difamatorias contra JAPDEVA, la convención colectiva y los líderes sindicales.
Desde 2006 SINTRAJAP dio la pelea legal y organizó diversas actividades por la defensa de los muelles en manos del Estado costarricense, contando con el apoyo de la totalidad de los sindicatos y diversos sectores de la sociedad civil organizada. Una por una, se fueron desnudando las informaciones falsas sobre la ineficiencia de JAPDEVA y sobre el peso de la convención colectiva en el presupuesto de la institución.
En el sentido común de la ciudadanía consciente e informada, no ha habido duda de que renunciar al control estatal de los muelles es ceder soberanía y de que JAPDEVA juega un papel estratégico en el desarrollo de la vertiente, más allá de la generación de empleo.
Pese a que los datos duros daban la razón a quienes han defendido JAPDEVA, la élite neoliberal se impuso y los muelles fueron concesionados a la transnacional holandesa, los trabajadores de la institución despedidos sin que a cambio, el país y la provincia de Limón hayan experimentado ninguna ganancia. Las utilidades se van para Holanda, se incrementó el desempleo en la provincia y JAPDEVA perdió los ingresos que se invertían en obras de desarrollo local.
Cederle los puertos a la empresa extranjera se convirtió en un asunto de máxima prioridad para la élite neoliberal del país y, lo iniciado por Oscar Arias continuó con Laura Chinchilla así como con Luis Guillermo Solís, quien prometió revisar la cláusula del contrato de concesión que impedía a JAPDEVA competir con APM, pero fue una promesa vana.
Luego de consumados los hechos y tomando distancia temporal, surge una serie de interrogantes: ¿Qué explicación tiene la alta prioridad de esta privatización? ¿Cuánta plata hubo y hay de por medio, para que compraran y ofrecieran comprar tantas voluntades? ¿Fue acaso la existencia de un sindicato en el puerto estratégico, la razón? ¿Quién más se benefició (o se está beneficiando) con un negocio que, en apariencia, solo es rentable para los holandeses? ¿Ha valido la pena sacrificar la soberanía y la seguridad portuaria nacional?
Ya partió la selección de fútbol hacia el mundial de Qatar. La despedida por parte de la afición ha sido apoteósica, al menos eso les debe quedar a quienes nos representarán, como una muestra del cariño y la fe que tienen sobre el papel que desempeñarán en aquellas tierras.
Las experiencias de Costa Rica en mundiales anteriores han sido al menos, decorosas, incluso hemos sido el equipo sorpresa de uno de esos mundiales.
Nadie se esperaba tanto de nuestra selección y por eso lo sorprendente al llegar a cuartos de final. 5 partidos jugados, 2 ganados 3 empatados 0 perdidos. Avanzando en tandas de penales y quedando eliminados en tandas de penales.
Viene una nueva historia, se viene la sexta participación en un mundial. Quisiéramos que fuese tan buena como la de Brasil. No me atrevo a pronosticar nada. Volveremos a enfrentar a campeones mundiales. Un nuevo grupo de la muerte. Hace 8 años no nos daban ni media esperanza, y fuimos primeros del grupo.
Quizá las circunstancias y las experiencias de los jugadores son muy diferentes a aquellas que se tenían en el 2014, sin embargo, soñar no cuesta nada y precisamente, con esa despedida, todo un pueblo se ha llenado de fe y aunque no lo
Manifestemos abiertamente, guardamos una pequeña luz de esperanza de que harán un gran papel y volveremos a sorprender. Quizá, muy en el fondo, deseamos darles todo el apoyo y que ellos lo sientan y decirles muy fuertemente: confiamos en ustedes. Hagan lo mejor posible y sepan que estamos con ustedes. Empujaremos en los ataques y haremos barreras defensivas en el marco.
Ustedes saben lo que pueden dar en la cancha. Háganlo, denlo todo, lo demás vendrá.
Que Dios les ilumine a todos, cuerpo técnico, jugadores y asistentes en todos los campos. Aquí quedamos más de cincomillones de gargantas, de aplausos y de oraciones para lograr el propósito. Ustedes lo pueden hacer y Costa Rica se los agradecerá.
Una rápida mirada al mundo de hoy revela la dimensión de la crisis y de la incertidumbre, aunque, para Ikenberry, nada pone en duda las ideas, las instituciones o los valores de la sociedad norteamericana.
Sin embargo, desde la crisis financiera del 2008 se multiplican los síntomas de un problema más profundo. El economista Nouriel Rouibini destacó, en entrevista a la BBC el pasado 25 de octubre, su preocupación por la creciente deuda pública y privada mundial. “En la década de 1970, el ratio de deuda privada y pública sobre el PIB estaba en torno a un 100% y ahora, en las economías avanzadas, está en 420% y subiendo”.
En septiembre pasado, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos expresó su preocupación por un aumento de la deuda del público que, entre 2007 y 2022 pasó de 5,1 millones de millones de dólares a más de 23 millones de millones.
“La palabra ‘crisis’ no es una hipérbole”, dijo el editor ejecutivo de Bloomberg Opinion, Robert Burgess. La liquidez se está evaporando rápidamente. La volatilidad se dispara. Incluso la demanda en las subastas de deuda del gobierno de los Estados Unidos se está convirtiendo en una preocupación.
Las condiciones son tan preocupantes que la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, dio un paso inusual al expresar su preocupación por un posible colapso en el comercio, señalando que su departamento está «preocupado por la pérdida de liquidez adecuada» en el mercado de los valores del gobierno de los Estados Unidos. Lo que más debería preocupar a la Fed y al Departamento del Tesoro es el deterioro de la demanda en las subastas de deuda de Estados Unidos, estimó Burgess. Una baja demanda implicaría, además, que el gobierno debe pagar más conseguir recursos. “No se equivoquen –agregó– si el mercado del Tesoro se paraliza, la economía global y el sistema financiero tendrán problemas mucho mayores que una inflación elevada”. El panorama se extiende, con sus matices, por gran parte de Occidente. El mercado de bonos de los Estados Unidos da el tono a los mercados de la deuda en todo el mundo y los problemas de las últimas semanas en el Reino Unido desnudaron la crisis de liquidez por la que atraviesa la mayoría de los principales mercados de deuda soberana. Mientras Rusia denuncia que Inglaterra abastece y entrena las fuerzas militares ucranianas y la acusa de haber dirigido y coordinado el ataque contra los gasoductos submarinos Nord Stream en septiembre, la prensa inglesa anuncia que millones de personas tienen que saltarse alguna comida, mientras se profundiza la crisis provocada por el aumento del costo de vida. Hay más gente –incluyendo niños– pasando hambre hoy que durante las primeras semanas del cierre por el Covid, dice el Guardian. El pasado 3 de noviembre el Banco de Inglaterra advirtió que el Reino Unido enfrentará un escenario “muy desafiante”, con una inflación no vista en los últimos 40 años y un aumento del desempleo, que pasará del 3,5% actual a casi 6,5%, en los próximos tres años. Si bien no será la recesión más profunda de su historia, será la más larga desde que comenzaron los registros en la década de 1920, dijo el banco. El boicot al Nord Stream II fue, desde el principio, un objetivo central de la política norteamericana para evitar un vínculo permanente y estratégico entre Europa y Rusia.
“La destrucción de los gasoductos Nord Stream resume esa dinámica en pocas palabras. Durante casi una década, una demanda constante de los Estados Unidos fue que a Alemania rechazara su dependencia de la energía rusa. Tales demandas fueron contestadas por Gerhard Schroeder, Angela Merkel y líderes empresariales alemanes”, dijo el profesor de la Universidad de Missouri, Michael Hudson, en artículo publicado en Brave New Europe (el artículo, sobre la posición alemana en el nuevo orden global norteamericano, en inglés, puede ser visto aquí: https://braveneweurope.com/michael-hudson-germanys-position-in-americas-new-world-order)
En su opinión, el país que sufrirá el mayor daño colateral de esta fractura global será Alemania. Quizás eso explique en parte la rápida visita del canciller Olaf Scholz a Beijing a principios de noviembre. Pero Alemania no será el único país a sufrir esas consecuencias. Las protestas se multiplican, en Praga, en Roma, en París…
En agosto, Macron pronunció su discurso de otoño, anunciando “el fin de la abundancia” y reiterando que “vivimos un momento de gran convulsión”
Dos meses después, Thierry Pech, director general del centro de estudios Terra Nova, de París, comentó que, para Macron “la sucesión de crisis que estamos viviendo —crisis climática, guerra en Ucrania, inflación récord, subida de los tipos de interés…— no es el resultado de una oscura coincidencia de desgracias”, sino el signo de un gran cambio.
“Es probable que el consumidor europeo experimente penurias de las que no suele acordarse: escasez, desabastecimiento, racionamiento energético, inflación de dos dígitos y… miedo”. El fin de lo evidente, dice Pech.
El canciller alemán, Olof Scholz, se mueve en medio de esas aguas turbulentas. El 27 de octubre se reunió con Macron en París. El bajo perfil mediático del encuentro dejó en evidencia “el delicado momento que vive la relación francoalemana, consecuencia, en parte, del seísmo geoestratégico de la guerra de Ucrania”, dijo Eusebio Val, corresponsal del diario catalán La Vanguardia en París.
“La sacudida provocada por la invasión rusa de Ucrania y sus graves efectos económicos han hecho aflorar diferencias de fondo y prioridades que parecen difíciles de conciliar”.
En el terreno de la defensa, la cooperación francoalemana chirría desde hace años, recordó, señalando que Berlín pretende un escudo antimisiles europeo –con participación de Estados Unidos e Israel– mientras París planea uno alternativo, en alianza con Italia.
“Diversos son los puntos de fricción”, agregaría el director adjunto del diario La Vanguardia, Enric Juliana (en mi opinión, uno de los mejores analistas políticos en España), comentando el encuentro. E hizo una lista: “La negativa alemana a topar el precio del gas en Europa por miedo al desabastecimiento; el generoso plan alemán para proteger su industria, un airbag que otros países europeos no se pueden permitir; la reticencia francesa ante los planes alemanes de fomentar tuberías hacia el sur de Europa y el norte de África en busca de energía más segura; el escudo antimisiles europeo publicitado por Alemania, sin la participación de Francia, proyecto ante el cual España se ha puesto de perfil mientras negociaba la interconexión energética con los franceses (estamos hablando de la industria militar)”.
“Desavenencias objetivas y nervios derivados de la guerra de Ucrania. Francia vuelve a ser un polvorín social y Alemania ha decidido que la principal prioridad es proteger su industria. Francia sigue confiando en su potente planta nuclear; Alemania no sabe cómo será el invierno del 2024. Todos quisieran acabar la guerra y nadie sabe cómo”, dijo Juliana.
Val mencionó a Israel., justo cuando acaba de perfilarse un nuevo gobierno en ese país, cada vez más cercano a una versión racista nazi, alejada de todas las normas internacionales reconocidas sobre el conflicto palestino, que podría ocupar un creciente papel desestabilizador en el escenario internacional.
A diferencia de Ucrania, la Unión Europea (UE) ha sido mucho menos asertiva con el conflicto de Gaza, le señalaron a Borrell dos periodistas del diario El País, en una entrevista hecha en San Lorenzo de El Escorial.
–Resolver la situación de la gente atrapada en esa cárcel al aire libre que es Gaza no está en manos de la UE. Es una situación escandalosa, una vergüenza, pero no está en nuestras manos resolverla. La comunidad internacional debería buscar una solución para la gente hacinada, sin electricidad, casi sin agua potable, contestó el jefe de la diplomacia comunitaria.
“Se nos critica con mucha frecuencia por tener un doble rasero”, se lamentó Borrell. “Pero la política internacional es, en buena medida, la administración de los dobles estándares. No nos enfrentamos con los mismos criterios a todos los problemas. El conflicto de Oriente Próximo no tiene solución sin un compromiso muy fuerte por parte de Estados Unidos Y, tras intentarlo sin éxito tantas veces en el pasado, ahora mismo no lo hay. Aunque nada de esto sirve de consuelo a la gente que vive allí”.
Uno de cada cuadro hogares británicos con niños experimentó inseguridad alimentaria el mes pasado, decía, en octubre, el Guardian. Una nadería, comparada con lo que el periodista hindú del Servicio Mundial de la BBC, Swaminathan Natarajan, publicaba el pasado 16 de octubre. “Ratas, huesos y barro: los alimentos del hambre que la gente desesperada come para sobrevivir”, titulaba su artículo.
“Durante los últimos dos años, Lindinalva Maria da Silva Nascimento, una abuela jubilada de 63 años de São Paulo, Brasil, ha estado comiendo huesos y piel desechados por los carniceros locales”, afirma.
Cerca de Chennai, al sur de la India, Rani, una mujer de 49 años, le cuenta que ha estado “comiendo ratas desde la infancia y nunca he tenido ningún problema de salud. Alimento a mi nieta de dos años con ratas. Estamos acostumbrados». Es, al parecer, una rata de campo, algo distinta a las que podemos encontrar en nuestras ciudades.
La ONU dice que Somalia enfrenta un hambre catastrófica en medio de un conflicto armado y de la peor sequía del país en 40 años, que ya ha desplazado a más de un millón de personas.
Sharifo Hassan Ali, de cuarenta años y madre de siete hijos, es una de las desplazadas. «Durante el viaje comíamos solo una vez al día. Cuando no había mucha comida, les dábamos de comer a los niños y pasábamos hambre».
Cada vez más niños están muriendo en Somalia en medio de esa sequía. Funcionarios del gobierno dicen que una catástrofe aún mayor podría ocurrir en cuestión de días, o de semanas, a menos que llegue más ayuda.
«Vi morir a mi hija (Farhir, de tres años) ante mí y no pude hacer nada», dijo Fatuma Omar a Andrew Harding, también de la BBC, desde Baidoa, Somalia. Fatuma caminó durante al menos 15 días con sus nueve hijos desde un pueblo llamado Buulo Ciir para llegar a Baidoa. «La cargué en mis brazos durante diez días. Tuvimos que dejarla al costado del camino. No tenía fuerzas para enterrarla. Podíamos escuchar a las hienas acercándose».
Tres días antes, Washington anunciaba otros 725 millones de dólares de ayuda militar para Ucrania.
Europa necesita 60 millones de inmigrantes para sobrevivir, señalan estudios demográficos de Naciones Unidas y de centros de estudio internacionales. “No bastará con alargar la edad de jubilación, ni incorporar más mujeres al mercado laboral o aumentar la natalidad. Tampoco será suficiente con robotizar aún más la economía”.
“Solo la inmigración puede corregir este desequilibrio, y la de origen africano será la que, con más naturalidad, podrá aportar la mano de obra necesaria para mantener el crecimiento”.
“El antagonismo occidental contra Oriente fue promovido por las Cruzadas (1095-1291), así como la Guerra Fría de hoy es una cruzada contra las economías que amenazan el dominio de los Estados Unidos en el mundo”, dijo el profesor Michael Hudson.
“Esa fractura global promete ser una lucha de diez o veinte años para determinar si la economía mundial será una economía dolarizada, unipolar, centrada en los Estados Unidos, o un mundo multipolar y multimoneda, centrado en el corazón de Eurasia, con economías públicas/privadas mixtas”, agregó.
En su opinión, el actual conflicto em Ucrania no terminará hasta que una alternativa al actual conjunto de instituciones internacionales centradas en los Estados Unidos sea encontrada.
Me parece evidente que el actual orden internacional se ha hecho insostenible. Creo que el profesor Hudson tiene razón.
