En la antigua China, el concepto de «Tianxia» (天下) desempeñaba un papel central en la concepción de la gobernanza y las relaciones internacionales. Literalmente traducido como «todo bajo el cielo», el término Tianxia representa una visión de un mundo unificado y armonioso, donde todas las naciones y culturas coexisten en equilibrio y prosperidad. La idea de Tianxia se basa en la creencia de que existe un orden cósmico en el universo y que los gobernantes tienen la responsabilidad de gobernar con sabiduría y benevolencia para mantener este orden. Según esta filosofía, el emperador chino era el gobernante supremo, a quien se le atribuía el Mandato del Cielo, y su misión era garantizar la paz y la prosperidad tanto dentro de las fronteras chinas como en las relaciones con otros estados.
Dicho concepto fue creado durante la Dinastía Zhou hace cuatro mil años, el filósofo chino Zhao Tingyang afirma que la política cuenta con dos puntos de partida para la formación de sus genes; las polis griegas que dieron lugar a la política estatal y el sistema Tianxia, que dio lugar a la idea de una política mundial. En el contexto de Tianxia, la armonía y la estabilidad se lograban a través del establecimiento de una red de relaciones mutuamente beneficiosas y respetuosas entre las naciones. En lugar de buscar la dominación o la conquista, la idea era que los gobernantes debían fomentar la cooperación, el comercio y la diplomacia para mantener el equilibrio en el mundo bajo aquella vieja enseñanza del maestro Confucio de que la virtud perdura y la fuerza es pasajera. En la práctica, esto significaba que China buscaba establecer alianzas y relaciones comerciales con estados vecinos y lejanos, basadas en principios de reciprocidad y beneficio mutuo. Los intercambios culturales, comerciales y tecnológicos eran valorados y se promovía la coexistencia pacífica de diversas culturas y sistemas políticos ya que el orden terrenal debe replicar el orden del cielo, el cual es armonioso y no excluye a nadie.
El concepto de Tianxia no se limitaba únicamente a la gobernanza china, sino que también abarcaba la interacción con los estados extranjeros. Los misioneros, diplomáticos y comerciantes chinos eran enviados a otros países como representantes de la civilización china, así como para establecer relaciones amistosas y de cooperación. Este enfoque pacífico y respetuoso hacia las relaciones internacionales se diferenciaba de la visión occidental de conquista y dominación. Desde esta perspectiva filosófica, el dominio por la fuerza de las armas y la conquista violenta no es política sino mero dominio. Para el pensamiento político tradicional chino la verdadera política es hacer de la colaboración universal y de la vida común un arte. A medida que el mundo moderno ha evolucionado y las estructuras de poder y gobernanza han cambiado, el concepto de Tianxia ha adquirido nuevas interpretaciones y significados. En el siglo XXI, algunos académicos chinos han propuesto una visión de Tianxia como un modelo de gobernanza global inclusivo, basado en la cooperación y el respeto mutuo entre las naciones.
Esta visión contemporánea de Tianxia destaca la importancia de la colaboración global para abordar los desafíos comunes, como el cambio climático, la pobreza, los conflictos y las desigualdades. En lugar de un sistema de dominación unipolar o bipolar, se aboga por una comunidad global interconectada (multipolar) donde todas las naciones tengan voz y participen en la toma de decisiones. Este enfoque de Tianxia implica una comprensión más profunda de las interdependencias y la necesidad de buscar soluciones colectivas a los problemas globales. En lugar de imponer un sistema de valores o ideologías particulares, se busca fomentar el diálogo y el entendimiento entre diferentes culturas y perspectivas para encontrar soluciones inclusivas y sostenibles.
En un mundo cada vez más interdependiente, el concepto de Tianxia nos invita a reflexionar sobre la importancia de superar las barreras y divisiones para construir una comunidad de futuro compartido, como lo ha llamado el presidente Xi Jinping. La interdependencia económica, la migración, las amenazas transnacionales y los desafíos medioambientales requieren una respuesta conjunta y coordinada. La visión de Tianxia como un modelo de gobernanza global busca promover la equidad, la justicia y la cooperación entre todas las naciones, independientemente de su tamaño o poder económico. Se trata de una forma de pensar en la que los intereses nacionales se entrelazan con los intereses globales, reconociendo que solo a través de la colaboración y el respeto mutuo podremos abordar los problemas y aprovechar las oportunidades del siglo XXI.
Además, el concepto de Tianxia también nos recuerda la importancia de la responsabilidad individual y colectiva en la construcción de un mundo mejor. Cada uno de nosotros, como ciudadanos del mundo (entendiendo este término no desde una perspectiva globalista occidental), tiene un papel que desempeñar en la promoción de la armonía, la justicia y la sostenibilidad. Desde nuestras acciones cotidianas hasta nuestro compromiso con las políticas y la participación ciudadana, podemos contribuir a la construcción de un orden mundial más justo y equitativo.
Sin embargo, también es importante reconocer que la implementación práctica de la visión de Tianxia presenta desafíos y obstáculos significativos. Las diferencias culturales, políticas y económicas pueden dificultar la construcción de consensos y la promoción de la cooperación global. Además, el equilibrio entre la soberanía nacional y la cooperación internacional plantea interrogantes sobre cómo encontrar un terreno común sin socavar la diversidad y la identidad cultural de las naciones, tal como lo hemos presenciado bajo el modelo de globalización neoliberal impuesto por occidente. A pesar de estos desafíos, el concepto de Tianxia nos invita a reflexionar sobre el tipo de mundo en el que queremos vivir y el papel que desempeñamos en su construcción. Promover un enfoque de gobernanza global inclusivo y basado en la cooperación y el respeto mutuo es fundamental para abordar los desafíos globales y crear un futuro sostenible.
En última instancia, el concepto de Tianxia nos recuerda que estamos interconectados y que nuestras acciones individuales y colectivas tienen un impacto en el mundo en el que vivimos. Al adoptar una visión más amplia y abrazar los valores de equidad, justicia y respeto mutuo, podemos trabajar juntos para construir un orden mundial más armonioso y próspero, donde todas las naciones y culturas puedan coexistir en paz y colaboración.
Como ya es conocido, con una marcha multitudinaria seguida de una demostración de fuerza, claridad y decisión en La Plaza de la Democracia, varios sectores organizados del país se manifestaron con firmeza y convicción, ante la situación por la que pasa la educación pública costarricense y otros asuntos nacionales, abusados por el neoliberalismo.
Se mencionó de manera enfática que, en este momento, con algunas medidas gubernamentales, se está poniendo en peligro la democracia y la paz social.
Se manifestó también con claridad que “este pueblo ya despertó”; se hizo un llamado con decisión: “defendámonos”.
Se planteo también a los sectores en pro de la defensa de la educación pública, que “cuentan con el apoyo del sector agropecuario”.
También se dijo con determinación que “saldremos a la calle a llevar palo”; a la vez, se pidió con vehemencia la renuncia de la ministra de Educación y en alusión a palabras del presidente, se dijo que ahora “no hay un plato, sino una olla de chop suey”.
Mucho apoyo recibió la demanda al gobierno, en cuanto a que debe pagar la deuda a la Caja Costarricense de Seguro Social; así como el reclamo en cuanto a que se le está quitando presupuesto a Educación, para pasarlo a Seguridad.
“Sólo el pueblo salva al pueblo”. Esta sentencia fue mencionada con convicción y vehemencia, lo que pone en evidencia, entre otras cosas que, por parte de distintos sectores sociales, hay un descrédito hacia el gobierno; una separación y confrontación entre pueblo y gobierno y un llamado a la lucha por los derechos de la población.
Al igual, dos diputadas del Frente Amplio se refirieron con determinación, a la gestión gubernamental: “se les acabó el juego” y “palo va a llevar el gobierno”; así como su oposición a la jornada de 12 horas, exigiendo que se pague horas extras.
Por su parte, una diputada del Partido Liberación Nacional dijo apoyar el 8% para la educación pública.
Al mismo tiempo, se hizo circular la información en cuanto a que en la Asamblea Legislativa se llevó a cabo una votación, con treinta votos a favor del 8% para la educación pública.
Un día antes, en un intento de desmovilización, la ministra de Educación se refirió a la marcha como “una pena” y en un comunicado conjunto con los ministros de la Comisión de Enlace para la negociación del FEES, el lunes 19, dijo “…la verdad sobre la manifestación de mañana. No se dejen engañar, porque hay gente que los quiere utilizar para defender sus intereses, privilegios…”
Hay que decir entonces, que ojalá de verdad le dé pena lo que sucedió el martes, aunque eso está por verse, si nos atenemos a las posiciones mantenidas.
Así también, en un documento denominado “Pacto por la educación pública”, dado a conocer ese martes 20, se dice que este se presenta “como hoja de ruta en ausencia de liderazgo del MEP” y refiere que “En el evento multisectorial participaron organizaciones estudiantiles, académicas, representaciones institucionales, sindicales, sociales, productivas y comunales”.
Entre los puntos planteados contiene:
Otorgar el presupuesto constitucionalmente asignado a la educación pública: 8% del PIB;
Liberar a la educación pública de la regla fiscal.
Lanegociación del FEES en la Comisión de Enlace
Tanto por parte de los representantes de la educación superior pública, como del sector gubernamental, se ha emitido documentos que informan del avance y resultados parciales de las sesiones para la asignación del Fondo Especial para el Financiamiento de la Educación Superior Estatal, FEES 2024.
De circunloquios y subterfugios. Pero: ¿seguimos “negociando”?
El gobierno por su parte, en el documento titulado:
“Restricciones presupuestarias impiden brindar más recursos al FEES 2023” (subrayado nuestro) informó que:
En el proceso de las negociaciones… (FEES) de 2023, la Comisión de Enlace se comprometió a explorar la posibilidad de aumentar los recursos destinados a este fondo ajustados a la inflación. El incremento estaría sujeto a la disponibilidad y espacio existente en el presupuesto de la República. (subrayados nuestros).
Sigue diciendo que, sin embargo, pese a los esfuerzos del Ministerio de Hacienda, las condiciones macroeconómicas y decisiones de la Asamblea Legislativa imposibilitan materializar este compromiso. (subrayado nuestro).
Por su parte, el CONARE, en un documento con el encabezado:
“Segunda reunión de Comisión de Enlace”, indica que:
“CONARE no acepta que el Gobierno le traslade la responsabilidad a la Asamblea Legislativa para no dar el 1% adicional del FEES 2023” (subrayado nuestro).
Durante las negociaciones para el FEES 2023,la Comisión de Enlace se comprometió a revisar la viabilidad de otorgar un 1% adicional para este año en atención a las postergaciones y deducciones realizadas a los presupuestos universitarios.
13 de junio del 2023.Cuando se negoció el FEES 2023, el gobierno y las universidades públicas aceptaron un crecimiento de un 1% fundamentado en el argumento de la situación financiera estrecha expuesta por el Gobierno para el 2022, a pesar de que la inflación anual de ese año cerró en 7,88%.
Esto se negoció de esa manera, porque… “c) el incremento anterior será revisado por la Comisión de Enlace en junio 2023 con el fin de determinar la viabilidad de un ajuste adicional de un 1%, que se realizaría a través de la formulación de un presupuesto extraordinario…”
Los trozos de texto subrayado son para hacer las siguientes consideraciones:
El lenguaje empleado por unos y permitido por otros, evidencia mucho:
En el título del documento del gobierno, luego del injustificado argumento de “Restricciones presupuestarias impiden…” se usa el término “brindar”.
Decimos que el argumento es injustificado porque, nada debe haber que impida cumplir con lo que la Constitución de la República manda.
Por otro lado, “brindar”, ¿qué implica?: por una parte, el gobierno está pasando de lo obligatorio a lo volitivo, desdibujándose así del mandato y posicionándose en lo dadivoso: no es que el gobierno esté en la posición de “brindar”, sino en la obligación de cumplir.
La misma reflexión vale para los términos “dar” y “otorgar”, así como “explorar la posibilidad”, un subterfugio.
Es de hacer notar que, por ambas partes, se insiste en “negociar”. Por nuestra parte, hemos dicho que, en este marco, lo que se ha dado en llamar “negociación”, el gobierno lo ha llevado más bien a “regateos de quinto patio” y lleva a pensar que no está negociando sino manipulando: ¿Se está cayendo en el juego?
Si fuera así, viene a la mente el dicho “Tigre suelto contra burro amarrado”; sólo que el propio “amarrado”, es el que se estaría poniendo la soga al cuello.
La marcha del martes 20, parece dibujar una nueva ruta de esperanza
Como es evidente, los diferentes sectores sociales dieron muestra de claridad, dignidad y determinación, en cuanto a que el derrotero impulsado por los sectores gubernamentales va por la senda equivocada.
Con mirada autocrítica, las universidades públicas y el CONARE, estuvimos mucho tiempo en el letargo de “la negociación”, hasta que el pueblo mostró el camino; tanto así que, en relación con la marcha, el llamado fue a “sumarse”: Sumarse a un impulso conjunto de varios sectores sociales, con la determinación mostrada el 20. Ni siquiera fue a unir fuerzas e integrarse, fue a “sumarse”.
La parte que representa la defensa de la educación pública parece no estar cohesionada. Esto se puede inferir, entre otras fuentes, de lo expresado por la presidenta de la FEUCR, sobre que hay agrupaciones estudiantiles que no participan en reuniones y no se está trabajando en conjunto: TEC, UNED y UTN.
En cuanto al Partido Liberación Nacional, algo me hace tener desconfianza, más me huele a “llevar agua para su molino”, a un pleito entre sectores de capital. Este partido tiene su cuota de responsabilidad en la actual situación del país.
En cuanto a la ministra de Educación, debe ponerse el énfasis debido y no otro, ya que el gobierno puede cambiarla por otra persona que “no tenga rabo que le majen”, pero igual, sea peón al servicio.
No olvidemos tampoco la fortaleza que tienen las universidades públicas, para generar las consecuentes sinergias, con las poblaciones y comunidades con las que trabaja, por el buen vivir, el bienestar, derechos. Un frente indispensable.
Tengamos fortaleza, dignidad, claridad y determinación entonces: “Sólo el pueblo salva a pueblo”.
Nicolas Boeglin, Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR). Contacto: nboeglin@gmail.com
En la Gaceta Oficial de Costa Rica del 30 de marzo del 2023, se publicó el siguiente proyecto de Ley 23.588 (véase enlace, en pp. 2-7): se denomina «Ley para el reconocimiento y protección de las personas defensoras de derechos humanos y defensoras del medio ambiente».
Tratándose de un ámbito específico en el que son varios los avances del derecho internacional público que se han registrado (tanto a nivel de declaraciones, como de instrumentos normativos – sean estos de naturaleza universal o regional – así como a nivel de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos), se hubiese esperado verlas incorporadas en un proyecto de ley de esta naturaleza: se debe advertir de entrada que no es el caso.
En efecto, la lectura pormenorizada de este texto denota varias carencias y omisiones graves que evidencian la gran premura con la cual fue redactado, en particular en lo relativo a las personas «defensoras del medio ambiente«: detallaremos algunos de estos vacíos en las líneas que siguen.
Estas omisiones traducen la forma bastante peculiar con la que algunos en Costa Rica elaboran propuestas de ley en modo «express«. Y ello a pesar de la gravedad de la situación que viven muchos defensores del ambiente costarricenses: podemos referir a la muerte de dos líderes indígenas asesinados en menos de un año en la región de Salitre (Sergio Rojas, marzo del 2019 y Jerhy Rivera, febrero del 2020). En este 2023, en la misma fecha del Día del Ambiente, se leyó en el Semanario Universidad de parte de un reconocido ecologista costarricense (véase nota) que:
“Responsabilizo a los señores del veneno si algo nos llegara a pasar a mí o a las personas del Frente Ecologista de Cipreses, sobre todo en estos días que se escucha que está pronta la prohibición del clorotalonil en Costa Rica, que tiene el agua de nuestras casas contaminadas y que venimos denunciando”.
Anteriormente, fue este mismo medio de prensa universitario el que hizo públicas las amenazas recibidas por un campesino defensor de la vida silvestre en la Península de Osa (véase nota de diciembre del 2022).
No está de más recordar que el temor y las intimidaciones inhiben a muchos a denunciar el impacto en la salud humana de personas pertenecientes a comunidades afectadas por la expansión piñera: se trata de una pesada y dramática deuda que arrastran desde muchos años las autoridades sanitarias y ambientales de Costa Rica (véase este muy completo reportaje del 2019 publicado en el medio digital Delfino.cr, cuya lectura se recomienda y el documental siempre de una gran actualidad: “No nos tapen la boca: hablemos de contaminación piñera. Homenaje a Mayra Umaña, lideresa ecologista”, programa Era Verde, Canal 15, 2014). Como dato de interés muy pocamente divulgado en Costa Rica sobre sus exportaciones de piña, se lee en un reciente informe de la FAO del 2022 (véase texto) que Costa Rica es «el mayor exportador del mundo con una cuota de mercado de casi el 70 %» (página 8, a completar con ilustrativo gráfico 6 en la página 9). En el 2009, un artículo de prensa ya advertía de la insensata expansión de las plantaciones de piña en Costa Rica (véase el artículo “Insensatez piñera: miopía empresarial y estatal abonaron graves secuelas», El Financiero, No.724, junio del 2009).
Una consulta previa que ¿se hizo o … no se hizo?
La lógica indica que antes de elaborar el texto de un futuro proyecto de ley, cual sea el ámbito de este último, existe una fase previa de consultas.
Al parecer o no se hizo, o bien se hizo con un grupo tan reducido de entidades abocadas a esta temática y de profesionales conocedores de esta temática, que muy pocos saben quiénes son.
Dada la amplia y compleja problemática a la que se pretende dar respuesta con el proyecto de ley 23.588, plantea interrogantes muy válidas el hecho que:
1) – no se haya hecho ninguna consulta, o bien;
2) – que haya sido a un grupo muy pequeño de entidades y personas, o bien;
3) – que fue tal la premura para presentarlo, que se obviaron lo que consideramos las etapas básicas que requiere todo proyecto de ley de previo a su formulación.
Esta consulta a la que referimos hubiera, sin lugar a duda, permitido imprimir a esta propuesta un enfoque mucho más integral y abarcar los muy diversos aspectos de la problemática que se pretende resolver mediante una nueva legislación en Costa Rica: desde las organizaciones sociales, desde jueces y profesionales en derecho y otras disciplinas, desde los asesores legales que trabajan a menudo con el sector ecologista costarricense, desde los centros de investigación y desde la misma academia, desde la experiencia ya existente en otras latitudes, desde las múltiples publicaciones, informes existentes, los insumos aportados hubieran sido de gran ayuda.
Es de notar que desde el 2015, un proyecto de ley 19.610 (véase texto) que sí dio pie para consultas espera pacientemente que los diputados costarricenses lo tramiten: busca simplemente reformar el código penal para incluir actos que atenten contra activistas de derechos humanos y sancionar a sus autores. Y es de recordar que otro proyecto de ley 21.245 presentado en febrero del 2019 (véase texto) sobre la aprobación del Acuerdo de Escazú, fue archivado el pasado 1ero de febrero del 2023 por la misma Asamblea Legislativa.
A modo de sugerencia que se puede hacer a los actuales legisladores de Costa Rica (o de cualquier otro Estado que busque proteger a las personas que defienden el ambiente mediante una nueva ley), desde el pasado 21 de abril la región de América Latina y del Caribe cuenta con un órgano colegiado constituido por expertos, que también podrían ser consultados de cara a formular el mejor contenido de una futura norma: en efecto, se designaron a los siete integrantes del Comité de Apoyo a la Aplicación y Seguimiento en el marco de la COP2 del Acuerdo de Escazú celebrada en Argentina. Una COP2 cuyos resultados tuvimos la oportunidad de analizar brevemente: véase enlace a nota nuestra publicada en el sitio especializado Actualidad Ambiental. En el caso de la candidata de nacionalidad costarricense, es de destacar que fue designada por los demás Estados Partes para integrar este mismo comité (al respecto, véase nota de OjoalClima del 1/5/2023, única referencia que encontramos en medios de información en Costa Rica celebrando su designación).
De algunos aspectos de forma algo básicos
Desde su mismo título, se hace evidente que los autores del proyecto de ley 23.588 ignoran varias cosas que, en lo personal, consideramos bastante básicas, y que a continuación procederemos a detallar.
Desde 1995, la legislación costarricense no usa el término de “medio ambiente” usado en otras latitudes, sino el de “ambiente”, como la misma LOA (y no LOMA) por las siglas de: Ley Orgánica del Ambiente (véase texto completo). Si el planeta es uno, si la Tierra es una, no hay razón para usar el término de “medio” al referirse al ambiente, que utilizan (por ejemplo) nuestros colegas en España. Sorprende el hecho que los autores costarricenses de este proyecto de ley ignoren los términos usados en Costa Rica para referirse al “ambiente” en la misma normativa nacional. Para su información, la Constitución Política contempla desde 1994 un artículo que no emplea el término de «medio ambiente» sino que se lee de la siguiente manera:
”Artículo 50. Toda persona tiene derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado”.
Además, desde el 2018 existe un tratado regional que busca proteger a quienes defienden el ambiente (usando el término “ambiente “ o “ambientales” y no “medio ambiente” o medioambientales”…). Este instrumento jurídico consagra una expresión muy precisa que engloba a defensores de los derechos humanos y defensores del ambiente: se trata de la expresión “defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales”, tal como la encontramos plasmada en el Artículo 9 del Acuerdo de Escazú (véase texto completo). Dicho sea de paso, resulta más que llamativa la total omisión de toda referencia al Acuerdo de Escazú por parte de los autores costarricenses de este proyecto de ley. Esta omisión confirma (para algunos de nosotros) la sospecha que tenemos: muchos en Costa Rica, desde la misma Asamblea Legislativa (pero también desde el Poder Ejecutivo y desde otros espacios), opinan sobre el Acuerdo de Escazú – usualmente en contra – sin tan siquiera habérselo leído.
Cabe precisar que la propuesta original de incorporar en el futuro Acuerdo de Escazú una disposición específica sobre las personas que defienden el ambiente se debió a una propuesta conjunta de Chile, Costa Rica, Panamá, Paraguay y Perú (véase texto). El hacer mención de ello en un proyecto de ley como el 23.588 permitiría honrar esta valiente iniciativa que Costa Rica logró plasmar exitosamente con los demás cuatro Estados: convirtiendo de esta manera el Acuerdo de Escazú en un avance pionero notorio, al ser el primer tratado a nivel mundial en interesarse por proteger específicamente a quienes defienden el ambiente, muchas veces desde sus pequeñas comunidades.
De manera a conocer mejor la problemática que enfrentan los defensores de derechos humanos en asuntos ambientales, referimos también al informe del Primer Foro realizado en noviembre del 2022 en Quito, Ecuador, bajo los auspicios de la CEPAL (véase texto). Un segundo foro muy similar tendrá lugar en Panamá a finales de septiembre del 2023.
Dada la falta de conocimiento en la materia, es muy probable que los autores de este proyecto de ley ignoren también que el Acuerdo de Escazú cuenta con una “Guía de Implementación”, presentada formalmente en abril del 2022 por la CEPAL (disponible aquí).
La protección de los defensores del ambiente es una materia sumamente compleja y álgida, y requiere una serie de acciones del Estado para ser eficaz. Desde ya, se invita a los autores del proyecto de ley 23.588 a la lectura de lo que establece dicha Guía de cara a la implementación del Artículo 9 sobre defensores del ambiente (pp.145-52): en efecto, al compararse lo que encontramos en las pp.145-152 con la parte dispositiva del proyecto de ley 23.588, quedan en evidencia los graves vacíos y omisiones que contiene este proyecto de ley.
Nótese que desde el 2021, circula un valioso video preparado por la Universidad de Costa Rica (UCR) titulado «El Acuerdo de Escazú y los defensores del ambiente» (véase enlace) y que incluye entrevistas a varios defensores del ambiente costarricenses, uno de ellos, Jerhy Rivera, asesinado en el 2020 en la región de Salitre. Este primer video es completado por otro, relativo a la posición de una cámara empresarial costarricense, titulado «UCCAEP y el Acuerdo de Escazú» (véase enlace): ambas producciones audiovisuales de gran calidad, como muchas de las que salen con el sello de la UCR, son de las pocas que se han elaborado sobre el Acuerdo de Escazú en Costa Rica.
De algunos aspectos sustantivos inexistentes en el proyecto de ley
Como bien se sabe, la forma y el fondo de cualquier texto se entrelazan, y al analizar la primera (y sus carencias), vemos reflejado el segundo (y sus probables omisiones). Es el caso del proyecto de ley 23.588.
En este proyecto de ley nada aparece sobre las acciones penales por presunta difamación – acompañadas de acciones civiles resarcitorias con montos millonarios – que una y otra vez terminan desestimadas o archivadas por parte de los tribunales penales costarricenses. Una reforma al código penal permitiría que no puedan ser usadas con tanta facilidad. Estas acciones penales se presentan con una clara intención velada: la de infundir temor a una persona en Costa Rica, a su entorno más cercano, y la de perjudicar su labor de defensa y de denuncia durante los años que dura el procedimiento ante el sistema judicial costarricense (Nota 1). La doctrina anglosajona se refiere a este tipo de demandas como «SLAPP» por sus siglas en inglés: «Strategic Legal Actions Against Public Participation» (Nota 2). En Costa Rica, la polémica en torno a un proyecto minero de la empresa canadiense Infinito Gold dio pie para la presentación de cinco demandas de este tipo en el 2010 (Nota 3).
Muy relacionado a la omisión anteriormente observada, nada tampoco aparece en este proyecto de ley 23.588 sobre las garantías a la libertad de expresión que se extienden a los defensores ambientales y a todo defensor de derechos humanos en su labor: al respecto, en una sentencia del 2022 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre las acciones penales sufridas por un reconocido ambientalista chileno, se lee (en su párrafo 100) algo que debió inspirar a los autores de este proyecto de ley 23.588:
“la Corte considera que el respeto y garantía de la libertad de expresión en asuntos ambientales es un elemento esencial para asegurar la participación de la ciudadanía en los procesos relativos a dichos asuntos y, con ella, el fortalecimiento del sistema democrático a través de la vigencia del principio de democracia ambiental».
Por cierto, la expresión “participación ciudadana en materia ambiental”, que existe en un sinnúmero de regulaciones en Costa Rica y de sentencias de la Sala Constitucional (véase por ejemplo esta sentencia del 2012, y los desarrollos que en ella se lee en el párrafo V titulado «Sobre la participación ciudadana en los asuntos ambientales «), constituye una sólida base para asentar la necesaria protección de quienes defienden el ambiente. Desde 1995, la misma Ley Orgánica del Ambiente (véase texto) en su artículo 6 establece que:
«Artículo 6.- Participación de los habitantes. El Estado y las municipalidades, fomentarán la participación activa y organizada de los habitantes de la República, en la toma de decisiones y acciones tendientes a proteger y mejorar el ambiente«.
La misma Corte Interamericana de Derechos Humanos ha precisado el alcance de este verdadero derecho en su opinión consultiva OC-23 del 2017, dada a conocer en el 2018 (véase texto, en particular párrafos 226-232). Pese a su importancia, la expresión “participación ciudadana en materia ambiental” no encuentra mayor referencia en el proyecto de ley 23.588. Esta omisión nos parece bastante notable, por lo que nos permitimos desde ya plantear la siguiente pregunta: ¿tendrán algún tipo de problema con la participación ciudadana en materia ambiental los autores del proyecto de ley 23.588? (Nota 4).
Nada tampoco aparece en el proyecto de ley 23.588 sobre la imperiosa necesidad de dotar al Estado costarricense de un cuerpo de investigadores altamente especializado para investigar debidamente hechos en los que se atenta contra la vida de personas que alzan la voz en materia ambiental en Costa Rica. La indignante impunidad que rodea una muy larga serie de asesinatos o de amenazas contra personas que defienden el ambiente en Costa Rica, evidencia que el aparato estatal no sabe (o… ¿no quiere saber?) cómo se investigan este tipo de hechos.
Así por ejemplo, la lectura del muy completo informe remitido sobre el asesinato de Berta Cáceres en el 2016 en Honduras (véase texto completo del informe GAIPE del 2017) refuerza la idea de contar con investigadores sumamente experimentados para lograr dilucidar casos similares al de esta reconocida lideresa lenca opuesta al proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, y para desenmascarar la estrategia (fallida) de encubrimiento intentada en un primer momento por las autoridades judiciales hondureñas para maquillar las verdaderas razones detrás de su asesinato.
¿Encubrir a los verdaderos autores materiales e intelectuales del asesinato de un lider ecologista (o bien a los autores de las amenazas que recibe esta persona estando en vida)? Así como se oye, y en realidad, la explicación es bastante sencilla: suele ser una tentación para algunas autoridades estatales, en particular cuando se observa a un Estado actuando en total sintonía con una empresa a cargo de un megaproyecto. En muchos casos, la extraña sensación de unísono Estado/empresa es compartida por muchos activistas ambientales en América Latina y en el mundo en general. En Costa Rica, en el caso de un polémico proyecto minero de una empresa canadiense declarado de forma inconsulta de «conveniencia nacional» por el Poder Ejecutivo en octubre del 2008, un titular de prensa optó por usar la palabra «contubernio» entre el Estado costarricense y la empresa canadiense Infinito Gold (véase nota de prensa). En el 2021, nos permitimos usar la expresión «desvergonzada simbiosis» entre el Estado y la empresa, a propósito de lo que hemos denominado el «affaire Crucitas» (Nota 5).
En este proyecto de ley tampoco aparece alguna disposición sobre la necesidad de tipificar penalmente la incitación al odio en contra de los ambientalistas: al respecto, un reciente caso contra ambientalistas del Caribe Sur costarricense (véase nota de SurcosDigital ) no ha dado lugar a ninguna amonestación por parte del Directorio de la Asamblea Legislativa en contra del diputado que los calificó de “terroristas” durante una audiencia celebrada en la misma Asamblea Legislativa. Con otro tipo de expresiones, en octubre del 2010, la Presidenta de Costa Rica también consideró útil y oportuno emprenderla públicamente contra los ecologistas (véase discurso a partir del mn 25:00 contenido en el documental «El Oro de los Tontos«), sin que a la fecha haya presentado disculpas o rectificado el contenido de sus palabras (o bien explicado a qué se debió de pronto tanta cólera de su parte en contra del sector ecologista costarricense…).
De manera que los autores de esta propuesta de ley, al parecer poco familiarizados con la problemática, conozcan mejor el abanico de «técnicas» para amedrentar a un colectivo de personas que claman por sus derechos, y que va desde amenazas e intimidaciones de todo tipo, a intentos de estigmatización y de campañas de desprestigio, pasando por acciones penales por presunta difamación y por incitación al odio que diversos sectores lanzan contra quienes defienden derechos humanos en distintas partes del mundo, los referimos a este informe de la ONG Amnistía Internacional y a este otro informe de la UICN (Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza) sobre los derechos de las personas que defienden el ambiente. Pueden completar útilmente sus conocimientos con este informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos del 2019 titulado «Empresas y derechos humanos: estándares interamericanos» (en particular pp. 118-129 y 156-172). Leyendo con detenimiento estos tres documentos, estamos seguros que se percatarán del hecho siguiente: la Defensoría de los Habitantes no es la entidad estatal más indicada en Costa Rica para proteger eficazmente a los defensores de derechos humanos en asuntos ambientales, tal como lo pretende de forma errónea este proyecto de ley.
La mecánica probablemente seguida para llegar a este proyecto de ley
La fundamentación del proyecto de ley 23.588 denota un profundo desconocimiento de la materia objeto de este proyecto de ley. Es presentada de una manera bastante original, al no referirse en ningún momento a principios del derecho ambiental vigente en Costa Rica y a las mismas regulaciones existentes desde 1995.
Intentaremos por lo tanto dar una explicación que permita entender cómo es que se pudo llegar a esta propuesta de ley con semejante formulación y redacción.
Al parecer, ante muy poco tiempo para elaborarlo, se usó un modelo de texto del 2016 sugerido en un fascículo de una reunión internacional auspiciada por Naciones Unidas (“Ley Modelo para el Reconocimiento y la Protección de las personas defensoras de Derechos Humanos” – véase texto completo y que se cita en la página 1 ) y luego se extendió su alcance de manera precipitada a las personas “defensoras del medio ambiente”, con los correspondientes añadidos que encontramos en los artículos 1 a 21 de la parte dispositiva así como en los artículos 22 (reforma a la Ley que crea la Defensoría de los Habitantes) y 23 (reforma al Código Penal).
A diferencia de lo que propone de manera bastante restrictiva el Artículo 3 en cuanto a definiciones, remitimos a lo sentenciado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre la definición de las personas que se dedican a la defensa ambiental:
“»71. La definición de la categoría de defensoras o defensores de derechos humanos es amplia y flexible debido a la propia naturaleza de esta actividad. Por ello, cualquier persona que realice una actividad de promoción y defensa de algún derecho humano, y se autodenomine como tal o tenga reconocimiento social de su defensa, deberá ser considerada como persona defensora. En esta categoría se incluyen, por supuesto, los defensores ambientales, también llamados defensores de derechos humanos ambientales o defensores de derechos humanos en asuntos ambientales» (véase texto completo de la sentencia de la Corte IDH, caso Baraona Bray c. Chile, sentencia del 24/11/2022).
La simple lectura del precitado Artículo 9 del Acuerdo de Escazú (véase enlace a su texto) hubiera de igual manera ayudado a los autores de este proyecto de ley a usar los términos modernos con los que se define a una persona defensora de derechos humanos en asuntos ambientales.
De algunas omisiones notables sobre asesinatos de ambientalistas ocurridos en Costa Rica
Dicho sea de paso, encontramos en la fundamentación de este proyecto de ley una cita al caso de Jeanette Kawas Fernández contra Honduras, ambientalista asesinada en febrero de 1995 en Honduras, y cuyo asesinato dio pie para una importante sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en abril del 2009 (véase texto completo). Extrañamente, se omite toda referencia al hecho que en diciembre de 1994 y en febrero del 1995 aparecieron los cuerpos sin vida de cuatro ambientalistas costarricenses en la capital costarricense: tres en una casa incendiada en Moravia y el cuerpo del cuarto integrante en un parque de la Uruca. El denominado “caso AECO” nunca dio pie a ninguna sanción. En 1999 la Procuraduría General de la República (PGR) consideró – de una manera que nos parece sumamente cuestionable y cuestionada- que:
“1.- De acuerdo con las autopsias realizadas y las investigaciones por muerte de los señores Oscar Fallas Baldí, María del Mar Cordero Fernández y Jaime Bustamante Montaño, la muerte de éstos se debió un incendio accidental.
2.- De acuerdo con la autopsia e investigación de la muerte de David Maradiaga Cruz, su muerte se debió a causas naturales” (véase texto completo del dictamen de la PGR – conclusiones -).
A casi 30 años de ocurridos estos hechos, el Estado costarricense no ha querido llevar a cabo una investigación sobre estas cuatro muertes que permita identificar y sancionar a los autores de estos cuatro asesinatos, con muy probablemente dos tipos de autores: los ejecutantes y los autores intelectuales, siendo los primeros comanditados por sectores económicos afectados por la labor de denuncia de estos ambientalistas.
Cada mes de diciembre, algunos universitarios y activistas buscan mantener vivo el recuerdo de estas cuatro muertes que oficialmente el Estado costarricense considera, para tres de ellas, “accidental” y la cuarta como “natural”: véase por ejemplo este artículo de nuestro colega Mauricio Álvarez y la publicación presentada en diciembre del 2020 sobre la larga lista de personas que, además de los cuatro ambientalistas precitados, han perdido la vida en Costa Rica en defensa del ambiente y que se titula: “Una memoria que se transforma en lucha: 30 años de criminalización del movimiento ecologista en Costa Rica”. Dicho sea de paso, ninguna mención se hace a esta valiosa recopilación presentada en el 2020, la cual podría ser de gran utilidad a la hora de pensar en elaborar una normativa eficaz para proteger a quienes defienden el ambiente en Costa Rica.
No incluir ninguna referencia al doloroso caso AECO resulta ser una omisión que se añade a la omisión de otro caso, mucho más reciente: en efecto, no encontramos ninguna mención en el proyecto de ley 23.588 al asesinato ocurrido el 31 de mayo del 2013 en Playa Moin de Jairo Mora Sandoval, que estremeció a toda la sociedad costarricense y a la opinión pública internacional. La investigación realizada por las autoridades fue tan deficiente que un tribunal optó en el 2015 por absolver a los sospechosos (véase nota de prensa), causando la profunda indignación de varias ONG (véase carta colectiva). Justamente el pasado 31 de mayo del 2023, se conmemoraron los 10 años de este vil asesinato: véase la única nota publicada en la prensa costarricense al respecto (Semanario Universidad). Las múltiples preguntas que planteamos al conmemorarse los 5 años de su muerte persisten en el tiempo sin mayores respuestas.
La tesis oficial, anunciada por el entonces Vice Presidente Alfio Piva en CNN (véase video) y ello sin que mediara investigación policial alguna, según la cual únicamente hueveros y narcotraficantes pudieron haber tenido interés en eliminar físicamente a Jairo Mora en Playa Moin aquel fatídico 31 de mayo, no nos convenció en su momento: 10 años después, sigue sin convencer a muchos en Costa Rica. Dicho sea de paso, estar declaraciones en CNN llevaron a un diputado indignado a expresar que:
«Esas declaraciones fueron la renuncia absolutas a las labores más fundamentales del Estado de resguardar la vida y la dignidad y espero una disculpa del Vicepresidente a la familia de Mora y que la forma mas clara de honrar la memoria es asumir desde el Estado la búsqueda de los culpables y la defensa de las tortugas» (véase nota de CRHoy).
Foto extraída de artículo de prensa del Tico Times del 2016, titulado «New trial in killing of Costa Rica conservationist Jairo Mora to start Jan. 25»
La omisión de toda referencia al caso de Jairo Mora pareciera confirmar nuevamente el desconocimiento por parte de los autores del proyecto de ley 23.588 con relación a lo que han vivido en Costa Rica los defensores del ambiente. En particular, sorprende el hecho que no se mencione ninguna de las recomendaciones hechas en su informe por el mismo Relator Especial de Naciones Unidas sobre Ambiente y Derechos Humanos a raíz de su visita a Costa Rica (puntos 54 -57 sobre el caso de Jairo Mora Sandoval y las recomendaciones más generales hechas a Costa Rica en los puntos 67-68). Dado que el contenido de este valioso informe está disponible desde muchos años para todos los que se interesan por la protección de los defensores del ambiente en Costa Rica, nos permitimos reproducir lo que se lee en el informe A/HRC/25/53Add.1 (el cual fue presentado en Naciones Unidas en el 2014) en su punto 67, y que podría útilmente inspirar a los autores del proyecto de ley 23.588:
“En quinto lugar, en lo que concierne al riesgo de hostigamiento y violencia contra los defensores de los derechos humanos que trabajan en la esfera del medio ambiente, el Experto independiente recomienda a Costa Rica que intensifique aún más sus esfuerzos no solo por responder a las amenazas y los actos de violencia, sino también por prevenir las situaciones que dan lugar a esos problemas. El Experto sugiere a Costa Rica que estudie seriamente la posibilidad de establecer una comisión o un órgano equivalente, con representantes de un amplio abanico de interesados, que tenga el mandato de examinar la historia y la situación actual de los defensores de los derechos humanos que se ocupan de cuestiones ambientales en Costa Rica y de formular recomendaciones sobre la manera más adecuada de mejorar su protección».
Desde el 2014, esta recomendación (así como muchas otras) no ha encontrado eco en el aparato estatal costarricense. Dadas las omisiones de todo tipo que van en aumento conforme se lee este proyecto de ley, nos permitimos plantear las siguientes preguntas: ¿será que ignoran los autores de este proyecto de ley que en el año 2014, se presentó en Naciones Unidas un informe sobre la visita realizada por el Experto Independiente sobre Derechos Humanos y Ambiente? Si es así ¿será que desconocen las diversas conclusiones y recomendaciones formuladas a Costa Rica desde el 2014? Si este fuera el caso, no estamos ante un proyecto de ley que busque realmente proteger a alguien en particular en Costa Rica, sino ante algo que se asemeja a una simple maniobra de otra índole.
Es de notar que pese a estos llamativos vacios, se citan como únicos casos en Costa Rica registrados, los asesinatos de dos líderes indígenas, Sergio Rojas y Jerhy Rivera, ocurridos en Salitre en marzo del 2019 y en febrero del 2020: al respecto, cabe precisar que la dramática problemática que enfrentan los pueblos indígenas en Costa Rica al verse despojados de sus derechos sobre sus propios territorios es mucho más compleja y ameritaría una legislación particular de cara a la protección de sus líderes comunitarios en sus territorios (así como fuera de ellos). Un informe de la máxima instancia de la Universidad de Costa Rica (UCR) así lo detallaba en el 2017 (véase informe). Por cierto, en su informe del 2022 que tuvimos la oportunidad de comentar (Nota 6), el Relator Especial de Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, a raíz de su visita a Costa Rica, sugirió al Estado costarricense presentar formalmente una disculpa pública a las comunidades indígenas: una recomendación que útilmente podría materializar la Asamblea Legislativa costarricense a través de un pronunciamiento – y que a la fecha no se ha hecho.
A la sugerencia anterior quisiéramos añadir otra: recomendamos que al reiniciarse (algún día) la propuesta de ley sobre autonomía de los territorios indígenas por parte de la Asamblea Legislativa (archivada sin voto en agosto el 2020, dando lugar a una actuación bastante vergonzosa de la misma Asamblea Legislativa denominada desde entonces por las comunidades indígenas “la arrastrada”), se incorporen debidamente medidas legales para proteger a líderes indígenas que defienden los derechos de sus comunidades y prevenir actos de intimidación en su contra. Tuvimos la oportunidad en el 2020, al conmemorarse los 10 años de aquella triste noche, de analizar la deuda histórica que acumula Costa Rica con los derechos de las poblaciones indígenas. Un reciente y muy completo artículo publicado en el 2021 en España titulado «La historia detrás de la muerte de Sergio Rojas» (véase enlace) detalla la complejidad de la situación de violencia que viven a diario los indígenas costarricenses en la región de Salitre: a la fecha, el Estado costarricense no ha sancionado a nadie por el asesinato de Sergio Rojas, reconocido líder indígena, acaecido en marzo del 2019 y que llevó a Naciones Unidas a intimar a Costa Rica a ser mucho más atenta al clima de violencia contra líderes indígenas amenazados (Nota 7). En septiembre el 2020, el Ministerio Público intentó archivar este caso (véase nota de prensa), lo cual fue rechazado por un tribunal de justicia en enero del 2021 (véase nota de prensa).
Finalmente, la ausencia en este proyecto de ley 23.588 de toda referencia a mecanismos implementados a nivel nacional por algunos Estados como en Perú (véase por ejemplo el mecanismo de protección elaborado en el 2021 con la creación de una Unidad Funcional de Delitos Ambientales, UNIDA, y un reciente análisis a dos años de su creación) o bien en México (véase el mecanismo creado que se puede revisar en las pp. 159-181 de esta publicación de la Comisión Mexicana de Defensa y Protección de los Derechos Humanos y su reforma adoptada en el año 2022 por el Congreso) nos confirma lo que todo asesor parlamentario debe saber: la precipitación es todo menos una buena compañía a la hora de elaborar un texto.
A modo de conclusión
Una fundamentación de un proyecto de ley tan pobre, careciendo de tantos elementos básicos, permite afirmar que resulta absolutamente falaz sostener, como se lee, que este proyecto de ley “busca constituirse como un instrumento del ordenamiento jurídico costarricense para proteger y reconocer los derechos fundamentales de las personas defensoras de los derechos humanos y defensoras del medio ambiente, con base en los estándares dictados por la normativa, declaraciones y jurisprudencia internacional en la materia”.
Adicionalmente, unas omisiones tan desconcertantes y unos vacíos tan sorprendentes con relación a los avances que se han dado desde que se adoptó el Acuerdo de Escazú en marzo del 2018, solo pueden dar pie a una parte dispositiva que mantenga estas características, por lo que desde ya se sugiere modestamente a los autores de esta propuesta lo siguiente:
– 1) que actualicen sus conocimientos en la materia;
– 2) que pidan asesoría de colectivos de derechos humanos y de ambientalistas costarricenses que conocen de las limitaciones del ordenamiento jurídico y de personas que han sufrido intimidaciones, amenazas, intentos de desprestigio, etc… en los últimos 30 años, y;
– 3) que busquen, desde el sector académico o desde algun otro sector, la manera de pedir la asesoría a los diversos expertos y juristas con los que cuenta Costa Rica en esta precisa materia.
Todo ello en aras de garantizarse que se elaborará una verdadera propuesta de normativa, protectora de los derechos de quienes defienden el ambiente en Costa Rica y esta vez sí, “con base en los estándares dictados por la normativa, declaraciones y jurisprudencia internacional en la materia”.
Como un pequeño detalle, que puede explicar el origen de tan súbito interés en esta compleja temática, concluiremos con la siguiente idea: dado que el Acuerdo de Escazú fue formalmente archivado por la Asamblea Legislativa el 1ero de febrero del 2023 y que este proyecto de ley fue puesto a circular en la corriente legislativa el 27 de febrero del 2023 según se desprende de su ficha técnica, el proyecto de Ley 23.588 puede entenderse como un intento (algo burdo) de remediar ante la opinión pública nacional e internacional lo tristemente irremediable.
Esta sencilla relación de fechas permite entender mucho mejor la premura con la que se ha elaborado este proyecto de ley 23.588.
– – Notas – –
Nota 1: En el caso del acueducto Coco-Sardinal en Guanacaste, fueron siete las personas objeto de acciones penales de este tipo en el 2008. En el caso de la planta cementera ubicada en el centro de San Rafael de Alajuela, fueron varios los demandados en el período 2010-2011. Sabemos de varias personas que denunciaron la expansión piñera en Siquirres en el período 2007-2011 y que también fueron objeto de demandas penales acompañadas de acciones civiles resarcitorias con montos millonarios. En el caso del denominado proyecto minero ubicado en la localidad de Las Crucitas, fueron cinco las personas demandadas en el 2011 por la empresa canadiense Infinito Gold, de las cuales dos diputados.
Nota 2: Estas acciones penales buscan ante todo presionar e intimidar a líderes ecologistas, campesinos, indígenas o bien de otros colectivos sociales que alzan la voz ante los atropellos de los que son víctimas por parte de empresas y de corporaciones. Su objetivo es claramente de carácter intimidatorio y en la doctrina anglosajona se denominan «SLAPP actions» (Strategic Legal Actions Against Public Participation). Este valioso informe titulado “Silencing Human Rights and Environmental Defenders: The overuse of Strategic Lawsuits against Public Participation (SLAPP) by Corporations” analiza el impacto de estas acciones penales, mientras que en este enlace se encontrará un informe publicado en el 2022 que recoge parte de la práctica en América Latina, titulado «SLAPPS in Latin America”.
Nota 3: Se trata de demandas penales interpuestas por la empresa minera Infinito Gold contra dos diputados (véase nota de Panamaamérica del 2011), así como contra un líder comunal y dos profesores universitarios. Con relación a estas últimas tres demandas, en el 2012 los demandados publicaron un artículo titulado “Audiencias con el Infinito: ausencias…” en La Nación (véase artículo en la edición del 3/07/2012 y reeditado en Kioscos Ambientales) sobre extrañas patologías recurrentes de los abogados de la empresa tendientes a aplazar, en tres causas penales distintas, las audiencias ante el juez programadas para resolver estas tres demandas (que fueron finalmente desestimadas). El programa Era Verde del Canal 15 de la Universidad de Costa Rica (UCR) dedicó dos interesantes emisiones sobre la suerte de estas cinco demandas por presunta difamación interpuestas por Infinito Gold (véase video1 y video2), incluyendo entrevistas a las personas acusadas por la empresa minera canadiense.
Nota 4: Cabe recordar que en el 2008, la única ley aprobada por la Asamblea Legislativa y que fue vetada por el Poder Ejecutivo costarricense durante todo el período 2006-2010, fue la «Ley para Fortalecer los Mecanismos de Participación Ciudadana en materia ambiental» (véase texto completo acompañado del texto del veto presidencial del 24 de noviembre del 2008). En el informe de labores para el período 2008 de una influyente cámara empresarial, leemos que: «Así mismo, para finales de año UCCAEP ejerció la presión necesaria para que el Presidente de la República vetara la Ley Ambiental. Para ello se publicaron una serie de artículos de opinión y a través de varios representantes se tuvo presencia mediática en torno a la posición del sector empresarial con respecto a la Ley aprobada por la Asamblea Legislativa» (véase texto del informe de la UCCAEP titulado «Informe de Labores, Marzo 2009», p. 36).
Nota 5: Véase BOEGLIN N., «Infinito Gold contra Costa Rica. El reciente laudo arbitral del CIADI sobre el proyecto minero ubicado en Las Crucitas«, Portal de la Universidad de Costa Rica, edición del 15/06/2021, disponible
Nota 6: Véase BOEGLIN N. «Costa Rica y pueblos indígenas: informe de Relator Especial exhibe graves y persistentes lagunas«, La Revista.cr, edición del 30/09/2022, disponible aquí. Una versión anterior preliminar fue publicada en el portal de la Universidad de Costa Rica (UCR): «Informe del Relator Especial exhibe graves y persistentes lagunas del país«, Portal de la Universidad de Costa Rica, Sección Voz Experta, edición del 10/06/2022, disponible aquí.
Nota 7: Véase al respecto nuestra nota BOEGLIN N., «Asesinato en Costa Rica del líder indígena Sergio Rojas: carta de Naciones Unidas hecha pública«, Red Internacional de Derechos Humanos (RIDH), 3 /06/2019. Texto completo disponible aquí.
La Vicerrectoría de Extensión de la Universidad Nacional, en el marco de su 50 aniversario, invita al Ciclo de Foros sobre temas de interés de la realidad nacional.
En este cuarto Foro se realizará un análisis de los efectos económicos y sociales del tipo de cambio en Costa Rica en los diferentes sectores productivos.
Se han invitado al evento representantes del gobierno y organizaciones del sector privado.
La actividad es gratuita y abierta a la comunidad universitaria y nacional y se realizará en modalidad bimodal:
¿Se nos fue Costa Rica? ¿Se nos va el Estado Social de Derecho, nuestras conquistas sociales y laborales, y hasta la Democracia?
Lamentable. Pero más lamentable sería no denunciar, callar y no luchar. Por eso escribo esto, casi como un imperativo más que moral, existencial.
Recientemente, por ejemplo, nos deleitaron con el Show Legislativo de Doña «Pilarsh», producido por el mentado «Malacrianza», «also starring by»: Mr. Baruch (y no Spinoza) y La Nación, SA., y los diferentes sectores empresariales en disputa y rapiña.
En esta guerra interna entre diferentes cúpulas empresariales, — pocas con sentido de Patria y Solidaridad —, el nivel de sus operadores políticos tránsfugas, ha decaído aceleradamente. Sobre todo, para el oficialismo acostumbrado al populismo neocón, más irracional.
¿Todo se vale para el gobierno actual cuando sale a comunicar algo? ¿Es acaso como un gran «Vodevil» barato televisado y de muy mal gusto? ¿Es un sueño, un delirio, una pesadilla totalitaria tropicalizada?
Sin embargo, su «rating» además, objetivamente, está bajando aceleradamente, frente a la ferocidad de la crisis real.
¿Sarcasmo aparte, será de verdad entonces que la Casa Presidencial de Zapote, se convirtió en la Plaza de Toros?
Repasemos por si fuese poco, el anterior contexto de desesperanza y caos social construido nacionalmente, frente a esta especie «teatro- político» del mal gusto:
Los troles, los ramashekos, los fanáticos, la corrupción normalizada, la demagogia vil, el estilo comunicativo de «matón» del Ejecutivo, y el cinismo en la propaganda. La crisis nacional tiene historia.
Los «logros» concretos del Gobierno actual son apabullantes:
El ataque permanente a la Caja (CCSS), la venta del BCR, al AYA y ASADAS, al ICE, al INA, al MEP, el ataque al FEES y a la universidad pública; la intensa destrucción del sector agro, y el sabotaje a la posibilidad de soberanía alimentaria, más la fracasada «Ruta del Arroz» en beneficio de los amigos importadores; la desigualdad creciente; las amenazas a sindicalistas; el narco; el sabotaje a la credibilidad del Poder Judicial; el atribuirse logros de otras administraciones (v.gr., el nuevo tramo de la circunvalación); los escándalos de nombramientos de funcionarios no idóneos y las renuncias subsecuentes; la insólita huelga de policías; la crisis económica eterna; la inseguridad ciudadana; la miope receta neoliberal contra el sector público; etc. La lista crece y crece.
Mientras, el discurso de odio y la confusión siguen creciendo, ¿qué más seguirá?
¿Más polarización, más desinformación sostenida, más fanatismo, más manipulación, más prejuicios, más mentiras, hasta llegar a la violencia política?
Persiste la cínica estrategia del oficialismo y sus medios, de la llamada «Inversión Axiológica» (Franz Hinkelammert): Presentar a la «víctima» como el «victimario», y viceversa.
¿Es como si se alimentaran sólo del caos organizado, de la discordia gratuita, de la ignorancia sostenida, del miedo provocado, de la mentira permanente, de la hipocresía descarada, del dolor social, o sea, del «Tánatos» colectivo?
Muy triste nuestro panorama político y general, como República.
Anunciado estaba. Desgraciadamente, no nos equivocamos. Lo advertimos incluso.
En consecuencia faltan tres años de resistencia, de hacer posible lo imposible, de construir la articulación de nuestras diferencias, para una más amplia unidad democrática y popular; sobre todo es hora para la creatividad, para la educación política, para la formación ciudadana, para la movilización inteligente, para pensar la política ontológicamente desde la «Esperanza Concreta» (Ernst Bloch), y sobre todo, para reconstruir el amor por el prójimo, para la verdadera fraternidad, y para volver a soñar con la Igualdad social con Libertad.
Pero… «Caute», reza el epitafio del gran filósofo Baruch Spinoza. ¡Cuidado!
Considero una injusticia el observar cómo los medios de comunicación radial, televisivos y escritos dedican cientos de minutos y páginas para referirse a acontecimientos poco edificantes y cargados de chismografía o a actuaciones deportivas tan tristes como los papelones que ha dado nuestra selección nacional de fútbol durante los últimos cinco años, y omitan o dediquen muy poco espacio y tiempo para referirse a un acontecimiento mundial lleno de entusiasmo, de entrega, de dedicación, de inclusividad y amor. Me refiero al torneo mundial de Olimpiadas Especiales.
Costa Rica posee una delegación de atletas especiales que nos están representando con gran suceso y que están haciendo sus mejores esfuerzos por lograr una representación digna y decorosa para nuestro país, y muy pocos medios de comunicación apenas si mencionan algo de eso. Eso es muy triste y decepcionante.
En estas olimpiadas, atletas con discapacidad de todas las edades, géneros y nacionalidades, compiten, conviven y comparten la alegría del deporte, encarnando el espíritu deportivo, y rompiendo los estereotipos y expectativas de la sociedad. Es la más grande celebración deportiva de inclusión en el planeta.
Después de haber participado en un Juego Mundial de Olimpiadas Especiales, muchos regresan a casa con el espíritu fortalecido, redoblando esfuerzos por crear cambios en sus comunidades y entornos, para crear ese mundo inclusivo que nos beneficia a todos.
Los familiares de estos representantes de Costa Rica y de todos los países hacen enormes esfuerzos para lograr estar hoy en Alemania, y en otras ocasiones en otros países, y también la organización de “Olimpiadas Especiales” del país hace lo suyo.
A lo largo del año, Olimpiadas Especiales organiza y desarrollo entrenamientos y torneos en 32 deportes de tipo olímpico, para que las personas con discapacidad intelectual puedan disfrutar de la alegría de los deportes, mientras fortalecen no sólo su salud y condiciones físicas, sino su autoestima, comunicación, liderazgo y otras habilidades sociales que les ayudarán dentro y fuera del campo de juego.
Por eso me parece injusto que los medios de comunicación omitan referirse a esta representación nuestra y tan importante y se gasten tantos minutos y páginas en cosas banales y sin importancia como temas faranduleros y de chismes.
Dios quiera que haya más sensibilidad y más reconocimiento por parte de los medios de comunicación para estos atletas especiales, y que en el futuro, le den la importancia que estos Juegos Olímpicos poseen, o al menos, que le den el mismo trato que a los demás juegos deportivos.
Una propuesta para fortalecer las dinámicas económicas territoriales de las organizaciones asociativas, en el marco de la soberanía alimentaria y los mercados locales, solidarios, identificar las aptitudes y los desafíos que, para generar ingresos y bienestar de los asociados y sus comunidades, así como contribuir en la construcción de un modelo de desarrollo alternativo al capitalismo. Nos proponemos impulsar una estrategia basada en el fortalecimiento de las capacidades productivas, organizativas y comerciales de las organizaciones de la economía solidaria, así como en el fomento de la articulación entre ellas y con otros actores del territorio. El objetivo es generar sinergias que permitan mejorar la calidad y la diversidad de la oferta, aumentar el acceso a los mercados locales y regionales, y promover una cultura de consumo responsable y solidario que reconozca el valor social y ambiental de los productos de la economía solidaria.
La economía solidaria, su expresión, las organizaciones asociativas, colectivos, autogestionando las actividades económicas de un territorio, la autonomía de cada iniciativa, así como la equidad e igualdad entre los miembros, orientado por los principios de colaboración, participación, democracia, equidad y respeto por la vida, además, la economía solidaria tiene una orientación multidimensional que implica aspectos tanto sociales como económicos, políticos, ecológicos y culturales.
Hemos venido dinamizando con los mercados solidarios, las economías territoriales de las organizaciones y las familias que buscan generar ingresos, bienestar para sus asociados y comunidades. Además de contribuir mejorar, innovar de las capacidades productivas, organizativas y comerciales. Así como en promover la articulación entre ellos y con los demás sujetos del territorio.
Con el objetivo es crear sinergias para mejorar la calidad y variedad de las ofertas. Aumentar el acceso a los mercados locales y regionales. Y promover una cultura de consumo responsable y solidario, reconociendo el valor social y ambiental de los productos de economía solidaria, en alianza Redess con la Universidad de Costa Rica, el proyecto “Seguridad alimentaria y nutricional en Costa Rica: Sistemas alimentarios, gobernanza y políticas públicas”, de la Escuela de Nutrición- con apoyo cooperación Coreana, hemos establecido un convenio y proyecto para la construcción de una Plataforma virtual para la conexión entre personas productoras y consumidoras para la comercialización solidaria.
Para dimensionar la importancia de esta propuesta, es necesario tener en cuenta que la Economía Solidaria es lo opuesto al modelo imperante que genera desigualdades, exclusión, pobreza e impactos negativos en los territorios.
Frente a esta situación buscamos fortalecer las practicas económicas solidarias de las organizaciones en los territorios, que se basan en los principios de autogestión, eso significa que se administra por las personas que lo producen; de esta forma, generan economías de escala, articulan diferentes procesos de producción familiar, comunidades y territorio (circuitos económicos solidarios). Desde la economía solidaria haciendo un uso racional y sustentable de los recursos naturales disponibles en el entorno cercano al hogar. La producción familiar tiene como objetivo satisfacer las necesidades básicas de alimentación, salud, vivienda, la producción familiar se realiza con prácticas de producción sostenibles que respetan los saberes ancestrales.
Estas prácticas se enfocan en relaciones justas y sostenibles que benefician a todos los actores involucrados, desde los productores hasta los consumidores finales.
Entre las reformas electorales que deben abordarse, discutirse y ojalá llegar a acuerdos políticos, con ánimo de que pudieran aplicarse a las elecciones del 2026, todavía tenemos tiempo para reformas constitucionales de este tipo, están los siguientes temas, la reelección consecutiva del Presidente y la reelección consecutiva de los diputados.
La reelección del Presidente es importante porque da la posibilidad de que con gobiernos de cuatro años se pueda prolongar la gestión a ocho años seguidos, y el Presidente y su equipo de gobierno puedan cumplir más en la visión del proyecto país que quieren impulsar.
Cuatro años no es suficidente para desarrollar una buena obra de gobierno. El Presidente al asumir su cargo, actualmente, el 8 de mayo, se encuentra con una camisa de fuerza, para ese mismo año, con el Presupuesto Nacional de la República, que fue definido y aprobado, en noviembre del año anterior a su elección, por el gobierno saliente. De manera que el Presidente en su primer año tiene la obligación de ejecutar el Presupuesto que le dejaron, con los objetivos, planes y obras a las que está destinado, con muy poco margen de maniobra para cambiar partidas o no cumplir del todo lo que en el Presupuesto se ha definido para gastos.
Aún cuando, desde este gobierno, el actual Presidente pudo gozar de la reforma constitucional que modificó las sesiones parlamentarias para que se iniciara con las sesiones extraordinarias, en las cuales el Presidente tiene la iniciativa de la ley, lo que significa que el Presidente, su Gabinete y su partido pueden impulsar proyectos de ley, por tres meses de sesiones parlamentarias, acordes a lo ofrecido en la campaña electoral y el Programa de Gobierno que también se comprometió en la campaña electoral.
Todos los partidos políticos en el proceso electoral están obligados a presentar ante el Tribunal Supremo de Elecciones un Plan de Gobierno, que del todo no se ejecuta. En parte porque antes del 2022 los partidos políticos y el Presidente se encontraban amarrados al Presupuesto Nacional con el que tenían que operar, lo que en la práctica postergaba cualquier iniciativa que se quisiera impulsar. También porque antes del 2022 las sesiones extraordinarias importantes se ejecutaban de diciembre a abril siguiente, y los meses transcurridos ponían otras agendas y otros temas del inmediato acontecer político, dejando de lado las ofertas de la campaña electoral y cualquier plan de gobierno que se quisiera impulsar. Esta era probablemente una de las causas o razones para rechazar a los partidos políticos, que asumían gobiernos, y estimular el abstencionismo, por el incumplimiento de sus promesas, entre otras razones.
Con el diseño de los cuatro años de gobierno, igualmente cada gobierno, esto vale para todos, en su último año, aprueban en noviembre un nuevo Presupuesto Nacional, efectivo a partir de enero y el gobierno se acaba el 8 de mayo siguiente, con lo cual solo pueden impulsar dos o tres meses de actividades, porque en este caso se mete también la otra campaña electoral que paraliza el país en muchos aspectos desde noviembre hasta febrero, y a veces hasta abril, lo que ya es frecuente por las segundas vueltas electorales, con paralización de las sesiones parlamentarias, por el receso que se aprueba para que los diputados atiendan las elecciones, a sus partidos y las regiones que teóricamente les toca cubrir.
Está claro que la reelección está sujeta al proceso electoral donde los electores pueden aprobar la gestión del mandatario y darle confianza para continuar por otros cuatreo años, o de rechazar su gestión y no votar por la reelección, que en este caso correspondería en la práctica a un referendo revocatorio de su gobierno, impidiendo que continúe por cuatro años más, nombrándose en ese sentido un nuevo gobernante, que repite nuevamente este ciclo.
Darle, entonces, posibilidad al gobernante de continuar con otro gobierno atiende con la necesidad democrática de posibilitar el desarrollo efectivo de políticas publica al menos de mediano plazo, y de lograr con ello mayor gobernabilidad, y posible mayor confianza en el sistema política y en la democracia como sistema de vida.
Lo que estoy planteando, al menos para la discusión, lo hago pensando en que debe realizarse esta reforma electoral a partir de ahora mismo, dándole oportunidad al mismo Rodrigo Chaves Robles de que pueda lanzar su reelección inmediata. Por impulsar esta idea habrá quienes pensarán que he cambiado mi manera de apreciar y valorar al actual Gobierno. Nada más alejado de la realidad. Mis escritos y mis intervenciones orales, en distintos medios, me colocan hasta ahora como un opositor duro contra el actual mandatario, su gobierno, su gestión.
Si el Presidente Rodrigo Chaves está impulsando un partido político, un partido uber, más que un partido taxi, porque es un partido llamado por él y quienes le apoyan, para participar en las elecciones municipales próximas y nacionales del 2026, es porque obviamente tiene interés de continuar en la política y de volver a gobernar. El Presidente intentó organizar su propio partido. No ha podido inscribirlo, por lo que anda al asalto de lo que pueda agarrar o encontrar de los partidos pequeños existentes.
Rodrigo Chaves con la legislación actual tiene que esperar prácticamente ocho años para volverse a lanzar de candidato. ¿Qué sentido tiene que un Presidente tenga que esperar ocho años para poder volverse a lanzar de candidato, si cree que él es bueno para el puesto, y de llegar a ejercer nuevamente la Presidencia por cuatro años? Ninguno en la práctica, más allá de haber probado las mieles del poder y de seguir queriendo lamerlas, porque como dice el refrán español, a quien anda con miel, miel se le pega. Pero sí tendría sentido que quiera continuar su obra de gobierno, para darle cuerpo, forma y tal vez contenido, con cierta trascendencia de acuerdo a su perspectiva.
Entendámoslo también con la práctica de los partidos como Liberación Nacional, la Unidad Social Cristiana y Acción Ciudadana que se reeligieron en el gobierno, cambiando al presidente. Menciono los presidentes de estos partidos que se reelegieron en gobiernos: José Figueres y Daniel Oduber, Luis Alberto Monge y Oscar Arias, Miguel Angel Rodríguez y Abel Pacheco, Oscar Arias y Laura Chinchilla, Luis Guillermo Solís y Carlos Alvarado. Los Presidentes que siguieron a su antecesor no continuaron, aún siendo del mismo partido, las políticas de los gobiernos que les precedieron. Cada gobernante, con su nuevo equipo de gobierno, sus ministros, trataron de desarrollar una obra presidencial propia, dejar su propio sello, sin destacar ni continuar con la obra de gobierno que les dejaron aun cuando eran copartidarios. De hecho, todos son gobiernos diferentes, en algunos de estos casos controvertidos entre ellos mismos como fueron Luis Alberto Monge y Oscar Arias, Miguel Angel Rodríguez y Abel Pacheco, Oscar Arias y Laura Chinchilla, donde los segundos se enfrentaron a los primeros y fuertemente.
Insisto. A la democracia política actual del país le conviene la reelección presidencial inmediata por un período. La elección que le toque enfrentar esta situación se convierte en un referéndum revocatorio del mandatario. A la vez, la vida política se agitaría más en torno a la lucha presidencial, se recuperarían escenarios políticos de discusión, de análisis, de reflexión que se han dejado de hacer. Los partidos políticos tendrían que convertirse más en vehículos de discusión, de reflexión sobre los problemas nacionales. Estarían obligados a seleccionar mejor sus candidatos a todos los puestos de elección popular desde la Presidencia de la República hasta los síndicos distritales. El Presidente que aspirara a reelegirse tiene que integrar gabinetes sólidos, de gente preparada. Tendría que preocuparse en serio porque en sus gobiernos no se realicen actos de corrupción en la Administración Pública.
Soy partidario de que se discuta una reforma electoral que dé la posibilidad de la reelección presidencial a partir del 2026. Lo digo también porque habrá quienes le tengan miedo por la continuidad de sus políticas neoliberales, desestructuradoras del Estado de Derecho y del Estado Social de Derecho que hemos logrado. El solo plantearlo obliga a redoblar las luchas políticas, jurídicas y sociales para que eso no ocurra.
Sé que el Presidente ha explorado esta posibilidad. Me parece que no se ha hecho aconsejar adecuadamente en esa dirección. Ahí tiene a la fracción legislativa de Pilar Cisneros para que impulse un proyecto de ley en esa dirección. Obviamente, tiene que ser muy bien manejado para buscar los aliados suficientes y los votos necesarios para que pueda aprobarse. Además, están los recursos publicitarios públicos de la gran discusión que tiene que generarse desde los medios de comunicación, las organizaciones políticas, sociales, empresariales, institucionales, universitarias, sindicales, cooperativistas solidaristas, entre muchas, sin prejuicios ante esta iniciativa.
En el siglo XIX la reelección continua de Jefes de Estado y de Presidentes se permitía. Por citar algunos, Juan Mora Fernández, desde 1824 hasta 1833, Juan Rafael Mora Porras, desde 1949 hasta 1959, Rafael Iglesia Castro, desde 1894 hasta 1902.
En concreto no le tengo miedo a la posible reelección del Presidente Chaves Robles. ¿Y, usted, querido lector?
Si no se pudiera aprobar la reelección presidencial continua, por un plazo igual de gobierno, por cuatro años, soy partidario también de que se debe hacer una reforma electoral, para ampliar el plazo de gobierno a seis años, con una consulta pública de revocatoria de mandato, a solicitud de firmas, a la mitad del período. En este caso se aprobaría un gobierno de una sola vez de seis años para un gobernante.
Incluso para ser consecuente con lo que he planteado, que se prolongue al actual gobierno en dos años más, como se hizo con los gobiernos municipales cuando se modificó el sistema electoral de las municipalidades a la mitad de gobierno, para empezar a regular sus elecciones de cuatro años a mitad de los gobiernos de cuatro años, como tenemos la elección de las municipalidades a partir de octubre a febrero próximos.
En esta perspectiva tampoco le tengo miedo a la posible ampliación de gobierno del Presidente Chaves Robles. ¿Y, usted, querido lector?
En cuanto a la elección consecutiva de los diputados creo que debe aprobarse. Se trata de desarrollar la carrera parlamentaria, el oficio de parlamentario, de diputado. Antes de 1948 existía la reelección continua de diputados. Rafael Angel Calderón Guardia fue electo diputado en 1934 y se mantuvo electo hasta 1940 cuando asumió la Presidencia de la República. Manuel Mora Valverde fue electo de manera continua desde 1934 hasta 1948.
¿Por qué hay que estar cambiando diputados cada 4 años? Esto lo que ha provocado es una piñata de curules, y una llegada a la Asamblea Legislativa de personajes que no tienen ninguna distinción ni trascendencia parlamentaria. Hemos provocado del Congreso en mucho una congregación de personas mal preparadas para ese cargo de diputado, hasta de analfabetas parlamentarios, de gente sin interés de hacer carrera parlamentaria y de especializarse en asuntos legislativos. Es suficiente decir que cada año se integran y desintegran las comisiones parlamentarias y la rotación que se produce provoca el desconocimiento de los proyectos de ley que están en trámites en esas comisiones legislativas, que se han convertido en pasarelas curriculares legislativas.
La experiencia internacional de todo el continente americano, y de toda Europa, es la reelección continua de Presidentes, de Jefes de Gobiernos y de Primeros Ministros, donde correspondan, así como de los parlamentarios o de los diputados, en cada país y en sus organismos regionales internacionales.
Hagamos algo por mejorar la gobernabilidad, la gobernanza, la democracia y la institucionalidad política costarricense. Otro camino podría ser una Asamblea Nacional Constituyente. De esto escribiré después.
Juan Carlos Durán Castro Dirigente Sindical CCSS Servicio de Cirugía Ambulatoria Hospital San Juan de Dios
Como ciudadano, como trabajador de la Caja, como aprendiz cotidiano de dirigente sindical, le envío una enorme felicitación al grupo humano de conducción política de la mesa de diálogo social y productiva por una Costa Rica inclusiva y solidaria, por ser en gran parte, el espacio político que lleva al menos más de dos años con la disciplina de realizar reuniones, encuentros, foros, virtuales y presenciales, que han mantenido junto a otros esfuerzos unitarios, la llama de la lucha social viva.
La marcha por el FEES del 2022, luego la marcha del agro en marzo 2023 y hoy este inolvidable 20 de junio 2023, por la defensa de la educación pública, evento acompañado por ciudadanos, sectores y organizaciones varias que se sintieron convocadas por un sentimiento patriótico que les movió a salir a la calle, nos llena de felicidad y es sencillamente edificante.
Una ruptura más contra el miedo, la mentira, el dogma y el evidente autoritarismo del Presidente Chaves Robles, elementos que sufren golpes ante la movilización social y popular.
Ejemplo de ello fue el triunfo elemental y para algunos y algunas, abstracto, que se arraigó en el sector salud el pasado 08 de junio 2023 y que hizo una ruptura contra el miedo aportando a un proceso que abre más las puertas y ventanas, para que entre más fácilmente en la conciencia popular la idea de movilizarse y luchar.
Esos tres eventos supra marcan la ruta calle, aran la tierra y colocan semilla que pronto germinará en multitudes valientes movilizaciones.
Este último es uno de los retos superiores y estratégicos de los liderazgos sociales para el futuro cercano.
Raúl González nació el 29 de febrero de 1952 en el pueblo de China, Nuevo León, México. Siendo muy pequeño, se trasladó junto a su familia a la ciudad de Río Bravo, situada al norte del Estado de Tamaulipas. “Viví cinco años en la frontera. Nos trasladamos en la época de las pizcas de algodón. ¿Los motivos? Buscar subsistir, nos fuimos a buscar otra fuente de trabajo para poder sobrevivir”, relató González en una entrevista de 2022 en la que explicó su origen humilde.
En 1969, Raúl González ingresó en la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) de Monterrey para estudiar la carrera de físico matemático. Y, allí, alternó sus estudios con el deporte. De la mano del entrenador Daniel Garza, inició sus entrenamientos en la pista de tierra del Estadio Raymundo “Chico” Rivera y ganó su primer campeonato prenacional de marcha.
En 1971, González entró en la preselección nacional mexicana dirigida por el entrenador polaco Jerzy Hausleber, un innovador de los sistemas de entrenamiento que llegó a utilizar campamentos de entreno a 4.000 metros de altitud junto al Lago Titicaca de Bolivia.
En 1972, con veinte años, Raúl González acudió a los Juegos Olímpicos de Múnich y consiguió terminar la prueba de 50 km en el vigésimo puesto. Cuatro años después, en los Juegos Olímpicos de Montreal 1976, González mejoró notablemente su prestación y terminó la prueba de 20 km en quinta posición.
En 1977, Raúl González alcanzó su primer gran logro internacional al vencer en los 50 km de la Copa del Mundo, celebrada en Milton Keynes, Inglaterra. En 1978, ratificó su progresión al pulverizar en dos ocasiones la plusmarca mundial de la distancia.
Los Juegos Olímpicos de Moscú de 1980 sufrieron un injusto boicot, pero México acudió a la cita olímpica que se celebró en la capital de la URSS. González compitió en los 20 km y quedó sexto. En los 50 km, distancia en la que era favorito por ser el campeón de la Copa del Mundo y el plusmarquista de la distancia, abandonó.
Lejos de desmoralizarse por el resultado, Raúl González optó por crecerse ante la adversidad y, una vez finalizaron los Juegos, empezó a entrenar de cara a la siguiente cita olímpica como probablemente nadie lo había hecho en la marcha mexicana. Su determinación de entrenar tanto como hiciese falta para lograr el oro olímpico fue clave en su éxito posterior.
“La verdad es que me preparé con conciencia y no me refiero a solo cumplir con los entrenamientos, sino que estaba muy comprometido y entregado; trabajé mucho, quizá como nadie en la marcha mexicana. En el año previo a los Juegos, hice alrededor de 11.000 kilómetros de volumen”, declaró años después González.
Antes de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles de 1984, Raúl González volvió a conseguir grandes resultados, envuelto en sus duros entrenamientos. En 1981 y 1983, ganó otra vez la prueba de 50 km de la Copa del Mundo.
Ya en los Juegos de Los Ángeles, Raúl González no falló. Es más, realizó una demostración de fortaleza y talento. Ganó el oro olímpico en los 50 km y consiguió la plata en los 20 km, detrás de su compatriota Ernesto Canto. De paso, estableció el récord olímpico de los 50 km.
González alcanzó la gloria olímpica, porque logró unir una genética privilegiada para su especialidad, un entrenamiento planificado y científico de un enorme volumen y una voluntad inquebrantable. El largo camino que partía de la pista de tierra del Estadio Raymundo “Chico” Rivera había valido la pena.
Raúl González se retiró del deporte de élite en los Juegos Panamericanos de 1987 tras quedar segundo en 50 km y, desde entonces, desarrolló otras facetas. Desde 1988 hasta 1994, fue director de la Comisión Nacional del Deporte de México (CONADE), consiguiendo estructurar el deporte mexicano y promocionarlo como una actividad de carácter social. Entre 2002 y 2004, fue presidente ejecutivo de la Liga Mexicana de Béisbol Profesional y, entre 2015 y 2018, del Instituto del Deporte del Estado de Nuevo León (INDE). En 2018, renunció a ese cargo y se convirtió en candidato independiente al Senado por el Estado de Nuevo León, con un programa político contrario a los partidos tradicionales y a favor de la organización ciudadana, los servicios sociales y el deporte como una forma de educación. A día de hoy, González sigue activo en diferentes campos.
Raúl González fue un extraordinario marchador. Su imagen marchando hacia el oro olímpico en los últimos metros de los 50 km de los Juegos de Los Ángeles de 1984 son parte de la historia de la marcha atlética y del olimpismo. Tras su retirada, también destacó en otras facetas. México le debe mucho al que ellos bautizaron con el apodo “el matemático”. El deporte en su conjunto también. Parece evidente que su figura y sus gestas trascenderán el tiempo.
Utilizamos cookies y tecnologías similares para mejorar su experiencia en nuestro sitio web.
