Solo con la participación ciudadana se legitima el proceso electoral. El próximo 4 de febrero celebraremos las elecciones municipales, quizá, para efectos de lo que son los servicios públicos, más importantes que las Presidenciales ya que se elegirán a las autoridades que deben gestionar y ejecutar las acciones para que su calidad de vida sea la mejor posible.
Calles, aceras, parques, alcantarillado pluvial y sanitario, seguridad, acueductos, patentes y muchos servicios más deben ser dados por las municipalidades y hasta ahora, en la mayoría de los casos, no han cumplido con ellos ya que a pesar de que los munícipes, que somos todos los que pertenecemos a una municipalidad, pagamos los impuestos, estos no se traducen en servicios de calidad.
El asunto es que las autoridades municipales se han escogido con muy pocos votos. En las pasadas elecciones el abstencionismo superó el 70% y del 30% que votaron un porcentaje cercano al 25% de los votos válidos fueron los que eligieron a los alcaldes y regidores. Eso no legitima y no da fortaleza para la gestión que se requiere.
Por eso lo importante de participar en las elecciones municipales y legitimarlas. Hay quienes en los últimos años se han trasladado a vivir a diferentes cantones con relación al que vivían antes y es importante que asuman la responsabilidad de elegir a quienes serán las autoridades de ese cantón en el que ahora residen. Deben hacer su cambio de domicilio electoral y de esa manera puedan votar en el cantón en el que residen. Hay tiempo para realizar ese traslado del domicilio electoral hasta el próximo 3 de octubre.
Es necesario que seamos los ciudadanos los que nos preocupemos por elegir lo mejor para nuestros cantones y eso implica que seamos responsables con una participación masiva y que con ella legitimemos las elecciones municipales.
Dios quiera que entendamos lo importante de nuestra participación y lo necesaria que es para escoger lo mejor para bien de todos.
La forma política chilena caducó el 18 de octubre del 2019, cuando estallaron las enormes protestas por un aumento del transporte público, que luego se transformaron en un verdadero estallido social.
Eso me dijo Fernando Atria, abogado constitucionalista, entonces miembro de la Asamblea Constituyente, elegida en mayo del 2021. Gobernaba entonces, por segunda vez, el empresario Sebastián Piñera, hombre de enorme fortuna, líder de sectores de derecha menos estridentes que los de Juan Antonio Kast.
Conversé con Atria el día siguiente del primer turno electoral del 21 de noviembre de ese año, en el que Kast quedó en primer lugar, con casi 28% de los votos. Gabriel Boric, en segundo lugar, alcanzó algo menos de 26%. Toda una sorpresa, después de la verdadera rebelión del 2019, que había conducido a la convocatoria de la constituyente.
Las expectativas eran enormes. Ante un resultado inesperado, todas las miradas se dirigían a una incierta segunda vuelta en la que, finalmente, Boric logró alzarse con 56% de los votos.
–La derecha cree que la constitución de 1980 aun funciona, afirmó Atria. “Cree que si el proceso constituyente fracasa, vamos a volver a vivir en paz, bajo esas normas constitucionales”.
Vale la pena volver al escenario de entonces que –en mi opinión– Atria ayudaba a iluminar: “No se puede volver a una constitución que quedó aplastada por el 80% de los votos del ‘apruebo’ en el plebiscito de convocatoria de la constituyente. Pero es un error pensar que al momento constituyente le corresponde dar (y ganar) todas las batallas. Después de la nueva constitución va a seguir habiendo política”.
Pensaba entonces en la constitución que estaban elaborando (creo que todavía con la esperanza de que fuera aprobada). Pero la frase sigue vigente, pensado en esta nueva, cuya elaboración apenas comienza, en un escenario político distinto al de hace un par de años.
El resultado del primer turno presidencial, según Atria, mostraba que el colapso de una forma política, antes del surgimiento de una nueva, generaba “condiciones de extraordinaria fluidez”.
“Ha habido mucho más preocupación por la inseguridad, por la violencia, por la incapacidad del sistema político de mantener el orden y eso fue capitalizado por la ultraderecha”. “Espero que ese resultado produzca en la convención más conciencia sobre el riesgo que enfrenta. Y que eso lleve… (Atria para, piensa… le costaba encontrar las palabras…) a una discusión constituyente más consciente de los límites que enfrenta”.
En su visión, lo fundamental de una constitución es establecer el esquema en que se van a resolver las disputas políticas en el país. Construir una forma política que sea eficaz: esa la tarea de la constituyente, asegura Atria.
“Espero que lo del domingo (el resultado del 1er turno presidencial) haga consciente de eso a los constituyentes, de la necesidad de que lo que salga de la constituyente sea reconocido por la cultura chilena como una discusión de la forma política que Chile necesita. Eso es lo que lleva al éxito del proceso constituyente”.
Como sabemos, no ocurrió así. La propuesta fue rechazada meses después por un abrumador 62% de los votos.
Kast le parecía “la negación de la transformación que Chile necesita”. Él cree –dijo entonces– como cree el presidente Piñera, en las fórmulas neoliberales y piensa insistir en ellas.
Se estaba refiriendo a la posibilidad de un Kast en la presidencia de la República. No ocurrió. Pero ahora Kast tiene en sus manos, y en las de sus partidarios, la elaboración de una nueva versión de esa constitución que debe sustituir la que tuvo su origen en el golpe de 1973 (que Kast admira y defiende).
En la visión de Atria, Kast y sus partidarios podían hacer su propuesta, caso ganase la presidencia d la República. Pero que eso representara una solución para los problemas de Chile, ¡no! “Va en dirección contraria. Eso no es lo que Chile necesita: lleva a la inestabilidad, a la ingobernabilidad”.
¿Qué necesita Chile?
Visto a 50 años de distancia del golpe, pareciera que Chile necesita retomar el rumbo de reformas interrumpido por la dictadura.
La naturaleza polémica del tema puede ser ilustrada con una reflexión del periodista Patricio Bañado, recientemente fallecido, recordado por la conducción de la franja televisiva del “NO”, en el plebiscito que definió la no continuidad del régimen militar, en 1988. En diciembre pasado, en una última entrevista, Bañado afirmó nunca haber sido allendista. Y agregó:– Creo que el gobierno de Allende fue uno de los grandes errores históricos de Chile.
Una frase dramática, sin duda. En su opinión, lo que debió haber ocurrido fue la continuidad de unas reformas que había iniciado el demócrata cristiano Eduardo Frei, antecesor de Allende: una Reforma Agraria y la nacionalización de una parte del cobre. En su opinión, “si la izquierda se hubiese unido con la Democracia Cristiana para profundizar esos cambios e ir paso a paso, eso habría sido imparable”.
Me parece que la afirmación, dicha así, se despega de la realidad política de entonces. Especula sobre el camino que no estuvo sobre la mesa hace 50 años. Como sabemos hoy, Frei fue figura importante en la articulación golpista, pero también fue asesinado por esos mismos golpistas, envenenado cuando empezó a alejarse de una dictadura que mostraba ya sus rasgos más criminales.
Hoy, ¿qué necesita Chile? O, analizando el tema más ampliamente, ¿qué proyecto de desarrollo necesita la izquierda latinoamericana para avanzar en unas reformas que desmonten el mundo neoliberal? Un mundo que asaltó los recursos públicos y destruyó toda red de solidaridad social, desde las organizaciones sindicales hasta los fondos de pensión, pasando por los recursos naturales.
La esencia del modelo neoliberal es la privatización de los recursos públicos. Allende dijo que el cobre era el sueldo de Chile. Fue más allá de las reformas de Frei y lo nacionalizó. Con el golpe, la minería pasó a manos privadas (menos los recursos con los que se financiaban las fuerzas armadas). Pero la historia sigue. Ahora se discute en el congreso chileno un aumento del royalty minero y la política para la explotación del litio.
En septiembre el golpe cívico-militar cumple 50 años. Esos 50 años de la historia chilena no pueden ser entendidos sino como la lucha por recuperar ese camino.
En Chile (también en Argentina y en otros países), quizás nada representó mejor el asalto a los recursos públicos que la privatización del sistema de pensiones. Significó la transferencia de inmensos recursos a pequeños grupos de interés al costo de pensiones miserables para los cotizantes. Manuel Riesco y su Centro de Estudios Nacionales de Desarrollo Alternativo han publicado estudios detallados sobre el sistema (puede verse uno, publicado en 2008, aquí.
Pese a las condiciones favorables de la economía chilena, que se recuperó de una crisis profunda de principios de los años 80, al final “la mayor parte de los afiliados simplemente no iban a recibir pensiones de las AFP” (como se conocen allí las administradoras de pensiones).
“Sus fondos acumulados al jubilar serían tan magros que sus pensiones alcanzaban montos ridículos, del orden de 10 a 20 dólares por mes para millones de afiliados, e inferiores al mínimo de 150 dólares para dos tercios de la fuerza de trabajo”, dice Riesco.
Pese al aspecto clave de este tema como factor de descontento en el país, el proyecto constituyente mencionaba apenas generalidades cuando decía que “las personas mayores son titulares de los derechos establecidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de derechos humanos ratificados y vigentes en Chile”. Asimismo, agregaba, “tienen derecho a envejecer con dignidad; a obtener prestaciones de seguridad social suficientes para una vida digna”.
Los muchos senderos del camino
La lucha para recuperar el camino perdido tiene muchos senderos, rutas de rebeldía y rebeliones. No se puede entender la historia de Chile de esos años sin acompañar esas luchas. La del 2019 terminó por remecer las instituciones. Pero no se caracterizó por cementar los pilares de unas nuevas. El 2007 había habido otra, lo de los estudiantes secundarios, los “pingüinos”. Se repitieron en 2011, con protestas contra la privatización de la enseñanza. Ahí se forjaron Boric y su grupo.
Pero el proyecto constituyente no recogió con acierto la fuerza de esas demandas. Como veremos, temas centrales para retomar el rumbo del país apenas están mencionados en el proyecto de constitución rechazado y creo que esto fue clave para su rechazo por casi dos tercios de los electores.
En vez de un texto con una visión política que sirviera de paraguas bajo el que se cobijaran las diversas demandas sectoriales, el texto recoge posiciones de sectores diversos, sin esa visión política que los articule. Pone a todos a competir contra todos.
Dos demandas se expresaron con particular fuerza en ese texto: la representación paritaria entre hombres y mujeres en los más diversos ámbitos políticos y la definición de espacios para los pueblos originarios, especialmente los mapuches, en un ambiente de renovadas tensiones en la Araucanía, en la zona del sur del país, donde con más fuerzas se asentaron.
El tratamiento de ambos temas no contribuyó a sumar votos a favor del proyecto que, como sabemos, fue rechazado también en las zonas de mayor presencia de pueblos indígenas.
El debate constituyente
Antes de continuar, quisiera señalar que no está en discusión aquí la validez de las reivindicaciones, sino del escenario (y de la forma) elegidas para reivindicarlas.
Creo que tiene una mayor capacidad explosiva el debate en torno a los derechos de los pueblos indígenas porque tiene que ver con la propiedad de la tierra. Sin que se pueda tampoco desconocer la importancia de la discusión sobre la naturaleza del Estado, la tensión entre la reafirmación de su unidad y la definición de su carácter plurinacional. “Chile reconoce la coexistencia de diversos pueblos y naciones en el marco de la unidad del Estado”, decía el texto. “Los pueblos y naciones indígenas son titulares de derechos fundamentales colectivos”. En especial, “tienen derecho a la autonomía; al autogobierno; a su propia cultura”.
El texto vuelve sobre esos temas una y otra vez, pretendiendo resolver, con esas declaraciones, un conflicto que está en pleno desarrollo, sin que una visión sobre el tema esté madura en la sociedad.
Si este tema me parece el más “explosivo”, hay otro, cuya reiteración está presente en todo el texto: el de la paridad en la representación de hombres y mujeres en las instituciones públicas.
El proyecto afirmaba que Chile se constituía como una “república solidaria” y que su democracia era “inclusiva y paritaria”. El Estado debería promover “una sociedad donde mujeres, hombres, diversidades y disidencias sexuales y de género participen en condiciones de igualdad sustantiva”.
Me parece difícil imaginar que formulaciones de este tipo cuenten con un apoyo mayoritario, como puede deducirse del resultado de la consulta.
Pero hay algo que me interesa todavía más y es el tratamiento de un tema relevante para el que la izquierda no ha encontrado una forma consensuada para incorporarlo a su proyecto. Naturalmente, no pretendo resolver aquí ese desafío. Pero quiero sugerir alguna cosa.
Uno de los problemas más relevantes para esa participación no es el establecimiento legal (o constitucional) de la paridad –que no tiene relevancia política, como veremos–, sino el cuido. El fracasado proyecto de constitución se centró, sin embargo, en la paridad.
Sobre el cuido –de niños y ancianos– que recae casi totalmente en las mujeres, se dijo muy poco, o nada. Se hablaba, en general, de “trabajo no remunerado” para referirse al cuido. Me parece otra gran equivocación. Desde mi perspectiva, se trata de trabajo remunerado y el problema es precisamente cómo se remunera ese trabajo.
La manera de enfrentar el problema no es que hombres y mujeres compartan el cuido. Eso no es posible, salvo en algunos aspectos, no sustantivos. La solución es que el cuido lo asuma el Estado, con guarderías, kinders y residencias para ancianos adecuadas. No se trata de que se pague a las cuidadoras por su trabajo. El cuidado lo tiene que asumir el Estado. Es la única manera de que se pueda asegurar un cuido adecuado. Es consecuencia de los cambios económicos y sociales que abrieron las puertas del mercado de trabajo a las mujeres, a las que se les debe pagar, no por el cuido, sino por su trabajo.
Nada de eso lo contemplaba el proyecto de constitución construido sobre el concepto de “paridad”, que pretendían presentar como un gran avance. No lo entendió así casi nadie (y me parece que con razón), salvo la derecha.
“Si me ponen un Congreso lleno de mujeres y todas piensan como Margaret Tatcher, yo me siento bien representado, no tendría ningún problema”, dijo al diario El Mostrador el diputado republicano Johannes Kaiser, conocido por su enfoque conservador. La nueva constituyente se conformará de forma paritaria, con la misma cantidad de hombres y mujeres, mayoritariamente conservadores.
Hacer transformaciones en el país
La del 2021 no fue nuestra primera conversación con Atria. Tres años antes, en noviembre de 2017, se celebraron elecciones en las que Piñera logró su segundo mandato presidencial. Atria no logró elegirse diputado.
Pero conversamos: –Hay un cambio de época en política chilena desde las manifestaciones de protesta del 2011. Esas manifestaciones, que no fueron solo estudiantiles, produjeron la impugnación del modelo neoliberal.
“Todavía estamos bajo efecto de estas movilizaciones”, dijo Atria. “Pero durante este gobierno (está hablando al final del segundo período de Michelle Bachelet) aprendimos cual es realmente nuestro problema: es una forma política incapaz de producir transformaciones significativas en el país”.
Desde su punto de vista, la política estaba “neutralizada”. No se podía hacer transformaciones. “Si uno mira los últimos 27 años en Chile, no ha habido prácticamente ninguna modificación significativa”, aseguró.
“No importa cuánta gente marche contra las AFPs. La posibilidad de discutir seriamente su eliminación no existe”.
“Aun cuando las transformaciones sean constitucionalmente posibles, no se pueden hacer porque las formas institucionales contienen una idea de lo que es apropiado o no, de lo que es una política seria o no”. “Esa política neutralizada no tiene fuerza para hacerle frente al poder económico. Solo funciona cuando responde al interés de ese poder económico”.
Atria tampoco veía posible hacerlas mediante grandes acuerdos. “Cuando hay reformas que interesan al poder económico, vienen rápidamente. Cuando provienen de los ciudadanos, son ignoradas”.
Entonces decía que la única salida era una asamblea constituyente. “El problema constitucional se va a solucionar, por las buenas o por las malas”, aseguró. “Algún día tiene que pasar algo; no mañana, quizás, pero algún día”.
Para quienes estamos en la izquierda –concluyó– “una prioridad es la unidad”. “Si no hay unidad de la izquierda vamos a tener dos izquierdas, que van a ver la destrucción de la otra como un desafío”.
Me gustaría seguir este diálogo cuando vuelva a Chile para la conmemoración de los 50 años del golpe.
El informe 2023 de EDUCASE[1] nos permite enfocarnos con mejor claridad frente al enfrentamiento que se ha dado entre el MEP FOD. No son tiempos para desgastarnos en discusiones pasadas sobre el derecho que tenía el PLN de privatizar los servicios educativos en el país (al menos uno de los más relevantes: las TIC, tecnologías de información y comunicación), o de cómo administrar los recursos acumulados en los últimos 37 años por la FOD.
La discusión debe ser un enfoque conjunto con miras al futuro y el papel de las TIC en la educación costarricense. No hemos escuchado ninguna mención, dentro de la discusión aludida, al papel de la inteligencia artificial (IA) que ha cambiado ya la forma de enseñar y aprender. No sólo, como indica el estudio, en el campo de la educación universitaria, sino en todos los niveles. No vemos surgir grupos de educadores, o sus sindicatos, inquietos por las implicaciones que la IA tendrá, no sólo en los métodos de enseñanza, sino y mucho más preocupante, en la posibilidad de que muchos empleos desaparezcan, y en el impacto que la IA tendrá en los estudiantes, en su bienestar, en sus vidas.
Por eso el informe que comentamos es importante, y deberían de leerlo doña Pilar y los personeros del MEP. También es un recordatorio para la FOD, tan enfocada en enseñar programación, cuando ya la IA hace innecesaria esa tarea. Enseñar a pensar críticamente puede hacerse usando otras estrategias, sobre las cuales hemos escrito en otro sitio*.
Analizar los temas que los panelistas de EDUCASE han indicado como urgentes y relevantes: “la suplantación de la actividad humana con poderosas nuevas capacidades tecnológicas y la necesidad de más humanidad en el centro de todo lo que hacemos”.
Tendencias : los panelistas de EDUCASE identificaron cinco tendencias en los ámbitos económico, social, ambiental, político y tecnológico. A) Social, en donde se enfatiza la demanda de los estudiantes por un aprendizaje flexible, el aprendizaje equitativo e inclusivo, y los cambios rotundos en los sistemas de evaluación, inclinándose por los microcredenciales. B)Tecnológico, en donde se enfatiza en la IA como corriente preponderante en el futuro, la enseñanza híbrida, y las tecnologías que permiten que todos puedan crear contenidos digitales. C) Económico: la brecha por falta de recursos, y la presión para que las escuelas hagan más con menos recursos, y la “demanda de aprendizaje permanente en el lugar de trabajo”. D) Ambiental: no hemos escuchado mucho sobre cómo el cambio climático está afectando la enseñanza y nuestras vidas. Algunos programas aislados en las escuelas han empezado a introducir los ODS dentro del currículo, pero debería de generalizarse la política. ¿Qué papel debe jugar la tecnología para impulsar estos cambios? E) Político: se estudian los fenómenos de la desinformación y la posverdad, impulsados, muchas veces por los gobiernos, cómo crece el nacionalismo en el mundo, y cómo los partidos políticos no se interesan por estudiar estos asuntos álgidos para la democracia, sino que se dedican a charlas insustanciales de búsqueda de poder. Aunque el estudio se centra en los EUA, su alcance es universal.
Los panelistas de Horizon analizan cuáles serán las tecnologías claves y las prácticas potenciales y la IA e IA generativa aparecen en primer lugar. Otro desarrollo es que las modalidades de aprendizaje se complementan, así como la modalidad de aprendizaje híbrido, y los cambios en los sistemas de evaluación, surgiendo las microcredenciales como alternativa. También hay una preocupación por acercar a los estudiantes a comunidades en que se sientan acogidos. Los impactos que tendrán las prácticas futuras se aplican no solo a universitarios sino a todos los niveles: “equidad e inclusión, resultados del aprendizaje, riesgos, alumno e instructor receptividad, costo, nueva capacitación requerida por parte de estudiantes e instructores, y el impacto potencial en la institucionalidad, metas estratégicas”.
Escenarios: de igual forma se hace un análisis de escenarios futuros, que pueden aplicarse también a otros niveles de enseñanza, como las enseñanzas que nos dejó la pandemia: modalidades de enseñanza en línea y uso intensivo de las TIC. En otros países, se empezó inmediatamente a incorporar las TIC al currículo, y se dejó atrás la prácta de crear laboratorios especializados en informática. Las TIC permean todo el sistema, desde la parte administrativa, la de enseñanza y evaluación. Frente a la enorme brecha digital y carencia de recursos, se abren posibilidades: en vez de dotar de una tableta a cada estudiante, dotarlo de un celular. Es un mínimo con el que se puede empezar. Aprendizaje personalizado e interinstitucional, grandes redes como las formadas en España, en Uruguay, o en México.
Que hacer? La FOD y el MEP, junto con los sindicatos deberían plantearse qué hacer hoy para enfrentar este futuro? ¿Qué planes pueden presentar a la Asamblea Legislativa? Este informe de Horizon es una excelente guía pues toma en considración la educación de adultos, la investigación, la docencia, estrategias para zonas desfavorecidas, equidad, accesibildad, espacios de aprendizaje que involucren a las municipalidades y bibliotecas públicas, todos los recursos posibles. Mucho en lo que se puede colaborar como adultos interesados en la educación de este país.
[1] Informe EDUCAUSE Horizon 2023 Edición de enseñanza y aprendizaje
Al cumplirse este 14 de agosto próximo 67 años de su desaparición física, el mundo de los trabajadores recuerda las verdades vigentes del Bertolt Brecht: “Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay otros que luchan un año y son mejores. Hay quienes luchas muchos años y son muy buenos. Pero los hay que luchan toda la vida: Esos son los imprescindibles”.
Quiénes durante 200 años creyeron que la riqueza originaria en nuestro país fue distinta a la violenta expoliación causada cuando la propiedad comunitaria pasó a manos privadas de los europeos, el siglo XXI los pone contra la pared.
Lo cierto es que, las oligarquías latinoamericanas, siempre apostaron al control político por encima de lo económico, pues controlando el primero, justificaban la administración y la apropiación de los recursos producidos por sus pueblos.
Los diversos estudios científicos demuestran que el control político durante la colonización europea en nuestro continente produjo al menos 55.8 millones de muertos; unas veces exterminados por problemas políticos, y otras por epidemias en sólo 100 años, lo que equivale aproximadamente el 90% de la población nativa.
De las 119 estimaciones de población analizadas por el grupo encabezado por Alexander Kock indican que antes de 1492 vivían en el llamado Nuevo Continente cerca de 60.5 millones de personas, con una utilización agrícola y forestal de 1,04 hectáreas por persona (Periódico La Vanguardia 01/02/2019).
En el caso costarricense, este reforzamiento del control político viene desde los pueblos originarios sobrevivientes, moldeó hasta nuestros días el llamado sistema “democrático liberal”, experimentando crisis como la de los siglos XIX y mitad del XX, con cruentos golpes de estado y hasta una guerra civil incluida. De esta manera, la gran crisis experimentada por la administración del expresidente Rodrigo Carazo (1978-1982), después de echar una misión del Fondo Monetario Internacional (FMI), vino a ratificar desde entonces que nuestra oligarquía nunca otorgó derecho alguno a los trabajadores; éstos se los ganaron, rehusándose a terminar como siervos. Es el punto tensional que viven los costarricenses más allá de que ubiquemos como principales problemas los salarios de hambre, las extenuantes jornadas de 12 horas, la mesa de negocios que tiene en crisis todos los niveles de la educación, las filas de espera en la Caja del Seguro Social, la posible exploración petrolera y hasta las pobres tortugas de carey; éstas últimas amenazadas en un proyecto de ley presentado y retirado por INCOPESCA.
En Costa Rica esta élite desde hace décadas atrás no corre ningún riesgo en ceder un ápice político a las mayorías. Los trabajadores y trabajadoras financian las carreteras, las escuelas, la justicia, la seguridad ciudadana, pero aquella clase social es la encargada de administrar los impuestos pagados por todos los costarricenses. Ella vende empresas de todos los votantes, da en concesión, puertos, aeropuertos, autopistas, espectro electromagnético y dice cómo deben de gastarse; así como quienes tienen la prioridad.
Así vemos cómo de cara a las próximas elecciones municipales, en la Asamblea Legislativa se promueve una “pensión universal”, que posiblemente, según algunos entendidos en la materia, terminará por desfinanciar otros regímenes de jubilaciones, pero ganarán con los votos necesarios para consolidar aún más el poder político. Es obvio que una compensación universal inferior a 180.000.00 colones mensuales (aproximadamente $300; un dólar igual a 600 colones) es alejada de toda realidad económica, tomando en cuenta, por un lado, la manipulación de toda clase de precios, y por el otro, a la ley de oferta y la demanda, en rubros tan importantes como los alquileres de casa, transporte remunerado de personas, alimentos, medicinas, combustibles, entre otros.
Lo anterior tiene como marco la tradición histórica de la Asamblea Legislativa de hacer leyes sin parar, para exonerar de impuestos a compañías agrícolas, importadoras, exportadoras, farmacéuticas, bancarias, minería, industrias, entre otras, beneficiando, además, como es “vox populi” a evasores, decretando además amnistías tributarias; bajo la premisa de “crear empleo” y el “mejoramiento” de millones de desesperados votantes.
Cuando el presidente Luis Alberto Monge (1982-1986), con el concurso del Partido Liberación Nacional (PLN) y la llamada oposición Social Cristiana (PUSC), empezaron a desmontar el sistema agrícola nacional con el llamado Primer Ajuste Estructural de la Economía (PAEI) las cartas marcadas para los asalariados, las amas de casa, los maestros, estudiantes, pequeños y medianos productores, y movimiento popular en general, se barajaron irremediablemente.
Con este “ilustre”, hoy benemérito de la patria, empezaron los famosos programas PAEs impulsados por la élite nacional, atrincherada en la que en algún momento nuestros críticos dieron en llamar el PLUSC. Fue, cuando, supuestamente, habría “producción” para que hubiera paz, porque sin ella no hay comida, “justicia social”, porque la ausencia de esta lleva a la intranquilidad; democracia, porque así hay garantía de libertad; mientras sin valores éticos y culturales no hay confianza en el pueblo. Con este “maravilloso” programa el “campesino de palmares” y “líder” sindical de los “sindicatos blancos”, llegó a la presidencia de la república; advirtiendo que su plan sería para los próximo 30 años (ver programa “Volvamos a la Tierra”, página 8).
Traer la crisis actual evadiendo responsabilidades políticas concretas, sobre cómo han ido desmontando el Estado Social del Derecho, mandaron al carajo la soberanía alimentaria, pusieron los cuerpos policiales en guerra contra el “narco”, mientras los grandes consumidores mundiales de estupefacientes siguen sin controlar su clientela, es la misma politiquería usada para que veamos la inseguridad ciudadana como un fenómeno reciente y focalizado, y no creado por una casta de burócratas al servicio del neoliberalismo. Las escuelas están cayéndose a pedazos como si fuera por generación espontánea, el sicariato juvenil es una cosa como si hubiera surgido en los dos o tres años y no consecuencia del desvío de fondos a otro lado, desfinanciando así el quehacer social del Estado.
Para combatir supuestamente la inseguridad ciudadana, promovida por el Estado mismo, al dejar en manos privadas tan delicada función Constitucional, hay quienes proponen un “estado de excepción” que no es otro que el mecanismo de control autoritario de todos los ciudadanos; como colofón de una sostenida campaña del miedo por radio, televisión y prensa escrita. Si bien los asaltos, ejecuciones, desapariciones, violaciones; etc etc, son parte de nuestro vivir, recientemente un amplio reportaje del Periódico El País de España dio cuenta de la marcada descomposición social en todo América Latina, como consecuencia de las políticas económicas a que han estado sometidos estos países del “Nuevo Continente”.
Lo que sí asusta es como estos medios de comunicación encausan sus informaciones tendientes a dividir la sociedad entre “buenos” y “malos”, similar a las prácticas realizadas por Hitler y Mussolini, en Alemania e Italia, respectivamente, cuando deseaban un fin asignado a sus hordas.
Según el periódico CRHoy, el Estado de excepción equivale a una suspensión de derechos y garantías individuales en casos de “evidente necesidad pública”. Esta posibilidad se encuentra contenida en los artículos 121 inciso 7, así como el 140 inciso 4 de la Constitución Política surgida tras la guerra civil de 1948 (Ver CRHoy.com 05/05/2023)
La realidad, a veces ingrata y fría es que, hasta ahora ningún Estado ganó una “guerra” contra el narcotráfico sin eliminación del consumo de las drogas. En el caso costarricense no solamente hemos fijado cuantiosos recursos en esta “guerra”, sino que seguimos poniendo los muertos y haciendo lo mismo que hicieron otros estados, para obtener los mismos resultados.
Por el contrario, las cifras trascendidas en los últimos días, al tenor de la “inseguridad ciudadana”, el número de parapoliciales dobla la cantidad de elementos de la Fuerza Pública. Johan Vargas, presidente de la Asociación Costarricense de Empresas de Seguridad y Afines, puso recientemente a las órdenes del Gobierno unos 30.000 oficiales privados que “están dispuestos a trabajar en conjunto para combatir la delincuencia” (Teletica.com 04/05/2023).
Una reciente y brillante publicación coordinada por el Dr. Carlos Tiffeer Sotomayor, nos da cuenta sobre el deterioro el Estado Social de Derecho, ya que, hay consenso dentro del contexto actual de la globalización hegemónica (neoliberal de la presencia de la que Costa Rica como país de la periferia del sistema mundo no se escapa) del marcado discurso anti estatista, según el cual se requieren poderes absolutos en el Estado para que este desaparezca. Obviamente el Estado no desaparece. Lo que desaparece – poco a poco – es el Estado Social de Derecho y los Derechos Fundamentales (al menos los económicos, sociales y culturales) para reaparecer en su lugar el Estado Penal de la mano de los nuevos discursos (Dr. Gustavo Adolfo Jiménez Madrigal, página 17; “Un Derecho fundado en la Dignidad Humana”; obra coordinada por el Dr. Carlos Tiffer Sotomayor, Primera Edición; Editorial Jurídica Continental, 2023).
Así, la versión neoliberal privilegia las funciones de los jueces y las instituciones en general que están dirigidas a mejorar el funcionamiento del mercado (op.cit, página 18).
Movimiento Popular Fragmentado
Independientemente que algunos sectores del movimiento popular añoren el viejo Estado Social de Derecho y centren su lucha en la mayoría de los casos en reinvindaciones cortoplacistas y sin articulación alguna entre sí, tal Estado de bienestar difícilmente volverá, si no hay un replanteamiento de la lucha en forma unida, más allá de la saturación de consignas individualistas valederas a corto plazo, como se visualizó durante el desfile del pasado 1 de mayo, sin que subyaciera una estrategia como movimiento agrícola y campesina ahogada por falta de una reforma agraria. O en el caso del movimiento sindical cuya consigna mayoritariamente no es la amplitud de los derechos políticos de las grandes masas de asalariadas, si no demandas muy concretas como aumento salarial, que las élites una y otra vez los han escamoteado con aumentos de precios inmediatamente, sin que la causa, que es el dogma neoliberal, sea tocada.
Así, caímos sin darnos cuenta en las llamadas “desigualdades evolutivas de las especies” – tesis refrescadas por algunos antropólogos y psicólogos estadounidenses- son explicadas como parte normal del discurrir social y cultural de una sociedad, y como esta “ciencia” borra de un plumazo, como hizo el funcionalismo de Webber cualquier tufo de lucha de clases, es más cómodo explicar la inseguridad ciudadana, el desempleo, la educación mercantilizada, el déficit fiscal, la preocupación de la señora de Purral por el costo de vida etc, fragmentando la realidad social. Los robos, los asaltos, la inseguridad ciudadana etc., aparecen desvinculados del congelamiento de salarios, del desempleo, de la falta de vivienda, etc. Así es muy fácil ser legislador, periodista, político, analista jurídico, sociólogo, economista, etc.
La realidad es, que como en años anteriores, no advertimos al pueblo costarricense que con el gobierno Liberacionista de Laura Chinchilla y cierre de los 8 años del Partido Acción Ciudadana, se cerraban las diversas etapas de los gobiernos corporativos o paralelos, determinantes para el “progreso” conceptualizado desde el punto de vista de nuestras élites (ver https://semanariouniversidad.com/etiqueta/horizonte-positivo/). De este modo pareciera que el gobierno del Presidente Rodrigo Chaves (2022-2026) abre la tercera etapa caracterizada por el ingreso directo de las grandes corporaciones interesadas en materias primas como gas, petróleo, agua, pesca, tecnología, etc. Su mandato deja la sensación hasta ahora de medir todo por algo tan elemental aprendido desde la escuela primaria: Sumar y restar.
Esto explica la ruptura reciente con la Fundación Omar Dengo que durante décadas estuvieron financiando los costarricenses y a la hora de restar beneficios concretos a la educación nacional no tuvo números positivos a los ojos del gobierno. Por el contrario, dicha organización reclama actualmente a los costarricenses un giro de 168 millones de colones para inventariar los insumos que pasaron al Ministerio de Educación Pública, según se informó oficialmente. Dicha fundación, alega que para entregar los bienes a la cartera de Educación necesita pagar a las personas encargadas de inventariar los objetos que tuvo bajo administración.
Asimismo, hubo grupos políticos y económicos que reaccionaron con ira, por el cierre reciente de CINDE. Sin embargo, siguiendo la máxima de restar y sumar los fondos públicos girados a ese ente privado durante 40 años y el número de empleos creados, así como las exoneraciones dadas a las firmas empleadoras, cada empleo pareciera ser demasiado elevado como inversión hecha.
Entre los personajes políticos allegados o cercanos al PLUSC que han pasado por CINDE está José Rossi, Anabelle González, Gabriela Llobeth, Dialá Jiménez Figueres, Fernando Ocampo, entre otros.
Agresión pareja
En estos últimos 40 años (5 gobiernos del Partido Liberación Nacional y 5 de la llamada oposición, incluyendo 2 del PAC), las poderosas élites nacionales no cesaron un solo día en su golpeteo contra las mayorías costarricenses. Todo el proceso de globalización en que nos metieron ha sido pagado por la gente más humilde que se traduce por grandes filas para una cita de especialistas en la Caja Costarricense del Seguro Social, una intervención quirúrgica o simplemente para ser atendidos en un Ebais. La Educación Pública y Obligatoria que dice la Constitución Política defendida por estos grupos dejó de ser derecho y hoy es uno de los negocios más lucrativos; la Educación Pública Superior está sometida actualmente a fuertes presiones provenientes de grandes cadenas de Universidades Privadas, a las que no les interesa ningún tipo de humanismo, y miden todo por las leyes del mercado.
Por el contrario, la falta de dignidad nacional y apego a los intereses de las grandes metrópolis se ve con tanta “normalidad”, que recientemente trascendió que funcionarios del Banco Mundial revisan datos financieros al más alto nivel dentro de la Caja Costarricense del Seguro Social; mientras una misión del FMI se siente gobierno electo para venir a advertirnos que a la regla fiscal no debe introducírsele más reformas. Ocupando ello, destacados titulares en la prensa comercial. (La Nación, 29/04/2023).
A decir verdad, en el horizonte no hay visos de un replanteamiento político de la situación que afecta a millones de costarricenses, frente a la aparición de un nuevo orden multipolar. En el discurso del Presidente Rodrigo Chaves, el 2 de mayo en la Asamblea Legislativa, no hay una sola alusión de fondo que haga pensar un eventual abandono por parte del actual gobierno del viejo orden mundial unipolar, para aprovechar el surgimiento de nuevos bloques económicos y políticos, con otra visión de dominio y control absoluto sobre los países que en algún momento fueron colonia de Europa y hoy diplomáticamente están bajo las reglas de la Organización de Estados Americanos (OEA).
En ocasión del día internacional del trabajador tres reconocidos economistas plantearon lo que ellos consideraban los problemas más grandes en Costa Rica. Uno dijo que era la defensa de un salario decente y un trabajo digno. El otro cree que los sindicatos tienen que hacer un esfuerzo muy grande para convertirse como en voceros de una población muy marginada; y el otro enumeró que el problema más grave de Costa Rica es la pésima distribución de la riqueza generada en esta nación. (Ver https://www.youtube.com/watch?v=iooehH-UcHA, “Expertos plantean cuáles son elementos económicos que debe contener la agenda de los sindicatos”).
El presidente del Congreso y líder del PLN Rodrigo Arias Sánchez en cálido encuentro con el Presidente de la República Rodrigo Chaves Robles (Foto Fabián Hernández, tomado del Semanario Universidad 10/08/2022).
Así el dilema de la izquierda democrática y amplios sectores preocupados por el rumbo de esta Nación de poco más de 5 millones de habitantes se debate entre jugar con las cartas marcadas de antemano por las élites tradicionales, o una solución, según ella, electoral y burocrática. La experiencia sufrida en otras naciones bajo esas premisas es que el problema no es ganar el poder, si no para qué y para quiénes se obtiene el poder.
Este enfoque de jugar bajo condiciones adversas dejó en México millones de millones de pobres esclavizados en 37 años de dominio “conservador”; en Uruguay sirvió la mesa al actual gobierno reaccionario de Lacalle; en El Salvador indirectamente ayudó al ascenso al poder de Bukele; y en Chile recientemente los grupos fascistas pro Pinochet preparan una Constitución Política a su medida.
En un reciente artículo del analista nacional Oscar Barrantes Rodríguez, trajo a acotación el dilema político anteriormente apuntado y que tantos dolores de cabeza causa actualmente a millones de ticos con esta misión miope de olvidar “los juegos” de poderes y los “dueños” del poder.
“Se debe salir del agujero electoral y superar el electorerismo enfermizo y cargado de vicios pequeños burgueses, de burocracia, y reformismo cándido, fatuo e inútil; porque ni hace diferencias del discurso con las franquicias electorales oligárquicas y terminan haciéndole el juego a la dictadura electoraria, lo cual coloca a las izquierdas, el movimiento electoral y las agrupaciones partidarias de las fuerzas humildes, núcleos revolucionarios como furgón de cola de la burguesía imperante y de la tiranía imperial – globalista de occidente…”. (sic. “Lucha política revolucionaria o izquierda a la moda” 12/05/2023).
Desde esta perspectiva, pareciera entonces que la llamada “izquierda democrática” habría renunciado a las ricas tradiciones de organización de movilización y beligerancia popular y campesina, comunal, indígena, de las zonas costeras, de los barrios, a la creatividad juvenil, etc que en años pasados inspiraron luchas gravadas en la historia patria como la lucha contra la explotación de bauxita en 1970 contra la Transnacional Aluminum Company of America conocida como ALCOA, que encabezaron estudiantes, obreros, campesinos, profesionales, intelectuales, entre otros así como la lucha a favor del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), cuando una camarilla intentó desmantelarlo de un cuajo en el 2000 y la oposición abierta contra el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana (TLC) (2007); en este último caso los sectores más humildes, sean productores, agricultores o jóvenes en general siguen soportando los efectos al día de hoy.
Lo anterior pareciera reafirmar que un empoderamiento de los sectores populares costarricenses, así como mecanismos propios de una democracia con mayor participación ciudadana, no está en la agenda de las élites ganadoras en el presente proceso de globalización hegemónica del gran capital.
Lo que pareciera fuera de discusión es que por encima del atolladero económico en que estamos, el problema político está en el centro del debate. Esto no es nuevo. Lo observó quien el próximo 14 de agosto cumple 67 años de su desaparición física, enseñándonos que la política no puede sustraerse de los efectos nefastos que sufren los pueblos.
Planteó el problema político por encima del económico. Y escribió:
“El peor analfabeto / es el analfabeto político /. No oye, no habla / Ni participa en los acontecimientos políticos. / No sabe que el costo de la vida,/ El precio del pan,/ del pescado,/ de la harina,/ del alquiler,/ de los zapatos/ o las medicinas/ dependen de las decisiones políticas/ el analfabeto político,/ es tan burro,/ que se enorgullece,/ e hincha el pecho diciendo,/ que odia la política./ No sabe, el imbécil, que,/ de su ignorancia política,/ Nace la prostituta,/ el menor abandonado,/ y el peor de todos los bandidos,/ que es el político trapacero,/ granuja, corrupto y servil/ de las empresas nacionales y multinacionales; (Bertolt Brecht, el Analfabeto Político).
“Recientemente les sugerí presionar para que la Junta Directiva de la Caja les actualice los montos de las pensiones con el Índice de Precios al Consumidor (IPC): Ver sugerencia en este enlace.
Espero que ya muchos de ustedes hayan entregado el documento. Me disculpan quienes han hecho comentarios y no les he atendido; pero comprenderán que no puedo dedicarme a eso, pues me consumiría demasiado tiempo.
Posiblemente algunos de ustedes no me creen lo que les comparto, por lo que les muestro este procedimiento para que se convenzan por su propia cuenta. Habrá quienes tengan suerte de que su pensión más bien se haya apreciado; pero serán una pequeña minoría.
Si desea conocer por su cuenta si su pensión se ha devaluado o apreciado, siga estos pasos:
Paso 1. Anote en un papel los siguientes datos: Mes y año que usted se pensionó, monto de la pensión inicial mensual (Pi) y monto actual de su pensión mensual (Pa).
Paso 2. Vaya a la siguiente página del Banco Central (BCCR).
… y anote en el papel los siguientes dos datos: El nivel del IPC del mes y año que usted se pensionó (IPCi) y el nivel del IPC actual (IPCa). Si no los encuentra puede descargar el archivo completo o usar las flechas de la parte inferior de esa página para ver datos más antiguos, hasta el año 1976.
Paso 3. Usando la calculadora de su celular o una computadora haga estos sencillos cálculos: Multiplique su pensión inicial por el nivel actual del IPC y divida por el IPC inicial. O sea, calcule Pi*IPCa/IPCi. A esto llámelo Pii que es su pensión inicial indexada con el 100% de la tasa de inflación de los precios.
Si Pii es menor que Pa entonces tiene suerte, su pensión actual es mayor que la pensión inicial indexada y usted estaría recibiendo Pa – Pii por mes en exceso de la pensión indexada, que, en términos porcentuales sobre la pensión actual, es una ganancia igual a [Pa – Pii]/Pa.
Si Pii es igual que Pa, estaría tablas, como decimos los Ticos.
Si Pii es mayor que Pa entonces tiene menos suerte, su pensión actual está devaluada, en realidad hoy le pagan menos que cuando usted se pensionó y usted estaría perdiendo Pii – Pa por mes, que, en términos porcentuales sobre la pensión actual, es una pérdida igual a [Pii – Pa]/Pa.
Tenga en cuenta que su pensión inicial debe ser la pensión del mes completo y debe incluir cualquier corrección inicial que le hayan hecho; por ejemplo, porque no le habían tomado en cuenta todas las cuotas o había algún error u omisión. Lo mismo con su pensión actual, debe ser una pensión correcta. Si alguno de estos requisitos no se cumple, el cálculo anterior no sirve.
También tenga en cuenta que el IPC lo publican como el día ocho de cada mes, por lo que, si no está el IPC del mes actual, puede usar el último IPC disponible.
Si le interesa el asunto, primero haga el siguiente ejercicio y después haga el de su caso personal. Tenga en cuenta que en este ejemplo estoy usando todos los decimales del IPC que aparecen en la página del BCCR.
Paso 1. Supongamos que Juan Pérez se pensionó en enero del año 2015 con una pensión inicial igual a ₡350.000 y que su pensión actual es ₡382.000.
Paso 2. Vamos a la página del BCCR y buscamos el nivel del IPC de enero de 2015, que es 93,36925676 y el nivel del IPC final o actual, que es 110,03083679 (abril en de 2023 este caso).
Paso 3. Calculamos la pensión inicial indexada como ₡350.000*110,03083679 / 93,36925676 = ₡412.456,89. Esto significa que Juancito tuvo poca suerte, pues su pensión actual es más pequeña que su pensión inicial indexada. La pérdida que Juan estaría teniendo por mes es igual a ₡412.456,89 – ₡382.000 = 30.456,89. En términos porcentuales sobre la pensión actual esto es una pérdida igual a ₡30.456,89 / ₡382.000 = 7,97%.
Si llegó hasta aquí, siga adelante y espero que tenga suerte, aunque creo que sólo la tendrán unos pocos.
Finalmente, en la página del Poder Judicial hay una aplicación que también pueden usar para este cálculo, pero tengan en cuenta que ahí también se emite un reporte que no es válido para ustedes, pues suponen que el monto inicial nunca se aumentó, en cambio a sus pensiones algo les reconocen, aunque cada vez menos. El siguiente es el link, deben elegir “Servicios” y la opción “Cálculo de Indexación”: https://pjenlinea.poder-judicial.go.cr/GestionEnLinea/inicio/servicios
Llegó a la comunidad de Rey Curré como un desconocido en el año 1999 y solo quería conocer la situación sociocultural de la comunidad para hacer un trabajo etnográfico y hoy, 23 años después sigue transitando aún las calles polvorientas de Yimba Cájc.
José Luis Amador Matamoros fue el precursor de los estudios formales sobre el tradicional Juego de los Diablitos en Rey Curré: observó, preguntó, interpretó y dijo: No, esto hay que documentarlo y así fue: De ahí nació el libro El Juego de los Diablitos en Curré.
Posteriormente ha venido haciendo documentales, escritos sobre esta tradición que van más allá de una simple descripción visual e integra los demás elementos que no son visibles a la llegada de cualquier persona ajena a la comunidad sobre esta tradición.
El Juego de los Diablitos es tal vez, la máxima representación lúdica y física que tiene Curré y representa una gran parte de la identidad colectiva por eso le llamó tanto la atención a este antropólogo que sentó su pluma y documento paso a paso las secuencias de esta tradición de origen ancestral.
José Luis Amador Matamoros
La comunidad indígena de Rey Curré agradece a don José Luis por este valioso legado que ha donado a la historia inmortal literaria para que las actuales y futuras generaciones puedan leer y alimentar su propia identidad.
Don José Luis es un apasionado por las culturas del Sur y parte de su valioso tiempo los dedica a enaltecer este aporte que da la zona Sur en la construcción pluricultural de nuestra nación.
La Organización de Cooperación de Shangái (OCS), fue fundada en 2001 por los Cinco de Shanghai (China, Rusia, Kazajistán, Kirgistán, Tajikistán) a los que se agregaron posteriormente Uzbekistán, India y Pakistán sería junto con los países del ALBA e Irán el núcleo duro de la resistencia a la hegemonía mundial de Estados Unidos y Gran Bretaña.
En consecuencia, el objetivo confeso de EEUU sería dinamitar dicha organización teniendo a Baluchistán, Cachemira y Xinjiang como escenarios para sus operaciones con el objetivo confeso de implementar el caos constructivo siguiendo la estrategia brzezinskiniana del “choque de civilizaciones”.
Dicha doctrina consiste en lograr la confrontación de China con el Islam (cerca de 1.500 millones de seguidores) así como secar sus fuentes de petróleo de los países islámicos del Asia Central para lograr la total rusodependencia energética china y en una fase posterior acabar enfrentándolas entre sí y finalmente someterlas e implementar el nuevo orden mundial bajo la égida anglo-judío-estadounidense.
China y la diversificación de sus fuentes energéticas
Rusia y China sellaron un estratosférico contrato petrolero que se convierte en uno de los mayores de la historia de la industria energética por el que la empresa rusa Rosneft, (la mayor petrolera del país), suministrará petróleo al gigante asiático durante 25 años por valor de 270.000 millones de dólares (unos 205.000 millones de euros). Ello, aunado con el megacontrato gasístico firmado por la rusa Gazprom y la china CNPC por el que Rusia suministrará al país asiático 38.000 milones de metros cúbicos de gas natural por un monto aproximado de 400.000 millones $ y con una vigencia de 30 años a través del gaseoducto Sila Sibiri (La Fuerza de Siberia).
Ello sentaría las bases económicas de la Unión Euro-Asiática que inició su singladura el 1 de enero del 2015 como alternativa económica y militar al proyecto de EEUU de crear una Asociación Transpacífico (TPP por sus siglas en inglés).
Sin embargo, en un intento de evitar la rusodependencia energética, China estaría construyendo una extensa red portuaria, que incluiría puertos, bases y estaciones de observación en Sri Lanka, Bangladesh y Birmania y del que sería paradigma, el puerto estratégico en Pakistán, Gwadar, (la “garganta” del Golfo Pérsico), a 72 kilómetros de la frontera con Irán y a unos 400 kilómetros del más importante corredor de transporte de petróleo y muy cerca del estratégico estrecho de Ormuz.
El puerto fue construido y financiado por China y es operado por la empresa estatal China Overseas Port Holding Company (COPHC), pues la región circundante al puerto de Gwadar, contiene dos tercios de las reservas mundiales de petróleo y por allí pasa el 30 por ciento del petróleo del mundo y el 80 por ciento del que recibe China y está en la ruta más corta hacia Asia (Ruta de la Seda), lo que sería un misil en la línea de flotación de la geopolítica global de EEUU que busca secar las fuentes energéticas de China en el Asia Central.
¿Revolución de colores en Pakistán?
El Presidente Biden declaró durante un acto del Comité de Campaña Demócrata, cuya transcripción ha publicado la Casa Blanca, que «Pakistán puede ser una de las naciones más peligrosas del mundo debido a que tiene armas nucleares y ninguna cohesión».
Por su parte, el primer ministro pakistaní Shehbaz Sharif,en un comunicado recogido por la cadena Geo TV expresó su rechazo a las palabras de Biden indicando que «Pakistán rechaza las declaraciones que supuestamente ha hecho el presidente estadounidense, que son incorrectas factualmente e inducen a error», declaraciones que habrían escenificado la desafección hacia EEUU del actual Gobierno pakistaní que tendrá como efecto colateral un posterior estrechamiento de las relaciones con China.
El peligroso acercamiento de Pakistán a China habría acelerado la doctrina del Pentágono de lograr la balcanización de Pakistán y habría fomentado el movimiento de independencia en la provincia de Baluchistán donde se ubica el estratégico puerto de Gwadar con el objetivo confeso de hacer inviable el proyecto estrella de China, la “Iniciativa del Cinturón y la Ruta de la Seda”.
Sin embargo, dado el fracaso de la insurgencia en Baluchistán, EEUU procederá a la implementación de una revolución de colores contra el actual Gobierno de Sharif tutelado por el ejército, verdadero poder en la sombra.
Así, la CIA habría aprovechado el ingreso en prisión preventiva de ocho días del ex primer ministro Imran Khan acusado de un presunto delito de corrupción, conocido como el Qadir Trust», para teledirigir las protestas de los seguidores de su partido, el PTI, la mayor fuerza política de Pakistán y los disturbios se han concentrado en la provincia oriental de Punjab, la más poblada e industrializada del país, donde el Ejército se ha desplegado para controlar a los manifestantes con el resultado de más de mil detenidos e incontables heridos.
El objetivo de dicha revolución de colores sería provocar la intervención del Ejército y desatar una oleada de represión y muertes, con lo que se podría producir un cisma en el monolítico establishment o estado profundo pakistaní, integrado por las fuerzas armadas, la inteligencia dirigida por la Agencia Inter-Services intelligence, la temida ISI, así como funcionarios gubernamentales y grupos paramilitares.
Así, la CIA intentará servirse de una cruenta represión para provocar un golpe de mano dentro del estamento militar por parte de los generales partidarios de establecer relaciones con EEUU quienes tras un interregno presidido por militares, implementarían un Gobierno civil presidido por Imran Khan que gravitaría en la órbita de EEUU. Dicho Gobierno estaría tutelado por el Ejército y EEUU lograría que Pakistán retorne a la senda de las seudo democracias tuteladas por el «amigo americano» para en una fase posterior, lograr la confrontación de China con el Islam (cerca de 1.500 millones de seguidores) así como secar sus fuentes de petróleo de los países islámicos del Asia Central.
MSc. Anais Patricia Quirós Fernández Especialista en la Enseñanza del Idioma Inglés Académica Universitaria
En biología, una sociedad invertebrada es aquella cuyos animales carecen de columna vertebral. Grupos de animales como insectos, crustáceos, moluscos o gusanos. Pero me referiré a un término tal vez no reflexionado antes en alguno de mis artículos. Este se refiere al ámbito social, el término “sociedad invertebrada” para describir una sociedad o comunidad que carece de una estructura organizativa clara, o de lideres definidos. Donde existe una falta de cohesión social y a una incapacidad para resolver problemas de manera efectiva, enfocándose a una falta de estructura o liderazgo claro.
No se puede negar que la sociedad al igual que un cuerpo humano puede enfermar. Y que cada enfermedad se clasifica según su origen; pueden ser de origen infeccioso (corrupción, delincuencia, drogadicción), genético (dominio, poder, desigualdad social), ambiental (destrucción del medio ambiente, contaminación, guerras), idiopático (de causas desconocidas, suicidio). Igualmente, estas enfermedades sociales se pueden clasificar según su gravedad: leve, moderada o grave. Y, esto puede depender de factores como la duración, la intensidad y el impacto en la calidad de vida de sus ciudadanos. También podremos clasificarlas según su sintomatología (delincuencia, corrupción institucional, abuso de poder, acoso, violaciones a los derechos humanos, violación a menores, corrupción política) y por su área de afectación en grupos sociales (niños, jóvenes, hombres y mujeres, homicidios, suicidios, femicidio, entre otras).
Cada una de estas enfermedades se puede clasificar según su evolución:aguda(problemas sociales de inicio súbito y de corta duración), abuso infantil, violación a menores, acoso y hostigamiento sexual en diferentes centros educativos; crónica(de inicio gradual y larga duración), desigualdad social, corrupción en diferentes instituciones gubernamentales y estatales; o recidivante (que tiende a reaparecer después de un periodo sin síntomas), el estrés, la falta de apoyo social y el aislamiento, enfermedades influenciadas por diferentes factores sociales. Identificar cada una de estas enfermedades sociales es muy importante ya que nos puede llevar a dar un diagnóstico, un tratamiento y plantear medidas de prevención.
Costa Rica, formada por grupos sociales como si fuese un cuerpo, que en diferentes formas enferman y presentan síntomas y que requieren de atención inmediata por sus lideres, guías y jefes a cargo, como cualquier otro país, enfrenta desafíos y problemas sociales. Negándose muchas veces, el tratamiento inmediato para prevenir la evolución de sus enfermedades.
Instituciones evadiendo la realidad de corrupción entre sus paredes: MOPT, BCR, AyA, Fundación Omar Dengo, Caja Costarricense del Seguro Social, son algunas de las partes enfermas, con diagnósticos claros, donde existe una carencia de una estructura organizativa clara. Indudablemente su evolución que de forma crónica carcome la confianza de aquella sociedad que alguna vez confió en el desarrollo de sus funciones.
Homicidios en Costa Rica 2023, en este año tenemos alrededor de 302 homicidios en diferentes zonas, le sumamos los datos brindados por INAMU, el incremento en femicidios, lo que nos permite diagnosticar el aumento de familias que vivirán con la ausencia de sus madres a cargo de la crianza de menores de edad, que luego serán miembros de dicha sociedad. Vemos una falta de cohesión social y una incapacidad para resolver problemas de manera efectiva. Propuesta de programas educativos desde edades tempranas para detener la violencia intrafamiliar que venga a modificar en cierta parte un poco las conductas violentas que se alimenta en nuestra sociedad.
El Ministerio de Salud de Costa Rica informó que el suicidio es la octava causa de muerte en el país y que se registran más de 500 casos a hoy. Aquí estamos ante una evolución recidivante donde fatores sociales generan enfermedades sociales afectando grupos vulnerables. Resultando una debilidad en la búsqueda de respuestas y ayuda a un diagnóstico que está claro, ¿son estas enfermedades de origen infeccioso?, ¿son estas graves o leves?, ¿es de evolución crónica? Lo cierto es que son los síntomas de una sociedad invertebrada, que indudablemente esta enferma, donde la notable desigualdad golpea a cada grupo, donde se refiere a los de arriba y a los de abajo. Donde la diferencia solo requiere un nombre o un apellido. Donde un niño deja de ser niño solo por la geografía, donde la educación dependerá de un lugar, y sus derechos solo serán respetados y atendidos según el origen de sus apellidos. Profesionales en busca constante de empleo, sin obtener respuesta mientras otros puesto son adquiridos solo por aquellos que fueron invitados a la piñata. Salarios fenomenalmente incrementados, por un tema de vínculos, mientras el desequilibrio notable de quienes no entraron al circulo se les agrava cada día más. Escritorios sirviendo de trono para derrochar la jerarquía de poder, donde se alimenta el acoso laboral, el abuso, y la extorsión. Alimentando el aislamiento social, falta de apoyo y stress común. Actos de corrupción que encabezan las primeras páginas de los noticieros nacionales, crímenes sin resolver que han sido archivados, sin hacer preguntas a los miembros del familiar mutilado. Infanticidio, una enfermedad grave, que aun cuando existe El Código Penal de Costa Rica que lo establece como un delito especial y que castiga con una pena mayor que la del homicidio, muchos de estos delitos quedan impune ante los ojos del culpable sin mucho cuestionamiento.
¿Cómo se podría dar solución a cada uno de los problemas anteriormente mencionados?
¡Creando leyes! ¡Aplicando castigos! ¡Mejorando la educación! ¡Permitiendo mas doctrinas religiosas! ¡Expandiendo la ayuda social! Como se sanaría nuestra sociedad enferma cuando no se tiene claro…
¿CUAL ES SU COLUMNA VERTEBRAL?
En una sociedad que tiene problemas sistémicos graves que afectannegativamente la calidad de vida de sus miembros, problemas que pueden incluir altos niveles de pobreza, desigualdad económica, corrupción, violencia, delincuencia, discriminación. Con falta de cohesión social, con un notable deterioro de las relaciones interpersonales y la falta de confianza en las instituciones. Manifestando problemas en aumento como unos de los comunes: la mala gestión de los recursos públicos y la falta de respeto a los derechos humanos.
En resumen, una sociedad enferma también esta invertebrada, cuando sus problemas estructurales y sistémicos son tan graves que afectan negativamente la calidad de vida de sus miembros, dificultando su desarrollo y progreso. Donde cada enfermedad social debería atenderse en el contexto completo del sistema social y no enfocarse únicamente en partes individuales.
Sociedad invertebrada es aquella que: carece de una columna que sostiene y responde a las diferentes enfermedades sociales. Una sociedad que no ve la igualdad y la discriminación, la justicia social, la solidaridad, la responsabilidad social y la protección de -los derechos humanos. Es aquella que omitela idea de que los seres humanos tienen obligaciones éticas y morales no solo hacia sí mismos, sino también hacia los demás y hacia la sociedad en general.
En la Constitución Política se dice claramente que la jornada ordinaria de trabajo diurno no podrá exceder de ocho horas diarias y cuarenta y ocho a la semana; que la jornada ordinaria de trabajo nocturno no podrá exceder de seis horas diarias y treinta y seis a la semana, y que el trabajo en horas extraordinarias deberá ser remunerado con un cincuenta por ciento más de los sueldos o salarios estipulados. Cuando la jornada diurna y nocturna se mezclan, en las llamadas jornadas mixtas, no deben ser mayores a las 7 horas de trabajo.
El logro de la jornada de 8 horas fue el resultado de una lucha tenaz, continua, sostenida durante el siglo XIX y parte del siglo XX, para superar las condiciones infamantes de seguridad e higiene ocupacional, y las particulares condiciones de trabajo cuyas jornadas eran de 12, 14, 16 y hasta 20 horas diarias en distintos empleos y trabajos, situación que afectaba hombres, mujeres, menores de edad y a los niños, quienes eran usados para limpiar chimeneas en las fábricas industriales.
Las luchas por esta jornada culminaron, en un primer momento, en las grandes movilizaciones y huelgas que se dieron en Estados Unidos en 1886, cuyo centro de atención fue la ciudad de Chicago, cuando resultado de esas luchas se estableció la jornada de 8 horas para los trabajadores de Estados Unidos. En un segundo momento, cuando a partir de estas luchas, se estableció el 1 de mayo de 1890, como un día de lucha internacional, a realizarse cada año, para hacer valer esta jornada y demandar otras reivindicaciones obreras y laborales en todas partes del mundo.
En Costa Rica la movilización obrera, cada 1 de mayo, se empezó a realizar, desde entonces, en 1913 y, la jornada de 8 horas diarias se aprobó, como resultado de luchas y huelgas que se dieron en 1920, cuando a finales de enero se inició esta lucha en trabajadores del sector público, que se generalizó a otras actividades laborales, y en diciembre de 1920, el Presidente Julio Acosta García, mediante un Decreto reconoció el derecho de organización sindical, el derecho de huelga y el establecimiento de la jornada de trabajo en 8 horas diarias, junto con un aumento de salarios.
En los años siguientes hubo necesidad de continuar esta lucha porque no en todas las actividades laborales se reconocía.
En 1943, cuando se aprobó el Capítulo de las Garantías Sociales, en la Constitución Política de 1871, se estableció con rango constitucional la jornada de 8 horas. Ese mismo año se aprobó el Código de Trabajo donde se materializó esta jornada, con otras combinaciones específicas según ramas de producción, género y edad de los trabajadores. Este Capítulo constitucional se incorporó y aprobó en la Constitución Política aprobada en 1949, al amparo de la Segunda República, que dirigía José Figueres Ferrer, jornada que hasta hoy no había sido cuestionada en su extensión diaria.
Internacionalmente, la Organización Internacional del Trabajo (OIT), creada en 1919, organismo hoy vinculado a las Naciones Unidas, al cual Costa Rica está adherido, y al cual se subordina en los Convenios Internacionales que de la OIT se han ratificado, ha establecido la jornada de 8 horas de trabajo diario, como uno de sus iniciales y más importantes Convenios. Al amparo de la OIT países europeos, miembros de la OCDE, organismo al que también Costa Rica se ha incorporado, tienen hoy jornadas de trabajo de 36 y 35 horas semanales, y no de 48 horas semanales como están establecidas para el sector privado en Costa Rica.
En la vida productiva del país hay empresas que tienen distintos regímenes de trabajo. Las hay que trabajan las 24 horas seguidas, porque el giro de sus actividades productivas obliga a que tengan un proceso laboral continuo. Las hay con sistemas productivos que no obligan las 24 horas continuas.
En estas empresas la contratación laboral se realiza tomando en cuenta el tipo de jornadas de trabajo legal y constitucionalmente establecidas, contratando trabajadores en jornadas de 8 horas, y pagando horas extras hasta 4 más, para una jornada extendida de 12 horas.
Las empresas que laboran 24 horas continuas, sin interrumpir sus labores, tienen que organizar turnos de trabajo de 8 horas, para los tres grupos de trabajadores que se distribuyen en ese tiempo de trabajo. Si dividen sus trabajadores en dos turnos laborales de 12 horas, tienen que reconocerles el pago de horas extras. Todo esto apegado a la Constitución y la ley, sin que haya que modificar el Código de Trabajo ni la Constitución Política.
Tres turnos de trabajadores distribuidos en 24 horas de trabajo de una empresa, en turnos de 8 horas cada uno, sin duda genera más trabajo, para más personas, que dos turnos de trabajo de 12 horas, que elimina un grupo de trabajadores. De hecho, la jornada de 8 horas estimula la mayor contratación de trabajadores, mientras la jornada de 12 horas reduce la contratación de trabajadores.
Empresarios y políticos esclavistas, nacionales y extranjeros, quieren alargar las jornadas de trabajo a 12 horas diarias, sin pago de horas extras, reduciendo en esa posibilidad la contratación de trabajadores, abaratando sus costos de producción que se pagan con salarios. Falsamente dicen que la jornada de 12 horas va a dar a contratar más trabajadores, que los que tuvieran que contratar en tres turnos de 8 horas. En ello tienen comprometido al Presidente de la República, a su Consejo de Gobierno, y a la mayoría de los partidos políticos que tienen representación parlamentaria. El Presidente se presenta como el adalid, cosa que le gusta, de estos empresarios y políticos.
Quieren modificar legalmente artículos del Código de Trabajo para que la jornada laboral del sector privado sea extendida hasta las 12 horas diarias, al estilo que existían en el siglo XIX, cuando el régimen de trabajo y de las relaciones laborales se igualaba a los sistemas esclavistas de trabajo y de producción. No casualmente a los trabajadores y obreros del siglo XIX se les llamó esclavos modernos. Los empresarios extranjeros que así presionen en el país se comportan como filibusteros modernos. Los filibusteros encabezados por William Walker querían establecer la esclavitud en Centroamérica. La establecieron momentáneamente en Nicaragua y querían convertir a los pueblos centroamericanos en pueblos esclavos y anexados a los estados esclavistas sureños de los Estados Unidos.
El Presidente de Costa Rica el pasado 11 de abril, en Alajuela, paradójicamente habló contra los filibusteros que él considera existen en el país. Ocultó en su falso discurso el carácter y su esencia filibustera, de ser el Jefe de los Filibusteros laborales, que quieren hacer de los dos millones de trabajadores del sector privado, una masa de trabajadores esclavizados, sometidos a 12 horas de trabajo diario, sin reconocimiento de pago de horas extras, reduciéndoles así sus salarios, y empeorando sus condiciones materiales de trabajo, de vida y de familia.
El Presidente se presenta como el émulo de estos esclavistas modernos, como el verdadero Jefe Filibustero, junto con los diputados que le acompañan, que quieren imponer la jornada de 12 horas, como integrantes de esa falange impía de nuevos filibusteros esclavistas, instalados en sus cuarteles de Zapote y Cuesta de Moras, donde se libra la batalla como la del 11 abril, por derrotar a los filibusteros…anti trabajadores, neo esclavistas, anti costarricenses de su tradición jurídica laboralista.
El Benemérito de la Patria, el Gran Capitán de la lucha contra los filibusteros, Juan Rafael Mora Porras, cuando marchó hacia Nicaragua, llamó a luchar contra los filibusteros que habían reducido a Nicaragua “en la más oprobiosa esclavitud”, y amenazaban de imponer la esclavitud en Centroamérica y en Costa Rica.
Hay que detener, por la presión y protesta organizada popular, con criterios científicos sicológicos, médicos, por el sentido común, por la por el razonamiento histórico y jurídico, por la jurisprudencia internacional que tiende a bajar las jornadas de trabajo y no a aumentarlas, a esos filibusteros instalados en la toma de decisiones legislativas para evitar que establezcan el sistema de trabajo esclavista de las 12 horas diarias.
¡No, al neo esclavismo laboral! ¡No, a los esclavistas modernos!
Nuestro país se ha caracterizado por ser relativamente pacífico en una región tradicionalmente convulsa. Esto obedece en gran medida a su historia y capacidades en organización regional, social, económica y política interna que han creado un clima propicio para la democracia.
No obstante, la posición geopolítica del país lo hace vulnerable al entorno regional. De hecho, los grandes conflictos históricos han estado ligadas a los intereses e intervenciones externas. Así fue en el siglo XIX en la guerra contra los filibusteros donde nuestro país tuvo el talento y visión para establecer alianzas con Inglaterra, la potencia dominante entonces que se sentía amenazada por la expansión de los Estados Unidos y con Cornelius Vanderbilt millonario norteamericano propietario de la compañía del Tránsito que trasladaba por el rio San Juan a los colonos que atraídos por la fiebre el oro viajaban a California, cuyos vapores habían sido expropiados por Walker. Amén de la incorporación posterior de las otras naciones centroamericanas a la guerra y la solidaridad financiera latinoamericana de países como Perú, crearon condiciones; que junto con la visión y preparación de nuestro gobierno de entonces para que se diera el triunfo contra los invasores. También en el pasado siglo XX siglo, cuando la guerra en Centro América amenazaba la paz regional, y la estabilidad de nuestro país en las décadas de los 70s y 80s pudimos actuar con el apoyo de alianzas externas, por una parte de los demócratas norteamericanos y social demócratas europeos y por otra con la URSS de Gorbachov para llevar a buen puerto el Plan de Paz centroamericano y hacer callar los cañones de la guerra.
Actualmente con la emergencia de un mundo multipolar y la revolución tecnológica se mueven con fuerza las “placas” políticas y económicas. Por una parte, están los intereses de las potencias emergentes en posicionarse económica y políticamente en la región. Especialmente China que además del estadio, ofreció a nuestro país la construcción de una zona económica especial que abarcaba Limón, Puntarenas y San Carlos que nos hubiera permitido paliar los problemas de estas regiones, si no metemos su propuesta al congelador por presiones externas. Por otra parte, está la fuerte irrupción del narco tráfico con un poder inédito por su capacidad económica y de terror que utiliza nuestro territorio para consolidar el envío de la droga hacia el norte del continente y Europa. Ya que tienen cada vez más dificultades para hacerlo por aire o por mar por el control en el aire y el mar de la armada norteamericana.
Esta nueva coyuntura sin embargo, nos ha tomado desprevenidos, el narco ya se ha instalado en nuestro país en las zonas costeras y fronterizas aprovechando la exclusión y falta de oportunidades de la población local. Los sicarios actúan cada vez con mayor impunidad luchando por el control de territorios mientras el narco penetra progresivamente la institucionalidad de nuestro país y avanza hacia el centro del país. Al que encuentra con un aparato institucional del siglo XX entrabado e incapaz de hacer frente a los retos emergentes.
Hay que cambiar el rumbo institucional, pero ha hecho falta, ante todo una visión que ajuste la nueva institucionalidad articulándola de acuerdo los procesos de cambio mundiales y a nuestras necesidades actuales. Especialmente sacando provecho de nuestra posición geopolítica que es nuestra fortaleza y al mismo tiempo generadora de conflictos. Procurando siempre mantener buenas relaciones con todas las potencias desde una política de neutralidad y respeto al ordenamiento internacional sin ceder a presiones indebidas como de las que fue objeto la zona económica especial china. En este sentido tomar conciencia que la multipolaridad va a exigir cambios de los Estados Unidos para atraer el apoyo de América Latina y verse así menos afectados por las migraciones masivas. En este sentido, no puede mantener, a contrapelo del derecho internacional la política de sanciones unilaterales que promueven la emigración masiva y deberá asociarse con los países de la región para proteger el medio ambiente y centrar el control y combate de las drogas en los consumidores y no tanto en los productores.
Hacia lo interno retomar nuestra historia para ver los orígenes de nuestras fortalezas regionales y actualizar nuestro conocimiento sobre nuestro potencial como nación, aprendiendo de las mejores prácticas.
El tema de lo geopolítico, que ha sido vital en la historia toda la región centroamericana y Caribe por su posición estratégica, lo he tocado en otros artículos en este diario, pero además ha sido destacado don Armando Vargas Araya y por la Academia Morista; e incluso le ha mereció el premio Nobel al expresidente Arias por sus intervenciones por la paz durante el siglo pasado.
Mientras que el tema de las regiones del país: conocer sus fortalezas, posibilidades y debilidades no ha tenido el estudio ni el aprendizaje que se merece. Sin embargo, su análisis es clave para poder configurar así no solo las reformas institucionales que se requieren sino las políticas públicas que puedan dinamizar el potencial y la participación activa de las comunidades en las diversas regiones del país. Conocer sus logros, así como sus limitaciones, es fundamental para aprovechar su experiencia en la configuración de modelos y senderos de desarrollo que nos permitan ajustar las políticas públicas con firmeza.
En un próximo articulo dirigiremos la atención hacia las regiones históricas del país sus fortalezas, limitaciones y enseñanzas perfilando las enseñanzas para el país de una sociología regional.
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