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Judicialización de la protesta y acción política, blindemos a la CCSS

Mainier Barboza

Mainier Barboza Soto
Movimiento Patriótico por Costa Rica

El sistema capitalista ha demostrado desde su génesis, una capacidad de maniobra, una diversidad de métodos con grandes dosis de manipulación, falsedad, desinformación; además, ha controlado los principios universales como la paz, la democracia, la solidaridad, la libertad, la igualdad, entre otros, para convertirse en adalid de estos; y de esta forma, adueñarse de la mente, la conciencia, la riqueza social y hasta la fe y la creencia de la humanidad.

Pero, además de lo anterior, el complejo industrial militar, sigue «acosando», en nombre de la libertad a toda acción de soberanía de los Estados, lo que nos recuerda la sentencia del libertador Simón Bolívar Palacios:

«Los Estados Unidos parecen destinados por la Providencia a plagar la América de miserias en nombre de la libertad». Carta del libertador Simón Bolívar al coronel Patricio Campbell, fechada en Guayaquil, 5 de agosto de 1829.

Uno de los últimos recursos que ha utilizado, (uso o «¿mal uso?») el Poder Judicial se concreta en la judicialización de la política. Se crean figuras jurídicas «delictivas» a figuras políticas vinculadas a la justicia social, la ruptura de la desigualdad, la distribución equitativa de la riqueza social producida.

Pero van más allá: también a los dirigentes sociales y sindicales, a quienes actúan en defensa de las garantías de las clases trabajadoras les crean leyes para restringir la protesta. Asimismo, promueven la destitución de dirigentes, sean políticos partidistas, o sean representantes sindicales nombrados en la institucionalidad pública como en la CCSS, que es la víctima de turno…

¿Por qué y cómo blindar la CAJA?

Vamos a asumir que todavía contamos con una Constitución Política que se considera una de las mejores de la actualidad, y que ha constituido una garantía para el mantenimiento de la democracia, de las instituciones públicas, la seguridad social y laboral.

La CCSS mantiene en el art.188 Constitucional su respaldo como entidad autónoma, pero se requiere incorporar a la Constitución los principios filosóficos de la CCSS (universalidad, solidaridad, unidad, igualdad, obligatoriedad, equidad y subsidiaridad) para que esté blindada. ¿Por qué? Por una razón: los principios que se enumeran, aunque están en la ley constitutiva, quedan por debajo y a expensas, de «malos pensamientos» privatizadores, vía tercerización, traslado de servicios al sector privado y otros mecanismos.

Se sabe que se requiere para ello dos legislaturas, por eso es urgente enviar a la corriente legislativa la propuesta. Hay todavía, un número de diputados y diputadas en dicho poder de la República que están dispuestos a lograr ese blindaje.

Llamaría a los herederos políticos de la Caja, la UCR, las Garantías Sociales, de la Banca Estatal, del ICE, de la Carta Magna, que aunque sabemos que es todo el pueblo costarricense, tiene representantes en el primer Poder de la República. Nos referimos a representantes de los partidos tradicionales, que solo usan esa rica herencia en el discurso político, sin embargo, donde se toman las decisiones políticas, en la Asamblea Legislativa, esas voces callan y se alinean contra todas las garantías laborales, sociales, de la seguridad social, contra las autónomas; esto los convierte en representantes antipopulares.

El llamado va a la prensa nacional, que se beneficia constantemente, mediante la publicidad, de dichas entidades públicas, entre otros beneficios, para que abra sus ondas radiales, televisivas, sus medios digitales, sus periódicos, sus periodistas, en una campaña por la salvaguarda de una, sino la más querida, grande y solidaria institución de la actualidad.

La CCSS es garante de democracia política, democracia económica, de distribución justa de las utilidades vertidas en capital social, es, en una frase: Símbolo de Justicia, de Equidad, de Igualdad, de Fraternidad.

La Caja nos recuerda a la madre, que acoge sin condiciones a sus hijos e hijas, a la madre Tierra, al Sol, se dan sin distinciones; nos recuerda un hermoso pasaje del Nuevo Testamento de la Biblia: «Les doy un mandamiento nuevo: que se amen los unos a los otros. Ustedes deben amarse unos a otros como yo los he amado”. (Juan 13, 34… Biblia de Jerusalén).

La Caja es Patrimonio del pueblo de Costa Rica, creyentes, no creyentes, agnósticos, libre-pensadores, la Caja, solo tiene una «bandera y una ideología» azul, blanco y rojo es su bandera y el servicio incondicional para el pueblo costarricense su ideología.

La labor del Ministerio de Agricultura y Ganadería: un panorama incierto y poco alentador para el sector y los productores agropecuarios

German Masís

Con motivo de la celebración del día del Agricultor en la comunidad de Zarcero, el Ministro de Agricultura y Ganadería, Víctor Carvajal, en presencia del Presidente de la República y de algunos agricultores de la zona, expuso las actividades que ésta Administración está impulsando en el sector agropecuario, las que en lugar de generar buenas expectativas hacia el mejoramiento del sector, provocan cierta incertidumbre sobre la labor del Ministerio y sobre las expectativas de apoyo a la pequeña producción familiar.

El joven Ministro, para el que su función no será más que un trabajo que el Gobierno le ha encomendado y en el que no importa mucho el conocimiento que tenga del sector y los desafíos que plantea una actividad esencial para más de 200 mil productores que se debaten entre la sobrevivencia y la necesidad de mejorar las condiciones productivas, se enfrenta a una realidad agrícola afectada por las políticas que desde hace casi 4 décadas desmantelaron el apoyo estatal a la producción agroalimentaria, concebida como una actividad marginal dentro del modelo de desarrollo orientado a la producción de servicios y a la exportación.

Con las manifestaciones del Ministro, parece continuar el desmantelamiento y la desprotección de la producción agroalimentaria, que en los países desarrollados es una actividad estratégica y que es protegida con ayudas y subsidios por tratarse de la alimentación de la población, información que las Autoridades del sector deben conocer.

Entre los desvíos de su visión sobre la actividad agropecuaria y sobre los productores agrícolas, el Ministro, menciona que “queremos que el agricultor sea un empresario agrícola”, sin importar la actividad a que se dedica, la zona donde se ubica y los recursos de que dispone, desconociendo la diversidad de las actividades, el tipo de unidad de producción, el lugar donde se encuentra y la heterogeneidad de los productores; entonces todos deben ser empresarios agrícolas olvidando la poca asistencia que reciben del Estado.

Ya el Ministro había, mostrado su particular perspectiva sobre los productores agrícolas, cuando señaló con motivo de los decretos de la Ruta del arroz, que “para éstos solo hay una opción viable, recibir un subsidio mientras se fortalecen como sector y se hagan más competitivos, o cambiarse a otro cultivo, es un tema de decisión de cada quién, ya tienen las reglas claras”, dijo. (ElObservador,com,27-32023)

En el marco de esa estrecha visión, sobre la actividad y los productores, el Ministro expuso entre las acciones institucionales que está ejecutando el MAG, para mejorar sus procesos productivos, se efectúa “una reestructuración de personal en la institución, con el fin de ahorrar presupuesto y dirigirlo hacia procesos más eficientes, rápidos, y económicos, y a la vez brindar apoyo a los agricultores”.

No mencionó el Jerarca, sobre que bases y con fundamento en que evaluación de la labor de las áreas de trabajo y el escaso personal existente se realiza la reestructuración, luego de la movilidad laboral del gobierno de Figueres Olsen y de la salida progresiva del personal por jubilación que se ha dado en los últimos años, lo que ha reducido considerablemente el recurso técnico disponible y que no ha podido ser sustituido por el congelamiento de plazas en los sucesivos gobiernos.

Sin obviar la evidente contradicción, entre ahorrar presupuesto, lograr procesos más eficientes con escaso personal técnico y brindar apoyo a los productores, por lo que cabría preguntarse si es posible esa mezcla de propósitos.

Entre las principales acciones institucionales que se están ejecutando, el Ministro señaló que “estamos en la restructuración de tecnologías de información para reestructurar la información y llegar a lo digital, dentro de esa trasformación digital estamos haciendo algo para tener expedientes digitales, entonces cuando un técnico visita a un productor generará una calificación del producto”, (Según éste), todas estas reestructuraciones nos permiten reducir retrocesos y personal de sedes administrativas para ubicarlo en fincas”.

Ese es el gran desarrollo tecnológico que el MAG está impulsando, ligado a las tecnologías de información, es decir digitalizar todos los procesos y tener expedientes digitales, para presuntamente liberar personal técnico para la labor de asistencia técnica en las fincas, nuevamente cabe preguntarse será eso suficiente para mejorar la asesoría técnica a los productores.

Agrega el Ministro, “tenemos una dirección clara, ayudarle a los agricultores, queremos organizaciones más sencillas, más llanas y más tecnológicas”, si esa es la prioridad de la gestión actual, dónde quedan las necesidades de los productores y el mejoramiento de las tecnologías de producción para el desarrollo de los sistemas productivos más sostenibles?

Sin embargo, las acciones mencionadas aún no son las más preocupantes, lo más inquietante y fuera de lugar, es su visión sobre la extensión y la investigación agrícola, cuando afirma que “no hay asistencia técnica, la asistencia técnica se basa en el cuidado del animal, en investigación es muy curioso, tenemos una estación experimental los Diamantes, que mide 700 hectáreas, no hay ni un solo veterinario, es una finca modelo para lo que no hay que hacer”. (ElMundo.cr,17-5-2023)

Debido a que no hay asistencia técnica o que ésta es inadecuada y a que las entidades de investigación no hacen lo que debieran, “lo que estamos haciendo es reacomodar el personal”, simplemente eso, nuevamente no se sabe bajo que lineamientos se está realizando ese reacomodo.

Como si no fuera suficiente, lo más grave es la concepción de la extensión agrícola, que ha sido reducida a la capacitación y que ésta debe ser impartida por el INA, para lo que “el año pasado firmamos una directriz para generar una sinergia con el INA, que tiene presupuesto para capacitaciones, la idea es que el INA brinde un espacio para capacitar a los agricultores; queremos que el agricultor sea un empresario agrícola, para eso tiene que tener un curso de administración, de tecnología, esa es la capacitación que el INA nos va ayudar a hacer”.

No sólo el Ministro parece desconocer el verdadero papel y la importancia de la extensión, en el intercambio y transferencia tecnológica agricultor-técnico en el mejoramiento de sus sistemas de producción, si no que además desconoce que hace varios años se había impulsado una propuesta para promover las nuevas competencias de la extensión rural frente al recambio generacional en el MAG, que significaba una transformación de la extensión frente a las nuevas demandas del productor rural y del cambio climático.

En esa línea de los argumentos ligeros sobre la actividad agropecuaria y los productores que se dedican a ésta, según el Ministro “los agricultores hacen esfuerzos en sacar muchos productos al mercado, que son sumamente contaminantes y que además no tienen registros, son productos que han estado sin control y sin estudios de nada y están en el mercado”(ElMundo.cr,17-5-2023), grave afirmación que cuestiona la calidad de los productos que los agricultores comercializan en los mercados y desconoce el esfuerzo que los agricultores han hecho a través de los años para ofrecer a los consumidores alimentos sanos e inocuos.

En su presentación del día del agricultor, el jerarca terminó exponiendo que “el panorama inicial es complicado, de abandono y de falta de políticas públicas claras y dirigidas en pro del sector agropecuario»(pero que) ahora tenemos una visión clara del sector agropecuario que queremos: un sector competitivo, eficiente y sostenible. Aún falta muchísimo camino, pero vamos a buen paso; porque lo que prometimos, lo cumplimos”. (MAG.com,noticias,15-5-2023)

Resulta difícil comprender si efectivamente las nuevas Autoridades del MAG tienen una visión clara del sector agropecuario, pero la participación del Ministro, lejos de contribuir a la comprensión de las orientaciones del Ministerio en este período, deja una gran incertidumbre sobre los objetivos sectoriales de la actual Administración y sobre la pertinencia de las acciones que están ejecutando.

A diferencia del inicio de otros Gobiernos, en los que se esperaba dimensionar si la labor que proponían realmente favorecería la producción agropecuaria nacional y en especial a la pequeña y mediana producción agroalimentaria para el mercado interno, en esta oportunidad en las políticas y la acción institucional mencionadas, se vislumbran serias amenazas hacia un mayor debilitamiento de la institucionalidad y el deterioro del apoyo y la asistencia al sector tradicionalmente abandonado de la actividad agropecuaria: la producción familiar de alimentos.

 

Imagen ilustrativa.

Día Internacional del Fútbol Femenino

José Luis Pacheco Murillo

El 23 de mayo e celebra el Día Internacional del Fútbol Femenino, como un homenaje a aquellas personas que han ido venciendo barreras en un deporte que ha sido considerado tradicionalmente solo para hombres.

Esta celebración se creó en el año 2015 por iniciativa de la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (CONCACAF), para fomentar la práctica del fútbol en niñas y mujeres en todo el mundo, así como promover la igualdad de género en este deporte. La participación femenina en el fútbol ha sido sorprendente y gracias a ello los logros alcanzados han ido en aumento, hasta lograr incluso el reconocimiento económico igual al de los hombres, al menos en algunos países.

Pese a que es hasta ahora que se ha vuelto muy popular el fútbol femenino y que ya tanto radio como televisión le prestan mayor atención y que la FIFA organizó el primer mundial de fútbol femenino en China en 1991 y que el Comité Olímpico Internacional incluyó el fútbol femenino en las olimpiadas en 1996, el fútbol femenino se ha practicado desde finales del siglo 19 y ya en 1894 existió el British Ladies Football Club, es decir, que desde ese tiempo hasta ahora, de alguna manera se invisiblizó el fútbol femenino y vivió una discriminación enorme con relación al fútbol masculino.

Esas distancias se han acortado y en partidos femeninos se observa excelente calidad de fútbol y en la mayoría de los casos sin tantas fricciones y tantas faltas como sucede con los hombres e incluso sin tanto drama cuando ocurre una falta. El fútbol femenino no está impregnado de la malicia con la que actúan muchos jugadores masculinos para engañar al árbitro, eso es una conducta antideportiva que solamente en muy contadas excepciones se dan en el fútbol femenino.

Felicidades a todas las mujeres que practican el fútbol independientemente de su edad así mismo a los cuerpos técnicos, arbitras y árbitros y dirigentes y a aquellas que lo practicaron y fueron pioneras para lograr lo que hoy posee el fútbol femenino.

Dios quiera que siga creciendo en participantes y en calidad y podamos a disfrutar de excelentes partidos femeninos tanto nacionales como internacionales.

Lasso en Ecuador, una gestion y actuar anunciada/o

Mg. José A. Amesty Rivera

El tétrico millonario banquero, exitoso evasor de impuestos, Guillermo Lasso, quien había intentado por tres veces, en 2013 y 2017, llegar al poder absoluto en Ecuador, finalmente inicia la presidencia de Ecuador desde el 24 de mayo del 2021.

Primero, Lasso, como banquero y candidato a la presidencia de Ecuador, violó e incumplió con la Ley de Pacto Ético ecuatoriana, que prohíbe a los aspirantes a un cargo público tener vínculos con paraísos fiscales.

Segundo, en una de las empresas fuera de Ecuador, del multimillonario financiero, una de sus empresas históricas es Banisi Holding S.A., con sede en Panamá. El Banisi Holding es propiedad del Banco de Guayaquil, matriz de la fortuna de Lasso desde los años 1990. En el directorio del Holding, se encuentran sus hijos, Juan Emilio Lasso Alcívar, que figura como director y presidente ejecutivo, y Santiago Lasso Alcívar con los cargos de Director y Presidente de la Junta Directiva. Este lazo familiar es una expresa violación de la Ley del Pacto Ético, promulgada luego del referendo de 2017 en Ecuador.

Tercero, como descubrió la periodista argentina Cynthia García, los negocios en el exterior de Lasso comienzan a inflarse, desde 1970, y luego en 1999-2002, a raíz del feriado bancario del año 2000 en Ecuador. La fortuna de Lasso pasó de 1 millón, a 31 millones de dólares, a través de la especulación con los bonos emitidos tras el feriado bancario.

Cuarto, el Banco de Guayaquil, propiedad de Guillermo Lasso, fue uno de los bancos que mayor cantidad de (bonos) Certificados de Depósito Reprogramados (CDRs) canjeó, esto quiere decir que se aprovechó de las necesidades de la gente para incrementar su fortuna. Esto convierte a Lasso en cómplice de la peor crisis económica del país, pues se benefició del salvataje bancario.

Quinto, en la cartera central, fuera de Ecuador de Lasso, el Banisi Holding constituido por 49 firmas en el extranjero, le permitieron ganancias a Lasso de hasta el 3000 por ciento, desde 2015.

Sexto, su banco de Guayaquil, ha sido uno de los principales beneficiarios de un sistema que ahoga el crecimiento económico nacional de Ecuador, en 2019, uno de los peores años de la historia reciente del país, aumentó sus ganancias en un 17 por ciento. Ni la pandemia contuvo la fiebre ganadora del banco. En los primeros ocho meses del 2020, sus ingresos por intereses aumentaron en un 26 por ciento respecto al récord que había registrado el año previo.

Séptimo, Guillermo Lasso fue el único candidato que representa a los banqueros y empresarios de las cámaras de la producción. Estos sectores, de los más atrasados en América Latina en cuanto a responsabilidades estatales y sociales, no comprenden el sentido del progreso económico con bienestar humano, lo confunden como simple éxito en los negocios privados, el mismo que suponen irradiará los beneficios colectivos, algo que históricamente nunca ha ocurrido en Ecuador, pues tal “modelo” solo ha ahondado las diferencias sociales, el dominio político de las élites y el abismo en el reparto de la riqueza.

Octavo, ya desde 2017 y mucho antes, el mañoso banquero se ha negado a dar explicaciones sobre sus negocios financieros. Guillermo Lasso, sus hijos y allegados tendrían empresas en los paraísos fiscales de las Islas Caimán, Panamá, Delaware y en Florida.

Noveno, el colmo del cinismo, es que, en uno de sus discursos, dijo: “vivimos la dictadura de un partido político, integrado mayormente por aquellos corruptos que se llevan dinero del Ecuador a depositarlo en paraísos fiscales, porque tienen que esconder el dinero mal habido, y que le pertenece a todo el pueblo ecuatoriano”, en referencia al proyecto que lideró Rafael Correa, pero es como si hablara de sí mismo.

Como dice un dicho popular, todo tramposo y ladrón, es mentiroso; este alude a una de las tantas promesas de campaña de Lasso, cuando alguna vez ofreció “crear un millón de empleos” en cuatro años, cuando otros ofrecieron, 800.000, 470.000 y 250.000.

Por otro lado, su gestion en Ecuador, podemos resumirla así:

  • Las autoridades ecuatorianas (policía, fuerzas armadas y gobierno) están en una violación flagrante de los Derechos Humanos, reprimiendo, a los indígenas del Ecuador, aglutinados en la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, y a las que se han ido sumando otros sectores como estudiantes, maestros, transportistas, sindicatos, entre otros.
  • La CONAIE, La Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras FENOCIN, la Federación Ecuatoriana de Indígenas Evangélicos FEINE, entre otras, han solicitado las siguientes reivindicaciones:
  1. Congelación de los precios de los combustibles y dirigir subsidios para los sectores más vulnerables.
  2. La prórroga de deudas de la banca pública, privada y cooperativa y el perdón para pequeños y medianos productores, los precios justos en los productos del campo, el impuesto agrícola y el rechazo a la firma de Tratados de Libre Comercio.
  3. Generación de empleo, regulación de derechos laborales y el respeto a la libertad de sindicatos y organización de la clase trabajadora.
  4. La espera a la expansión de la frontera extractiva, petrolera y minera, y la auditoría y reparación integral por los impactos socio-ambientales.
  5. El respeto a los derechos colectivos logrados, la prohibición de la privatización de sectores estratégicos.
  6. Las políticas de control de precios y de especulación en el mercado de productos de primera necesidad.
  7. La garantía del acceso a la educación superior, y el refuerzo de las políticas públicas de educación y salud.
  8. Afrontar la inseguridad, expresada en el aumento de la violencia, con altos índices de criminalidad, expresada en las ciudades y cárceles del país, especialmente a sectores indígenas.

Todas estas políticas erradas son impulsadas por el presidente Guillermo Lasso, quien gobierna a Ecuador acompañado de un cártel bancario. Según la profesora Adoración Guamán, «El gobierno de Lasso, el principal banquero del país que ganó las elecciones en abril del 2021, ha agudizado la crisis estructural ya iniciada por el ajuste neoliberal implementado por el gobierno anterior y profundizado durante la pandemia. El banquero presidente ha dado continuismo a las políticas fondo monetaristas, algo esperable, pero también ha ido mucho más allá, agravando los problemas de precarización, pobreza, inseguridad, desinstitucionalización y primacía del lucro personal, con un traspaso sin precedentes de los bienes públicos a manos privadas (evidenciada entre otras actuaciones en los reiterados intentos de vender el Banco del Pacífico). De hecho, el Presidente se jacta de haber ampliado las reservas internacionales, garantizar el pago de la deuda, mejorar el movimiento de capitales y asegurar derechos a los inversores extranjeros. Mientras arruina los servicios públicos del país, en particular la sanidad y la educación, al tiempo que instaura una lógica oligárquica-autoritaria-racista, completamente desapegada de la realidad social del Ecuador que él y su entorno parecen desconocer«.

No es nada extraño entonces que, el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, disolviera el Parlamento para evitar su posible destitución. La decisión implica la convocatoria de elecciones legislativas y presidenciales. El mandatario elude así el juicio político en su contra, por supuestamente haber tolerado un presunto desfalco en una empresa estatal.

La acusación en sí es por un presunto delito de malversación, al no haber tomado acciones ante un contrato entre la empresa pública de transporte de petróleo, Flopec, y Amazonas Tanker, que representó un perjuicio al Estado de al menos, seis millones de dólares.

Por primera vez en la historia de Ecuador, Lasso decretó la disolución del Parlamento alegando que el juicio, que podría provocar su destitución por haber tolerado un supuesto caso de corrupción, había provocado una “grave crisis política”. Mientras tanto, Lasso gobernará por decreto durante seis meses. En ese tiempo se espera que anuncie si aspira a la reelección.

El mandatario tomó esta decisión drástica para frenar el proceso en su contra. Acaban así dos años de mandato del político conservador que ha acabado acorralado. En los últimos días había estado negociando votos entre la oposición para que el juicio político no saliera adelante, pero temía que a última hora la presión para su destitución fuera mayor. Lasso no quería que la que considera una Asamblea de poca talla política acabara con su mandato, por eso ha preferido invocar la figura constitucional de muerte cruzada, que cierra su periodo, pero también el de los parlamentarios. Además, le deja una puerta abierta a presentarse en las próximas elecciones.

La figura de «Muerte cruzada«, implica la finalización de mandato tanto de los miembros del Poder Legislativo (cierre de la Asamblea) como del Ejecutivo. El Consejo Nacional Electoral deberá llamar dentro de los próximos siete días para realizar una nueva elección en 90 días; pero mientras tanto, durante seis meses, Lasso gobernará por decreto. Para justificar la medida la encuadró en situación de «conmoción social interna», lo cual fue rechazado por una parte de la oposición.

Y es que, la Constitución de Ecuador, establece tres causales para que el Poder Ejecutivo pueda activar el mecanismo de muerte cruzada: a) Si la Asamblea se atribuye funciones que no le competen legalmente. B) Si de forma reiterada e injustificada el poder legislativo obstruye la ejecución de un Plan Nacional de Desarrollo que establece políticas públicas. C) Por una grave crisis política y conmoción interna. Esta última fue la causal invocada por Lasso este 17 de mayo 2023.

La premura de Lasso al disolver el parlamento ecuatoriano, por un lado, podría permitir la aprobación de varios decretos de Ley que no fueron aprobados por la asamblea legislativa y que ahora, por medio de su gobierno interino lo podría hacer, los decretos leyes son:

  • La reforma legal enfocada en el sector petrolero. Uno de los cambios apuntaba a que Petroecuador pueda delegar a la inversión privada sus campos en producción. Estos decretos fueron declaradas inconstitucionales en octubre de 2022.
  • La creación de zonas francas que benefician al sector privado.
  • La reforma (privatización) al sistema de pensiones del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).
  • Lasso también intentó hacer cambios laborales y en septiembre de 2021 cuando presentó a la Asamblea Nacional la Ley de Creación de Oportunidades y Sostenibilidad Fiscal. En su capítulo laboral, proponía crear un sistema paralelo de contratación de trabajadores bajo normas más flexibles que las que tiene el Código de Trabajo. El Legislativo devolvió el proyecto al Ejecutivo sin aprobarlo. Sin embargo, el Ministro de Trabajo se refirió a la necesidad de desburocratizar y avanzar ahora con esas reformas.
  • La ley de incentivos a la inversión privada, que promociona la asociación pública privada y avanzar con privatizaciones en telecomunicaciones.

En síntesis, el presidente Guillermo Lasso da un cobarde autogolpe de Estado, con ayuda de la policía y las fuerzas armadas, sin apoyo ciudadano, convirtiéndose en una inminente dictadura. Además, es un auto golpe para avanzar con el neoliberalismo salvaje, reflejado en el fracaso del modelo de la derecha ecuatoriana, que ha llevado al Ecuador a la peor crisis de la historia de este país, a todo nivel, el 70% de la población no tiene un empleo adecuado; más de 6 millones de familias ecuatorianas viven en condiciones de pobreza y extrema pobreza; más de 70.000 jóvenes sin poder acceder a la Universidad; más de 25 muertes violentas por día; la falta de acceso a todos los derechos básicos, entre otras arriba descritas.

Lo que le queda a Lasso es la dictadura, apoyada por el imperialismo para seguir en el gobierno.

Imagen: https://www.celag.org/

Repaso de las causas de la ruina del Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) (Parte IV)

Rodrigo Arias López
Máster en Matemática Actuarial

Estos desvíos de fondos (https://surcosdigital.com/repaso-de-las-causas-de-la-ruina-del-seguro-de-invalidez-vejez-y-muerte-ivm-de-la-caja-costarricense-de-seguro-social-ccss-2/) los denuncié ante Román Macaya Hayes, presidente Ejecutivo de la CCSS y activista del difunto PAC y ante la Fiscalía General de la República. Macaya trasladó el asunto a los mismos maquillistas para que siguieran pintando y la fiscala general de entonces Emilia Navas, asignó el caso a Diana Mora Hernández, quien pidió al Tribunal Penal la desestimación de la denuncia, indicando que “no ha sido posible proceder con la acusación y solicitud de apertura a juicio debido a la carencia probatoria que impera en este proceso”. Por su parte, el Tribunal desestimó la denuncia argumentando que yo “no había sido afectado” y “no es víctima”. Los jueces dijeron que este humilde servidor “no es la persona directamente afectada ni tiene ningún tipo de participación en asociaciones o socios o miembros de la persona jurídica que está siendo afectada, ni a las fundaciones o asociaciones que tengan carácter registral”. Así mismo, que “De la referencia que a (sic) hecho el ministerio Público se observa que el señor Rodrigo Arias López no ostenta la condición de víctima en el presente proceso, sino que figura como denunciante ante un delito de acción pública”. Además, no me permitieron presentarme a la audiencia oral. Adjunto varios links donde pueden ver los documentos y podrán notar que el expediente elaborado es un completo desorden; no sería extraño que por eso “no logró encontrar” ni entender las pruebas y enredó o convenció al tribunal. A mí ni siquiera me entrevistó.

Denuncia ante Román Macaya Hayes: https://es.scribd.com/document/640782681/A-Denuncia-Solicitud-PE

Apelación:
https://es.scribd.com/document/640787442/Apelacion-Expediente-18-119-1218-Pe

Desestimación de la denuncia por parte del TRIBUNAL PENAL DEL II CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSÉ: https://es.scribd.com/document/640776113/Desestimacion-1171-0951-886704783-3038-F

El expediente que elaboró la fiscalía: https://es.scribd.com/document/640787828/Expediente-180001191218PE-Completo

La desestimación de la audiencia oral por parte del JUZGADO PENAL DEL SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSÉ: https://es.scribd.com/document/640789083/Desestimacion-oral-1171-0515-886639190-2044-F

En mi humilde opinión, las causas de la crisis del IVM también se pueden resumir como una violación al Estado Social de Derecho, impunidad y corrupción, dentro y fuera de la CCSS. No es porque sorpresivamente nos hayamos hecho viejos, ni porque los dineros ya no alcanzan, como dicen Jaime Barrantes Espinoza, Gustavo Picado Chacón, Luis Guillermo López Vargas y otros gurúes de la CCSS.

Tampoco creo que sea porque no haya pruebas para determinar el posible delito de desvío de fondos, como dijo la fiscala Diana Hernández, ni porque el suscrito no tenga afectaciones, ni derecho a denunciar y a reclamar esos posibles delitos, como dijo el tribunal citado. Más bien presuntamente algunos fiscales y jueces podrían tener enormes conflictos de interés porque ellos tienen un régimen de pensiones que financia pensiones de lujo de hasta 10 millones de colones mensuales o hasta 10 salarios mínimos del Poder Judicial, con retiro por vejez en el pasado a edades juveniles. Incluso en la actualidad pueden retirarse a partir de los 60 años de edad, anticipando el retiro hasta cinco años, con una ridícula penalización de 1,5% por año. A los pensionados por ese régimen por ley les realizan reajustes de acuerdo a la inflación de los precios -lo cual es justo en la mayoría de los casos- y para ese régimen de privilegio disponen de una prima de un 30% o más sobre los salarios, mientras que para el IVM de la CCSS no hay plata.

Por lo tanto, es comprensible que, a algunos empleados o empleadas del Poder Judicial con algún poder de decisión o influencia, o de relación con autoridades del Poder Ejecutivo, no les importe la misera que puedan padecer los pensionados y cotizantes del IVM de la CCSS.  Pero no podemos generalizar. Posiblemente la mayoría de los jueces y vigilantes de que se haga justicia, son muy rectos y con una moral muy alta, muy profesionales y justos. Recordemos que tanto el Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, Goicoechea, como la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, no aceptaron el desvío de fondos del seguro social para financiar el costo del primer nivel de atención de la salud ante demanda interpuesta por el entonces diputado José María Villalta, por el cual la CCSS está reclamando en la liquidación de sentencia ₡6 Billones, a razón de ₡400 mil millones de costos por año del primer nivel de atención de la salud, aunque internamente en la CCSS los maquillistas solo le cobran al Estado ₡20 mil millones por año, de los cuales no recibe la CCSS ni un céntimo en 30 años.

Causa risa escuchar que el Estado podría tener una deuda con la CCSS de ₡2,5 Billones a ₡3 Billones. Los maquillistas de la CCSS y amigos de políticos de muchos gobiernos de turno tienen esa deuda bien desinflada, pues en realidad la deuda no registrada bien supera los ₡50 Billones.

¿Qué opinan los lectores de SURCOS, en particular los cotizantes y pensionados del IVM de la CCSS?

Robarle la esperanza al pueblo es el acto más vil

José Luis Pacheco Murillo

Robarle la esperanza al pueblo es el acto más vil que se comete en contra de quienes sueñan y confían en que, por fin, las cosas cambiarán para bien de los que más necesitan.

Si bien es cierto se pueden dar actos y se pueden tomar decisiones que hacían suponer que efectivamente las cosas cambiarían, ha habido otras que llevan a pensar que será más de lo mismo y ahí es donde la ilusión y las esperanzas se hacen añicos.

El tema del desarrollo económico y generación de empleo, el ataque frontal a la corrupción y a la inseguridad, buscar el mejor de los funcionamientos de la Caja Costarricense del Seguro Social eliminando filas y haciendo que los especialistas permanezcan en la Caja con medidas oportunas… En todo ello falta mucho por hacer y el pueblo mantiene la esperanza de que se haga.

Pero el que ahora se pretenda cargar de impuestos a los que siempre son los que pagan los platos rotos, los trabajadores, y lo poquísimo que queda de clase media, es una injusticia, máxime cuando aún se dan casos de gastos excesivos y de acciones de corrupción que no son atacados en debida forma.

Aún se está a tiempo para que el gobierno enderece su rumbo, logre una estabilidad en su gabinete y se ejecuten las acciones que deparen el desarrollo económico y el bienestar social que todos esperábamos y seguimos esperando. No es tiempo de impuestos, es tiempo de control en el gasto y de ejecución de acciones que demuestren que se cumplirán las promesas de campaña, entre ellas la de no imponer más impuestos.

Dios quiera que tanto el presidente como sus ministros, especialmente el de Hacienda, enderecen el rumbo y se encaminen a lograr esas metas que se propusieron como promesas de campaña.

Las funciones exclusivas y excluyentes en la Caja Costarricense de Seguro Social

Manuel Hernández, abogado laboralista

“Ser o no ser, esa es la cuestión” (Shakespeare)

El núcleo duro de la Ley Marco de Empleo Público está radicado en la gobernanza general del sistema de empleo público, que se le atribuyó a MIDEPLAN.

Esta rectoría política prácticamente se extiende a todo el aparato estatal: los poderes del Estado, las instituciones descentralizadas, autónomas, empresas públicas.

No obstante, la ley expresamente excluyó de esta rectoría “(…) las relaciones de empleo de las personas servidoras públicas que desempeñan funciones o labores administrativas, profesionales o técnicas, que sean exclusivas y excluyentes para el ejercicio de las competencias constitucionalmente asignadas al Poder Legislativo, al Poder Judicial, al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) y a los entes públicos con autonomía de gobierno u organizativa, según la determinación que realice la respectiva institución.” (artículo 6).

Esta exclusión se reitera en varias normas que regulan los componentes de la relación de empleo público.

La ley vino aquí a incorporar una cláusula de salvaguarda, con la finalidad de rescatar el principio de separación de poderes, la independencia judicial y la autonomía institucional de las universidades públicas, Caja Costarricense de Seguro Social y municipalidades.

La incorporación de esta cláusula de salvaguarda fue producto de la aplicación de la Opinión Consultiva de la Sala Constitucional, Voto 2021-017098, de las 23:15 horas del 31/07/2021, que atendió, en su oportunidad, la consulta facultativa acerca del proyecto de dicha ley.

Recordemos que este pronunciamiento de la Sala Constitucional estableció que más de 30 artículos del proyecto resultaban inconstitucionales, porque vulneraban el principio de separación de poderes, independencia judicial y la autonomía de gobierno u organizativa de aquellas instituciones públicas.

Este pronunciamiento de la Sala Constitucional reconfiguró el proyecto de ley. Así las cosas, para definir, en el ámbito de los poderes del Estado y esas instituciones autónomas, incluida la Caja Costarricense de Seguro Social, aquellas funciones exclusivas y excluyentes, resulta imprescindible recurrir a la doctrina constitucional contenida en ese voto.

Por una parte, el voto desarrolla una consideración de principio, de carácter general: no es inconstitucional que exista una Ley Marco de Empleo Público, siempre y cuando respete los principios de separación de poderes y no vacíe el contenido de las autonomías reconocidas a las universidades, CCSS y municipalidades.

El voto afirma que la potestad de dirección del Poder Ejecutivo, es incompatible con esos principios constitucionales y la autonomía de esos entes.

Asimismo, advierte que compete a los órganos supremos de los poderes del Estado e instituciones autónomas, definir cuáles son los servicios o actividades que inciden sobre las competencias exclusivas y excluyentes y las funciones administrativas necesarias para el cumplimiento de estas.

Por otra parte, en el caso particular de la CCSS, ese voto vuelve sobre la propia jurisprudencia de la Sala Constitucional, la cual destaca la autonomía administrativa y de gobierno, que le reconoce el artículo 73 de la Constitución Política, cuya autonomía la protege de la intervención del Poder Ejecutivo y hasta del Legislativo.

Esta autonomía la faculta determinar su régimen interior, incluso el régimen de empleo y contratación de los funcionarios que requiere, para el cumplimiento de su cometido constitucional: la administración y gobierno de los seguros sociales (Voto N°2011-14624).

Asumiendo estas premisas, en lo que concierne específicamente a la Caja Costarricense de Seguro Social, el voto afirmó que los artículos 6, 9, 17,18 y otros del proyecto consultado son inconstitucionales, porque violentan la autonomía administrativa y gobierno de esa institución, en virtud que “no se excluye de la potestad de dirección [de MIDEPLAN] a los funcionarios que participan de las actividades vinculadas a los fines constitucionalmente asignados a la CCSS, y quienes ejercen cargos de alta dirección política, así como todo aquel funcionariado administrativo, profesional y técnico, que establezcan los máximos órganos de la entidad aseguradora”.

Asimismo, reparó que el artículo 13.b) también es inconstitucional, “por no incluir en el citado inciso a los servidores que realizan labores sustanciales y administrativo, profesionales y técnicos, necesarios para alcanzar los fines constitucionalmente asignados a la CCSS, en los términos que se explica en el considerando general y supra”.

Con fundamento en estas consideraciones de la Sala Constitucional, generales y específicas, que recogen la doctrina de la materia, a la luz de la cual hay que interpretar aquellas normas de la Ley Marco de Empleo Público, se puede sostener que todas las clases del Manual de Puestos de la Caja Costarricense de Seguro Social, ya sean de carácter asistencial, auxiliar, técnicas, administrativas, profesionales, reconducen a funciones de carácter exclusivas y excluyentes, absolutamente imprescindible para el cumplimiento del objetivo constitucional asignado a esa institución.

Las funciones que comprenden todas estas clases de puestos son de carácter exclusivas y excluyentes, indispensables para garantizar la operatividad, regularidad, continuidad y eficiencia en la prestación del servicio público.

Todas las clases de puestos cumplen cometidos vinculados a la prestación de los servicios que le corresponde asumir a la Caja Costarricense de Seguro Social.

La autonomía de la Caja es política, orgánica y funcional, que comprende unitariamente todos los servicios y actividades que realizan sus servidores, desde las labores asistenciales, auxiliares, administrativas, técnicas, profesionales, hasta las funciones profesionales más especializadas en el campo de la medicina, por lo que resultaría totalmente artificioso establecer una dualidad de colectivos funcionariales, unos sujetos a la gobernanza de MIDEPLAN, y los demás, sometidos a la regulación de la propia institución, a contrapelo del precepto constitucional, y en menoscabo de la regularidad, continuidad y eficiencia en la prestación de los servicios.

La consigna asumida por los sindicatos: “Qué nadie se quede atrás, ni afuera”, constitucional e institucionalmente es la correcta, porque la autonomía de la Caja cobija a todos sus servidores y servidoras, sin distingos de ninguna especie.

 

Enviado a SURCOS por el autor.

Gustavo Petro: un visionario

Carlos Meneses Reyes

Que atrevido libreto el de la derecha defenestradora. Ya nuestro presidente no es guerrillero ni comunista. Ahora resulta que es Marxista.

Según un gerentólogo de la derecha militarista actualmente no hay pobres, no existen discriminados ni desplazados, ni corrupción, como tampoco Narco Estado.

Que todo lo va a producir y está condicionando «el marxista presidente». Olvidan que el marxismo explica la existencia misma del capitalismo, su naturaleza, función y fines.

El marxismo jamás ha sido un modelo sino una metodología y guía para la acción. Si existe algo no dogmático es el marxismo. Tenemos un gurú de la derecha contradictorio y sigue la misma línea: en Colombia no hay nada que cambiar, absolutamente nada.

Por eso expongo que en Colombia no existe una oposición estructurada (no me refiero al escenario politiquero de la piara congresional). Eso resulta provisorio para la cualificación política y triunfos del movimiento popular y me atrevo a decir, aunque estalle centellas r e v o l u c i o n a r i o.

¡Puro Abogado!

Comparación del impuesto de renta actual con el proyecto de renta global

Marco Fallas Díaz *

Es importante recordar lo que planteaba Rodrigo Chaves sobre el tema de los impuestos en campaña electoral (Revista Forbes Centroamérica, marzo 16,2022):

“Forbes (F) ¿Cómo va a tratar la disminución de impuestos, sabiendo la gran deuda que tiene Costa Rica con el Fondo Monetario Internacional?

RC: Costa Rica no necesita más impuesto, Costa Rica tiene maneras de arreglar los desbalances fiscales, el déficit estructural con cambios que no implican necesariamente subir ni la tarifa, ni la carga tributaria, primero tenemos que entender que en este país hay más o menos 3.600 millones de dólares (mdd) de elusión y evasión, y se puede reducir con mejor admiración (sic) tributaria”

Hoy, al haberse cumplido su primer año de mandato nos recetan más impuestos que impactan, de manera muy fuerte, en los sectores de ingresos medios de la clase trabajadora y jubilados y al mismo tiempo se sepulta en la Asamblea Legislativa el proyecto de ley 21414 “Ley para fortalecer el combate al delito de fraude a la Hacienda Pública”, presentado en su oportunidad por el exdiputado José María Villalta Flores.

Con el propósito de aclarar las diferencias entre el impuesto de renta actual y el proyecto de renta global presentado por el Poder ejecutivo el día 18 de mayo de 2023 y que ello permita medir los impactos en salarios y en las jubilaciones presento la siguiente información.

Impuesto de renta actual a partir de enero 2023

Tabla 1: Propuesta de renta actual/1

Ingreso bruto mensual (colones)Porcentaje de impuesto
Hasta 941.0000
De 941.000 a 1.381.00010
De 1.381.000 a 2.423.00015
De 2.423.000 a 4.845.00020
De 4.845.000 en adelante25

 1/ Fuente: Ministerio de Hacienda

La propuesta de renta global

En la siguiente tabla, se resumen los tractos del impuesto sobre la renta global, presentada por el Poder Ejecutivo el día 18 de mayo de 2023. Es importante señalar de partida un error en la publicación, en vez de salario bruto mensual, debe leerse salario bruto anual y debería agregarse gravable (una vez descontada la base mínima vital estimada en ₡10.1 millones anuales).

Tabla 2

Fuente: La Nación del 19 de mayo 2023, página7

A partir de la información que se suministra se construye la tabla con información equivalente a tractos de ingresos brutos mensuales, consistentes con la propuesta de renta global, para compararla luego con la tabla de impuesto de la renta actual, dado que la presentación del Ministerio de Hacienda no permite visualizar de manera directa el impacto real.

Tabla 3: Propuesta de renta global/1.

Ingreso bruto mensual (colones)Porcentaje de impuesto
Hasta 841.6670
De 841.667 a 1.235.66710
De 1.235.667 a 1.799.66715
De 1.799.667 a 2.499.66720
De 2.499.667 a 3.999. 66725
De 3.999.667 en adelante30

1/ Se construye con información de la tabla2

Comparación y consideraciones

Comparación y consideraciones

– En la propuesta se disminuye el monto a partir del cual se empieza a pagar el impuesto de renta. En vez de empezar a pagar a partir de ₡941mil se paga el impuesto a partir de ₡842mil y se disminuye el tracto del 10%. Es una diferencia pequeña, pero anuncia por dónde va el diseño.

– En la propuesta el tracto en el que se comienza a pagar el 15% es más bajo, es decir contribuyentes que hoy están en el tracto del 10% empiezan con la propuesta a cotizar el 15%. Y lo mismo ocurre con los otros tractos: El tracto actual del 20% empieza en un monto de ₡2,4millones, con la propuesta se empieza en ₡1,8millones. El tracto actual del 25% empieza en un monto de ₡4,8millones, con la propuesta se empieza en ₡1,8millones. Contrario a lo que plantea el ministro de Hacienda, el proyecto tiene una clara intención de aumento de los ingresos fiscales.

– Como se deben sumar todos los ingresos que se tengan, además del salario o jubilación, el pago del impuesto respectivo sobre la renta puede corresponder sobre tractos más altos. Un ejemplo: los rendimientos sobre certificados a plazo (que no necesariamente se asocian a riqueza, en muchos casos son previsiones para emergencias), al sumarse a los ingresos totales anuales pueden tener que pagar no un 15%, como actualmente, sino un 20, 25, o 30%.

– Se crea un nuevo tracto a partir de los ₡4millones con una tasa del 30%.

– En el caso de las jubilaciones el efecto progresivo del que habla el ministro de Hacienda colisiona con el mandato constitucional que establece un tope a la carga tributaria total de los jubilados de un 55%. Para jubilaciones con montos superiores a ₡5,3millones el impacto de la propuesta se anula con el ajuste que se debe hacer por la vía de las cotizaciones para no exceder el tope de carga tributaria.

– En la Tabla 3 se presentan algunos ejemplos del impacto de la propuesta de renta global.

Tabla 3: Ejemplos

Conclusión

La demagogia, populismo y cinismo parece no tener límites para el señor Presidente Rodrigo Chaves y su Ministro de Hacienda Nogui Acosta. Con el propósito de granjearse el apoyo electoral y emocional del ciudadano costarricense ofreció entre otras cosas que no serían necesarios más impuestos, pero si una administración tributaria eficiente que considerara la evasión y elusión presupuestaria, pero ni una ni otra promesa ha cumplido, todo lo contrario, más impuestos, resultados poco significativos contra la evasión y no se apoyó el proyecto de ley que procuraba atacar el fraude fiscal. El Ministro de Hacienda, por su parte, tiene el cinismo de negar que la propuesta de renta global trate de más impuestos.

El análisis que se presenta está referido solamente al impacto al salario y jubilaciones producto de la propuesta de renta global, sin embargo, sus efectos deben analizarse integralmente. Las personas asalariadas y jubiladas de ingresos medios y bajos han venido soportando además una escalada en las acciones que deterioran su bienestar social y económico: congelamiento de salarios, no reconocimiento del costo de la vida, como consecuencia de la aplicación de la Ley de equilibrio fiscal, en un contexto inflacionario. De conformidad con el Índice de Precios al Consumidor (IPC), de diciembre 2019 al mes de abril 2023 el deterioro del poder adquisitivo de los salarios y las jubilaciones a las que no se les ha reconocido ajuste, supera el 11%. En el caso de las jubilaciones del Régimen Transitorio de Reparto se aprobó la Ley 9796 que disminuyó significativamente el monto efectivamente recibido por las jubilaciones medias y bajas y continúan las amenazas con nuevos proyectos de ley.

*Economista, ex vicerrector de Desarrollo de la Universidad Nacional.

El valor político de una espalda

Por Memo Acuña (sociólogo y escritor costarricense)

El cuerpo como reducto, recurso, representación social. El cuerpo como arma, signo, símbolo. Donde se inscriben las marcas de la desigualdad, al mismo tiempo que la respuesta.

El cuerpo, poner el cuerpo, es quizá de los enunciados más claros a nivel político en los últimos tiempos.

La primera línea de personas jóvenes en los hechos del Chile de finales de la última década pagó prácticamente con sus ojos la acción cruenta y salvaje de personas entrenadas para matar.

Las 40 personas migrantes centroamericanas y de otros orígenes asesinadas en un centro de detención incendiado en Ciudad Juárez, pusieron su cuerpo para tratar de salvarse.

Los dos dirigentes indígenas costarricenses asesinados por defender sus territorios y sus familias marcadas con fierros calientes, estuvieron allí con sus cuerpos como dispositivo de resistencia.

Nunca como ahora el valor del cuerpo mecanismo de protesta y resistencia. Nunca como en estos tiempos de regresión neoliberal, el significado de un acto en el mismo corazón de la hegemonía cultural en Costa Rica.

Dar la espalda significa no reconocer, desconocer, resignificar, dignificar el trabajo del artista. Dar la espalda al poder es simbólicamente resistir a su funcionamiento. No verle la cara. Apelar a otros lenguajes corporales para decir, gritar.

En la reciente ceremonia de entrega de los premios nacionales de cultura, el acto fue justamente resignificado por un grupo de mujeres artistas en el campo visual, que bajo la consigna del hartazgo (qué más harta puede estar una mujer que un día sí y otro también experimenta violencia, acoso, discurso de poder y discriminación) expresó su profundo enojo contra los intentos de las elites dominantes por aniquilar la cultura, el arte y la educación del escenario nacional.

Lo hicieron allí, en ese otro escenario dispuesto para la alta cultura, las “bellas artes”. Son Las Hartas. Así se llaman. Así actúan. Así confrontan.

“Las artes, ni bellas ni apolíticas: críticas y combativas” rezaba uno de los carteles en la protesta convocada por personas trabajadoras del sector mientras adentro la espalda de Las Hartas enseñaba, implicaba, decía.

Dar la espalda como valor político. En otros momentos ha sido el puño en alto, el valor simbólico de una boca cosida, la inscripción de discursos de protesta y respuesta en todo el cuerpo.

El cuerpo como posibilidad y activación de una forma, otra, en la que lo político emerja desde la pulsión, desde adentro.