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Reflexiones sobre política exterior y diplomacia costarricense en la administración gubernamental del Dr. Rodrigo Chaves Robles

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Luis G. Martínez Sandoval.

MBA Lic. Bach. Luis Gilberto Martínez Sandoval
Académico Universitario, Sede Central UTN www.utn.ac.cr
Especialista en Relaciones Económicas y Políticas Internacionales, Administrador de Empresas énfasis Mercados Globales y Negocios Internacionales.
Ex Funcionario Banco Mundial IFC – Grupo Wong Ecuador y,
América Latina,
Escritor, Científico Social

«La política exterior puede, por lo tanto, ser ya definida como el conjunto de acciones de un Estado en sus relaciones con otras entidades que también actúan en la escena internacional con objeto, en principio, de promover el interés nacional.»

P.A. REYNOLDS

En Costa Rica, el Presidente y, el Canciller a través de la Dirección General de Politica Exterior, definen la política exterior costarricense dado que es la “dependencia responsable de la coordinación de la política exterior de Costa Rica. Con fundamento en los lineamientos generados por la Presidencia de la República, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto y, los Altos Intereses de la Nación, esta dependencia establece los procedimientos a seguir para resguardar y promover los principios que han inspirado las relaciones con otros Estados u Organismos.” “En cuanto a su misión la Dirección de Política Exterior es la instancia responsable de brindar el apoyo necesario tanto al Ministro como al Viceministro a fin de que, conjuntamente con el Presidente de la República, se procure la elaboración, formulación, implementación y evaluación de la política exterior del país; así como el logro de una eficaz orientación de las relaciones internacionales, la promoción de los intereses políticos, económicos y sociales, además de ser el ente facilitador de las gestiones nacionales ante Gobiernos, Organismos e Instituciones Internacionales, y participar activamente en la salvaguarda de la soberanía nacional.”

La Dirección citada supra, ha establecido los siguientes ejes estratégicos, mismos que vienen de otras administraciones gubernamentales:

  1. La defensa de la democracia, la integridad territorial y la soberanía nacional.
  2. La promoción, la protección y el respeto de los Derechos Humanos y libertades fundamentales.
  3. La promoción de la paz, del desarme y de la seguridad nacional, regional y mundial
  4. El fortalecimiento del Derecho Internacional y el desarrollo de un multilateralismo efectivo.
  5. La promoción del desarrollo sostenible y la coordinación y representación política en las negociaciones ambientales internacionales.

La política exterior se define “como el conjunto de las decisiones y acciones públicas que toma el gobierno de un Estado dirigidas en el ambiente internacional en función de los intereses nacionales que se traducen en objetivos- metas” Para Andrés Rozental,, “la esencia de la política exterior es un cálculo político guiado por el interés nacional junto con la instrumentación de una estrategia coherente para alcanzar los objetivos marcados”.

Existen puntos en común que establece la política exterior, entre los que se pueden mencionar los siguientes:

  • No puede ser separada de la política interior de los Estados.
  • Es una política manejada por el grupo de personas que se encuentre en el poder en ese momento.
  • El conjunto de políticas que se definan debe funcionar como un instrumento conciliador entre el interés nacional y los intereses globales.
  • Debe establecer objetivos y estrategias concretas para la solución de un problema o un determinado fin.

Respecto a el proceso de toma de decisiones en política exterior implica las fases siguientes:

  • La evaluación del ambiente político internacional y nacional.
  • Configuración de las metas.
  • La determinación de opciones políticas.
  • Acción formal de toma de decisiones que estar guiada por la rama ejecutiva del gobierno (Presidente) y, el Ministro de Relaciones Exteriores y Culto con participación del Ministro o Ministra de la Presidencia.
  • La aplicación o implementación de la opción política escogida.

En ese sentido, los expertos sugieren que cada nación debe seguir el modelo de actor racional que se guía por la teoría de la elección racional en sus relaciones internacionales y política comercial. Según el modelo de actor racional, el Estado usa el proceso de toma de decisión racional, un proceso que incluye:

  • La configuración de las metas y su valoración
  • La consideración de las opciones
  • La evaluación de sus consecuencias
  • La maximizan de valor

En ninguno de los ejes estratégicos de la Dirección General de Política Exterior esta plasmada las dimensiones político-estratégica y geo económicas para el país. Ni mucho menos una estrategia holística de proyección global, basada en la consolidación de espacios regionales de poder y la consecuente construcción de liderazgo en política exterior de Costa Rica. Costa Rica requiere de una política exterior de mayor visibilidad. Debemos tener una mayor participación global y regional. Una política exterior más asertiva y de mayor agresividad. Más proactiva.

Formulamos algunas preguntas:

  • ¿Cuáles son las principales estrategias en política exterior que establece la Dirección citada supra?
  • ¿Cuáles son los fundamentos de la política exterior del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto? ¿Regiones o Naciones?
  • ¿Cuál es la convergencia y coevolución en lo económico, diplomático y estratégico a nivel institucional MREC para Costa Rica en el Siglo XXI?
  • ¿Cuáles son los intereses nacionales centrales en la política exterior costarricense de la presente administración?
  • ¿Cuál es nuestra estrategia geoeconómica en política exterior y diplomacia comercial costarricense?
  • ¿Tenemos como nación estado una política exterior un “plan único” consciente y de gran alcance (algo así como un plan maestro)?

En el Siglo XXI nuestra política exterior deberá ser menos burocrática institucional y más pragmática y enérgica según el interés nacional y las regiones a priorizar.

Adicionalmente, se plantea, por parte de la Dirección citada supra en relación con los procesos de integración regional, como reto principal contribuir a la revitalización de una estrategia de integración SICA, OEA, SEGIB, CELAC y AEC que son conocidos por estudiosos de las relaciones internacionales como procesos históricos de integración fracasados y burocráticos sin resultados tangibles.

Un solo ejemplo, el SICA no a podido hacer desde su creación una propuesta regional de todo un transporte ferroviario de personas y bienes en América Central que una desde Guatemala, Belice, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica y Panamá con una poderosa Agencia Ferroviaria similar a la de la Unión Europea base para una verdadera integración y movilidad de factores específicamente el factor humano centroamericano y el movimiento de bienes. Y, con pasaporte común centroamericano.

Asimismo, en el ámbito multilateral nuestra política exterior se guía por representaciones permanentes en Nueva York, Ginebra y Viena ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y sus agencias especializadas. Lo anterior ha caracterizado nuestra política exterior costarricense desde 80’s hasta la fecha.

El Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto cuenta con 47 sedes diplomáticas llamadas Embajadas y, 52 Consulados – que dada la nueva realidad del avance en TICs y la Revolución Científica Tecnológica de entornos virtuales ya no son tan necesarias y podrían derivar en Embajadas según Regiones Estratégicas Geopolíticas y Geoeconómicas y no por países o nación. Con ello ahorraríamos considerables recursos del presupuesto nacional.

Por ejemplo, Costa Rica puede tener una Embajada Regional con un Equipo de Alto Nivel Especializado para China y el Sudeste Asiático, o bien para atender la Región de Centro América, o una para la Región del NAFTA, la Alianza Pacífico, Mercosur, así también, una Embajada y Consulado Regional que atienda todos los 27 países de la Unión Europea en diversos temas de carácter político – diplomático y de auxilio consular y, no una Embajada por país que es un gasto público excesivo e innecesario. Debemos Regionalizar Institucionalmente como prioridad en política exterior y diplomacia costarricense.

Como bien nos explican (Pearson, Frederic S., Rochester, J.Martin: 2010): “La diplomacia de hoy ha cambiado considerablemente con los años, a medida que han cambiado las condiciones del sistema internacional.”. “En el siglo XIX y principios del siglo XX, las embajadas tendían a ser pequeñas y a menudo estaban compuestas únicamente por un embajador y un pequeño grupo de funcionarios. Se esperaba que los embajadores fueran personas con una formación amplia y con capacidad de aprender una gran variedad de funciones. Hoy día, el personal de las grandes embajadas incluye especialistas tales como funcionarios de información, funcionarios consulares, los agregados comerciales, agregados militares y oficiales de inteligencia. La creciente burocratización de las embajadas refleja el volumen creciente de la complejidad de las transacciones internacionales. Debe agregarse que muchos países pobres carecen de recursos económicos y del personal necesario para mantener el moderno tipo de embajadas descrito” (Ibidem: 2010) “Las avanzadas comunicaciones y la tecnología del transporte propias de la era moderna han hecho que los gobiernos dependen cada vez menos de sus embajadores en el sentido de que sean sus principales representantes en el manejo de los asuntos con un país extranjero”.

Adicional a lo anterior, existen convenios y tratados internacionales negociados por COMEX y ratificados por la Asamblea Legislativa que requieren por parte de la presente administración de una profunda evaluación como de su análisis y costo de oportunidad y valorar usar la cláusula de escape. Véase: https://www.comex.go.cr/tratados/

Nuestra Nación- Estado cuenta con una Presidencia de la República como su Canciller de la Republica de Costa Rica que son personas con experiencia internacional. El Dr. Rodrigo Chaves Robles, Economista, Exfuncionario de carrera del Banco Mundial durante más 35 años que ha desempeñado cargos en más de 45 países de América, Europa y Asia. Su actual Canciller el Dr. Arnoldo André Tinoco Canciller de la República de Costa Rica, Abogado de profesión, que ha ocupado cargo como Cónsul General Honorario de Noruega en Costa Rica, Árbitro Internacional. Ambos son quienes toman las decisiones racionales en política exterior.

Costa Rica tiene para los próximos años grandes desafíos que debemos enfrentar usando creativamente nuestra política exterior y diplomacia comercial. Por ejemplo, la desigualdad en lo económico y educativo. Hay que sacar la economía hacia el crecimiento y desarrollo económico con inversión extranjera directa. La desigualdad es profundamente marcada en las provincias de Limón y Puntarenas y las fronteras. Y debemos poner freno a la corrupción e inseguridad ciudadana.

Tanto la política exterior como la diplomacia son instrumentos estatales poderosos para enfrentar los desafíos internos. Al igual que la política monetaria y fiscal para el Banco Central. Son instrumentos estatales para conseguir fines-metas.

Para afrontar estos y otros desafíos del país requerimos una política exterior y diplomacia comercial internacional activa y diferente – disruptiva- a lo que hemos hecho hasta el día de hoy.

En ese sentido, solo dando un nuevo enfoque guiado por el realismo político y el pragmatismo podemos integrarnos de manera exclusiva con China, Taiwán, Corea del Sur, Hong Kong, Singapur, Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), ser parte activa en el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacifico (APEC), Japón, Consejo Económico de la Cuenca del Pacifico (PBEC), el foro de las Islas del Pacifico, la Alianza del Pacífico. ¡El Siglo XXI se juega allí no se juega en Occidente! Requerimos de una política exterior activa guiados por la convergencia y la coevolucion de alto nivel según regiones estratégicas para captar la atracción de Inversión Extranjera Directa IED como la generación de “Cumbres” y reuniones de alto nivel (RAN) para impulsar nuestra economía principalmente en infraestructura (p.ej. aeropuertos, puertos, carreteras, transporte de carga del Atlántico al Pacífico) y aprender de los procesos que están desarrollando en ciencia, tecnológica y técnica. Así también, la mejora de los modelos educativos y construir ciudades del futuro en Costa Rica.

Como especialista en el estudio de las relaciones económicas y políticas internacionales me parece que se debe diseñar e implementar en éste gobierno una política exterior pragmática, comercial y desideologizada para avanzar a un nuevo enfoque en nuestras relaciones internacionales y comercio exterior. Trabajando dos conceptos la convergencia y la coevolución guiada por el interés nacional. Por eso, debemos cambiar el enfoque que hasta ahora se le había venido dando a la política internacional y comercial exterior costarricense, asumiendo un papel, no de consejo y obediencia como normalmente se entendería, sino dominante, fuerte y hasta cierto punto autosuficiente en la política exterior costarricense. Guiada por una presencia activa del Poder Ejecutivo en las relaciones económicas y políticas internacionales.

Para lograr lo anterior, requerimos de asesoría de alto nivel política y diplomática para rediseñar el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto conjuntamente con el Ministerio de Comercio Exterior, PROCOMER y el Ministerio de Economía, Industria y Comercio. Lo que permitirá crear una institucionalidad coordinada para instrumentar una estrategia nacional en dos áreas vitales: política comercial exterior y política internacional. Nuestra política exterior y, comercial debe hacer un giro de negocios y encontrarse, unificarse en una sola institucionalidad poderosa de cara al mundo. En ese sentido, requerimos fusionar y absorber el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto con el Ministerio de Comercio Exterior, Procomer y Ministerio Economía, Industria y Comercio e imitar lo que realizo Japón en su momento con el MITI con extraordinarios resultados.

Nuestra prioridad en política exterior y comercial es la búsqueda de Atracción de Inversiones Extranjeras Directas para generar empleos, crear dos Zonas Económicas Exclusivas – que son muchos más profundas que las Zonas Francas- una en Puntarenas y otra en Limón usando todos los cantones y distritos de ambas provincias una con proyección al Sudeste Asiático y la otra con proyección hacia el Atlántico. Desarrollar el proyecto de ferrocarril para volver a unir el Pacifico y el Atlántico como la idea de un Canal Seco que consiste en un par de grandes puertos, uno localizado en el Océano Pacífico y otro en el Mar Caribe, dos conjuntos de líneas férreas con suficiente velocidad de viaje y capacidad de carga, con una serie de facilidades logísticas para acelerar el intercambio de mercadería entre un lado y el otro. (Loría Salazar: 2016).

Costa Rica debe usar pragmáticamente la diplomacia y política exterior para mover su eje de desarrollo del Valle Central hacia la proyección marítima: Provincia de Limón y Provincia de Puntarenas. Y unirse con un ferrocarril de carga bienes y de personas como bien lo pensó Tomás Guardia Gutiérrez en tiempos del Siglo XVIII y que lamentablemente fue clausurado por la Administración Figueres Olsen. Es tiempo de movernos hacia las costas pacífica y atlántica con proyección marítima – incluye también construir dos nuevas megaciudades modernas como centros de negocios una en cada provincia costera similar al proyecto NEOM, Arabia, el Nuevo Futuro (que mide tres veces el tamaño de Chipre), una nueva ciudad y área económico- tecnológica en todos los 9,189 km² que mide la Provincia de Limón y en los 11,266 km² que mide la Provincia de Puntarenas- generando toda la infraestructura necesaria en ambas provincias costeras: Puntarenas, Esparza, Buenos Aires, Montes de Oro, Osa, Quepos, Golfito, Coto Brus, Parrita, Corredores, Garabito.

Limon, Pocosí, Guapiles, Siquirres, Matina, Limón, Talamanca

Debemos cambiar el enfoque que hasta ahora se le ha venido dando a la diplomacia y política internacional costarricense tanto en comercio exterior como política exterior por parte de los Presidentes y Cancilleres de turno que fue elaborada para la Guerra Fría y que ya no funciona para las nuevas realidades en la Globalización y las nuevas realidades tecnológicas y científicas guiadas por la Inteligencia Artificial.

Es hora de proponer una reorganización institucional que permita bajo una nueva ley marco o decreto ejecutivo fusionar los Ministerios citados supra para que se convierta en un superpoderoso Ministerio. Y, darle la responsabilidad de definir y conducir la política exterior, la política de comercio exterior y la inversión extranjera directa (IED) con miras no solo a promover la integración de Costa Rica a la economía global sino también generar un super ministerio de gran poder de decisión y negociación y cuyos cambios estructurales puedan generar un redireccionamiento estratégico en política exterior y comercio internacional para obtener:

  • Alineamiento estratégico con China y Sudeste Asiático, los BRICS, EUA priorizando el Estado de California y, UE priorizando Alemania y los Países Escandinavos, con la Región de Centro América y con los Bloques Comerciales de Sur América. Y, alineamiento estratégico con países del Medio Oriente (selectivamente elegidos)

El gobierno bien puede contratar una firma de asesoría llevada al más alto nivel que nos daría la visión global y los elementos necesarios para la reorganización institucional como también el redireccionamiento estratégico en nuestra política exterior y comercial internacional. Asi también, a través de la diplomacia comercial y de negocios acercarnos a grupos como: Grupo Bilderberg, Corporación RAND, Hollinger Group, Gulfstream Aerospace, NASA, la Agencia Espacial Europea, la Administración Espacial Nacional de China o CNSA. Como también, una política exterior y diplomacia comercial dirigida hacia las corporaciones Microsoft, Apple, Amazon, Alphabet, Berkshire, Tencent, Facebook, Alibaba, Johnson & Johnson, JP Morgan Chase, Visa, Exxon Mobile, Walmart, Banco ICBC, Pzifer. Lo que abre la posibilidad de generar oportunidad de negocios para nuestra nación en el corto plazo con los alineamientos estratégicos citados supra. No podemos seguir dependiendo de CINDE.

Tenemos ventajas competitivas importantes en el Poder Ejecutivo. El Sr. Presidente, viene de un Organismos Internacional como el Banco Mundial (35 años donde laboró para 45 naciones). Y la conducción de la política exterior por Constitución Política es suya no del Canciller. Está posicionado como un líder popular en América Latina y el Caribe no visto en los últimos 40 años. Conoce muy bien EUA, la UE, Sudeste Asiático, América Latina. Está joven tiene 61 años para dar un viraje en política exterior y comercial internacional costarricense. Habla Español, Inglés y Bahasa Indonesia – Turco. Está casado con Signe Zeikate nacida en Letonia, que también es economista y quien fuera directora del Programa para el Desarrollo de los Países Pobres del Banco Mundial.​ Ambos de alto nivel internacional. El Presidente es un llíder pragmático, un verdadero Chief Executive Officer (CEO) a cargo de la presidencia de la República de Costa Rica. Llegó a la Presidencia con el 53% de los votos. Y hoy goza del 83% de opinión favorable de los y las costarricenses. No representa el statu quo, ni tiene negocios con las élites tradicionales de éste país ni los intelectuales ni grupos de interés ni grupos de presión. Representa lo nuevo, el cambio, y su base político electoral está en dos provincias costeras: Puntarenas y Limón. Allí es donde hay que desarrollar igual que China dos Zonas Económicas Exclusivas donde se rijan – igual que China y sus provincias costeras- por la economía de mercado, liberalización, apertura comercial etc. Y aunque las propuestas del Sr. Presidente en política exterior son:

  • Reanudación del proceso de ingreso a la Alianza del Pacífico, plan de integración regional y libre comercio conformado por México, Colombia, Perú y Chile.
  • Inicio de la negociación de un Tratado de Libre Comercio con Ecuador.
  • Nombramiento de embajadores con perfil económico y técnico en varias embajadas claves como las de la Organización Mundial del Comercio, OCDE, Banco Interamericano de Desarrollo y Banco Centroamericano de Integración Económica.
  • La modernización y agilización del Puerto de Caldera.
  • Foro Económico Mundial de Davos en Suiza.

Debemos cambiar el enfoque que hasta ahora se le había venido dando a la política internacional y política comercial costarricense. Solo un proceso interno de reorganización de la institucionalidad que genere por fusión una nueva estructura nos permitirá integrarnos a la nueva estrategia global costarricense en el Siglo XXI, con la finalidad de estar fuertes para la competencia en los mercados globales seleccionados y, en alianza con las empresas multinacionales globales que nos permitirán desarrollar dos grandes Zonas Económicas Exclusivas citadas.

En conclusión, como bien lo señalan expertos consultados en la web “La política exterior de un país es instrumental para alcanzar ciertos objetivos nacionales, lo que implica que deberá caracterizarse por su adecuada flexibilidad y mantenerse en evolución al desarrollo del sistema internacional para poder servir eficazmente a los intereses de su nación.”… Parafraseando a Henry A. Kissinger la guía esencial para la política exterior de Costa Rica en los próximos años del Gobierno del Dr. Rodrigo Chaves Robles deberá tener una clara definición de interés nacional guiado por los cambios en la geopolítica y geoeconomía mundiales que emergen en el Siglo XXI. Y proponer una fusión del Ministerio de Comercio Exterior y Promotora de Comercio Exterior, el Ministerio de Economía, Industria y Comercio con Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto para crear un super Ministerio de Comercio Exterior, Economía, Industria, Banca y, Relaciones Internacionales por sus siglas MCEIBRI. Cuyas atribuciones sean definir y dirigir, la política comercial externa y de inversión extranjera, dirigir las negociaciones comerciales y de inversión, incluido lo relacionado con suscribir tratados y convenios sobre esas materias. Que coordine esfuerzos con Ministerio de Agricultura y Ganadería como el Ministerio de Hacienda y su política arancelaria. Representar al país en la Organización Mundial del Comercio y en los demás foros comerciales internacionales donde se discutan tratados, convenios y, en general, temas de comercio e inversión. Establecer mecanismos reguladores de exportaciones, cuando sea necesario por restricciones al ingreso de bienes costarricenses a otros países. Dictar las políticas referentes a exportaciones e inversiones. Dirigir y coordinar planes, estrategias y programas oficiales vinculados con exportaciones e inversiones. Evaluar las políticas de comercio exterior e inversiones por lo menos una vez cada dos años. Apoyo interinstitucional.

Cacerías de brujas y estado de excepción en Costa Rica (I)

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Rogelio Cedeño Castro, sociólogo y escritor costarricense

El estado de excepción y la violación sistemática de los derechos humanos ha sido una amenaza constante para la ciudadanía, incluso en las llamadas sociedades o países “democráticos” que suelen incubar en seno tendencias autoritarias, las que terminan haciéndolos emular a los regímenes totalitarios contra quienes dicen luchar en nombre de la democracia.

Uno de los casos menos conocidos, hoy condenado al rincón de un olvido todavía muy conveniente de la llamada “historia oficial” para algunas gentes es el de los ciudadanos costarricenses de origen alemán e italiano quienes fueron acusados, sin tener derecho a la defensa y al debido proceso, de ser partidarios de los regímenes fascistas de Alemania e Italia, encerrados en campos de concentración en Costa Rica (donde existió al menos uno, donde hoy se encuentran las instalaciones del mercado de mayoreo), a partir del 7 de diciembre de 1941 cuando adelantándose a la declaración de guerra a las llamadas potencias de eje que harían los EEUU y las potencias aliadas, en los días siguientes al ataque japonés a la basa naval estadounidense de Pearl Harbor, en las islas de Hawái, Costa Rica entró oficialmente en guerra con esos países y elaboró una lista negra con más seiscientos ciudadanos costarricenses que apareció publicada en el diario La Tribuna, sembrando el odio entre la ciudadanía, algo que con el paso de los años se les revertiría a los gobiernos de Rafael A. Calderón y Teodoro Picado, y a sus partidarios calderonistas de entonces, al ser derrotados en la guerra civil de 1948. Lo “negro”, en el peor de los sentidos, no fue la lista en sí misma, sino el hecho de que se privara de su libertad, de sus derechos políticos y de sus bienes a un importante grupo de costarricenses de origen europeo, a los que no había que comprarles ni venderles para llevarlos a la ruina, dentro de lo que constituye una monstruosidad política y jurídica.

Poco después, los vencedores de entonces, cayeron a partir de 1948, en la trampa de introducir el estado de excepción durante casi tres décadas, al establecer dentro del articulado de la Constitución de 1949, la prohibición de la formación de partidos políticos de izquierda, además del impedimento de su participación en los procesos electorales, dejando la decisión en manos del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), creado en 1947 mediante una propuesta del diputado vanguardista-comunista Luis Carballo, pues hasta entonces todo el proceso se manejaba desde la Casa Presidencial y se acudía, con mucha frecuencia a los fraudes electorales.

El constituyente Rodrigo Facio Brenes y otros compañeros se negaron a votar esa medida punitiva contra la izquierda, al intervenir en los debates que condujeron a la elaboración de la Constitución Política de 1949, cuando dejó clara su oposición al párrafo segundo del artículo 98 (una propuesta muy reaccionaria de Fernando Volio Sancho), utilizada para sacar a casi toda la izquierda costarricense del juego político, durante casi tres decenios, porque su texto estaba introduciendo el estado de excepción permanente en un texto constitucional, como una norma pétrea antidemocrática, la que además le daba al Tribunal Supremo de Elecciones atribuciones indebidas sobre la naturaleza y la formación de los partidos políticos, las que han ido mucho más lejos del propósito inicial, llegando a deformar profundamente la naturaleza de los llamados “partidos políticos” en Costa Rica.

Rodrigo Facio dijo al respecto que: “…, en el propio seno de la Comisión Redactora, yo me pronuncié, y así consta en las actas respectivas, contra que fuese el Tribunal Supremo de Elecciones el llamado a declarar la descalificación de partidos inconstitucionales porque dije, y ahora lo repito, así lo que lograríamos sería poner en entredicho la imparcialidad de un organismo llamado exclusivamente a fallar, dentro del campo jurídico, el aspecto aritmético de los votos emitidos por los partidos, al ponerlo a fallar sobre cuestiones de fondo, como son los programas, la ideología o los medios de acción de esos partidos (Óscar Castro Vega RODRIGO FACIO EN LA CONSTITUYENTE DE 1949 Editorial UNED San José Costa Rica 2003, página 216).

Dentro de su razonamiento general sobre el tema Facio Brenes indicaba lo siguiente: “¿… será una norma de prohibición general, tal cual la ofrece la moción del compañero licenciado Volio Sancho? Yo creo francamente que no, por varias razones. Porque una fórmula así de amplia ofrece posibilidades de abuso, para perseguir injustamente, por motivos políticos del momento, a este o al otro partido. Porque de lo que se trata es adelantarse a un peligro concreto: el del comunismo (hay en cambio una cierta benevolencia hacia el ala fascista de los vencedores del conflicto armado, quienes dieron lugar a la Asamblea Constituyente, sin dejar de perseguir a los vencidos calderonistas y “comunistas”), y para hacerlo se acude a una fórmula indeterminada que puede ir mucho más allá de la reacción contra el comunismo” (Óscar Castro, Op.Cit, página 213).

Esto último se hizo evidente durante las décadas siguientes cuando se proscribieron numerosos partidos políticos de izquierda, conformados no solamente por seguidores de Vanguardia Popular, sino también de otras corrientes de ese lado del espectro político: De esta manera, fueron privados de sus derechos políticos ciudadanos como el escritor y pedagogo Joaquín García Monge, además de editor del Repertorio Americano, el novelista Fabián Dobles Rodríguez de filiación vanguardista pero que también había sido inicialmente miembro del Centro para el Estudio de los Problemas Nacionales, como asimismo a muchos dirigentes políticos que provenían de la llamada “izquierda liberacionista”, dando lugar a verdaderas cacerías de brujas entre gentes que parecían tener cercanías ideológicas importantes entre sí, lo que se hizo más evidente con el paso del tiempo.

Ya el mismo Rodrigo Facio, durante la discusión de ese abominable texto de Volio Sancho, habló acerca de la persecución y proscripción sufrida por el APRA en el Perú durante la dictadura de Manuel Odría (1948-1956), cuando Víctor Raúl Haya de la Torre debió asilarse en la Embajada de Colombia en Lima, pasando varios años en ella sin recibir el salvoconducto para salir del país. Todo esto ocurrió también en un país llamado Costa Rica, donde los políticos del establecimiento tienen la fea costumbre de ofrecer benemeritazgos a granel a las gentes que habían perseguido toda una vida, privándolas incluso del ejercicio de la ciudadanía, durante buena parte de sus vidas.

Acuerdo de Escazú: breves reflexiones sobre la segunda Conferencia de Estados Partes (COP2)

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Integrantes de la delegación de Chile durante la COP2 sobre el Acuerdo de Escazú, realizada del 19 al 21 de abril de 2023. Foto extraída de la red social de Twitter.

Nicolas Boeglin, Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR). Contacto: nboeglin@gmail.com

(Una versión en francés de este texto está igualmente disponible en este enlace).

El pasado mes de abril, inició en Buenos Aires (Argentina) la segunda Conferencia de Estados Partes al Acuerdo de Escazú, un tratado regional adoptado en Costa Rica en el 2018 (véase texto completo).

Esta cita, que se celebró entre el 19 y el el 21 de abril, también se denominó por sus siglas en inglés «Conference of Parties» o «COP2»: se trata en efecto de una reunión en la que participan los Estados Partes al Acuerdo de Escazú, y que suman a la fecha 15 (véase estado oficial de firmas y ratificaciones).

La inauguración del evento contó con la presencia de Jefe de Estado argentino (véanse nota oficial y comunicado de prensa de la Casa Rosada) y se pudieron seguir todas las sesiones en directo, accesando el enlace oficial de la CEPAL previsto para este efecto (véase enlace).

Estados Partes y Estados no Partes invitados y eventos paralelos

Esta COP2 fue objeto de una reunión preparatoria previa, realizada también en Argentina el pasado 6 de marzo, en la que se precisaron los temas a discutir (véase informe): se indica (en páginas 15 y 16 del precitado informe) que fueron invitados a participar a esta reunión preparatoria representantes de Estados que aún no han ratificado el Acuerdo de Escazú, a saber: Brasil, Colombia y Perú. Un gesto de naturaleza política de los 15 Estados Partes hacia estos tres Estados, invitados a observar diversas sesiones, una de ellas muy esperada sobre las iniciativas de cada Estado Parte para implementar en el plano nacional el Acuerdo de Escazú.

En el caso de Centroamérica, no se observó presencia de delegados de El Salvador, Guatemala y Honduras, pese a la crítica situación que viven ahí quienes alzan la voz en defensa del ambiente. Un reciente informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la dramática situación de los defensores del ambiente en El Salvador, Guatemala y Honduras (véase informe) evidencia la urgente necesidad de adoptar medidas y figuras legales previstas en el mismo Acuerdo de Escazú.

Cabe señalar que, de forma paralela a las reuniones de los representantes estatales durante esta COP2, se realizó una serie de muy variados eventos organizados desde la sociedad civil y desde diversas organizaciones internacionales (véase programa de eventos paralelos).

El Acuerdo de Escazú favorece y fomenta la participación del público, y las COP constituyen un llamativo espacio en el que delegados estatales y organizaciones de la sociedad civil pueden interactuar con la mayor naturalidad: un esfuerzo en materia de transparencia que ameritaría ser replicado en el caso de reuniones similares relativas a otros tratados internacionales en materia de ambiente y de derechos humanos, sean instrumentos jurídicos universales o regionales.

En esta COP2, Chile (uno de los dos Estados que lideró las negociaciones durante más de 5 años y medio que culminaron en Escazú), participó esta vez como Estado Parte: véase entrevista a la negociadora chilena del Acuerdo de Escazú, publicada en País Circular, del 18/04/2023. Un reciente informe (véase texto) sobre el grado de cumplimiento de Chile con los estándares que propone el Acuerdo de Escazú analiza las diversas iniciativas tomadas por las autoridades gubernamentales chilenas, que deberían de poder replicarse en otras latitudes en América Latina. A su vez la sociedad civil presentó valiosas propuestas a los Estados Partes, tal como por ejemplo, entre muchas otras, este informe elaborado por OXFAM (véase documento).

Más generalmente, esta otra entrevista a un alto funcionario de la CEPAL (publicada en Diálogo Chino, edición del 14/04/2023) permite también apreciar los desafíos que para los Estados de la región significa la construcción de una verdadera democracia ambiental, y ello a partir de los principios enumerados en el Acuerdo de Escazú.

La COP 1 y la COP2 en breve

Como se recordará el Acuerdo de Escazú se adoptó en marzo del 2018 en Costa Rica, y el proceso de negociación fue co-liderado por Chile y Costa Rica. Este tratado regional entró en vigor en abril del 2021 al reunir las ratificaciones necesarias (en total 11, según lo establece el mismo tratado en su Artículo 22).

La primera COP se reunió un año después, en abril del 2022, en Santiago de Chile (véase programa y declaración final), contando en aquel momento el Acuerdo de Escazú con 12 Estados Partes, a saber: Antigua y Barbuda, Argentina, Bolivia, Ecuador, Guyana, México, Nicaragua, Panamá, Saint Kitts y Nevis, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas así como Uruguay.

Desde entonces, el Acuerdo de Escazú ha sumado a tres nuevos Estados Partes: Chile (junio del 2022), así como las ratificaciones de Belice y de Granada registradas recientemente (marzo del 2023) que tuvimos la oportunidad de comentar (además de otros notorios avances del Acuerdo de Escazú en lo que va del año 2023), así como la persistente negativa de Costa Rica en aprobarlo (Nota 1). Sobre este último punto, ya en el 2020 tuvimos la oportunidad de advertir de la «llegada de los mitos» en contra del Acuerdo de Escazú, que se plasmaron en varios comunicados de influyentes sectores económicos costarricenses (Nota 2).

En días recientes, autoridades en Brasil señalaron su interés en acelerar el proceso de ratificación del Acuerdo de Escazú (véase nota de prensa del 13/04/2023): cabe precisar que la titular de la cartera de ambiente de Brasil estuvo presente en la ceremonia de inauguración de la COP2 (véase nota oficial). El triste paréntesis que significó para los derechos humanos y el ambiente, así como para las poblaciones indígenas brasileñas, la administración del Presidente Bolsonaro (2017-2022), permite augurar un renovado interés de las autoridades de Brasil en adherir al Acuerdo de Escazú. Organizaciones tales como Transparencia Internacional (véase documento) o Human Rights Watch (véase carta) han solicitado desde varios meses una pronta ratificación por parte de Brasil del Acuerdo de Escazú. El 11 de mayo del 2023 se informó del envío formal por parte del Poder Ejecutivo al Congreso del Acuerdo de Escazú (véase nota de prensa).

Se espera además que próximamente Colombia concluya el proceso de ratificación, al haber sido aprobado el Acuerdo de Escazú por las dos cámaras de su Poder Legislativo en noviembre del 2022, una aprobación que tuvimos la oportunidad de analizar (Nota 3).

En América Latina, además de Colombia, los siguientes Estados han firmado el Acuerdo de Escazú, pero aún no lo han aprobado: Brasil, Costa Rica, Guatemala, Haití, Paraguay, Perú y República Dominicana. Al tiempo que ni tan siquiera lo han firmado los siguientes: Cuba, El Salvador, Honduras y Venezuela.

Los acuerdos alcanzados en la COP2

Más allá de los obstáculos de todo tipo que se han generado en algunos Estados para bloquear la aprobación del Acuerdo de Escazú y del desinterés de otros en (por lo menos …) firmar este acuerdo, son varios los temas sobre la implementación del Acuerdo de Escazú que se discutieron entre los Estados Partes a partir de este 19 de abril en Buenos Aires.

A ese respecto, llama la atención la escasa cobertura en medios de prensa costarricenses sobre las diversas iniciativas gestadas a partir del Acuerdo de Escazú en el 2022, y era previsible que esta COP2 en Argentina sufriera el mismo trato: ni una sola nota en la prensa costarricense publicada al respecto.

En abril del 2022, se compiló una valiosa guía de implementación del Acuerdo de Escazú (véase texto completo) que puede desde ya ser usada para generar u orientar políticas públicas en diversos Estados, sean estos Estados Partes o no.

Entre los diversos temas a tratar en Buenos Aires, figuró también la designación de los siete integrantes del Comité de Apoyo a la Aplicación y Cumplimiento que crea este tratado regional en su Artículo 18, así como la implementación del Fondo Voluntario de Contribuciones (Artículo 14). Esta entrevista al candidato de Argentina designado (véase texto) permite conocer mejor la tarea que se espera del Comité de Apoyo a la Aplicación y Cumplimiento del Acuerdo de Escazú, cuyas reglas sobre su composición y su funcionamiento fueron adoptadas por los Estados Partes durante la COP1 del 2022 celebrada en Chile (véase documento). En el caso de la candidata de nacionalidad costarricense, fue designada por los demás Estados Partes para integrar este mismo Comité (véase nota de OjoalClima del 1/5/2023, única referencia que encontramos en Costa Rica mencionando su eleción).

Adicionalmente, se buscó la forma de darle seguimiento a las diversas recomendaciones y conclusiones del primer foro sobre defensores ambientales, reunido en Quito (Ecuador) en el mes de noviembre del 2022 (véase informe): un Plan de Acción (véase documento) ha sido puesto a consulta para las organizaciones de la sociedad civil con miras a contar con sus insumos y propuestas. Al respecto, un segundo foro sobre defensores ambientales tendrá lugar esta vez en Panamá, durante la última semana de setiembre del 2023.

Cabe señalar que desde el 27 de febrero del 2023 está circulando en la corriente legislativa el proyecto de ley 23.588 en Costa Rica (véase texto): una propuesta de ley que pretende proteger a los defensores del ambiente. Al no observarse una sola referencia al Acuerdo de Escazú y al evidenciarse otras notables carencias y omisiones, somos de la opinión que se trata de una burda maniobra política (véase sobre este proyecto de ley nuestra nota titulada «El proyecto de ley 23.588 denominado ´Ley para el reconocimiento y protección de las personas defensoras de derechos humanos y defensoras del medio ambiente´: algunas breves observaciones«).

Finalmente, se adoptó una declaración final titulada Declaración de Buenos Aires (véase texto) por parte de los Estados Partes, en la que reiteran los acuerdos alcanzados y la necesidad que los Estados que aún no son Estados Partes aprueben el Acuerdo de Escazú «lo antes posible» (punto 14).

A modo de conclusión

Estas y muchas otras iniciativas confirman el paso firme y decisivo que están imprimiéndole al Acuerdo de Escazú los Estados Partes y la CEPAL, conscientes de la importancia de llevar con marcha sostenida la implementación de este tratado regional: un instrumento jurídico moderno en materia de gestión y de gobernanza ambiental, tal y como apuntado en varias publicaciones (Nota 4).

Es de notar que la próxima reunión de los Estados Partes (o «COP») se realizará nuevamente en Santiago de Chile, en el mes de abril del 2024 (confirmándose de paso el marcado desinterés de las autoridades de Costa Rica, al volver a la misma capital que para la primera reunión de este tipo): se considera que probablemente Colombia ya sea Estado Parte para esta cita, y (si se toma en cuenta los deseos externados por los representantes de Brasil durante esta COP2), que Brasil también lo sea o a punto de serlo.

Con relación a Costa Rica, los titulares de esta nota de la DW (Alemania) y de esta otra de France24 (Francia), o bien el título de este cable de la agencia internacional de noticias AFP replicado en un medio uruguayo, permiten apreciar el profundo desconcierto que, a nivel internacional, ha causado su ausencia entre los Estados Partes al Acuerdo de Escazú: a más de cinco años desde su adopción en suelo costarricense, el Acuerdo de Escazú avanza sin Costa Rica, y no se vislumbra mayor cambio de posición de sus autoridades para los próximos tres años.

Nota 1: Véase al respecto BOEGLIN N., «El Acuerdo de Escazú: viento en popa«, Portal de la Universidad de Costa Rica (UCR), edición del 10/04/2023. Texto disponible aquí.

Nota 2: Véase al respecto BOEGLIN N., » ´Llegaron los mitos´: a propósito de los recientes comunicados en contra del Acuerdo de Escazú«, Portal de la Universidad de Costa Rica (UCR), edición del 17/12/2020. Texto disponible aquí. En el mes de abril del 2021, ante un comunicado de una cámara empresarial en Costa Rica en contra del Acuerdo de Escazú, se invitó a sus representantes legales a un debate público virtual con dos académicos especialistas en derecho ambiental, al que prefirieron no asistir: véase la emisión de Café para tres del medio digital costarricense Delfino.cr con los dos académicos invitados a «debatir» con los ausentes. Luego, en el mes de mayo del 2021, un segundo intento desde la UCR confirmó la renuencia al debate antes señalada (véase el foro en este enlace oficial de la UCR). Finalmente, en junio del 2021, fue esta vez desde el Colegio de Biólogos de Costa Rica que se confirmó, por tercera vez consecutiva, que rehuir el debate pareciera ser, para algunos, la manera acordada para defender sus supuestos «argumentos» (véase el foro). Estos últimos reaparecieron en esta carta colectiva de febrero del 2022 suscrita por varias importantes corporaciones del sector privado costarricense.

Nota 3: Véase al respecto BOEGLIN N., «Colombia a pocos meses de ser oficialmente Estado Parte del Acuerdo de Escazú«, Portal de la Universidad de Costa Rica (UCR), edición del 15/11/2022. Texto disponible aquí.

Nota 4: Véase por ejemplo PEÑA CHACÓN M., «Transparencia y rendición de cuentas en el Estado de Derecho ambiental«, Delfino.cr, edición del 17 de abril del 2021, disponible aquí. Sobre el Acuerdo de Escazú, remitimos a tres valiosas (y voluminosas) publicaciones colectivas que detallan los alcances de su contenido y de su importancia para la consolidación de una verdadera democracia ambiental en América Latina y el Caribe: ATILIO FRANZA J. & PRIEUR M. (dir.), Acuerdo de Escazú: enfoque internacional, regional y nacional, Editorial Jusbaires, Buenos Aires, 2022, 670 págs. Obra disponible de manera integral en este enlace; así como BARCENA A., MUÑOZ AVILA L., TORRES V. (Editoras), El Acuerdo de Escazú sobre democracia ambiental y su relación con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, 2021, CEPAL / Universidad del Rosario (Colombia), 298 págs., disponible en este enlace; y PRIEUR M., SOZZO G. y NAPOLI A. (Editores), Acuerdo de Escazú: pacto para la eco-nomía y democracia del siglo XXI, 330 págs., 2020, Universidad del Litoral (Argentina), disponible en este enlace. El hecho que se trata de un instrumento de vanguardia se puede confirmar aún más al revisar los desarrollos para garantizar una correcta aplicación del Artículo 7 y del Artículo 9, elaborados por la misma CEPAL en la precitada guía de implementación del Acuerdo de Escazú, presentada formalmente en abril del 2022 (disponible aquí, particularmente en pp.108-126).

Una razón instrumental perversa

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Por Memo Acuña (Sociólogo y escritor costarricense)

A esta hora, en este escenario y con la clase de actores que tenemos en juego, ningún espacio está vacío, ningún discurso es neutral, no hay nada que no quede sujetado a la dinámica del poder y sus estrategias.

En un contexto de ataques gubernamentales groseros al arte, la cultura y la educación, mediadas por la ética del recorte y la inanición como lev motiv, un nuevo capítulo en una disputa ideológica y (esta vez y por una vez más) política, se ciñe sobre los cimientos del Conservatorio de Castella, institución Benemérita de la Patria y que este año 2023 cumple 70 años de creación.

La disputa no es solo semántica ni retórica. Es política, ética, de sentido. Representa dos modelos de sociedad, dos tesis, dos idearios. No son solo modelos figurativos y organizativos, no es solamente una Junta administrativa versus una fundación: es una matriz histórica de comprensión del funcionamiento de las dinámicas sociales y culturales.

Una tesis defiende los principios, el origen público de la institución y por consiguiente su naturaleza, enfoque y perspectiva incluyente. La otra argumentación se ampara en la dimensión privada, el valor de un bien como el arte en su escala absolutamente monetaria, la mercantilización de la estética como objetivo.

Una tensión no resuelta entre ambas tesis continúa hoy, ahora, del plano discursivo al jurídico, del institucional al político. En medio de la disputa que lleva ya varios años, sobresale el ideario cuya visión defiende la posesión de los bienes patrimoniales del colegio como idea fuerza. Para esta visión, hasta el escudo pareciera adquirir valor de cambio, restándole su significado simbólico como icono representativo de la expresión del arte universal.

En su propuesta analítica acerca de la razón instrumental Max Horkheimer lo define como aquel razonamiento lógico utilizado para obtener un beneficio propio y particular. En este caso se adivina la perversión de la propuesta; una razón instrumental maniquea.

Los argumentos esgrimidos sobre el resguardo de un legado histórico, sus bienes y su significado amparado en la supuesta idea de un bien común deben ser falseados. Cualquier tesis acerca de la naturaleza privada del Conservatorio de Castella debe cuestionarse. Así lo indicó un histórico fallo de la sala constitucional en 2001. A ese fallo debemos remitirnos.

Cada vez que la tesis economicista argumenta su propiedad sobre los bienes patrimoniales y aun sustantivos de la institución debemos hacernos y hacerle algunos cuestionamientos:

¿Quién garantiza que tras la supuesta protección privada de los bienes patrimoniales del Conservatorio Castella, no se esconde una figura de voracidad empresarial dispuesta a disolver la esencia del legado del maestro Arnoldo Herrera González? ¿Quién o quiénes, con qué capital y donde se originó el mismo, están tras esta propuesta? ¿Existe articulación orgánica entre esta entidad de naturaleza privada y algunos mandos con injerencia en ministerios del actual gobierno? ¿Cuáles son sus intenciones?

No es menor que esta disputa se desarrolle justamente en un momento histórico donde la hipótesis sobre el valor subsidiario del arte y la cultura ha ganado espacio y legitimación en la opinión pública.

Muchas veces sobre este tema me he preguntado si quedarme al margen mientras otros se zanjan en la lucha por la defensa de los principios públicos y horizontales que fueron la declaración de principios con los que se creó el Castella. Ahora no me lo pregunto: acciono y aporto como sociólogo, comunicador, artista, docente surgido de las entrañas de esta emblemática institución costarricense. Esta institución me dio lo que soy: le debo por ejemplo el Premio Nacional en Literatura en la rama de ensayo sobre las movilidades humanas en 2019. Desde este lugar de reconocimiento hablo.

Los argumentos están expuestos. Al Teatro Arnoldo Herrera González hay que devolverle su garbo, su color original, su significado. No hay que pasarle candado ni mucho menos pensarlo en un futuro como meca del mercado más ambicioso y descarnado. Si eso ocurriera, habríamos enterrado el legado impulsado por el benefactor Millet de Castella y el maestro Herrera.

Una vez en el colegio en sus instalaciones históricas en Barreal de Heredia, Don Arnoldo detuvo a mis padres para sugerirles que me compraran libros, ya que el pensaba que yo me dedicaría a la escritura. Tenía yo 7 años. Esta impronta previsora que todavía nos alcanza es la que hay que defender con pasión y razonamiento. Restarle a esa perversa razón instrumental economicista y minimalista el poder que se ha otorgado a sí misma.

Ponerla en su lugar.

El menosprecio a la cultura

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Alberto Salom Echeverría

“La cultura es un componente decisivo para la consolidación

de una sociedad tolerante y capaz de vivir en armonía”.

Dr. Ramón Rivas.

“Quiero escribir para aquéllos que quieren tener una relación

viva con su cultura. Muchas veces el conocimiento se ha visto

encorsetado por fórmulas y barreras, y se ha alejado de su labor más útil,

que es enriquecer nuestras vidas y ayudar a conocernos mejor”.

“Parafraseo al escritor Dietrich Schwanitz.”

En el tercer gobierno del Benemérito José Figueres Ferrer (1970-1974), merced al protagonismo, entre otros, de un gran hombre de las letras Patrias y de la cultura nacional, Alberto Cañas Escalante, se fundó el Ministerio de Cultura Juventud y Deportes. Además, Alberto Cañas se convertiría en el primer ministro de esta nueva cartera. Aquel fue un enorme estímulo para impulsar verdaderas políticas públicas nacionales de cultura. De esta manera, se llenó un gran vacío, porque, aunque Costa Rica ya por entonces se caracterizaba por tener un importante bagaje cultural, con la creación del Ministerio de Cultura se produjo un salto cualitativo, haciendo que la obra cultural no fuera solamente la ocurrencia de algunas personas, sino que se creó el marco apropiado para un desarrollo institucional que involucrara a todo el Estado.

No obstante, los muchos éxitos plasmados desde entonces, como son: la fundación del Archivo Nacional, de la Compañía Nacional de Teatro, de la Compañía Nacional de Danza, la creación de la Orquesta Sinfónica Nacional, el enorme realce que adquirió la política de premios nacionales, todavía la cultura sigue viéndose como un “adendum”, una coletilla en el entramado institucional del país.

Ese punto alto que se alcanzó con la creación del Ministerio de Cultura, pese a sus hazañas, se fue desmoronando de a poco, por esa manía de la élite política de ver la realidad en parcelas: por aquí Hacienda, reputada por ser lo más importante, por aquello de que ciertamente ‘no se puede hacer chocolate sin cacao’ (aunque es muy frecuente que, habiendo cacao no aparezca el chocolate por ningún resquicio de la Costa Rica); por allá, ahora parece que muy allá, educación que aunque le ha dado tanto brillo a este país, resulta que alguien apagó la luz del cuarto, hará un cuarto de siglo y algunos no se habían dado ni cuenta de que eso hubiera ocurrido; por acullá seguridad pública, que don Pepe en alguna ocasión llamó Ministerio de Inseguridad Pública, delante del propio ministro que, algunos decían que le serruchaba el piso (de ese cuarto), y, después de eso se nos fue metiendo como por la cocina de la desvencijada casa, algo que estaba cantado con suficiente antelación que ocurriría, porque andaba rondando por todo el vecindario, el narco con tráfico incluido para que no lo pudieran parar que, creó enseguida y sin dilación una cadena de distribución de la droga a granel dentro del país, mientras se organizó debidamente para encadenarse con la sarta de delincuentes, asesinos de toda laya, que tenían muy claro el destino final del gran negocio, el norte-norte, adonde los esperaba y los espera todavía, la gran mafia de todas las mafias de la droga, parcialmente protegida por parte del Ministerio de Injusticia del ‘más allá’, porque desde ahí, hace mucho, haciendo alarde justamente de la injusticia consumada se logró que, las miradas y el dedo acusador estratégicamente apunten al sur, donde ‘la maligna’ se produce y de donde sale en tropel, pero para que se consuma en abundancia en la ‘Tierra del más allá’ y ‘allende los mares’, porque en toda esa extensión es donde está el gran negocio. ¿Habrá por ventura una visión parcelada más fragmentaria de la realidad?

Imaginemos ahora ¿en qué sitio está alojada la cultura dentro de esta imaginación elitista, e inclusive en cuál recóndito lugar del cerebro del pueblo se encuentra, puesto que la ideología popular está permeada como por ‘arte de birlibirloque’ por la dominación que las mismas élites ejercen sobre las masas? Vistas las cosas así, la cultura nacional, en lugar de ser entendida como una expresión de nuestra existencia, de la convivencia de las clases, segmentos y capas que interactúan y conforman el gran todo social, es concebida como algo residual y prescindible.

Esta visión del mundo en parcelas fragmentadas que es parte de la ideología dominante nos ha ocasionado un enorme daño, y lo sigue causando. Nuestra identidad está desintegrada por lo que no hemos podido hasta ahora diseñar una estrategia de desarrollo comprensiva de la realidad.

En este contexto, el presidente Chaves, ha querido sacar ventaja casualmente de la pobre visión dominante que él comparte, de esa realidad fragmentada y fragmentaria, en la que la concepción de cultura es menospreciada y relegada, por lo que termina de sellar una propuesta de desarrollo decadente destinada al fracaso. Ante la necesidad de recaudar recursos por todas partes, se ha sacado de la manga un argumento típicamente economicista como es que: “Hay programas que el año pasado dejaron un montón de plata sin usar.” Y agregó: “…Costa Rica debe continuar por la senda de la disciplina fiscal, a la vez que no se justifica presupuestar dinero que no se utiliza.” (Cfr. Arrieta, Esteban. “Rodrigo Chaves sobre recorte de 4.000 millones (de colones) en Cultura…” La República.net, martes 16 de mayo, 2023).

Si bien es justo tener una visión de disciplina fiscal y eficiencia en la ejecución de los recursos públicos, en primer lugar, esa disciplina fiscal debe aplicarse a todos los sectores por igual. En segundo lugar, como dicen los abogados, ‘nadie puede pretender sacar provecho de su propio dolo’. Han sido sus propios funcionarios, comenzando por la ministra Nayuribe Guadamuz, quienes siguiendo errores que vienen del pasado, administran los recursos con ligereza y falta de voluntad para ejecutarlos. En la jerga popular se dice, es el ‘perro mordiéndose la cola’. Se le quitan los recursos porque los ejecutan mal, pero la mala ejecución proviene a la vez de funcionarios que carecen de una visión integral e integradora del papel que debe jugar la cultura en el desarrollo de una sociedad y en el bienestar y buen vivir de las personas. Más grave aún es que el presidente adolece de esa misma carencia, por lo tanto, es inútil pensar que la presidencia de la República pueda ser el promotor de un cambio en la visión y concepción de la cultura. Más bien parece ser el que promueve el empobrecimiento cultural.

¿Cómo acometer desde esa postura, el rescate y la plena integración de la cultura de los pueblos originarios en el conjunto de la sociedad costarricense? ¿Cómo desde esa perspectiva se podrá acometer una tarea que es compleja como la de enfrentar el racismo que padece una buena parte de la sociedad, suficiente como para decir que en realidad lo padece la sociedad? ¿Cómo enfrentar la desigualdad de géneros, que constantemente se manifiesta en distintas facetas de la cotidianidad, y el machismo, y la violencia contra la mujer? ¿De qué manera se puede realzar el papel de las regiones de la periferia tan disminuidas frente a la preeminente acción cultural de las poblaciones de la región central del país? Valga decir, ¿cómo llevar adelante un proceso de descentralización y de integración de las regiones, para que se valoren en toda su dimensión como parte de un todo social? ¿Y en qué forma, sin una visión humanista de la cultura se podrá enfrentar la odiosa e ilegal discriminación de las minorías por razones de orientación sexual? ¿Cómo dar más relevancia a las personas con discapacidad ante las innegables barreras arquitectónicas, los prejuicios que les impiden integrarse a los mercados laborales y hasta a la misma educación? ¿Será posible en estas pobres visiones impulsar un plan humanitario que permita integrar a las poblaciones migrantes? Finalmente ¿Cómo lograr la dignificación de los artistas?

Todas estas son tareas propias de un verdadero Ministerio de Cultura en el país, donde la cultura sea considerada tal como lo pregona el Dr. Ramón Rivas, especialista en antropología cultural y ex ministro de Cultura del Salvador, como: “…la fuerza viva, creativa y colectiva del país; [que] aporta sentido y contenido a las prácticas sociales y a las obras materiales y simbólicas que se construyen, y ofrece un amplio abanico de posibilidades y capacidades para impulsar la transformación integral de la sociedad. Esta política del Gobierno busca, entre otras cosas, que la población asuma la cultura como un derecho, como un factor inherente y un pilar fundamental del buen vivir”. -Y, luego continúa diciendo el Dr. Rivas- “Nos referimos a algo más amplio: a la cultura como acción viva y participativa; a la construcción de valores en contraposición de los antivalores que tanto daño hacen al buen vivir. La cultura es un componente decisivo para la consolidación de una sociedad tolerante y capaz de convivir en armonía.” (Cfr. Rivas, Ramón. “La Cultura Factor Determinante del Desarrollo Humano.” Revista Entorno, abril, 2015, número 58. San Salvador, El Salvador.)

Esta visión de la cultura y las tareas señaladas para un Ministerio de Cultura contrasta abismalmente tanto con la teoría como con las prácticas principalmente del gobierno actual. Por lo consiguiente estamos todos impelidos no solo a defender el Ministerio de Cultura tal cual es hoy, sino a emprender una lucha en todos los sectores de la sociedad, una gran batalla cultural, que nos permita un rediseño de las políticas públicas del sector, para generar nuevas políticas públicas y prácticas sociales que posibiliten un segundo salto de calidad en la cultura nacional, acorde con las tareas del desarrollo integral y sostenible que nuestro país requiere.

Impuesto a sillas de ruedas y otros implementos médicos elevaría la pobreza

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Federico Montero Mejía

La intención del gobierno de gravar con un 2% de impuesto a las sillas de ruedas y otros productos de asistencia, refleja desconocimiento acerca de la situación socio-económica de las personas que las requieren, así como de las recientes recomendaciones Mundial de la Salud (OMS) relacionadas con el tema.

De acuerdo con la OMS, los Productos de Asistencia sirven para mantener o mejorar la autonomía de una persona y su capacidad para movilizarse, con lo que promueven su bienestar y la seguridad. Incluyen entre muchos otros: audífonos, sillas de ruedas, dispositivos para la comunicación, gafas, prótesis, pastilleros y recordatorios. Se trata de artículos que son utilizados por personas de todas las edades, quienes presentan alteraciones en alguna de sus funciones corporales, desde muy leves hasta muy severas.

Abunda la información basada en evidencias, de muchas agencias internacionales, sobre el hecho de que las personas con discapacidad están entre las más pobres de las pobres. Desde el 2011 el Informe Mundial sobre Discapacidad (OMS-BM) consigna esa estrecha relación entre la discapacidad y la pobreza.

La pobreza es la principal causa de la discapacidad, y una vez que una persona adquiere una discapacidad, o en una familia hay una persona con esa condición, la pobreza aumenta sustancialmente.

La pandemia que hemos vivido, con dolores y angustias, ha provocado un aumento muy significativo de la pobreza y de la pobreza extrema en el mundo entero, y las personas con limitaciones funcionales de todo tipo han sido uno de los sectores de la sociedad más severamente afectados.

Contra el aumento de los costos de los productos de asistencia como resultado del pretendido impuesto nos mantendremos firmes.

La propuesta del gobierno evidencia el desconocimiento absoluto acerca de para quiénes y para qué, son requerido dichos productos. Además de que no son exclusivos para la rehabilitación, son requeridos por muchas personas que en el mundo en general, y en nuestro país en particular, presentan limitaciones funcionales. De acuerdo con un estudio reciente publicado en la prestigiosa revista The Lancet en el 2019, a nivel global 2.400 millones de personas tuvieron condiciones que les exigiría el uso de productos de asistencia. Esto representa un incremento de un 63% de 1990 al 2019.

En el reciente lanzamiento del Reporte Global sobre Tecnología de Asistencia (OMS-UNICEF), el director general de la OMS, expresa que: “La tecnología de asistencia cambia la vida: abre la puerta a la educación para niños con discapacidad, el empleo y la interacción social para adultos que viven con discapacidad, y una vida independiente y digna para las personas mayores”.

Obviamente el aumento en el costo de estos recursos como lo pretende el gobierno contribuiría no solo a exacerbar un alza de la pobreza, sino también el aislamiento social de muchas personas, con las consecuencias que esto conlleva: complicaciones que aumentarían la demanda de los servicios de salud y consecuentemente mayores gastos por parte de ese sector, y mayor daño a la salud física y mental de muchas personas y familias, entre otros.

También constituye una clara violación a los derechos de las personas e incumplimiento de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que nuestro país ha ratificado mediante la Ley número 8661.

¿Ignora el gobierno los compromisos internacionales adquiridos por nuestro Estado? Ignora la existencia de la Ley 8661?. Todo indica que sí.

Con mucha vergüenza, constatamos como costarricenses que estas decisiones del gobierno que afectan la salud y la integración social de muchas personas se pondrán en evidencia en todas las denuncias que se expondrán en los informes de las agencias internacionales.

Con planteamientos como este, el gobierno de la República suma otro agravante al estado de segregación y pobreza de muchos de sus habitantes y viola principios y derechos fundamentales como el derecho a la salud, a la libre movilización, al trabajo y a la educación, entre muchos otros. Y todo ello, no solo como consecuencia de su descontrolado e inhumano afán por recaudar fondos a como dé lugar. Peor aún: el gobierno hace caso omiso de los acuerdos sobre derechos humanos que nuestro país ha asumido como propios, y que todos tenemos la obligación de respetar y cumplir.

 

Imagen ilustrativa: https://www.periodicomensaje.com/guanacaste

Reflexiones sobre las acciones de la rectoría de la UTN frente a la ley marco de empleo público y la escala salarial transitoria

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Luis G. Martínez Sandoval.

MBA Lic. Bach. Luis G Martínez Sandoval
Académico Universitario,
Ex Integrante Comisión de Vinculación con los Sectores Productivos y,
Comisión de Trabajos Finales de Graduación COEX, AA
Sede Central UTN www.utn.ac.cr
Ex Directivo Nacional Propietario JD ANEP,
Secretaría de Organización y Conflictos, Seccional Sindical Nacional ANEP-UTN
Ex Funcionario Banco Mundial IFC Sede Ecuador y, América Latina,
Escritor, Científico Social

En días pasados convocó el Dr. Emmanuel González Alvarado, actual rector UTN y presidente del CONARE a la comunidad universitaria a una video conferencia para conversar de las acciones que se están llevando a cabo con respecto a: Ley Marco de Empleo Público y la Escala Salarial Transitoria para los funcionarios de las universidades públicas. De eso trata este artículo.

Es un hecho que la situación por las que atraviesan las Universidades Públicas de Costa Rica no es nada fácil dada la situación económica nacional e internacional. Los marcos normativos generados y aprobados por la Asamblea Legislativa en tiempos de pandemia están golpeando a todas las Universidades Estatales y principalmente la estructura salarial. La Ley No 9635 congeló los salarios y los pluses. La Regla Fiscal frenó en seco la contención del gasto público. Se están realizando “ajustes terribles” – nos dice el Rector UTN- a los presupuestos universitarios. Ello repercutirá en los estudiantes e infraestructura educativa y por supuesto en los salarios de los funcionarios.

Se estima que no hay opción en el 2023 para aumentar el gasto público. Será entre el 2025 y 2026 que quizás nos podremos liberar de la Regla Fiscal. En el caso de la UTN, si no fuese la Regla Fiscal estaría funcionando en nuestros días la Inter Sede Universitaria en Alajuela.

Es urgente – nos expuso el Dr. González- liberar el gasto de capital, las inversiones y fortalecer el papel de la Fundación UTN. Se ha limitado el FEES. La Regla Fiscal es tema complejo no fácil de eliminar dado que no solo la impulsa el Banco Mundial sino también Fondo Monetario Internacional y la Organización de la Cooperación para el Desarrollo. “La situación de las Universidades Estatales y la educación superior universitaria pública es compleja y, vamos hacia un deterioro de la educación”. Algunos datos financieros expuestos:

  • Negociación del FEES con postergación de Fondos: 2.500 millones menos.
  • Rebajo de 1.400 millones por no estar incorporados en el FEES.
  • Ley de Redistribución del FEES: para que no exista CONARE que se financia con 1.31% (Pasar sus funciones a MICIT, MIDEPLAN, DGSC, BCCR).
  • Ley Marco de Empleo Público: Pasar a MIDEPLAN el estamento administrativo de las universidades.
  • Ley de Equilibrio Financiero: Meter las Universidad Publicas en Caja Chica.

“Estamos luchando fuerte con todo ello”, dijo el Rector. Pero, la Ley de Empleo Público y su Reglamento ya está aprobado. Aunque se mantiene la autonomía universitaria y su propio sistema de empleo la situación es crítica y compleja. Aunque seamos exclusivos y excluyentes.

¡Son tiempos difíciles para el país! Y no se quiere comprender que un Académico o Académica es un funcionario público diferente. El Régimen de Empleo Superior RESU es una respuesta a las críticas que las Universidad Estatales han tenido por sus políticas salariales. Sin duda un buen paso…

Sobre el FEES Distribución 2023 expuso el Dr. González que: el FEES total aprobado es de 564 mil millones más la inflación. De ello su distribución es la siguiente: UCR 53.32%, TEC 10.43%, UNA 21.59%, UNED 6.93%, UTN 6.42% y, CONARE 1.31%. A ello se agrega el Fondo del Sistema con 34 mil millones. A la fecha el presupuesto de la UTN, con la incorporación al FEES -ese 6.42%- se encuentra constitucionalmente blindado. Y frente a los cambios macroeconómicos nacionales es una garantía de protección para nuestra alma mater.

“Al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios” a pesar de todo, hay que ser justo y reconocer a cada uno sus méritos, esto ha sido un logro concreto del liderazgo del Dr. Emmanuel González Alvarado. ¡Estamos blindados al ingresar al FEES! ¡No lo estábamos! Y ello se logró dando la pelea en las calles, en la Asamblea Legislativa, en el lobby…

Son “tiempos para estar unidos” expuso el Rector–de hecho, no hay otra opción, académicos, estudiantes, administrativos, autoridades universitarias, sindicatos, colegios y escuelas públicas debemos formar un frente común y estar unidos hoy más que ayer-, dado el embate de las acciones externas gubernamentales que golpearan aún más en las escuelas, colegios y universidades públicas durante 2023.

En la UTN el Salario Global Transitorio (SGT) esta incorporado en el Sistema del Régimen de Empleo Superior Universitario (RESU). El personal de la UTN seguirá con su salario compuesto y reconocimiento del salario escolar. Excepto las nuevas contrataciones.

A MODO DE CONCLUSION

¡Son tiempos difíciles, complejos y llenos de incertidumbre!

Nuestra economía nacional según el Banco Central mantiene la proyección de crecimiento del PIB para el 2023 y para el 2024 en 3,5%. La productividad – el incremento en el trabajo, la inversión en capital y el incremento en la productividad- sigue siendo baja lo que repercute en el crecimiento económico. El país requiere de un 5% a un 6% de crecimiento del PIB.

El BCCR señala, que la inflación mundial ha empezado a ceder en meses recientes debido a la conjunción de varios factores, entre ellos: a) la recuperación de la oferta, luego de la pandemia del COVID-19, y con ello la restauración de las cadenas globales de suministro; b) los efectos sobre la demanda agregada de la política monetaria restrictiva aplicada en muchas economías; c) la reducción de los estímulos fiscales y d) la moderación en los precios de las materias primas.

El aumento en las tasas de interés, la incertidumbre y el deterioro en la confianza de los agentes económicos, junto con el impacto de las restricciones impuestas a Rusia por algunos países occidentales en el marco del conflicto bélico entre esa nación y Ucrania, llevaron a una desaceleración de la economía mundial en el 2022 y que repercute en 2023.

En ese entorno inflacionario y de desaceleración de la economía global, la actividad económica local mostró menos dinamismo. El entorno económico es de alto riesgo. Los organismos financieros internacionales, aunque presentan diferencias en sus pronósticos para el crecimiento mundial en el 2023-2024, coinciden en que existen factores de riesgo asociados a la evolución del contexto externo y local que, de materializarse, inclinarían hacia la baja las proyecciones de crecimiento económico y al alza las de inflación. Los principales riesgos externos continúan asociados a las condiciones geopolíticas y a un eventual rebrote del COVID-19 debido a la flexibilización por parte de China de la política cero COVID, a lo cual se suma el riesgo de que la economía internacional entre en recesión.

Sin lugar a dudas, el escenario macroeconómico nacional e internacional estará presente en la nueva negociación del FEES para el 2024 y los equipos negociadores de CONARE esta vez deberán negociar de manera eficaz para que los presupuestos para la educación superior universitaria estatal como mínimo se mantengan y no se disminuyan como ha estado pasando dadas las negociaciones no eficaces realizadas…

ALCOA, Combo del ICE, TLC y Jornadas 4-3

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Vladimir de la Cruz

En las grandes luchas políticas, sociales y populares que se han dado, en estos últimos 50 años, desde 1970, tenemos tres grandes eventos, que han contado con grandes movilizaciones populares, estudiantiles, de trabajadores y, en el TLC, de sectores productivos y empresariales.

Estas tres grandes luchas fueron las movilizaciones estudiantiles y populares contra la aprobación del Contrato Ley de la ALCOA, que culminaron en abril de 1970, las movilizaciones que se dieron contra el llamado Combo del ICE, un conjunto de varias leyes que se aprobaron en los días de la Semana Santa del 2000, y la discusión nacional que impuso la discusión del llamado Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, que se agregó al llamado Tratado de Centroamérica, y República Dominicana que se integró seis meses después de haberse aprobado, luchas que empezaron a darse en el 2006 y culminaron con la votación del Referendo en octubre del 2007.

En las tres luchas estuve activamente vinculado. De ellas extraigo las siguientes experiencias. En la primera, la de ALCOA, como uno de los dirigentes estudiantiles de la huelga; en la del Combo del ICE, como dirigente en ese momento, y asesor parlamentario, de la fracción legislativa de Fuerza Democrática, y en la del TLC como ciudadano interesado en esa discusión nacional.

En estas tres luchas había, en primer lugar, un grupo organizado de agitación, de debate, de discusión del Proyecto de Ley de la ALCOA, de las leyes que constituían el Combo del ICE y del texto del TLC.

Estos grupos organizados eran, en la lucha de la ALCOA las organizaciones políticas estudiantiles universitarias, el Frente de Acción Universitaria, que en la práctica era la que había iniciado esa lucha en la Universidad, que la llevó al Congreso de la Federación de Estudiantes de marzo de 1969, cuando la FEUCR, asumió un papel activo integrando la Comisión que estudió el Proyecto de Ley de la ALCOA. A ello se sumó en la proyección, de este debate y lucha, el movimiento estudiantil de secundaria, visitando colegios y agitando en contra de la ALCOA, y los estudiantes de ingreso universitario en 1970, en Estudios Generales, donde se desarrollaron organizaciones estudiantiles que sumaron de modo muy importante su participación, organización y agitación.

Elemento clave fue que aun cuando el Gobierno de José Joaquín Trejos Fernández envió a las sesiones legislativas extraordinarias, de diciembre de 1969 a abril de 1970, la discusión, aprovechando las vacaciones estudiantiles, el movimiento estudiantil universitario se mantuvo en la lucha con un piquete permanente en los predios y jardines legislativos. En esos días no existían los muros que después le hicieron al edificio para evitar que de nuevo se volvieran a repetir piquetes permanentes en los jardines legislativos. Era tiempo de elecciones nacionales que se resolvían en febrero de 1970, las que ganó José Figueres Ferrer, quien desde España enviaba apoyo a favor del Contrato de la ALCOA.

Importante fue la lucha regional en Pérez Zeledón y los otros grupos estudiantiles de la juventud liberacionista, los estudiantes cristianos en sus diversas organizaciones que tenían en la UCR. Esto era un elemento importante, porque se requería un gran debate nacional, una discusión política y legal de los proyectos. La discusión y el debate eran clave para desarrollar un estado de conciencia, y una toma de conciencia que permitiera impulsar la lucha.

En segundo lugar, a la par de la agitación se daba un gran nivel de movilización de los estudiantes, alrededor de la lucha en particular y en torno a las organizaciones juveniles y estudiantiles que existían. La lucha alcanzó a algunos importantes colegios privados, de los cuales sus estudiantes se sumaron apoyando la lucha.

En tercer lugar, un papel importante lo desempeñó el fortalecimiento de las organizaciones estudiantiles, universitarias y de secundaria, que se involucraron en la lucha.

En cuarto lugar, fue clave el papel que en la Asamblea Legislativa mantenían los 10 diputados que se oponían al Contrato de la ALCOA. Ese bastión de diputados fue importante porque la lucha de calle se orientaba a ir a apoyar a los diputados en su debate parlamentario, en su oposición legislativa. Algunos de esos diputados, como Rodrigo Carazo Odio, se vincularon estrechamente a las organizaciones estudiantiles en las visitas a colegios para informar y contribuir a agitar la conciencia estudiantil. Los diputados opositores se convertían en la palanca contra el Contrato de la ALCOA.

En el caso del Combo del ICE se dieron igualmente estos elementos. La existencia de organizaciones sindicales, especialmente las tres del ICE, que llevaban el peso de la lucha y de la movilización. Las organizaciones estudiantiles y universitarias que también se sumaron a esa lucha, así como organizaciones populares amenazadas de la privatización del ICE y el efecto e impacto nacional que ello tendría.

Como en la lucha contra la ALCOA, en la Asamblea Legislativa jugaron un papel muy importante los tres diputados de Fuerza Democrática, José Manuel Núñez, José Merino y Célimo Guido, que fueron la palanca parlamentaria contra la aprobación del llamado Combo del ICE. Los diputados eran el vértice y el punto de llegada de los manifestantes a la Asamblea Legislativa. En todo el territorio nacional las organizaciones sindicales del ICE, que estaban por toda la geografía patria, llevaron la batuta de esas luchas, paros, huelgas, bloqueos de calles y movilizaciones regionales.

El Combo se aprobó en la Semana Santa del año 2000, un jueves santo a las 11 de la noche. Igual que en la ALCOA se suspendió el trabajo legislativo con el ánimo de desmovilizar. En el caso del Combo no funcionó la desmovilización. Se mantuvo la lucha por tres semanas más de manera intensiva y creciendo en todo el país.

El paro nacional se hacía sentir y el gobierno de Miguel Angel Rodríguez, de manera inteligente, aceptó la situación.

Para finalizar esta lucha se integró una Comisión extraparlamentaria que buscó la salida final, integrada por las vicepresidencias de la República, diputados y representantes de las organizaciones en lucha, que se encargó, en cierta manera de desmantelar lo que la Asamblea Legislativa había aprobado, logrando con éxito, en ese momento, la no privatización del ICE como se planeaba.

De no haberse integrado esa Comisión, y el movimiento hubiera seguido creciendo, probablemente el gobierno de Miguel Angel Rodríguez hubiera entrado en una gran crisis política nacional y gubernativa, insospechada y desconocida en el país hasta ese momento, lo que no sucedió.

En el caso de la aprobación del TLC, con Estados Unidos, el gobierno de Abel Pacheco de la Espriella lo había aprobado en diciembre del año 2004. No lo envió a la Asamblea Legislativa para su trámite parlamentario, porque el año 2005 era año electoral y obviamente los grupos políticos que estaban a favor del Tratado entendían que en año electoral no debía discutirse en la Asamblea Legislativa.

Así, Abel Pacheco lo introdujo para discusión parlamentaria en diciembre del 2005, que era un período electoral nacional, en el cual la Asamblea Legislativa se encontraba en receso parlamentario por el fin de año y por las elecciones de febrero del 2006.

Pasadas las elecciones, en las que triunfó apretadamente Oscar Arias Sánchez, en febrero débilmente se empezó a conocer el trámite del Tratado, con diputados que dejaban de serlo el 1 de mayo. Ottón Solís, su principal contrincante electoral en esa elección, y su partido Acción Ciudadana, estaban en contra del Tratado, de una manera extraña. Ottón sostenía la tesis de que le dieran los votos para triunfar y una vez ganador impugnaría el Tratado, lo que exigía para ese procedimiento que primero se aprobara.

El Tratado de Libre Comercio generó una división nacional amplia, de sectores estudiantiles, populares, de productores y empresarios afectados por el Tratado. Con una oposición parlamentaria, en la que también estaba el diputado José Merino, con su recién fundado partido Frente Amplio, estaba constituida la palanca de freno de ese Tratado.

En la lucha contra el tratado, que parlamentariamente se extendía, el exdiputado José Miguel Corrales accionó ante el Tribunal Supremo de Elecciones para convocar un Referéndum de consulta, que el Tribunal aprobó en su convocatoria. En esa circunstancia, que atrasaría su debate y aprobación por lo menos 10 meses más, mientras se recogían las firmas de convocatoria del Referéndum, el Presidente Oscar Arias acudió al expediente de convocar el Referéndum, por iniciativa presidencial, y dejar sin efecto la convocatoria que promovía José Miguel Corrales, y evitarse así el atraso de la recogida de firmas, y ganar tiempo para la gestión de su gobierno. Así se realizó el Referéndum de octubre del 2007 en el cual por un porcentaje muy bajo se validó el Tratado, que siguió el trámite legislativo de aprobación.

En todas estas luchas hubo agitación y debates intensos de los temas parlamentarios, organizaciones estudiantiles, sindicales, y populares en lucha, movilizaciones a la Asamblea Legislativa apoyando a los diputados opositores que eran las palancas de los grupos populares, resistentes a estos Proyectos de Ley.

Hoy los sectores sociales, todos los trabajadores, los sindicatos y los mismos estudiantes, se afectan en la posibilidad de aprobación de la discusión del Proyecto de Ley de las Jornadas 4-3 con la que se pretende establecer la jornada de trabajo de 12 horas diarias de manera legal, aunque no constitucional.

La jornada afectará especialmente al sector privado de los trabajadores que alcanza a más del 90% de todos los trabajadores del país. Los defensores de la jornada de 12 horas sostienen que solo alcanza a un 10% de la mano de obra nacional, a unos 200.000 trabajadores del sector privado, especialmente el que está en zonas francas.

La campaña orientada a que no afectará al sector público es para debilitar la resistencia nacional organizada de estos sindicatos, para sacarlos de la discusión, presión, organización y movilización lo que está sucediendo, y para que no se constituyan en la palanca principal de lucha, lo que no está ocurriendo.

De hecho, los sindicatos están desdibujados en esta lucha. No pasan algunos de sus dirigentes, principalmente, de hacer algunas declaraciones y manifestaciones en redes sociales. Algunos sindicatos públicos, sin entender cuál es el problema principal, como lo es la discusión de las jornadas de 12 horas, se distraen y entretienen en asuntos internos de sus instituciones, como son los sindicatos de la CCSS. Cierto es que el sindicalismo en el sector privado casi ni existe pero, en su ausencia, los sindicatos públicos pueden asumir la conciencia de esos trabajadores, y el impulso de sus luchas para tratar de detener la aprobación de la jornada de 12 horas diarias de trabajo. Lo que afecta negativamente a un grupo de trabajadores afecta a todos en materia de jornadas de trabajo.

No hay movilizaciones sociales a la Asamblea Legislativa para apoyar a los diputados opositores a esta jornada, de manera particular a los diputados del Frente Amplio, que son la principal palanca de freno parlamentario. Equivocadamente, quizá por prejuicio político, no se convoca a apoyar a estos diputados, pero son los que están defendiendo a los trabajadores y requieren apoyo popular, de movilizaciones y de presión en la Asamblea Legislativa.

Todos los diputados, los de los otros partidos están comprometidos con la jornada de trabajo de 12 horas diarias. No hay ataques ni cuestionamientos públicos a esos otros diputados, y sus partidos, con nombres y apellidos, como defensores de los esclavistas laborales modernos. Ya estamos, a seis meses, del inicio de la campaña electoral municipal. La lucha contra los partidos que apoyan la jornada de 12 horas hay que llevarla a la lucha municipal para que por esos partidos los ciudadanos no voten.

El movimiento estudiantil está ausente en esta lucha sin entender que ellos, los estudiantes, como fuerza de trabajo o laboral futura, se enfrentarán de hecho al sometimiento de estas jornadas de 12 horas diarias. Recientemente, en Francia, los estudiantes junto a los trabajadores se han movilizado contra las leyes de pensiones que quieren alargar el plazo de jubilación, porque a ellos también los afectará en su futuro laboral. Igual es aquí, donde también quieren alargar el plazo de jubilación en tres años más, y donde están congelando el salario de los futuros trabajadores.

En nuestro país, pareciera que el movimiento estudiantil organizado ha desaparecido del escenario político nacional. No tienen ninguna presencia. Ni se siente en el interior de las universidades públicas. Sus dirigentes son muy desconocidos y como figuras políticas son ignorados, opacos y sin ninguna presencia en el debate de los temas nacionales. Al interior de las universidades son débiles como dirigencia estudiantil. Organizaciones políticas estudiantiles universitarias importantes, más allá de las oficiales, no se conocen ni se ven en las universidades.

La agitación y el debate en contra de la jornada de 12 horas diarias no se siente. En cierta forma pública es inexistente. Algunos comentaristas y analistas de la situación nacional hemos asumido esta tarea, pero somos casi simbólicos, aislados. Las posiciones en contra de la jornada de 12 horas diarias los sindicatos ni siquiera las reproducen al interior de los mismos y hacia sus afiliados.

Los sindicatos, como organizaciones supuestamente defensoras de los intereses de los trabajadores, ni siquiera se movilizan a apoyar a los diputados que están en contra de este proyecto, ni se hacen piquetes en la Asamblea Legislativa aunque sean simbólicos pero permanentes.

Las barras del público en la Asamblea Legislativa, ante la prensa nacional que sigue el debate parlamentario, están literalmente vacías e inexistentes, como noticia, para el público informado por los medios de comunicación.

Pareciera que a los sindicatos y a las organizaciones de trabajadores se los come el prejuicio de ir apoyar a esos diputados opositores. Pareciera que el gobierno los tuviera intimidados y mediatizados de alguna forma. Por su parte, esa fracción parlamentaria tampoco ha promovido este debate fuera del recinto parlamentario, o en el Salón de Jefes de Estado y Presidentes, que no podrían negárselo para hacer estos eventos en su apoyo y de información sobre el curso del debate parlamentario.

Un elemento importante, de discusión, es la inexistencia hoy de organizaciones políticas partidarias, de izquierda, al estilo de las que existían durante el período de la Guerra Fría. Algunas de las que existen son muy sectarias en sus planteamientos y reducidas en su ámbito de acción. La ausencia de una izquierda política bien cimentada ante la opinión pública ha hecho que la lucha sindical carezca de rumbo político, de orientación política, y de fortalecimiento político de los sindicatos. Las cámaras empresariales, al contrario, tienen bien definido este papel.

Algunos abogados laboralistas que trabajan para los sindicatos juegan su papel. La Asociación de Abogados Laboralistas, donde puede haber patronalistas y sindicalistas, ni siquiera provocan mesas redondas, ni debates de ningún tipo. La Asamblea Legislativa no se ha convertido en un escenario extra parlamentario, para que en su Salón de Jefes de Estado y Presidentes de la República, se hagan debates, mesas redondas y conferencias en torno a todo lo que afecta y alcanza este proyecto de ley de las 12 horas de trabajo diarias.

Las organizaciones de mujeres de todo tipo deberían estar en la lucha contra esta jornada, que va a afectar más a las mujeres trabajadoras, les va a intensificar más sus dobles y triples jornadas. En el país antes de la pandemia había 750.000 mujeres trabajando, como parte de la Población Económicamente Activa. De ellas 350.000 estaban consideradas cabeza de familias, principal ingreso económico de sus hogares, aun cuando tuvieran esposo o compañero. La Pandemia produjo una desocupación aumentada a la existente, en ese momento, en 400.000 trabajadores más, afectando mujeres. Al terminar su gobierno Carlos Alvarado dijo que esa masa de trabajadores desocupados se había reducido en 200.000 trabajadores, pero quedaban a saldo 200.000 que la pandemia los había dejado cesantes, más los 200.000 ya existentes. Esta masa real, de 400.000 desempleados, forman parte de los trabajadores informales que han aumentado casi al 60%, y forman parte de cualquier aumento de la inseguridad ciudadana que pueda asociarse a no tener trabajo o empleo estable y remunerado. Los índices del desempleo nacional son engañosos porque ocultan a los trabajadores que dejaron de buscar trabajo, que forman parte de la informalidad y de la masa social que la pellejea en ver cómo sobrevive. La pandemia dejó sin escolaridad a 120.000 estudiantes, que siguen sin estudio y, probablemente, forman parte de esta informalidad laboral existente.

Los colegios profesionales de Médicos, de Sicólogos y de Trabajadores Sociales están ausentes del debate de la jornada de trabajo de 12 horas diarias, como si esta jornada no fuera a afectar a cada persona, a cada trabajador o trabajadora, que se acoja o le impongan esta jornada, con relación al estrés que pueda ocasionar, a incrementar los accidentes de trabajo que se van a producir, a afectar las relaciones familiares y matrimoniales, a aumentar la violencia intrafamiliar, que pareciera que ya está dando frutos violentos, al abandono real y efectivo de los niños cuyos padres se sometan a estas jornadas, al debilitamiento de sus estudios y tareas escolares, sumado al costo de vida, de la canasta básica, del congelamiento de salarios y pensiones, del incremento constante de los costos de los servicios públicos que los trabajadores deben pagar de sus escuálidos y estrechos salarios.

Agitación, debate, movilización y organización alrededor de la lucha contra las jornadas de trabajo esclavistas hace falta, en estos días finales del debate al que quieren llevar a los diputados, como reses al matadero, en la discusión parlamentaria en las que les están imponiendo su votación forzada. Pero, también, sin esos elementos de lucha a los trabajadores ya los tienen camino al balazo en la nuca del matadero parlamentario.

 

Compartido con SURCOS por el autor.

Debemos descolonizar la cultura

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo, Derechos.

Guadalupe Urbina:

…Sabio relato, sabio análisis, nos recuerda observar el contexto y las conexiones, el recorrido del olvido y de la destrucción de una institucionalidad, la cual, además, debemos descolonizar para que permita espacios de crecimiento y vínculo entre generaciones y conocimientos.

La-s cultura-s musicales, agrícolas, literarias, plásticas, corporales, que no se encuentran en «los individuos» que quiere este sistema social, son las que se viven en «las personas» y las colectividades en una totalidad de experiencia.

No podemos seguir pensando en una Cultura, con mayúscula, que sea clasista y racista.

Ingrese al siguiente enlace para escuchar el mensaje: https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02H4H5eRqrd9GeagcZ9GqNE67fd6DCMsuGcNqfT58okKSxQ4hWqxFWCsAi1Qc7xMHvl&id=100070056836303&mibextid=Nif5oz

 

Imagen ilustrativa, UCR.

Vinculación de los Trabajos Comunales en Zona Norte: agroecología, monocultivos y organización – Voces y Política

Escrito en . Publicado en Análisis.

Este miércoles 24 de mayo tendremos el programa: “Vinculación de los Trabajos Comunales en Zona Norte: agroecología, monocultivos y organización” con la participación de la Estudiantes y docentes del Trabajo Comunal Comer Orgánico y de Dialogando el presente.

Esperamos su participación en nuestras redes sociales o por medio de llamada telefónica al 2234-3233.

Miércoles 5:00 pm en Radio Universidad 96.7 FM y véanos a través del Facebook de Radio Universidad de Costa Rica https://www.facebook.com/radiouniversidad