La oposición de UCCAEP al Proyecto de ley para prevenir y sancionar el acoso laboral
La delirante y febril oposición de UCCAEP contra el Proyecto de ley para prevenir y sancionar el acoso laboral, Exp. N°20873, no es un cisne negro.
A nadie sorprende este antagonismo, desde que en la Conferencia Internacional de OIT N°108, de 2019, en la que se aprobó el Convenio N°190, acerca de la violencia y el acoso en el mundo del trabajo, también estuvieron en contra.
Este convenio fue aprobado por una amplísima mayoría de los participantes de esta histórica conferencia. Únicamente se registraron 7 votos en contra.
Precisamente uno de estos poquísimos votos negativos fue el de la glamurosa delegación de UCCAEP.
De esta manera, la patronal costarricense se desnudó ante la comunidad internacional, exhibiendo una perfomance hostil y desafiante, incompatible con los principios universales de la convivencia humana, la dignidad, el trabajo decente y los Derechos Humanos.
La oposición de este fósil viviente del Siglo XXI a aquel proyecto de ley, no es más que una réplica de su conjura y reyerta contra ese convenio internacional.
No obstante que el proyecto de ley se queda muy corto y rebaja los parámetros de protección que establece el Convenio N°190 OIT, amén, que algunas de sus normas vulneran este convenio internacional, por ejemplo, la misma definición de acoso laboral, aun así, UCCAEP mantiene su tozudo e incivilizado rechazo.
Tenemos que comprender que si este proyecto, y además, el proyecto de ley de ratificación del Convenio N°190 OIT, no están aun aprobados, ha sido por la constante presión y el cabildeo de ese velociraptor depredador patronal, que se quedó perdido en la evolución de las especies y se mantiene atrapado en el Jurásico.
En un país asolado por el prolongado conflicto armado interno hay circunstancias, en momentos determinados, con características de atrocidad, violación de los derechos humanos y negación de la función de un Estado de derecho, con la característica de que estos sucedáneos se prolongan en el tiempo, dejando una estela de consecuencias impredecible en un escenario en que la constante es la barbarie.
En los últimos treinta años de guerra interna en Colombia se destaca el denominado terrorismo de Estado. No se trata de un enunciado o simple denominación, sino de una aplicación sistemática, continua, que va de la mano de una política hegemónica oligárquica contrainsurgente, paralela a una falsa y mal concebida guerra contra las drogas, que ha tenido como escenario el territorio de la república de Colombia y como víctima al conglomerado de la nación colombiana.
El conflicto armado interno colombiano abarca seis décadas
Comenzando porque el susodicho conflicto fue anterior al surgimiento del narcotráfico y que su auge fue posible porque encontró el nido corruptor propio para que anidara en la desnaturalización del conflicto armado, según algunos analistas, pero que en modo alguno ha podido incidir en el principio generador de la lucha de clases, inmerso y determinado en el múltiple conflicto colombiano: el económico, el político, el social, el armado y el ecológico-ambiental.
La prolongación del conflicto armado interno degeneró en la instauración de formas de gobierno narco-para-estatal, encumbrado a una concepción de narcoestado. Esta degeneración la ha padecido Colombia en los últimos treinta años.
De manera que una posición de análisis de la situación actual en Colombia no estará exenta de una ruptura del tejido social, expresado en una violación contrainsurgente al Estado de derecho y complementado con un escenario de guerra en el que actúan las fuerzas armadas oficiales y sus aliados, sobre todo el paramilitarismo, como instrumento. A lo cual hay que añadir el narcotráfico, que derivó en narco paramilitarismo, junto a formas de multicrimen activo, que ha anidado en lo rural y veredal, así como en lo urbano.
La mediática dictatorial, instrumento directo de la inteligencia militar y, expresado en una doctrina y una política contra insurgentes, pretende verter todos los factores de multicrimen y violencia en un solo recipiente, incluyendo en esa mezcolanza a las fuerzas insurgentes y rebeldes, de histórica presencia en el trajinar político colombiano. Paralelo a ello aplican la falsedad de la guerra contra el narcotráfico, como disfraz para ocultar el intervencionismo estadounidense en Colombia.
Sin lugar a discusión, califica lo del derrotero narco-paraestatal en el ejercicio de la política contrainsurgente del Estado colombiano. El paramilitarismo se constituyó en una división más del ejército colombiano y en apéndice indispensable en el universo de las fuerzas armadas. Una Policía Nacional adscrita al organigrama de las fuerzas de defensa estatal, ante el crimen organizado y la existencia de una lucha armada guerrillera, contribuyó a la utilización de una policía militarizada, contrainsurgente y carente del carácter cívico, comunitario y social que son valores para la existencia de una fuerza de esta naturaleza en sociedad conforme a un Estado de derecho.
Sesenta años de políticas contra insurgentes en Colombia derivaron en la aplicación de la vieja doctrina militar del “enemigo interno”. Esta ha sido la causante de tantos estragos y males en la nación colombiana ante el fracaso demostrado de la imposibilidad del triunfo militar contrainsurgente.
De los tales factores de violencia
En tanto, en el escenario colombiano coincidían todos los factores armados en la intensidad del conflicto. Pero esos factores parecen claramente diferenciados en sus particularidades.
El poder corrosivo del narcotráfico permeo todos los sectores de la sociedad colombiana. Cual un cáncer corruptor, hizo metástasis, invadió y afectó la totalidad de la institucionalidad.
El panorama que presenta la realidad del país es múltiple, no complejo. Llamando a las cosas por su nombre, se evita la complejidad y el afán de enredar para pescar en rió revuelto. Las fuerzas armadas del Estado colombiano profundizaron en sus connivencias con el paramilitarismo. El narcotráfico, como producto del capitalismo, suscitó en el enfrentamiento con su contrario, las fuerzas insurgentes y rebeldes, un factor de enfrentamiento armado que degeneró en el narco paramilitarismo.
Las fuerzas insurgentes y rebeldes, haciendo uso del control territorial que les caracteriza, comenzaron a percibir cada día mayor retribución económica, pactando el cobro del “gramaje”, tal como ellos denominan la contribución impuesta a esos sujetos armados dedicados al negocio ilegal de los estupefacientes. Las fuerzas armadas estatales, en su afán de dominar en el entorno bélico o de confrontación, fueron aumentando sus relaciones de compromiso y pactos con elementos y estructuras del narco paramilitarismo, en alianza dirigida a un “enemigo común”, pero su vocación de legalidad naufragó y terminó por afectar a la alta oficialidad y al generalato. Esta simbiosis resulta una característica fundamental en el entendimiento de la función narco-paraestatal, como se dio en Colombia.
Toda la fuente de conocimiento de este tema reposa en la comprensión y desarrollo del conflicto armado interno. Está demostrado que la lucha contrainsurgente se encuentra atada al factor paramilitar. También, con estrecho vínculo entre las fuerzas armadas estatales y el narco-paramilitarismo. Múltiples resultan los usos de las fuerzas armadas de las diferentes denominaciones de las llamadas bandas criminales o “bacrim”, que resultaron ser engendros del nuevo paramilitarismo e instrumentos de controversial eficacia para enfrentar militarmente a expresiones de la insurgencia colombiana como las extintas FARC-ep, el ELN, el EPL, las Nuevas Farc (encuadrando en esta denominación a la conocida o llamada Segunda Marquetalia), las fuerzas de las Farc-ep que jamás se unieron al proceso del fin del conflicto armado, como fuerza insurgente contra el Estado colombiano, representadas por el extinto líder Gentil Duarte, de jerarquizada estructura nacional; así como los conocidos frentes 10 y 28 de las FARC, cuya procedencia de naturaleza insurgente corresponde demostrar, al igual que sucede con los reductos nacionales del EPL.
Sintomáticas resultan todas esas alianzas de lo institucional estatal con las organizaciones armadas para narco- estatales, con el fin de profundizar en el análisis y comprensión de la fase de asesinatos que se vienen presentando en forma aleve y mendaz contra miembros de la policía nacional, en especial y en ciertas regiones del país.
Acontecimientos nacionales que tienen que ver con el entorno planteado
Los sucesos de Cúcuta, totalmente desinformados por la mediática nacional, merecen mención especial. Tanto el ataque con carrobomba en el interior de las instalaciones militares de la 30 Brigada del ejército, como el “atentado” al helicóptero en que viajaba el subpresidente Duque, al retornar a Cúcuta luego de un viaje a la zona del Catatumbo, merece especial disección. Se demostró que un capitán retirado del ejército fue el causante del carrobomba en esas instalaciones. Se conocieron imágenes de su incursión en el lugar, el día anterior cuando filma el vídeo, resaltando los lugares en que debía estallar la bomba colocada en un carro.
Hay imágenes grabadas en las que se ve salir del lugar al implicado, con particular movilidad dentro de las instalaciones. La infaltable versión oficial fue la de que el retirado del ejército, conocido como “el Capi”, estaba al servicio del frente 33 de las FARC, a cargo del guerrillero Jhon Mechas. Mas corresponde asumir el reto del análisis objetivo en cuanto que “el Capi” actuó como una persona utilizada al servicio del ejército en maniobras de contrainsurgencia. Que su talante es el del tránsfuga de información esencial de la vida en el interior de ese cuartel de brigada militar y que su desprecio por la vida de los soldados y también la alusión a los propios soldados estadounidenses, que ubica con su vídeo en áreas determinadas, permiten el presupuesto de un sujeto que actúa “motu proprio” y con torvos fines personales. Esto nos permite ubicar al tal “Capi” como un sujeto resentido contra la oficialidad de la brigada. Se las cobró, como se dice en el argot popular.
Quedaron latentes los vínculos de “el Capi” con el narcotráfico y su pedido en extradición a USA.
El pasaje del atentado al helicóptero no deja de registrar similares peculiaridades, concluyéndose que el mismo capitán retirado parece incurso en tal suceso. El giro de las investigaciones trae como resultado la sanción de cargo al comandante de la brigada militar en un entramado de responsabilidades oficiales en los acontecimientos investigados por los tales sucesos mencionados.
Existe suficiente información y registro noticioso para la elaboración y presentación del presente juicio deductivo y de razonamiento. Una premisa implica la determinante de un sujeto que actúa con soltura dentro de las instalaciones militares; lo cual le da un carácter positivo. El otro presupuesto aplica en la existencia de un conflicto armado que requiere de labores de inteligencia y el uso de medios contrainsurgentes velados o ilegales para el éxito de tales operaciones, lo cual también implica un carácter positivo. El razonamiento deductivo conlleva una inferencia de las dos premisas positivas anteriores: la conclusión, también positiva, es la de que el elemento negativo representado en el papel del tal Jhon Mechas no tiene cabida en esa escena reconstruida.
Con aplicación de la anterior metodología, partamos de la base para analizar, en profundidad, el hecho de los asesinatos selectivos, individuales, aplicados a mansalva contra uniformados de la policía nacional. Una policía totalmente desnaturalizada, inmersa en la vorágine de la llamada lucha contra el narcotráfico, permeada por los efectos de la corrupción que tal juego implica, comprometida por su oficialidad y agentes propios sumergidos en el negocio del narcotráfico, constituye el señuelo apropiado para la vendetta derivada de incumplimientos a grupos colaboradores, otrora amigos y hoy esencialmente rivales. El acucioso periodista Gonzalo Guillen, en su página @heliodoptero, registra que policías y militares hacen parte de la nómina de la organización criminal “Clan del golfo”. Y el tuitero @Jojare difunde: “Los primeros capturados del clan del golfo por asesinar policías, resultaron ser policías, soldados y alcaldes, hágame el Duque favor”.
Consecutivamente tomemos el caso de alias Otoniel, apuntando a las causas de su trajinar delictivo narco-paramilitar e instrumento contrainsurgente. Todo está dado, en lo esencial. Su vida, su desempeño, hasta su captura, está inmerso en implicaciones de complicidad estatal e institucional. El desarrollo de los acontecimientos, luego de la supuesta “captura”, redunda en argumentos para afirmar que alias Otoniel fue traicionado por sus compinches de la oficialidad de las fuerzas armadas, en especial de la Policía Nacional. Huelga extenderse sobre la causalidad y los efectos de su precipitada orden de extradición. Pero el maquiavélico actuar de la inteligencia militar contrainsurgente se proyecta en el escenario y redunda en producir efectos que justifiquen la malhadada política de la lucha antidrogas y el injustificado resultado de la horadada actuación de efecto contrario a la soberanía nacional de Colombia, que implica el instrumento para justificar la intensidad de la guerra contra las drogas.
Los perros de la guerra que agudizan el conflicto armado interno han utilizado la extradición de alias Otoniel para poner en escena un grupo al que denominan “Clan del golfo” como ente capaz de efectuar un “paro armado” que paralizó a siete departamentos con el conocimiento cierto y la complacencia de las muy bien dotadas y con presupuesto para derrochar, fuerzas armadas del Estado colombiano.
Luego sobrevinieron los coletazos de un “clan” que, en palabras del subpresidente saliente, ya había sido aniquilado. Ni en eso concuerdan. Los dos últimos meses han sido momentos de cobro de los antes aliados contra la institucionalidad policial. Masacre que corresponde parar a toda costa.
Ahora difunden y sostienen los medios de alienación masiva que existe una carta de 25 organizaciones paramilitares y/o bandas armadas que envían al próximo presidente electo, Gustavo Petro, de acuerdo para entrar a unas conversaciones.
Se sabe de antemano que la línea política a seguir del triunfante gobierno alternativo es el trato humanitario a los sujetos del multicrimen, bajo el condicionante de sometimiento a la justicia y al estado de derecho. En esto aplica lo del perdón social que fue motivo de debate electoral y en el que se resume con meridiana claridad que en ningún momento se trata de conversaciones semejantes a las que se tendrán con grupos insurgentes, claramente delimitados e identificados. Todo un sartal de argumentaciones y cuidadosos montajes con el fin de confundir a la opinión pública nacional e internacional sobre conversaciones con quienes no soportan un estatus internacional de beligerantes y los cuales pueden ascender a cientos de bandas informales que enrarecen el ambiente de la seguridad publica en campos y ciudades y se les conoce con denominaciones como Bloque Virgilio Peralta Arena (Caparros), Grupo Los Rastrojos, Grupos los Shottas de Buenaventura, Grupo la Inmaculada de Tuluá, Grupos Mexicanos de Quibdó, Los Triana o los combos de Buenaventura y Quibdó. Así como el llamado “Tren de Aragua”. Igualmente, las Autodefensas Gaitanistas o “Clan del golfo”. Pero no hacen mención ni citan a las desenmascaradas Águilas Negras y su imposible cobertura nacional, muy eficaz, si no fuera porque las conforman sujetos activos de la administración pública estatal.
De manera que corresponde correr el velo. Las condiciones políticas actuales aseguran pasos firmes en cuanto a la suerte de un cuerpo policial nacional soberano, de inspiración cívica, comunal y de solidaridad social. Como corresponde. La oligarquía militarista echó al fuego y dejó al albur la decencia policial. El nuevo gobierno progresista, socialdemócrata y liberal, será el encargado de aplicar las reformas de fondo necesarias en la institución policial.
Nicolas Boeglin, Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR)
Según se desprende de la lista de los actuales Estados que integran el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, en este 2022 llegan a expiración de sus respectivos mandatos Brasil y Venezuela (véase listado oficial).
Como bien se sabe, el Consejo de Derechos Humanos constituye la máxima instancia en materia de derechos humanos dentro del organigrama de Naciones Unidas. Se trata de un órgano intergubernamental compuesto por 47 Estados. En este año 2022, esta entidad es presidida, por vez primera en toda su historia, por Argentina (véase comunicado oficial de diciembre del 2021).
El Consejo de Derechos Humanos en breve
Entre sus numerosas atribuciones (Nota 1) el Consejo de Derechos Humanos es la instancia llamada a crear, mediante resolución, comisiones de investigaciones para documentar situaciones en las que se viola de manera masiva y grave derechos humanos: en la actualidad son 36 mecanismos de investigación (véase enlace oficial); también recae en este órgano el crear o renovar mandatos temáticos sobre ámbitos específicos en materia de derechos humanos, y que en la actualidad ascienden a 45 (véase enlace oficial).
Ello sin olvidar de mencionar la adopción de resoluciones en temas relevantes que luego son puestos a conocimiento de la Asamblea General: la reciente (e histórica) resolución A/76/300 sobre derecho al ambiente como un derecho humano adoptada el 28 de julio del 2022 por una abrumadora (e inédita) mayoría (véase nota de prensa y esta nota publicada en Costa Rica explicando el significado de tan abultada mayoría de votos a favor) fue inducida desde el Consejo de Derechos Humanos en el mes de octubre del 2021 (véase nota oficial).
Tablero de la votación acaecida el 23 de julio del 2014, con un solo voto en contra (Estados Unidos) a la hora de votar el Consejo de Derechos Humanos una resolución que crea una comisión de investigación sobre las exacciones israelíes cometidas en Gaza en julio del 2014 y cuyo informe final se presentó en el mes de junio del 2015
La repartición geográfica conlleva algunos criterios muy propios (véase enlace oficial) tendientes a asegurar un equilibrio entre todas las regiones del mundo a la hora de realizarse la votación en el seno de la Asamblea General de Naciones Unidas para escoger a los Estados miembros. En la integración del Consejo de Derechos Humanos, la región de América Latina y del Caribe cuenta con 8 escaños, mientras que África cuenta con 13, al igual que la región Asia/Pacífico, también con 13; como resultado de la antigua partición de Europa durante la Guerra Fría, se considera la región de Europa Occidental por una parte, con 7 y por otra, Europa Oriental, con 6 escaños.
Cada año, durante la Asamblea General de Naciones Unidas, usualmente en el mes de octubre, se procede a renovar de manera parcial el Consejo de Derechos Humanos, eligiendo para cada una de estos cinco bloques regionales a varios Estados por un mandato de tres años para suplir las vacantes correspondientes. En la actualidad, por América Latina y el Caribe figuran: Argentina, Bolivia, Brasil, Cuba, Honduras, México, Paraguay y Venezuela.
Cabe recordar que el Consejo de Derechos Humanos fue creado en el 2006 (véase resolución A/RES/60/251 de abril del 2006) y reemplaza a la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas (un órgano intergubernamental que funcionó desde 1946 hasta el año 2005 compuesto por 53 Estados): es de notar que esta resolución se adoptó con 170 votos a favor, 4 en contra (Estados Unidos, Islas Marshall, Israel y Palau) y 3 abstenciones (Bielorusia, Irán y Venezuela) según se informa en esta nota de prensa de Naciones Unidas. En un interesante artículo del 2007 que analiza las negociaciones previas a esta votación, se lee que un diplomático norteamericano conocido por sus posiciones radicales e intransigentes originó este voto de Estados Unidos:
«La mayoría de los Estados concordaron con el Presidente Eliasson en cuanto a que esta redacción era la mejor posible, dada la atmósfera existente y que era urgente consolidar el acuerdo antes de que se realizara la siguiente reunión de la CDH. Estados Unidos no compartía esta opinión. El Embajador Bolton manifestó su inquietud acerca de muchas disposiciones contenidas en el texto y, junto con negarse a explicitar cuáles cambios lograrían que Estados Unidos apoyara la resolución, hizo un nuevo llamado a efectuar negociaciones individuales entre países. El apoyo para esta posición fue casi nulo y finalmente la Asamblea aprobó la resolución que creaba el nuevo Consejo…» (Nota 2).
Recientemente, tuvimos la oportunidad de analizar la exclusión de Rusia de este órgano de Naciones Unidas (véase nuestra nota del 7 de abril del 2022), como consecuencia de la agresión militar perpetrada en el territorio de Ucrania: cabe indicar que Rusia (158 votos) y Ucrania (166) fueron electas en representación de la región de Europa del Este en octubre del 2020 para integrar el Consejo de Derechos Humanos (véase nota oficial de Naciones Unidas).
Costa Rica y su súbito interés en integrar el Consejo de Derechos Humanos en el 2019
Habíamos tenido la oportunidad de analizar en octubre del 2019 la repentina decisión de Costa Rica de postularse en aras de intentar arrebatarle la silla a Venezuela (Nota 3).
Se trató de una maniobra que no fructificó, quedando electos Brasil y Venezuela por América Latina y el Caribe (véase nuestra breve nota sobre resultados alcanzados en la votación del 27 de octubre del 2019): la diplomacia de Brasil reunió para esta elección 153 votos, la de Venezuela 105, al tiempo que la de Costa Rica (no electa) pudo contar con el respaldo de 96 Estados que votaron en favor de su candidatura (para más detalles sobre los resultados de la votación, véase acta A/74/PV.17, pp. 3-4)
Este episodio bastante peculiar permitió confirmar lo que enseña la observación de la práctica diplomática en Naciones Unidas para este tipo de ejercicios: los intercambios de votos y de compromisos que los Estados han pactado entre sí en materia de candidaturas difícilmente pueden ser revisados a menos de dos semanas de una elección. Algunas candidaturas se anuncian y se negocian con mucho tiempo de antelación y es muy probable que Venezuela y Brasil tenían asegurada gran parte de sus votos cuando Costa Rica anunció súbitamente su postulación. No se trata de semanas o meses de antelación, sino en algunos casos, de candidaturas que se preparan desde varios años (Nota 4).
Después de lo acontecido en el 2019, tanto en el año 2020 como en el 2021, Costa Rica optó, por alguna razón, por no postularse; al igual que lo había hecho del 2015 al 2019, después de su última postulación oficial en el 2014, que no le permitió tampoco ser electa.
En el 2020, resultaron electos para las tres vacantes por la región Bolivia, Cuba y México, con respectivamente 172, 170 y 175 votos respectivamente (véase detalle de los votos obtenidos por los demás Estados en el acta A/75/PV.16, pp.14-15; en el 2021, resultaron electos Argentina (175), Honduras (172) así como Paraguay, con una destacada marca de 185 votos reunidos.
Las elecciones venideras para el 2022, el 2023 y el 2024
Para este año 2022, son dos las vacantes que dejan Brasil y Venezuela y que deberán ser objeto de una decisión colectiva para suplirlas por parte del bloque regional de América Latina y del Caribe: la práctica en Naciones Unidas indica que se delega a cada bloque regional el presentar los candidatos para suplir las vacancias de turno que le corresponden.
En caso de desacuerdo entre los integrantes del GRULAC (Grupo de América Latina y el Caribe en Naciones Unidas), son entonces los votos obtenidos por cada candidatura los que deciden cuáles Estados son electos y cuáles no resultan electos. Únicamente los números obtenidos en la Asamblea General de Naciones Unidas cuentan, al tratarse de una votación secreta.
En el año 2023, serán tres las vacantes al llegar al término de su actual mandato Bolivia, Cuba y México. En el 2024, serán tres nuevamente, al concluir su mandato Argentina, Honduras y Paraguay.
El espacio para tres es siempre mayor al espacio para dos
Tres vacantes en el seno del Consejo de Derechos Humanos dan lugar a elecciones mucho menos reñidas que cuando se trata de dos, y merece mención señalar que:
– para el último ejercicio (2019), las diplomacias brasileña y venezolana lograron su cometido, dejando por fuera a la de Costa Rica;
– al igual que las de Brasil y Cuba (2016), Brasil reuniendo 137 votos, Cuba 160, y Guatemala tan solo 82;
– así como los aparatos diplomáticos de Cuba y México (2013): en aquella oportunidad Cuba reunió 148 votos, México obtuvo 135 votos, quedando fuera Uruguay con 93 votos;
– en octubre del 2010, con 180 votos cada uno, Ecuador y Guatemala fueron electos, al tiempo que se registra, sin explicación plausible, un solo voto a favor de Perú (véase enlace oficial con tablero general de votos obtenidos). Se trata posiblemente de un único voto de un delegado que, sin haber recibido instrucción alguna desde su capital, voto con su mejor criterio o bien por el Estado con el que más se siente identificado…
– en octubre del 2007, Bolivia obtuvo 169 votos, Nicaragua 174, al tiempo que se registró (como en el caso de Perú en el 2010), a Costa Rica, Chile y Belize cada uno con un solo voto (véase acta A/61/PV.97, página 3): en este caso, al menos para el caso de Costa Rica, otra hipótesis a considerar es que su delegado en Naciones Unidas, por alguna razón, no considerara que pudiera votar ni por Bolivia ni por su vecino Nicaragua…
Algunas de las marcas obtenidas por Estados de América Latina, algunas ausencias y algunas presencias notorias
Más allá de las cosas que a veces pueden ocurrir en la mente de un diplomático cuando su capital omite enviarle una instrucción de voto, resulta oportuno recordar que son los 193 Estados Miembros de Naciones Unidas los que son llamados a votar en favor de las candidaturas correspondientes.
Como previsible, la marca más alta registrada por un Estado de América Latina (antes del notorio hito logrado por Paraguay en la última contienda del 2021 reuniendo 185 votos a su favor), fue la obtenida por el aparato diplomático de Brasil en el 2012 (con 184 votos a su favor), seguido por Perú (180) en el 2017, y México (179) también en las elecciones del 2017. Con un solo voto (probablemente el suyo), Colombia es el Estado que obtuvo la menor cantidad de votos en las primeras elecciones realizadas en el 2006, seguido por Honduras con 3 y Costa Rica con 6 (véase acta A/60/PV.80 del mes de mayo del 2006, pp. 3-4).
Resulta oportuno precisar que, desde su integración en el mes de mayo del 2006, el Consejo de Derechos Humanos nunca ha contado (véase listado oficial) con los siguientes Estados de América Latina como Estados miembros: Colombia, Haití y República Dominicana.
Por otro lado, como dato de interés, Cuba ha sido escogido en cinco ocasiones desde el 2006 como integrante para los siguientes períodos: (2006-2009), (2009-2012), (2014-2016), (2017-2019) y (2021-2023). Al igual que México: (2006-2009), (2009-2012), (2014-2016), (2018-2020) y (2021-2023). Se puede considerar que sus respectivas diplomacias consideran prioritario el integrar al Consejo de Derechos Humanos al registrar ambos Estados la mayor cantidad de mandatos desde el 2006. Cuba y México son seguidos por Argentina y Brasil con cuatro mandatos cada uno. Los mandatos de Brasil son: (2006-2008), (2013-2015), (2017-2019) y (2020-2022); los de Argentina: (2006-2007), (2013-2016), (2019-2021) y (2022-2024). Siguen luego Venezuela con tres mandatos: (2013-2015), (2016-2019) y (2019-2021) así como Ecuador (2006-2009), (2011-2013) y (2016-2018).
Como se puede observar, un equilibrio muy sutil se ha instalado entre las diplomacias de Argentina, Cuba, Brasil y México desde el 2006, mientras que los demás Estados de América Latina participan de manera mucho más esporádica a la máxima instancia en materia de derechos humanos dentro del organigrama de Naciones Unidas.
Las candidaturas oficiales para las elecciones en este año 2022
Al parecer, para las elecciones de este 2022, Venezuela ha optado por presentarse para una reelección (véase nota de prensa de Talcualdigtal del 25 de julio del 2022); al tiempo que el pasado 5 de mayo del 2022, Chile anunció de manera oficial su candidatura (véase comunicado oficial de su diplomacia). Es posible que la referencia a Venezuela hecha refiera a un sondeo previo realizado por la diplomacia venezolana antes de tomar la decisión de anunciar oficialmente su postulación.
Con relación a Costa Rica, al momento de redactar estas líneas no se ha hecho público anuncio alguno. Después de su repentino intento en el 2019, y del fracaso de su candidatura en el 2014 (véase nota nuestra al respecto), la última vez que Costa Rica fue electa en el Consejo de Derechos Humanos remonta al año 2011, al quedar electa con Chile y con Perú (y quedando fuera de la contienda Nicaragua): véase al respecto nota oficial de Naciones Unidas así como esta nota oficial de los resultados obtenidos por cada aparato diplomático (Chile con 159 votos, Costa Rica con 138, Perú con 136, y Nicaragua -no electa- con 98 votos reunidos).
Nótese que en este enlace de una ONG especializada en derechos humanos con sede en Ginebra y en un volante de una actividad a realizarse en Ginebra en el mes de septiembre del 2022, sí se menciona a Costa Rica conjuntamente con Chile y con Venezuela (véase volante) para ocupar las dos vacantes a suplir en octubre del 2022, sin que haya trascendido (salvo error nuestro), algún anuncio oficial de candidatura.
Por su parte, República Dominicana, el pasado 14 de junio anunció su candidatura para integrar el Consejo de Derechos Humanos (véase comunicado oficial): al revisar con detenimiento, se trata de una postulación para el período (2024-2026), y no para el que se decidirá próximamente (2023-2025).
Las designaciones para el mandato (2023-2025) se decidirán durante la sesión de la Asamblea General de Naciones Unidas que iniciará en septiembre del 2022.
A modo de conclusión
Cabe precisar que quien fuera el máximo representante de Costa Rica en Naciones Unidas en la sede de Nueva York en el período (2018-2022) fue recientemente electo como experto independiente en derechos humanos para integrar el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas en junio del 2022 (véase nota oficial de Naciones Unidas y hoja de vida de los candidatos propuestos): no se trata de un órgano intergubernamental, sino de un órgano de tratado (también denominado órgano de supervisión o monitoreo en la literatura especializada – Nota 5) compuesto por expertos independientes, encargado de velar por el debido cumplimiento de las obligaciones internacionales de los 173 Estados Parte al Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos de 1966 (véase estado oficial de firmas y ratificaciones). Tuvimos la oportunidad de analizar un ejercicio similar realizado en octubre del 2021 en el marco regional hemisférico de cara a la designación de cuatro jueces para integrar la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Nota 6).
Desde el 30 de junio del 2022 (véase nota oficial sobre renuncia aceptada en mayo del 2022), Costa Rica adolece de un representante con rango de Embajador en Naciones Unidas en Nueva York. Una situación similar a la vivida por Costa Rica en el 2014, un año en el que las elecciones celebradas para designar a los integrantes del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en octubre de este año fueron precedidas por la toma de posesión de nuevas autoridades electas en mayo, dando lugar a un vacío mientras se procedió a la designación del nuevo representante en Naciones Unidas en Nueva York por parte del Poder Ejecutivo costarricense.
Con relación a Chile, es de notar que designó a su nueva embajadora en Naciones Unidas diez días después de la toma de posesión de sus nuevas autoridades (véase nota de prensa del 21 de marzo del 2022). Cabe destacar que, además de adherir recientemente al Acuerdo de Escazú, convirtiéndose en el Estado Parte número 13 desde el pasado 13 de junio del 2022 (véase estado oficial de firmas y ratificaciones) (Nota 7), el Poder Ejecutivo chileno acaba de proceder a depositar el instrumento de ratificación del Protocolo de San Salvador de 1998 ante la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos / OEA (véase nota oficial de su diplomacia del 28 de julio del 2022): como se ha podido apreciar en los últimos meses, la diplomacia de Chile profundiza su compromiso internacional con los derechos humanos desde que llegó la nueva administración del Presidente Gabriel Boric.
–Notas–
Nota 1: Sobre las nuevas competencias del Consejo de Derechos Humanos con relación a su predecesora, la Comisión de Derechos Humanos y un intento de comparar ambos órganos después de 5 años de funcionamiento del primero, véase VIEGA e SILVA M., El Consejo de Derechos Humanos de la Naciones Unidas, Tesis doctoral, Universidad Carlos III de Madrid, 2011, 667 páginas, pp. 169-246. Texto integral de la tesis disponible aquí.
Nota 2: Véase HALPERIN H.M, ORENTLICHER D., «El nuevo Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas«, Anuario de Derechos Humanos (2207), pp. 113-120, en pp.117-118. Texto disponible aquí.
Nota 3: Véase BOEGLIN N., «La reciente candidatura de Costa Rica al Consejo de Derechos Humanos: breves reflexiones«, Réseau International des Droits Humains, edición del 16 de octubre del 2019, disponible aquí.
Nota 4: En la misiva circulada por Costa Rica el 11 de abril del 2011 enviada al Presidente de la Asamblea General (véase texto completo), se indica por parte del Embajador de Costa Rica en Naciones Unidas que:
«La información sobre las promesas y los compromisos de Costa Rica en materia de derechos humanos se distribuyó a todos los Estados Miembros en julio de 2009, cuando el Gobierno anunció la decisión de presentar su candidatura al Consejo de Derechos Humanos para el período 2011-2014.
Las elecciones al Consejo de Derechos Humanos se celebrarán durante el sexagésimo quinto período de sesiones de la Asamblea General, el 20 de mayo de 2011«.
Nota 5: Véase por ejemplo MUSSO J.A, RODRIGUEZ M.C., SÁNCHEZ MERA S. TAHHAN R. M., Lecciones de Derecho Internacional de los Derechos Humanos, Universidad Católica Santiago del Estero, ediciones UCSE, 2021, 413 páginas, texto completo disponible aquí, pp. 86-101. Para un estudio sobre los órganos de tratados más detallado en español, véase CASTAÑEDA HERNANDEZ M., Los órganos creados en virtud de tratados de derechos humanos de Naciones Unidas como elementos de cambio en el orden internacional, Tesis doctoral, Universidad Carlos III de Madrid, 2018, 325 páginas. Texto integral de la tesis disponible aquí.
Nota 6: Véase BOEGLIN N., «La elección de nuevos integrantes en la Corte Interamericana de Derechos Humanos«, Portal de la Universidad de Costa Rica (UCR), Sección Voz Experta, edición del 20 de octubre del 2021, disponible aquí.
Nota 7: Sobre esta notable adhesión de Chile al Acuerdo de Escazú, que exhibe aún más a Costa Rica en sus inconsistencias en el plano internacional, véase BOEGLIN N., «Acuerdo de Escazú: Chile es oficialmente Estado Parte número 13. Algunas breves reflexiones desde Costa Rica«, Diario Constitucional, edición del 31 de julio del 2022, disponible aquí.
La renuncia en pleno del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Liberación Nacional es muestra de una situación nacional delicada, no se puede tomar a la ligera.
Aunque dista mucho de ser lo que fue, es uno de los partidos emblemáticos de la Costa Rica reformista de 1940-80, relevada por el PAC a partir de año 2000, y ambas agrupaciones están en una ostensible crisis, quizá de muerte.
Acontecimientos incidentales aparte, sendas crisis son expresión del colapso del reformismo democrático, acicateado por el triunfo de Chaves en las elecciones recién pasadas.
El rumbo que lleva este gobierno apunta en dirección a una contrarreforma, y tiene como objetivo las más representativas instituciones democráticas de nuestro país, con el agravante de que, dada la crisis de los partidos reformistas, la bancarrota del sindicalismo y del movimiento popular en general, la ofensiva contrarreformista parece incontrastable.
Por el momento el capítulo de la respuesta a esta situación se las quedo debiendo, por ahora, aún falta elaborar sobre la crisis del PLN, cuyo desenlace aún estamos por presenciar.
Doris fue una de las múltiples viudas que entrevisté antes de escribir el libro El Destructor de vidas y sueños. Su historia era dolorosa y repetitiva que muchas viudas con desesperación me habían contado, tras la notificación de Javier Chaves del 8 de marzo del 2019, informando que durante 3 años Aldesa no iba a pagar intereses para sanear la empresa y vencido el plazo devolvería todo el dinero.
La angustia que sentían tantas adultas mayores, dos veces despojadas, primero la viudez que les arrebataba el compañero de vida y ahora la codicia de los hombres que le quitaban la paz y la seguridad por la que habían trabajado, sacrificado placeres y ahorrado una vida entera. En lugar de una vejez tranquila, se les obligó a ajustar sus vidas a una manera más frugal, jugársela con la reducida pensión de la Caja y como casi todas tenían casa propia y de alguna manera podrían arreglárselas para sobrevivir mientras recuperaban los ahorros para volver a tener un mejor nivel de vida.
Doris había quedado viuda pocos años antes del colapso de Aldesa y recordaba cómo su marido y ella habían dispuesto vender años atrás, la casa amplia donde vivían y pasarse a alquilar un apartamento más pequeño y modesto que les permitía desentenderse de los pagos de impuestos territoriales, mantenimiento y así ajustar la pensión que era muy pequeña. Por la confianza que tenían en la trayectoria de Aldesa y el buen nombre de don Oscar Chaves Esquivel colocaron todos sus ahorros en la seguridad terminarían viviendo tranquilos los últimos años de vida.
Tras enfermar el marido de Doris, le dijo: «nada te va a faltar, con la plata de Aldesa vas a tener para vivir hasta el último día de tu vida, podrás comprar tus medicinas y todo lo que te haga falta… y por qué no, darte algún gustito de vez en cuando».
Pocos días después de recibir la notificación de Javier Chaves, con mucho coraje lo fue a buscar, para que le devolviera aunque fuese una fracción de su dinero, explicándole la dependencia absoluta que ella tenía de sus ahorros colocados en Aldesa. Javier categóricamente le dijo que no podía hacer algo así, que era ilegal, paradójica respuesta de quien pocos días después saldría a la prensa culpabilizando a los ahorrantes de codiciosos al mejor estilo Madoff diciendo: «nadie decía que era ilegal mientras ganaban plata».
Doris le rogó una salida y con el cinismo que acompaña a quienes no saben lo que es la empatía y sensibilidad, le dio una nueva asesoría gratuita pero extremadamente cruel: «haga un préstamo para que tenga para vivir estos tres años y al término de ese plazo, con los intereses acumulados, paga lo que debe y le devolvemos todos sus ahorros». No tuvo la decencia a los 3 años cumplidos, ni Javier Chaves ni ningún personero de Aldesa se dignó a dar explicación alguna sobre el paradero de su dinero y cuándo les iba a pagar.
Si hoy, 2 de agosto 2022, pocos días después de que se concretara la quiebra de Aldesa estoy escribiendo esta historia que no puede formar parte del libro, se debe a que me enteré hoy es desgarrador.
Tras la reciente declaratoria de quiebra de Aldesa, Doris se percató que la ilegalidad que Javier Chaves se negaba a cometer a favor de ella de devolverle una parte de sus ahorros, la cometió a favor de “sus privilegiados”, siendo ese uno de los motivos señalados por la jueza para dar curso a la quiebra. Recientemente volvimos a encontrarnos y lamentó no haber creído cuando le decía desde el principio, que Aldesa era un fraude. Hoy no sabe cómo va a pagar el préstamo.
Con fe y devoción, a sus 76 años caminó hasta el Santuario de Cartago para darle gracias a la Virgencita por el amor de sus seres queridos y amigos, quienes no le han permitido que la comida falte y también a renovar la petición de buena salud porque no sabría qué hacer para enfrentar una larga enfermedad.
Al regreso, vino a buscarme a la casa y mientras las lágrimas bajaban por su mejilla, extendió su mano temblorosa y me mostró una imagen de la Negrita con la palabra ALIMENTACION al pie, esa humilde petición que renovó con enorme devoción. También rogó le ayude a recuperar su dinero, pues su situación es desesperada y no sabe cómo terminará el año.
Mientras Doris sufre la carencia de su propio dinero, la codicia de grandes “empresarios visionarios”, quienes siguen viviendo en la opulencia, importantes hombres de negocios que amasan fortunas, y despectivamente desde sus lujosas casas y condominios se sientan a ver los reportajes en sus pantallas gigantes, donde un pueblo humilde, honesto y trabajador cumple sus promesas con devoción.
Ellos se creen piadosos porque van a misa todos los domingos antes del “brunch” del Country, y ahí se codean con gente “igualmente respetable”. Son estos hombres ricos a quienes hoy Cristo les dice “Ve y vende todo lo que tienes, repártelo entre los pobres y sígueme”. Pero estos, igual que el joven rico del evangelio se retiran muy tristes porque son muchas las riquezas a las que tendrían que renunciar.
Si bien los Evangelios y la Biblia en general contienen muchos pasajes en los que Dios irrumpe en la historia y con su poder infinito intercede a favor de los más débiles, este es solo un ejemplo para los mortales.
Dios ante todo es un dios de justicia quien con su ejemplo, sus profetas y simples mortales claman y luchan por la justicia. Este día de la Virgen de los Ángeles, me solidarizo con Doris y con todas esas personas que lo han perdido todo y anhelan recuperar suficiente para terminar sus vidas en paz. Espero que los milagros se hagan realidad y que Dios despierte en los hombres de buena voluntad, esa pasión por la justicia que inspiró a los profetas de Israel y a los apóstoles.
Es el momento para ponernos del lado de quienes sufren y exigir que se haga justicia aquí y ahora, en esta tierra. Que se haga el milagro de despertar el espíritu de lucha entre todos los afectados para que unidos nos propongamos a que todos los bienes que poseen los responsables de este crimen les sean quitados, que sean investigados y se pueda determinar cuánto sacaron a paraísos fiscales. Que, con todas esas fortunas, respondan a título personal el daño inmenso que han causado a miles de inocentes, así como a la credibilidad del país.
¡Ver justicia pronta y cumplida en nuestro país será un milagro!
Por Esteban Beltrán Ulate Profesor universitario esbeltran@yandex.com
La migración es una pedagogía incierta que camina, y en su caminar construye un relato que tiene como punto de origen la esperanza. La migración es un gesto político que marcha a contrapelo a lo establecido, es una contra política de lo hegemónico. Esta movilización que rompe fronteras y hace temblar legislaciones, es una muestra de la libertad que anima los cuerpos oprimidos.
La movilización es un derecho humano que ha sido ataviado bajo la estructura de mercado capitalista. De lo anterior deriva las múltiples caracterizaciones que se le dan a los sujetos que se movilizan, siendo la figura del migrante en la que se encuentra en condición deplorable. Dicha caracterización es derivada de una mirada capitalista que plantea la utilidad y la acumulación de riquezas como criterios necesarios para identificar al “bien-recibido”.
Decir migrante es decir a la vez decir no-migrante o nativo, es muestra de una mirada dual, donde se interpone una lectura asimétrica respecto a los beneficios del Estado, por lo que, unos son poseedores y otros se convierten en el atentado posible.
La lucha de los migrantes nos dice mucho, pues confronta el sistema político vigente. Por otro lado, nos revela (a los que aún no migramos) al menos a quienes habitamos en las regiones del sur global que aunque no seamos nosotros los que nos estamos movilizando, en ellos hay algo de nosotros que se refleja. Es quizás el gesto político de ruptura más poderoso, el que se mueve con las personas que quiebran las fronteras.
La lucha migrante nos incluye, ya que su anhelo y esperanza es un gesto de resistencia frente a un mundo el cual todos somos parte, y en el cual no hemos sido capaces como humanidad de consolidar como un espacio de bienestar para todes.
Escribo este comentario, movido por la preocupación que muchos costarricenses tenemos por el curso y discurso que, en estos pocos meses, ha tomado el gobierno actual, principalmente en la figura del presidente. No me mueve ningún interés partidario y, menos, personal. Desde el inicio, se ha venido dando un encadenamiento de hechos y dichos, que podrían considerarse alarmantes, dado su carácter prepotente y autoritario, ajeno a la auténtica práctica de la democracia, en particular la nuestra, que se ha considerado ejemplar por décadas. Ese comportamiento y su grave perjuicio lo hemos visto, y lo vemos, en diversos países del continente, incluyendo, recientemente, a USA. En el gobernante actual, se ven una serie de elementos que, por la frecuencia y caracterización, no deben considerarse casos aislados; más bien, por el contrario, como indicadores de toda una programática tendencia que podría agudizarse con el tiempo. Y este comportamiento, como es común, viene casi siempre acompañado de un irresponsable populismo.
He aquí el ordenamiento de unos cuantos eslabones de la cadena:
Desde el primer día, en un acto inconsulto y anticientífico, por decreto, quita la exigencia del uso de la mascarilla. Este acto, en apariencia intrascendente podría no serlo, si se le mira en el contexto en que otros gobernantes conocidos han minimizado o desoído los consejos de la ciencia. ¿A qué viene esta decisión irrelevante precisamente en el día de la toma de posesión? ¿Sería solo por advertir que estará por echar abajo todos los logros de la administración anterior, incluyendo el magnífico desempeño en el campo de la salud?
En un acto inaudito, frente al presidente de la Corte Suprema de Justicia, uno de los tres pilares de la constitución democrática, arremete contra este poder, rompiendo los límites que su cargo le exige guardar.
La emprende contra la prensa que, como sabemos, debe considerase el cuarto poder en la estructura de toda democracia. Cualquier crítica u objeción que se le haga, aunque bien documentada, será para él “una canallada”, lo cual el populacho aplaude. Guardando todavía cierta distancia, como en el país vecino, está buscando debilitar la prensa de diversas formas, cuando no sea obsecuente con sus actuaciones y discursos.
Junto a ello, se ha creado, desde el principio, una estructura de apoyo popular en las redes, los llamados “troles”, en que se percibe, entre otros tonos, el tufillo seudoreligioso que tanto daño hizo en el gobierno anterior, en que el odio, la mentira y la vulgaridad campean; pero ahora, además, ensalzando la figura del gobernante a ridículos extremos mesiánicos y, óigase bien, a escasos meses de iniciado, y sin dar muestras de su carácter ejecutivo, como se ha visto con la relación con la Asamblea Legislativa, algunos claman, muy peligrosamente, desde ahora, para que pueda reelegirse dentro de cuatro años. El gobernante, desde luego, tiene que conocer estos “apoyos” en los que “la gradería de sol” de B. Cañas, ahora ha invadido y embarrialado la cancha con las expresiones más burdas, vulgares y llenas de odio para cualquier discrepancia en su contra. Sé, para confirmar esto, que, como una jauría, se vendrán contra este escrito.
Siguiendo con el irrespeto a los límites que su investidura le obliga, arremete contra otro Poder, que debe ser el primero: la Asamblea Legislativa y sus integrantes que, según él, lo que hacen es “jugar chapitas”. Y peor, la vocera más importante del novel “partido”, siendo ella jefa de su fracción, desvalida la esencia de su función argumentado que es mejor gobernar vía decreto, al mejor estilo del gobernante salvadoreño y otros. Todos, pasos reconocidos del autoritarismo que tanto daño han hecho a muchos otros países.
En sus discursos, como el reciente en Guanacaste, de manera altisonante e histriónica, del más refinado estilo populista, con un tono de campaña política, dice cosas que halagan al pueblo necesitado de oírlas, a veces mintiendo, al arrogarse acuerdos o resoluciones ya resueltos desde el gobierno anterior, como el del Agua para Guanacaste o las sensibleras referencias a la pobreza de su infancia, ya desmentidas con datos concretos en las redes.
Hace una convocatoria a los “reservistas”, para crear una fuerza “parapoliciaca”. Esto ¿no podría derivar, como en otros regímenes, en una especie de guardia “pretoriana” al servicio del gobernante? ¿No era mejor reforzar, para la seguridad ciudadana, el presupuesto para la policía constitucionalmente autorizada?
En la campaña, ofreció premiar económicamente, a quienes denunciaran, por ejemplo, dentro de una misma institución, a personas y hechos por corrupción. ¿No podría prestarse esto a una especie de interesado esbirraje con fines más allá de ese, en todo caso, poco elegante proceder, y convertirse en un espionaje también de tipo político, como sucede en las dictaduras?
Como dije al principio, más allá de partidos políticos, los ciudadanos conscientes que respetamos y valoramos la tradición democrática de la que hemos gozado por mucho tiempo, debemos, desde ya, estar alertas antes de que sea demasiado tarde, como la Historia lo ha demostrado muchas veces: “Pasarle la raya al autoritarismo”, según el artículo recientemente publicado por la académica Flores Estrada”.
* Publicado por el CEDI en Facebook, compartido con SURCOS por Deyanira Sequeira.
A las compañeras y compañeros del sector público, en particular de la banca: desde los años en que empiezan los PAES, -en los 80’tas-, se advertía la tercerización de los servicios públicos, como una forma de «privatización», cercenando aquellos puestos y servicios que estaban directamente relacionados con la seguridad de las estructuras físicas, humanas y los activos más líquidos, (dinero, equipo electrónico, documentos, etc.).
Digo que eso no es poca cosa, sino esencial para la buena marcha de las instituciones; esa digna labor costó la vida de abnegados servidores, merced a la delincuencia organizada, de aquí y de afuera.
Los otros servicios de conserjería, encargados de mantener la limpieza y orden de las instituciones; dura tarea, llevada de forma abnegada por todo el personal empleado.
Empezaron por ahí, por los puestos más bajos de la escala salarial; de forma que, el resto del personal de escalas, apenas superiores, oficinistas, 1-2-3-4… secretarias, cajeros, 1-2-3-4… hasta oficiales de mayor rango, jefes de agencias sucursales, contadores, y muchas más de escala salarial; estos ni parece que veían venir el proceso, pero como no los alcanzaba, parece que lo pasaron desapercibido, (para esa época, ya estaba fuera del sector público).
También otra medida en ese sentido fue una reestructuración de las instituciones y una, creo, llamada » movilidad laboral» que, irónicamente pagaba al «movilizado» todos los años de servicio en la institución. Digo irónico porque se pagaron 20, 25, 30 y hasta 40 años de servicio a modo de PRESTACIONES y ahora «satanizan» a las convenciones colectivas que superaron la establecida de 8 años, y de paso, a los sindicatos que nunca arguyeron que esa figura privatizadora la habían utilizado desde el gobierno para desmantelar el Estado.
He observado en las áreas de salud (EBAIS) que algunos puestos como secretariado y la entrega de medicamentos están bajo empresas privadas (en la Clínica de Atenas y algunos Ebais, tienen seguridad, limpieza, y secretaria, bajo empresa privada). Tengo que verificar, pero la empresa anterior, durante la pandemia o por ese tiempo se retiró, y creo que no pagó ni salarios del mes que se fue ni aguinaldos ni nada, preguntaría si la CCSS le cobraría a esta empresa para que pague a estas personas trabajadoras.
Buena esa lucha del Calderón Guardia y otras, pero ¿y los que ya fueron «tomados y tercerizados”?
Agua potable para unas 140.000 personas, está cayendo mientras usted lee está breve nota, por la «catarata» del balneario de Ojo de Agua. Valioso líquido que luego corre por las piscinas recreativas, antes de pasar a la laguna artificial y a una quebrada sin nombre, para terminar en el muy contaminado río Virilla. Así sucede, pese a que es innegable que constituye un gran desperdicio del valioso líquido, en momentos en que decenas de miles de niños, adultos y ancianos, padecen por escasez de agua en poblaciones vecinas del valle central.
Así como en tiempos de don León Cortés y don Ricardo Jiménez, ambos con muy clara visión de sus responsabilidades gubernamentales, ordenaron la construcción de un extraordinario acueducto de más de 90 km de longitud, que conduciría 360.000 litros por hora hasta Puntarenas (desde donde después se construyera el balneario), creemos que así también se deberá hacer lo posible porque no se desperdicien completamente, los MÁS DE UN MILLÓN de litros, que por hora se están botando sin aprovechamiento alguno, y caprichosamente, al río Virilla.
Ante lo que consideramos una barbaridad, esperamos que se ejecute un proyecto que, mediante un adecuado diseño, detenga el derroche de esa riqueza natural que se nos está yendo entre los dedos. Proyecto que, obviamente, permitiría garantizar el aporte necesario del agua a las piscinas y la laguna artificial del balneario, para su permanencia. Con un racional sistema de recirculación y desinfección del agua de las piscinas, como se hace en las piscinas recreativas y de competencia del mundo, esa millonaria cantidad de litros de agua potable dejaría de desaprovecharse, para, en su lugar, hacer un uso racional de ella, dirigiendo un porcentaje determinado para satisfacción de los habitantes que realmente la necesitan con urgencia y que ven cómo se pierde en el balneario.
Y es que, amigos, con un racional manejo, tal agua, perteneciente a todos los costarricenses, no solo serviría para hacer cumplir el precepto que nos dice que «el acceso al agua en calidad y cantidad adecuadas es un DERECHO HUMANO», sino que tanto las piscinas como la laguna seguirían cumpliendo sus funciones recreativas.
No sobra decir, que tiene el AyA los profesionales y técnicos capacitados para garantizar que racionalmente, pueda compartirse el agua que brota del acuífero Barva en ese particular lugar, entre la población que realmente la necesita, y el balneario.
Pues bien, así como hace 90 años los costarricenses valoraron y agradecieron el gran esfuerzo que nuestras autoridades gubernamentales hicieron por satisfacer las necesidades de agua en la vertiente del Pacífico, así esperamos que la lógica y la razón se impongan por sobre esa extraña, pero equivocada idea, de que la riqueza acuífera del país pertenece a unos cuantos pobladores cercanos a sus fuentes, y no a todos los costarricenses, como bien demanial que es.
En fin, puestos en una balanza la urgencia de agua en tantos cantones de Heredia, Alajuela y San José, frente al mantenimiento del desperdicio que hoy más bien debería de avergonzarnos, como «personas inteligentes», es fácil vislumbrar hacia a dónde se inclinaría el fiel de la balanza.
El 1% tiene lo que el otro 99% necesita. Joseph Stiglitz
Se ha aprobado un raquítico aumento del 1.24 % al salario del sector privado que no compensa la creciente inflación. Se reduce, así, el consumo básico de las familias con impactos negativos en la salud, especialmente en una adecuada y necesaria nutrición infantil. Y, en un contexto donde el desempleo no da señales de reducción significativa, el problema se agudiza. Urgen medidas como eliminar el IVA del 1% a la canasta básica, aumentar razonablemente el salario del sector privado y descongelar los aumentos de salarios del sector público.
Para compensar la inflación hay que aplicar la ley de “chucho el roto”: quitarles a los ricos para darle a los pobres, así de fácil. Aplicar un impuesto del 1% al sector de las grandes empresas nacionales y de las zonas francas, como se ha propuesto reiteradamente, y un impuesto a los bienes improductivos, además intensificar las medidas de control y cobro tributario a las grandes empresas que declaran cero ganancias. Asimismo, cerrar los portillos de la corrupción público-privada, que como en los caos de cochinilla, diamante y tantos otros más han sangrado las arcas del Estado.
Dejémonos de esos discursos de “no más impuestos”, que reiteran a voces los neoliberales, mientras el pueblo soporta el peso de uno de los peores impuestos: la inflación. Ese es un discurso hueco y politiquero. Por otra parte, un Estado endeudado no puede hacer chocolate sin cacao, y el cacao está en muy pocas manos.
Para situaciones extraordinarias medidas extraordinarias, se nos dijo en tiempo de pandemia. Y, claro, se tomaron esas medidas, inconstitucionales la mayoría, con el consentimiento de la Sala IV que se convirtió en el brazo derecho del gobierno de Carlos Alvarado. Así, nos recetaron un plan fiscal para que los ricos pagaran impuestos como pobres y los pobres como ricos. Aprobaron una ley anti-huelgas, criminalizando la protesta social y poniendo una mordaza al pueblo, para que se quede en casa. Aprobaron una ley para cobrar una segunda o tercera contribución solidaria a las mal llamadas “pensiones de lujo”, para no tocar a las verdaderas pensiones y salarios de lujo, como las pensiones de políticos que no cotizaron y salarios como el de la misma superintendente de pensiones.
Sí, llegó la hora de las medidas extraordinarias. Si somos uno de los países más desiguales del mundo, es porque la plata se ha concentrado en una élite intocable. Por ese camino no nivelamos la cancha. Y, para continuar sosteniendo lo insostenible, se nos obliga a endeudarnos más. Es decir, se continúa favoreciendo a las grandes empresas e instituciones financieras que siguen haciendo clavos de oro, y no se ven las medidas para que sean ellas las que paguen una porción significativa de esa deuda, como debe ser.
Por su parte, viejos y nuevos partidos vuelven a la retahíla neoliberal de la reducción del gasto público. No se cansan de repetir que el causante de la crisis fiscal y de todas las crisis es el sector público. Ya no se mencionan las exoneraciones, amnistías y evasiones de impuestos del sector privado. Y la corrupción institucionalizada solo lleva el sello de lo público. Proteccionismo extralimitado al sector privado, parar continuar por la senda de la desigualdad y el endeudamiento.
El país está a punto de arder, aún y cuando se cifran esperanzas en la nueva administración por algunas señales positivas. No se pueden postergar medidas serias y extraordinarias que atiendan, ya, las dolencias de un pueblo que ha sido valiente y solidario para encarar las crisis sanitarias, de desempleo y de alto costo de la vida. Pero, este pueblo está tocando techo. “Más vale prevenir que lamentar”. Manos a la obra.
