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Chile oficialmente Estado Parte número 13 al Acuerdo de Escazú: algunas reflexiones

Foto: El nuevo Presidente de Chile Gabriel Boric y Constance Nalegach, ex negociadora del Acuerdo de Escazú durante su proceso de discusión (2012-2018) en la ceremonia oficial de la firma del Acuerdo de Escazú, en el Palacio de la Moneda, celebrada el 18 de marzo del 2022 (foto extraída de redes sociales).

Nicolas Boeglin (*)

En la última semana del mes de junio del 2022, Naciones Unidas ha procedido a actualizar el estado oficial (véase enlace) de las firmas y de las ratificaciones del Acuerdo de Escazú: desde el 13 de junio, por parte de la Oficina de Tratados de la Secretaría General de Naciones Unidas, fue registrado el instrumento de adhesión depositado formalmente por Chile.

Las mayorías obtenidas en las dos cámaras del Poder Legislativo chileno en menos de 20 días en el mes de mayo del 2022 en favor del Acuerdo de Escazú merecen mención: el 11 de mayo, la Cámara de Diputados lo aprobó con 105 votos a favor, 34 en contra y 3 abstenciones, al tiempo que el 31 de mayo lo aprobó el Senado con 31 votos a favor, 3 en contra y 11 abstenciones. Estas mayorías indiscutibles evidencian que los supuestos «argumentos» en contra del Acuerdo de Escazú ya no impresionan sino a unos muy pocos, y que forman parte del pasado. A su vez, estas cifras obtenidas en ambas cámaras chilenas recuerdan que en noviembre del 2020, el Senado de México aprobó el Acuerdo de Escazú por unanimidad (véase comunicado oficial de su Senado), que en septiembre del 2020, en Argentina, la votación en la Cámara de Diputados registró 240 votos a favor, 4 en contra y 2 abstenciones (véase nota oficial) y que en el 2019, el Parlamento bicameral de Uruguay lo aprobó por unanimidad (véase ficha técnica).

A partir del 13 de junio del 2022, el número de Estados Partes al Acuerdo de Escazú se eleva a 13. La forma con la que Chile adhirió al Acuerdo de Escazú, el nivel de consenso con el que se aprobó tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado plantea ahora algunas interrogantes en los Estados en los que los detractores al Acuerdo de Escazú referían a la discusión en Chile como un «argumento» para no aprobar este tratado regional, adoptado en el 2018 en Costa Rica por 33 delegaciones de América Latina y del Caribe.

Una anhelada rectificación por parte de Chile

La aprobación del Acuerdo de Escazú constituye un gran logro del actual Poder Ejecutivo, que pone fin a una innecesaria polarización que se inició a mediados del 2018 con la negativa de las autoridades chilenas de tan siquiera firmar este instrumento regional de vanguardia para la región y para el mundo. De poca grata memoria, cabe recordar que en el mes de septiembre del 2018, Chile ni siquiera envió a un delegado a la gran ceremonia oficial en Naciones Unidas de apertura oficial del Acuerdo de Escazú a la firma de los 33 Estados Miembros de la Comisión Económica de Naciones Unidas para América Latina (CEPAL): un gesto insólito por parte de una desconcertante administración como la del Presidente Sebastián Piñera, jamás observado en un recinto como el de la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York.

La movilización de un importante sector de la sociedad civil chilena solicitando que el Poder Ejecutivo reconsiderara tan insólita posición (véase carta colectiva que circuló en septiembre del 2018) no logró mayor efecto. El hecho que, desde el Vaticano, la Conferencia Latinoamericana de Religiosos (CLAR) reiterara en el 2020 a Chile (y a los demás Estados de la región) aprobar el Acuerdo de Escazú (véase nota del VaticanNews) conoció la misma suerte.

Escazú: un instrumento de vanguardia

Escazú ha sido descrito por especialistas como un instrumento moderno en materia de gestión y de gobernanza ambiental (Nota 1). Pero tal es el carácter visionario de Escazú que el pasado 24 de junio del 2022 se anunció por parte de la Comisión Económica de Naciones Unidas para Europa (UNECE) la designación de un relator sobre personas defensoras del ambiente (véase comunicado oficial de la UNECE), inspirándose en los debates y en los logros inobjetables e incuestionables alcanzados en el Acuerdo de Escazú, no contemplados en la Convención de Aarhus.

Como se recordará, Escazú (2018) es el equivalente para América Latina y el Caribe del Aarhus (1998) en Europa. Una evidencia más de la visión meridiana que tuvieron, y ello desde sus inicios los Estados que gestaron el Acuerdo de Escazú, y que debería reforzar en América Latina y el Caribe, la convicción de su urgente y necesaria aprobación.

En el mes de abril, la CEPAL difundió una guía de implementación (de casi 200 páginas) del Acuerdo de Escazú, de lectura muy recomendada para organizaciones sociales y entidades públicas así como público en general interesado.

En estos primero días del mes de julio, Argentina ha anunciado (véase nota de prensa) una consulta pública de cara a mejorar su estrategia nacional sobre cambio climático, una consulta que se inscribe dentro de los lineamientos del Acuerdo de Escazú.

Chile avanza con Escazú y se abren perspectivas

Chile en este mes del ambiente logró realizar el depósito de su adhesión en Naciones Unidas pocos días después de las festividades del Día Internacional del Ambiente. Es de notar que otros Estados, al igual que Chile, al ratificar el Acuerdo de Escazú tuvieron el esmero de depositar su instrumento formal de ratificación en Naciones para fechas simbólicas para el Ambiente y para el mismo Acuerdo de Escazú (Nota 2).

Días antes del 5 de junio, el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) de Chile emitió también una instrucción (véase texto) que debería desde ya inspirar a muchos otros Estados de América Latina sobre participación de las comunidades afectadas o potencialmente impactadas. El pasado 22 de junio, las tres titulares de carteras ministeriales chilenas (Ambiente, Relaciones Exteriores y Justicia) se reunieron para elaborar una hoja de ruta de cara a la implementación del Acuerdo de Escazú (véase comunicado oficial del Ministerio de Justicia).

No cabe duda que, Escazú ha encontrado en Chile en este 2022 a uno de los equipos de gobierno que mejor entiende el alcance de su contenido y ejemplifica a los demás cómo materializar los principios que enuncia. Después de la primera Conferencia de las Partes (COP) celebrada en Chile en abril del 2022 que tuvimos la oportunidad de analizar, la segunda se realizará… también en Chile en el 2024, al tiempo que una reunión intermedia se realizará en el 2023 en Argentina.

En América Latina se considera que a raíz de los cambios políticos acaecidos en Colombia, Escazú tiene ahora posibilidades de ser aprobado ahí, sin más titubeos, zancadillas y maniobras de todo tipo gestadas desde el mismo Poder Ejecutivo colombiano saliente. Así lo deja entrever quien asumirá próximamente la Presidencia del Congreso de Colombia en una muy reciente entrevista.

Honduras por su parte sigue con un Ejecutivo que a la fecha no ha iniciado la firma del Acuerdo de Escazú: un gesto político de importancia que bien podría materializarse, si se considera que la fecha del 4 de marzo del 2018 para el Acuerdo de Escazú se escogió como un homenaje de América Latina y del Caribe al natalicio de Berta Cáceres, lideresa hondureña lenca asesinada en Honduras en el 2016: el autor intelectual de este vil asesinato acaba de ser condenado el pasado 21 de junio (véase nota de la BBC), al tiempo que persisten dudas sobre las reiteradas negligencias de las entidades bancarias europeas a cargo del proyecto Agua Zarca. El 30 de junio del 2022, la ONG Human Rights Watch envió una larga petitoria a las autoridades hondureñas (véase texto) que solicita la firma y pronta aprobación del Acuerdo de Escazú, al señalar que:

«Al menos 10 defensores de derechos humanos fueron asesinados en 2021, indicó la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), mientras que 199 defensores de derechos humanos sufrieron hostigamiento, amenazas o ataques ese mismo año. De esa cifra, el 80 % defendía derechos sobre la tierra o ambientales. En casi todos los casos, las amenazas y los ataques contra los defensores de derechos humanos quedan en la impunidad«.

Honduras, al igual que Cuba, El Salvador y Venezuela permanecen ausentes entre quienes no han firmado tan siquiera el Acuerdo de Escazú.

Costa Rica y Escazú: interrogantes y situación incómoda

No está de más señalar que los siguientes Estados han firmado el Acuerdo de Escazú y se niegan a la fecha a aprobarlo sus respectivos congresos: Brasil, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Haití, Paraguay, Perú y República Dominicana. Costa Rica en… ¿semejante lista de Estados renuentes a proteger los derechos de quienes defienden el ambiente? Así como se lee.

En el caso de Costa Rica, el magnífico ejemplo de la adhesión de Chile podría iniciar sus efectos en la discusión en el seno de su Poder Legislativo, tal y como se explicó en su momento con ocasión del Día Internacional del Ambiente en este 2022. Iniciativas legislativas recientes altamente preocupantes que limitarían sustancialmente las normas vigentes en Costa Rica sobre participación ciudadana en materia ambiental han encendido las alarmas en estos primeros días del mes de julio del 2022 (véase por ejemplo nota de prensa titulada «Ambientalistas advierten sobre deriva autoritaria de Chaves en materia ambiental» y artículo sobre las incertidumbres que plantea esta «reforma» de la máxima instancia ambiental en Costa Rica); al mismo tiempo, un notorio caso de contaminación del agua potable en la comunidad de Cipreses evidencia la total impericia de las actuales autoridades a cargo de velar por la calidad del agua suministrada (véase carta del colectivo EcoCipreses del 30 de junio), y confirma – una nueva vez – la urgente necesidad de garantizar y de consolidar un participación ciudadana informada en materia ambiental en Costa Rica. El impacto en la salud humana de personas pertenecientes a comunidades afectadas por la expansión piñera es otra gran pesada deuda que arrastran desde muchos años las autoridades de Costa Rica (véase muy completo reportaje del 2019, cuya lectura se recomienda).

Como lo recordábamos durante la última semana de junio en un foro internacional celebrado en San José sobre Derechos Humanos (Congreso sobre BioDerecho y Derechos Humanos y video – intervención nuestra a partir de 1:59:00), el eje de la participación ciudadana en materia ambiental constituye uno de los pilares del Acuerdo de Escazú del 2018, así como de la Convención de Aarhus (1998).

Los costarricenses ya han podido por sí solos observar que nada de lo que se prevé por parte de algunas pocas cámaras empresariales que va a ocurrirle a la economía costarricense si se aprueba el Acuerdo de Escazú ocurrió en el caso de las economías de Argentina, Bolivia, Ecuador, México, Panamá y Uruguay al aprobarlo. Se prevé que la economía chilena tampoco se verá impactada negativamente y que más bien, el indiscutible liderazgo ambiental y en materia de derechos humanos en la región que reafirma con su adhesión al Acuerdo de Escazú le deparará a Chile novedosos proyectos de inversión y en materia de cooperación.

Siguen siempre esperando una respuesta varias preguntas que lanzamos a las cámaras empresariales en el medio digital costarricense de Delfino.cr, en marzo pasado. Reiteramos el hecho que los supuestos «argumentos» contra el Acuerdo de Escazú corresponden a mitos, promovidos por varias cúpulas empresariales de América Latina y por sus (siempre hacendosas) fichas políticas.

Ya nuestro colega Mario Peña ha explicado que la inversión de la carga de la prueba en materia ambiental aplica desde 1998 en el ordenamiento jurídico costarricense y que no ha ahuyentado a nadie en particular, pese a lo sostenido por cámaras empresariales y por una magistrada de la Sala Constitucional para oponerse al Acuerdo de Escazú (Nota 3). Con relación a otros supuestos «argumentos“ contra Escazú, tempranamente el equipo de periodistas de la Universidad de Costa Rica (UCR) de Doble Check así lo demostró con un titular que (a la fecha de hoy…) no ha dado lugar a ningún derecho de respuesta o de rectificación por parte de la entidad aludida y que se lee así: «UCCAEP usa argumentos falsos para oponerse al Acuerdo de Escazú«.

El mismo jurista Mario Peña había por su lado desmitificado en otra valiosa contribución publicada en noviembre del 2020 las sinrazones y verdaderas leyendas vehiculadas por algunos sectores en Costa Rica en contra de Escazú. Sinrazones y leyendas que encontramos diseminadas de manera casi idéntica en otros comunicados al de la UCCAEP (véase por ejemplo carta de cámaras ligadas al sector agroexportador costarricense) y en otras latitudes del continente: véanse por ejemplo en Perú este documento suscrito por su Colegio de Ingenieros y este otro documento suscrito por altos mandos militares peruanos sobre la supuesta pérdida de soberanía en la Amazonía peruana, o bien a este anuncio de cámaras paraguayas del sector agropecuario (véase texto completo).

Volviendo a Costa Rica, la Cámara Nacional de Eco Turismo y Turismo Sostenible (CANAECO) tuvo el valor de refutar públicamente a sus homólogas en un comunicado a favor del Acuerdo de Escazú, no así la CANATUR (véase comunicado): la cámara nacional de la industria turística costarricense, que se basa en los atractivos de la prodigiosa biodiversidad de Costa Rica, ¿adversando el Acuerdo de Escazú establecido para proteger a quienes defienden el ambiente? Vaya consternación para muchos.

Siempre con relación a Costa Rica, cabe mencionar un «descubrimiento» único de su Poder Judicial. En efecto, ningún otro Poder Judicial en los 12 Estados que ya han ratificado el Acuerdo de Escazú, como tampoco el Poder Judicial peruano (véase documento), y mucho menos el chileno (véase documento), ha sostenido un criterio similar al expuesto por la Corte Plena de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica: según ella (y solamente ella…), el inciso 5 del artículo 8 del Acuerdo de Escazú conllevaría un gasto adicional para el funcionamiento del Poder Judicial costarricense. El Acuerdo de Escazú ¿obliga a un esfuerzo económico adicional para el presupuesto de la justicia en Costa Rica y únicamente en el caso de Costa Rica? Vaya innovación y esfuerzo de creatividad. En realidad, este «descubrimiento» no debe verse como algo fortuito, sino que se inscribe en una línea jurisprudencial regresiva de la Sala Constitucional costarricense en materia de participación ciudadana en materia ambiental pocamente divulgada y cuestionada (Nota 4).

Es más que probable que se acentúe, con el pasar del tiempo (y de nuevas ratificaciones del Acuerdo de Escazú por venir), la mezquindad – en nuestra opinión bastante insólita – del Poder Judicial Costa Rica ante sus demás pares de América Latina y del Caribe.

A modo de conclusión

Conforme vayan registrándose nuevas ratificaciones del Acuerdo de Escazú, la posición exhibida por Costa Rica en el plano internacional se volverá más incómoda e insostenible, por lo que planteamos desde ya las siguientes interrogantes: ¿estaremos aún a tiempo, después de Chile, de rectificar? Habiendo Chile y Costa Rica co-liderado el proceso de negociación entre el 2012 y el 2018 ¿no debió la primera COP realizarse en Chile y la segunda en Costa Rica? ¿Habrá que esperar que Colombia también lo apruebe (y luego tal vez Brasil, Honduras, Perú o Paraguay) para que Costa Rica se sienta de una u otra manera interpelada por otros Estados de la región y reaccione? Como ciudadanos, ¿qué más podemos hacer con relación a la urgente necesidad de consolidar un modelo de gobernanza ambiental mucho más funcional que el existente en Costa Rica, y que ofrece a todo Estado que lo aprueba el Acuerdo de Escazú?

No quisiéramos concluir estas breves líneas sin externar a la jurista chilena Constance Nalegach, con quien tuvimos el privilegio de compartir varios espacios y foros, en particular una reciente entrevista en la televisión universitaria, nuestra profunda admiración por su labor incansable y su compromiso inclaudicable en favor de una verdadera democracia ambiental en América Latina y el Caribe: el Acuerdo de Escazú y todos los defensores del ambiente de América Latina le deben mucho a esta gran figura chilena.

– -Notas- –

Nota 1: Véase por ejemplo PEÑA M., «Transparencia y rendición de cuentas en el Estado de Derecho ambiental«, Delfino.cr, edición del 17 de abril del 2021, disponible aquí. Sobre el Acuerdo de Escazú, remitimos a dos valiosas publicaciones colectivas que detallan los alcances de su contenido y su importancia para la consolidación de una verdadera democracia ambiental en América Latina y el Caribe: BARCENA A., MUÑOZ AVILA L., TORRES V. (Editoras), El Acuerdo de Escazú sobre democracia ambiental y su relación con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, 2021, CEPAL/Universidad del Rosario (Colombia), 298 páginas, disponible en este enlace; y PRIEUR M., SOZZO G. y NAPOLI A. (Editores), Acuerdo de Escazú: pacto para la economía y democracia del siglo XXI, 330 páginas, 2020, Universidad del Litoral (Argentina), disponible en este enlace. El hecho que se trata de un instrumento de vanguardia se confirma aún más al revisar los desarrollos para la aplicación del Artículo 7 elaborados por la misma CEPAL en la guía de implementación del Acuerdo de Escazú, presentada en abril del 2022 (disponible aquí, pp.108-126).

Nota 2: Es así como algunos Estados escogieron el segundo año de vida de Escazú (Antigua y Barbuda logrando el depósito en la misma fecha, Nicaragua y Panamá unos pocos días después), el primer aniversario de la apertura de su firma (Bolivia, San Vicente y las Granadinas, Uruguay con un cronograma realmente envidiable y ejemplar). En el caso de Argentina y de México, ambos aparatos diplomáticos coordinaron la fecha del 22 de enero del 2021 para permitir una entrada en vigor de Escazú para el Día de la Tierra, el 22 de abril. Como vemos, cada Estado a su manera ha buscado honrar Escazú con una fecha simbólica escogida para depositar formalmente su instrumento de ratificación en Naciones Unidas, destacándose la perfecta sintonía entre los aparatos diplomáticos de Argentina y de México para darle el mayor realce posible a la fecha de entrada en vigor del Acuerdo de Escazú.

Nota 3: La posición de la antes mencionada magistrada se puede leer en la «nota» que acompaña el voto de la Sala Constitucional de marzo del 2020 sobre el Acuerdo de Escazú (véase texto completo). Es de notar que en su voto salvado, el Magistrado Paul Rueda señala la lectura totalmente errónea hecha por sus colegas de la Sala: «Se advierte con facilidad que tal norma en ningún momento le impone al Poder Judicial la obligación de brindar asistencia técnica y gratuita, la cual corresponde implementarse a partir de las condiciones propias del ordenamiento jurídico de cada país. En el caso de Costa Rica, tal asistencia puede ser brindada por cualesquiera dependencias públicas afines al tema, verbigracia, la Defensoría de los Habitantes, las Defensorías Sociales del Colegio de Abogados o los consultorios jurídicos de la UCR (lo que no excluye la cooperación de aquellos correspondientes a universidades privadas). Erradamente, el voto de mayoría solo pensó en el Poder Judicial y estimó que el texto consultado “contiene en su articulado normas explícitas que disponen la creación, la variación sustancial o la supresión de órganos estrictamente jurisdiccionales o de naturaleza administrativa adscritos al Poder Judicial, o bien, crea, ex novo, modifica sustancialmente o elimina funciones materialmente jurisdiccionales o administrativas”. A partir de lo expuesto, sostengo que del texto expreso del numeral en mención en ningún momento se extrae lo que la Mayoría supone«.

Nota 4: En efecto, no es la primera vez que, en Costa Rica, la mayoría de la Sala Constitucional busca la manera de limitar significativamente el alcance de la participación ciudadana en materia ambiental, uno de los tres pilares fundacionales del Acuerdo de Escazú. Se trata de una cara de la justicia costarricense constitucional pocamente divulgada y conocida, pese a que, en nuestra modesta opinión, debiera serlo, además de discutida y denunciada. En el 2017, la Sala Constitucional de Costa Rica, decidió que la participación ciudadana en materia ambiental ya no califica (según ella y… solamente ella) como un derecho humano: ello se desprende del párrafo V de la sentencia 1163-2017 (véase texto completo). Resulta oportuno señalar que esta decisión fue objeto de tan solo dos votos salvados (suscritos por los magistrados Fernando Cruz y Paul Rueda): los cinco magistrados/a restantes consideraron que ir en contra de la jurisprudencia de la misma Sala Constitucional y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos no ameritaba ninguna reflexión particular. Un año antes, en el 2016, el juez constitucional costarricense consideró que la libertad de empresa prevalece sobre un acuerdo municipal estableciendo una moratoria para nuevas plantaciones de piña: un acuerdo municipal tomado en aras de proteger la salud pública de las comunidades aledañas a este monocultivo en el cantón de Los Chiles. Véase texto completo de la sentencia 11545-2016 en la que se lee textualmente que: «Dicho lo anterior, las municipalidades no tienen competencia para prohibir una determinada actividad económica lícita en sus territorios o declarar moratorias, definidas o indefinidas. Esa competencia corresponde al Estado, toda vez que el Derecho de la Constitución (valores, principios y normas) es claro y preciso, en el sentido de que el régimen de las libertades públicas está reservado a la Ley. En el caso que nos ocupa, no existe ninguna norma jurídica con rango de Ley que autorice a la municipalidad recurrida a prohibir el cultivo de piña en su territorio, o declarar una moratoria indefinida del cultivo de ese producto, de ahí que su actuación es arbitraria y, por consiguiente, contraria al ordenamiento jurídico». Al tratarse de una moratoria por un plazo muy preciso de 5 años, resulta más que cuestionable que la Sala considerara que se trataba de una «moratoria indefinida«. Nuevamente aquí la lectura del voto particular del magistrado Fernando Cruz permite ver cuán errática, antojadiza y cuestionable es la decisión tomada por la mayoría de sus colegas: el magistrado Cruz concluye explicando que «dadas las amenazas y efectos lesivos para la salud y el ambiente que provoca el cultivo de la piña, las comunidades tienen plena legitimidad legal y política para dictar medidas preventivas, temporales, para asegurarse que sus ciudadanos no resultarán perjudicados por una actividad agroexportadora que provoca daños y amenazas sobre la biodiversidad».

 

(*) Nicolas Boeglin, Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR)

“Puentes de Amor”, dentro de la cueva del lobo

Lic. José A. Amesty R. 

04 julio, 2022

La organización-movimiento “Puentes de Amor”, desde hace años, se ha dedicado desde EEUU a defender el acercamiento entre los pueblos de Cuba y Estados Unidos, y el fin del cerco económico contra la isla, frente a las campañas para frenar sus iniciativas. 

Así lo ha ratificado el activista y líder del proyecto humanista Carlos Lazo, quien además han promovido caravanas y donaciones de alimentos, medicinas e insumos para aliviar el impacto de las políticas hostiles de la administración de EEUU hacia Cuba. 

Otro proyecto relevante de Puentes de Amor, ha sido el llamado la “Fábrica de Sueños”, proponiendo el intercambio entre estudiantes de Cuba y EEUU. En estos días, “Puentes de Amor”, ha llevado a cabo una actividad en Cuba, con estudiantes y profesores. 

Otra campaña importante de la organización es, la solicitud que han hecho a la administración Biden, “queremos que se reabra la embajada en La Habana, queremos que se restaure el Programa de Reunificación Familiar, queremos mandarles remesas a nuestros familiares, queremos que se restauren los vuelos a provincias de Cuba, queremos que se construyan Puentes de Amor y lazos de cooperación científicos y económicos entre nuestros pueblos”. 

Han entregado a Biden, al menos 27 mil firmas solicitando, que se construyan “Puentes de Amor” entre los pueblos de Cuba y los Estados Unidos. A su vez, también demandaron eliminar las 243 medidas impuestas por la administración de Donald Trump (2017-2021) para recrudecer el bloqueo.

Además, según Carlos Lazo, «estamos tratando de educar a las comunidades acerca de las sanciones a Cuba, pero al mismo tiempo terminamos educándonos nosotros mismos acerca de que el bloqueo no es solamente el bloqueo contra Cuba. También aquí en los Estados Unidos hay bloqueo contra las minorías, con la falta de oportunidades, con la discriminación. 

Conocí a un campesino afroamericano, y ellos no pueden acceder a los préstamos para campesinos, y él también me habló de los problemas que tienen los afroamericanos. 

También conocí a otro afroamericano que me dijo “Lazo, Cuba salvó a mi hijo” y yo le pregunté “¿cómo Cuba salvó a tu hijo?”. Me dijo “mi hijo nació en una comunidad de personas que pueden ser matados por la policía, pueden terminar en la cárcel, pero gracias a que mi hijo fue a Cuba y estudió medicina, hoy es un médico que ayuda a las comunidades”. 

Finalmente, Carlos Lazo enfatiza “Lo que el Proyecto “Puentes de Amor” está haciendo, “demuestra que la mayoría de los norteamericanos y la mayoría de los cubanos que viven en Estados Unidos, no están por el bloqueo ni están contra Cuba; al contrario, la mayoría quiere una relación normal entre pueblos, una relación normal entre países”. 

De igual modo, indica Lazo “No se trata de política, se trata de humanidad. El bloqueo es inmoral. El sentido elemental de decencia afirma que es hora de que cese el bloqueo. La familia es sagrada. Es hora de derribar muros y construir “Puentes de Amor”.

Obvio que todas estas iniciativas son apoyadas y agradecidas por las autoridades de Cuba, incluido su presidente, Miguel Díaz-Canel, quien ha enfatizado que, “los puentes de amor son indestructibles, llegan a nuestra isla venciendo cualquier obstáculo. La solidaridad no se puede bloquear”. 

Un ejemplo de lo mucho que han hecho, recordó Díaz-Canel, fue la donación para el programa de trasplantes hepáticos pediátricos, “que fue algo que llegó aquí al corazón de todos”. “Nuestro pueblo, se ha acostumbrado a buscar todas las semanas noticias sobre Puentes de Amor, sobre las caravanas contra el bloqueo, sobre lo que pasa en las ciudades de Estados Unidos con relación a Cuba”. 

Por supuesto, este trabajo humanista de “Puentes de Amor”, está siendo atacado por cubanos en Miami. El grupo opositor eufórico, grita consignas como “Patria y Vida”, cantan el Himno Nacional cubano, y acusan a sus contrarios de favorecer el enriquecimiento de las arcas del régimen de la isla. También solicitan la restitución de la Ley y Orden para el pueblo de Cuba, bajo la que consideran su verdadera Carta Magna, la Constitución de 1940. 

En este sentido, “Puentes de Amor” está siendo valiente al no apoyar el embargo-bloqueo contra Cuba, estando en las mismas fauces del lobo asesino, no obstante, Adelante…

 

Enviado a SURCOS por el autor.

Imagen tomada: www.prensa-latina.cu

Ken Matthews: el Campeón Olímpico que triunfó sobre el clasismo

Gabe Abrahams

Kenneth Joseph Matthews, conocido como Ken Matthews (1934-2019), fue un atleta británico que consiguió ser Campeón de Europa (1962), Campeón del Mundo (1961 y 1963) y Campeón Olímpico (1964) en la prueba de 20 km de marcha atlética. A pesar de ser uno de los más grandes marchadores atléticos de la historia, su condición de obrero le hizo padecer el clasismo de las élites británicas.

Nacido y criado en Birmingham, Inglaterra, Ken Matthews trabajó desde 1957 como electricista en una planta de energía local en Hams Hall, cerca de Sutton Coldfield, situado en el distrito de Birmingham.

Birmingham fue la locomotora de la Revolución Industrial en Gran Bretaña. La ciudad fue conocida como “el taller del mundo” o “la ciudad de los mil oficios”.

Gracias a su trabajo de electricista en la empresa de Hams Hall, Ken Matthews pudo tener una licencia para las competiciones y un lugar idóneo para sus entrenamientos de marcha atlética que le condujeron a la gloria deportiva.

Tras la jornada laboral, Matthews realizaba cada día sus entrenamientos en los circuitos de la zona de su empresa, los cuales eran perfectos para un entrenamiento específico de marcha atlética. En esos circuitos, Matthews poco a poco empezó a dar señales de que algo grande le estaba esperando. Su ritmo de marcha era cada vez más demoledor. Notaba aquello que es la señal de que un marchador o un corredor van por el buen camino. «Es difícil de explicar a la gente: tienes el ritmo en tu mente. Sabes si vas bien o no vas bien», comentaba a sus cercanos.

El talento, la tenacidad y el entrenamiento diario finalmente dieron sus frutos.

En 1959, 1961, 1963 y 1964, Ken Matthews ganó varios títulos británicos de marcha atlética. La lista de récords que logró en esos años también fue larga.

En 1961, Matthews consiguió su primer gran éxito internacional al vencer en la prueba de los 20 km de marcha atlética del Campeonato del Mundo por equipos de la especialidad, proclamándose Campeón del Mundo con Gran Bretaña.

En 1962, Ken Matthews consiguió su segundo gran éxito internacional al ganar la prueba de los 20 km de marcha atlética del Campeonato de Europa, proclamándose en esta ocasión Campeón de Europa de la distancia. Detrás suyo, llegaron a la meta dos grandes campeones: Hans-Georg Reimann (RDA) y Volodimir Golubnichi (URSS). Este último logró la victoria en los 20 km de los Juegos Olímpicos de Roma 1960 y México 1968.

En 1963, Ken Matthews repitió su éxito de 1961 en la prueba de los 20 km de marcha atlética del Campeonato del Mundo por equipos de la especialidad, cruzando la meta delante de su compatriota Paul Nihill y consiguiendo un nuevo título mundial para Gran Bretaña.

En 1964, Matthews coronó su carrera deportiva al proclamarse Campeón Olímpico en los Juegos Olímpicos de Tokyo. Tras su abandonó en la prueba de 20 km de los Juegos de Roma 1960, Matthews se prometió a si mismo que entrenaría para vengar aquella derrota. Se entrenó tenazmente en la zona de su empresa y logró alcanzar su sueño.

El electricista, el obrero de Birmingham, se impuso en la prueba de los 20 km de marcha atlética de los Juegos Olímpicos de Tokyo 1964, llegando a la meta por delante de Dieter Lindner (RDA) y Volodimir Golubnichi (URSS).

La imagen de Ken Matthews marchando dentro del Estadio Olímpico camino de la meta con gran autoridad y en medio de un público entregado ha quedado para los anales de la historia del olimpismo.

También el abrazo emocionado que se dio con su mujer, Sheila, tras concluir la prueba. Sheila pudo estar a su lado en ese momento tan especial, gracias a los trabajadores de la empresa de Matthews, los cuales realizaron una colecta y pagaron su viaje.

La victoria olímpica le supuso a Ken Matthews conseguir el oro olímpico y un nuevo Récord Olímpico de los 20 km (1:29:34).

Tras regresar a Birmingham, la principal celebración de su título olímpico que realizó Ken Matthews fue con sus compañeros de la empresa de Hams Hall, quienes le tributaron un gran recibimiento.

Por su condición de electricista y obrero, después de su victoria olímpica, Matthews también padeció el clasismo de las élites británicas. Fue el único de los cuatro medallistas de oro de Gran Bretaña en los Juegos Olímpicos de Tokyo que no recibió la condecoración MBE (Most Excellent Order of the British Empire), ligada a la realeza británica.

«Los medallistas de oro siempre reciben un MBE cuando han ganado. Los otros tres (británicos) tuvieron la suya en un par de años y a mí me dejaron sin medalla durante 13 años. No me importó, porque yo ya tenía la medalla que realmente me importaba, la de Campeón Olímpico», declaró Ken Matthews en una entrevista a la BBC News en 2004.

Después de varias protestas públicas, Matthews recibió la condecoración MBE en 1977. La injusticia duró más de una década. 

En 2011, Matthews también fue admitido en el England Athletics Hall of Fame.

Ocho años más tarde de ese último reconocimiento, exactamente el 2 de junio de 2019, el campeón europeo, mundial y olímpico Ken Matthews falleció en Wrexham (Gales) a la edad de 84 años, por culpa de una reacción alérgica. Gran Bretaña y el mundo del deporte lloraron su muerte, lloraron la pérdida de uno de los más grandes marchadores atléticos de todos los tiempos.

Ni fu ni fa: El SICA, tan cerca del poder y tan lejos de los pueblos

Abelardo Morales Gamboa

Que a Nicaragua le corresponda, por turno, nombrar al secretario general del SICA, Sistema de Integración Centroamericana, es algo que ni fu ni fa… El SICA es un ave que no levantó vuelo. Sus alas fueron cortadas por una narrativa vacía sobre la integración regional, por la burocratización de sus instituciones que pasaron a depender del apoyo financiero masivo de la Unión Europea hasta que este se acabó cuando los europeos dejaron de creer el cuento del ave fénix; también por la captura de espacios, puestos y cargos por algunos remanentes de las viejas oligarquías.

Los mecanismos de integración económica han sido funcionales a las élites mientras estos faciliten la subordinación de las economías regionales a los procesos de acumulación transnacional de capitales, ¡pero hasta allí! El CAFTA, el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, creó una nueva dinámica y, desde entonces, el mercado regional no ha promovido ni provocado ninguna otra forma de integración que no sea la de continuar por la senda de la subordinada integración periférica, característica desde tiempos coloniales.

Ese costoso aparataje no ha asumido ningún compromiso frente a los profundos abismos sociales que marcan la desigualdad y la exclusión en las sociedades centroamericanas, ni frente a la corrupción, el narcotráfico y la supeditación del ejercicio del poder a la violencia, al crimen organizado y la corrosión de las instituciones, principalmente de los aparatos de justicia.

El hambre y la desigualdad, pero también la violencia y la falta de Estado, expulsan diariamente desde los países del norte de la región, incluido Nicaragua, a miles de familias, lanzadas a uno de los corredores de la muerte más peligrosos del mundo; y los líderes políticos de esos países, tanto como los burócratas del SICA, silban como mirando hacia otro lado. Ni qué decir de la falta de voluntad estatal para concertar políticas y acordar mecanismos humanitarios en sistema de movilidad de personas, dejado a la mano de fuerzas, en muchos casos ilegítimas. Existe un mercado regional de mano de obra altamente lucrativo, quizás la única forma de integración realmente existente, pero al margen de la voluntad política de las élites económicas y políticas para incorporarlo a los procesos regionales.

La prometida integración de los pueblos quedó enterrada desde hace más de una década, cuando el llamado Consejo Consultivo se convirtió en un órgano meramente decorativo que, además de la debilidad de sus resoluciones sin contenido decisorio, no cumple ninguna función. Los pocos intentos orientados a la integración social de las primeras décadas, así como las iniciativas de integración de sectores sociales, se disecaron debido a la falta de impulso político y a la debilidad misma de las organizaciones civiles y sociales para construir una integración desde abajo.

La llegada de Daniel Ortega y de la nueva oligarquía sandinista al poder en Nicaragua no solo no cambió las cosas, sino que las agravó. El gobierno de Nicaragua abandonó muchos si no todos los espacios de participación de su país en el SICA y no desaprovechó oportunidad para torpedear algunos otros. Daniel Ortega dejó de participar en las cumbres presidenciales y en su lugar enviaba delegaciones de segundo nivel; además, dado su carácter autoritario y represivo, a partir de 2018, se convirtió en un obstáculo más de la moribunda dinámica regional. Algo diferente fue lo que intentó, sin mucho aire, el FMLN con su llegada al poder en El Salvador en 2009. Promesas, discursos y nada más.

El que ahora el gobierno de Nicaragua tenga la posibilidad de nombrar al secretario general del SICA y que eso en Costa Rica origine esotéricas controversias, me recuerda que la ausencia de una estrategia de política regional de Costa Rica hacia Centroamérica ha sido consustancial con esa caída al vacío de la integración regional. De allí que las reacciones tanto del lado del gobierno al que le importan más los negocios que los derechos humanos como de otros sectores, enredados en viejas telarañas ideológicas, sean apenas un poco más de la bulla que se produce en las discusiones inter-élites que no conducen a nada y que no están motivadas por ningún afán de compromiso con la restauración del proceso regional.

Entre tanto, Ortega y su camarilla intentarán sacar provecho de la figura de la Secretaría General del SICA hasta donde les alcance, para tratar lavarle la cara a su régimen autoritario, opresor y falto de legitimidad. Y pare de contar porque “solidaridad de los pueblos”, como alguien dijo, ¡nada que ver!

 

Enviado a SURCOS por el autor.

Imagen tomada de: www.integracion-lac.info

Los Presidentes y gobiernos de Costa Rica ante su política exterior y ante el Gobierno de Nicaragua y Cuba

Vladimir de la Cruz

La política exterior del Estado y de la República la decide el Presidente de la República y su Ministro de Relaciones Exteriores. Esto está establecido en la Constitución y así se ha respetado siempre, aun cuando frente a decisiones de ese tipo hayan actuado los presidentes, en sus períodos gubernativos, y haya habido ciudadanos que no hubieran compartido sus decisiones.

La realidad política de los países vecinos, Panamá y Nicaragua, y la de los centroamericanos, del resto de Latinoamérica y del Caribe, y la del mundo, en general, es ajena a nosotros, y es resultado de sus propios pueblos tener los gobiernos que tienen, y las formas de gobierno que han establecido. En la vida política, como en la familiar, los vecinos y parientes no se escogen. Se escogen los amigos. Esto puede provocar acercamientos y alejamientos, encuentros y desencuentros, con vecinos, parientes y hasta con los amigos.

Costa Rica desde 1847 inició su proceso de reconocimiento diplomático de países, a la vez que se nos reconocía de la misma forma. Así hemos reconocido para efectos de relaciones diplomáticas, a muchos gobiernos de países, aun cuando no hayamos compartido sus formas internas de organización política y de gobernar. Así se han establecido las relaciones diplomáticas de Costa Rica, hoy con alrededor de 100 país y con alrededor de 50 Embajadas.

Puede no gustarnos el gobierno de Nicaragua encabezado por Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo, pero es el gobierno de Nicaragua.

Puede no gustarnos la forma de ejercer ese gobierno, la forma en que se ha actuado contra sectores de la oposición política, de la represión directa que viene sufriendo el pueblo nicaragüense, la forma como se ha actuado ilegalizando partidos políticos, organizaciones sociales, ONGs, limitando derechos y libertades ciudadanas, inhabilitando partidos políticos y a líderes opositores, destituyendo diputados y fracciones legislativas completas.

Puede no gustarnos la forma de Ortega y de Murillo de violentar el Estado de Derecho nicaragüense, pero eso lo hace en función de tener controlada la Asamblea Legislativa, por mayoría de diputados, electos en procesos electorales, como sucede con Bukele en El Salvador o con Maduro en Venezuela.

Puede no gustarnos la forma de manipulación y de hacer actuar a los Poderes Públicos, a la Corte de Justicia y al propio Tribunal Electoral de Nicaragua, por parte del Gobierno de Ortega y Murillo.

Puede no gustarnos la represión y acciones violentas contra el ejercicio libre del periodismo, de los periodistas y el cierre y obligada expatriación de ciudadanos nicaragüenses, periodistas y comunicadores sociales.

Puede no gustarnos la acción del Gobierno contra los disidentes del Frente Sandinista de Liberación Nacional que han encarcelado, que han hecho morir en prisión y que también los han obligado a marchar de su país porque no les garantizan la vida.

No nos gusta la represión contra intelectuales, escritores, como Sergio Ramírez a quien casi han desnacionalizado, a Ernesto Cardenal, a los hermanos Mejía Godoy, a Carlos y Luis Enrique, a Gioconda Belli, entre muchos.

Puede no gustarnos la existencia de presos políticos en Nicaragua. La forma de presos políticos puede ser variable. Aquí mismo en Costa Rica actuaciones policiales y judiciales contra dirigentes sociales han hecho que se califique algunas detenciones como de “presos políticos”, por parte de los afectados y sus organizaciones políticas o sociales.

El asesinato selectivo de dirigentes indígenas, en Costa Rica, es casi similar a la forma como actúan escuadrones de la muerte en Guatemala y en Colombia, con complicidad de autoridades policiales, que son de gobierno, y con empresarios y acaparadores de tierra locales, interesados en quitarles tierras a los indígenas nacionales.

Podemos igualar el gobierno de Ortega y Murillo a una Dictadura, una Tiranía, a una Satrapía y casi a una Dinastía. Usualmente se le iguala a una dictadura, con las formas de gobernar de los Somoza, que también realizaron elecciones cuando eran gobernantes.

Pueden darnos asco, producirnos repugnancia sus personas y sus figuras, pero son los que representan, a todos los efectos nacionales e internacionales, a las estructuras político institucionales y políticas, ante otros gobiernos con sus relaciones diplomáticas y en los Organismos Internacionales y Regionales con sus representantes. También representan, nos guste o no, a los ojos internacionales al pueblo nicaragüense. De la misma forma los representantes diplomáticos de Costa Rica representan al Presidente, al Gobierno y al pueblo costarricense, y estos pueden no gustar a nacionales, a opositores de los Gobiernos e incluso a sectores políticos, sociales y económicos de otros gobiernos.

En el conjunto de las relaciones históricas, vecinales, políticas y diplomáticas con Nicaragua, la historia no ha sido la mejor, aunque no hemos llegado a un enfrentamiento militar entre países. A tensiones militares sí, pero a conflictos armados no, al menos todavía. Tampoco veo en perspectiva un enfrentamiento militar con Nicaragua. Como ha dicho el Papa respecto a la OTAN y Rusia, los Estados Unidos ha puesto a ladrar a la OTAN en a frontera rusa. Así actúa el gobierno nicaragüense de vez en cuando. Ladra en nuestra frontera.

Siempre ha habido en Nicaragua gobernantes hostiles hacia nosotros, desde que el Partido de Nicoya decidió por su cuenta adherirse, incorporarse, anexarse a Costa Rica, hace ya prácticamente 200 años, en 1824. Celebraremos esa Anexión como lo hicimos con el Bicentenario de la Independencia, le duela o no al Gobierno Nicaragüense.

William Walker fue invitado por Nicaragüenses para que llegara a ese país, en circunstancias de un grave conflicto interno que tenían, y estando allí se impuso como líder militar y como gobernante, e impuso la esclavitud. Nos obligó a marchar sobre Nicaragua, por el peligro que él, Walker, significaba para Costa Rica, por las intenciones que manifestaron el Presidente Rivas y William Walker, a finales de 1855, publicando un mapa de Nicaragua que comprendía toda la Península de Nicoya y extendía su límite desde la desembocadura del Río Tempisque hasta la desembocadura del Río San Juan.

Entramos a Nicaragua pocos días después de haber derrotado a Walker, después de haber ingresado a Costa Rica, en su afán expansionista y conquistador, en la Batalla de Santa Rosa, el 20 de marzo de 1856. El 10 de abril le habíamos provocado en Sardinal otra derrota, y unas horas después en la ciudad de Rivas, donde ya estaba el Ejército libertador de Costa Rica, le infligimos la más grave derrota, que postergó su rendición al 1 de mayo de 1857, por la peste del cólera que nos hizo retroceder para luego regresar al terreno de los combates, con el apoyo de los ejércitos centroamericanos, en el segundo semestre de 1856, y que comandamos a partir de enero de 1857.

La liberación que hicimos de Nicaragua de William Walker, y de la esclavitud que les había impuesto, pareciera que en el ADN político de muchos nicaragüenses nos la siguen cobrando, que hubieran preferido haber sido colonia norteamericana bajo un régimen esclavista. El que tiene mentalidad de esclavo sigue siendo a todos lo efectos esclavo.

Luego, a pesar del Tratado Cañas Jerez, de 1858 hasta finales del siglo XIX Nicaragua siguió peleando, incluso en escenarios judiciales internacionales, contra nosotros su soberanía en el Río San Juan, pelea que la llevó hasta el gobierno de Laura Chinchilla, cuando se metió con tropas en una parte del territorio nacional, en el conflicto, más político diplomático que militar, llamado de Isla Calero, hasta que la Corte Internacional de Justicia nos dio la razón.

Presidentes nicaragüenses, del Siglo XX, que querían agrupar a los nicaragüenses alrededor suyo, de sus gobiernos y políticas, inventaban un conflicto con Costa Rica para, de esa manera, unir a sus ciudadanos alrededor de sus gobiernos.

En la lucha del General de Hombres Libres, Augusto César Sandino, colaboramos en la década de 1920 no solo solidariamente, contra la ocupación norteamericana de esos años. Igual lo hicimos en la década anterior, la de 1910, en la sublevación del Patriota Benjamín Zeledón contra la ocupación norteamericana de Nicaragua en esos años. Del General Jorge Volio, entre otros se distinguió en esa lucha y solidaridad.

De esta forma de hacer política Daniel Ortega no se ha quedado atrás. Cada vez que puede lo hace, a modo de distraer de los principales problemas de Nicaragua y de la reacción interna contra su gobierno.

La lucha contra los Somoza fue seguida de cerca por los costarricenses. No nos gustaba su ejercicio de Gobierno, pero los gobiernos de Costa Rica, desde 1934, cuando se instauró la dictadura y la dinastía de los Somoza en el Poder, han mantenido relaciones diplomáticas y comerciales con Nicaragua. En algunas épocas muy amistosas.

Las relaciones comerciales en cierta forma condicionan las diplomáticas, porque grupos nacionales de empresarios realizan negocios y les va muy bien con ellos en Nicaragua. Basta ver los índices de exportación agrícola nacional a Nicaragua, y ver también el flujo comercial hacia Centroamérica, que se realiza pasando por el territorio Nicaragüense. También Costa Rica se ha beneficiado de inversionistas nicaragüenses, en distintas actividades, entre ellos inversiones de capital del clan familiar de los Ortega Murillo, capital que por invertido en Costa Rica genera socios, aliados e interesados con ese capital, algunos de ellos con ascenso a gobiernos.

Después del ajusticiamiento que se hizo de Anastasio Somoza García, en 1956, siguieron los otros Somoza, los Somoza Debayle, y sus títeres de gobierno. Con ellos se mantuvieron relaciones diplomáticas y comerciales.

El territorio nacional a partir de los años 60s. empezó a utilizarse por combatientes anti somocistas. Los gobiernos de Costa Rica, a veces los toleraban y muchas veces los reprimían y expulsaban del país. José Figueres Ferrer incluso llegó a expulsar a Nicaragua guerrilleros que fueron muertos en ese país. En su oportunidad la Corte Suprema de Justicia sancionó por ello a Figueres y le advirtió que eso no lo podía volver a hacer.

En la década del 60, por el impacto de la Guerra Fría y del triunfo de la Revolución Cubana, los Estados Unidos impulsó el Mercado Común Centroamericano, para asuntos regionales de comercio, el Consejo de Defensa Centroamericano, que unificó a los Ejército de Centroamérica e integró como observador a Costa Rica de ese bloque militar. El Embajador de Costa Rica, en Guatemala, representa al país ante el CONDECA, que tiene la sede allí.

También impulsaron la ROCAP para uniformar procesos educativos en toda Centroamérica, desnacionalizando y desnaturalizando en esos textos nuestra Historia, nuestras tradiciones y nuestra idiosincrasia.

Los gobiernos de Costa Rica en esa políticas marcharon juntos con la dictadura Somocista y con toda las dictaduras existentes en Centroamérica. El Gobierno de Abel Pacheco firmó el Acta de agresión militar de Estados Unidos contra Irak como socio y aliado militar en esa intervención norteamericana en Irak, para la que buscó gobernantes serviles que le acompañaran, para una justificación internacional de la agresión.

Aparte de la lucha de Carazo contra los Somoza, el Presidente Oscar Arias es el que ha mantenido más claramente su postura antimilitar y antidictatorial en Centroamérica. Fue quien acogió al Presidente Manuel Zelaya, en el golpe de Estado que le dieron en Honduras, en el 2009, y ha mantenido una pública lucha sostenida contra gobiernos de este tipo. La Presidenta Laura Chinchilla lo ha hecho particularmente con Daniel Ortega.

A finales de la década del 70 importante papel jugó el pueblo y la juventud costarricense en la lucha armada contra la dictadura, incluso participando con columnas militares que de modo importante se desempeñaron en esa caída.

Luego se contribuyó, de igual manera, con combatientes costarricenses, a enfrentar la lucha que contra el nuevo gobierno sandinista se impulsaba, desde Costa Rica, con colaboración del gobierno liberacionista de Luis Alberto Monge Alvarez, y con financiamiento de la CIA, del Gobierno de los Estados Unidos, y con el negocio de la droga que se impuso para financiar a las bandas criminales anti sandinistas, que provoco el escándalo Irán-Contras.

La caída de Somoza estuvo presionada principalmente por la lucha de los Frentes guerrilleros, que internamente peleaban en Nicaragua, la oposición interna político, civil y religiosa, y por la presión internacional de bloques de países que en esos últimos años de la década del 70 se constituyeron y sumaron buscando una salida política más que militar.

Del lado costarricense, el Gobierno de Rodrigo Carazo, comparado con los anteriores, respecto a los Somoza, fue definitorio e invaluable en el apoyo a la lucha guerrillera final prestando el territorio fronterizo costarricense para ese propósito.

La década sandinista de gobierno, 1979-1990, no fue fácil. Le bloquearon, sabotearon e impusieron elecciones a Nicaragua, en 1985 y en 1990, como un modelo político a desarrollar, democrático electoral.

La elección de 1990 la perdió Daniel Ortega. Subió al Gobierno Violeta Chamorro, y desde allí hasta el 2006 alternaron en el gobierno nicaragüense otros partidos y políticos.

Durante esos años el Frente Sandinista se mantuvo en la lucha electoral, hasta que recuperó el Gobierno en el 2006.

Desde 1979 hasta hoy, con Nicaragua, todos los gobiernos de Costa Rica han tenido relaciones políticas, diplomáticas y comerciales. Con algunos más tensas que con otros, pero se han mantenido, gusten o no a los gobernantes costarricenses los personajes que gobiernan Nicaragua, entre ellos Daniel Ortega desde el 2006, actualmente con su esposa Rosario Murillo.

En Nicaragua no hay una oposición política unida frente al grupo gobernante de Daniel Ortega.

La oposición existente de manera legal es permitida y está dividida, manipulada y mediatizada por Ortega y por la Murillo.

La oposición disidente de ese control orteguista ha sido obligada al exilio, la repatriación forzada, a la cárcel y represión, a la disolución de sus organizaciones de resistencia.

No hay en Nicaragua, ni fuera de Nicaragua, en Costa Rica, Honduras o el Salvador, grupos de carácter guerrillero que quieran derrocar a Daniel Ortega. En el interior de Nicaragua tampoco hay resistencia militar.

No hay condiciones sociales y organizativas en posibilidad de desarrollar una lucha armada interna contra el gobierno de Ortega y Murillo. En este momento el pueblo nicaragüense no tiene ninguna opción de este tipo existente, ni en Nicaragua ni fuera de Nicaragua.

Tiene el pueblo nicaragüense que hacer esfuerzos heroicos para recuperar espacios políticos internos y de participación electoral, que son los que por ahora darían alguna esperanza en la posibilidad de cambiar el Gobierno. En ese sentido juegan las reglas de la democracia electoral controlada por los Ortega y sus institucionalidad mediatizada y controlada. Lo que se gana por elecciones se puede perder por elecciones. Pero hay que organizarse y unirse, las tareas principales, en esa dirección.

El Ejército de Nicaragua, es grande. No es el más grande de Centroamérica, que lo es en tamaño el de Guatemala siguiéndole Honduras, que son fuerzas militares más grandes que el de Nicaragua.

Las alianzas militares que tiene Nicaragua con Estados Unidos, con los ejército centroamericanos y de otros países, entre ellos Rusia, son propias de países que tiene ejércitos. Costa Rica tiene alianza militar con Estados Unidos, en su lucha contra las drogas y en el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, TIAR, desde 1948.

Algunos de los que hoy critican al gobierno de Nicaragua le agregan sus críticas la presencia de unos militares de Rusia, que han llegado en estos día, sin criticar las otras alianzas, y la presencia de militares también de los Estados Unidos, tratando de pintar un peligro mayor de Nicaragua contra Costa Rica. Eso es un error a mi manera de ver. Cualquier país que tenga Ejercito es superior en ese campo a la Fuerza Pública costarricense, por el equipamiento, no tanto quizá por la formación de los mandos policiales nacionales que reciben un entrenamiento de formación militar, y así lo hacen si siguen enviando a policías, a centros de entrenamientos militares, de distintos ejércitos y países.

En la década del 50 operó la Organización de Estados Centroamericanos, ODECA, que estuvo presidida por el costarricense Marco Tulio Zeledón Cambronero, un anticomunista de marca. La ODECA evolucionó a la Secretaría de Integración Centroamericana, que hoy es el organismo político institucional más importante de la región junto con el Banco Centroamericano de Integración Económica.

La participación de países en estos organismos es soberana. Está el que quiere estar y es aceptado para estar.

En la OEA estamos desde su fundación, junto con los países del continente, que desde 1948, se fue ampliando en miembros.

En la SICA como en la OEA, desde sus fundaciones, hemos compartido sillas con representantes de gobiernos dictatoriales, tiránicos, despóticos, genocidas, violadores de Derechos Humanos, surgidos de golpes de Estado, sin que nosotros avaláramos lo que esos gobiernos hacían y representaban, y pocas veces criticando sus actuaciones.

Con motivo de la Revolución Cubana, los gobiernos representados en la OEA, actuando como un organismo de colonias de los Estados Unidos, expulsaron a Cuba de esa organización, exceptuando al Gobierno de México que se opuso a esa expulsión y mantuvo las relaciones diplomáticas.

El Gobierno de Mario Echandi en 1958 rompió relaciones diplomáticas con Cuba, las que se mantuvieron rotas hasta el año 2008 que las restableció el Presidente Oscar Arias, quedando en ese momento solo tres países del continente que no las tenían, entre ellos Estados Unidos. Durante todos esos años los gobiernos de Costa Rica, que siguieron al de Echandi, no tuvieron relaciones con Cuba, mientras mantuvieron relaciones con las dictaduras de todo el continente, países que empezaron a salir de esas dictaduras a partir de 1990.

El Gobierno de Barak Obama estableció las relaciones con Cuba. Débilmente se mantuvieron con Trump y se mantienen con Biden. Hubiera sido muy vergonzoso para Costa Rica haberlas restablecido después de Estados Unidos, hubiéramos parecido como un perrito faldero de ese país.

Poco tiempo después la OEA reconsideró la situación de Cuba, le abrieron las puertas a su retorno, condicionándole su ingreso y soberanamente Cuba dijo que no le interesaba regresar a la OEA. La reunión de la Cumbre de América, recién celebrada en California, fue una derrota diplomática para los Estados Unidos, por el aislamiento que impuso de invitados a esa Cumbre que hizo desistir de asistir, con sus Presidentes y Jefes de Estado, a países latinoamericanos y algunos de ellos enviaron funcionarios de segundo orden diplomático.

En el recién pasado Gobierno de Carlos Alvarado se firmó con el Gobierno de Cuba una Carta de Intenciones en el campo educativo, que no ha tenido ninguna eficacia ni puesta en ejecución. No produjo ningún resultado práctico, efectivo ni para Cuba ni para nosotros. Era eso “intenciones”.

El Gobierno del Presidente Rodrigo Chaves en sus primeros actos como Presidente anuló, canceló, dejó sin efecto esa Carta de Intenciones. Para mí hizo mal y solo el ridículo de su acto, de colocarse innecesariamente en una pose, para la foto, de actuar “contra Cuba”, con un acto que no había tenido a ese momento ninguna trascendencia. Pudo haber dejado “congelada” esa Carta de Intenciones como estaba y nada hubiera pasado. Pero, hay en el Presidente Chaves un gusanillo que lo llama constantemente a mandar mensajes “anticomunistas”, dentro de esta nueva Guerra Fría que se está desarrollando, con muchas aristas, una de ellas alertando del “peligro comunista”, como también ha hecho referencias, en igual sentido anticomunista, post elecciones refiriéndose a la pasada campaña electoral, como si en esa campaña hubiera habido un real peligro comunista participando en elecciones.

LA SICA como organismo colectivo centroamericano acordó por los Presidentes de Centroamérica, mecanismos de dirección colectiva, desde hace muchos años, estableciendo una rotación de su principal Director o Secretario Ejecutivo. De esta manera se impuso la rotación por país, lo que inevitable, que en esta ocasión le corresponda a Nicaragua. Puede ser no deseable a los ojos costarricenses, o de algunos costarricenses, pero así es. Este año le corresponde a Nicaragua ejercer la Dirección de la SICA. En Costa Rica se ha desatado una reacción, principalmente por parte de los expresidentes de la República, presionando al actual Presidente Rodrigo Chaves Robles para que no apoye y rechace el candidato propuesto por Nicaragua. El candidato propuesto actuó beligerantemente en el conflicto de Isla Calero contra nosotros, y eso es lo que más se le cobra. Si a él lo ha propuesto el gobierno nicaragüense no lo podemos evitar. Es su derecho, que nos toca respetar. No se le puede pedir al Gobierno nicaragüense que proponga otra persona, como se hace cuando se nombran Embajadores, que los gobiernos, en esos casos, sí pueden objetar a los candidatos que se les proponen.

Con Nicaragua mantendremos diferentes núcleos de contradicciones. La SICA puede ser un escenario para llamar la atención sobre lo que al Gobierno de Costa Rica no le parezca de las actuaciones del gobierno nicaragüense.

El candidato puede no gustarnos. Podemos criticar de él posturas anti costarricenses que ha tenido defendiendo su país. Podemos criticar que el Gobierno de Nicaragua lo haya postulado, como decisión soberana que tiene de hacerlo.

La SICA hasta ahora ha actuado en Centroamérica, República Dominicana y Panamá bastante bien. No tiene por qué cambiar esas políticas por la presencia de un Nicaragüense, que no nos gusta, cuando allí hay representantes de otros siete países que toman decisiones colectivas, dentro de sus objetivos fundamentales de asegurar y fortalecer la Región con la Paz, la Libertad, la Democracia y el Desarrollo, todo dentro de su misión institucional de contribuir al proceso de integración económica.

La SICA como organización tiene países fundadores, los que siguieron adhiriéndose e integrándose, para un total de ocho. A ellos se suman once países Observadores Regionales, entre ellos Estados Unidos, y 21 países como Observadores Extrarregionales, entre ellos Rusia. Ese es un mundo amplio y ajeno…

La rotación de los Directores ha sido establecida y aceptada en su funcionamiento. Le corresponde a Nicaragua este período.

El Gobierno del Presidente Rodrigo Chaves ha decidido apoyar la candidatura ofrecida por el Gobierno de Nicaragua, como acto soberano nacional y como potestad constitucional que tiene. Con rechazar la candidatura del propuesto no se evita que lo sustituyan por otro, porque a Nicaragua le corresponde la Dirección en este momento. Todos los demás gobiernos aceptan el candidato propuesto. Con rechazarlo no se va a caer el Gobierno de Ortega y de la Murillo. Esta es la realidad política.

El Presidente Oscar Arias cuando estableció relaciones con la República Popular China tuvo una reacción muy fuerte interna de sectores empresariales, de empresarios en particular, de políticos que habían viajado a Taiwán invitados por el gobierno taiwanés y que tenían muchos compromisos con Taiwán, con artículos y anuncios pagados en contra de su decisión. Se impuso el Presidente como debía ser.

A la llegada de los representantes de la República Popular China se produjo una reacción al revés, en favor de esa nueva relación, especialmente de la comunidad china. Hoy se ve que fue un acierto esas relaciones diplomáticas y comerciales con la República Popular China.

Cuando a finales de los 60s, en el Gobierno de José Joaquín Trejos Fernández, y a principios del gobierno de José Figueres, en 1970-1971, ambos presidentes, representando grupos empresariales de la producción, y el comercio de café y luego de azúcar, le pidieron a Manuel Mora Valverde, Secretario General del Partido Comunista de Costa Rica, Vanguardia Popular, que actuara de Agente Comercial del Gobierno, para tratar de “vender”, “colocara” el café y el azúcar costarricense en los países socialistas, no se objetó por la necesidad económica de los productores y comercializadores que se vendiera café y azúcar a la URSS y a los países socialistas. Cuando como resultado de esas negociaciones se consideró por parte de José Figueres Ferrer, restablecer las relaciones diplomáticas que con la URSS había establecido Rafael Angel Calderón Guardia, que el suspendió durante la Juna de Gobierno, se desató en el país una campaña feroz contra un acto legítimo del Presidente Figueres. Una campaña por el NO para las relaciones diplomáticas, y otra por el SI para esas relaciones.

Por la representación de Nicaragua en la SICA nadie va a mover un dedo en el país probablemente. Pero, las valoraciones políticas de las relaciones que ha hecho el Presidente Chaves son válidas de su ejercicio de Gobierno. Ni la Asamblea Legislativa puede imponerle su voluntad. Pueden opinar los diputados, los ciudadanos, como lo hago yo, en favor o en contra de la decisión del Presidente Chaves, pero es su decisión legítima y constitucional, que él tiene de las relaciones internacionales del país.

El comercio con Nicaragua y con Centroamérica aprovechando el territorio de ese país es importante para el país y para el sector productivo y comercial de Costa Rica. Si mantenemos relaciones diplomáticas de bajo perfil con este nombramiento no se van a alterar. Si se llegara a establecer un Embajador en Nicaragua, gana también Costa Rica, si no rompemos las relaciones diplomáticas.

Apoyar el candidato de Nicaragua no le impide al Presidente Chaves criticar lo que le corresponda, y cuando él lo considere pertinente, de las políticas de gobierno, especialmente en el plano interno, respecto a libertades y derechos, represión y violación de Derechos Humanos.

He sido un crítico del Gobierno de Ortega y de la Murillo, en distintos medios, como lo he sido del Presidente Chaves, pero en este asunto le doy la razón al Presidente Rodrigo Chaves. El decide las relaciones internacionales de Costa Rica, nos guste o no cómo las maneje.

El mundo de hoy, el surgido y desarrollado después de la caída del mundo socialista, de superada la Guerra Fría del período 1945-1991, del surgimiento de nuevas relaciones internacionales, es muy complejo, es más que un nudo de contradicciones. Ahí estamos y tenemos que saber caminar, en mucho, con pragmatismo, oportunidad y sentido de la realidad, afirmando nuestra Soberanía y los ejes que han guiado la Política Exterior costarricense desde hace muchos años.

¿Es posible hablar de hitos en la gestión gubernamental del sector agropecuario?

German Masís Morales

El Ministerio de Agricultura y Ganadería ha divulgado el documento Hitos del Sector Agropecuario, Administración 2018-2022, en la que presentan los resultados de la gestión del Ministro Alvarado y su equipo en ese período.

La primera observación al documento se refiere a su nombre, ya que el concepto de hito, refiere a “acontecimientos significativos que marcan momentos importantes en un proceso histórico” (diccionario de la LE), por lo que habría que determinar si las acciones realizadas por las instituciones del sector agropecuario en efecto marcan momentos relevantes en la historia reciente de ese sector.

Probablemente sería más adecuado mencionar que las acciones en el documento, corresponden más como se expresa en la misma presentación, a “logros alcanzados como resultado de la acción integral (…) de las instituciones del sector ”(MAG,Hitos del Sector Agropecuario,mayo, 2022,p.5).

Lo anterior es fundamental establecerlo, ya que como lo indicamos en un artículo anterior, los gobiernos cumplen con gestionar el sector y ejecutan acciones en varias áreas de la actividad agropecuaria que poco se diferencian de una Administración de otra. De ahí que al igual que en gobiernos anteriores, al final de la gestión, se enumeran avances puntuales en algunos ámbitos del sector agropecuario que si bien son positivos, no trascienden hacia las grandes transformaciones que éste requiere.(alterdescr,abril,2022)

Entre las acciones ejecutadas, de inversión en infraestructura agropecuaria, de comercialización y valor agregado, agricultura inteligente y tecnología para generación de datos, innovación y transferencia de tecnología, acceso a recursos: tierra y crédito y apoyo a las metas de la agenda agro-ambiental, habría que analizar no sólo si se constituye algún hito, si no si se logra un avance sustantivo que supere lo realizado en períodos anteriores.

Ya que las acciones de impacto en la protección fitosanitaria, en la calidad de las semillas para el sector, en la política de género y en oportunidades para el crecimiento del sector pesquero y acuícola, responden principalmente a las actividades tradicionales de todos los gobiernos en la gestión del sector.

Decíamos en un artículo anterior, que es fundamental identificar los grandes retos y las grandes transformaciones pendientes en el sector, a nivel tecnológico, comercial, financiero, de agregación de valor, de aseguramiento de la producción, de disponibilidad de los recursos tierra y agua, de seguridad alimentaria, de organización y desarrollo de la empresariedad, de apoyo a los micro y pequeños agricultores familiares y el mayor de los desafíos, el impulso de una agricultura más sostenible e inclusiva.(alterdescr,abril 2022)

Afirmábamos apoyados en lo expresado por el exministro Felipe Arauz, en un reciente foro de la UCR, que la Agricultura requiere una transformación hacia sistemas de producción más sostenibles, mediante “soluciones que tengan el potencial de generar una transformación de nuestra agricultura, un cambio que haga los sistemas agro productivos más sustentables, más justos y más cercanos a una verdadera seguridad alimentaria”

Agregaba el exministro que “tenemos dependencia de importaciones de insumos importados para la producción agrícola y también pecuaria”, aspecto que resulta crucial en un momento como el actual de aumento en los precios de los agroquímicos debido a la guerra en Ucrania.

En ese sentido es importante valorar el aporte de la gestión anterior, hacia la reducción del uso de insumos importados (uno de los más altos en el continente americano) y en procura de la generación y el uso de insumos locales más baratos y menos contaminantes. Arauz apuntaba que “debemos promover la producción local de lo que sea agronómicamente posible, reduciendo la cantidad de insumos importados para su producción. Lo que se busca es optimizar el uso de insumos, aumentar la productividad, y minimizar los impactos ambientales.”(semanariouniversidad.com,19-4-2022)

Así mismo, en el citado artículo se sugería valorar los resultados de la gestión a la luz de los planteamientos realizados en el 2014 por investigadores de la Universidad Nacional, en el grupo de Políticas agrícolas los cuales propusieron establecer centros regionales de innovación y difusión de tecnologías sostenibles para el pequeño agricultor, reorientación del INTA hacia esa labor y promover un programa de formación y difusión de tecnologías para la adaptación al cambio climático. como esenciales para la transformación del sector agropecuario hacia una producción más sostenible.

Sin embargo, es bueno destacar que el aspecto de tecnologías para la adaptación y mitigación del cambio climático, si representa uno de los avances de la gestión Alvarado (a pesar de que no fue mencionado en el documento Hitos), ya que se han divulgado los logros de la Estrategia nacional de Ganadería baja en carbono y el proyecto NAMA Ganadería con la inclusión de más de 1000 fincas(comunicado del Gobierno de la República,11-9-2020)

Por su parte el ámbito de inversión en infraestructura agropecuaria en riego, drenaje, comercialización y valor agregado, es probablemente uno de los mayores logros de la Administración Alvarado, en buena medida con la intervención del INDER, entidad que en noviembre del 2021 había informado que entre el año 2018 y el 30 de setiembre del 2021 las inversiones totales de la institución en los 29 Territorios Rurales sumaron ₡56.450 millones y que en total se han beneficiado con esos recursos cerca de 283.916 familias rurales en todo el país.(alterdescr,noviembre 2021)

No obstante, el ámbito de menor avance relativo a los grandes retos del sector, se refiere al mejoramiento del sistema de comercialización de productos agropecuarios, que en la propuesta del grupo de Política incluía la reestructuración y modernización del CENADA, de las ferias del agricultor y del programa de Abastecimiento Institucional, la creación de un fondo de crédito agropecuario para los pequeños y medianos productores con recursos de la Banca para el Desarrollo y de un sistema de seguro agrícola(Grupo de Políticas agrícolas, 2014,12 p.)

En definitiva, se podría concluir que la gestión de la Administración Alvarado en el sector agropecuario, presenta no solo logros parciales aún distantes de las grandes transformaciones necesarias, si no que es aventurado e inexacto afirmar que se trata de hitos en la ejecución de políticas agropecuarias y en el desarrollo del sector.

El nuevo presidente: una incógnita en sí mismo

COLUMNA LIBERTARIOS Y LIBERTICIDAS (30)
Tercera época
Rogelio Cedeño Castro, sociólogo y escritor costarricense

Hace unas cuantas semanas, no muchas por cierto, nos preguntábamos acerca de las incógnitas que nos planteaba la llegada a la Casa Presidencial de El Zapote del nuevo presidente de la República. Con el paso de las semanas y los días estamos en capacidad de afirmar que el propio Rodrigo Chaves es, y seguirá siendo una incógnita en sí mismo durante algún tiempo, dentro del juego o despliegue de los componentes de una ecuación, o de una serie de ecuaciones muy complejas, cuyas variables no pueden ser ignoradas de ninguna manera, so pena de perder contacto con la realidad, o al menos con eso que Nicolás de Maquiavelo llamaba, con cierta determinación, no exenta de ironía, “la verdad efectiva de la cosa”. De ahí la necesidad de evitar, en el análisis de la coyuntura política, la tentación del mero ejercicio retórico con sus trampas en el uso de un lenguaje, por lo general vaciado de sus significados esenciales, el que termina evadiendo lo esencial del problema de fondo planteado en medio de la llegada de un nuevo gobierno: ¿quiénes son los que mandan en Costa Rica? Y ¿por qué sucede que el nuevo presidente, a pesar de no salirse de los dogmas del credo neoliberal, al menos en cuando a los lineamientos generales de su gestión, sigue siendo atacado por una buena parte de la prensa y una serie de gentes de todo el espectro político? Si bien ya habíamos dicho anteriormente que la circunstancia de que don Rodrigo Chaves no forme parte de la camarilla que ha gobernado este país, desde hace casi cuarenta años, haciendo del erario público su coto de caza y su espacio monopólico para sus negociados fraudulentos, su triunfo electoral no dejaba de ser un problema para las élites del poder ante el hecho, implícitamente planteado, de que sus integrantes vieran afectados sus intereses particulares, a partir de algunas de sus decisiones anunciadas en materia fiscal, sobre todo en cuanto a la evasión y elusión, las que alcanzan cifras que se han vuelto inmanejables, como también en lo referente a los graves problemas planteados la llamada regla fiscal, una trampa mortal para el funcionamiento de la administración pública, o los de contratación administrativa, por las reiteradas prácticas oligopólicas y monopólicas que existen en ese ámbito.

Por lo demás, su política salarial sigue siendo la misma de los anteriores gobiernos diz que “progres” del PAC y sus amigos, con bajísimos “aumentos” para los trabajadores del sector privado, los que ni siquiera compensan el crecimiento de la inflación, al mismo tiempo que hasta la fecha los salarios en el sector público continúan congelados, sin que se sospeche siquiera algún anuncio que indique algún cambio salarial para ese sector, dentro de lo que es toda una política ejecutada sobre la marcha y a partir del crítico estado de las finanzas, dejado por los llamados gobiernos progres, siempre dentro de una lógica que resulta un contrasentido para las posibilidades de una reactivación económica, dado que los factores combinados de las políticas de austeridad, impuestas por el equipo económico del PUSC al gobierno de Carlos Alvarado, con Edna Camacho, Rocío Aguilar y Rodolfo Piza al frente, con el decisivo apoyo del PLN y del mimético PAC, junto con otros actores políticos, son de naturaleza recesiva al afectar la inversión y el empleo. Dicho de otra manera, las políticas restrictivas de los “partidos” que formaron la coalición que cogobernó durante los gobiernos anteriores, especialmente a partir de abril de 2018, son las que han hecho disminuir la demanda agregada de bienes y servicios, como un factor negativo que se tradujo en la quiebra de numerosas empresas y negocios medianos y pequeños, a lo largo del año 2019, antes de la pandemia que vino a agravar el deterioro económico y social originado por las políticas neoliberales, que caracterizaron a la década que estaba terminando.

Por otro lado, el escenario cambiante en el ámbito internacional, especialmente en la región con el giro hacia la izquierda en países como Honduras, Chile y Colombia, la particular situación de Nicaragua, y el conflicto bélico planteado en Ucrania, que a pesar de su lejanía geográfica, ha traído un encadenamiento de consecuencias socioeconómicas muy graves para todos los países, a escala planetaria, con amenazas de una escalada inflacionaria, a partir de los altos precios del petróleo. Todos estos son factores que han hecho más difícil para el nuevo gobierno de Costa Rica formular una política exterior que considere como propia, tal como ha sucedido con las dubitaciones acerca de votar a favor del candidato de Nicaragua, a quien por acuerdo de los restantes países centroamericanos corresponde la presidencia pro tempore del SICA o Secretaría de Integración Económica centroamericana, por un período de cinco años. De ahí la cautela del presidente Rodrigo Chaves para tomar decisiones en esa materia, lo que le ha traído violentos ataques de los más variados actores sociales y políticos, quienes lo acusan de una  presunta alianza con el gobierno de Nicaragua, en la persona de su presidente, algo que no tiene ningún fundamento, si se tiene en cuenta que se trata del cumplimiento de decisiones adoptadas por gobiernos anteriores, y de compromisos escritos con los demás países del istmo, razón por la que el presidente anunció que será él quien tome la decisión final, después de una serie de consultas con otras cancillerías. En medio de semejante escenario, tan lleno de matices en el horizonte que muchos prefieren ignorar y las múltiples amenazas que se exteriorizan, un día sí y otro no, es que seguimos considerando  que el propio presidente de Costa Rica continuará siendo una incógnita en muchos sentidos, la que solo el tiempo se encargará de despejar, pues solo entonces se evidenciará la naturaleza específica de la ecuación subyacente. No estamos para asumir actitudes simplistas en tiempos que son de suyo muy complejos.

EEUU, divide y vencerás

Lic. José A. Amesty R.

2 julio, 2022

Desde el inicio del conflicto, EEUU, Rusia y Ucrania, que ya lleva más de 100 días, los Estados Unidos ha llevado a cabo varias operaciones de diversa índole, a manera individual y acompañado de la OTAN y otros países, que indudablemente los ha llevado al fracaso.

Por ejemplo, a nivel militar, según la escritora Mónica Peralta Ramos, en su artículo, “El triunfo retórico de la estrategia militar norteamericana en Ucrania”, afirma que, “Los cuatro meses de intensa guerra convencional en Ucrania han revelado la incapacidad de la base industrial norteamericana, para mantener sus stocks de municiones, misiles y equipos necesarios para su propia defensa y/o para enfrentar en el futuro inmediato un conflicto militar… Así, y a pesar de la retórica triunfalista del relato oficial, los cuatro meses de guerra convencional en Ucrania, han contribuido a desnudar los pies de barro del poderío militar norteamericano…”.

Así mismo, recalca, “Ahora, y contrariamente al triunfalismo norteamericano, Rusia está ganando la guerra y Ucrania-EEUU han sido derrotadas, según Graham E. Fuller. Esta evaluación es compartida por otro prominente ex oficial norteamericano, el coronel Douglas Macgregor, y se explica por una estrategia equivocada, que busca desangrar a Rusia en un conflicto prolongado”.

Yendo aún más allá, los portales Sputnik y La Haine en el artículo “Exoficial de inteligencia de EEUU: la derrota en Ucrania podría significar el fin de la OTAN”, “El analista crítico de política exterior estadounidense Scott Ritter señaló que, lejos de lograr el objetivo declarado por el Pentágono de «debilitar» a Rusia, la guerra subsidiaria de Washington en Ucrania está desarmando gradualmente a los ejércitos de los Estados miembros de la OTAN. Siguiendo ese razonamiento, la victoria rusa sobre Ucrania supondría el fin de la alianza de la OTAN liderada por EEUU, tal como la conocemos hoy, según el ex inspector de armas de la ONU”.

Igualmente, indicó, “La OTAN y EEUU se enfrentan a un tipo de derrota moral y física a manos de Rusia que probablemente significará el fin de la OTAN”, “No creo que la OTAN sobreviva a esto”, “Creo que la gente ha olvidado que justo en agosto del año pasado, la OTAN sufrió una enorme humillación: la retirada derrotada de Afganistán”.

Por otro lado, en el campo económico, Marc Vandepitte, en su artículo, “La OTAN y Ucrania: Por qué Biden está en apuros”, señala, “un análisis reciente en el Asia Times. Esta página web de noticias tiene su sede en Hong Kong y es uno de los medios de comunicación más destacados de Asia. Según este sitio, la Casa Blanca se equivocó totalmente en esta guerra. Las duras palabras que salen de la boca de Biden solo sirven para enmascarar la grave situación en la que se encuentra.

Según el Asia Times, Biden tiene que enfrentarse a dos graves problemas como consecuencia de la guerra. Económicamente, su país y gran parte del mundo se dirigen hacia una crisis. Además, tras la derrota del verano pasado en Afganistán, sufrirá una segunda humillación con esta guerra”, ya indicado.

A su vez, “EEUU se enfrenta así a un difícil dilema: inflación o estancamiento económico (mediante la subida de los tipos de interés). En el peor de los casos, incluso se da una combinación de ambos y entonces se produce la estanflación. En las economías más débiles del G7 la situación es aún peor. Por ejemplo, el Asia Times informa de que el yen japonés está en caída libre. La deuda pública allí es del 270% del PIB. Los tipos de interés de la deuda pública japonesa subieron a mediados de junio hasta el nivel más alto desde la crisis financiera de 2008”.

En este panorama sombrío, ¿Qué le queda a EEUU en relación con Rusia?

Deseamos hacernos eco del escritor Alexander Terekhin, en su artículo, “Descolonizar a Rusia”: EEUU muestra cómo quiere balcanizar el país euroasiático”.

El Departamento de Estado Norteamericano, y su Comité de Seguridad y Cooperación en Europa, CSCE, han iniciado una serie de discusiones sobre sus planes de dividir a Rusia en varios países más pequeños, hablando de la descolonización de Rusia y la necesidad de partir al país euroasiático por razones morales y estratégicas.

Con la idea de controlarlos desde fuera. El mencionado Comité, bajo el patrocinio de Victoria “Fuck Europe” Nuland, plantea que ya no basta con un cambio de régimen, hay que dividir a Rusia.

Recordemos que la Federación Rusa, antigua Unión Soviética, es una compleja red de divisiones administrativas, en donde la Federación de Rusia, el país más grande del mundo, administra su territorio entre Europa Oriental y Asia del Norte.

Está compuesta por ochenta y cinco sujetos federados, quienes gozan de los mismos derechos federales, en el sentido en que tienen la misma representación (dos delegados cada uno) en el Consejo de la Federación (la cámara alta de la Asamblea Federal de Rusia, el Parlamento ruso). Sin embargo, difieren en el grado de autonomía que disfrutan.

Rusia se organiza territorialmente en: 46 regiones (incluyendo 3 distritos autónomos), 22 repúblicas, 9 territorios, 3 ciudades federales, 1 distrito autónomo, 1 región autónoma.

La propuesta específica de EEUU al fragmentar a Rusia es, convertir algunos países en repúblicas independientes y autónomas en su totalidad. Por ejemplo, las Repúblicas de Siberia (región), Ural (región), Komi (sujeto federado), Sakha (República), entre muchas otras.

En fin, la idea es balcanizar a Rusia. Veremos si es tan fácil como lo plantean los funcionarios estadounidenses. Veremos, además, la supuesta fragilidad del Estado Ruso y su gobierno. Acontecimientos en pleno desarrollo.

POBREZA ESTRUCTURADA ¿Cómo podríamos frenar la desigualdad y pobreza crecientes?

Herbert E. Contreras Vásquez.

Herbert E. Contreras Vásquez, MSc.*

Según datos derivados de las autoridades económicas globales, el Producto Interno Bruto costarricense ha pasado de 20 millardos de USD en 2002 al orden de 60 millardos de USD al presente año.

Es decir, nuestra generación de riqueza se ha triplicado mientras descendimos al octavo lugar de desigualdad económica y social internacional.

Recuerdo una acotación hecha hace menos de 10 años por el Dr. Rolando Araya Monge quien manifestó que en los años 80 la Planilla Nacional (pública y privada) absorbía la mitad de nuestro PIB y que en la actualidad ha descendido a menos del 25 %.

A partir de 1982, después del encontronazo económico con los Agiotistas Internacionales de nuestro Último Estadista (1978-1982); iniciamos con los tristemente célebres Programas de Ajuste Estructural junto al proceso de satanización de nuestro Modelo de Estado Solidario.

Se le pusieron pesadas carlancas al ICE para impedirle desarrollar su mundialmente reconocida capacidad gerencial, técnica y ambiental. Y ni qué decir sobre su veto para incursionar en telefonía móvil.

Obviamente, se atacaron en primera instancia algunas empresas estratégicas pertenecientes al Soberano; valga citar a FERTICA y CEMPASA con las consecuencias harto conocidas.

La intención de entregar a manos del Casino Global nuestras instituciones productivas y rentables persiste.

Por si alguien duda, Kolbi y la FANAL tienen precio asignado como Espada de Damócles y sobre RECOPE sobrevuelan los buitres neoliberales.

Nuestra institución encargada de los hidrocarburos maneja el 70 % de la matriz energética nacional (un pequeño botín de no menos de 2,0 millardos de USD anuales) y al ICE le impusieron por Ley de La República el yugo financiero de los mal llamados Cogeneradores Eléctricos Privados.

No sobra recordar que a partir de la aplicación del Programa PL 480, arrancó la defenestración de nuestro Sector Agropecuario que nos tiene hoy importando más del 50 % de los alimentos que consumimos.

Y nuestros dignos y laboriosos agricultores hoy inundan los cinturones de miseria de León XIII, Pavas e Infiernillo y sus hijos desbordan las cárceles.

Como la procesión de los prestidigitadores del mercado no se detiene, los corifeos del odio han proferido sus encantamientos contra los Empleados Públicos.

En decenios no se han actualizado los salarios base de los burócratas y sus sindicatos se han visto en la necesidad de compensar la capacidad adquisitiva de los asalariados por medio de los llamados «pluses».

Estos pluses han pasado de lo esencial como el ajuste para «compra» de material didáctico para los Educadores (aumento salarial solapado), hasta el abuso y el ridículo en algunos pocos casos denominados «privilegios» laborales.

Este desorden orquestado tiene su génesis en la falta de Políticas de Estado en materia de sueldos y salarios que abarcan los miserables estipendios de los trabajadores del Sector Privado.

Se requiere cambiar el modelo matemático, para distribuir la riqueza que todos producimos por medio del trabajo remunerado.

Desde 1982 la riqueza productiva en la Nación ha crecido sustancialmente, más no así su distribución que ha caminado en sentido contrario.

La solución para la concentración de riqueza, estancamiento y retroceso de sueldos y salarios; pasa por la inclusión del parámetro PIB en una nueva fórmula matemática para calcular los ajustes.

Este es un indicador mundialmente aceptado, aunque no es el único ni el mejor parámetro.

No existe argumento Ético para negar que el esfuerzo de los trabajadores es el que genera verdadera riqueza. Esto ni siquiera debería discutirse.

El clientelismo electorero debe terminar cuanto antes. Éste es usufructuado por la auto denominada «clase política» (que ya no le teme al Pueblo) y ha manejado a su antojo a una franja de votantes (envilecidos en la miseria) con su Asistecialismo Social.

No tengo conocimientos Actuariales, pero me atrevo a citar algunas variables para esa nueva ecuación de ajustes salariales: costo de la canasta básica ampliada y actualizada, tipo de cambio de las divisas, costo del dinero en las entidades financieras, entre otros y, por supuesto el porcentaje de crecimiento del Producto Interno Bruto.

También requerimos de una revisión justa y equitativa de los salarios mínimos, para que en vez de ser un monto de sobrevivencia precaria, sean remuneraciones de subsistencia real y decorosa.

No veo otra manera de enfrentar y resolver de inmediato la injusta, descarnada y violenta desigualdad social de la Nación.

Ni el Gobierno Central podría replicarlo ya que sus ingresos tributarios están estrictamente concatenados al PIB.

Y del Sector Privado ni hablar, desde los famosos CAT’s; han expatriado sus fortunas a los Paraísos Fiscales.

Por esta vía, vamos en franca ruta de confrontación social de carácter imprevisible y de grandes penurias y sufrimientos.

Es cuestión de tiempo, o en su defecto nos transformaremos en un México, Honduras o Colombia y más pronto que tarde seremos otra Nación inviable de Abya Yala.

 

*Poeta, Ingeniero, Educador e Investigador costeño.

Acerca del tipo de cambio colón-dólar

Dr. Luis Paulino Vargas Solís
Economista / Investigador CICDE-UNED

No creo que sea tan difícil entender qué ha venido ocurriendo. Es cuestión de saber examinar, con rigurosidad y cuidado, las cuentas en la balanza de pagos. El problema se origina principalmente en las fugas de capitales a que han dado lugar los fondos de pensiones, con sus inversiones en el extranjero. También hay una incidencia significativa por parte las rentas del capital, o sea, salidas que corresponden a las ganancias obtenidas por la inversión extranjera, las cuales son tan voluminosas que compensan casi totalmente el efecto positivo (en términos de disponibilidad de divisas) proveniente de las entradas de la inversión extranjera.

Desde luego, el problema se puede ver agravado por factores emocionales, que generan determinadas tendencias de comportamiento en la gente. Tales son las llamadas expectativas, que tienen un componente irracional considerable, y las cuales se pueden ver influidas por diversos factores, inclusive el tipo de mensajes que dan las altas autoridades de gobierno. Por ejemplo: el mensaje atropellado e imprudente, además de inoportuno, que el presidente Chaves dio hace unas semanas.

Por otra parte, es innegable que por Costa Rica pasan capitales de origen oscuro, seguramente vinculados al narco. Hay quienes le ponen al asunto una subida dosis de amarillismo, y nos dan cifras realmente astronómicas que quintuplican las entradas de la inversión extranjera directa. Lo contradictorio de esto es que, si ese fuese realmente el caso, tendríamos entonces tal sobreabundancia de dólares que, inevitablemente, veríamos desplomarse la tasa de cambio. Habría una sobrevaluación desaforada, en vez de la devaluación que estamos registrando.

Claro, siempre queda disponible la explicación conspiranoica: imaginar fuerzas ocultas, malignas y omnipotentes, que manejan todo a capricho. Ello tiene grandes ventajas: responde automáticamente todas las preguntas, y hace innecesario investigar, estudiar y pensar.