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Academia Morista Costarricense invita a acto conmemorativo del magnicidio de Juan Rafael Mora

La Academia Morista Costarricense invita al público en general a participar en el acto conmemorativo del magnicidio de Juan Rafael Mora Porras, expresidente y héroe nacional.

La actividad contará con una conferencia magistral a cargo del Dr. Tomás Federico Arias Castro y con el estreno mundial de la obra musical “Armando el Magnicidio”, del compositor Mario Alfagüell.

Fecha: Martes 30 de setiembre, 2025
Hora: 6:30 p.m.
Lugar: Foyer del Teatro Nacional
Entrada gratuita.

¿Nos estamos convirtiendo en un país de “arrastrados”?

Henry Mora Jiménez

En el español costarricense, el adjetivo «arrastrado» o «arrastrada» es un término muy coloquial y bastante fuerte, cargado de un significado negativo.

La característica principal de una persona «arrastrada» es la falta de dignidad, de vergüenza o de auto respeto. Se usa para describir a alguien que se rebaja o humilla a sí mismo por algún interés calculado, para conseguir un beneficio, ganar el favor de alguien o por simple sumisión.

Y claramente, la palabra engloba varias actitudes que se consideran despreciables, como por ejemplo:

  1. Servilismo y adulación excesiva: Es la característica principal. Un «arrastrado» es un «lamebotas» o un «chupamedias». Hace todo lo que le pide otra persona (generalmente alguien con más poder o estatus) sin cuestionar, con tal de quedar bien.
  2. Falta de autenticidad: No actúa por sus propias convicciones, sino por mera conveniencia. Cambia su opinión o comportamiento para coincidir con quien cree que le puede ayudar.
  3. Oportunismo: Se aprovecha de situaciones o se apega a las personas para sacar un provecho, sin importarle los medios.
  4. Sumisión extrema: No defiende su posición ni su dignidad. Permite que lo traten mal con tal de no perder el favor de la otra persona.

Veamos algunos ejemplos de uso común:

En el trabajo: Un compañero que le hace todos los mandados al jefe, le dice siempre que sí a todo (incluso cuando está mal), y le cuenta chismes de los otros empleados con tal de ser el favorito.

En la política: Un persona que defiende ciegamente a un político o partido, ignorando todas sus faltas, solo por fanatismo o porque espera conseguir un puesto o una dadiva.

En la vida social: Alguien que solo busca amistad con gente de dinero o influencia, cambiando su forma de ser para encajar y obtener beneficios.

En una relación de pareja: Una persona que acepta maltratos, infidelidades o faltas de respeto constantes por no tener la voluntad de terminar la relación.

En resumen, llamar a alguien «arrastrado» en Costa Rica es un insulto grave al carácter de esa persona. Es acusarla de carecer por completo de dignidad y de actuar de manera servil y oportunista. Es un término que refleja desprecio hacia la actitud de quien no valora su propia integridad por un beneficio mezquino.

Pero ¿Y qué observamos en la Costa Rica actual?

Diputados y diputadas serviles y acríticos al poder de turno, aunque con sus acciones nieguen radicalmente lo que en el pasado juraron defender; alcaldes y alcaldesas oportunistas que se pasan de bando partidario no por verdadera convicción sino por interés propio; ciudadanos sumisos y sin escrúpulos que avalan la corrupción, los berrinches y las faltas del presidente sin importar su gravedad; medios de comunicación (públicos y privados) y periodistas que venden su imparcialidad al mejor postor; políticos y líderes sociales que cambian de partido como cambian de vestimenta; dirigentes políticos que ya ni se apenan de que sus partidos sean denominados “partidos taxi”; funcionarios públicos que aplauden y ejecutan órdenes evidentemente incorrectas o ilegales con tal de no contrariar al Ministro de turno o a Casa Presidencial; “influencers” que se comportan como verdaderos sicarios de la verdad y defensores de la “post verdad”. Y ni mencionemos el servilismo hacia el gran vecino del norte, que con contadas excepciones siempre nos ha caracterizado.

Como ha ocurrido en otras ocasiones cuando se han normalizado insultos hasta convertirlos casi en cumplidos (recuerdo en especial el término choricero: “soy choricero, y qué?”), Costa Rica transita hoy por un filo de navaja. La gran diferencia y el peligro real radica en que esta vez no se trata de un mote para un grupo, sino de la normalización de «ser un arrastrado» como estrategia política y social válida. Estamos peligrosamente cerca de que la falta de dignidad, el servilismo y el oportunismo -las actitudes que precisamente definen al «arrastrado»- dejen de ser vistos como lo que son: vicios repudiables que carcomen la confianza y pudren el tejido social. Al aceptar pasivamente que políticos, líderes e influencers actúen con una absoluta falta de autenticidad y vergüenza, no solo los normalizamos: les damos un permiso tácito para que sigan destruyendo los cimientos de la sana convivencia en beneficio propio. Esta no es una simple polarización; es la evidencia de una clara decadencia moral que nos degrada como sociedad.

Frente a esto, nuestro rechazo debe ser activo y consciente.

¡No lo aceptemos! Exijamos, como ciudadanos, autenticidad, coherencia y, sobre todo, dignidad en la vida pública.

¡No lo permitamos! Rechacemos con nuestro voto, nuestra voz y nuestra interacción diaria a quienes premian la sumisión y el arrastre.

¡No lo normalicemos! Señalemos y denunciemos la adulación excesiva y la falta de escrúpulos, aunque vengan de «nuestro bando».

Ausencia injustificada de Costa Rica

Freddy Pacheco León

Freddy Pacheco León

La Asamblea General de la ONU es el único foro capaz de reunir a todas las naciones del planeta. Ante ella, cuando un jefe de Estado comparte un mensaje, sus palabras tienen un peso inigualable. Por ello, para muchos de los Estados allí reunidos, la voz de Costa Rica goza de un prestigio muy bien ganado, como sustento de un pueblo amable con mandatarios usualmente decentes, cultos, muy respetados. Pues se reconoce a nuestro pueblo, como, por ejemplo, amante de la paz, identificado con la protección del ambiente y comprometido con la Agenda para el Desarrollo Sostenible, aprobada por aclamación ante la presencia del Papa Francisco. Y es que tan valorada ha sido nuestra Patria, que algunos costarricenses han sido incluso sugeridos para ocupar el alto puesto de la Secretaría General.

Por eso y mucho más, la ausencia injustificada del presidente de Costa Rica en las asambleas generales anuales, sin brindar excusa razonable alguna, sorprende a los que discretamente lo mencionan, pues el nuestro no es un país que antes hubiese buscado aislarse de la comunidad internacional. Al contrario. Para los gobernantes ticos, han sido de especial importancia los lazos estrechos con organismos trascendentales de la ONU, como la Corte Internacional de Justicia, la UNESCO, la Organización Mundial de la Salud, la FAO, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, el Fondo de Población, la UNICEF, el Programa Mundial de Alimentos, la Organización de Aviación Civil Internacional, el Banco Mundial, la ACNUR, un Instituto dedicado a la promoción del desarme, la ONU MUJERES y otros más, que en forma conjunta y respetuosa, juegan para Costa Rica, y las otras 192 naciones del mundo, un papel único e irreemplazable de colaboración, cuya existencia depende de la contribución solidaria de todos los pueblos del mundo.

Sin la ONU, mis amigos, reinaría un caos inimaginable en las relaciones internacionales, por lo cual la ONU requiere del apoyo de naciones grandes y poderosas económicamente, pero también de otras naciones, quizá pequeñas, pero poderosas en otros ámbitos, como los que por años se le han reconocido a la Costa Rica que llevamos orgullosamente «en las entrañas».

Con su rechazo a participar, nuestro presidente le hizo daño a su propio país, pues la ausencia no fue la del representante supremo de cualquier «banana republic», gobernada por un sátrapa tropical, sino la de una nación poseedora de una voz humilde, pero con un eco que no se ha quedado dentro de los muros de la sede de la ONU en la ciudad de Nueva York.

Hacemos votos para que nuestro próximo presidente de la República, nos permita aún desde antes de su elección, vislumbrar que sí podremos reconstruir la esperanza que sentimos urgente.

El dilema del 57%: más allá del voto útil y el voto castigo

JoseSo (José Solano-Saborío)

La cifra es elocuente y define la coyuntura: el 57% de la ciudadanía costarricense se declara sin partido o candidato definido (CIEP-UCR). Este no es un dato de apatía, sino el síntoma de una profunda desilusión y una crisis de representatividad. Para este electorado pivotal, la elección de febrero no es una simple contienda entre partidos, sino un complejo plebiscito sobre el rumbo del país, donde la disyuntiva parece reducirse a un oficialismo percibido como populista y autocratizante y una oposición fragmentada que ofrece cambio, pero con rostros múltiples y a veces contradictorios.

Ante este escenario, el votante indeciso debe tomar una decisión que trasciende el candidato individual. Se trata de elegir una estrategia de país, sopesando tres dimensiones críticas: la preservación de la democracia liberal, la consecución de la justicia social y la modernización del Estado Social de Derecho para hacerlo viable en el siglo XXI.

El oficialismo: ¿Continuidad o consolidación de un riesgo?

La opción oficialista se presenta como la defensora de la integridad y la transparencia, “único mal que nos aleja de convertirnos en una potencia regional”, aunque se tenga que sacrificar la justicia social y los logros del Estado Social de Derecho. Su argumento se centra en culpar a las instituciones sociales que califica como “corruptas e ineficientes” e “instrumentos de la élite”, por lo que hay que eliminarlas, algo así como la versión tica del “Estado Profundo” del QAnon de los gringos.

Que atractivo tiene el chavismo que ofrecer al 57% de indecisos o “sin partido”.

Pros para el votante indeciso: Ofrece una aparente estabilidad y continuidad en políticas macroeconómicas como la reducción de la deuda pública. Apela a la “modernización” de un modelo que, en el pasado, dio prosperidad al país, pero que fue corrompido. Para quien prioriza evitar un shock económico sobre una regresión en derechos sociales, puede parecer atractivo.

Contras fundamentales: El gran riesgo radica en la deriva autocrática. Las constantes pugnas con otros poderes del Estado, la retórica confrontativa y las prácticas que erosionan los controles y equilibrios democráticos son una alerta máxima. Un voto por el oficialismo puede interpretarse como un aval a este estilo de gestión, que podría consolidar un modelo de concentración de poder incompatible con la democracia costarricense histórica. Además, en el caso de los partidos más viejos o tradicionales, su discurso a menudo se muestra resistente a las reformas modernizadoras pero progresivas urgentes que el país necesita en materia fiscal, de empleo y de eficiencia estatal.

La oposición fragmentada: oportunidad y desconfianza

La oferta opositora es plural, pero su fragmentación es a la vez su fortaleza y su mayor debilidad. Una parte de nuevas opciones política y coaliciones representan la alternativa de cambio, pero sin una visión unificada, ni convincente hasta ahora.

Pros para el votante indeciso: Encarna la posibilidad de restaurar los equilibrios democráticos y frenar la concentración de poder que pretende consolidar el chavismo. Diversos sectores opositores proponen agendas de modernización del Estado, atracción de inversión y generación de empleo, abordando problemas económicos críticos que afectan la calidad de vida. Un voto por la oposición es, en esencia, un voto por la alternancia y la renovación del sistema.

Contras fundamentales: La falta de unidad genera incertidumbre. ¿Un gobierno de coalición por un posible consenso para la eventual segunda ronda? ¿Será viable o será ingobernable? Existe el temor fundado de que, una vez en el poder, las facciones opositoras repitan viejas prácticas clientelistas o impulsen reformas sin los consensos necesarios, generando conflictividad social. Para el votante que valora la justicia social, el desafío es discernir si la “modernización” propuesta no será un eufemismo para desmantelar conquistas sociales.

Estrategias de voto: ¿El voto útil o quebrar el voto?

Aquí es donde la decisión del 57% se vuelve táctica.

El voto útil: Consiste en apoyar al candidato opositor con mayores posibilidades de derrotar al oficialismo en una eventual segunda ronda, aunque no sea la opción preferida. Es una estrategia pragmática cuyo objetivo principal es garantizar el cambio de gobierno y la defensa del sistema democrático.

Pro: Maximiza la probabilidad de evitar la reelección del oficialismo. Es una respuesta contundente a la polarización.

Contra: Sacrifica la expresión de una preferencia ideológica más afinada. Puede perpetuar un sistema bipartidista de facto y desincentivar la oferta de propuestas más innovadoras y específicas.

Quebrar el voto (o voto estratégico distinto): Implica votar por una opción opositora que, aunque no lidere las encuestas, represente mejor los valores e intereses del votante (por ejemplo, una opción más centrada en la modernización tecnocrática o, por el contrario, en una justicia social renovada). La esperanza es que una buena votación para estas opciones fuerce al eventual ganador opositor a incorporar sus agendas en un gobierno de coalición y consensos.

Pro: Fortalece la democracia al mostrar el peso real de distintas corrientes de opinión. Envía un mensaje claro sobre las prioridades de la ciudadanía (medio ambiente, transparencia, economía social solidaria, etc.).

Contra: Es un riesgo calculado. Si el voto opositor se fragmenta demasiado, podría facilitar el paso a la segunda ronda del oficialismo, frustrando el objetivo común de cambio.

Un voto por la gobernabilidad democrática futura

El ciudadano del 57% no debe sentirse presionado a elegir entre democracia y justicia social. Esa es una falsa disyuntiva. La verdadera elección es cómo construir una gobernabilidad que garantice ambas.

La pregunta clave es: ¿Qué escenario ofrece más posibilidades de reconstruir un pacto social que modernice el Estado Social de Derecho sin destruirlo?

Un voto por el oficialismo, en la percepción mayoritaria, parece condenar al país a otros cuatro años de polarización y estancamiento en las reformas urgentes, con el riesgo latente de una mayor erosión democrática y concentración del poder e, incluso, la venta o desmantelamiento del ICE, la Banca Estatal, el INS y demás ‘joyas de la abuela’.

Un voto por la oposición, a pesar de su desorden, abre la puerta a la incertidumbre, pero también a la oportunidad. La responsabilidad del 57% no termina el primer domingo de febrero. Su verdadero poder será exigir, vigilar y participar para que, cualquiera que sea el resultado, el próximo gobierno entienda que su mandato no es imponer una ideología, sino facilitar un diálogo nacional que reconcilie la justicia social con un Estado eficiente, la sólida con una economía pujante. El voto no es el fin, es el primer acto de una ciudadanía que despierta para reclamar su futuro.

Sin hablar de seguridad pública, seguridad alimentaria y el agro, la recesión turística, por ahora me voy prometiendo hablar de esto y qué oferta hacen los movimientos políticos, en la próxima.

Saludos desde el este.

La Angostura de Puntarenas 1860: escaramuzas, magnicidio y memoria de Juan Rafael Mora Porras

Dr. Fernando Villalobos Chacón*

Introducción

Los sucesos de La Angostura de Puntarenas en 1860 constituyen un momento decisivo de la historia costarricense, donde la lealtad, la geografía y la traición marcaron el destino de la república. El regreso de Juan Rafael Mora Porras, acompañado de hombres como su cuñado José María Cañas Escamilla, su hermano José Joaquín Mora, e Ignacio Arancibia, conocido como “El Terneras”, buscaba restaurar la legitimidad rota por el golpe de 1859. La captura en La Angostura y el fusilamiento del 30 de septiembre de 1860 sellaron uno de los episodios más dolorosos de la historia nacional: un magnicidio de Estado contra el héroe de 1856.

José María Cañas Escamilla: el leal general

El general José María Cañas Escamilla, nacido en El Salvador en 1809, encarna la figura del extranjero que adoptó a Costa Rica como patria. Militar de talento, hombre culto y de visión modernizadora, había sido gobernador de Puntarenas, diplomático y uno de los estrategas clave en la guerra contra los filibusteros. Cañas no solo era el cuñado de Mora, sino también su más cercano colaborador político y militar.

Su decisión de acompañarlo en la expedición de 1860 refleja una fidelidad inquebrantable. Sabía que el retorno era arriesgado, pero entendía que el deber patriótico estaba por encima de su seguridad personal. Como apunta Vargas (2010), “Cañas asumió que el destino de Mora era también el suyo; la república debía defenderse aun si ello costaba la vida” (p. 142). Su fusilamiento en El Jobo, junto al de Mora, convirtió su figura en símbolo de lealtad absoluta y de integración centroamericana en la gesta costarricense.

Ignacio Arancibia, “El Terneras”: el audaz extranjero

Entre los hombres que acompañaron a Mora en 1860 destacó Ignacio Arancibia, apodado “El Terneras”. Chileno de origen, Arancibia había llegado a Centroamérica como aventurero militar y se convirtió en uno de los más firmes aliados de Mora. Cuñado de don Juanito y Jefe político de Esparza, había conocido a Mora en sus viajes de exportación de café a Valparaíso. Su figura resume la solidaridad internacional de aquella causa: un hombre que, no siendo costarricense, entregó su vida por la república. Fue fusilado al lado de Mora el 30 de setiembre de 1860.

La traición y la soledad estratégica de Mora

Los planes de Mora se frustraron debido a la traición de un soplón que alertó al gobierno ilegítimo de Montealegre. Las fuerzas leales que debían reunirse con Mora fueron detenidas y puestas en calabozo, mientras que el paso por la “Barranca hacia Puntarenas” fue cortado por tropas gubernamentales.

Esta maniobra aisló a Mora de sus aliados en el interior del país, dejándolo únicamente con el apoyo del último bastión fiel: los porteños. Comerciantes, estibadores y vecinos de Puntarenas se convirtieron en su sostén material y moral, aunque insuficiente para revertir la superioridad numérica y logística de las fuerzas oficiales. Esta soledad estratégica explica parte de la vulnerabilidad de los moristas en La Angostura y su posterior captura.

La Angostura: escaramuzas y captura

En el estrecho paso de La Angostura, Mora, Cañas, Arancibia y unos doscientos seguidores intentaron resistir al ejército de Montealegre. El terreno favorecía la defensa: mar a un lado, manglar al otro, y un único camino estrecho hacia el interior. Sin embargo, la superioridad numérica y logística de las fuerzas gubernamentales pronto inclinó la balanza.

Las escaramuzas fueron intensas: disparos, emboscadas improvisadas, cargas de bayoneta. La crónica literaria de Manuel Argüello Mora en Eliza del Mar subraya la valentía de los leales, y la obra de Dionisio Cabal recuerda la dignidad con que enfrentaron la captura. Finalmente, el grupo fue reducido: Mora, Cañas y Arancibia fueron apresados, con lo que se cerró la esperanza de restauración inmediata.

Camino al patíbulo: la dignidad en El Jobo

El 30 de septiembre de 1860, Mora, Cañas, José Joaquín Mora, Arancibia y otros compañeros fueron llevados al sitio de ejecución en El Jobo. La marcha se convirtió en un acto de dignidad republicana: los prisioneros avanzaron erguidos, sin claudicar. La memoria popular recogida por Cabal y la novelística de Argüello transmiten la intensidad de esos instantes: el héroe caminando hacia la muerte con serenidad y valentía.

“Mora caminaba erguido hacia su sentencia con la muerte, Arancibia trastabilla, Mora lo pone de pie con su brazo, a lo que Arancibia, ex jefe político de Esparza y cuñado de Mora, le dice: usted muere en su Patria, pero yo muero muy lejos de la mía”.

La frase revela la hondura humana del momento: Mora sostiene a su compañero extranjero, y Arancibia reconoce el sacrificio doble de morir en tierra ajena. Ese instante resume la dimensión universal del drama: el líder republicano muere por su patria, y el extranjero solidario, por una causa que adoptó como propia.

El consejo de guerra fue un mero formalismo. La sentencia estaba dictada desde antes: eliminar física y simbólicamente a Mora y sus leales. El fusilamiento constituyó un magnicidio de Estado, ejecutado no solo contra un expresidente, sino contra la memoria de la república soberana que él representaba.

Magnicidio de Estado y memoria

La ejecución constituyó un magnicidio de Estado, no solo contra Mora, sino contra su proyecto de república soberana. Gudmundson (1990) ha señalado que “la ejecución de Mora no solo fue un castigo personal, sino el intento de asesinar una visión de república cimentada en la soberanía” (p. 237).

El sacrificio de Mora, Cañas y Arancibia no pudo ser borrado por la narrativa oficial. La memoria popular porteña, la literatura de Eliza del Mar y las recreaciones culturales posteriores restituyeron su legado. En ellos no aparecen como caudillos vencidos, sino como mártires republicanos que enfrentaron la ingratitud de un régimen ilegítimo.

Hoy, la figura de Cañas simboliza la fidelidad sin fisuras y el compromiso de un centroamericano que entregó su vida por Costa Rica; mientras que Arancibia representa la audacia y el internacionalismo de la causa. Su memoria junto a Mora reafirma que la defensa de la soberanía no conoce fronteras.

Conclusión

Las escaramuzas de La Angostura y el fusilamiento en El Jobo fueron más que episodios bélicos: fueron un parteaguas en la historia política costarricense. La lealtad de Cañas, la audacia de Arancibia y la firmeza de Mora constituyen un legado ético que interpela a la república hasta hoy. El magnicidio de 1860 reveló la crudeza del poder oligárquico, pero también dejó sembrada la semilla de una memoria resistente, que en la literatura, la historia y la cultura popular ha reivindicado a los héroes caídos.

La traición, la soledad estratégica y la superioridad oligárquica marcan la tragedia de Mora en 1860. Sin embargo, la fidelidad de Cañas, la audacia de Arancibia y el coraje de Mora frente a la adversidad consolidan un legado ético y moral: la defensa de la soberanía y la dignidad de Costa Rica, incluso ante la traición y la muerte. La memoria histórica y literaria asegura que estos hombres no fueron vencidos, sino recordados como símbolos de lealtad y heroísmo republicano.

Referencias

  • Argüello Mora, M. (1899). Eliza del Mar. San José: Tipografía Nacional.
  • Cabal, D. (2006). La Cantata de 1856. San José: Editorial Costa Rica.
  • Gudmundson, L. (1990). Costa Rica antes del café: Sociedad y economía en la época colonial tardía. Editorial Universidad de Costa Rica.
  • Meléndez, C. (1975). Juan Rafael Mora y su tiempo. Editorial Costa Rica.
  • Molina, I. (2000). Costa Rica en el siglo XIX: Estado, nación y sociedad. Editorial Porvenir.
  • Vargas, H. (2010). El ocaso de un héroe: Mora Porras y la política costarricense del XIX. San José: EUNED.

*Historiador y especialista en la Campaña Nacional

Conferencia virtual con el Dr. Pablo Semán analizará el avance de las extremas derechas en América Latina

La Maestría Centroamericana en Sociología de la Universidad de Costa Rica (UCR) invita a la comunidad académica y al público en general a la conferencia “América Latina, las extremas derechas y el espejo de Próspero”, a cargo del Dr. Pablo Semán, investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) de Argentina y profesor de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM).

La actividad se realizará de manera virtual el martes 14 de octubre de 2025, a las 4:00 p.m. hora de Costa Rica (7:00 p.m. en Argentina), con transmisión en vivo a través de las páginas de Facebook y YouTube de la Facultad de Ciencias Sociales UCR, la Maestría Centroamericana en Sociología y la Asociación Centroamericana de Sociología (ACAS).

El Dr. Semán es sociólogo por la Universidad de Buenos Aires y doctor en Antropología Social por la Universidad Federal de Rio Grande do Sul. Su trayectoria académica ha estado marcada por investigaciones sobre religiosidad popular, cultura política y transformaciones sociales en América Latina. En esta conferencia analizará la reconfiguración del panorama político contemporáneo y el papel que están desempeñando las extremas derechas en la región.

La actividad cuenta con el apoyo de la Maestría Centroamericana en Sociología, el Colegio de Profesionales en Sociología de Costa Rica, la Asociación Centroamericana de Sociología (ACAS), el Posgrado en Sociología de la Universidad Nacional de Honduras y el Programa de Posgrado en Sociología de la UCR.

¿Había que desaforar necesariamente al presidente?

Alberto Salom Echeverría

Costa Rica contempla en su artículo 148 Constitucional, el aforo o inmunidad en favor del presidente de la República. Esto significa que en caso de que, a juicio del fiscal general se le deba procesar ante la presunta comisión de un delito, solamente el Ministerio Público por medio de este fiscal general, que es bajo cuya responsabilidad se acopia la información, puede solicitar ante la Asamblea Legislativa el desafuero (o sea, quitarle la inmunidad al presidente), con el fin de que el primer poder de la República conozca del asunto. Cuando así ocurra, el Congreso integrará una comisión para recomendar al plenario lo que considere pertinente. Una vez que la comisión llegue a un veredicto concluyente, lo remitirá para ante el presidente legislativo, con el objeto de que éste, a su vez, lo someta a la consideración del pleno de los diputados, compuesto por los 57 legisladores.

El pleno solamente podrá resolver desaforar al presidente, cuando el informe de la comisión haya sido aprobado por la mayoría de sus miembros y luego sea remitido al plenario legislativo, donde deberá ser aprobado por dos terceras partes del total de los diputados de la Asamblea. El presidente de la República, si lo desea podrá comparecer ante los diputados en su defensa, mas no está obligado a ello. En el caso de que no se reúna la mayoría calificada de 38 votos, el asunto se tendrá por rechazado y el proceso se detendrá hasta que el titular de la presidencia de la República haya concluido el período para el cual fue electo.

¿Está obligado el fiscal general a someter la solicitud de desafuero a la Asamblea Legislativa, si posee indicios claros de que ha habido la comisión de un delito por parte del presidente de la República?

En general la jurisprudencia considera que hay tres planos para analizar la cuestión y resolver si merece o no que el Ministerio Público por medio de la fiscalía someta el desafuero a la consideración de la Asamblea Legislativa:

Lo legal. No existe ni en la Constitución de la República, ni en el Código Procesal Penal, una ley o consideración que exprese que el fiscal general posee la obligación de someter para ante la Asamblea Legislativa el levantamiento del fuero presidencial (para la formación de causa), tras haber detectado indicios de un delito. Por otra parte, el presidente no podrá ser procesado penalmente mientras esté en el ejercicio de sus funciones, excepto que, el pleno de la Asamblea mediante mayoría calificada declare que hay lugar a formación de causa, de acuerdo con el artículo 148 constitucional.

Lo jurídico-práctico. ¿Qué pasa si el fiscal decide no someter el desafuero al presidente de la República, a la consideración del Poder Legislativo, a pesar de haber acumulado indicios de que éste hubiere cometido algún delito?

Si no hay tal solicitud de parte del fiscal, significa que ningún tribunal penal podrá investigar, ni juzgar al presidente mientras esté en funciones. Pero debe quedar claro que, tanto cuando el fiscal se abstenga de someter el asunto a consideración de la Asamblea, como cuando este primer poder de la República, habiéndose sometido a su consideración el desafuero, no obtenga la mayoría calificada de 38 votos necesaria para iniciar la formación de la causa, en ninguno de estos dos casos implica que el presidente haya quedado absuelto del delito o los delitos que se le imputan. El proceso causal se detiene por un tiempo, y se reiniciará en los tribunales comunes, cuando legalmente el funcionario concluya su mandato. Por otra parte, el ciudadano común puede solicitar también el desafuero contra el presidente. Sin embargo, por la naturaleza o importancia de la persona que se intenta acusar, se requiere de un respaldo jurídico serio, de modo que, sin el aval del Ministerio Público, se considera muy difícil que la iniciativa ciudadana prospere.

El plano ético y funcional. Aquí la jurisprudencia considera que, dada la responsabilidad institucional que tiene ante sí y ante la ciudadanía el fiscal general, siempre que tenga indicios sólidos o fundados contra la figura del presidente, en el sentido de que ha incurrido en algún delito, tiene el deber de someter el caso ante la Asamblea Legislativa; esto implica al menos lo siguiente:

-Debe abrir el Ministerio público bajo la dirección del fiscal, una investigación preliminar, sin violar los límites del aforo.

-Lo anterior lo conduce necesariamente al imperativo de recabar toda la evidencia que le sea posible, como para justificar la solicitud de la formación de causa.

-Por lo general, las dos premisas anteriores son base firma para que el fiscal proceda a presentar la solicitud a la Asamblea Legislativa, o sea con base en la evidencia acumulada. Solo razones excepcionales inhibirían al fiscal de proceder conforme lo dicho, por cuanto el fiscal está sometido también a control, en primer término, por parte del Poder Judicial al que se debe. Si tiene evidencia seria y no procede a elevar el asunto a la Asamblea, podría considerarse que el fiscal ha incurrido en una falta grave por omisión de deberes o encubrimiento.

En resumen, podemos decir que el fiscal general no está obligado legalmente a pedir el levantamiento del aforo; prácticamente, es el único actor que posee legitimidad para hacerlo con eficacia, desde el punto de vista ético, si tiene indicios suficientes acumulados, contra el presidente, por el bien del estado de derecho y por transparencia, debe proceder, so pena de hacerse cómplice del delito de encubrimiento o complicidad.

Conferencia Episcopal llama a una campaña electoral basada en el bien común, la esperanza y la dignidad humana

La Conferencia Episcopal de Costa Rica emitió un mensaje al iniciar el proceso electoral del país, titulado “Por una política al servicio del bien común y de la esperanza”, en el que llaman a la ciudadanía y a los partidos políticos a vivir esta etapa con responsabilidad ética y vocación de servicio.

El pronunciamiento recuerda que Costa Rica cuenta con la democracia más antigua de América Latina y el Caribe, y resalta que el sufragio debe ejercerse en un marco de valores como la dignidad de la persona humana, el respeto a los derechos humanos y la búsqueda del bien común.

Los obispos advierten, sin embargo, sobre signos de deterioro institucional: confrontaciones entre poderes de la República, polarización social, violencia criminal, narcotráfico, emergencia educativa, problemas en la seguridad social, informalidad laboral y pérdida de credibilidad en los partidos políticos. También señalan la corrupción y la penetración del narcotráfico como factores que debilitan la democracia y la confianza ciudadana.

En este contexto, hacen un llamado a una conversión ética profunda, a propuestas viables y responsables y a la construcción de acuerdos interpartidarios sobre los grandes temas nacionales: seguridad, educación y salud. Piden a los partidos y candidatos reivindicar la política como vocación de servicio, con transparencia, responsabilidad y apertura al diálogo.

El mensaje también subraya la importancia de una ciudadanía activa, crítica y comprometida, que ejerza el voto de manera informada y responsable, y que no se limite a votar, sino que acompañe y exija cuentas a las autoridades electas. Asimismo, destacan el rol de los medios de comunicación como facilitadores del discernimiento político y garantes de un debate público veraz y ético.

Finalmente, los obispos invitan a cultivar la esperanza como virtud transformadora, que permita superar el desencanto y recuperar la confianza en lo público. El texto concluye con una oración a la Virgen de los Ángeles para que Costa Rica avance en justicia, paz y solidaridad.

El documento completo puede descargarse en este enlace: Mensaje de los obispos de Costa Rica – septiembre 2025

Chomsky, el político

Por Arnoldo Mora

En el polifacético y volátil panorama de la política mundial actual hay un hecho que no ha sido destacado ni dentro ni fuera de su país, pero que reviste gran importancia y cuya trascendencia podría ser capital en un futuro no lejano en los derroteros que recorra la política mundial. Me refiero al (re)surgimiento de la izquierda en la política doméstica de los Estados Unidos. Considerada y con sobrada razón como, no sólo la gran potencia occidental del mundo luego de la II Guerra Mundial, y el país donde mejor y más sólidamente se ha realizado en la historia universal el sueño o utopía del capitalismo en su versión más ortodoxa, como es la de tradición calvinista anglosajona, puede parecer paradójico, por no decir insólito y contradictorio, el hecho de que se esté dando una corriente de características “revolucionarias” en el seno mismo, no sólo de la sociedad civil yanqui, sino en las organizaciones y partidos políticos y que ya tienen una no desdeñable representación en las dos cámaras del Capitolio. Al hablar de “revolucionario” implico su doble condición de antimperialista y de anticapitalista, es decir, militante; lo cual implica definir la acción política como un compromiso “revolucionario” tal como se entiende en nuestro continente, a saber, como una lucha frontal dondequiera que el activista o militante se encuentre. No se trata tan sólo de una doctrina, ni menos de una simple retórica; hablamos de un programa de acción que no admite titubeos. Esta posición política tiene sus grados y matices, según sean las personas de que se trata; es más explícita y desafiante en un grupo de “representantes” (diputados) de la Cámara Baja, especialmente mujeres, pero más ideológica en quienes no militan en un partido o movimiento político, como es el caso del célebre intelectual Noam Chomsky. La figura que más alto ha llegado en el escalafón político del país y que suele ser considerado como el portavoz más calificado de esa corriente, es el longevo senador por el Estado de Vermont, Sanders. Todos pertenecen al Partido Demócrata, con lo que representan una corriente que ya alcanza cifras nada despreciables, pues se habla de que al menos 17% de la militancia de ese partido adhiere a posiciones de izquierda.

Lo señalado no tiene nada de insólito o novedoso, dado que ese partido se nutrió del movimiento obrero y del pensamiento de izquierda ya en los últimos decenios del siglo XIX. En el siglo XX llegaron al poder gracias a una alianza entre el líder máximo del Partido Demócrata, el presidente Franklin Delano Roosevelt, cuyo vicepresidente Wallace, surgió de los “trade unions” (sindicatos); en la práctica se convirtió en una alianza estratégica entre los socialdemócratas del Partido Demócrata y la izquierda sindical, alianza que hizo posible la superación de la crisis financiera producto del colapso de la bolsa de valores de 1929, y de la hecatombe que hubiera representado un triunfo de las Potencias del Eje en la II Guerra Mundial. Fue con el inicio de la Guerra Fría que se dio la persecución y el casi exterminio de la izquierda norteamericana en el nefasto período del macartismo, que se convirtió en la versión fascista de la derecha norteamericana. No será sino con el siglo XXI, que trajo aparejada la crisis del capitalismo en el año 2008, que se muestra una mayor presencia y beligerancia de la izquierda norteamericana, hasta el punto de que hoy representa un fenómeno novedoso y creciente en la escena política de ese país. Su ideólogo más representativo y de mayor prestigio intelectual es el connotado filósofo Noam Chomsky, cuya larga trayectoria y universal prestigio le han permitido gozar de una resonancia mundial. La aparición de su libro LA (DES)EDUCACIÓN (Austral, Barcelona, 2024, duodécima impresión) constituye el compendio más acabado de su pensamiento y de su acción política. Esa obra es una colección de ensayos y entrevistas hechos en diversas circunstancias pero que refleja de la manera más acabada de su pensamiento y el testimonio más calificado de su compromiso político. En concreto, no se trata sólo de teorías o de una exposición ideológica, sino también de denuncias y señalamientos críticos contra los gestores de las políticas reaccionaras y antidemocráticas de esa nación. Lo único que se presta a confusiones es el título, pues sólo se refiere al primero de los ensayos. Pero todos tienen en común la denuncia, no sólo de las agrupaciones o figuras políticas de la ultraderecha norteamericana, sino igualmente de los agentes de la sociedad civil, de lo que solemos llamar los “poderes fácticos”, el sistema educativo en primer lugar, la gran prensa y, por supuesto, el gran capital financiero, todos denunciados con alusiones directas y nombres concretos.

Merece destacarse que el propio Chomsky señala con gran claridad las fuentes ideológicas de que se nutre su pensamiento; lo cual es de suma importancia para calibrar el alcance de su implacable crítica y los principios doctrinales en que se basa su pensamiento. Aunque parezca paradójico, Chomsky no se inspira en fuentes marxistas, sino en la rancia tradición del pensamiento crítico liberal de su país. Explícitamente reconoce ser el continuador del pensamiento y de la acción política de quien considera ser uno de los más grandes filósofos de su país, John Dewey. Ideólogo detrás del presidente Roosevelt, Dewey fue el último gran representante de la corriente filosófica original de los Estados Unidos, el pragmatismo. Proveniente del pensamiento más representativo de la filosofía inglesa, como es el empirismo, el pragmatismo sostiene una posición epistemológica propia, pues afirma que la verdad no se logra mediante la constatación de los hechos, al igual que el empirismo inglés, sino en los resultados a tenor de los fines que la acción se propone; lo cual hace que el pragmatismo norteamericano sea más cercano del utilitarismo de Bentham y no del empirismo de Bacon. Sin embargo, Chomsky reconoce que igualmente se inspira en el racionalismo francés más ortodoxo, concretamente del cartesianismo. Esta “heterodoxia” del pensamiento de Chomsky nos permite entender su impresionante originalidad y, con ello, establecer la originalidad de las condiciones históricas y personales que lo caracteriza. Las estructuras e instituciones de la sociedad civil se dan en el ámbito de las acciones humanas; se explican no sólo por causa de los procesos físicoquímicos de la Naturaleza, sino también por la especificidad de la condición humana; lo cual se refleja en la complejidad de las ciencias sociales que explica el retraso que las mismas acusan respecto de la ciencias duras o naturales. Todo lo cual obliga a un mayor compromiso ético de parte los científicos cualquiera sea su especialidad. La otra fuente de la que se nutre nuestro autor es Bertrand Russell, cuyo liberalismo radical hace que la aplicación de los derechos humanos sea la razón de ser de su compromiso político. Este compromiso es crítico e inclaudicable; por lo que ambos consideran que la denuncia de la violación de los derechos humanos va más allá de toda consideración ideológica o geopolítica, hasta el punto de que la ven como la razón de ser de su lucha. El respeto irrestricto a los derechos humanos es lo que define qué se entiende por democracia.

De mi parte, no podría concluir estas breves líneas sin dejar de expresar mi posición personal un tanto crítica, entendiendo por tal lo que Kant definía como “razón crítica”; lo cual equivale a la dilucidación al mismo tiempo de los alcances y de los límites de las posiciones ideológicas de Chomsky. Nada de lo cual disminuye mi admiración en lo que se refiere a los méritos y valores de este genial intelectual y admirable ser humano que es Noam Chomsky, dado que siempre ha dado muestras de su lucidez y valentía en su denuncia del imperialismo en las entrañas del mismo, como diría Martí. Hay que enfatizar que esta denuncia se refiere no sólo a la política exterior de su país, sino también a la manipulación de los principios básicos de lo que debemos entender por “democracia”. Nuestra crítica a las posiciones ideológicas de Chomsky se refiere a su concepción filosófica de la ciencia de inspiración empirista, que hace del método científico experimental un sistema metafísico en desmedro de su condición epistemológica propia de un método de análisis científico racionalmente fundado, que explique la originalidad de la acción humana. La acción humana goza de una dimensión imaginaria que le permite explicar no sólo el pasado y dar lucidez a las acciones del presente, sino que excogita lo que debe ser el porvenir. Dado que la acción humana es formadora de la persona, por lo que la inspiración o motivación que hace posible los sueños y esperanzas en vistas a la construcción de un futuro digno de nuestra condición humana es parte constitutiva de la misma. Eso es lo que en filosofía política se llama “utopía”, la cual hace posible valorar y regir la acción del presente y, con ello, nos posibilita fundamentar científicamente el análisis de los hechos del pasado. Esa dimensión de la condición del ser humano es puesta en relieve por la concepción marxista del socialismo, que no se ve reflejada en visión teórica que asume nuestro autor.

Para concluir, séame permitido enfatizar que el libro que he comentado de Noam Chomsky es de lectura obligatoria para todo aquel que aspire a nutrirse de lo mejor e inspirador del pensamiento político actual. Sus opiniones y, sobre todo, su acción, son un rayo de luz y un clamor de esperanza en medio de un mundo donde sobran motivos para nutrir el pesimismo.

Ni censura ni mordaza como dice el presidente

Gerardo Hernández Naranjo

Ni censura ni mordaza, se trata de una garantía para el derecho al sufragio.

Cada vez que el presidente sale con una mentira o manipulación de información, hay una oportunidad para que las y los ciudadanos tomemos conciencia sobre las normas y valores que regulan nuestra vida democrática.

No es cierto que el TSE le pusiera una mordaza o censura al presidente a partir de que se convoque formalmente a las elecciones de febrero del 2026.

Lo que el TSE ha hecho es informar y aclarar al presidente sobre normas de las cuales él parece no haberse enterado o quiere desconocer, para desinformar una vez más a la población, a pesar de haber jurado respetarlas y cumplirlas.

Desde 1949 se establecieron en el artículo 95 de nuestra Constitución Política los principios que regulan el ejercicio del derecho al sufragio, uno de los cuales (inciso 3) dice:

Garantías efectivas de libertad, orden, pureza e imparcialidad por parte de las autoridades gubernativas”.

Es decir, las autoridades de gobierno deben guardar imparcialidad en los procesos electorales y por eso también se les prohíbe participar en actividades proselitistas partidarias.

Por otro lado, desde 1996 se estableció en el Código Electoral (artículo 85) una prohibición explícita al Poder Ejecutivo, a la administración descentralizada y a las empresas estatales de difundir informaciones sobre su gestión, salvo que se trate de asuntos técnicos, indispensables e impostergables sobre los servicios que prestan (Reforma al Código Electoral mediante Ley n.º 7653 del 28 de noviembre de 1996).

En el artículo 142 de Código Electoral aprobado en el 2009 se amplió y aclaró aún más esa disposición incluyendo a las municipalidades:

“ARTÍCULO 142.- Información de la gestión gubernamental

Prohíbese a las instituciones del Poder Ejecutivo, de la administración descentralizada y de las empresas del Estado, a las alcaldías y los concejos municipales, difundir, mediante cualquier medio de comunicación, información publicitaria relativa a la obra pública realizada, a partir del día siguiente de la convocatoria a elecciones nacionales y hasta el propio día de las elecciones. Quedan a salvo de esta prohibición, las informaciones de carácter técnico o científico que resulten indispensables e impostergables, por referirse a aspectos relacionados con la prestación de servicios públicos esenciales o por emergencias nacionales. Las publicaciones contrarias a lo dispuesto en esta Ley harán incurrir a los funcionarios responsables en el delito de desobediencia y beligerancia política, previa resolución del TSE.” (Ley n° 8765)

Entonces no es un capricho del TSE contra el presidente actual como él lo insinúa. Es una norma que ha estado vigente desde hace mucho tiempo y que tiene como propósito resguardar una garantía constitucional para las personas electoras.

Ciertamente son normas diferentes a las que rigen en otros países donde los presidentes pueden hacer campaña abiertamente. Puede que estemos o no de acuerdo con esas reglas, pero son las que nos rigen y deben ser respetadas. Aunque ya sabemos que al actual Gobierno no le ha importado jurar primero para después desacreditar nuestro orden constitucional y legal.