Costa Rica es un país pequeño reconocido internacionalmente por la solidez de sus instituciones democráticas, su tradición pacifista —la cual se remonta a la abolición del ejército en 1948—, sus políticas de conservación ambiental y por albergar cerca del 6,5% de la biodiversidad mundial (PNUD, 2019). Históricamente, ha destacado en la región centroamericana por un desempeño socioeconómico favorable en indicadores clave —tales como el PIB, la mortalidad infantil, la esperanza de vida, los niveles de alfabetización y de pobreza extrema—, así como en el acceso a seguridad social universal, a educación pública gratuita y a servicios básicos como electricidad, agua potable y saneamiento, reflejado en un Índice de Desarrollo Humano consistentemente alto. Desde 2025, fue catalogado por el Banco Mundial como una economía de ingresos altos (Metreu et al, 2025), además de haber alcanzado una de las tasas de crecimiento del PIB más altas entre los miembros de la OCDE desde 2023 (OCDE, 2026).
Sin embargo, detrás de esta prometedora imagen y este desempeño económico, se esconden enormes grietas en la sociedad y la economía costarricense que hoy amenazan con todo aquello que la ha distinguido. Estas grietas se han gestado durante décadas de crecimiento desigual, alimentado por un modelo de crecimiento impuesto por el Norte global con el nombre de diversificación de las exportaciones. Este estilo de desarrollo, basado en el ajuste estructural, se sustenta en una racionalidad opuesta tanto al Estado de bienestar como al del modelo económico basado en la sustitución de importaciones, el cual se sostuvo en el país por décadas y que, a pesar de su evidente desgaste, heredó instituciones que fueron y han sido clave para el desarrollo del país. Por el contrario, los ajustes estructurales, basados principalmente en apertura comercial, apertura de cuenta de capitales, atracción de inversión extranjera directa (IED) y privatización, buscan estabilidad macroeconómica siguiendo una lógica llena de contradicciones. Dichos ajustes, en su intento de cumplir objetivos muchas veces incompatibles, han culminado en la creación de una economía dual, o lo que podríamos llamar, las dos Costa Ricas.
La primera Costa Rica es la gran, mas no invulnerable, ganadora del ajuste estructural. Altamente dependiente de la IED, ha logrado transformar la estructura productiva del país, aumentando el porcentaje de exportación de productos de mediana y alta tecnología, de servicios empresariales y de tecnologías de la información (PROCOMER, 2025a). A través de esta diversificación, los productos tradicionales, que alcanzaban cerca del 60% de las exportaciones a finales de los años ochenta, ahora representan el 8%, mientras que los no tradicionales pasan de cerca del 40% al 91,2% (PROCOMER, 2025b). A través de estos sectores de alta productividad y altos ingresos, se logra una integración virtuosa a las cadenas globales de valor, demostrando el rol fundamental de la IED como motor de crecimiento económico (Govaere, 2019). Dicha inversión se ha impulsado a través del régimen especial de incentivos fiscales, y el alto grado técnico de un porcentaje importante de la fuerza laboral urbana del país.
Es difícil ignorar, sin embargo, que el régimen especial crece a tasas hasta tres veces mayores al régimen definitivo y tiene conexiones débiles con el resto de la economía (PEN, 2025). Además, resulta evidente la dualidad en el dinamismo de los regímenes de producción, pues al eliminar esta de zonas francas, los principales productos de exportación continúan siendo la piña, el café y el banano (Govaere, 2019).
No debería causar sorpresa que, si el sector más dinámico y de mayor crecimiento se encuentra exento de impuestos, en un país que demuestra su alto compromiso con la apertura comercial mediante sus crecientes acuerdos comerciales —lo cual se traduce en una caída significativa de los ingresos tributarios aduaneros— exista y persista un problema de endeudamiento público. Ante este comportamiento, el desequilibrio fiscal no es una anomalía, sino una consecuencia previsible de objetivos incompatibles. Al estar el modelo de desarrollo acompañado de una caída significativa de los ingresos tributarios —los cuales pasaron de un promedio del 20,8% de los ingresos del Estado entre 2000 y 2007, al 8% entre 2010 y 20181— se hace muy difícil mantener la estabilidad fiscal. En efecto, se dio un rápido incremento del endeudamiento público, que pasó de un 26% del PIB en 2008, a un 69.7% en 2020 (Jiménez, 2021).
Dicha insostenibilidad fiscal resultó en la reforma fiscal de 2018, que reformó ingresos tributarios y aplicó medidas de contención del gasto (PEN, 2025). Como resultado, el país retornó a un sendero más sostenible de las finanzas públicas, alcanzando recientemente un superávit primario cercano al 1% del PIB (Ministerio de Hacienda, 2025). Sin embargo, dicha estabilidad fiscal tiene un costo muy alto, ya que se logra a costa de un desfinanciamiento público de programas sociales en áreas socioeconómicas y ambientales (Jiménez, 2025).
Lo anterior deja en desamparo principalmente a la segunda Costa Rica; aquella para la cual no hubo ni hay un plan económico y, debido a las crecientes disparidades y a su desfinanciamiento, se ve reflejada en estadísticas alarmantes; desigualdad (Gini cercano al 0,5), desempleo (en promedio 11,1% entre 2014-2024), informalidad (38%), y pobreza estancada (cercana al 20% de la población)2. Es una Costa Rica carente de oportunidades y prospectos económicos, reflejados en bajos niveles de escolaridad en la población rural, limitada integración a cadenas de valor, dependencia de monocultivos, y sobre todo, en el incremento inédito de la violencia, que alcanza los 17 homicidios por 100.000 habitantes (PEN, 2025), vinculado principalmente al crimen organizado y narcotráfico.
Así, el lado oscuro del ajuste estructural se ha visto reflejado en el lento pero seguro desgaste del tejido social, visible para quien lo ha querido ver, y que, políticamente, se manifiesta de manera contundente en los resultados de los dos últimos procesos electorales, marcando el inicio de un periodo político disruptivo sin precedentes en el país. La gestación del movimiento político liderado por Rodrigo Chaves (2022-2026), clásico outsider populista, está concatenado al creciente desencanto del electorado. Es innegable que dicho desencanto estuvo ligado a la imposición del ajuste estructural, la cual, junto al aseguramiento de una clase de privilegios separada de la realidad económica del país, generó una pérdida de adhesión ciudadana, una creciente apatía y una pérdida de credibilidad en la clase política.
Así, se abrió camino al chavismo, caracterizado por sus constantes ataques contra distintas instituciones, medios de comunicación y la división de poderes, amenazando directamente las bases de la estabilidad democrática. Este modelo de liderazgo político busca el conflicto permanente, desviando la atención de preocupantes vínculos con el narcotráfico y de otras problemáticas, como el récord de homicidios de los últimos años. Este estilo confrontativo no se agotó con el fin del gobierno de Chaves en mayo de 2026: su sucesora y aliada política, Laura Fernández Delgado, le entregó dos carteras clave —Presidencia y Hacienda—, asegurando así la continuidad de su influencia y del mismo patrón de tensión con los contrapesos institucionales.
La ausencia de una visión país de largo plazo y el desconocimiento de cómo abordar los crecientes retos en el país evidencian, además, la mediocridad de la clase política (Granados, 2026). Dichos retos incluyen la reciente desaceleración de zonas francas, ligado a la agresiva política comercial de EEUU, y a la persistente apreciación del colón, que responde al voluminoso flujo de dólares ingresados por el propio régimen especial, sin ser ajena a los flujos asociados al narcotráfico. Esto genera una apreciación con rasgos característicos de la enfermedad holandesa, erosionando la competitividad de los sectores exportadores tradicionales y del turismo.
A lo anterior, se suman retos en el ámbito ambiental evidenciados en la creciente dependencia de combustibles fósiles y el debilitamiento de las capacidades institucionales para la conservación a través de fuertes recortes y desregulaciones. La pérdida de cobertura forestal, el aumento de desastres climáticos, la vulnerabilidad hídrica, la dependencia de la hidroelectricidad y el aumento en emisiones ligado al deterioro en el transporte público y la alta dependencia de vehículos particulares reflejan una insostenibilidad creciente que amenaza el desarrollo sostenible.
Desde una perspectiva económica, vemos cómo la priorización de la estabilidad macroeconómica sin una visión estratégica ha puesto en riesgo fortalezas históricas, al tiempo que continúa erosionando las posibilidades de un modelo económico que busque aprovecharlas mientras reduce vulnerabilidades y dependencias. Un país reconocido por su sostenibilidad ambiental y por su posición como acreedor climático (Lazaro et al, 2025), no puede desaprovechar las oportunidades que trae el siglo XXI en términos de transición socio-ecológica. Su reconocimiento internacional podría otorgarle el poder estratégico y moral para negociar mejores términos en acuerdos internacionales tales como acceso a financiamiento climático internacional y tecnologías limpias a bajo costo, junto con cooperación técnica, para atraer inversiones interesadas en cadenas de suministro bajas en carbono, o en la producción de hidrógeno verde. Indudablemente esto no será posible bajo el liderazgo político actual, que insiste en debatir sobre la privatización del mercado eléctrico, la venta del Banco de Costa Rica, la minería del oro y mayor reducción en protecciones y regulaciones laborales y ambientales.
A pesar de este panorama poco alentador, en el cual escasean los debates progresistas constructivos, existen en la sociedad costarricense bloques de resistencia debilitados, mas todavía latentes. Entre ellos, el que por décadas ha mostrado resistencia ante el ajuste estructural oponiéndose, en el 2000, a la apertura del mercado eléctrico; a la firma del CAFTA en 2008, y a la reforma fiscal en 2018, así como los que se han levantado en defensa del ambiente y, recientemente, en defensa de la democracia. Recae en estos grupos, las instituciones que los respaldan, el bloque de oposición en el parlamento y en distintos medios de comunicación, lidiar con la actual amenaza a la democracia, así como en repensar el futuro del país, ante un panorama de debilitamiento de las conquistas económicas y sociales que, con sus fortalezas y debilidades, se enfrentan a un mundo en restructuración donde nuestro país continúa navegando en desventaja y bajo la misma subordinación que afecta al resto de América Latina.
Govaere Vicarioli, V. (2019). La paradoja de Costa Rica (1984-2018): Éxito exportador y heterogeneidad estructural. Revista Nacional de Administración, 10(1), 87-104. Universidad Estatal a Distancia, Costa Rica.
Ministerio de Hacienda (2015). Resultados Fiscales Al Segundo Trimestre de 2026. Disponible en: https://d1qqtien6gys07.cloudfront.net/wp-content/uploads/2026/08/InformeTrimestral_II_Trimestre2026.pdf
Lazaro, L. L. B., Usuriaga-Najera, O. C., Neto, A. H., Grimoni, J. A. B., & Jacobi, P. R. (2025). Climate commitments and energy transition pledges in Latin America: Where is the region headed? Energy for Sustainable Development, 88, 101779. https://doi.org/10.1016/j.esd.2025.101779
Hay escenas de las movilizaciones sociales que merecen tanta atención como los discursos y las demandas que las convocan. Una orquesta que lleva su música a una plaza. Jóvenes que abrazan a personas mayores que han llegado a expresarles su apoyo. Carteles hechos a mano, marionetas, danzas y canciones que transforman una calle. En esas prácticas se construyen relaciones, se transmiten memorias y se experimentan maneras de vivir juntos.
Mirar la protesta desde esta perspectiva permite reconocer algo que suele quedar relegado en las narraciones centradas en los enfrentamientos: la resistencia también produce comunidad. Su fuerza se encuentra en lo que reclama y en las relaciones que quienes participan logran construir durante la lucha.
La calle como lugar de encuentro
Las movilizaciones estudiantiles francesas ofrecen un punto de partida. La incorporación de docentes, familias, sindicatos y otros sectores permite observar cómo una demanda educativa puede convertirse en un espacio de convergencia social. También se han documentado expresiones de apoyo de personas mayores y jubiladas hacia las generaciones jóvenes. Esos encuentros abren una pregunta: ¿qué sucede cuando distintas edades reconocen que sus problemas y sus esperanzas están relacionados?
La solidaridad entre generaciones puede interrumpir prejuicios arraigados. La juventud deja de aparecer como incapaz de comprender el mundo; la vejez deja de quedar asociada inevitablemente con la resignación o el inmovilismo. Un abrazo entre quienes marchan y quienes llegan a acompañarlos puede expresar un reconocimiento político: tu lucha merece ser escuchada y tiene algo que ver conmigo.
Podemos hablar de una horizontalidad entre generaciones cuando la edad deja de funcionar como título automático de autoridad o motivo de descalificación. Esto no supone borrar las diferencias de experiencia. Significa reconocer una igual capacidad para participar, aprender y contribuir.
Una escena afectuosa no demuestra que todas las jerarquías hayan desaparecido. Pero permite advertir una posibilidad: construir relaciones en las que las diferencias no se conviertan necesariamente en subordinaciones.
La solidaridad también viaja en sentido inverso
Argentina aporta otra escena de ese encuentro. El 12 de marzo de 2025, hinchas de distintos clubes, sindicatos y organizaciones sociales acompañaron a jubiladas y jubilados frente al Congreso. Las agresiones sufridas por personas mayores en protestas anteriores habían contribuido a movilizar nuevos apoyos. Durante aquella jornada, la respuesta policial volvió a incluir gases lacrimógenos, cañones de agua y proyectiles.
Las personas mayores eran protagonistas de una lucha que ya venían sosteniendo. Los sectores que se incorporaron reconocieron esa iniciativa y ampliaron su acompañamiento. Defender condiciones dignas para la vejez se convirtió en un motivo de encuentro entre personas con trayectorias y pertenencias diferentes.
Las camisetas de distintos equipos reunidas alrededor de una demanda compartida permiten leer también una dimensión estética de la solidaridad. Los símbolos de la cultura popular adquieren un sentido político que atraviesa rivalidades habituales. En esa convergencia se expresa una idea sencilla y exigente: lo que le sucede al otro también nos concierne.
El arte transforma la experiencia de protestar
La participación de L’Orchestre du Nouveau Monde en las movilizaciones francesas resulta especialmente significativa. Su manifiesto define al colectivo como una orquesta de resistencia comprometida con la justicia social y climática. Cuestiona el elitismo y el acceso desigual a la música clásica, y propone comprender el arte como un bien común.
Llevar una orquesta a la calle modifica las condiciones de encuentro con ese patrimonio cultural: quién puede escucharlo, dónde se interpreta y con qué luchas se relaciona. La música participa en una disputa por el acceso a la cultura y por el sentido de lo que compartimos.
Jacques Rancière (2000) ofrece una herramienta para comprenderlo mediante su concepto de «reparto de lo sensible»: la organización de aquello que puede verse, escucharse y reconocerse como parte de la vida común. Desde esta perspectiva, la política incluye la irrupción de quienes no eran reconocidos como interlocutores.
Aplicada a estas escenas, esa mirada permite comprender cómo una plaza ocupada por música, carteles y cuerpos modifica temporalmente los usos esperados del espacio. Quienes suelen aparecer como una interrupción del tránsito se presentan como personas con palabra, memoria y capacidad creadora.
La danza, las marionetas, las canciones y el humor hacen perceptibles demandas y experiencias. También permiten soportar el cansancio y reconocerse entre desconocidos. Su valor político merece ser examinado junto con sus formas artísticas.
La alegría y el cuidado construyen comunidad
Barbara Ehrenreich (2007) estudió la historia de la alegría colectiva y de las prácticas compartidas de música, danza y celebración. Su trabajo permite preguntarnos por la capacidad de estas experiencias para crear vínculos y por los conflictos que suscitan frente a distintas formas de autoridad.
En una movilización, la alegría puede ayudar a sostener la presencia y el compromiso. Quienes se encuentran descubren que su preocupación tiene resonancias en otras vidas. Esa experiencia puede transformar la soledad en disposición para actuar juntos.
También conviene observar los gestos menos espectaculares: acompañar a quien tiene miedo, adaptar el paso, escuchar, compartir recursos o facilitar que alguien descanse. Las investigaciones sobre movimientos sociales y política del cuidado muestran la importancia de examinar cómo la empatía y las prácticas de apoyo intervienen en la construcción de solidaridad.
La calidad democrática de una protesta se juega también allí. Importa quién puede participar, quién queda excluido y sobre quién recae el trabajo de cuidar. Una movilización puede proclamar igualdad y reproducir desigualdades en su organización. La horizontalidad requiere atención y trabajo.
Además, defender la alegría no significa exigir que las personas agraviadas sean siempre festivas o agradables. La resistencia contiene duelo, rabia, miedo y agotamiento. Su legitimidad no depende de ofrecer un espectáculo simpático a quienes la observan.
Una memoria que se canta, se baila y se escribe
Diana Taylor (2003) ha mostrado cómo las prácticas corporales y escénicas transmiten conocimiento y memoria. Desde esa perspectiva, las canciones, los gestos y las actuaciones callejeras pueden entenderse como formas de conservar y transformar experiencias colectivas.
Cada generación recibe expresiones de luchas anteriores y puede modificarlas. Una melodía conocida adquiere otra letra; un símbolo cambia de contexto; una consigna vuelve a circular. La cultura de la protesta se construye mediante esa relación entre herencia e invención.
Los grafitis y las intervenciones sobre monumentos abren una discusión semejante: ¿quién puede inscribir su memoria en la ciudad y qué voces son descalificadas de antemano como suciedad? Reconocer su significado político exige examinar también sus efectos materiales. Una proyección temporal, una pintada y un daño irreversible requieren valoraciones distintas. El análisis gana profundidad cuando considera tanto la disputa simbólica como el cuidado de bienes compartidos.
Los afectos también tienen política
La creatividad y las emociones no pertenecen exclusivamente a las izquierdas. Walter Benjamin (2003) advirtió sobre la estetización de la política en el fascismo. El espectáculo, los símbolos y la movilización afectiva también pueden servir a la obediencia y la exclusión.
La religión participa asimismo de experiencias estéticas mediante imágenes, música, rituales y gestos que generan pertenencia. Los estudios de Birgit Meyer (2009) permiten comprender esa dimensión sensible. Su significado político depende de cómo se emplea: las prácticas religiosas pueden sostener relaciones de autoridad, pero también experiencias de solidaridad y emancipación.
Por eso, la cuestión decisiva es qué relaciones promueven esas expresiones y qué lugar conceden a quienes piensan o viven de otra manera.
En Costa Rica, afirmaciones como la de Laura Fernández, recogida el 27 de mayo de 2026, según la cual «los comunistas destruyen a su paso todo», convierten una diversidad de actores y experiencias en un enemigo homogéneo. Frente a esa descalificación, documentar las prácticas creadoras de los movimientos permite recuperar la complejidad que el estigma elimina.
La sociedad que comienza a practicarse
La idea de política prefigurativa permite reunir estas observaciones: las formas de organizarse en el presente pueden procurar coherencia con la sociedad que se desea construir. La cooperación, la participación y el cuidado se convierten así en prácticas que deben ponerse a prueba durante la propia lucha.
Su alcance dependerá también de lo que perdure: redes de apoyo, aprendizajes, organización y compromisos que sobrevivan a la jornada. Una comunidad necesita continuidad para transformar la emoción del encuentro en capacidad colectiva.
Las estéticas de la resistencia hacen visibles esas posibilidades. En una orquesta que comparte la plaza, en generaciones que se reconocen y en personas que acompañan una demanda ajena, podemos observar ensayos de una vida común más digna.
La alegría disputa el poder cuando ayuda a construir esos vínculos. Y la pregunta que dejan abierta merece acompañarnos más allá de cada manifestación: ¿qué sociedad empieza a hacerse posible en la manera en que nos tratamos mientras resistimos?
Defender la protesta es defender la democracia
Esta reflexión adquiere una relevancia inmediata en Costa Rica. El llamado de Ariel Robles a marchar y acampar frente a la Asamblea Legislativa y el Gobierno, en defensa de la educación pública, dio lugar a una denuncia penal por presunta instigación pública y a una investigación en la Comisión Permanente Especial de Derechos Humanos. Su referencia a las movilizaciones de Francia y España fue interpretada por sus adversarios como una convocatoria a reproducir hechos violentos.
Ante esa interpretación, corresponde recuperar una distinción jurídica fundamental: convocar a movilizarse no equivale a instigar un delito. El artículo 26 de la Constitución Política reconoce el derecho de reunión pacífica y sin armas, incluso para discutir asuntos políticos y examinar la conducta de los funcionarios. El artículo 15 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos protege ese mismo derecho y exige que sus restricciones estén previstas legalmente y sean necesarias en una sociedad democrática. La presión ciudadana pacífica sobre quienes gobiernan forma parte del ejercicio de esas libertades.
El artículo 280 del Código Penal exige una instigación a cometer un delito determinado que afecte la tranquilidad pública. Por eso, atribuir carácter delictivo a una convocatoria requiere identificar la conducta criminal que se habría promovido y demostrar que el mensaje efectivamente incita a realizarla. En el llamado a marchar y acampar reproducido por la prensa no aparece una exhortación expresa a agredir personas, incendiar edificios o saquear comercios. La referencia a movilizaciones extranjeras tampoco permite, por sí sola, atribuir al convocante todos los actos cometidos durante ellas. Esta valoración se refiere a ese mensaje; el examen integral de la denuncia exige revisar los demás materiales que incorpora.
Una acampada puede constituir una forma de reunión pacífica. Sus condiciones concretas de lugar, duración y afectación de derechos ajenos deben examinarse mediante criterios de legalidad, necesidad y proporcionalidad. La incomodidad que provoca una protesta o su capacidad para interrumpir la rutina no la convierten automáticamente en violencia. El Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas ha señalado, además, que los actos violentos aislados de algunos participantes no deben atribuirse indiscriminadamente a los demás, a los organizadores o a la reunión en su conjunto.
La apertura de una investigación tampoco demuestra la existencia de un delito. El control político debe respetar las libertades que hacen posible la deliberación democrática. Resulta particularmente preocupante que una comisión dedicada a los derechos humanos pueda contribuir a presentar como sospechoso el ejercicio de un derecho que está llamada a proteger. Si el reproche consiste únicamente en convocar una movilización pacífica para exigir una decisión presupuestaria distinta, ese reproche carece de sustento suficiente para una imputación por instigación pública.
Aquí se encuentran la dimensión jurídica y la dimensión cultural de la resistencia. La posibilidad de cantar, reunirse, acompañarse y permanecer juntos en el espacio público necesita garantías que protejan a quienes disienten. Una ciudadanía que teme ser investigada por convocar a una protesta dispone de menos libertad para construir esos vínculos y hacer escuchar sus demandas.
Defender la educación pública mediante una movilización pacífica es participar en la discusión sobre nuestro futuro común. Las instituciones democráticas deben poder escuchar esa presencia, incluso cuando resulta incómoda y exige cambios. En las calles, distintas generaciones pueden reconocerse, compartir sus preocupaciones y construir solidaridad. Proteger ese encuentro es también proteger la democracia.
La alegría disputa el poder cuando convierte el miedo y el aislamiento en capacidad de actuar juntos. Una democracia se fortalece cuando garantiza el espacio para que esa capacidad pueda ejercerse.
Augusto Boal (2022) comprendió que el teatro podía ser un ensayo de la revolución. Las estéticas de la resistencia nos invitan a llevar esa intuición a la calle: al cantar, bailar, intervenir sus muros y crear juntos, los pueblos ensayan formas de habitar el mundo y de decidir sobre él. Defender ese espacio de creación colectiva es defender una democracia en la que la ciudadanía pueda imaginar y construir algo distinto de lo que el poder le ofrece.
En términos generales, acudimos al concepto de imperialismo para referirnos al período histórico que surge a finales del siglo XIX e inicios del siglo XX.
Vladimir de la Cruz
El siglo XIX se caracterizó por dos grandes revoluciones industriales. La primera ocupó los años finales del siglo XVIII y la primera mitad del XIX, asociada a las industrias vinculadas al carbón, al hierro, a la máquina de vapor y al inicio de los ferrocarriles. El uso del vapor en el transporte naviero y ferrocarrilero fue clave para la expansión del comercio internacional de esa época.
La Segunda Revolución Industrial, en la segunda mitad del siglo XIX e inicios del siglo XX, se asoció al impacto de las leyes de Mendel en la intensificación de la reproducción animal y agrícola; al gas, a la electricidad, al petróleo, al acero y a la explotación minera de metales necesarios para este nuevo proceso industrial, tales como el hierro, el carbón mineral, el cobre, el aluminio, la bauxita, el zinc, el carbono, el plomo, el estaño, el oro y la plata. Las nuevas aleaciones de metales y el acero fueron los momentos estelares de este proceso, pues permitían grandes innovaciones en la producción, la elaboración masiva de productos y el desarrollo de grandes obras de infraestructura y transporte.
Con el hierro, el acero y los ferrocarriles se impulsaron obras de infraestructura como puentes y edificios elevados (los llamados rascacielos), que fueron diseñados con estructuras metálicas. Igualmente, esto influyó en la industria militar.
El cobre sirvió a la electricidad y a las comunicaciones. Los cables submarinos se impulsaron como conexión entre continentes; se promovió el desarrollo del telégrafo, del alumbrado público primero y luego del privado, así como de los telares. Se sentaron las bases de la industria automotriz y de la aviación, y se fortalecieron la industria naviera, la del cemento y la del concreto, claves para la ingeniería civil. La industria tipográfica y la siderúrgica crecieron. Todos esos metales y otros hicieron surgir el latón, el bronce, el acero, el oro para joyería (entre ellos el oro blanco) y los metales para soldar derivados del estaño.
A esos metales siguieron el níquel, el magnesio, el titanio y, hoy en día, la demanda de metales o elementos metálicos de las llamadas tierras raras, como el escandio, el itrio, el lantano, el cerio, el praseodimio, el samario, el gadolinio y el lutecio, entre otros.
La ubicación geográfica de los yacimientos de estos metales no es homogénea; se encuentran distribuidos de manera irregular en las diferentes partes del mundo. Algunos se concentran en regiones específicas que constituyen grandes reservas contenidas en determinados países.
El desarrollo industrial de finales del siglo XIX y principios del XX hizo surgir la necesidad, en los grandes países que impulsaban ese desarrollo, de controlar esas regiones estratégicas de materias primas. Para ello, se volcaron sobre ellas con el fin de someterlas a su dominio político y económico y extraer dichos metales. Así, controlaban países, regiones y poblaciones para trabajar en la explotación de esas materias primas, además de dominar esos países como mercados para vender caros los productos elaborados con esa mano de obra barata. Era un control absoluto de productos, mano de obra y mercados.
En este proceso se desarrolló una alianza estratégica entre el capital industrial y el bancario, lo que originó el capital financiero e hizo surgir nuevas corporaciones empresariales como los monopolios, oligopolios, trusts y cárteles, los cuales empezaron a proyectarse más allá de sus países de origen, controlando grandes regiones, naciones y mercados.
Algunos de esos monopolios, como la United Fruit Company —fundada en marzo de 1899 y dedicada a la explotación del banano en el Caribe y Centroamérica—, le dieron nombre y apellido a la región: las «Banana Republics» o Repúblicas Bananeras, debido a la enorme influencia y peso político y económico que ejercían en el interior de estos países.
La Primera Guerra Mundial, en cierta forma, fue el escenario donde las potencias europeas y los Estados Unidos se disputaron estas regiones de materias primas, mano de obra barata y mercados finales para los productos elaborados.
Esta situación del surgimiento de monopolios, oligopolios, trusts y cárteles es lo que caracterizó a finales del siglo XIX, y particularmente a inicios del siglo XX, el debate y la conceptualización sobre el imperialismo, principalmente desde su perspectiva económica, a la que luego se añadió la dimensión política.
El desenlace de la Primera Guerra Mundial conllevó la caída de varios imperios: el alemán, que perdió sus colonias en África y el Pacífico; el austrohúngaro, que quedó desintegrado en varios países; el otomano, que fue desmembrado en diversos países y mandatos en la región que hoy se denomina Medio Oriente (quedando bajo el control principal de Gran Bretaña y Francia); y la eliminación del imperio ruso, lo que facilitó el surgimiento de la Revolución Rusa de 1917 y la gestación de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas en 1922.
La discusión teórica, económica y política sobre el imperialismo se desarrolló desde 1890 hasta 1917, cuando Lenin cerró ese capítulo con su libro El imperialismo, fase superior del capitalismo.
Posteriormente, en el esquema del imperialismo del siglo XX, prosiguió la proyección de los Estados Unidos dentro de ese proceso, tanto a través de sus empresas imperialistas como mediante las políticas geopolíticas que venía desarrollando desde el siglo XIX y las que impulsó en el siglo XX.
Las primeras manifestaciones a inicios del siglo XIX obedecieron al principio de hegemonía hemisférica que Estados Unidos disputaba con Gran Bretaña tras la ruptura inicial de la presencia colonial española a raíz de los movimientos independentistas. Sin un enfrentamiento militar directo, luchaba por el control hegemónico comercial. Así se enfrentó a Inglaterra en el Cono Sur y lo justificó teóricamente. Gran Bretaña, en su pugna europea con España, contribuía a financiar los movimientos independentistas en América Latina procurando aumentar su presencia comercial, financiera y marítima en las naciones recién independizadas.
Eso llevó a los Estados Unidos a que en 1823, con el presidente Monroe, se proclamara en su discurso ante el Congreso el principio de «América para los americanos», advirtiendo a las potencias europeas que cualquier nueva colonización o intervención en el continente sería considerada un acto hostil contra Estados Unidos. De este modo, marcaba y definía su zona de influencia geopolítica.
Con ese planteamiento procuraba frenar el avance comercial y la presencia de las potencias europeas constituidas alrededor de los acuerdos del Congreso de Viena de 1815, frenando a Inglaterra y a Francia. Estos países rechazaban los intentos de España por recuperar sus colonias porque ello les dejaba el terreno libre para sus propios propósitos comerciales y geopolíticos.
A la Doctrina Monroe le siguió la Doctrina del Destino Manifiesto, dominante en la segunda mitad del siglo XIX. Con ella, Estados Unidos se presentó como la nación elegida por Dios para expandirse y dominar el continente americano. Esto le sirvió para ampliar sus territorios mediante la compra de Luisiana a Francia en 1803, así como con los territorios que despojó y anexó de México desde la década de 1840: Texas en 1845, California en 1848, Nuevo México, Arizona, Nevada, Utah, Colorado y partes de Kansas y Oklahoma (territorios que incluyeron Oregón), sumado a la imposición del Tratado de Guadalupe Hidalgo. Asimismo, proyectó su poder a través de los filibusteros de William Walker en Centroamérica entre 1855 y 1860 (derrotado en su afán de anexar estos países a los estados esclavistas del sur de la Unión) y con la compra de Alaska a Rusia en 1867.
Resultado de esta doctrina fue la aniquilación de las poblaciones indígenas de los Estados Unidos, la reducción de sus territorios, los desplazamientos forzados para despojarlos de sus tierras y la lucha interna por asegurar su desarrollo industrial mediante la Guerra de Secesión, la cual Lincoln definió como «la última y mejor esperanza sobre la faz de la Tierra».
Fueron también las justificaciones legales que impulsaron para asegurar su expansión y sus guerras, las cuales culminaron al finalizar el siglo XIX con la Guerra Hispano-Estadounidense en 1898. Esta permitió, mediante el Tratado de París, dominar Puerto Rico, Guam y las Filipinas, imponer en 1902 la Enmienda Platt en Cuba e intervenir en la independencia de Panamá en 1903 para apropiarse del Canal y su Zona Canalera.
Desde 1890, el Destino Manifiesto justificó intervenciones militares asociadas a la idea de una supuesta «misión» para promover y defender la democracia en todo el mundo.
Esto llevó al presidente Theodore Roosevelt, en 1904, a pregonar con más fuerza la Doctrina del Gran Garrote (Big Stick), la cual se extendió hasta 1940, cuando, en el contexto del inicio de la Segunda Guerra Mundial, Franklin Delano Roosevelt impulsó por un breve período la Doctrina del Buen Vecino en América Latina. Con esta estrategia se buscaba asegurar el dominio absoluto en el hemisferio occidental, imponiéndose en el plano económico bajo la amenaza de la intervención militar y actuando como un «policía internacional» para corregir las faltas de los gobiernos y la inestabilidad regional, bajo la premisa de que las repúblicas latinoamericanas carecían de capacidad de autogobierno.
Al tiempo que intervenían en Panamá y Cuba, lo hicieron en Venezuela (Maracaibo, 1902-1903), luego de nuevo en Cuba (1906-1909), en la República Dominicana (1916-1924), en Haití (1915-1934) y en Nicaragua (1912-1925 y 1926-1933), e intentaron un desembarco de marines en Costa Rica en junio de 1919.
La Revolución Rusa hizo que en 1920 el presidente Woodrow Wilson señalara que «el mundo debía hacerse seguro para la democracia», enfatizando que «es ciertamente el destino manifiesto de los Estados Unidos realizar el esfuerzo para que este espíritu prevalezca».
Tras la Segunda Guerra Mundial, el presidente Truman reafirmó estos elementos doctrinales con el Plan Marshall para la reconstrucción europea y la Doctrina Clayton para América Latina en 1946 y 1947, acompañados por la Doctrina Truman, mediante la cual Estados Unidos brindaría asistencia política, militar y económica para evitar la expansión soviética y contener a los movimientos de izquierda, socialistas, comunistas y nacionalistas en el continente y en el resto del mundo.
De la Primera a la Segunda Guerra Mundial el escenario internacional cambió drásticamente. No solo se desintegraron los imperios decimonónicos, sino que la Revolución Rusa dividió al mundo en dos procesos políticos, históricos y económicos, enmarcados en la confrontación entre el socialismo mundial y el capitalismo, situación que se mantuvo desde 1917 hasta 1991. El orden colonial existente continuó debilitándose, siendo el nacimiento de la URSS y la lucha anticolonial que impulsó un factor determinante en ello.
La Sociedad de Naciones, nacida de las cenizas de la Gran Guerra, no logró evitar nuevos conflictos. El ascenso del fascismo en Italia y del nacionalsocialismo en Alemania en las décadas de 1920 y 1930 alertó sobre su peligro global.
El Partido Comunista de la URSS, bajo el liderazgo de Lenin, promovió la creación de la III Internacional en 1919 con el fin de impulsar el movimiento revolucionario mundial, orientar a los partidos comunistas y fortalecer a las organizaciones sindicales.
Los siete congresos internacionales que realizó la III Internacional desarrollaron estos ejes estratégicos: la dictadura del proletariado frente a la dictadura de la burguesía; la alianza obrero-campesina necesaria para la revolución socialista; la lucha antiimperialista mundial como elemento esencial de la época; y la lucha antinazi en defensa de la democracia mediante bloques de Frentes Populares, contienda que condujo a subordinar transitoriamente la lucha antiimperialista para priorizar la derrota del nazifascismo hasta 1945.
Terminada la Segunda Guerra Mundial y ante el nuevo panorama político europeo —con nuevas naciones en transición al socialismo, sumado a las luchas de liberación nacional en la India y China (esta última con la proclamación de la República Popular China en 1949)—, el anticomunismo resurgió con más fuerza, aun con el nacimiento de las Naciones Unidas el 24 de octubre de 1945, fundada en reemplazo de la Sociedad de Naciones para evitar futuros conflictos globales y fomentar la cooperación internacional.
La Guerra Fría se escudó en el concepto del «Telón de Acero» para aislar al hemisferio occidental de la influencia soviética e impedir revoluciones socialistas. Esto derivó en la formación de los bloques Occidental y Oriental, liderados por Estados Unidos y la URSS respectivamente, lo que alimentó conflictos territoriales, disputas regionales y alianzas militares como la OTAN (que perdura hasta hoy) y el Pacto de Varsovia (desaparecido tras la desintegración del bloque soviético).
Desde 1945 hasta la actualidad, la ONU pasó de los 51 Estados miembros fundadores a los 193 que la integran hoy. La inmensa mayoría emergió de las guerras de liberación nacional y de los procesos de descolonización.
El siglo XX fue el período que produjo la mayor liberación de países y pueblos a nivel global. Sin embargo, no se ha logrado neutralizar el afán de las potencias capitalistas hegemónicas por ejercer un control total en lo político, económico, financiero y geopolítico, tal como lo evidencia el papel predominante ejercido por los Estados Unidos.
Durante la Segunda Guerra Mundial surgieron instituciones globales como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, las cuales fijan pautas de desarrollo económico e institucional a sus países miembros. De hecho, actúan de forma análoga a como lo hicieron los monopolios, oligopolios, trusts y cárteles en la primera mitad del siglo XX.
La desintegración de la URSS y del Bloque Socialista convirtió a Estados Unidos en la potencia hegemónica unipolar casi absoluta desde 1990 hasta la década de 2020, cuando comenzó a resentir la contrapresión de Rusia y de la República Popular China en medio de las intervenciones militares estadounidenses en Medio Oriente.
De la disolución soviética, la Federación Rusa emergió como el actor más relevante en ese equilibrio de poder, reinsertándose como parte del sistema capitalista mundial. Por su parte, la República Popular China asumió el papel central en el desarrollo de una sociedad socialista con características propias, consolidándose como una superpotencia económica y comercial con proyección dominante. Desde finales de la década de 2000, China ya estaba afianzada como la segunda economía del mundo, con una enorme influencia geopolítica y tecnológica global.
Por otro lado, Estados Unidos, bajo la presidencia de Donald Trump, ha intensificado sus esfuerzos por preservar la hegemonía global, proyectándose con rasgos imperialistas al servicio de corporaciones interesadas en el control de materias primas estratégicas.
Trump ha diseñado una geopolítica global de control e influencia directa. Ha alterado la dinámica de las relaciones internacionales al cuestionar o renegociar unilateralmente acuerdos comerciales con Europa, China y diversos países del continente americano (Canadá, México y Centroamérica), además de tensionar los vínculos en el seno de la OTAN. Asimismo, ha instrumentalizado conflictos territoriales y disputas allí donde considera conveniente a sus intereses económicos o geoestratégicos, especialmente en torno a las reservas de petróleo, gas y minerales de tierras raras.
En esta nueva proyección, ha sugerido cambiar el nombre del golfo de México por «Golfo de América» y el lago Ontario por «Lago de América». Ha manifestado posturas anexionistas respecto a Canadá, ha sostenido planteamientos similares respecto a México y se ha difundido un mapa de América del Norte cubierto por la bandera estadounidense que abarca México, Estados Unidos, Canadá, Alaska y Groenlandia (territorio este último sobre el que contempló opciones de compra o presión militar, llegando a negociar la ampliación de presencia militar).
El Caribe continúa siendo considerado como su área de influencia directa. En este esquema, Cuba se mantiene como un objetivo político estratégico con el fin de modificar su sistema político y controlar los pasos navales de la región. Destacan entre ellos los estrechos estratégicos como el Canal de la Florida (entre Cuba y EE. UU.), el Canal de Yucatán (que separa a México de Cuba), el Paso de la Mona (entre Puerto Rico y República Dominicana) y los pasos insulares de las Antillas Menores hacia América del Sur. Con respecto al Canal de Panamá, se ha llegado a utilizar la denominación informal de PanaMAGA.
Las presiones sobre Cuba y Nicaragua se enmarcan en un contexto donde la intervención del 3 de enero de 2026 en Venezuela marcó un hito en el control de sus recursos petroleros, gasíferos y mineros, incidiendo de forma directa en su dinámica institucional. Asimismo, se ha evidenciado un involucramiento activo en procesos electorales de la región mediante el apoyo explícito a alineamientos afines.
Son, sin duda, posturas imperialistas emparentadas con las doctrinas históricas mencionadas: en lo político, impulsando corrientes de derecha y extrema derecha, avivando el anticomunismo de la Guerra Fría con tintes macartistas, cuestionando el multilateralismo, promoviendo la salida de organismos y tribunales internacionales como la Corte Penal Internacional y promoviendo la militarización de la lucha contra el narcotráfico, a pesar de que la evidencia histórica demuestra que el crimen organizado no se combate adecuadamente con enfoques estrictamente militares.
El propio Trump ha parafraseado la Doctrina Monroe denominándola, en un juego de palabras, la «Doctrina Donroe». Con esta postura reafirma la pretensión de hegemonía sobre el hemisferio occidental, abarcando desde América Latina hasta Canadá y Groenlandia.
Bajo esta línea se promueven acciones militares, el incremento de bases en el continente, intentos por reactivar el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) y la Fuerza Interamericana de Paz, a pesar de sus fracasos históricos en crisis como la de las Malvinas o la invasión a Granada. Del mismo modo, se profundiza la militarización de la lucha antidrogas mediante iniciativas como el llamado Escudo de las Américas, aumentando los activos militares en Puerto Rico, al tiempo que desde la Portavocía de la Casa Blanca se ha reiterado que «el uso del Ejército de EE. UU. es siempre una opción».
Ante la denominada «Doctrina Donroe», ¿nos encontramos frente a una nueva fase del imperialismo mundial? ¿Deben reorganizarse los movimientos antiimperialistas del mismo modo en que lo hicieron en las primeras décadas del siglo XX? ¿Debería impulsarse una Liga Antiimperialista Mundial como la que se fundó en Bruselas en 1927? ¿Qué significa ser antiimperialista en la actualidad?
El término antiimperialista como adjetivo describe a quien se opone y lucha de forma activa contra el imperialismo; es decir, contra el dominio político, económico, cultural o militar que ejerce una potencia extranjera sobre otros países o territorios.
Actualmente existe la llamada Plataforma Antiimperialista Mundial (PAM), una red internacional de organizaciones políticas, movimientos sociales y partidos de izquierda enfocada en la oposición a la hegemonía de Estados Unidos y la OTAN. Esta plataforma busca unificar las luchas de partidos, sindicatos y movimientos populares en diferentes continentes, concentrando su acción principalmente contra el imperialismo estadounidense y sus aliados, así como alertando sobre los riesgos de escalada bélica en Europa que podrían desencadenar un conflicto global de consecuencias irreversibles.
Si el trumpimperialismo constituye la nueva fase del imperialismo contemporáneo, con todas sus implicaciones, es allí donde se sitúa el debate sobre la articulación de la lucha internacional hoy. ¿Estamos, efectivamente, ante esa nueva fase del imperialismo actual: el trumpimperialismo?
SURCOS comparte el comunicado de la Conferencia Episcopal de Costa Rica ante el fallecimiento del presbítero Edwin Aguiluz Milla, secretario ejecutivo de Pastoral Social Cáritas.
Comunicado:
Ante la muerte del querido Pbro. Edwin Aguiluz Milla. Su partida nos duele, pero su testimonio permanece.
“He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe”. 2 Timoteo 4,7
Expreso mi profundo dolor por el fallecimiento del Pbro. Edwin Aguiluz Milla, secretario ejecutivo de Pastoral Social Cáritas, de la Conferencia Episcopal de Costa Rica, a la que dedicó muchos años de su vida y de su ministerio sacerdotal.
Pbro. Edwin Aguiluz Milla
Hoy despedimos a un sacerdote que comprendió que el Evangelio no solo se anuncia con palabras, sino que se hace vida cuando nos acercamos al que sufre, defendemos la dignidad humana y tendemos la mano a quienes más lo necesitan.
El Padre Edwin hizo de la Doctrina Social de la Iglesia una misión de vida. Su voz, su compromiso y sus luchas en favor de los más vulnerables dejaron una huella en la Iglesia y en la sociedad costarricense. Supo estar allí donde el dolor reclamaba consuelo, donde la injusticia exigía una palabra y donde la pobreza necesitaba algo más que buenas intenciones.
Su partida nos duele, pero su testimonio permanece. Porque una vida entregada al servicio de los demás nunca termina de irse: continúa dando frutos en aquellos que encontraron esperanza gracias a su labor.
Confiamos en que el Señor, a quien sirvió en el rostro de tantos hermanos necesitados, lo reciba ahora en la plenitud de su Reino y le conceda el descanso eterno.
Que resuenen hoy para él aquellas palabras de Jesús: “Cada vez que lo hicieron con el más pequeño de mis hermanos, conmigo lo hicieron” (cf. Mt 25,40).
Descanse en la paz del Señor, Padre Edwin. Que sus obras de caridad y justicia sigan hablando por usted.
San José, 24 de octubre de 2026.
✠ Javier Román Arias Obispo de Limón Presidente de la Conferencia Episcopal de Costa Rica
El chavismo es un fenómeno político nuevo, distinto a todo lo anterior desde la guerra civil.
Es una irrupción, un quiebre en la política nacional respecto al pasado.
Es el fenómeno internacional del surgimiento de la extrema derecha, al estilo Donald Trump, Javier Milei, Jair Bolsonaro y otros, cuyo carácter es combinar el neoliberalismo más extremo con restricciones importantes a la democracia. Esa es la nueva esencia política del fenómeno de la extrema derecha mundial.
Entre sus muchas nuevas características está la de aparecer como enemiga de las llamadas elites políticas tradicionales y el surgimiento de un lumpen político que se apodera del Gobierno y luego infecta todas las instituciones y poderes del Estado.
Ese fenómeno internacional que encabeza el trumpismo, en Costa Rica se llama chavismo.
Considerar al chavismo como la culminación o continuación del bipartidismo y el PAC puede ocultar el nuevo rostro del fascismo y del autoritarismo.
Estamos en presencia de un carácter o contenido político que se llama chavismo, distinto a todas las expresiones políticas anteriores dominantes.
Entenderlo como la continuación de las políticas pasadas puede conducir a equivocaciones tácticas y estratégicas. El chavismo es una concepción neofascista que rompe con la concepción política pasada.
Equivocarse en la definición y caracterización del chavismo como la expresión nacional de la extrema derecha internacional, neoliberal en extremo y antidemocrática por esencia, puede condicionar el accionar político.
Recordemos que lo primero es caracterizar el fenómeno político y luego actuar táctica y estratégicamente en correspondencia. Si nos equivocamos en lo primero, fallamos en lo demás.
Una comisión especial legislativa, paradójicamente, la de Derechos Humanos, acordó solo con los votos del partido de gobierno, abrir una investigación contra el dirigente del Frente Amplio Ariel Robles por declaraciones llamando a manifestarse contra los recortes al presupuesto universitario.
De acuerdo con la Constitución Política, las comisiones legislativas pueden investigar a servidores públicos sobre actos relacionados con el ejercicio de su cargo, pero respecto de las personas privadas no tienen absolutamente ninguna competencia para investigarlas por sus actos u opiniones políticas. Existe sobre eso un límite infranqueable.
Cuando el poder adquiere o se otorga para sí la facultad o capacidad de investigar a las personas por la expresión de sus opiniones, estamos ante un régimen autoritario que limita las libertades de opinión y de expresión. Estaríamos entrando en un régimen totalitario al mejor estilo de las dictaduras.
En la década de los cincuenta, en plena Guerra Fría, surgió el macartismo, así llamado porque fue encabezado por el senador Joseph McCarthy, caracterizado por una práctica pública de acusaciones a muy distintas personas de ser simpatizantes del comunismo, agentes subversivos o traidores a la patria, realizadas sin ningún fundamento o pruebas y sin debido proceso.
Este es el método que el chavismo pretende introducir desde la Asamblea Legislativa: la vendetta o venganza pública sin mayores derechos contra un ciudadano que es una persona privada, por la expresión de sus ideas o pensamiento.
La expresión de las ideas conlleva la responsabilidad por las consecuencias que de ellas se puedan derivar. Y para eso están los tribunales. Si alguien considera que esas manifestaciones atentan contra los bienes jurídicos protegidos por el Código Penal, pueden acudir a los tribunales. Es el mecanismo en un Estado de derecho.
Pero de ahí a llevar a un ciudadano, que en su carácter particular ha expresado sus opiniones, ante una comisión legislativa, para, sin mayores garantías, ser sometido a una investigación, es la más clara y brutal violación a los principios y derechos constitucionales: esa sigue siendo la ruta del chavismo, la ruta del fascismo.
Las elecciones israelíes del próximo 27 de octubre podrían poner fin a la larga era política de Benjamin Netanyahu. Pero, independientemente de quién gane, las expectativas palestinas de un cambio sustancial son muy limitadas, porque el problema no es quién gobierna Israel, sino el desplazamiento de todo su sistema político respecto de la cuestión palestina.
Juan Carlos Cruz Barrientos para SURCOS
Israel celebrará elecciones generales el próximo 27 de octubre. Buena parte de la atención internacional está concentrada en la posibilidad de que Benjamin Netanyahu pierda el poder después de haber dominado la política israelí durante buena parte de las últimas tres décadas.
Para los palestinos, sin embargo, se trata de qué pueden esperar de un cambio de gobierno en cuanto al rumbo en la política israelí hacia Palestina. Las reacciones provenientes del campo palestino están marcadas por el escepticismo y la prudencia. No porque las elecciones sean irrelevantes, sino porque existe la percepción de que las principales fuerzas políticas israelíes comparten posiciones fundamentales sobre seguridad, asentamientos y rechazo a la creación de un Estado palestino independiente.
En otras palabras, Netanyahu puede perder sin que desaparezca el consenso político que se ha construido alrededor de la cuestión palestina. Las diferencias entre Netanyahu y sus principales adversarios son importantes en asuntos como la democracia israelí, la relación entre religión y Estado, el servicio militar de los sectores ultraortodoxos, la corrupción y el funcionamiento de las instituciones, pero esas diferencias se reducen considerablemente cuando se habla de Palestina.
Reuters señalaba el 22 de octubre que tanto Netanyahu como su principal rival, el exjefe militar Gadi Eisenkot, se oponen actualmente a la creación de un Estado palestino independiente. Ambos defienden además que Israel conserve el control último de seguridad sobre el territorio situado entre el río Jordán y el Mediterráneo.
La coincidencia no termina allí. Naftali Bennett, otro de los dirigentes importantes de la oposición, también rechaza un Estado palestino y la evacuación de los asentamientos. De esta manera, aunque los adversarios de Netanyahu prometen un nuevo comienzo para Israel, en asuntos centrales de seguridad y territorio comparten posiciones que limitan las expectativas palestinas de un cambio fundamental.
Esta percepción explica buena parte del escepticismo expresado por dirigentes y analistas palestinos durante la campaña: si cambia el gobierno pero permanecen las premisas fundamentales de la política hacia Palestina, el cambio electoral puede ser importante para Israel sin ser decisivo para los palestinos.
La paz ha desaparecido del centro de la campaña
Quizá uno de los datos más reveladores de estas elecciones sea precisamente aquello de lo que casi no se habla. Durante los años noventa, el conflicto palestino-israelí y la posibilidad de alcanzar la paz dividían profundamente a la sociedad israelí. Tres décadas después, la situación es muy diferente.
Un análisis publicado por The Jerusalem Post señala que la paz está prácticamente ausente de la campaña electoral de 2026. Pocos candidatos ofrecen una visión sobre las futuras relaciones con los palestinos y mucho menos un camino para resolver políticamente el conflicto. Según datos del Peace Index de la Universidad de Tel Aviv citados por ese medio, apenas un 29% de la población judía israelí apoyaba en julio alguna forma de negociación con la Autoridad Palestina. El dato resulta significativo porque permite comprender que el problema no puede atribuirse exclusivamente a Netanyahu.
La derecha israelí no solamente ha ganado elecciones. Durante las últimas décadas consiguió desplazar hacia la derecha una parte considerable del sentido común político del país. Posiciones que hace treinta años pertenecían fundamentalmente a la derecha nacionalista —el rechazo de un Estado palestino, la expansión de los asentamientos y el mantenimiento indefinido del control militar sobre los territorios ocupados— han penetrado progresivamente en el centro político.
Un examen reciente de las votaciones de la Knesset muestra que, en varias decisiones relacionadas con Palestina, partidos de oposición han coincidido con la derecha gobernante en asuntos como el rechazo de la estatalidad palestina y medidas contra la UNRWA. Por eso Netanyahu podría perder las elecciones y, sin embargo, sobrevivirle buena parte del paradigma político que contribuyó a consolidar.
Los palestinos saben que los matices existen
Pero sería un error concluir que para los palestinos «da lo mismo» quién gane. Las diferencias entre un gobierno y otro pueden tener consecuencias concretas y, en determinados casos, decisivas para la vida cotidiana.
Un gobierno menos dependiente de la extrema derecha podría contener la expansión de determinados asentamientos, reducir la tolerancia hacia la violencia de los colonos y abrir algunos espacios políticos hoy cerrados. Para una comunidad palestina amenazada por la confiscación de sus tierras, para una familia expuesta a la violencia de los colonos o para quienes intentan permanecer en sus viviendas, esas diferencias no son menores.
La socióloga palestina Areej Sabbagh-Khoury plantea precisamente esta distinción: las elecciones difícilmente transformarán por sí mismas la naturaleza fundamental del sistema, pero los diferentes gobiernos sí pueden modificar las condiciones en las que los palestinos viven, se organizan, protestan, defienden sus instituciones y permanecen en su tierra. Por eso el escepticismo palestino no debe confundirse con indiferencia. Una elección puede no producir emancipación y, sin embargo, ampliar o reducir las posibilidades de resistencia.
Gaza: la seguridad israelí sigue ocupando el centro, mientras sigue el genocidio
Las diferencias entre los principales candidatos se estrechan todavía más cuando se observa Gaza. Netanyahu y Eisenkot coinciden en que las fuerzas israelíes no deben retirarse completamente mientras Hamás no sea desarmado y ambos contemplan recurrir nuevamente a la fuerza militar para conseguirlo.
Eisenkot propone que Hamás deje de gobernar Gaza en un plazo de 18 meses, ya sea mediante el marco impulsado por Estados Unidos o mediante acciones militares. Así, la discusión electoral se concentra fundamentalmente en cómo garantizar la seguridad israelí y quién puede hacerlo mejor, mientras ocupa un lugar mucho menor la cuestión del derecho del pueblo palestino a decidir soberanamente su propio futuro. Esta es una de las principales limitaciones de las elecciones vistas desde Palestina.
Más allá de Netanyahu
Durante demasiado tiempo la política israelí hacia Palestina se ha explicado fundamentalmente a partir de la personalidad de Netanyahu y de su alianza con la extrema derecha. Esa explicación ya resulta insuficiente.
Netanyahu ha sido una figura decisiva en la derechización de Israel, pero las posiciones que representa han penetrado mucho más profundamente en la sociedad y en el sistema político.
Por eso la permanencia de Netanyahu no es la preocupación palestina. La cuestión fundamental es si alguna de las fuerzas con posibilidades reales de gobernar está dispuesta a modificar las condiciones estructurales que han hecho posible la ocupación, la expansión de los asentamientos y la fragmentación territorial palestina.
Hasta ahora, la respuesta parece ser negativa. La posibilidad de terminar con la ocupación, desmontar los asentamientos y reconocer plenamente el derecho palestino a la autodeterminación prácticamente ha desaparecido del horizonte inmediato de las principales fuerzas con posibilidades de gobernar.
¿Qué cambia entonces para Palestina? Puede cambiar mucho en el terreno concreto y muy poco en el terreno estructural. Puede cambiar el primer ministro. Puede desaparecer del gobierno la extrema derecha más radical. Puede disminuir la tolerancia hacia la violencia de los colonos. Pueden abrirse espacios políticos hoy cerrados. Pueden modificarse las condiciones de vida y de resistencia de miles de palestinos.
Todo eso importa, pero mientras permanezcan la ocupación, la expansión territorial de los asentamientos, la fragmentación de Cisjordania, los ataques cotidianos contra Gaza y la negativa a reconocer efectivamente el derecho palestino a la autodeterminación, la cuestión fundamental seguirá sin resolverse y por eso el escepticismo que llega desde Palestina está más que fundamentado.
Las elecciones del 27 de octubre pueden ser históricas para Israel y producir una modificación importante en su vida política. Pero para el pueblo palestino la pregunta decisiva no es simplemente quién gana las elecciones, sino qué proyecto político está dispuesto a reconocerlo como sujeto de derechos, como pueblo y como protagonista de su propio futuro.
El verdadero cambio para Palestina comenzaría cuando la autodeterminación palestina dejara de ser una cuestión marginal o una concesión negociable y pasara a constituir un principio fundamental de cualquier proyecto político para el futuro de la región.
Imagen: Un niño palestino y un soldado israelí frente al muro israelí en Cisjordania. Foto de Justin McIntosh / Wikimedia Commons.
Las afirmaciones y datos utilizados en este artículo se sustentan en las siguientes fuentes periodísticas, académicas y de investigación:
Referencias:
* Obeid, Lina, & Uriel-Beeri, Tamar. (22 de octubre de 2026). How would a Netanyahu election loss change Israel’s policies toward the Palestinians? Reuters.
* Eglash, Ruth. (22 de octubre de 2026). The Palestinian issue once defined Israeli elections. Now no one’s talking about it. Jewish Telegraphic Agency (JTA). Reproducido por The Jerusalem Post.
* Rosler, Nimrod, & Yakter, Alon. (julio de 2026). Peace Index July 2026. Tel Aviv University, The Peace Index Project.
* Sabbagh-Khoury, Areej. (12 de agosto de 2026). Amid genocide, Palestinian participation in Israel’s elections must be reimagined. +972 Magazine.
* Graham-Harrison, Emma. (18 de octubre de 2026). There’s a lot of racism, a lot of hatred: Far right gains predicted as Israel heads to the polls. The Guardian.
Nicolas Boeglin Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho UCR nboeglin@gmail.com Una versión en francés de este mismo texto está disponible en este enlace.
Introducción
Se acaban de cumplir hace pocos días tres años desde el inicio de las operaciones de destrucción total de la Franja de Gaza por parte de Israel, en «venganza» al ataque perpetrado por Hamás el 7 de octubre del 2023: se trata de operaciones militares que se advirtió en su momento que iban rápidamente a degenerar en el «asedio total» anunciado por las mismas autoridades militares israelíes, y ello desde el mismo mes de octubre del 2023 (Nota 1).
Este extracto de una intervención del delegado de Palestina ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas merece ser recordado, al haberse dado a conocer en una sesión urgente del máximo órgano de Naciones Unidas, el 16 de octubre del 2023:
«Lo que está ocurriendo en Gaza no es una operación militar, es una agresión a gran escala contra nuestro pueblo. Son masacres contra civiles inocentes. Nada en el derecho natural ni en el derecho internacional permite atacar a civiles y perpetrar contra ellos ataques tan indiscriminados y bárbaros” (intervención realizada por el representante de Palestina ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, en su sesión del 16 de octubre del 2023: véase acta S/PV/9439, en página 9).
Esta verdadera masacre a gran escala de carácter punitivo contra civiles no se ha logrado frenar en estos últimos tres años: califica jurídicamente como un genocidio, siempre en curso, así como una serie de crímenes de guerra que persisten, según expertos y diversos órganos de Naciones Unidas. Las órdenes de arresto contra el primer ministro israelí y su ex ministro de Defensa por parte de la Corte Penal Internacional (CPI) de La Haya se mantienen vigentes desde noviembre del 2024, pese a la intensa campaña de intimidación que Estados Unidos está propiciando contra la justicia penal internacional de La Haya.
Foto de escolares en una escuela en Gaza al reinicio del ciclo lectivo, extraída de la portada del informe de Naciones Unidas sobre la situación humanitaria en el territorio palestino al 2 de octubre disponible en este enlace.
Naza un documental que revela secretos militares israelíes
El reciente documental Naza producido por un grupo de valientes periodistas de investigación en Israel (véase notasuscrita por ambos, publicada el 10 de septiembre en el medio digital israelí Magazine+972) viene a revelar al mundo aspectos desconocidos de la maquinaria militar de destrucción israelí en Gaza a partir del uso de programas informáticos e inteligencia artificial.
Esta película es también un documental sobre el proceso de deshumanización institucionalizada que impera en el seno del aparato militar y en buena parte de la misma sociedad israelí.
Más precisamente ¿qué son los denominados «NAZA»? Se trata en realidad no de una palabra, sino de un acrónimo hebreo, que constituye el título de este valioso documental dirigido por los periodistas de investigación israelíes Yuval Abraham y Rachel Szor. La sigla «NAZA» hace referencia, en el seno del ejército israelí, a un acrónimo usado entre oficiales militares para referirse al número de bajas civiles estimadas o confirmadas en caso de un ataque aéreo: “NAZA 10” refiere a diez civiles que serán ultimados para alcanzar un solo objetivo militar (un presunto integrante del Hamás), “NAZA 500” multiplica por 50 la cifra anterior, siempre para aniquilar a un solo objetivo militar identificado. ¿Como así? Como se lee.
Este documental recoge el testimonio de un total de 24 militares de cierto rango (pilotos, integrantes de la unidad 8200, integrantes de batallones de infantería y en la parte final del documental, miembros del departamento político del ejército israelí denominado «departamento Bibi«, un departamento particularmente preocupado por la justicia penal internacional de La Haya): se trata de entrevistas realizadas por la noche, en las azoteas de edificios en Tel-Aviv.
Este documental se ha estrenado recientemente en las principales capitales europeas (véase enlace) en este mes de octubre del 2026.
La desesperación de las actuales autoridades de Israel es tal con respecto al contenido de este documental, que han prohibido su proyección en Israel, han propuesto una ley que retire la nacionalidad a cualquier periodista que critique el ejército israelí y han anunciado que sancionarán a los militares que dieron sus testimonios (véanse esta nota de TheGuardian y esta notade France24): el pequeño detalle que omiten estas gesticulaciones ya habituales del aparato estatal israelí, es que las identidades de estos militares israelíes fueron omitidas y sus voces modificadas para realizar este documental sin exponerlos a represalias.
A su vez, las reacciones iracundas registradas en Israel contra estos dos directores confirman el poder del periodismo de investigación y el valor de algunos comunicadores para enfrentarse al poder político: fue este mismo equipo de periodistas israelíes con acceso a documentos confidenciales del aparato militar israelí que dieron a conocer al mundo el uso del programa informático “Lavender” en Gaza (véase artículo publicado en Magazine+972 en abril del 2024 titulado “Lavender’: The AI machine directing Israel’s bombing spree in Gaza”).
A nivel internacional, el gremio cinematográfico ha organizado su apoyo: una iniciativa ya firmada por más de 900 directores de cine en todo el mundo denominada «We are Naza too«, amenaza con volver aún más desesperadas de lo que ya están a las actuales autoridades de Israel (véase notade prensa de ElDiarioVasco).
Gaza, Israel y comunicación: el papel de la Hasbara
Para entender mejor cómo es que se logra aniquilar a 2, 3 millones de habitantes en Gaza en la indiferencia de muchos en diversas partes del mundo desde el 7 de octubre de 2023, hay que remitirse a uno de los pocos libros publicados en el 2025 en Francia sobre el tema, por un reconocido especialista, y que se titula:
«Permis de tuer. Gaza: génocide, négationnisme et Hasbara» (véase enlace).
El capítulo 7 (páginas 113-137) sobre la denominada «Hasbara» (Nota 2) está disponible (texto integral) en este enlacey su lectura es muy recomendada: este capítulo detalla los mecanismos y los relevos en salas de redacción, emisiones de radio y televisión galas con los que pueden contar Israel y sus influyentes círculos de influencia en Francia. Con, en la parte final, un llamativo gráfico sobre los reiterados viajes de diputados y de senadores franceses a Israel. Un estudio muy similar en otras latitudes, pormenorizado para cada país, resultaría de gran interés, en particular en el caso de América Latina: un cerco informativo tan compacto y generalizado, y que persiste en no cuestionar mayormente las atrocidades de Israel en Gaza, durante ahora más de tres años, debe tener una explicación.
Es de notar que recientemente, Israel decidió multiplicar por cinco el presupuesto asignado anualmente a la «Hasbara» (véase nota del 30 de abril del 2026 del TimesofIsrael), lo cual denota la intensidad del esfuerzo de Israel por intentar convencer con una narrativa a su favor a muchos en todo el mundo. Siempre en relación con los recursos asignados para «explicar» al mundo lo que ocurre en Gaza desde la «Hasbara», esta otra nota del medio israelí, TimesofIsrael, del 29 de diciembre de 2024, detallaba ya que:
«Under the new budget, the Foreign Ministry will receive $150 million, on top of what it gets for its existing activities, for what’s officially known as public diplomacy, or hasbara in Hebrew. That sum is more than 20 times what such efforts have typically been allotted in past years«.
Una extraña sensación desde hace tres largos años
Y es que desde hace más de tres años, la responsabilidad de los medios de prensa plantea algunas interrogantes muy válidas en cuanto al tratamiento de la cobertura periodística sobre lo que ocurre en Gaza, y ha interpelado a algunos pocos especialistas (Nota 3), que han detectado algunas extrañas coincidencias compartidas por muchas salas de redacción en el mundo, en las que:
– se reproduce, total o parcialmente, la versión oficial que brindan las autoridades militares o políticas israelíes;
– se siembra la duda sobre cualquier información procedente directamente de personas que viven en Gaza;
– se interrumpe o cuestiona a expertos invitados a participar en radio o televisión cuando utilizan ciertos términos jurídicos que desagradan a Israel, con en muchas entrevistas, “expertos” invitados que dejan de serlo y el locutor que se transforma súbitamente en “experto” en materia legal;
– se minimiza, mediante un lenguaje eufemístico, el sufrimiento de la población civil palestina.
Además, mientras que se omite señalar que la ayuda humanitaria urgente que necesita esta población civil extenuada que vive en refugios improvisados, lleva tres años bloqueada por Israel, se insiste con imágenes que dan la vuelta al mundo cuando solamente unos pocos convoyes humanitarios son autorizados por Israel a entrar a Gaza.
Finalmente, la denominada «doctrina Hannibal» de Israel y las muertes que causó su aplicación el mismo 7 de octubre del 2023 con respecto al saldo de víctimas israelíes registradas esa misma fecha, no se ha investigado ni casi se ha mencionado en estos tres largos años: véanse al respecto esta notadel 2024 del TimesofIsrael y esta reciente emisión del Zeteo al respecto, difundida el 22 de octubre del 2026.
La indecencia de algunos
En cuanto a las cifras exactas sobre el número de víctimas palestinas en Gaza, ya en noviembre de 2023, una de las más reconocidas especialistas en Francia sobre Oriente Medio denunciaba el carácter «indecente» de ponerlas sistemáticamente en tela de duda, durante un programa de televisión (véase vídeo).
¿»Indecente«? Es la palabra usada, el texto no contiene ningún error: «indecente«.
En nuestro caso, tuvimos la posibilidad de explicarle al cónsul de Israel en Costa Rica que este argumento no tenía mayor asidero (al coincidir las cifras del Hamás con las de comisiones de investigaciones posteriormente creadas de Naciones Unidas con respecto a las ofensivas militares en Gaza del 2009 y del 2014) de una manera tal que, al parecer, lo incomodó ya que no quiso continuar la discusión, en un programa radial en el que participamos en el mes de noviembre del 2023 al día 52 de la ofensiva israelí iniciada desde el mismo 7 de octubre del 2023: véase video, después de que el locutor le indicara al distinguido diplomático israelí un:
“Amir, Amir, no me obligue a decirlementiroso”.
(mn. 2:03:40 en adelante).
En su alocución ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas del 15 de octubre del 2026, el representante de Palestina detalló el tratamiento diferenciado cuando se trata de cifras relativas a víctimas palestinas en estos tres largos años (véase intervención completa en este video cuya visualización completa se recomienda).
Desde la perspectiva jurídica internacional, una reciente obra titulada «Gaza et le droit international» publicada en Bélgica por una reconocida jurista gala (véase enlaceque contiene el índice de su libro) detalla lo que no se ha querido escuchar en algunos programas de radio y de televisión en Europa en estos tres largos años. Si no estamos equivocados, es la única publicación analizada desde la estricta perspectiva jurídica internacional editada sobre Gaza en francés en estos tres años. Tanto desinterés por parte de muchos otros juristas, universitarios e investigadores galos o de habla francesa debe tener una explicación: el capítulo I de este libro, cuya lectura se recomienda, se titula precisamente «Les faits, la preuve et les stratégies de dissimulation«.
Naza: revelaciones escalofriantes sobre la maquinaria de aniquilación total de Gaza
Disimular y maquillar al resto del mundo lo que Israel está realizando en Gaza es objeto de redoblados esfuerzos por parte de todo el aparato estatal israelí, tanto militar como diplomático y político, desde la misma tarde/noche del 7 de octubre del 2023.
Este inusitado intento por parte de Israel de detener el «monopolio de la verdad» es analizado por Francesca Albanese en su último informe que tuvimos la ocasión de analizar (Nota4), y puede explicar aún más la reacción iracunda que ha provocado el documental «Naza» en Israel.
Este informe concluye con la siguiente frase:
«El periodismo deja de cumplir su función pública cuando se limita a reproducir las afirmaciones del poder en lugar de someterlas a un escrutinio riguroso».
Esta última frase de este informe de Francesca Albanese viene a explicarnos mejor lo que ha motivado a estos dos valiosos periodistas israelíes de investigación a realizar el documental Naza.
Foto extraída de esta nota de la BBC titulada «El tribunal de la historia nos juzgará. Y su conclusión será implacable con los que niegan que hay genocidio en Gaza»: Francesca Albanese, relatora de la ONU», edición del 19 de diciembre del 2024
Como siempre ocurre en estos casos, y ello en cualquier parte del mundo, cuando el periodismo de investigación se enfrenta al cerco y el discurso oficial que pretende mantener el poder político, las amenazas e intimidaciones de todo tipo salen a relucir. La técnica de la oficina del actual primer ministro israelí que consiste en vociferar en aras de intimidar a periodistas de investigación israelíes críticos con respecto al insensato accionar militar israelí en Gaza es sostenida y reiterada: ya se observó en mayo del 2026 (con respecto a abusos sexuales de integrantes del ejército contra detenidos palestinos – véase nota de la BBC), en septiembre del 2026 (con respecto a una investigación periodística del Haaretz sobre advertencias desde Emiratos Árabes Unidos pocos días antes del 7 de octubre del 2023 a las máximas autoridades de Israel – véanse esta nota de Swissinfo y esta otra nota de la BBC), y… se volvió nuevamente a verificar en el caso de los directores del documental Naza. Presentado durante la Bienal de Venecia del 2026, provocó una larga ovación de los presentes (véase nota de RSF al respecto).
Este documental en realidad no solamente atemoriza a círculos políticos y militares en Israel: como bien lo apunta desde el mismo titular este artículo publicado en el medio digital Magazine+972 en Israel, son muchos más sectores en Israel los que se sienten preocupados por el contenido de Naza.
– Naza en América Latina: unos sí, … otros no lo verán.
Es de notar que se anunció que este documental no se estrenará en Argentina (véase nota de prensa), y posiblemente tampoco en Paraguay: se trata de Estados cuyas autoridades se han convertido en «fichas útiles» de Israel en América Latina en los últimos años. Como se recordará, Paraguay procedió a trasladar su embajada de Tel-Aviv a Jerusalén el 12 de diciembre del 2024, en abierta y grosera violación al consenso internacional existente desde 1947 sobre el estatuto internacional particular de la Ciudad Santa (véase comunicado oficial de la diplomacia guaraní). Este 22 de octubre, finalmente en Argentina al parecer, algo se logró desentrabar y siempre se proyectará Naza el próximo fin de semana (véase nota de Clarín del 22 de octubre del 2026).
Naza ya se ha proyectado en muchas otras partes de América Latina, como en Brasil (véase volante), en México (véase nota de prensa), en Uruguay (véase nota de prensa) así como en Costa Rica: ello pese a la inusitada «saga» observada hace pocos días.
Naza en Costa Rica: historia de una saga
El estreno de este documental estaba previsto para el pasado 10 de octubre en la capital costarricense: fue sorpresivamente cancelado, sin explicación alguna por una sala de cine costarricense (véase al respecto esta nota del Semanario Universidad).
Otras salas de cine confirmaron posteriormente su total anuencia y disposición a proyectarlo en días posteriores, con lo cual las «gestiones» para impedir su proyección en Costa Rica fracasaron de manera bastante notoria para sus autores (véase nota de Delefoco).
Sobre estas últimas «gestiones«, agradeceríamos desde ya a nuestros estimables lectores ayudarnos a conocer un poco más en detalle el origen de las mismas, que según todo pareciera indicar, impresionaron a algunos directivos (y ello pese al reconocimiento internacional generalizado obtenido por este valioso documental): pueden si lo desean enviar los documentos que se consideren pertinentes o de utilidad a: cursodicr@gmail.com
Claro está, el cancelar a último momento esta proyección despertó el interés de muchos más en Costa Rica y se debe desde este punto de vista «agradecer» la publicidad adicional generada que detalla esta notapublicada en el medio digital Delfino.cr. Probablemente el mismo efecto multiplicador sea consecuencia de otra maniobra bastante burda que explica de manera muy detallada esta nota del programa radial Doble Check de la UCR y titulada «Impact Channel fabricó noticia sobre presión para exhibir ‘Naza’ en Cine Magaly«.
Las proyecciones observadas con una multitud esperando en las afueras del Cine Magaly el viernes 16 (primera función), el sábado 17 y al domingo 18 de octubre, fueron tales que muchos espectadores debieron posponer su cita con Naza al miércoles 21, con una afluencia igualmente muy numerosa de asistentes.
El alineamiento de las actuales autoridades de Costa Rica con Israel
Más allá de los temores de algunos círculos en Costa Rica con respecto a los efectos que pueda generar la proyección de este documental en salas de cine costarricenses, resulta oportuno precisar que las actuales autoridades de Costa Rica (y las anteriores correspondientes al período 2022-2026) se han alineado como nunca con Israel y con Estados Unidos, con una presidenta que considera ahora oportuno transferir la embajada de Costa Rica en Israel de Tel-Aviv a Jerusalén y aprobar un Tratado de Libre Comercio (TLC) con Israel: véanse al respecto este artículopublicado en El País (España) en mayo del 2026 así como nuestra nota publicada en septiembre del 2026 y titulada:
«Se puede fomentar el libre comercio … ¿ignorando obligaciones jurídicas internacionales? A propósito del trámite de aprobación del TLC entre Costa Rica e Israel«, disponible en este enlace.
Costa Rica se «destaca» también en todo el mundo por el hecho de que su Presidente hiciera mofa en una conferencia de prensa del drama indecible que vive la población en Gaza (véase notadel Semanario Universidad del 4 de julio del 2025): se trata del único jefe de Estado en el mundo registrado en burlarse de esta manera de la situación prevaleciente en Gaza en público (Nota 5).
Otro punto de igual manera «destacado» resulta del hecho que nunca antes un ministro de Relaciones Exteriores en ejercicio había recibido un premio como el premio «Jerusalén» (Nota 6) en el ejercicio de sus funciones (véase comunicadooficial del Ministerio de Relaciones Exteriores de Costa Rica del 24 de agosto del 2026). El titular de este artículopublicado en julio del 2026 en el Semanario Universidad permite entender mejor las motivaciones en algunos círculos para otorgarle este premio al que fue canciller de Costa Rica hasta su sorpresiva destitución el pasado 24 de septiembre, en plena Asamblea General de Naciones Unidas, días antes de pronunciar su alocución.
Un pequeño detalle sobre quiénes podrán y quiénes no podrán ver Naza en pantalla en una sala de cine en América Latina
El 17 de septiembre, al votarse una resolución sobre la participación de Palestina en la Asamblea General de Naciones Unidas, la delegación de Costa Rica optó por el siempre muy cuestionable «No Show» (véase nota del Semanario Universidad): esta resolución sobre la participación de los delegados palestinos a la sesión anual de la Asamblea General, se adoptó con 152 votos a favor y únicamente tres en contra: Estados Unidos, Israel y Paraguay.
Se abstuvieron los siguientes cuatro Estados: Colombia, Honduras, Panamá y Perú. Esta nota oficial de Naciones Unidas refiere al significado de esta votación en la que América Latina pareciera prestarse para satisfacer los caprichos de Israel y de Estados Unidos, violando este último las obligaciones jurídicas que derivan del acuerdo sede con Naciones Unidas suscrito en 1947.
Una América Latina tan solícita para no respaldar la plena participación de Palestina en Naciones Unidas en el mes de septiembre del 2026 tiene una explicación: las numerosas referencias a Israel y a las empresas israelíes de alta tecnología en esta entrevista publicada recientemente en Página12 y titulada «Cerimedo es una pieza de una red mucho más grande «sobre el escándalo del momento que sacude a la región, son parte de ella.
Será de interés verificar si el documental «Naza» se proyectará (o no se proyectará…) en salas de cine en los siguientes Estados que se abstuvieron en la precitada votación del 17 de septiembre: Colombia, Honduras, Panamá y Perú.
Siempre con relación a Costa Rica y a sus hacendosas autoridades cuando de Israel se trata, en el mes de septiembre el juez constitucional condenó al Estado por el arresto injustificado de dos estudiantes que llevaban consigo una bandera de Palestina durante el acto de traspaso oficial de poderes (véase nota del Semanario Universidad del 9 de septiembre del 2026): en la precitada nota, se indica que las aseveraciones de las fuerzas policiales ante el juez constitucional fueron desmentidas por los videos aportados como prueba.
A modo de conclusión
Hay que saludar la extrema valentía de los periodistas de investigación israelíes que realizaron el documental “Naza” para que el mundo descubra la faz oscura que Israel no desea que se conozca de su maquinaria destructora en Gaza. Debido al clima de odio y de violencia generado por las mismas autoridades israelíes en su contra, los dos directores de Naza han optado por permanecer fuera de Israel por un tiempo.
Infografía extraída de la Red de Solidaridad con Palestina en Costa Rica (véase enlace).
Muy lejos de los adjetivos “incendiario (a)” o “polémico(a)” leídos en algunos titulares de la prensa costarricense con respecto a Naza, este documental se desarrolla en la mayor quietud, con entrevistas pausadas en las que el silencio forma parte de las respuestas (algunas de ellas titubeantes), y con de vez en cuando bosquejos dibujados por los mismos entrevistados que detallan la maquinaria de destrucción israelí en una hoja de papel: se trata de entrevistas llevadas a cabo durante las cálidas noches de Tel-Aviv en las azoteas de algunos edificios escogidos, permitiendo burlar cualquier vigilancia o rastreo, con como ruido de fondo, el ruido que emana del tráfico nocturno en Tel-Aviv. Desde este último punto de vista, el documental es un ejemplo de profesionalismo de todo el equipo a cargo de la filmación, doblaje de las voces, disimulación de la identidad de los entrevistados, edición y producción, que debería de interesar a muchos periodistas de investigación en el resto del mundo.
Desde el punto de vista cinematográfico esta vez, la crítica ha sido muy favorable y Naza ha cosechado de manera unánime un éxito rotundo en las capitales en las que se ha proyectado (véase nota de The Guardian del 16 de octubre del 2026).
En cuanto a los temores de algunos círculos en Costa Rica con respecto a la proyección de este documental, la pregunta que muchos nos podemos hacer es la siguiente:
“¿Qué será lo que tanto les preocupa al proyectarse en Costa Rica una película ovacionada en Venecia hace unas semanas y que será probablemente ganadora de muchos más reconocimientos internacionales?”
Para disipar sus temores, y esperando que muchos más costarricenses (y no costarricenses) asistirán este próximo fin de semana a las nuevas proyecciones de Naza en Costa Rica (véase cartelera en nuestra sala de cine predilecta que se extiende, en el caso del documental Naza, al fin de semana del 24-25 de octubre del 2026 y el anuncio inicial del Cine Magaly saludado por su público), citaremos a modo de conclusión lo escrito recientemente en Francia por un filósofo israelí, Oded Balaban (universitario en la ciudad de Haifa) en su artículo publicado por AURDIP en Francia, titulado «Qui a fait Naza?«, y disponible en francés aquí:
«Volvamos a Picasso. Este Gobierno quiere acabar con el mensajero: despojarlo de su ciudadanía, procesarlo por traición, tacharlo de antisemita. Pero Abraham y Szor no «crearon» Naza en el sentido que importa: simplemente pulsaron el botón que indicaba «grabar». El autor de la película es aquel que ha vaciado el lugar de cualquier otra verdad posible: aquel que se negó a investigar el 7 de octubre, que cerró Gaza a los periodistas, que apartó a Sde Teiman y procesó al fiscal, que hizo de los «daños colaterales» y de la emigración «voluntaria» una política de Estado. A la pregunta «¿quién hizo Naza?», la respuesta es la misma que la de Picasso ante Guernica: nosotros no lo hicimos; lo hizo el Gobierno. Naza es el autorretrato de Israel —y ha sido pintado, trazo a trazo, por la misma mano que ahora intenta quemar el lienzo» (Nota 7).
– – Notas – –
Nota 1: En el mes de octubre, tuvimos la ocasión de referirnos al «asedio total» a Gaza anunciado por Israel, que se confirmaría semanas después de su anuncio, ampliado a bombardeos masivos en zonas urbanas densamente pobladas de Gaza: véase BOEGLIN N., «Voz experta: Ataque de Hamás desde Gaza yel «asedio total» de Gaza anunciado como respuesta israelí«, sitio oficial de la UCR, edición del 30 de octubre del 2023. Texto integral disponible aquí. Una versión anterior se publicó en ElMundo.cr, y ello desde el 10 de octubre del 2023 (véase texto).
Nota 2: La palabra hebrea Hasbara designa un conjunto de redes que, desde la diplomacia israelí, buscan orientar a la opinión pública, en procura de obtener una percepción siempre positiva en el exterior de Israel. De manera muy precisa, una publicación disponible en línea y titulada «Israel´s Hasbara Toolkit» (75 páginas, editada en el Reino Unido – véase enlace) detalla el abanico de juegos semánticos a aplicar: los especialistas en derecho internacional reconocerán con gran facilidad el juego semántico que se ha aplicado a su disciplina en innumerables artículos y columnas publicadas en estos tres años sobre Gaza, tanto en Costa Rica como en muchas otras partes del mundo (pp. 56-58).Para algunos de nuestros estimables lectores que descubren este término hebreo, véase este artículo de prensa publicado en Francia en el periódico Libération al respecto así como este artículo en español publicado por una universidad en Colombia, y este análisis similar escrito en inglés. Para artículos de corte más académico sobre la Hasbara, remitimos a este análisis muy detallado, que fue editado en el año 2016: AOURAGH M., «Hasbara 2.0 Israel´s Public Diplomacy in the Digital Era«, University of Westminster, 2016, 28 páginas. Texto integral disponible aquí; así como este artículo más reciente (2020): Jędrzejewska. K., «Hasbara: public diplomacy with israeli´s characteristics«, Torun International Studies, Vol. 13, 2020, Num. 1, pp. 105-118. Texto integral disponible aquí.
Nota 3: Este reciente reportaje de la cadena de noticias AlJAzeera (véase enlace) pone en evidencia las instrucciones internas en varias salas de redacción de grandes medios internacionales en Europa y en Estados Unidos para asegurar, desde hace ahora tres años, una cobertura periodística en la que se maquillen estas exacciones a repetición del ejército israelí y se minimice el daño sufrido por la población civil palestina: resulta notoria la reacción airada del locutor al uso del término «genocidio» por parte del entrevistado que se puede apreciar en este reportaje de la cadena de noticias catarí, y que debería interpelar a muchos en Europa, Canadá y en Estados Unidos, así como también en América Latina y en otras latitudes. Este otro reportajede la misma cadena difundido este 11 de octubre detalla lo maleable que algunos han resultado ser en la prensa norteamericana para favorecer la imagen de Israel.
Nota 4: Este nuevo informe de Francesca Albanese se titula:»La verdad bajo los escombros: los medios de comunicación en tiempos de genocidio / Truth under the rubble: media in the time of genocide / La vérité sous les décombres : les médias au temps du génocide «. El texto integral de este informe A/81/249 está disponible en este enlace(en francés) y en este otro (en inglés) y su lectura completa se recomienda. Un título en los tres idiomas reproducidos permite proceder a un interesante ejercicio: una rápida consulta con cualquier motor de búsqueda en la red sea en español, inglés o francés, evidencia la casi nula difusión de este último informe de Francesca Albanese en los grandes medios de información en lo que va de esta tercera semana del mes de octubre, pese a haber sido traducido en todos los idiomas oficiales de Naciones Unidas (véase enlace). Una explicación debería algún día salir a la luz del día en aras de explicar tan extraña y generalizada omisión por parte de las principales cadenas internacionales de información. Sospechamos que algunas plataformas digitales no son ajenas a esta omisión. La versión integral del texto en castellano del informe está disponible en este enlace. Se sugiere descargarlo para contar con una copia propia y no depender de nada para leerlo. En el punto 72, una mención interesará a los muchos espectadores que fueron masivamente a ver la película titulada La voz de Hind Rajab, una niña de Gaza de tan solo seis años cuyo nombre ha sido escogido por una fundación que rastrea, ubica y presenta demandas ante los tribunales nacionales e internacionales contra criminales de guerra israelíes que turistean por el mundo (véase sitio). En efecto, el punto 72 se lee de la siguiente manera: «72. Cuando ciertos hechos ya no pudieron seguir negándose ni “camuflándose”, la cobertura informativa con frecuencia omitió o minimizó la responsabilidad de Israel. Un análisis de contenido ha concluido que la BBC actuó de ese modo en el 83 % de los titulares pertinentes y The New York Times en el 65 %. Un ejemplo particularmente ilustrativo es el caso de Hind Rajab, asesinada por fuerzas israelíes, cuya muerte sigue siendo presentada por la BBC bajo el titular: “Hind Rajab, de 6 años, hallada muerta en Gaza días después de realizar llamadas pidiendo ayuda” «. Sobre los alcances de este informe, remitimos a nuestra nota BOEGLIN N.,“¿Cómo volver aceptable lo inaceptable? El último informe de Francesca Albanese sobre los medios de prensa y el genocidio en curso en Gaza”, 11 de octubre del 2026. Texto integral disponible en este enlace.
Nota5: Estas declaraciones del mandatario costarricense provocaron una reacción indignada de un intelectual de ascendencia judía radicado en Europa, que reportó el 3 de julio del 2025 esta nota de La Nación titulada “Respuesta de Rodrigo Chaves sobre niños en Gaza y TLC con Israel desata fuerte reacción de filósofo judío”. Dicho sea de paso, es este mismo intelectual el que ha sido invitado a impartir una conferencia magistral sobre Gaza que organizó la Facultad de Ciencias Sociales (FCS) de la UCR, el pasado 24 de septiembre; véase volanteasí como el video completo de la charla realizada, que se recomienda visualizar.
Nota 6: Usualmente los premios Jerusalén en América Latina vienen a premiar a profesionales de la comunicación, sean columnistas, analistas o periodistas: en el caso de Uruguay, el denominado «Premio Jerusalén» fue otorgado en el 2026 a un periodista (véase emisión de la televisión uruguaya). En el caso de Colombia, en el 2025, este mismo premio también fue otorgado a un periodista y columnista (véase enlace). Siempre con respecto a Costa Rica, este mismo premio fue otorgado a un exdiplomático en el año 2022 (véase nota de prensa), al parecer también comunicador.
Nota7: Traducción libre del francés al castellano realizada por el autor, Nicolas Boeglin, del siguiente extracto original publicado en Francia:
«Revenons à Picasso. Ce gouvernement veut tuer le messager : le dépouiller de sa citoyenneté, le poursuivre pour trahison, l’appeler antisémite. Mais Abraham et Szor n’ont pas « fait » Naza dans le sens qui compte : ils ont simplement appuyé sur le bouton d’enregistrement. L’auteur du film est celui qui a vidé les lieux de toute autre vérité possible : celui qui a refusé d’enquêter sur le 7 octobre, qui a fermé Gaza aux journalistes, qui a mis au placard Sde Teiman et poursuivi le procureur, qui a fait une politique d’État des « dommages collatéraux » et de l’émigration « volontaire ». À la question « qui a fait Naza? », la réponse est celle de Picasso devant Guernica : nous ne l’avons pas fait ; le gouvernement l’a fait. Naza est l’auto-portrait d’Israël —et il a été peint, trait par trait, par la main même qui essaie maintenant de brûler la toile«.
La Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) Costa Rica invita a un espacio de encuentro titulado “¿Qué está cambiando en el mapa del poder en Costa Rica?”, para discutir y reflexionar a partir de la publicación Territorio y hegemonía en Costa Rica, número 169 de su colección Cuaderno de Ciencias Sociales.
Participarán Abelardo Morales Gamboa y Juan José Romero Zúñiga, autores del cuaderno. Los comentarios estarán a cargo de Karla Salazar Sánchez, directora de la sede de FLACSO Costa Rica, y de Margarita Bolaños Arquín, del colectivo Mujeres por Costa Rica.
La actividad será el martes 27 de octubre, a las 6 p. m., en las oficinas de FLACSO Costa Rica, en El Prado, Curridabat.
El cupo es limitado. Las personas interesadas deben confirmar su asistencia al correo-e direccion@flacso.ac.cr antes del 25 de octubre.
Rafael A. Ugalde Q. Periodista Miembro del Movimiento Bolivariano de Solidaridad Yamileth López
En ocasión del llamado “mes de la patria” y los 166 años del asesinato de Juan Rafael Mora Porras y el general José María Cañas –2 de octubre de 1860– se elaboran tres entregas. En ellas, al calor de las festividades por el crimen realizado en Puntarenas, abordamos las contradicciones de clase actuales y nos preguntamos qué sentirían los dos próceres de la Campaña Nacional de 1856 si pudieran regresar de sus tumbas.
Conocemos cómo ciertos sectores políticos optan por adscribirse a categorías como «oposición» o «demócratas» con el propósito de diferenciarse, cuestionar o impugnar determinados modelos de gestión que, a su juicio, vulneran los principios del sistema liberal republicano. Esta postura posee plena legitimidad jurídica e incluso consistencia ética, formalmente condicional a que dichos actores mantengan su independencia operativa.
Sin embargo, se observa una contradicción estructural cuando estas mismas facciones dependen de la interacción o de las dinámicas del propio gobierno cuestionado para preservar o consolidar su caudal electoral, estimado de manera constante entre el 20% y el 25% según los estudios de opinión pública.
El núcleo ontológico del dilema reside, empero, en las condiciones de posibilidad para erigir y sostener una praxis gubernamental radicalmente discorde de la inercia institucional presente en los últimos cincuenta años de la nación. ¿Es viable quebrar la teleología del fracaso sin replicar los bucles históricos que han malogrado experiencias análogas en otras latitudes?
Esta interrogante adquiere un espesor aún más desafiante —casi aporético— ante el escenario de una quiebra abrupta de la arquitectura republicana. Nos enfrentamos aquí a la paradoja de una legitimidad que emerge en el seno de una soberanía amputada y una independencia constreñida; una entidad obligada, por vectores geopolíticos exógenos, a escenificar los ritos diplomáticos de la coyuntura contemporánea.
Así, la cuestión trasciende lo procedimental para interrogar la esencia misma de la autonomía: ¿Puede un orden político refundarse genuinamente cuando sus márgenes de libertad ya han sido predeterminados por el tablero internacional?
El ofrecimiento de una alternativa política alcanzará su auténtica coherencia cuando la promesa de una nueva gobernanza —cimentada ahora en el anti-continuismo y la salvaguarda democrática— se traduzca en un modelo de participación directa. Esto exige consagrar la articulación de las comunidades de base como sujetos protagónicos de su propio destino y consolidar una ruptura categórica con los viejos esquemas de servidumbres y gratificaciones electoralistas.
El otro bloque —frecuentemente presentado por sus críticos como “oficialista”, “dictatorial”, “antidemocrático” o “continuismo”— ejerce el poder con la firme convicción de que su proyecto político debe trascender del año 2030. Esta postura revela que, por encima de tener o no un plan estructurado de gobernanza, apuesta a abrir aún más la economía, por lo menos hasta no ver a Costa Rica convertida en la Singapur tropical.
De esta manera, más allá de los nombres o apellidos que quieran dar a ambos grupos, han forjado una relación idéntica y admirable a la de un matrimonio de toda la vida. Es una unión con sus inevitables picos de entendimiento, arrebatos de enojo, resentimientos y dulces noches de conciliaciones; bendecida y sostenida, sobre todo, por ese amor hereditario y activado por la cuna dorada que los mantiene desde hace más de dos siglos y hasta que “la muerte los separe”.
Sin embargo, unos y otros, desde la cúspide de sus élites, utilizan la imprecisión del lenguaje como un mecanismo calculado de dominación. Al imprimir a cada palabra la ambigüedad exacta, logran que el ciudadano que barre calles, paga la luz con un tarjetazo, quien añora una intervención quirúrgica, una casa, etc., crea entender el mensaje a su conveniencia, manteniéndose conforme.
Es cuando aparecen los frutos de ciertos discursos que, instrumentalizados por el rigor de las ciencias jurídicas y políticas, crean la “disonancia cognitiva” en una colectividad paralizada de toda capacidad de praxis y experimentación. Bajo esta premisa, se fija luego la idea de que el único bálsamo capaz de mitigar la contradicción interna se llama democracia.
Tienen años de especializarse en crear problemas coyunturales – desfinanciamientos de muelles, aeropuertos, filas en el Seguro – para después presentar la “modernización” como solución mágica del mercado: la entrega a los “especialistas” de la medicina privada las intervenciones quirúrgicas que no se hicieron en la Caja o a grandes consorcios las obras que no quisieron hacer.
Es el medicamento disponible que tienen para despojar a las mayorías de su destino, convirtiendo cualquier confrontación política en horror; no vaya a ser que las contradicciones inoculadas por años suplanten tradiciones, los “acuerdos” y las “negociaciones” propios entre élites, entendiendo el colectivo social dicho juego.
Mientras tanto, estos clanes hacen lo imposible para mantener en secreto la precisión y el verdadero significado de los conceptos; un monopolio lingüístico que, como clase social ducha en el arte del control, manejan con maestría histórica para asegurar que el poder jamás escape de sus manos.
No es una afirmación antojadiza. Una larga lista de autores, sobre todo desde finales de la década de 1960 hasta la actualidad, han hecho del estudio de los mecanismos de influencia en el subconsciente y en la conciencia de las masas un vasto campo del que se ocupa la ciencia de la comunicación.
Las perspectivas de análisis son amplias: abarcan desde el conservadurismo tradicional, el estructuralismo francés, el positivismo cientificista (o fetichismo numérico) y el funcionalismo de matriz weberiana, hasta los enfoques críticos, profundos, de autores clásicos y contemporáneos como Herbert I. Schiller, Francisco Sierra Caballero o Armand Mattelart (coautor junto a Ariel Dorfman de la célebre obra Para leer al Pato Donald.)
En su conjunto estos referentes han construido desde la economía política una herramienta analítica fundamental que trasciende el mero análisis de contenidos, la coyuntura electoral o la simple organización social del futuro basada en datos y algoritmos.
Esto es especialmente importante de cara a la sociedad del futuro, si se considera que toda organización que no articula a su base, descuida sus tareas de fondo y no está comprometida con transformar social y económicamente su colectividad, queda con una opción: resignarse a ver caer el auge conquistado cuando realizaba las modificaciones graduales y continuas del sistema, teniendo así que asimilar el regreso a peligrosos evolucionismos democráticos de viejo cuño para subsistir. Con independencia controlada y sin autonomía.
Estos autores demuestran, gústenos o no, disimulemos o lo decoremos, cómo las mayorías sociales siguen traumatizadas por siglos de despojos y exclusión sistemática. Sea en Brasil, Paraguay, México, Honduras, Costa Rica o Panamá, buscan certezas en la retórica de sus traumatizadores, frente a palabras absolutizadas por el “socialismo” democrático, la democracia de alternancia, la “institucionalidad” democrática, etc.
Este aparato conceptual – nos dirían algunos de estos autores – funciona como un dispositivo de alienación: la élite reproduce las condiciones de vulnerabilidad de quienes subsisten de la venta de su trabajo utilizando la opacidad y la ambigüedad discursiva. Lejos de ser neutral, este lenguaje opera como un control de la economía y la política, diseñado para institucionalizar la sumisión y asegurar así la estabilidad del orden social vigente.
De esta manera, el “relato” que nos cuenta la CNN, La Nación, El País de España sobre constantes alijos quitados al narcotráfico, la crisis de la seguridad ciudadana, la confrontación entre el Ejecutivo y el Poder Judicial, la “negligencia” de un excanciller etc., es la parte superficial del discurso o la pequeña punta visible del gran iceberg bajo el hielo, el que alguna vez Ernest Hemingway elevó a teoría literaria.
Estos grupos saben perfectamente hasta dónde llevar sus presuntas contradicciones, para mantener entre las masas la creencia de que si no son cuidadas como el pastor vigila a sus ovejas perecerán frente al lobo goloso; con ello refuerzan además la ilusión de que en democracia – al menos como la conocemos desde hace años – todo es posible alcanzarlo con esfuerzo y trabajo.
Si ellos nos enseñaran que desde aquellos días en que los criollos y sus descendientes optaron por un modelo que colapsaría si no generara pobreza, enfermos, gente sin casa, justicia lenta e instrumentalizada, inseguridad y violencia social etc., entonces el lobo desaparecería de nuestra vida.
El mantra, transmitido por generaciones, también habría desaparecido.
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