Cuando la Constitución debe ser leída en voz alta, es porque alguien ha dejado de escucharla.
Por Jaime E. García González, Dr. sc. agr. Profesor catedrático jubilado de la UCR y la UNED. Miembro de la Red de Coordinación en Biodiversidad (RCB) y de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad y la Naturaleza de América Latina (UCCSNAL).
Hay discursos que pasan inadvertidos y hay otros que quedan registrados como una advertencia para la historia. Las palabras pronunciadas por el magistrado Jorge Araya García pertenecen a esta última categoría. No fueron el producto de la exaltación, la improvisación o el cálculo político. Fueron, por el contrario, el recordatorio sobrio y contundente de una verdad elemental: en una república, nadie está por encima de la Constitución.
La escena resultó tan insólita como reveladora. Un magistrado de la Sala Constitucional se vio obligado a recordarles al presidente de la República y a una de sus ministras el contenido de los artículos 148 y 149 de la Constitución Política, es decir, las normas que establecen la responsabilidad de quienes ejercen el poder.
«Señor Chaves, usted juró defender la Constitución y las leyes. ¿O me equivoco?»
La pregunta cayó como un rayo en medio de un clima político caracterizado por la confrontación permanente, el descrédito sistemático de las instituciones y la creciente costumbre de presentar cualquier límite constitucional como si se tratara de un obstáculo para la voluntad del gobernante.
Pero el magistrado no emitió una opinión. Hizo algo mucho más grave y, al mismo tiempo, mucho más sencillo: leyó la Constitución.
Recordó el contenido del artículo 148, según el cual el presidente de la República es responsable del uso de las atribuciones que la Constitución le confiere y los ministros son responsables, junto con él, de las decisiones adoptadas. Más adelante, citó el artículo 149 y recordó que el presidente y sus ministros son responsables cuando impidan u obstaculicen el ejercicio de las funciones propias del Poder Judicial o cuando, por acción u omisión, violen una ley expresa.
No se trata de disposiciones secundarias ni de simples formalidades jurídicas. Constituyen el núcleo mismo del sistema republicano. Sin ellas, el poder dejaría de estar sometido a la ley y la democracia quedaría reducida a un simple ejercicio de fuerza política.
Lo preocupante es que el incidente no puede entenderse como un hecho aislado. Forma parte de un proceso más amplio y más peligroso: la normalización del ataque a las instituciones de la República. El problema ya no radica únicamente en la existencia de desacuerdos políticos, algo natural en cualquier democracia, sino en la tentativa de erosionar la legitimidad de los órganos encargados de ejercer controles sobre el poder.
Cuando se desacredita a los jueces, se ridiculiza a la prensa, se menosprecia a las universidades y se debilita a los organismos de control, no se fortalece la democracia; se la vacía de contenido.
La estrategia no es nueva. Ha sido aplicada innumerables veces en distintas latitudes. Primero se identifica un adversario. Después se le atribuyen todos los males del país. Más tarde se alimenta el resentimiento y se promueve la idea de que el gobernante encarna la voluntad popular y que, por lo tanto, cualquier límite a su autoridad constituye una forma de sabotaje. Finalmente, la legalidad es presentada como un estorbo y la institucionalidad como un enemigo.
La historia demuestra que los regímenes autoritarios no suelen derribar las instituciones de un solo golpe. Prefieren debilitarlas poco a poco, desacreditarlas ante la opinión pública y privarlas de los recursos necesarios para cumplir sus funciones. Cuando la ciudadanía comprende lo que está ocurriendo, el daño ya suele ser considerable.
Por esa razón, las palabras finales del magistrado Araya adquirieron un significado que trasciende la coyuntura política:
«¿Qué podemos esperar? ¿Seguirá otro recorte? ¿Cuándo será? ¿Nos dejará terminar el año?».
No era la voz de un funcionario defendiendo un presupuesto. Era la voz de un juez defendiendo la independencia del Poder Judicial frente a las presiones del poder político.
Y conviene decirlo con absoluta claridad: la independencia judicial no existe para proteger a los jueces, sino a los ciudadanos. Sin ella, la ley deja de ser un límite para el poder y se convierte en un simple instrumento de conveniencia.
La advertencia del magistrado también encierra una amarga paradoja. Un presidente que juró respetar la Constitución tuvo que escuchar, desde la más alta magistratura constitucional del país, la lectura de los artículos que definen los límites de su propio cargo.
Tal vez el momento más revelador haya sido aquel en que el magistrado expresó: «No estoy haciendo ningún juicio de valor; se los voy a leer». La frase contiene una enorme carga simbólica. Cuando la sola lectura de la Constitución se transforma en un acto de resistencia, es porque algo fundamental está ocurriendo en la vida política de una nación.
Costa Rica no puede darse el lujo de tratar estos episodios como simples anécdotas. Lo que está en juego no es la reputación de un gobierno ni la imagen de un magistrado. Lo que está en juego es la vigencia misma del pacto republicano.
Porque la Constitución no es un consejo, una recomendación ni una declaración de buenas intenciones. La Constitución es un límite. Y cuando el poder comienza a considerar los límites como una afrenta, la democracia empieza a caminar por un terreno extremadamente peligroso.
Los abajo firmantes, miembros de la Iglesia católica y como personas comprometidas con la vida pastoral y el bien común de nuestro país, manifestamos nuestra cercanía fraterna, respeto y solidaridad con el padre Jeison Víquez Acuña, Vicario Parroquial de San Blas de Nicoya y con toda nuestra Iglesia. Nos identificamos con las palabras pronunciadas por el sacerdote durante los actos conmemorativos de la Anexión del Partido de Nicoya a Costa Rica, el pasado 25 de julio. Por ellas, nuestro hermano sacerdote ha sido el objeto de una injustificada campaña mediática que no solo nos preocupa, sino que nos llama a la reflexión.
Padre Jeison Víquez Acuña en la fecha de su ordenación en 2024. En la imagen está junto a Monseñor Manuel Eugenio Salazar, Obispo de Tilarán.
Lo hacemos movidos por el espíritu de comunión que caracteriza a la Iglesia y por la convicción de que sus ministros están llamados a anunciar el Evangelio con fidelidad, iluminando la realidad desde la Palabra de Dios y el Magisterio de la Iglesia. Cuando un sacerdote recuerda los principios de la dignidad humana, la justicia, la paz, el bien común, la responsabilidad de quienes ejercen la autoridad y la reconciliación entre los pueblos, no expresa simplemente una opinión personal; es una voz que forma parte de la Doctrina Social de la Iglesia y de su permanente misión evangelizadora.
La Constitución Política de Costa Rica reconoce el lugar histórico de la Iglesia católica en la vida nacional, mientras que el orden democrático garantiza plenamente la libertad religiosa y la libertad de expresión. Ambas libertades permiten que la Iglesia continúe ofreciendo, con respeto y sin pretensión de imponer criterios, una reflexión moral, inspirada en el Evangelio, sobre aquellas realidades que afectan la vida de las personas y de la sociedad. Esta misión no responde a intereses partidarios ni a coyunturas políticas, sino al mandato recibido de Cristo de anunciar la verdad, promover la justicia y servir a la reconciliación.
La Constitución Pastoral Gaudium et Spes (n. 76) reconoce la legítima autonomía de la comunidad política, pero afirma la misión de la Iglesia de emitir un juicio moral cuando lo exijan los derechos fundamentales o la salvación de las personas.
La discrepancia es parte de la vida democrática; sin embargo, ella debe ejercerse siempre dentro del respeto mutuo, sin descalificaciones personales ni intentos de desacreditar la misión pastoral de quienes sirven al pueblo de Dios.
Recordamos también las palabras pronunciadas por monseñor Javier Román Arias en la Basílica de Nuestra Señora de los Ángeles, al inicio del actual período constitucional, cuando exhortó a quienes recibían la responsabilidad de gobernar a ejercer la autoridad como un servicio al pueblo, con humildad, respeto por la institucionalidad democrática, búsqueda del diálogo y compromiso con la justicia y el bien común. Aquella exhortación pastoral mantiene hoy plena vigencia y constituye una expresión del servicio que la Iglesia sigue ofreciendo a la sociedad costarricense.
En la misma línea, el Santo Padre León XIV ha insistido en diversas ocasiones en que la Iglesia está llamada a ser signo de unidad en un mundo marcado por las divisiones, promoviendo una cultura del encuentro, del diálogo respetuoso y de la fraternidad, rechazando toda forma de odio, exclusión o polarización que fracture a los pueblos y debilite la dignidad de las personas.
Invitamos a los creyentes, más allá de sus opciones políticas, a poner sus energías al servicio de los valores del Reino, que trasciende todo proyecto político y sitúa en el centro a los más pobres, como nos lo recuerda el Papa León XIV en la exhortación apostólica Dilexit te.
Por todo ello, aprovechamos esta ocasión para expresar nuestro reconocimiento a todos los sacerdotes, religiosos, religiosas y agentes de pastoral que, con prudencia, caridad y fidelidad al Evangelio, continúan ejerciendo su misión profética al servicio de Costa Rica.
En las fechas de la celebración nacional en honor a Nuestra Señora de los Ángeles, Patrona de Costa Rica, renovamos nuestra oración por el llamado de los obispos en favor de la unidad entre los costarricenses y de la protección del orden institucional. En momentos en que el mundo y nuestra patria enfrentan profundas tensiones sociales, económicas y culturales, el camino no puede ser el de la polarización permanente, sino el del encuentro, la escucha y la búsqueda sincera del bien común.
Pedimos a Nuestra Señora de los Ángeles que interceda por nuestra patria, para que fortalezca nuestra convivencia pacífica, inspire a quienes ejercen responsabilidades públicas y nos conceda a todos la sabiduría necesaria para construir una nación reconciliada, donde el respeto, la verdad, la justicia y la paz prevalezcan sobre toda forma de división.
En Cristo y bajo el amparo de Nuestra Señora de los Ángeles,
Javier Hernández Quirós, cmf. Prefecto de Apostolado, Misioneros Claretianos de Centroamérica.
Daniel Monge Sandoval, Centro Bíblico Claretiano «Para que tengan vida».
Gustavo Meneses Castro, Diócesis de Puntarenas, Secretario Ejecutivo de la Pastoral de Movilidad Humana, Conferencia Episcopal de Costa Rica.
José Manuel Díaz Cantero, Arquidiócesis de San José.
Glenn Gómez Álvarez, Arquidiócesis de San José.
Marco Antonio Oviedo Núñez, Diócesis de Alajuela.
Rigoberto Segura Godoy, Catedral de Puntarenas.
Ricardo Brenes Méndez, Diócesis de Puntarenas.
Miguel Rojas Castillo, Diócesis de Puntarenas.
Luis Carlos Aguilar Badilla, Diócesis de Puntarenas.
Mario García Montoya, Diócesis de Puntarenas.
Rafael Aragón Marina, CENDHU.
Alexander Alfaro Chavarría, Parroquia de Esparza, Diócesis de Puntarenas.
Erick Marín Carballo, Franciscanos Conventuales, Colegio Saint Francis, Moravia.
Edgar Muñoz Fonseca, Arquidiócesis de San José.
Arturo Morales Funcín, Arquidiócesis de San José.
José Eduardo Bolívar Rojas, Diócesis de Tilarán-Liberia.
Rodolfo Araya Rojas, Parroquia de Liberia, Diócesis de Tilarán-Liberia.
Diác. Francisco Venegas Castro, Parroquia de Tilarán, Diócesis de Tilarán-Liberia.
Diác. Mark Vincent Valenzuela Giera, Diócesis de Tilarán-Liberia.
Elkin Eduardo López Alfaro, Diócesis de Tilarán-Liberia.
Fray Oscar Alvarado Rojas, Terciario Capuchino.
Diác. Allan Siles Ríos, Arquidiócesis de San José.
Félix Ríos Gadea, Laico de la Diócesis de Tilarán y miembro de la Pastoral de Movilidad Humana.
Abelardo Morales Gamboa, Catedrático Universitario, Miembro del Equipo de apoyo a la Pastoral de Movilidad Humana.
Juan José Romero Zúñiga, Catedrático de la Universidad Nacional.
Rafael Ángel Villalobos Segura, Solidaridad y Misión, Centroamérica.
Magaly Zúñiga Céspedes, Psicóloga, Investigadora, Equipo de apoyo a la Pastoral de Movilidad Humana.
Gabriel Putoy Cano, CENDHU.
Hazel María Jiménez Eduarte, Parroquia de Guadalupe, Arquidiócesis de San José.
Fidelina Mena Corrales, Abogada defensora de Derechos Humanos.
Martha Zulay Castro Calderón, Parroquia del Roble, Diócesis de Puntarenas.
Adriana Elizondo Vargas, Parroquia de Esparza, Diócesis de Puntarenas.
Mayela Bolívar González, Parroquia de Parrita, Diócesis de Puntarenas.
Ricardo Meneses Castro, Parroquia de Bagaces, Diócesis de Tilarán-Liberia.
Nancy Sing Ávila, Parroquia Bethania, Arquidiócesis de San José.
Saúl Vidal Valerín Chévez, Parroquia Parrita, Diócesis de Puntarenas.
Erick Jiménez Madrigal, Parroquia de la Gloria de Puriscal, Arquidiócesis de San José.
Róger Edward Meneses Castro, Parroquia de Turrialba, Diócesis de Cartago.
Juan Carlos Sing Ávila, Parroquia de Cañas, Diócesis de Tilarán-Liberia.
Marjorie Ávila Salas, Arquidiócesis de San José.
Eugenia Ávila Chavarría, San Ramón de Alajuela.
José Antonio Arley Arley, Arquidiócesis de San José.
Marta Ávila Solera, Arquidiócesis de San José.
Manrique Ávila Cerdas, Arquidiócesis de San José.
Narciso Ávila Cerdas, Arquidiócesis de San José.
Ileana Ávila Cerdas, Arquidiócesis de San José.
Ingrid Alfaro Ávila, Arquidiócesis de San José.
Randall Alfaro Ávila, Arquidiócesis de San José.
Siulam Li Jiménez, Arquidiócesis de San José.
Dyala Apuy Ocampo, Arquidiócesis de San José.
Sandra Ávila Cerdas, Arquidiócesis de San José.
Celeste Murillo Meneses, Parroquia Corazón de Jesús, Heredia.
Karolina Ávila Valverde, Arquidiócesis de San José.
Kattia Sing Ávila, Arquidiócesis de San José.
Fernando Alfaro Ávila, Arquidiócesis de San José.
Diego Pérez Vásquez, Parroquia Bethania, Arquidiócesis de San José.
Andrés Pérez Sing, Parroquia Bethania, Arquidiócesis de San José.
María Fernanda Alfaro Solís, San Carlos de Alajuela.
María del Rocío Meneses Castro, Parroquia Corazón de Jesús, Heredia.
Néstor Zúñiga Pereira, Parroquia San José en Parrita, Diócesis de Puntarenas.
Juan Carlos Mora Sánchez, Parroquia San José en Parrita, Diócesis de Puntarenas.
María Esther Céspedes Morales, Parroquia S. Juan de Tibás, Arquidiócesis de San José.
Germán Pochet Ballester, Parroquia Santa Bárbara de Pavas, Arquidiócesis de San José.
Luis Fernando Carvajal Ortiz, Parroquia de Esparza, Diócesis de Puntarenas.
Juan Ignacio Torres Carvajal, Parroquia de Tambor, Diócesis de Alajuela.
Ana Isabel Umaña Araya, Centro Claretiano de Ayuda al Migrante, San José.
María Alejandra Villalobos De Ycaza, Juventud Claretiana, Heredia.
Lucía Villalobos De Ycaza, Juventud Claretiana, Heredia.
Esteban Villalobos De Ycaza, Juventud Claretiana, Heredia.
Orlando Navarro Rojas, director del Hogar de la Esperanza, Paso Ancho.
Beatriz De Ykaza Vélez, Arquitecta, Heredia.
María Auxiliadora Chávez Loáisiga, San Juan de Dios de Desamparados, Centro Claretiano de Atención al Migrante.
Dulce Umanzor Alvarado, Abogada, Activista por los derechos humanos, Puntarenas.
Giselle Zamora Arroyo, Moravia, Centro Bíblico Claretiano «Para que tengan Vida».
Carmen María Conejo Solera, San Francisco de Guadalupe, Centro Claretiano de Atención al Migrante.
Rocío Hernández Salazar, Centro Claretiano de Atención al Migrante, San José.
Giselle Fernández Salazar, Centro Claretiano de Atención al Migrante, San José.
Lilliana Montoya Conejo, Centro Claretiano de Atención al Migrante, Aurora de Heredia.
Randall Rivera Rodríguez, Centro Claretiano de Atención al Migrante, Aurora de Heredia.
José Francisco Brenes Quirós, Centro Claretiano de Atención al Migrante, Calle Blancos.
Margarita Murillo Montoya, Centro Bíblico, San Francisco de Goicochea.
Mariano Sáenz Vega, Encuentro Ecuménico, San José.
La comunidad cultural y médica de Costa Rica despide al Dr. Juan Jaramillo Antillón con eterna gratitud.
Juan Jaramillo Antillón fue nuestro muy querido colaborador durante una década y acaba de dejarnos
La muerte del Dr. Juan Jaramillo Antillón, colaborador y escritor de esta publicación, Meer en español, deja un vacío enorme, cultural y humanista en estas páginas, pero especialmente en la cultura nacional, en la medicina y la seguridad social costarricense.
Nació hace 91 años, cuando en Costa Rica no se había fundado la Caja Costarricense del Seguro Social, cuando apenas tenía cuatro años de haberse creado el Ministerio de Salubridad Pública, y cuando la expectativa de vida de los costarricenses apenas rondaba los 40 años.
Su niñez y adolescencia le ubicaron en los acontecimientos bélicos terribles de las décadas de 1930 y 1940, la Guerra Civil Española y la Segunda Guerra Mundial, en el impacto que ambos eventos tuvieron en el país, y en las dificultades políticas e institucionales que se dieron en el país, al calor de esos sucesos.
Con el ascenso al gobierno del Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia en 1940, en plena guerra mundial, se creó la Universidad de Costa Rica, sin Facultad ni estudios de Medicina en esos años, y se creó la Caja Costarricense del Seguro Social, que inició la protección masiva en el campo de la salud de los costarricenses, permitiendo la atención médica de los trabajadores, inicialmente, y luego de sus familiares hasta su universalización.
El joven, entonces Juan Jaramillo Antillón, con deseos de estudiar medicina, estaba a la expectativa de lo que se ofrecía a estudiantes costarricenses en aquellos años: en Nicaragua, en El Salvador, en Guatemala; algunos lo hacían hacia Argentina, otros hacia México, Estados Unidos y los que mayor capacidad económica tenían, hacia Europa. Las becas que daba el Estado en esos años fueron escasas. Así, dispuesto a formarse como médico, se dirigió a la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, donde concluyó sus estudios con los máximos honores en 1959. En esos años, la Universidad de Costa Rica apenas vislumbraba esos estudios, cosa que era una exigencia nacional en cuanto se habían establecido los seguros sociales y se demandaba una formación importante de médicos.
La Escuela de Medicina se instituyó el 25 de agosto de 1947, cuando el Congreso de la República así lo dispuso, pero su apertura quedó sujeta hasta que el Colegio de Médicos así lo estimara necesario y conveniente. Así, la Asamblea Universitaria durante ocho años, desde 1953 hasta el 6 de marzo de 1961, le dio forma y contenido al plan de estudios de la Escuela y Facultad de Medicina, inaugurándose en 1961 para sus primeros estudiantes, graduándose su primera promoción en 1965.
A partir de allí le siguieron sus pasos la Escuela de Enfermería en 1977, anexa a la Escuela de Medicina. Más tarde, en 1980, la Carrera de Nutrición se constituye en Escuela de Nutrición, para que finalmente, en 1996, se cree la Escuela de Salud Pública y, en 2004, la Escuela de Tecnologías en Salud, completando las unidades académicas encargadas de la formación de profesionales y especialistas en estas disciplinas. Su hermano, Orlando, también estudió medicina y fue el sexto decano de la Facultad de Medicina.
A su regreso de México, el Dr. Juan Jaramillo hizo su residencia médica en los hospitales de la Caja Costarricense del Seguro Social. La medicina como ejercicio privado era muy reducida. No se habían constituido escuelas de medicina privadas ni desarrollado hospitales privados, excepto la Clínica Bíblica en 1929.
En 1963 obtuvo el Dr. Jaramillo su título de especialista en cirugía general. Siguió estudiando y profundizando en el campo de la medicina y volvió a México, donde obtuvo, en el Centro Médico Nacional del Seguro Social, en el Distrito Federal, en 1966, el postgrado en gastroenterología quirúrgica y proctología.
De nuevo en Costa Rica, se integró a la Caja Costarricense del Seguro Social y en 1970, por dos años, se desempeñó como jefe de la Clínica de Cirugía General del Hospital México, entonces uno de los hospitales más modernos que funcionaban en el país.
A partir de esos años, una brillante carrera en el campo de la medicina lo llevó a la Jefatura del Servicio y de la Sección de Cirugía del Hospital Rafael Calderón Guardia del Seguro Social de Costa Rica de 1973 a 1998 y a ser profesor de la Cátedra de Cirugía de la Escuela de Medicina de la Universidad de Costa Rica, a la cual estuvo ligado durante 33 años.
En este caminar fue profesor instructor, profesor asociado y finalmente catedrático de medicina en la Escuela de Medicina de la Universidad de Costa Rica.
Su ejercicio profesoral hizo que varias generaciones de médicos le dedicaran su graduación, siendo hasta 1990 el que más reconocimientos en este sentido había tenido.
En 1993, la Facultad de Medicina le distinguió reconociéndole su destacada labor en la difusión de los valores institucionales, declarándole también en 1996 profesor emérito de la Universidad de Costa Rica. El cuerpo médico nacional en siete ocasiones le dedicó la celebración de los congresos médicos nacionales de Costa Rica y de Centroamérica.
Durante el período de gobierno de Luis Alberto Monge Álvarez, 1982-1986, fue ministro de Salud. Su vida profesional fue reconocida por la Academia Nacional de Medicina y Cirugía de Costa Rica. Ha sido declarado Miembro de Honor de la Unión Médica Nacional, el sindicato de los médicos, de la Asociación Nacional de Salud Pública de Costa Rica, de la Asociación de Cirugía y de la Asociación de Coloproctología de Costa Rica, de la Academia Nacional de Medicina y de la Academia Nacional de Historia de la Medicina de Costa Rica. Sus reconocimientos le han dado 42 premios y honores. El gobierno del Dr. Miguel Ángel Rodríguez, en el año 2002, lo declaró Médico distinguido de Costa Rica.
El Colegio de Médicos de Costa Rica en su Memoria, de 150 años de existencia de dicho Colegio, lo declaró unos de los 35 médicos más destacados que ha tenido el país en ese tiempo de su existencia. También el Gobierno de Costa Rica, el Ministerio de Salud y la ministra de Salud le concedieron la Medalla al Mérito Salubrista Dr. Solón Núñez Frutos en el año 2010.
La International Health Medical Consortium, constituida por las principales Escuelas de Medicina de los Estados Unidos y Canadá, le concedió el Distinguished Health Medical Consortium por sus trabajos y publicaciones para mejorar la calidad de la enseñanza de la Medicina en Costa Rica y América Latina, con las cuales se ha distinguido como un gran historiador de la medicina y la seguridad social nacional, y como un gran humanista por la divulgación de sus artículos sobre temas universales.
Recibió el Diploma de Notable, dado por el Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica, por méritos en el campo de la docencia, la ética, la moral, la investigación científica y como pionero en la educación médica continua.
En 1994. Recibió el Premio Áncora en Ciencias. Concedido por el periódico La Nación, de Costa Rica. Igualmente recibió los Premios Nacionales Aquileo J. Echeverría, en el campo del ensayo, y el Premio Nacional de Cultura MAGON, ambos dados por el Ministerio de Cultura de Costa Rica, siendo el Premio MAGON la más alta distinción que se le hace a una persona en Costa Rica, que destaca por su obra y su aporte a la cultura nacional.
Su obra bibliográfica comprende 35 libros en las editoriales de la Universidad de Costa Rica. La Universidad Estatal a Distancia de Costa Rica, la Editorial del Seguro Social de Costa Rica y la Editorial Académica Española, donde aborda distintos temas de medicina, salud, ciencias, filosofía, biografías, historia universal, antropología y cultura.
Su obra comprende también 37 folletos sobre medicina, salud y seguridad social y más de 80 artículos científicos en revistas nacionales o internacionales, así como casi 300 artículos divulgados en los periódicos costarricenses La Prensa Libre, La Nación y en la revista internacional Meer.
Tuvo una intensa participación en 130 congresos médicos, de salud o de seguridad social. Nacionales o internacionales, como ponente, expositor de trabajos o conferencista.
Quienes tuvimos oportunidad de tratarlo siempre encontramos en él a la buena persona, al gran científico y humanista que fue, al hombre bondadoso, sencillo, afable, solidario, preocupado por los problemas sociales y universales, al buscador permanente de la Verdad.
Su reciente fallecimiento ha dejado un gran vacío emocional en quienes lo trataron, cultivaron su amistad y le siguieron devotamente como fanáticos culturales de sus escritos y pensamientos.
Para la sociedad costarricense fue la pérdida de una mente brillante, de un ser humano extraordinario y excepcional, de una luz que no dejará de brillar, de esa persona que siempre vivirá en nuestro pensamiento y en nuestros corazones.
Se le recordará también como el hombre sabio, culto, de una curiosidad ilimitada e insaciable y por su entrega devota al servicio de la salud pública. Físicamente lo extrañaremos, pero su huella y su condición de humanista son indelebles. Nos dejó su legado; parte de él ocupa su espacio en la Nueva Gran Biblioteca de Alejandría desde el 2002 y la publicación Who’s Who in the World. 2003. 20 Editions.
La cultura costarricense perdió físicamente a uno de sus mejores intelectuales, hombre de ciencias, humanista, una gran persona y gran costarricense.
Nicolas Boeglin Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, UCR nboeglin@gmail.com
Este 31 de julio, se dio a conocer el primer sondeo informal entre los 15 integrantes del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas con relación a los candidatos/as en competencia para ocupar la Secretaría General de Naciones Unidas a partir de enero del 2027.
Cabe recordar que además de los cinco Estados Miembros Permanentes (China, Estados Unidos, Francia, Reino Unido y Rusia), en la actualidad los demás Estados que integran el Consejo de Seguridad son: Bahrein, Colombia, Dinamarca, Grecia, Letonia, Liberia, Pakistán, Panamá, Somalia, y República Democrática del Congo.
Para la única silla a ocupar de Secretario General a partir de enero del 2027, son 8 las candidaturas oficialmente inscritas (véase enlace oficial de Naciones Unidas con el detalle cada una de ellas). A notar que únicamente las candidatas oriundas de Costa Rica y de Guyana así como los nativos de Argentina y de Uganda han sido postuladas/os por sus propios Estados. En el caso de la candidata nativa de Chile, fue en un primer momento postulada conjuntamente por Chile, Brasil y México (véase carta conjunta): el 24 de marzo del 2026, las nuevas autoridades electas en Chile anunciaron retirarle su apoyo (véase nota de Reuters). Otra candidata oriunda también de Argentina, postulada por Maldivas, al parecer se retiró de la contienda, al no aparecer su nombre en el primer sondeo realizado en el Consejo de Seguridad.
En el caso de las candidaturas provenientes de América Latina, el primer Estado en postular formalmente a su candidato fue Argentina en diciembre del 2025 (véase carta), seguido luego por Chile, Brasil y México en febrero del 2026 y finalmente Costa Rica en el mes de marzo del 2026 (véase carta).
Resulta oportuno añadir que desde su creación en 1945, la Secretaría General de Naciones Unidas siempre ha recaído en un hombre, y que son muchas las regiones en el mundo que consideran que ha llegado el momento de que sea una mujer la que ostente la máxima posición dentro del organigrama de Naciones Unidas: pese a la cacofonía de la región latinoamericana en otras temáticas, las recientes cumbres de América Latina realizadas en el 2025 en el marco de la cumbre China-CELAC y UE-CELAC así lo reflejaron (Nota 1).
Breve puesta en contexto
En este 2026, pese al estruendo de las bombas y a la destrucción total de localidades, al desplazamiento de grandes cantidades de civiles que huyen bombardeos indiscriminados, a las lágrimas de incomprensión y de desesperación de muchos de ellos al volver y descubrir lo que eran sus barrios convertidos en un campo de ruinas y al irrespeto reiterado de las reglas más elementales del derecho internacional público por parte de varios Estados en estos últimos años, Naciones Unidas aparece como el único foro global con el que cuentan los integrantes de la comunidad internacional.
Ignorar las normas del ordenamiento jurídico internacional, cuestionar su utilidad así como la de los mecanismos internacionales, atacar el multilateralismo de Naciones Unidas, votar en contra de una norma fundamental como la prohibición de la tortura, desacatar decisiones de la CIJ, son acciones que responden todas a un mismo objetivo, fomentado por Estados Unidos y otros Estados (en particular desde la llegada de su actual ocupante a la Casa Blanca): volver a la denominada “ley de la selva”, y a la trágica época imperial que experimentó el mundo, en particular en el siglo XIX. Sobre este último punto, no es para nada una coincidencia si algunas declaraciones escuchadas desde el 20 de enero del 2025 en la Casa Blanca sobre Canadá, Cuba, el Canal de Panamá, Groenlandia, Irán o Venezuela, recuerdan la narrativa y la lógica de los emperadores de antaño.
En ese sentido, recordar en este mes de julio del 2026 la importancia del derecho internacional y de la justicia internacional, únicas brújulas con las que cuenta nuestra convulsionada sociedad internacional, cobran una particular relevancia. En particular al observarse en Estados Unidos a un mandatario empecinado, como nunca visto antes, en ordenar sanciones contra el personal de una jurisdicción internacional como la Corte Penal Internacional (CPI) y ello desde su llegada a la Casa Blanca al iniciarse el año 2025, y al vivirse un período en el que varios dirigentes en América Latina (así como en otras partes del mundo) la emprenden a nivel nacional contra el Poder Judicial, y más generalmente contra las entidades nacionales e internacionales a cargo de fiscalizar el aparato estatal y de proteger las libertades fundamentales de sus ciudadanos.
Al respecto, resulta de cierto interés observar que Estados cuyos mandatarios despotrican contra el multilateralismo y contra la Agenda 2030 de Naciones Unidas, y vituperan con gran frecuencia contra los mecanismos existentes en materia de derechos humanos, presenten candidaturas oficiales para ocupar la silla del funcionario que ostentará la máxima posición dentro de la estructura organizacional de Naciones Unidas.
Los resultados obtenidos en breve
En este enlace se pueden leer los resultados obtenidos por cada uno/a de los candidatos(as), encabezando con 10 votos favorables la candidata postulada por Costa Rica, seguida de 9 votos favorables por la candidata de Guyana, y de 7 el candidato propuesto por Argentina, al tiempo que la candidata chilena iguala el número de votos favorables (6) con el ex Presidente de Senegal, postulado por Burundi: este último reúne la mayor cantidad de votos desfavorables (7), por lo que deberá multiplicar gestiones de cara al segundo sondeo previsto dentro de algunas semanas o dar por concluida su participación y abandonar la contienda.
La candidata ecuatoriana (postulada por Antigua y Barbuda), quien fungió como Presidenta de la Asamblea General de Naciones Unidas en el 2018, por su lado registra la mayor cantidad de «sin opinión«, lo cual evidencia que no ha logrado dar a conocer su visión sobre la organización, como los demás contendientes. Finalmente, el candidato presentado tardíamente por Uganda (el pasado 25 de julio, véase carta de postulación) debería decidir si intensifica sus gestiones en los diversos espacios existentes para darse a conocer, o si debería dar por terminada su efímera participación desde ya.
Imagen de tablero extraída de las redes sociales sobre los resultados del primer sondeo informal en el seno del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas
La candidata de Costa Rica reúne la mayor cantidad de votos a favor, sin que se conozca la identidad exacta de los Estados que la apoyan ni tampoco la del Estado que le recomienda no continuar.
Lo que sigue
Este primer sondeo abre un secuencia de sondeos informales que se van a realizar dentro del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en las próximas semanas: la secuencia permitirá medir y confortar el apoyo (o bien, al revés, la reprobación) para que continúen (o al contrario, abandonen) esta contienda algunos/as candidatos. La progresión numérica que se lea entre el primer y segundo sondeo será decisiva para los finalistas de esta contienda, al tiempo que la regresión numérica deberá ser entendida por algunos/as candidatos/as para retirarse a tiempo de la misma.
Es una vez confortada una sola candidatura, que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas la tramitará a la Asamblea General para su aprobación por aclamación.
Como siempre en una competencia, iniciar en posición favorable una contienda no necesariamente equivale a garantizar llegar en primera posición.
Con relación a los números de unos/as y otros/as, es de notar que no se conoce la identidad de los Estados que se manifestaron mediante una «opinión desfavorable«, y el hecho que puedan ser uno o varios Estados Miembros Permanentes del Consejo de Seguridad se mantiene como una interrogante muy válida.
Tuvimos al respecto la ocasión de señalar que con el segundo sondeo, la candidata de Costa Rica en el mes de agosto del 2016 ya podía pensar en abandonar la contienda, al ver aumentando de un sondeo a otro el número de opiniones desfavorables (Nota 2). Los resultados del tercer sondeo (reuniendo 12 votos desfavorables) resultaron innecesariamente negativos para la candidata costarricense, cuyo perfil no se adecuó nunca al todo al perfil de todos los secretarios generales anteriormente electos en Naciones Unidas: a saber, personas que a lo largo de su trayectoria personal, ocuparon puestos ministeriales en su Estado de origen o han sido Jefe de Gobierno (como el actual Secretario General nativo de Portugal, y que ganó cómodamente esta contienda del 2016, su antecesor, ex canciller de Corea del Sur, así como el hasta ahora único Secretario General de Naciones Unidas oriundo de América Latina, ex canciller de Perú).
Toma extraída de esta nota de prensa de UNDispatch sobre resultados obtenidos en Nueva York a raíz del tercer sondeo confidencial realizado el 29 de agosto del 2016 de cara a la designación de un Secretario General de Naciones Unidas, en los que la candidata de Costa Rica registra un total de 12 opiniones desfavorables.
A modo de conclusión
Como bien se sabe, en Naciones Unidas, las normas que se mantienen incólumes desde 1945, permiten que uno de los cinco Miembros Permanentes del Consejo de Seguridad (China, Francia, Estados Unidos, Reino Unido o Rusia) pueda recurrir a su derecho a veto para frenar las aspiraciones de los candidatos que no cuenten con su apoyo. Se trata de una prerrogativa con la que no cuentan estos cinco Estados para la designación de los jueces de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) (Nota 3).
Al respecto, cabe recordar que el mandato de un Secretario General es de cinco años, y puede ser reconducido por cinco años más. Con la notable excepción de Boutros Boutros Gali, de Egipto, con un único mandato (enero 1992 – diciembre 1996), todos los demás titulares fueron siempre reelectos para un segundo mandato consecutivo. La no reelección de Boutros Boutros Gali se debió al único voto en contra por parte de Estados Unidos en el seno del Consejo de Seguridad (véase al respecto esta nota de finales de 1996): la sesión de aquella fría noche de invierno del 13 de diciembre de 1996 fue descrita por quién fungió como su Jefe de Gabinete como sigue:
“13 Décembre 1996: Mme Madeleine Albright, Représentant permanent des Etats Unis à l´ONU, sort la première de la Séance officielle privée du Conseil de Sécurité (3725ème séance). Il est 20h 30. Elle passe, sans un mot, devant la presse diplomatique regroupée devant la longue tapisserie de Picasso représentant le massacre de Guernica. Quelques journalistes peuvent entendre un membre de sa délégation leur souffler « We did it » »(Nota 4).
Menos de una semana después, Kofi Annan, oriundo de Ghana, era electo Secretario General de Naciones Unidas, el 19 de diciembre de 1996.
Dada las fuertes tensiones que experimenta Naciones Unidas en su relación con Estados Unidos desde el mes de enero del 2025, y el carácter imprevisible del actual ocupante de la Casa Blanca, es probable que el actual mandatario norteamericano busque la manera de complicar la elección del (o de la) futura Secretario (a) General, con algún capricho personal o provocación en esta recta decisiva.
– -Notas – –
Nota 1: Durante la última cumbre China / CELAC, realizada en China en el mes de mayo del 2025 (véase texto completo colgado por la diplomacia de Colombia) el punto 13 se lee como sigue:
«13. China toma nota de la posición de los países de la parte de ALC de que ha llegado el momento para que una persona nacional de un Estado de América Latina y el Caribe asuma la Secretaría General de las Naciones Unidas, considerando que, de los nueve secretarios generales que ha tenido la ONU hasta la fecha, sólo uno ha sido originario de la región».
En la parte final de esta declaración final, se indica que el punto siguiente (el punto 14) no contó con la aprobación de Costa Rica (sin que se tenga explicación oficial alguna desde entonces) y que Argentina consideró oportuno no hacerse presente en la plenaria de esta cumbre: «La República Argentina estuvo ausente del Plenario Ministerial en la Cuarta Reunión del Foro CELAC-China y no participó en la adopción de estos documentos«. En noviembre del 2025, en otra cumbre, esta vez CELAC / UE (Unión Europea), se precisó en la declaración final adoptada (véase texto integral, y en particular el punto 21) que:«21.The European Union takes note of the position expressed by the countries of Latin America and the Caribbean to have a national of the region serve as the next Secretary-General of the United Nations». Nuevamente la diplomacia de Argentina consideró oportuno hacer ver, de manera estridente esta vez, ante los 27 Estados europeos y ante el resto del continente americano, su profundo descontento con algunos puntos. La total cacofonía de América Latina se dejó entrever de manera mucho más llamativa esta vez, al precisarse al final del texto de esta declaración final lo siguiente: «The Argentine Republic dissociates from paragraphs 10, 15, 18, 42, 44, the reference to “gender” in paragraph 9, the reference to “Pact for the Future” from paragraph 20 and the reference to “Agenda 20230 and its 17 Sustainable Development Goals SDGs” in paragraph 22; the Republic of Costa Rica dissociates from paragraphs 10 and 18; the Republic of Ecuador dissociates from paragraphs 10, 15 and 18; the Republic of El Salvador dissociates from paragraphs 10 and 18; the Republic of Panama dissociates from paragraphs 10 and 15; the Republic of Paraguay dissociates from paragraphs 10, 15, 18, 20, 22 and 44; the Republic of Trinidad and Tobago dissociates from paragraph 10 and from the reference to “We reiterate the importance of regional migration dialogue frameworks” in paragraph 47; the Bolivarian Republic of Venezuela withdraws from the declaration«. En el caso de Costa Rica, se desconoce si alguna explicación oficial fue aportada por parte de sus autoridades para explicar su objeción a los puntos 10 (América Latina como Zona de Paz y apoyo a la lucha contra el narco trafico en alta mar) y 18 (levantamiento del embargo a Cuba) de esta declaración final, puntos igualmente objetados por El Salvador. No se tiene conocimiento por parte de la diplomacia de Paraguay (objetando seis puntos), de Argentina (cinco puntos y referencias hechas en tres otros) y de Ecuador (tres puntos) de justificaciones aportadas oficialmente para explicar estas objeciones, ni tampoco de Venezuela (optando por rechazar todo el texto como tal).
Nota 2: Véase BOEGLIN N., «Segundo sondeo en el seno del Consejo de Seguridad de cara a la elección del Secretario General de Naciones Unidas«, DIPúblico, edición del 13 de agosto del 2016. Texto integral disponible en este enlace.
Nota 3: Con respecto al Consejo de Seguridad, el Artículo 10, inciso 2 del Estatuto de la CIJ (véase texto) establece claramente que no habrá distinción alguna entre los votos de los 15 integrantes del Consejo de Seguridad, al precisar que: «2. En las votaciones del Consejo de Seguridad, sean para elegir magistrados o para designar los miembros de la comisión prevista en el Artículo 12, no habrá distinción alguna entre miembros permanentes y miembros no permanentes del Consejo de Seguridad«. Se trata de una de las pocas disposiciones en Naciones Unidas en la que resulta irrelevante el tener dentro del Consejo de Seguridad un voto en contra (o varios…) provenientes sea de China, de Estados Unidos, de Francia, de Reino Unido o de Rusia. Dicho en otras palabras, si un jurista se ha manifestado o ha publicado textos sumamente críticos en contra de uno de estos cinco Estados durante su carrera profesional o como diplomático(a), ello no afecta su candidatura: siempre y cuando el Estado que lo proponga sí logre obtener el respaldo necesario mínimo de ocho votos dentro del Consejo de Seguridad, de quince posibles.
Nota 4: Véase CASSAN H., “La vie quotidienne à l´ONU au temps de Boutros Boutros-Ghali (extraits)», Mélanges offerts à Hubert Thierry. L´évolution du droit international, Paris, Pedone, 1998, pp.73-92, p.73.
Francesco Giulietti Silva francescomc8@gmail.com Egresado en Derecho y estudiante de Filosofía de la Universidad de Costa Rica
Los privados de libertad y las cárceles pasan en el olvido la mayor parte del tiempo, salvo en épocas determinadas. Las campañas electorales y las crisis de inseguridad ponen en el centro a todas esas personas procesadas y sentenciadas (los discursos populistas no distinguen dicha condición jurídica) por nuestro sistema penal. El país posee 13 centros penitenciarios[1] bajo el modelo cerrado (CAI)- 11 correspondientes a cárceles para hombres, 1 para adulto mayor, así como 1 para mujeres-. Según el Informe Anual de Labores 2025[2] del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, para febrero del 2026 había aproximadamente 19.453 personas privadas de libertad, con una sobrepoblación del 46,4% a nivel general y de centros penitenciarios con hasta un 134% de sobrepoblación frente a su capacidad real. Por primera vez, el CAI Vilma Curling llega a niveles de hacinamiento tan altos como el 40,37%.
Lo anterior debe alzar alarmas respecto a la posible regresión en materia de derechos humanos, particularmente sobre la dignidad humana de las personas reclusas. Un punto que llama especialmente la atención es el siguiente: una de cada cuatro personas privadas de libertad no ha sido procesada. Es decir, que el 25% de las personas que se encuentran en las cárceles están bajo la modalidad de prisión preventiva, sin una sanción penal en firme. Ello es digno de destacar debido a que, a pesar de que según nuestro Código Procesal Penal[3] la prisión preventiva debe ser excepcional y debe cumplir con determinados requisitos, tales como la probabilidad del hecho, peligro de fuga y/o obstaculización, que el delito atribuido sea sancionado con pena de prisión y que exista peligro para la víctima, persona denunciante o testigo. Quisiera resaltar que nuestro Código Procesal Penal, así como la práctica de nuestros Juzgados y Tribunales Penales, no va acorde con lo dispuesto en reiteradas resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde se establece que la prisión preventiva no debe tener un fin punitivo, debe ser de carácter extraordinario y fundamentarse únicamente bajo las causales de peligro de fuga y riesgo de obstaculización. Lo anterior se puede apreciar en el Informe 35/07 de la CIDH (Caso Peirano Basso vs. Uruguay), Acápite 81, Caso López Álvarez vs. Honduras (Corte IDH, 2006), Acápite 69 y Caso Palamara Iribarne vs. Chile (Corte IDH, 2005), resoluciones que forman parte de la columna vertebral del Sistema Interamericano para prohibir y evitar el uso arbitrario y punitivo de la prisión preventiva. En Costa Rica, por otro lado, parece ser que la prisión preventiva es la regla, más que la excepción.
Asimismo, instrumentos internacionales como las Reglas de Tokio[4] y Reglas de Mallorca[5] sobre administración de justicia penal y penas no privativas de libertad, aportan una serie de pautas que tienen como objetivo un equilibrio adecuado entre los derechos de los delincuentes, de las víctimas, la seguridad pública y la prevención del delito, aunado al hecho de que la justicia penal afecta de manera esencial a los derechos del individuo. Una vez visto lo anterior, es válido cuestionarse la finalidad del sistema carcelario, la implementación de las medidas cautelares y cómo vemos como sociedad a las personas procesadas y sentenciadas por el Derecho Penal y Penitenciario.
En la campaña electoral de las elecciones de 2026 varias candidaturas utilizaron a la seguridad como su mayor consigna. No es de extrañar, según el último Informe de Resultados de la Encuesta de Opinión Pública del CIEP[6], con fecha del 6 de mayo de 2026, la inseguridad y la delincuencia son consideradas como la principal problemática para los costarricenses. Los discursos de “mano dura” no surgen por generación espontánea, son un cálculo político que apela a las emociones del pueblo cuando este se encuentra asustado por un alza en las tasas de criminalidad.
Sin embargo, aunque a nivel discursivo pueda ser viable y efectivo, a nivel práctico no lo es. El sistema penal es el último peldaño al que debería llegar cualquier ciudadano. El Poder Judicial interviene cuando el hecho ya se dio y toca juzgar al imputado; es al Ejecutivo a quien corresponde la labor más importante, la prevención. La educación, el deporte, los espacios de convivencia ciudadana que le corresponden al Estado son factores determinantes para evitar la criminalidad, focalizado en las personas jóvenes, que en su mayoría suelen ser los reclutados por el crimen organizado.
Si se ignora el hecho de que la mejor política criminal es la prevención, nuestros gobiernos seguirán dándonos estos espectáculos mediáticos y cucharadas propagandísticas que no generan una solución real. Es más, la “mano dura”, podría decirse, es contraproducente, porque aliena y estigmatiza todavía más a las personas que se encuentran sometidas a este sistema. Se les cataloga como “los otros”, que “eso jamás me pasará a mí” cuando en realidad cualquier persona puede estar el día de mañana sometida a un juicio penal y que, irónicamente serían los primeros en exigir dichas garantías.
Tal y como menciona Roberto Gargarella, las personas no son meras calculadoras de coste-beneficio, bajo esta lógica neoclásica del sistema penal, todos los problemas de seguridad se solucionarían subiendo las penas por los distintos delitos, cuando claramente esto nunca ha servido. También, el hecho de que los humanos nos movemos por pautas de reciprocidad, en la que, si una persona se siente maltratada sistemáticamente por el Estado (como lo pretenden varios de los proyectos presentados por el Ejecutivo) es probable que este responda con maltrato. Si el Estado responde “golpe con golpe” en lugar de ver a estas personas como parte de la comunidad lo que hace es crear un círculo de violencia, donde cada vez esta se alimenta más. Por último, el autor plantea una sociedad de dos niveles, conformada por los que definen los límites y marcos del Derecho Penal y quienes lo viven en carne propia. Esto es perjudicial para los grupos excluidos, que perciben al sistema como un soldado armado que les declara la guerra a ellos. Como ejemplo cabe citar el proyecto de ley que propone extender hasta por 15 años la vigencia de la hoja de delincuencia, dificultando todavía más el buscar trabajo para una persona que ya cumplió su deuda con la sociedad.
En conclusión, el sistema penal debe ser abordado integralmente, la política criminal debe ser vista también desde la prevención más allá de sanciones más duras. Nuestro Código Penal sostiene que la finalidad de la pena es la resocialización[7], entonces, si creemos en esto, debemos tratar y concebir a los sometidos al régimen penal y penitenciario como integrantes de la comunidad más que “los otros” y los “alienados”, porque, como mencioné anteriormente, el día de mañana cualquiera de nosotros puede estar sentado frente a un fiscal que nos acusa o ante un juez que dicta prisión preventiva y seguramente lo primero que harían sería exigir sus garantías procesales y constitucionales.
En el año 2016, mediante la aprobación de la ley número 9393, la Asamblea Legislativa declaró el 4 de agosto como Día Nacional de las Trabajadoras y los Trabajadores Bananeros.
Esa fecha fue elegida para rendirle homenaje a los obreros bananeros, debido al significado histórico que encarna tanto para ese sector laboral como para toda la clase trabajadora costarricense. Fue, precisamente, el 4 de agosto de 1934, hará justamente noventa y dos años, cuando los obreros de la empresa bananera estadounidense United Fruit Co. ubicada en la zona atlántica de nuestro país, declararon la histórica huelga bananera, un enorme movimiento reivindicativo que llegó a tener repercusiones nacionales e internacionales, cultivando desde entonces sentimientos antiimperialistas en algunos sectores de la sociedad costarricense, a pesar de los grandes cambios históricos producidos en el transcurso del último siglo.
La clase trabajadora costarricense había comenzado sus luchas por la justicia social medio siglo antes de que se diera aquel gran movimiento huelguístico. Los primeros movimientos sociales en nuestro país se iniciaron en los centros urbanos de aquella época, especialmente en la ciudad capital, con la participación de los primeros obreros y artesanos que comenzaban a surgir al calor de la paulatina modernización de la economía nacional.
Por su parte, los trabajadores agrícolas también habían comenzado a demandar mejores condiciones de trabajo frente a sus patronos, generalmente productores de café, de azúcar y de algunos otros productos agrícolas. Aquellas fueron tan solo algunas manifestaciones aisladas de lo que llegaría a ser, más tarde, el movimiento sindical que alimentó las principales luchas por las garantías sociales en la Costa Rica de la década del cuarenta del siglo XX.
Por otro lado, la década del treinta del siglo pasado le había deparado a la humanidad una de las amenazas más grandes: el arribo del fascismo en los países más desarrollados de la época, incluyendo a Estados Unidos y a varios países de Europa Occidental. El antecedente inmediato de aquella era de catástrofes había sido la crisis financiera de 1929, la cual había dejado postradas a las economías más grandes del mundo.
Fue en esas circunstancias de crisis general y ante las pésimas condiciones laborales de los bananales del Atlántico costarricense, cuando miles de obreros bananeros se levantaron en huelga en contra de la poderosa United Fruit Co. El dirigente obrero Carlos Luis Fallas, junto a otros compañeros suyos pertenecientes al joven Partido Comunista, se dieron a la tarea de organizar al proletariado bananero para luchar por mejores salarios y pagos en efectivo, mejores viviendas, precios más bajos en los comisariatos de la UFCO, el establecimiento de botiquines en cada finca para atender las emergencias por accidentes laborales, etc. La reivindicación más importante, desde el punto de vista político, fue el reconocimiento legal del Sindicato de Obreros del Atlántico como interlocutor entre los trabajadores y la Compañía.
Aquel movimiento huelguístico marcó un antes y un después en la historia del movimiento sindical costarricense, razón por la cual nuestra clase trabajadora ha tenido esta fecha en su memoria como un referente de lucha y esperanzas.
Hoy día, casi un siglo después, de nuevo asoman los viejos nubarrones del fascismo mundial y, lo más grave, nuestro país no está exento de semejante amenaza. La presencia hoy día de algunos autócratas en la conducción de los destinos de nuestra patria no puede dejar indiferente a nadie, especialmente a la clase trabajadora costarricense. Debemos estar alertas.
Aprovechamos esta importante ocasión para hacer un llamado a la clase trabajadora de nuestro país e instarla a defender nuestra democracia y fortalecerla, inspirada en principios humanistas y en el legado democrático que nos dejaron las anteriores generaciones. Debemos de impulsar nuestro desarrollo material con justicia social y oportunidades para todas las clases y sectores sociales que reúne en su seno nuestra querida Costa Rica. ¡Nuestro objetivo mayor es que prevalezca una visión de futuro con justicia y solidaridad!
Hay escenas del Evangelio que no se explican; se contemplan. Esta es una de ellas. San Juan nos lleva hasta el Calvario. El estruendo de los martillos ya terminó. Jesús agoniza suspendido entre el cielo y la tierra. A su alrededor hay burlas, indiferencia y violencia. Pero, al pie de la cruz, permanece una pequeña comunidad de amor. Allí está María.
Me gusta imaginar este momento como un encuentro de miradas. La mirada de una madre que contempla morir a su hijo. Y la mirada de un hijo que, aun muriendo, busca a su madre. No hacen falta muchas palabras. Hay dolores que solo pueden expresarse con los ojos.
¿Qué habrá visto María en los ojos de Jesús? Seguramente el mismo amor que contempló en Belén cuando lo sostuvo entre sus brazos; el mismo amor que descubrió en Nazaret, en Caná y durante los años de la vida pública. Pero ahora ese amor está atravesado por el sufrimiento. Su Hijo está desfigurado, cubierto de sangre, clavado en una cruz.
Y Jesús, ¿qué habrá visto en los ojos de María? La fidelidad de quien nunca huyó. Todos casi se habían marchado, pero una madre permanece. No puede quitarle el dolor. No puede arrancar los clavos. No puede bajar la cruz. Solo puede hacer una cosa: quedarse. Permanecer. Porque el amor verdadero no abandona cuando llega la hora más oscura.
Pero el centro de esta escena no es el dolor de María. El centro es Cristo. Porque incluso en la agonía, Jesús continúa amando. Eso es lo admirable del Evangelio. Cuando nosotros sufrimos, muchas veces nos encerramos en nosotros mismos. El dolor nos vuelve incapaces de mirar más allá de nuestras heridas. Jesús hace exactamente lo contrario. Desde la cruz sigue mirando a los demás. Mira a su Madre. Mira al discípulo amado. Nos mira a todos nosotros.
Y entonces, pronuncia unas palabras que no son un simple gesto de preocupación filial. «Mujer, ahí tienes a tu hijo.» «Ahí tienes a tu madre.» Jesús está haciendo mucho más que asegurar el futuro de María. Está dando origen a una familia nueva: la familia de los discípulos, la Iglesia.
Pero María, en medio del mayor sufrimiento de toda su vida, no queda encerrada en su propio dolor. Su corazón está roto porque pierde a su Hijo. Sin embargo, abre ese mismo corazón para recibir una nueva misión: convertirse en madre de todos los discípulos.
¡Qué inmensidad de amor! Mientras contempla morir a su único Hijo, recibe como hijos a quienes un momento antes ni siquiera conocía de esa manera. Solo un corazón transformado por Dios puede seguir acogiendo cuando está atravesado por el sufrimiento.
Y entonces este Evangelio deja de ser un recuerdo del pasado para convertirse en una pregunta para nosotros. Hoy también vivimos rodeados de miradas sufrientes.
La mirada del enfermo que espera una visita. La del anciano que experimenta la soledad. La del joven que ha perdido el sentido de la vida. La del matrimonio que atraviesa una crisis.
La del migrante que busca un lugar donde comenzar de nuevo. La del padre o la madre preocupados por un hijo. La del que sonríe por fuera, pero por dentro está lleno de angustia. Vivimos rodeados de estas miradas, pero muchas veces ya no nos detenemos a contemplarlas. Nos cruzamos con ellas todos los días y seguimos caminando con prisa. Hemos aprendido a mirar pantallas, pero hemos olvidado mirar rostros.
Jesús, desde la cruz, nos enseña precisamente lo contrario. El amor comienza cuando somos capaces de detenernos ante el sufrimiento del otro y dejar que su mirada toque nuestro corazón. Eso hizo María. En ese intercambio silencioso de amor nació una humanidad nueva.
“La política se basa en el hecho de la pluralidad de los hombres.” — Hannah Arendt
“Si el pensamiento corrompe el lenguaje, el lenguaje también puede corromper el pensamiento.” — George Orwell
Las democracias pueden comenzar a deteriorarse mucho antes de que se quebranten sus leyes o se debiliten sus instituciones. Su desgaste suele iniciarse de manera más sutil: mediante la erosión de las normas de convivencia, el menosprecio por el adversario y el abandono progresivo de un lenguaje respetuoso que haga posible la deliberación pública. La historia demuestra que las instituciones no se sostienen únicamente sobre constituciones, tribunales o parlamentos; descansan también sobre una cultura política que reconoce la legitimidad del otro y acepta que el conflicto de ideas debe resolverse mediante la argumentación y no por la humillación.
El lenguaje constituye uno de los pilares más sólidos de esa cultura democrática. Las palabras no son simples instrumentos de comunicación; crean realidades, modelan percepciones, establecen jerarquías morales y definen la manera en que una sociedad comprende sus desacuerdos. Cuando el lenguaje se degrada, también se degrada la calidad del debate público. Cuando el insulto sustituye al argumento, la democracia pierde una parte de su esencia.
Esta reflexión adquiere especial importancia cuando quien habla no es un ciudadano cualquiera, sino el presidente de la República, el ministro de la presidencia, u otra alta autoridad gubernamental. En un régimen democrático, el mandatario representa la unidad del Estado y ejerce una autoridad real y simbólica que trasciende el ejercicio cotidiano del poder. Cada una de sus palabras posee una resonancia política que ninguna otra voz pública alcanza. De ahí que el lenguaje presidencial no constituya un asunto privado ni un rasgo anecdótico de personalidad; es por el contrario un componente esencial del ejercicio responsable del poder.
Durante los últimos años, Costa Rica ha presenciado una transformación preocupante del discurso político. Expresiones despectivas, calificativos humillantes, burlas dirigidas contra autoridades del poder judicial, de la Contraloría General u opositores políticos, periodistas, instituciones y diversos actores sociales, se han convertido en un recurso frecuente de la comunicación presidencial. No se trata únicamente de episodios aislados de mal gusto ni de exabruptos ocasionales. Lo inquietante es la normalización de un estilo de comunicación que convierte la descalificación personal en un método de hacer política.
En este sentido, diversos registros periodísticos han documentado expresiones que ilustran la naturaleza de ese deterioro del lenguaje público. En una cobertura de La Nación, se consignó la utilización de calificativos como “corruptos de siempre” y “prensa canalla” para referirse de manera generalizada a actores institucionales y mediáticos, sin matices ni distinciones individuales. En otra nota de El Financiero, se recogieron expresiones dirigidas a opositores políticos en términos de “sinvergüenzas que no sirven para nada” y “gente que solo estorba el progreso del país”, formulaciones que sustituyen la crítica de ideas por la descalificación moral del interlocutor.
A estos ejemplos se suman otros episodios ampliamente difundidos en la esfera pública, donde el lenguaje ha alcanzado niveles de mayor crudeza simbólica. En una ocasión, se utilizó el término “ratas” para referirse a adversarios políticos, reduciendo al oponente a una condición infrahumana incompatible con el reconocimiento democrático. En otro momento, durante una interacción pública en el contexto electoral, se dirigió a un ciudadano usando la siguiente expresión “te amo, te amo, idiota”, combinación de afecto aparente e insulto directo que ilustra la confusión entre la confrontación política y la descalificación personal.
Más allá de la literalidad de cada frase, lo relevante desde el punto de vista democrático no es únicamente su contenido aislado, sino su función dentro del discurso público: la construcción de un marco en el que el adversario deja de ser un interlocutor legítimo para convertirse en un objeto de desprecio. Este tipo de lenguaje, repetido desde posiciones de poder, tiende a legitimar socialmente la idea de que la política es un espacio de confrontación moral absoluta, donde no caben la complejidad ni el reconocimiento del otro.
Conviene precisar que el problema no reside en la firmeza con que un gobernante defiende sus ideas. En democracia, la confrontación política resulta legítima e incluso necesaria. Los gobiernos tienen derecho a criticar a la oposición, a cuestionar decisiones judiciales mediante los mecanismos institucionales, a discrepar de los medios de comunicación y a polemizar con diversos sectores de la sociedad. Lo que resulta incompatible con la cultura republicana es sustituir el razonamiento por el insulto, la evidencia por el sarcasmo y el desacuerdo por la descalificación sistemática del adversario.
La política democrática presupone que quienes piensan distinto poseen la misma dignidad ciudadana. El adversario no es un enemigo al que deba destruirse moralmente, sino un interlocutor cuya existencia garantiza precisamente el pluralismo que hace posible la democracia. Cuando desde la cúspide del poder se presenta a quienes discrepan como individuos indignos de consideración, el espacio del diálogo comienza a estrecharse y la polarización deja de ser una consecuencia para convertirse en un objetivo político.
Hannah Arendt advirtió que la política solo puede existir allí donde los seres humanos reconocen la pluralidad como condición de la vida pública. Nadie posee el monopolio de la verdad; por ello la deliberación constituye el mecanismo mediante el cual sociedades diversas construyen acuerdos siempre provisionales. Cuando desaparece el reconocimiento del otro como interlocutor válido, también comienza a desaparecer el espacio propiamente político.
George Orwell, por su parte, comprendió que la degradación del lenguaje precede muchas veces a la degradación del pensamiento. Un lenguaje empobrecido limita la capacidad de comprender la complejidad de los problemas colectivos. Las consignas reemplazan a los argumentos; las etiquetas sustituyen al análisis; la simplificación emocional desplaza al razonamiento. El resultado es un clima político donde importa menos la búsqueda de soluciones que la identificación de culpables.
No es casual que numerosos movimientos de inspiración populista recurran a este tipo de lenguaje. La lógica populista necesita construir una división permanente entre “el pueblo” y “los enemigos del pueblo”. Para mantener viva esa confrontación requiere alimentar emociones intensas: indignación, resentimiento, desprecio o miedo. El lenguaje agresivo cumple entonces una función política específica: simplificar la realidad hasta convertir cualquier diferencia en una lucha moral entre buenos y malos.
Sin embargo, conviene evitar una interpretación simplista de este fenómeno. Sería profundamente injusto atribuir esta dinámica a determinados sectores sociales o insinuar que las personas de menores ingresos son particularmente proclives a aceptar un lenguaje agresivo. Una afirmación semejante no solo sería empíricamente insostenible, sino incompatible con una visión democrática de la ciudadanía.
La explicación debe buscarse en otra dirección. Cuando durante años amplios sectores de la población experimentan abandono estatal, deterioro de los servicios públicos, inseguridad económica, dificultades de acceso a oportunidades y una creciente sensación de exclusión, entonces sí, aumenta la disposición a escuchar discursos que prometen respuestas rápidas cargadas de efectos emocionales y procacidad en el lenguaje gubernamental. El problema no radica en la ciudadanía; radica en las insuficiencias de las políticas públicas y en la incapacidad de numerosos gobiernos para responder eficazmente a las necesidades de quienes viven en condiciones de mayor vulnerabilidad.
Es precisamente ese vacío el que permite prosperar a los discursos que privilegian la confrontación permanente sobre la construcción de consensos. Allí donde la política deja de ofrecer soluciones, la retórica de la indignación encuentra terreno fértil. El lenguaje agresivo no crea por sí solo el descontento social; lo capitaliza y lo orienta políticamente.
En este contexto, la responsabilidad del liderazgo democrático es aún mayor. Se trata de gobernar con eficacia y a la vez preservar las condiciones simbólicas que hacen posible la convivencia. El lenguaje presidencial no puede convertirse en un instrumento de polarización permanente sin consecuencias para la vida institucional del país. Cada palabra pronunciada desde la jefatura del Estado contribuye a fortalecer o debilitar la confianza pública en la democracia misma.
Por ello, la recuperación de una cultura política más respetuosa no es un asunto secundario ni meramente estético. Es una tarea central de reconstrucción democrática. Implica reconocer que la palabra pública tiene límites éticos, que el adversario no es un enemigo y que la autoridad del Estado se fortalece cuando se ejerce con sobriedad, no con agresión.
El desafío, en última instancia, no es solo político, sino civilizatorio: recuperar la idea de que en democracia se puede —y se debe— disentir sin destruir al otro. Solo cuando el lenguaje vuelve a ser un espacio de reconocimiento y no de humillación, la República recupera su dignidad más profunda.
Toda mentira es nociva, pero la mentira política es la más nociva de todas. Sus efectos los padece todo un pueblo. Si la verdadera política está al servicio del bien común y la construcción de una ciudadanía digna y participativa, la mentira política es el espíritu de la antipolítica. Es el medio por excelencia utilizado por el liderazgo populista para manipular a las masas, favorecer intereses particulares espurios y perpetuarse en el poder. Junto con el miedo, es el medio más efectivo para manipular, domesticar y someter a un pueblo. Por consiguiente, es el instrumento más utilizado por el poder dictatorial.
Cuando un pueblo aplaude las mentiras de los demagogos populistas está siendo conducido como oveja al matadero. Lamentable y dolorosamente, un porcentaje significativo de nuestro pueblo costarricense se ha convertido en víctima de la mentira política por parte de una nueva clase política en ascenso que ha sabido, con estridencia y maledicencia, convertir sus mentiras en aparentes verdades que se ofrecen como promesa de salvación.
La mentira política ha venido in crescendo. Entre las grandes mentiras de ayer tenemos: la oferta de modernizar el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) privatizándolo; la promesa de convertirnos en el primer país desarrollado de América Latina si firmábamos el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos; la solución definitiva del problema del déficit fiscal con el Proyecto de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas. Y las de hoy, por solo mencionar algunas: la tan anunciada quiebra de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS); los reiterados señalamientos que ponían en duda la imparcialidad del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) en la campaña pasada; aducir que las universidades públicas y el Poder Judicial cuenta con recursos suficientes para operar eficientemente; manifestar que el país ha blindado sus fronteras marítimas y terrestres, vía scanner, para contener el tráfico de drogas; decir que los sicarios por narcotráfico se matan entre ellos mismos y que no hay víctimas colaterales; calificar como chiripa el operativo que logró capturar a uno de los narcotraficantes más buscados del país, alias “Diablo”; ofrecer, en la reciente campaña política, entregar los ahorros del Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias (ROP) a sus legítimos dueños.
Sí, la tan mencionada consigna del régimen nazi fascista de Adolfo Hitler, “miente, miente que algo queda”, está siendo retomada por una clase política cínica y sin escrúpulos, para dar un golpe de Estado, a la tica, rompiendo el pacto social que heredamos de nuestros más preclaros estadistas, quienes contribuyeron a forjar una patria digna, soberana, democrática y con justicia y paz social.
La defensa de nuestra dignidad nacional, nuestra soberanía republicana, nuestra democracia participativa, nuestra paz y justicia social, exige hoy más que nunca de una ciudadanía patriótica despierta y movilizada para hacer valer sus derechos. Debemos impulsar la lucha no violenta contra la mentira política, ¡ya!
Por Juan Carlos Cruz Barrientos Comunicador social
En el programa La Base del 27 de julio último, el equipo de redacción analiza la nueva publicación exclusiva de audios del Hondurasgate, los cuales fueron sometidos a una auditoría forense independiente que revelan la penetración de Israel en América Latina con armas de espionaje, control y guerra sucia digital. En el programa interviene la periodista Valeria Duarte de Canal Red América Latina, quien participó en la investigación y que complementa investigaciones desarrolladas por organizaciones como Citizen Lab, Forbidden Stories, Artículo 19, Project Torogoz, Revista Raya y Señal Colombia.
Se trata de una nueva entrega de audios de la plataforma Honduras Gate que Diario Red América Latina y el medio de Estados Unidos Dropside que han vuelto a colocar sobre la mesa un tema que América Latina ha discutido de manera fragmentaria durante las últimas décadas: el papel desempeñado por Israel en la región y la transformación de los instrumentos mediante los cuales ejerce su influencia. El reciente programa La Base, titulado Espionaje israelí en América Latina, ofrece una oportunidad para abordar esa discusión desde una perspectiva histórica más amplia, evitando tanto las simplificaciones como las explicaciones conspirativas.
Para comprender el alcance de estas revelaciones es necesario retroceder varias décadas. La relación entre Israel y Centroamérica no comenzaron con Pegasus, la inteligencia artificial o las campañas digitales. Durante los años más intensos de la Guerra Fría, Israel desempeñó un papel relevante en la estrategia de seguridad de varios gobiernos centroamericanos, particularmente en Guatemala, El Salvador y Honduras. En un contexto marcado por la confrontación entre Estados Unidos y la Unión Soviética, el Estado israelí suministró armamento, entrenamiento militar, asesoría en inteligencia y tecnología de defensa a gobiernos que enfrentaban movimientos guerrilleros.
Diversos historiadores y especialistas en relaciones internacionales han documentado que esa cooperación adquirió especial importancia cuando la política exterior estadounidense encontró restricciones impuestas por el Congreso para continuar proporcionando asistencia militar directa a determinados gobiernos acusados de violaciones a los derechos humanos. En ese escenario, Israel se convirtió en un proveedor estratégico de armas, capacitación y asistencia técnica, actuando en numerosos casos dentro de una convergencia geopolítica con Washington, cuyo objetivo consistía en impedir el avance de organizaciones insurgentes en la región.
Aquella etapa dejó una huella profunda en la historia centroamericana. Sin embargo, el fin de los conflictos armados no significó el retiro de Israel. Lo que cambió fueron los instrumentos de su presencia.
Durante las décadas siguientes, la cooperación comenzó a orientarse hacia ámbitos como la agricultura de precisión, la gestión del agua, la salud pública, la innovación tecnológica, la investigación científica y la formación de recursos humanos. Paralelamente, crecieron las inversiones privadas, la participación de empresas israelíes en proyectos de infraestructura tecnológica, telecomunicaciones, ciberseguridad, software, energías renovables y transformación digital. La presencia israelí dejó de estar asociada casi exclusivamente al ámbito militar para convertirse en un fenómeno mucho más amplio, donde convergen diplomacia, cooperación técnica, inversión privada, innovación, redes académicas y relaciones empresariales.
Precisamente esa transformación constituye uno de los aspectos más interesantes del análisis presentado por La Base. El programa sostiene que el Hondurasgate no debería interpretarse únicamente como un posible caso de espionaje político, sino como una manifestación de un cambio más profundo en las formas del poder internacional.
Los ejemplos que presenta son reveladores. En México, investigaciones de Citizen Lab y Artículo 19 documentaron el uso del software Pegasus, desarrollado por la empresa israelí NSO Group, para intervenir teléfonos de periodistas, activistas y defensores de derechos humanos durante el gobierno de Enrique Peña Nieto. En Colombia, investigaciones de Revista Raya y Señal Colombia revelaron la presunta compra clandestina de Pegasus mediante el traslado de once millones de dólares en efectivo hacia Israel durante la administración de Iván Duque. En El Salvador, el Project Torogoz, elaborado por Citizen Lab, identificó infecciones con Pegasus en teléfonos pertenecientes a periodistas de El Faro, La Prensa Gráfica, Diario El Mundo y otras organizaciones de la sociedad civil.
A estos antecedentes se suman las investigaciones internacionales sobre empresas privadas dedicadas a operaciones de influencia política. Facebook eliminó en 2019 cientos de cuentas vinculadas con Archimedes Group, una firma israelí acusada por la propia plataforma de desarrollar campañas coordinadas de manipulación política mediante perfiles falsos en distintos países. Poco después, la investigación internacional Story Killers, coordinada por Forbidden Stories, expuso las actividades del denominado «Equipo Jorge», encabezado por el exmilitar israelí Tal Hanan, quien aseguró ante periodistas infiltrados haber participado en operaciones de desinformación, hackeo y manipulación de procesos electorales mediante sofisticadas herramientas digitales. Hanan ha rechazado haber cometido actividades ilegales, pero el caso abrió un debate internacional sobre la existencia de un mercado privado dedicado a intervenir la conversación pública y los procesos democráticos.
La importancia del Hondurasgate radica precisamente en que invita a observar estos antecedentes como parte de un mismo proceso histórico. No solamente porque demuestra la existencia de una red regional de espionaje, sino porque plantea preguntas coherentes con fenómenos cuya existencia ya ha sido documentada en distintos países.
Lo verdaderamente novedoso no es la presencia israelí en América Latina, sino la transformación de sus herramientas. Si durante la Guerra Fría el eje de la cooperación estuvo constituido por armas, entrenamiento militar e inteligencia clásica, hoy el centro de gravedad parece desplazarse hacia la ciberseguridad, la inteligencia artificial, la vigilancia electrónica, el análisis masivo de datos, las plataformas digitales y la comunicación estratégica.
Ese desplazamiento no significa que hayan desaparecido las formas tradicionales de cooperación en materia de seguridad. Significa, más bien, que el poder internacional incorpora nuevas dimensiones donde la información, los algoritmos y la infraestructura tecnológica adquieren una importancia comparable a la que anteriormente tuvieron los equipos militares o la asistencia logística.
Esta evolución también obliga a ampliar el objeto de análisis. Las relaciones entre Israel y Centroamérica ya no pueden estudiarse únicamente desde la diplomacia o la cooperación militar. Es necesario incorporar la dimensión económica, identificar las empresas israelíes que operan en la región, analizar los sectores donde concentran sus inversiones, estudiar el papel del capital israelí dentro de las economías centroamericanas y reconstruir las redes que articulan inversión privada, cooperación tecnológica, universidades, consultoras, cámaras empresariales y organismos estatales.
Desde esa perspectiva, el Hondurasgate deja de ser un episodio exclusivamente hondureño para convertirse en una oportunidad de investigación regional. Las preguntas relevantes ya no son únicamente quién espió a quién o qué tecnología se utilizó. También importa conocer cómo se adjudican los contratos de ciberseguridad, qué empresas participan en la transformación digital de los Estados, qué mecanismos supervisan el uso de tecnologías de vigilancia, qué consultoras intervienen en campañas de comunicación política y cómo interactúan estos actores con gobiernos, empresas y organismos internacionales.
La historia de la presencia israelí en Centroamérica puede leerse como la historia de la transformación de las formas del poder: de la cooperación militar propia de la Guerra Fría a la innovación tecnológica de la posguerra; de las armas a los datos; de la inteligencia convencional a los algoritmos; del fusil a la inteligencia artificial.
Comprender esa evolución constituye hoy uno de los grandes desafíos para el periodismo de investigación y para las ciencias sociales latinoamericanas. Solo mediante investigaciones rigurosas, sustentadas en documentos, registros públicos, datos verificables y contraste permanente de fuentes, será posible distinguir entre hechos, hipótesis y especulaciones, contribuyendo así a una comprensión más precisa de las nuevas formas de influencia que atraviesan la región.
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