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Cuba ante una nueva fase de presión estadounidense: ¿preludio de una intervención?

Escrito en . Publicado en Análisis.

Por Juan Carlos Cruz Barrientos

En las últimas décadas, la relación entre Estados Unidos y Cuba ha estado marcada por una constante histórica: la tensión entre la pretensión estadounidense de disciplinar a la isla y la persistente capacidad de resistencia del proyecto político cubano. Sin embargo, distintos acontecimientos recientes sugieren que la actual coyuntura podría representar algo más que un nuevo episodio de endurecimiento del bloqueo: podría tratarse del inicio de una fase distinta, caracterizada por la articulación simultánea de presión económica extrema, construcción narrativa de amenaza y señales político-militares que recuerdan mecanismos empleados previamente en otros escenarios internacionales.

Esa es la tesis central desarrollada en el programa La Base del 20 de mayo de 2026, conducido por Pablo Iglesias, en el que se plantea la posibilidad de que Estados Unidos esté creando condiciones políticas y discursivas para legitimar futuras acciones de mayor intensidad contra Cuba.

La pregunta central no es únicamente si Washington planea una intervención militar. La cuestión más relevante es si se está produciendo una transformación en la lógica estratégica aplicada históricamente hacia la isla.

Desde enero de 2026 la administración Trump ha impulsado medidas que, según los participantes, constituyen una escalada sin precedentes de la presión económica sobre Cuba. El elemento central sería un bloqueo energético de facto que limita severamente la llegada de hidrocarburos a la isla mediante sanciones y amenazas contra empresas navieras, aseguradoras y operadores financieros internacionales.

La consecuencia inmediata ha sido una crisis energética profunda: apagones prolongados, dificultades para el funcionamiento de servicios básicos y afectaciones severas en sectores estratégicos como salud, transporte y producción.

Pero la novedad radica menos en la existencia de sanciones —instrumento de la política estadounidense hacia Cuba desde hace 64 años 1— que en su alcance extraterritorial creciente.

Las nuevas disposiciones autorizan sancionar empresas extranjeras vinculadas con sectores considerados estratégicos dentro de la economía cubana, independientemente de su relación directa con Estados Unidos o del uso del sistema financiero estadounidense. La lógica aplicada ya no consiste únicamente en impedir vínculos bilaterales entre Washington y La Habana; el objetivo parece ser convertir el mercado mundial en mecanismo de coerción.

En otras palabras, Estados Unidos actuaría como árbitro global de las relaciones económicas con Cuba. La presión financiera adquiere entonces una dimensión estructural. Bancos internacionales enfrentan un dilema simple: mantener operaciones vinculadas con Cuba o preservar acceso al sistema financiero estadounidense y al dólar.

En términos prácticos, esto multiplica el aislamiento económico cubano y convierte la política de sanciones en un mecanismo de alcance planetario. No obstante, la dimensión económica constituye solo una parte del cuadro.

Uno de los aspectos más relevantes del análisis presentado fue la identificación de una posible arquitectura narrativa destinada a redefinir la imagen de Cuba ante la opinión pública internacional.

Según La Base, recientes publicaciones de medios estadounidenses y occidentales han desplazado progresivamente el eje discursivo: Cuba deja de aparecer únicamente como un problema político o humanitario para ser presentada como potencial amenaza de seguridad.

Las referencias a supuestos drones rusos e iraníes, vuelos de inteligencia, cooperación militar y operaciones encubiertas son interpretadas como componentes de un marco discursivo más amplio.

El procedimiento resulta familiar

La secuencia histórica ha sido observada en otros escenarios: primero se identifica un enemigo; después se amplifica una amenaza; finalmente se construye la idea de una intervención necesaria o preventiva.

Irak y las inexistentes armas de destrucción masiva constituyen el ejemplo paradigmático, aunque el esquema también fue identificado en Libia, Siria, Venezuela y otras experiencias recientes. La construcción de amenazas cumple una función política específica: transformar acciones ofensivas en respuestas defensivas.

Cuando un país deja de ser representado como víctima de presión y pasa a ser percibido como peligro potencial, las condiciones simbólicas para legitimar medidas extraordinarias comienzan a consolidarse.

En este sentido, los anuncios sobre posibles procesos judiciales contra Raúl Castro por el derribo de aeronaves pertenecientes a la organización Hermanos al Rescate en 1996 adquieren relevancia política más allá de su dimensión jurídica.

Treinta años después de los hechos, la reapertura mediática y judicial del caso aparece como una operación de presión adicional orientada a erosionar la legitimidad histórica de la dirigencia cubana. La experiencia venezolana constituye un antecedente que alimenta estas interpretaciones.

La utilización de procesos judiciales internacionales, acusaciones criminales y narrativas sobre amenazas regionales formó parte de una estrategia más amplia destinada a justificar acciones posteriores.

A ello se suma un nuevo elemento que complejiza el escenario: el despliegue hacia el Caribe del grupo de combate encabezado por el USS Nimitz, uno de los principales portaaviones de propulsión nuclear de la marina estadounidense. Aunque Washington presentó el movimiento como una operación rutinaria de presencia regional, el contexto vuelve difícil interpretarlo como un simple trámite administrativo.

En política internacional, los movimientos militares rara vez transmiten únicamente capacidades técnicas; también comunican mensajes políticos. Los portaaviones constituyen una forma particular de lenguaje geopolítico. Su función no consiste solamente en prepararse para una guerra. También sirven para proyectar fuerza, modificar cálculos políticos y ejercer presión psicológica. Son instrumentos de señalización estratégica.

Y precisamente aquí emerge quizá la hipótesis más inquietante del debate actual. Tal vez la cuestión ya no sea si Estados Unidos prepara una nueva Bahía de Cochinos.

Las imágenes de invasiones convencionales, desembarcos y ocupaciones militares pertenecen a una gramática clásica del poder imperial. El siglo XXI parece operar mediante mecanismos distintos y mucho más complejos.

En el análisis discutido en La Base apareció una pregunta perturbadora: ¿qué ocurre si el objetivo ya no consiste en conquistar militarmente un territorio, sino en volver materialmente inviable la vida cotidiana?

La referencia inevitable es Gaza

Aunque se trata de escenarios históricos diferentes, con dinámicas específicas, algunos elementos del paralelismo resultan difíciles de ignorar: restricciones sobre recursos estratégicos, presión sobre combustible, deterioro de condiciones materiales de vida y construcción narrativa de amenazas bajo una lógica permanente de seguridad.

En Gaza, el control sobre electricidad, infraestructura, combustible y abastecimiento adquirió una dimensión política y militar decisiva. El objetivo no fue únicamente la confrontación armada. También implicó la generación de condiciones extremas de desgaste social. La pregunta inevitable es si ciertas dinámicas recientes alrededor de Cuba comienzan a mostrar mecanismos semejantes.

Durante meses la isla enfrentó una creciente presión energética, restricciones financieras, sanciones extraterritoriales y dificultades cada vez mayores para sostener procesos básicos de reproducción económica y social. Paralelamente se multiplican discursos que redefinen a Cuba no solo como adversario político, sino como potencial amenaza estratégica.

La secuencia comienza a adquirir una forma reconocible: aislamiento económico, construcción de amenaza, judicialización política, presión diplomática y demostraciones militares. No se trataría necesariamente de ocupar un país.

Se trataría de producir agotamiento

Las formas contemporáneas de intervención ya no necesitan desembarcos espectaculares para quebrar sociedades. Pueden operar mediante mecanismos prolongados de desgaste económico, psicológico y político capaces de erosionar resistencias internas y fracturar cohesiones sociales.

Las guerras del siglo XXI no comienzan siempre con bombardeos. Muchas veces comienzan cuando el sufrimiento cotidiano de un pueblo se convierte en instrumento de presión geopolítica.

En el fondo, lo que aparece en disputa es algo más profundo que el futuro político de Cuba. La isla ocupa un lugar singular en la imaginación geopolítica estadounidense. Desde 1959 representa una anomalía histórica: un proyecto revolucionario que sobrevivió al colapso soviético, a décadas de aislamiento y a múltiples intentos de desestabilización.

Cuba representa, además, una señal incómoda para la hegemonía estadounidense en América Latina: recuerda la posibilidad histórica de trayectorias autónomas en un espacio que Washington ha considerado tradicionalmente parte de su área de influencia.

La coyuntura adquiere una complejidad adicional en un sistema internacional en transformación. El apoyo energético ruso, la cooperación tecnológica china y la emergencia de espacios multipolares indican que la cuestión cubana ya no pertenece exclusivamente al espacio hemisférico.

La pregunta, entonces, deja de ser exclusivamente cubana. Estamos ante un nuevo episodio del histórico conflicto entre Washington y La Habana o frente a un laboratorio donde se ensayan nuevas formas de coerción imperial adaptadas a un mundo en transición?

La historia ofrece una advertencia elemental: antes de las guerras suelen construirse relatos que las hacen parecer inevitables y, precisamente por ello conviene observar no solo los movimientos militares, sino también las palabras, las imágenes y las narrativas que comienzan a prepararlas.

1 El bloqueo —denominado oficialmente “embargo” por Estados Unidos— fue formalizado el 3 de febrero de 1962 por la administración de John F. Kennedy, aunque las primeras medidas de presión económica comenzaron entre 1960 y 1961. Esto significa que la política de sanciones y aislamiento contra Cuba se ha prolongado por aproximadamente 64 años, convirtiéndose en uno de los regímenes de coerción económica más extensos de la historia contemporánea. Lejos de permanecer inalterado, el bloqueo se profundizó mediante legislaciones como la Ley Torricelli (1992) y la Ley Helms-Burton (1996), que ampliaron su alcance extraterritorial permitiendo sancionar empresas y actores de terceros países. Más de seis décadas después, varias generaciones de cubanos han nacido y vivido bajo condiciones permanentes de restricción económica, haciendo del bloqueo no solo un instrumento de política exterior, sino un componente estructural de la relación entre Washington y La Habana.

De la gloria del Estado Social al espejismo del cambio (Parte I)

Escrito en . Publicado en Análisis.

Por: JoseSo (José Solano-Saborío) / Entre Verdades y Opiniones

George Santayana escribió que: “Aquellos que no pueden recordar el pasado están condenados a repetirlo.”

Bienvenidos a una nueva serie de columnas donde vamos a poner las cartas sobre la mesa. A lo largo de estas entregas, quiero que repasemos juntos nuestra historia política reciente: los grandes aciertos, los peores desaciertos, los casos de corrupción que nos sacudieron, los logros de aquel bipartidismo tradicional y, finalmente, cómo llegamos a comprar el engaño de un “cambio” que terminó siendo una ilusión.

Para entender dónde estamos, tenemos que recordar de dónde venimos. Y nuestro punto de partida tiene que ser esa Costa Rica que renació de las cenizas.

Los cimientos de nuestra democracia

Nuestra historia moderna nace de una herida profunda: la dolorosa guerra civil de 1948. Sin embargo, de ese conflicto tan trágico logramos algo excepcional. En 1949, la Asamblea Nacional Constituyente definió las bases de lo que hoy es una de las democracias plenas más sólidas del mundo entero.

Fue una época de gigantes, donde líderes de distintas trincheras entendieron que el país estaba por encima de las banderas. Es de justicia histórica reconocer a figuras como José María Figueres Ferrer, Rafael Ángel Calderón Guardia, Monseñor Víctor Manuel Sanabria y Manuel Mora Valverde, quienes, con sus acuerdos y diferencias, forjaron las Garantías Sociales. A ellos se suman mentes brillantes como Jorge Manuel Dengo y Rodrigo Facio, arquitectos de la institucionalidad que nos dio paz y progreso.

La época de oro: El Estado de Bienestar (1950 – 1970)

Entre los años 50 y los 70, Costa Rica construyó un verdadero Estado de Bienestar. No fue obra de la casualidad, fue un proyecto país.

Logros monumentales como la abolición del Ejército, la creación del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) para garantizar el respeto a las urnas, la nacionalización bancaria y la fundación del ICE, transformaron a Costa Rica. Se fortaleció la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), se consolidó el Código de Trabajo y se le dio un impulso vital a la Universidad de Costa Rica (UCR) y a la educación pública en general.

Pero el impulso no se detuvo ahí. En los años siguientes vimos nacer el Sistema de Parques Nacionales —que hoy es nuestra mayor carta de presentación mundial—, el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), el Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (FODESAF), y conquistas laborales intocables como el aguinaldo. Era un Estado diseñado para que el hijo del campesino pudiera llegar a ser médico o ingeniero.

El quiebre de los 80s: La receta cambia

Pero todo modelo se desgasta, y a mediados de los años 80, el timón dio un giro brusco. El Estado de Bienestar comenzó a fracturarse.

Bajo la presión de la crisis económica y los mandatos del Fondo Monetario Internacional (FMI), Costa Rica entró en la era de los Programas de Ajuste Estructural (PAEs). Este marco neoliberal no se impuso solo; contó con el contubernio de tanques de pensamiento como la ANFE y las cúpulas políticas tradicionales tanto del Partido Liberación Nacional (específicamente la corriente del “arismo”) como del Partido Unidad Social Cristiana.

De pronto, la narrativa cambió. El discurso oficial empezó a bombardearnos con una idea central: “el Estado es muy grande y el gasto público es el enemigo”. Bajo esta justificación, comenzaron los recortes a programas sociales vitales y la visión de aquel país solidario empezó a ser sustituida por una visión estrictamente contable y de mercado.

El germen de la decadencia

Ese quiebre institucional y económico abrió la puerta a una Costa Rica muy distinta. Sin embargo, el daño más profundo de este cambio de rumbo no fue solo económico. Al debilitarse la visión solidaria del Estado y priorizarse el cálculo mercantil y la privatización de las ganancias, se abrió la puerta a un mal mucho más oscuro.

Empezó a enraizarse una nefasta y generalizada cultura de corrupción que permeó todos los estratos. Una descomposición moral que se instaló no solo en las más altas esferas de los sucesivos gobiernos, sino que también hizo metástasis fuera del Estado: en el sector privado, en gremios y en diversas estructuras de poder. El dinero, las comisiones y el tráfico de influencias comenzaron a pesar más que el bienestar común.

Cómo esos escándalos de corrupción descarada erosionaron la confianza pública, y cómo esto nos llevó a la crisis de nuestra clase media, al abandono del sector agropecuario y a la dolorosa brecha social que hoy sufrimos, será el plato fuerte de nuestra segunda columna.

Nos leemos en la próxima entrega.

¿Tomar el Poder Judicial?

Escrito en . Publicado en Análisis.

José Manuel Arroyo Gutiérrez

El Poder Judicial democrático es ejercido por cada una de las personas jueces y juezas de la República. De manera que, desde el juez contravencional del lugar más remoto del país, hasta quienes ejercen la magistratura en la Corte Suprema, son todos Poder Judicial.

También tiene que estar claro que, en el ámbito de sus competencias, cada juez tiene plena posibilidad para decidir según su ciencia y conciencia, no tiene “jefes” que lo obliguen o condicionen a resolver de determinada manera, y sus resoluciones solo pueden ser corregidas o declaradas ineficaces conforme los recursos que existan para ello.

Puede entenderse entonces que esta verdad sea de imposible comprensión para una mentalidad autocrática, convencida de que el poder sólo se puede ejercer ordenando, conminando y hasta gritando o insultando para imponer su criterio.

El principio de división de poderes no solo tiene que ver con la separación funcional entre Legislativo, Ejecutivo y Judicial, sino que se trata de un principio que involucra a otros órganos con misiones especiales como el Tribunal Supremo de Elecciones para organizar, dirigir y determinar los procesos electorales, y la Contraloría General de la República en la vigilancia y control de la legalidad de la hacienda pública.

Pero además la división de poderes desciende, transversalmente, a lo interno de todo el sistema republicano y de cada poder en particular. Por eso hay decisiones que no puede tomar quien ejerce la Presidencia de la República sin que concurra la firma del ministro del ramo, o el criterio del Consejo de Gobierno. Por eso también en el proceso penal, dentro del Poder Judicial, por ejemplo, hay un órgano que investiga y acusa, otro que defiende y jueces imparciales que resuelven.

Nadie, absolutamente nadie, puede decirle a un fiscal, estando legalmente obligado a hacerlo, si investiga o si acusa, o a un defensor si cumple con sus deberes defensivos, o a un juez a que no actúe conforme sus obligaciones.

Decir que ya se han tomado el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo y que sólo falta tomar el Poder Judicial, no es sólo un propósito dictatorial, sino una muestra de ignorancia de cuál es la naturaleza de la función judicial, cómo está distribuida en numerosos actores y cómo esa distribución asegura un funcionamiento democrático de la justicia.

La democracia es el sistema político en el que sus jerarcas tienen el menor poder arbitrario. A todo peso le acompaña un contrapeso. Por esta razón existen los vetos, los resellos con mayoría calificada. las consultas obligatorias, el control de legalidad, el control de constitucionalidad y el control irrestricto de cada facultad para evitar el abuso de poder y el atropello a los derechos fundamentales de las personas.

“Tomar” el poder judicial no es tan sencillo como controlar la Corte Suprema mediante magistraturas dóciles o adeptas, siempre existirán jueces y juezas que preserven su integridad y no se amedrenten, ni se vendan.

La pedagogía de la humillación política

Escrito en . Publicado en Análisis.

Rodrigo Campos Hernández

MSc. Rodrigo Campos Hernández

¿Qué significa que diputados de la República deban ingresar por puertas traseras a Casa Presidencial, entregar sus teléfonos celulares y someterse a revisiones mientras el círculo presidencial conserva sus propios dispositivos? ¿Qué comunica políticamente la humillación pública del presidente de la Corte Suprema de Justicia en una transmisión televisada? ¿Qué tipo de cultura democrática estamos construyendo cuando la agresividad, el desprecio institucional y la degradación del adversario empiezan a ser percibidos como signos de autenticidad política?

Estas preguntas no son menores ni pueden despacharse como simples anécdotas o “estilos fuertes de liderazgo”. Por el contrario, revelan algo mucho más profundo y preocupante: la posible consolidación de una nueva pedagogía del poder en Costa Rica, basada en la intimidación simbólica, el conflicto permanente, la sospecha hacia toda institucionalidad y la espectacularización de la política.

Durante los últimos días, el país ha observado una serie de encuentros entre la presidenta Laura Fernández y distintas fracciones legislativas para discutir proyectos estratégicos relacionados con Crucitas, el Régimen Obligatorio de Pensiones (ROP), la marina de Limón y el tren eléctrico rápido para la Gran Área Metropolitana. En principio, nada de ello tendría que interpretarse negativamente. El diálogo entre poderes y la búsqueda de acuerdos forman parte natural de cualquier democracia funcional.

Sin embargo, el problema no reside únicamente en los proyectos discutidos, sino en las formas políticas y simbólicas que han acompañado dichos encuentros. Porque las democracias no descansan solamente sobre normas jurídicas o procesos electorales; también dependen de rituales mínimos de reconocimiento mutuo, respeto institucional y trato horizontal entre actores políticos.

Cuando diputados electos deben entregar sus dispositivos móviles, ingresar por accesos secundarios y someterse a protocolos que transmiten desconfianza y subordinación, el mensaje implícito deja de ser únicamente “seguridad”. Lo que emerge es una escenificación jerárquica del poder. Una puesta en escena donde el oficialismo no solo gobierna, sino que demuestra quién controla el espacio, las reglas y el ambiente de interacción.

Más preocupante aún resulta la contradicción observada entre la aparente disposición al diálogo de la presidenta y las acciones posteriores del oficialismo legislativo. Mientras en las reuniones se prometen espacios de análisis y discusión —como ocurrió con las propuestas alternativas sobre Crucitas impulsadas por sectores de oposición—, posteriormente la fracción oficialista acelera votaciones y desconoce en la práctica cualquier margen real de negociación.

La pregunta entonces se vuelve inevitable: ¿se trata de auténticos procesos de diálogo o de mecanismos performativos orientados a administrar tensiones mientras las decisiones ya han sido tomadas de antemano?

En este contexto, la presencia constante y protagónica del expresidente Rodrigo Chaves —actual ministro de la Presidencia— añade una dimensión aún más compleja. Las escenas televisadas posteriores a las reuniones han dejado ver algo más que diferencias políticas. Han mostrado gestos, interrupciones, descalificaciones y formas de interacción que parecen diseñadas no para construir acuerdos, sino para reafirmar relaciones de poder y dominación simbólica.

Especialmente grave fue la escena pública en la que la presidenta humilló al presidente de la Corte Suprema de Justicia, reduciendo décadas de trayectoria judicial a un recurso retórico simplista orientado a desacreditarlo frente a la opinión pública. El problema no es únicamente el tono empleado, sino lo que dicha escena representa para la cultura democrática: la transformación de las instituciones en enemigos morales permanentes del “pueblo”, encarnado supuestamente por un liderazgo político confrontativo y emocionalmente agresivo.

Como ha señalado Byung-Chul Han (2014), las sociedades contemporáneas tienden a transformar progresivamente la política en un espacio dominado por la exposición, el impacto emocional y la lógica del espectáculo permanente. En ese contexto, la deliberación racional pierde terreno frente a la provocación, la simplificación y la producción constante de antagonismos. La política deja entonces de ser un espacio orientado al encuentro conflictivo pero democrático, para convertirse en una dinámica de excitación permanente donde lo importante ya no es convencer, sino impactar.

Y es aquí donde emerge uno de los elementos más delicados del momento político costarricense: la normalización social de la degradación institucional como espectáculo legítimo de gobierno.

Buena parte de los comentarios en redes sociales celebraron la humillación pública del magistrado. No la interpretaron como un deterioro del debate democrático, sino como una muestra de valentía, autenticidad o “mano dura” contra las élites. Ese detalle es fundamental, porque revela una transformación cultural peligrosa: la agresividad empieza a percibirse como virtud política y el desprecio hacia el adversario como signo de honestidad.

No se trata de negar los enormes problemas que enfrentan las instituciones costarricenses. El Poder Judicial requiere reformas importantes. La Caja Costarricense del Seguro Social enfrenta desafíos estructurales serios. El sistema político arrastra privilegios, burocracias y profundas desconexiones con amplios sectores sociales. Todo eso es cierto y debe discutirse.

Pero una cosa es impulsar reformas democráticas y otra muy distinta destruir sistemáticamente la legitimidad de toda mediación institucional. Cuando toda autoridad técnica, judicial o administrativa es presentada como corrupta, inútil o enemiga del pueblo, el único actor que termina apareciendo como fuente legítima de verdad es el liderazgo político personalista.

Ahí reside el verdadero peligro.

Steven Levitsky y Daniel Ziblatt (2018) han mostrado que las democracias contemporáneas rara vez colapsan mediante rupturas espectaculares o golpes abruptos. Más frecuentemente se erosionan lentamente, a través de la degradación paulatina de normas no escritas de tolerancia mutua, contención institucional y reconocimiento recíproco entre adversarios políticos. Cuando dichas normas se debilitan, la democracia puede conservar formalmente sus procedimientos electorales mientras deteriora progresivamente su cultura política.

Las democracias modernas necesitan contrapesos, deliberación, pluralismo y legitimidades compartidas. Cuando esos elementos empiezan a ser reemplazados por la lógica del espectáculo, la humillación pública y la confrontación permanente, el deterioro democrático deja de ser una hipótesis abstracta para convertirse en una práctica cotidiana.

Hannah Arendt (1993) advertía que uno de los mayores peligros para la vida democrática surge cuando el espacio público deja de estar orientado por el juicio, la pluralidad y la discusión, para convertirse en un escenario dominado por emociones colectivas, enemistades permanentes y destrucción simbólica del adversario. Esa advertencia conserva hoy una vigencia inquietante.

Por eso el problema de fondo no son únicamente Laura Fernández, Rodrigo Chaves o el oficialismo. El problema es el tipo de sensibilidad política que como sociedad estamos aprendiendo a tolerar, justificar e incluso celebrar.

Las democracias no suelen desaparecer de un día para otro. Rara vez colapsan únicamente mediante golpes abruptos o rupturas espectaculares. Muchas veces comienzan a erosionarse lentamente cuando el respeto deja de tener valor público, cuando el adversario se convierte en enemigo moral y cuando humillar empieza a confundirse con gobernar.

Y quizá esa sea hoy la pregunta más importante para Costa Rica: ¿estamos todavía frente a excesos de estilo político o estamos aprendiendo, poco a poco, a convivir con una cultura democrática cada vez más degradada?

Referencias

Arendt, H. (1993). La condición humana. Barcelona: Paidós.

Han, B.-C. (2014). Psicopolítica: neoliberalismo y nuevas técnicas de poder. Barcelona: Herder.

Levitsky, S., & Ziblatt, D. (2018). Cómo mueren las democracias. Barcelona: Ariel.

Bloque Opositor Político o Alianza Política Opositora

Escrito en . Publicado en Análisis.

Vladimir de la Cruz

En el lenguaje político de estos días de mayo han surgido las imágenes de un Bloque Opositor Político o una Alianza Política Opositora, para referirse a los 26 diputados de los partidos políticos que no representan al Gobierno, que literalmente son el alter ego político de los 31 diputados del Partido Pueblo Soberano.

Este grupo de diputados opositores, así reconocidos, representan 4 partidos, dos diputados de una manera unipersonal, el Frente Amplio con 7 y Liberación Nacional con 17. Estos hicieron un documento al que le dieron publicidad de unidad de propósitos parlamentarios, presentándose como un sector organizado, de oposición política contra el oficialismo, es decir contra los diputados que representan los intereses del gobierno de Laura Fernández.

El concepto de Bloque me gusta más para su identificación si lo consideramos como agrupación de partidos o de legisladores, que se unen temporal o permanentemente para actuar de manera conjunta, para defender intereses comunes y para tratar de alcanzar objetivos políticos en los cuales estén de acuerdo en lograrlos. Hasta ahora en los pocos días de trabajo parlamentario los diputados de este Bloque no han dado la sensación de Bloque, han intervenido con la individualidad de cada uno y con la individualidad política que cada uno tiene partidariamente. No se perciben todavía acciones que respondan a la práctica política unitaria que debería ser percibida. Todavía no se sienten como una unidad política para negociar leyes, para integrar las comisiones del Congreso, a las cuales tienen derecho de participar. En este caso, de las comisiones, les han impuesto las comisiones siguiendo el lineamiento que había señalado el entonces presidente Chaves, de ubicarlos en las comisiones menos importantes o trascendentes del trabajo legislativo. Esto, a pesar de que con la mayoría parlamentaria que el oficialismo tiene pueden aplastar numéricamente en cada comisión para aprobar lo que quieran.

En el caso del Frente Amplio y de Liberación Nacional por el número de diputados que tienen, de conformidad con el Reglamento Legislativo, deben tomarlos en cuenta y atender sus peticiones de integrar o de participar en las comisiones que ellos quieran trabajar.

En la práctica del llamado Bloque Opositor lo que hay son cuatro partidos, hasta ahora cada uno tratando de ir definiendo sus propios pasos y tratando de destacar su identidad. No se siente, repito, políticas o proyectos que sean del “Bloque”, que permitan ir amarrando más y de mejor manera la acción conjunta de estos 26 diputados. Es entendible que haya diversidad de opiniones, por partidos o por diputados, pero sobre esa diversidad de opiniones, lo que debe de haber es la unidad de acción parlamentaria.

Los Bloques políticos a veces tienen afinidad política, de ideas políticas, de doctrinas políticas. Cuando así actúan es mejor, por la mayor coincidencia que puedan tener. Si no es por afinidad política, tiene que ser por lo que definan apoyar como grupo, como Bloque, por la unidad de acción que requieren.

Hasta ahora no han presentado proyectos de ley que respondan al Bloque, al esfuerzo colectivo del trabajo unitario de estos cuatro partidos políticos.

La Alianza política es simplemente la unidad en la acción concreta ante un Proyecto de Ley determinado, lo cual tampoco en este momento se aprecia que pueda estar ocurriendo con estos cuatro partidos políticos que no son el partido Pueblo Soberano.

Electoralmente conocemos las Coaliciones y las Fusiones partidarias. Los cuatro partidos representados en la Asamblea Legislativa, frente a Pueblo Soberano, no son en sí mismos una Coalición ni una Fusión.

Uno de ellos, si es una coalición partidaria, resultante de la unión en las elecciones de dos partidos, que lograron elegir a una diputada. Esta diputada sí habla a nombre de la Coalición que la logró elegir. Eso me parece muy bueno, muy honesto de parte de ella, y corresponde a dar la imagen de que ella representa a esos dos partidos.

Las coaliciones son partidos integrados en uno solo. El Bloque Opositor, como llaman a veces a estos cuatro partidos, a Liberación Nacional, la Unidad Social Cristiana, el Frente Amplio y la Coalición Agenda Ciudadana, por sí no es una coalición. Tiene más de alianza para la ocasión que de coalición de lucha política. Son la suma de fuerzas para actuar legislativamente y distinguirse de las acciones legislativas que el gobierno impulsa con Pueblo Soberano, si se trata de distinguirse de ese partido.

También, es importante señalarlo, iniciativas políticas, proyectos de ley propuestos por Pueblo Soberano, que sean dignos de apoyarlos hay que hacerlo.

Con la mayoría parlamentaria que hay, de mujeres diputadas, es inconcebible que no se haya articulado una agenda de proyectos de ley en beneficio de las mujeres costarricenses. Se deberían articular estos proyectos, con el apoyo de las organizaciones de mujeres existentes en el país, y con movilizaciones para aprobarlas. Tengo claro que en esa perspectiva de proyectos por la mujer pueden no estar todas de acuerdo, ni todos los partidos, pero hay que buscar en lo que están todos y todas de acuerdo para aprobar como Leyes de la República.

Por ahora, el Bloque Opositor o la Alianza Opositora suena bien, pero pareciera que les falta contenido a estos conceptos. Hay que darles contenido político a los conceptos en la práctica parlamentaria.

Hay que darle una agenda común a este Bloque Opositor de manera concreta. Esta es la tarea de los partidos que allí están representados, de sus dirigentes, y a falta de ellos, de los propios diputados, si realmente se quiere construir esa fuerza opositora, en capacidad de defender la democracia nacional frente al desafío de avanzar hacia el autoritarismo político, el despotismo institucional, la dictadura, la tiranía, el militarismo gobernante o el cause fascista en el desarrollo nacional.

El nuevo referendo de Chaves

Escrito en . Publicado en Análisis.

Freddy Pacheco León

Freddy Pacheco León

¡A como haya lugar!, con cualquier pretexto, como su objetivo de «ministro de Propaganda«, Rodrigo Chaves convocará desde Zapote y su mayoría parlamentaria un referendo que no requerirá colectar firmas.

Sin embargo, se conoce que serán muy escasas las probabilidades de tramitar en dicho nuevo referendo, proyectos que requerirían 38 votos legislativos ya que no podrían aprobarse, independientemente de la votación, si menos de 1,4 millones de votantes conformaren el quórum mínimo de ley.

Así, sin nuestra ayuda (¡de los que nos quedaríamos en casita!), o sea el voto de los reunidos alrededor del bloque democrático, que inteligentemente no le ayudaríamos acudiendo a las urnas, el tal referendo sería un gasto inútil de tiempo, esfuerzo y recursos millonarios, si quizá, a diferencia del anterior intento, no fuere un proyecto tan mal redactado.

No nos podemos engañar que al ministro Chaves lo único que le interesa es hacer campaña con recursos públicos, con la intención de alterar con sus discursos vulgares, la gestión política de los tres poderes del Estado, pues es sabido que a él le importa un pito la estabilidad del Estado, ni le desvela descalabrar la gestión gubernamental de una presidenta incapaz de decirle no, a quien es evidente manda en Casa Presidencial.

En fin, aunque ni con el 100 % de los votos sumados a la elección de Laura Fernández, Chaves podría alcanzar un resultado válido, pues le faltarían unos 400.000 votos, si ha de saber, que muchos ciudadanos costarricenses, de alma democrática, le enfrentaríamos en su campaña por fuera del domo y en las poblaciones urbano-marginales, para que los miles de engañados, ahora desilusionados, lo vayan conociendo mejor.

Laura Fernández en el banquillo: El peligro del populismo efectista y las cortinas de humo

Escrito en . Publicado en Análisis.

Por JoseSo (José Solano-Saborío) / Entre Verdades y Opiniones

La reciente escena protagonizada por la presidenta Laura Fernández frente al magistrado Orlando Aguirre, presidente de la Corte Suprema de Justicia, está lejos de ser un simple exabrupto. Es, por el contrario, una pieza fríamente calculada dentro del engranaje de un estilo político heredado de su mentor, Rodrigo Chaves. Es un libreto grotesco que prioriza el espectáculo y la humillación pública por encima del debate de altura y el respeto institucional.

Interpelar públicamente a un magistrado por sus 37 años de carrera, reduciendo su trayectoria a la insinuación malintencionada de “cargos vitalicios” y supuestos “favores políticos”, para luego coronar el ataque comparando ese tiempo de servicio con sus propios 39 años de vida, es un acto de manipulación efectista. Es, además, una comparación peligrosamente descontextualizada, más de alguien que tiene la mitad de sus 39 años de vida viviendo del erario público como funcionaria de gobierno en puestos de confianza y ministeriales. Sin mencionar que su mentor —sin cotizar para ello— es hoy un ex presidente pensionado de lujo y con doble sueldo de ministro.

Es imperativo establecer la línea divisoria que el discurso oficialista intenta borrar: la abismal diferencia entre un cargo político-administrativo y la magistratura judicial. Los puestos políticos son, por naturaleza, transitorios; responden al vaivén de la voluntad popular, a la coyuntura electoral y a la necesidad de alternancia en el poder. Cualquiera con el respaldo de los votos puede ocuparlos.

Sin embargo, la labor de un juez supremo es de una naturaleza completamente distinta. Su responsabilidad central es la generación de jurisprudencia, la interpretación de la norma y la protección del orden constitucional. Para ejercer un cargo técnico-jurídico de esta magnitud no basta el carisma ni el verbo encendido; se requiere una vida entera de estudio, madurez académica y una experiencia que solo otorgan las décadas de análisis profundo. En las democracias más sólidas del mundo, la longevidad y la estabilidad de los jueces no son vistas como un “abuso”, sino como la mayor garantía de independencia frente a las presiones efímeras de los políticos de turno.

Al ignorar estas diferencias fundamentales, la señora presidenta peca de lanzar una ofensa injuriosa. Su objetivo no es promover una reforma institucional seria, sino ejecutar un acto populista diseñado a la medida de sus acólitos. Es un discurso estridente que alimenta a quienes disfrutan del insulto y la degradación de la autoridad, funcionando como el antídoto perfecto para aliviar la disonancia cognitiva de sus seguidores más ciegos.

Pero, como en todo truco de ilusionismo político, lo que importa no es la mano que se agita, sino lo que se esconde detrás. Este acto vil y desconsiderado hacia el jerarca de uno de los Poderes de la República es, en realidad, un distractor de manual.

Es la cortina de humo perfecta, lanzada estratégicamente en el rostro de la ciudadanía, para hacer olvidar a la masa enajenada el verdadero elefante en la habitación: su mentira sobre el Régimen Obligatorio de Pensiones (ROP). Mientras el país se enfrasca en discutir la edad de la mandataria frente a los años de servicio del magistrado, el debate sobre el futuro de los ahorros y las pensiones de los costarricenses queda convenientemente relegado al olvido.

Gobernar a base de humillaciones y espectáculos para tapar las propias falsedades es un juego peligroso. Costa Rica no necesita líderes que incendien la institucionalidad para ganar el aplauso fácil de la galería, sino estadistas que asuman la verdad, por más incómoda que esta sea. A fin de cuentas, la historia es implacable y siempre tiende a darle su verdadero lugar a los políticos populistas, manipuladores y autocráticos. Que lo digan, si no, figuras nefastas como Benito Mussolini en Italia, Jorge Rafael Videla en Argentina o Rafael Leónidas Trujillo en República Dominicana, entre tantos otros que dedicaron sus cuotas de poder a humillar y denigrar a quienes les plantaban oposición. El aplauso efímero del fanático nunca los salvará del juicio definitivo de la historia.

El pasado nos convoca

Escrito en . Publicado en Aportes para el desarrollo.

Isabel Ducca D.

Uno de los blancos preferidos de la globalización neoliberal ha sido la memoria histórica y social de los pueblos contra los que se ha dirigido. En nuestro país, antes de los años ochenta ya nuestra memoria social era raquítica, coja, sorda y tuerta. Después de casi cincuenta años de depredación económica, social, política, ambiental y feminicida, nuestra situación es crónica.

Evidentemente, estos últimos cuatro años han deteriorado aún más el tejido social y el anuncio es que, para el 2030, tendremos un panorama todavía más desolador. Posiblemente, habrá quienes se rehúsen a ver la realidad y el futuro ingrato en el horizonte y me tilden de ave de mal agüero. Volver a mirar para otro lado lo único que les puede ocasionar es una torticolis mental o histórica.

Hay mucho que reconstruir y, sobre todo, mucho que fortalecer si deseamos crear resistencia y nutrir la que poseemos. No tengo recetas ni soluciones, los procesos de lucha social se piensan y se llevan a cabo en colectivo. Sin embargo, siempre caben iniciativas; son semillas para poner a germinar, después sembrar, regar, cuidar y un día nos darán sus frutos.

Antes de exponer mi propuesta, deseo expresar dos aspectos fundamentales de mi motivación. El primero se refiere a la gran lección de espiritualidad que le ofrece el pueblo mexicano al mundo entero cada fiesta de muertos. Si bien durante esa fecha hay turismo, mucho; hay negocio, en demasía; no se queda únicamente en lo mercantil; lo trasciende, de una manera indescriptible. Surge una energía espiritual, creativa, festiva y de recogimiento para renovar el hilo que conecta con la ancestralidad para agradecer y rendir un merecido homenaje.

El otro asunto guarda relación con la calidad humana de nuestra gente. Nuestro país no fue forjado por los “prohombres y héroes” de la historia oficial, aunque hubo quienes pusieron granos de arena y otros reformas estructurales por el bienestar social, ha sido la lucha popular la que ha definido el rumbo, al lado de liderazgos con sensibilidad e inteligencia para anteponer el bien común a la codicia y la ambición. En cualquier rincón del país, hay memoria suficiente para rescatar y enaltecer personajes cuya acción fue determinante para abrir caminos, luchar por la educación pública, mantener el agua como bien social, defender los bosques, la naturaleza y los animales de la voracidad depredadora del gran capital, velar por apertura y consolidación de los servicios de salud. Y, al lado de esas aventuras sociales por el bienestar de las personas más vulnerables, nos acompaña la creatividad, el humor y el saber popular. Pero la calidad humana a la que me refiero no atañe únicamente a quienes se dedican a la lucha social.

Este país no salió de la mediocridad de las dirigencias actuales que no saben, y lo alardean públicamente con impudicia, ni siquiera por cuál guerra mundial vamos. No, la ignorancia y la falta de cultura no han sido nunca la tónica. En Costa Rica, una diputada que osara afirmar que se pueden vivir dos años sin cultura, no habría sido vista con admiración. Por esa razón, tenemos un legado en literatura, pintura, grabado, escultura, música, arquitectura, ingeniería, medicina, ciencia y tecnología que no nos avergüenza. Todo lo contrario, nos debe llenar de regocijo y ganas de rememorar ese maravilloso legado.

La memoria social está intrínsicamente ligada a la identidad. Evidentemente, hay un aspecto, el académico, que corresponde a cada especialidad, fundamentalmente a quienes se dedican a la historia como ciencia social. Su guía es imprescindible. Sin embargo, la memoria es un ancho y vasto territorio en el cual andamos como sociedad, por lo que nuestra incidencia para rescatar, recordar, construir relatos y crear formas y diseños para homenajear y rendir tributos nos compete a todas las personas que nos sintamos identificadas y queramos participar y aportar.

El pasado nos convoca a realizar en la primera semana de noviembre de cada año una fiesta de los muertos a la tica. Vayamos a nuestras raíces en cualquier rincón en el que estemos, tenemos mucho que aprender y regalar a quienes nos seguirán en este camino. saquemos del baúl de los recuerdos a quienes destacaron por su entrega en diferentes momentos y demos homenaje a esos muertos que hoy nos inspiran.

¡Creatividad nos sobra!

Posteriormente, daremos a conocer un manifiesto para ser suscrito por personalidades de la cultura y la academia, colegios profesionales, organizaciones y personas individuales.

La ilusión constitucionalista

Escrito en . Publicado en Análisis.

Manuel Delgado

Costa Rica tiene dos patronas: la Virgen de los Ángeles y la Constitución Política. Sobre la fidelidad a la primera no tengo nada que decir. Sobre la segunda hay que resaltar que la Constitución desata toda una adhesión mística a su devocionario. Hablando de ella, se nos ponen los ojos en blanco, el corazón palpita con fuerza y el cerebro cesa sus impulsos cognoscitivos. He tenido la experiencia, incluso con gente inteligente y de izquierda, de que hablar mal de la constitución es peor que hablar de la Negrita de Cartago.

La pobre criatura esa, me refiero a la Constitución, es, sin embargo, un ser inanimado, un simple instrumento, bueno o malo según la mano que la esgrima.

Pero hay una cosa en la que no hemos pensado, y es que esta constitución es una norma espuria, nacida no de un consenso sino de una imposición por la fuerza.

Nuestra Carta Magna fue elaborada y declarada por una constituyente de la que fueron excluidos los dos principales partidos de la oposición, el Republicano de Calderón Guardia y el Comunista, que ya por entonces se llamaba Vanguardia Popular. Sus integrantes fueron electos en un periodo de terror político, cuando país era dirigido no por un gobierno legítimo sino por una junta de facto cuyo único sostén eran las armas y, por tanto, la represión.

La Asamblea Constituyente estuvo integrada principalmente por diputados ulatistas, 33 de 42, cuyo partido, dice la historiadora Clotilde Obregón Quesada, “era el único que tenía en sus manos el mecanismo para hacer propaganda”. Lástima que la historiadora no haya ahondado en esto. Había cinco diputados de un partido independiente, llamado Constitucional, tres del Social Demócrata, que luego pasaría a integrar el Partido Liberación Nacional, y uno del partido Confraternidad Nacional.

Los ulatistas, el Partido Unión Nacional, habían ganado las elecciones del 48, las cuales fueron declaradas fraudulentas y anuladas por el Congreso Nacional, la Asamblea Legislativa de entonces. Esa anulación sirvió de excusa para que Figueres iniciara la guerra civil.

Una vez terminada la guerra civil, Figueres y Ulate pactaron un procedimiento muy curioso: el primero gobernaría de facto y sin congreso por 18 meses, al cabo de los cuales le entregaría la presidencia a Ulate, reconociéndolo como ganador de las elecciones del 48, pero habría elecciones legislativas, desconociendo el resultado correspondiente de esas mismas elecciones. ¿Por qué un resultado era válido y el otro no? La cuestión tenía nombres y apellidos: la mayoría de los diputados electos en esas elecciones, repito, fraudulentas para una cosa pero válidas para otra, eran del partido calderonista y de los comunistas.

En momentos en que se realizaron las elecciones tanto para la constituyente como para la Asamblea Legislativa, los partidos Republicano y Vanguardia Popular estaban fuera de la ley, sus líderes en el exilio y sus dirigentes presos o escondidos. Ese mismo mes de diciembre de 1948 fueron asesinados los mártires del Codo del Diablo.

La otra parte del acuerdo era volver a llamar a elecciones generales en 1952-1953, pero la Constitución establecía que “no podrá ser elegido Presidente o Vicepresidente: 1.-el que hubiese servido la Presidencia en cualquier lapso dentro de los ocho años anteriores, etc…” Esto se aplicaba a los que hubieran servido la Vicepresidencia. Es decir, con nombres y apellidos, no podían postularse ni Calderón Guardia ni Teodoro Picado. Esa misma norma contemplaba una excepción: José Figueres Ferrer, presidente de la junta de gobierno, el cual sí siguió gozando de los derechos constituciones.

Calderón Guardia volvió a ser candidato en 1962. Teodoro Picado murió en el exilio en Nicaragua en 1960. A los comunistas de Vanguardia Popular se les niega su derecho a participar hasta 1970 (la norma constitucional que les prohibía participar se derogó hasta 1976). Así de democrática era la Carta Magna y quienes la aplicaban.

Hay una cosa muy extraña que nunca he encontrado debidamente explicada, y es que tanto en las elecciones de la constituyente de 1948 como las parlamentarias de 1949 las fuerzas afines al figuerismo (con esto me refiero al Partido Social Demócrata) tuvieron unas votaciones bajísimas. Electoralmente, el figuerismo se hace muy fuerte en las elecciones de 1953. ¿Cómo se explica ese vuelco?

Así que los mitos de la democracia y su constitución son solo eso: mitos de nuestra historia, plegarias de nuestro devocionario, que un político serio debe tomar con sentido crítico y espíritu de educador popular. En otras palabras, para hablar de la constitución y comer pescado, hay que tener mucho cuidado.

Cuando el misterio reemplaza a la evidencia

Escrito en . Publicado en Análisis.

Jaime E. García González
Dr. sc. agr., Prof. catedrático jubilado UCR y UNED
Miembro de la Red de Coordinación en Biodiversidad (RCB)
biodiversidadcr@gmail.com

Las desapariciones de científicos alimentan teorías inquietantes, pero también revelan cómo el secretismo y la desinformación moldean la percepción pública.

La reciente desaparición de Ingrid Coleen Lane, neurocientífica y bioingeniera vinculada a investigaciones relacionadas con seguridad nuclear en Estados Unidos, volvió a encender en redes sociales y medios alternativos una vieja narrativa: la supuesta existencia de una cadena de científicos desaparecidos o asesinados en circunstancias misteriosas. Junto a su nombre reaparecieron casos como los de Anthony Chávez, Melissa Casias, Carl Grillmair, Michael David Hicks, Nuno Loureiro y William Neil McCasland, todos asociados de una u otra forma con proyectos científicos estratégicos.

Ingrid Coleen Lane

El tema ha sido ampliamente difundido por medios como Actualidad RT, que presentan estos hechos como una sucesión inquietante de episodios conectados. Sin embargo, análisis posteriores y recopilaciones periodísticas, como la publicada en Wikipedia sobre la teoría de los científicos desaparecidos, advierten que hasta ahora no existe evidencia sólida que demuestre una conspiración organizada detrás de estos acontecimientos.

Y precisamente allí aparece el aspecto más interesante del fenómeno: no solo importa lo que ocurrió, sino cómo las sociedades contemporáneas interpretan aquello que no logran explicar completamente.

Vivimos en una época marcada por la desconfianza institucional. Cuando un científico relacionado con programas nucleares desaparece sin dejar rastro, o cuando un investigador aeroespacial fallece en circunstancias poco claras, el vacío informativo rápidamente se llena de sospechas. La opacidad estatal, la cultura del secreto en áreas de defensa y la dificultad para acceder a información verificable crean el terreno ideal para que prosperen narrativas conspirativas.

No es un fenómeno nuevo. Durante la Guerra Fría, tanto Estados Unidos como la Unión Soviética construyeron gigantescos aparatos científicos estrechamente ligados a intereses militares y geopolíticos. Desde el Proyecto Manhattan hasta la carrera espacial, el conocimiento científico pasó a convertirse en un recurso estratégico. Y donde existe poder estratégico, inevitablemente surgen secretismo, vigilancia y desinformación.

Sin embargo, convertir automáticamente toda desaparición en prueba de una conspiración puede ser tan problemático como negar cualquier interrogante legítima. Varias de las muertes y desapariciones mencionadas tienen explicaciones parciales, antecedentes personales complejos o investigaciones todavía abiertas. Otras simplemente fueron amplificadas en internet mediante asociaciones especulativas construidas sobre coincidencias profesionales.

Eso no significa que las preguntas deban descartarse. Las instituciones públicas tienen la responsabilidad de ofrecer información transparente y verificable, especialmente cuando los hechos involucran sectores sensibles vinculados a defensa, energía nuclear o investigación estratégica. El silencio prolongado y las respuestas ambiguas solo alimentan la incertidumbre social.

Pero el verdadero desafío contemporáneo parece ser otro: aprender a movernos entre dos extremos igualmente peligrosos. Por un lado, la ingenuidad que acepta sin cuestionar toda versión oficial. Por otro, la tendencia a interpretar cualquier vacío de información como prueba automática de conspiraciones globales.

Las redes sociales y ciertos medios digitales han convertido el misterio en un producto altamente rentable. La lógica algorítmica premia el impacto emocional, no necesariamente la evidencia. Así, historias complejas terminan reducidas a relatos simples de “científicos eliminados” o “secretos ocultos”, aunque la realidad sea mucho más ambigua.

Quizás la lección más importante de estos casos no sea demostrar la existencia de una conspiración internacional, sino evidenciar la profunda crisis de confianza que atraviesan las sociedades modernas. Cuando las instituciones pierden credibilidad, incluso las coincidencias comienzan a parecer sospechosas.

Y en tiempos donde la información circula más rápido que la verificación, el misterio suele expandirse mucho más velozmente que la verdad.