Después de los tres años, dos meses y cinco días de encarcelamiento que pasó Julian Assange en la prisión de máxima seguridad de Londres, precedidos por los seis años, nueve meses y 23 días que pasó como perseguido dentro de la embajada de Ecuador en Londres, la ministra del Interior británica, Priti Patel, ha tomado una decisión vergonzosa y peligrosa, dando el visto bueno a la solicitud de extradición presentada por Estados Unidos.
Assange, por lo tanto, se arriesga a terminar su vida en una prisión de Estados Unidos, cumpliendo una sentencia anormal (hasta 175 años de prisión) por delitos de espionaje, dictada al final de un juicio injusto y después de un período de confinamiento solitario.
Hay una enorme paradoja en esta historia de persecución política y judicial: los que cometieron crímenes de guerra siguen andando libres y quizás escribiendo memorias en las que se reivindican y se jactan de ellos. Quienes los denunciaron, haciendo pública una información de interés general, se arriesgan a ser los únicos que paguen.
Los recursos internos y los recursos ante el Tribunal de Justicia Europeo continuarán, por supuesto. Hoy no ha terminado. Pero hoy, esta fecha del 17 de junio de 2022 debe quedar marcada en el calendario como un día peligroso: el día en que el gobierno británico dijo que el periodismo de investigación es un delito, el día en que se sentó el precedente de que un gobierno opuesto a la libertad de prensa puede perseguir a «periodistas enemigos» en el territorio de otros estados para entregarlos.
*Riccardo Noury
Riccardo Noury es el portavoz de Amnistía Internacional Italia desde 2003, organización de defensa de los derechos humanos de la que es miembro desde 1980. Escribió «No soportamos la tortura» (Rizzoli Libri Illustrati, 2001), “Poesie da Guantánamo” (2007), “La cabeza en otra parte” (Infinito Edizioni, 2020), “La misma pelea, la misma razón” (People Pub, 2020) y “Molla chi verdugo. El lento final de la pena de muerte en EEUU” (Infinito Edizioni, 2022). Es coautor de “Un error capital” (Ediciones Cultura de Paz, 1998) y “Srebrenica. Justicia denegada” (Infinito Edizioni, 2015). Editó “Los olvidados. Las que no se fueron tras la pandemia” (Infinito Edizioni, 2020) y “Las mujeres de Minsk” (Infinito Edizioni, 2021). Desde 2003 es responsable de la edición italiana del Informe Anual de Amnistía Internacional. Escribe, a través de sus blogs, en el Corriere della Sera, el periódico Fatto, Focus on Africa, Article 21 y Pressenza.
En estos tiempos, un cambio de gobierno debería conducir a un cambio de políticas. Ya habíamos acotado el peligro de que el nuevo gobierno se convirtiera en un segundo tiempo del partido iniciado por el gobierno de don Carlos Alvarado, donde se gestó la alianza pluripartidista más neoliberal de la historia política reciente del país, intensificando la polarización económica y social.
La agenda de proyectos de ley impulsada por el gobierno prácticamente se ha reducido a retomar proyectos de la administración anterior. Por supuesto, la mayoría afines a las políticas orientadas a continuar desmantelando la institucionalidad social y atentando contra derechos fundamentales de los trabajadores, para seguir sirviendo la mesa de los eternos ganadores, en este río revuelto. Es decir, cambio de gobierno sin cambio de políticas.
Así, por ejemplo, se pone en la picota, nuevamente, la autonomía de instituciones como las universidades públicas, la Caja Costarricense del Seguro Social y las municipalidades, acogiendo e impulsando un proyecto de reforma a la Constitución para poner la carreta delante de los bueyes, es decir, los intereses fiscalistas sobre los intereses del bienestar y el desarrollo social del país.
Si algo necesita este país, para salir del atolladero en que se encuentra, es salud y educación de calidad. Sin duda, la mejor inversión social que se puede hacer si se está interesado, realmente, en salir de la pobreza y la desigualdad estructurales, y ofrecer oportunidades para el trabajo digno y “decente” a la juventud costarricense.
Con estos proyectos este gobierno pretende “ordenar la casa”, cuando lo que está haciendo es socavando los cimientos que aún la mantienen en pie. Por una parte, las universidades públicas que se ubican en los primeros lugares del rating académico latinoamericano, y que están entre los principales centros de investigación y producción científico-tecnológica innovadora del país, así como de formación de profesionales de alta calidad académica. Por otra, una institución como la Caja Costarricense del Seguro Social que ha sabido encarar con propiedad la crisis sanitaria por la que atraviesa el país, y es ejemplo allende nuestras fronteras en seguridad social. Sin embargo, en estas y otras instituciones públicas se deben introducir cambios para que los servicios que ofrecen sean cada vez cualitativamente mejores, y cumplan su cometido. Pero, ello no se logra cercándolas.
¿Por qué estos gobiernos se han ensañado con la institucionalidad social y pública, mientras continúan protegiendo y hasta premiando a empresas y financieras privadas, como ALDESA, entre muchas otras, siendo las principales causantes del desorden de la casa que se pretende ordenar? ¿Dónde están los proyectos de ley para cobrar, de manera retroactiva, las evasiones y elusiones fiscales por parte de las grandes empresas? ¿Dónde están los proyectos de ley para incrementar los impuestos a los grandes activos de capital y a los bienes improductivos, como fincas abandonadas y propiedades cuya única rentabilidad es la plusvalía que adquieren con el tiempo para beneficio de sus dueños? ¿Dónde están los proyectos de ley para impulsar la construcción de infraestructura que evite continuar pagando alquileres multimillonarios, que sangran las finanzas del Estado? ¿Dónde están los proyectos de ley para aumentar el salario mínimo, y brindar, así, capacidad de compra a las mayorías de trabajadoras y trabajadores y compensar un proceso inflacionario creciente?
Sin cambio sustantivo de políticas producto de un nuevo pacto social solidario, seguiremos esperando a Godot: el cambio que el país necesita, y que no llega.
El primer gran éxito del tenis español lo consiguió una mujer, Francisca Subirana, conocida como Panchita Subirana, al proclamarse Subcampeona del Mundo en 1920. Antes de los triunfos de Manolo Santana o Lilí Álvarez en los grandes torneos como Wimbledon o Roland Garros, Francisca Subirana consiguió el primer gran éxito del tenis español con su subcampeonato del mundo del año 1920. La vida de esta gran mujer y campeona de tenis fue intensa. La recordamos.
Francisca Subirana (1900-1981) nació en Barcelona y se aficionó a jugar al tenis siendo muy joven. Destacaba tanto con la raqueta en las manos que debutó en competición a una edad muy temprana como jugadora del Real Club de Tenis del Turó de Barcelona. Los éxitos le llegaron rápido.
Entre 1916 y 1920, la joven Francisca Subirana venció en cinco ocasiones seguidas en el Torneo de Lawn-Tennis de Barcelona, el cual era el de mayor prestigio en la España de aquel momento.
En 1920, arrastrada por sus éxitos en competición, Francisca Subirana participó en el Campeonato del Mundo de Pista Dura, celebrado entre el 22 y el 30 de mayo en el Estadio de Saint-Cloud de París.
En la primera ronda, Francisca Subirana derrotó a la francesa Suzanne Debe por 6-2 y 6-2. En cuartos de final, Subirana tuvo un enfrentamiento histórico con la Campeona Olímpica de 1912, la francesa Marguerite Billout, logrando la victoria con un marcador ajustado: 10-8 y 6-4. En semifinales, tuvo la fortuna de vencer sin jugar por la lesión de la británica Phyllis Satterwaite.
Francisca Subirana jugó la final del Mundial con la entonces Campeona del Mundo de tenis en Pista Cubierta, la británica Dorothy Holman, siendo derrotada por 0-6 y 5-7, aunque consiguió proclamarse Subcampeona del Mundo de tenis y alcanzar el primer gran éxito del tenis español.
En ese mismo año de 1920, Francisca Subirana formó parte del equipo español de tenis en los Juegos Olímpicos disputados en Amberes, aunque, a última hora, no se desplazó a la capital belga.
En 1922, Subirana se retiró del tenis y dos años después se casó en Cuba con el judío alemán e industrial Ricardo Wolf. El matrimonio residió desde entonces en la isla.
En sus años de gloria tenística, Francisca Subirana mantuvo una relación de gran amistad con el músico Pau Casals, jugador de tenis en su juventud. Casals se hizo construir una pista de tenis en su chalet situado en la playa de Sant Salvador, cercana al Vendrell, su pueblo natal, y Subirana se desplazaba desde Barcelona para jugar por las tardes con él. Casals, fuera de su faceta más conocida como músico, era un gran aficionado al tenis y un enamorado de las caminatas por playa. Acostumbraba a realizar una caminata diaria por playa de una decena de kilómetros por los alrededores de su chalet de Sant Salvador. Muchas veces el deporte puede ser un complemento magnífico para la actividad artística.
Durante las siguientes décadas, Francisca Subirana residió en Cuba junto a su marido, observando desde la lejanía el ascenso del nazismo en Alemania y la persecución de los judíos europeos.
En los años cincuenta, la Revolución Cubana tomó forma y el matrimonio Wolf-Subirana la apoyó decididamente. Fue tal el apoyo que, al alcanzar el poder Fidel Castro, en 1961, Ricardo Wolf fue nombrado embajador cubano en Israel.
En 1973, con motivo de la ruptura de relaciones entre Cuba e Israel, el matrimonio Wolf-Subirana, sin embargo, rompió su relación con el régimen cubano y se quedó a vivir en Israel, donde creó en 1975 la Fundación Wolf.
Durante todas esas décadas, tanto en Cuba como en Israel, Francisca Subirana no volvió a tener relación con el deporte en el que había conseguido ser Subcampeona del Mundo, el tenis, permaneciendo apartada del mismo y dedicándose a actividades sociales y políticas junto a su marido. Tampoco tuvo reconocimientos institucionales ni en España, ni en el extranjero. La tenista que consiguió el primer gran éxito del tenis español permaneció en el olvido más absoluto a nivel deportivo durante décadas.
En medio de ese olvido, Francisca Subirana falleció finalmente en Herzliya, Israel, en marzo de 1981, a la edad de 81 años, justo un mes después de que falleciese su marido.
La Fundación Wolf que creó con él, tras la muerte de ambos, continuó otorgando anualmente premios internacionales a personalidades de la agricultura, la química, las matemáticas, la medicina, la física y el arte. Ha perdurado hasta hoy.
En la historia del deporte español, y del tenis español más en concreto, a estas alturas y más allá de injustos olvidos, lo que también perdura es la memoria de la tenista Francisca Subirana, quien consiguió en 1920 el primer gran éxito del tenis español.
Carolina Jiménez Sandoval, presidenta de WOLA*, piensa que la reciente Cumbre de las Américas no incluyó una reflexión profunda ni un debate sobre cómo frenar el autoritarismo. En esta conversación, revisa los rasgos de estos modelos autoritarios, como el uso de herramientas democráticas para afianzar el poder, la anulación de la separación de poderes y sus agendas patriarcales y anti-derechos.
Los análisis tradicionales, basados en paradigmas de la Guerra Fría, han quedado desfasados ante estos modelos híbridos, dice Jiménez, quien destaca la necesidad de pensar en nuevas formas de participación, representación y empoderamiento de la ciudadanía y la sociedad civil para contrarrestar este camino que recorre el poder en el continente.
¿Qué sensaciones le dejó la IX Cumbre de las Américas?
Carolina Jiménez (CJ): No es una cumbre por la que haya mucho que celebrar. Para mí lo que deja, entre otras cosas, es la ausencia de un debate serio sobre la democracia. Por desacuerdos sobre ciertas decisiones del país anfitrión, terminó siendo una cumbre que mostró mucho más los desacuerdos que los acuerdos en la región. Fueron evidentes no solo el antagonismo entre algunos liderazgos latinoamericanos con Estados Unidos sino también la falta de claridad en las prioridades de Washington.
En las cumbres no necesariamente se llega a acuerdos que transforman la política hemisférica, pero sí al menos deberían de ser sitios de encuentro en algunas posiciones. Esta cumbre fue más bien un reflejo de una realidad que no es nueva, pero que se profundiza, y es que este hemisferio desgraciadamente avanza hacia la emergencia, y en algunos casos, profundización, de liderazgos autoritarios, pero no hay un debate serio sobre cómo combatir ese avance y volver a promover prácticas democráticas.
No parece casualidad que esta cumbre haya cerrado justo cuando en Estados Unidos un comité legislativo inició sus audiencias públicas sobre el ataque de leales a Donald Trump al Capitolio el 6 de enero de 2021 para presionar por la reelección del expresidente. ¿Estamos hablando de una regresión en todo el continente?
CJ: Ya no estamos hablando de retrocesos democráticos, estamos hablando de avances y consolidación del autoritarismo, que son dos marcos de referencia distintos. Cuando uno habla de retrocesos democráticos habla de una fuerte presencia de la democracia con algunos retrocesos y amenazas. Pero hay países en esta región o subregiones enteras, como Centroamérica, en donde ya hay autoritarismos muy consolidados o líderes autoritarios que avanzan a paso muy agigantados. A eso hay que sumarle que Estados Unidos, el país cuya política exterior estuvo centrada por muchos años en la promoción de la democracia, es un país que tiene hoy un gran déficit democrático. Estados Unidos está luchando para que su propia democracia sobreviva. La administración de Donald Trump logró, en un tiempo muy corto, atacar y amenazar instituciones fundamentales, al punto que se llegó a los eventos del 6 de enero. Lo que pasó ese día en Washington no impidió que se diera la alternabilidad democrática, pero mostró el poder de las fuerzas conservadoras y antidemocráticas, que siguen siendo fuerzas vivas en Estados Unidos y continúan con la amenaza del autoritarismo.
¿De qué hablamos cuando hablamos de democracia y con qué tanto ahínco puede Estados Unidos promover las democracias en su estado actual?
CJ: En su concepto más simple, la democracia es la forma de gobierno que logra recoger y responder a las demandas de una sociedad mientras se protegen los derechos de todas las personas, incluyendo las minorías. Es la forma de gobierno donde quien lidera está sometido o sometida a reglas de juegos consensuadas con la población y en última instancia su mandato depende de la voluntad de las y los ciudadanos y no lo contrario. Como han dicho varios analistas, la democracia atraviesa por una crisis epistemológica donde se ha puesto en entredicho la confianza en la misma naturaleza de dicho sistema. La democracia va mucho más allá de la acción concreta de votar o elegir representantes. Es un sistema político que no solo otorga libertades y derechos civiles y políticos a la población, sino que también debe brindar justicia social, igualdad y prosperidad económica.
El avance del autoritarismo ya no es solo un tema latinoamericano, es un tema hemisférico y así hay que abordarlo. Si Estados Unidos es un país que está luchando por la sobrevivencia de su propia democracia, es lógico que tenga más desafíos a la hora de fomentar la democracia en otros lugares. Ningún país de América Latina quiere tener un 6 de enero.
Dicho esto, a diferencia de la administración de Trump, la presidencia de Biden ha expresado que la defensa de la democracia es parte fundamental de su política exterior y en ese sentido ha pedido a gobiernos como el de Bukele en El Salvador que rinda cuentas frente a sus prácticas antidemocraticas y ha denunciado la criminalización de operadores de justicia en Guatemala, por tan solo dar dos ejemplos. Seguimos creyendo que a pesar de sus grandes desafíos internos, Estados Unidos tiene que jugar un rol positivo en la lucha contra el autoritarismo tanto en su política doméstica como en su relación con Latinoamérica.
A diferencia de los viejos dictadores, los nuevos autoritarios están haciendo uso de las herramientas democráticas para acumular poder, ¿qué cambió?
CJ: Los autoritarismos de este siglo son distintos a las dictaduras del siglo pasado. Hay que hacer nuevos análisis y comprender los contextos de forma distinta. Pinochet no tenía Twitter, Videla no comerciaba bitcoins y Ríos Montt no conocía el concepto de la posverdad. Buena parte de los líderes autoritarios en nuestra región llegaron a sus posiciones de liderazgo a través de elecciones democráticas. Muchas veces lo que sucede es que una vez que han llegado al poder elegidos democráticamente se afianzan a través de fraudes electorales u otras prácticas, pero su llegada no es a través de golpes de Estado. Las elecciones son un pilar fundamental de la democracia, pero no son en sí el único pilar. Estos nuevos autoritarios se mantienen en el poder utilizando las mismas formas democráticas.
La discusión sobre el uso del Twitter de Trump y de Nayib Bukele (presidente de El Salvador), pasa por ahí. Hay quienes consideran que Trump debe tener Twitter porque es un tema de libertad de expresión, que es un pilar de la democracia. Pero el ejercicio que hace Bukele de su Twitter, por ejemplo, es que lo usa para atacar a personas defensoras de derechos humanos, a periodistas, a desinformar. Quienes creemos en los derechos humanos sabemos que la libertad de expresión tiene ciertos límites, pero no es así en todas las jurisdicciones nacionales. El uso de los mismos mecanismos de la democracia para construir el liderazgo autoritario es una muy mala noticia.
¿Quedó desfasado el paradigma de izquierda-derecha, revolución-anticomunismo que durante tanto tiempo sirvió para etiquetar a los gobiernos de América Latina?
CJ: Esa visión de los años 70 y 80 en el contexto de la Guerra Fría con la que siguen viviendo algunos analistas e incluso políticos de a la región no creo que sea útil para entender lo que sucede hoy en día. Un ejemplo muy gráfico es la inauguración del tercer mandato consecutivo de Daniel Ortega en Nicaragua. Hay una condena generalizada de la comunidad internacional porque son unas elecciones falsas, carentes de los principios básicos de una elección libre e independiente. ¿Quiénes estuvieron en su toma de posesión? Poquísimos. Pero hay que recordar que ahí estaba Juan Orlando Hernández (expresidente) de Honduras. Entre esos dos nadie puede decir que hay afinidad ideológica. De las pocas visitas que ha recibido Ortega en Nicaragua en los últimos meses, una es la del presidente guatemalteco, Alejandro Giammattei, y nadie puede decir que hay afinidad ideológica entre los dos. Aunque tras algunas criticas el canciller guatemalteco tuvo que aclarar que hacía la visita en el marco de una gira regional, no deja de llamar la atención que sus reuniones incluyeron a altos funcionarios sancionados por el gobierno de Estados Unidos. Ese paradigma ya no sirve para este momento porque hay liderazgos que se llaman de izquierda y de derecha que son profundamente antidemocráticos. Hay alianzas que no tienen nada que ver con afinidades ideológicas. Lo que existe ahora son liderazgos autoritarios que buscan ahogar las prácticas democráticas en sus países.
Si el paradigma ideológico ya no los define, ¿qué lo hace?, ¿su narrativa mesiánica, su populismo, su asalto a los erarios nacionales?
CJ: Estos líderes se presentan frente a sus sociedades como los únicos que pueden salvar a la nación. Tienen en común que lanzan proyectos y promesas que son inalcanzables. También los caracteriza que siempre buscan romper con el sistema político del pasado. Eso se repite mucho desde Bukele hasta Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México, en sus proyectos políticos: Ellos son los únicos con los que la gente se puede identificar para un cambio, son ellos los que son capaces de quebrar el pasado y los únicos capaces de mejorar la vida de sus ciudadanos. Esa es su narrativa. Esas líneas populistas son muy comunes entre la mayoría de ellos. Pero también hay que entender las diferencias: no todos tienen el mismo poder de oratoria, no todos usan las redes sociales de la misma manera, no todos se relacionan con los movimientos sociales de la misma manera. Estamos frente a nuevas formas complejas e híbridas de entender al autoritarismo. Por eso creo que los marcos anteriores no son tan útiles.
¿Qué dice de la democracia el surgimiento de estos modelos híbridos de autoritarismo?
CJ: Yo creo que la democracia como tal está en crisis. El populismo surge y es aceptado porque la democracia no cumple con su papel, que no era solo otorgar libertades y derechos civiles y políticos a la población, sino también justicia social, igualdad y prosperidad económica. Hay que reconocer que en buena parte de nuestros países esa promesa no se cumplió y hay un desencanto con la promesa no cumplida. La gente también se cansó de la naturaleza misma de la democracia y sus posibilidades como forma de gobierno y ya no está tan convencida de que la necesita para encontrar una salida a sus necesidades. ¿No es entonces comprensible que si surge un líder que promete recomenzar para cumplir esa promesa la gente esté, al final del día, dispuesta a darle el beneficio de la duda o a abrazarlo completamente? Los desencantos con estos liderazgos toman un tiempo; por eso vemos que después de varios años de gobierno líderes como López Obrador y Bukele mantienen altos niveles de popularidad. Necesitamos nuevos marcos no solo para comprender el contexto actual, sino también para promover nuevas formas de democracia. Que la ciudadanía y la sociedad civil organizada tengan otras formas de expresión o representación, porque la crisis de los partidos políticos y el auge de los populismos muestra que la promesa de la democracia, como la entendimos en el Siglo XX, no se cumplió, por eso se vive esta crisis más epistemológica.
Hablemos de las instituciones democráticas. Lo del 6 de enero de 2021 en Estados Unidos nos habla del menosprecio del líder por la separación de poderes. En algunos lugares de América Latina esa separación está difuminada por completo. ¿Es el control absoluto del Estado algo a lo que nos conducen estos líderes de forma inevitable?
CJ: Una de las principales víctimas del “virus de los autoritarismos” es la independencia judicial. En el sistema de pesos y contrapesos de una democracia el judicial es el último reducto cuando el poder del ejecutivo es avasallante. Una vez que estos líderes autoritarios logran controlar el congreso, probablemente a través de elecciones libres, el judicial es absolutamente necesario como último contrapeso. Lo vemos con claridad con Trump y los jueces conservadores en la Corte Suprema de Estados Unidos. Ortega empezó su asalto al judicial al menos desde el 2010. En Guatemala llevan dos años sin elegir magistrados de la Corte Suprema y la Fiscal General no tiene ninguna autonomía. Bukele hizo que el sistema judicial salvadoreño colapsara en cuestión de meses; cambió la Corte, cambió el fiscal y reconfiguró el sistema a su medida. Los ataques de Jair Bolsonaro contra el sistema judicial de Brasil están plenamente documentados. En Venezuela, Hugo Chavez comenzó el proceso de cooptación del poder judicial y el gobierno de Nicolás Maduro terminó con cualquier rasgo de independencia del sistema de justicia. Estos líderes autoritarios saben que cooptar el poder judicial y eliminar su independencia es muy necesario para perpetuarse en el poder.
¿Hay otros rasgos comunes?
CJ: El cierre del espacio cívico y el uso de los medios de comunicación para demonizar a quienes les critican.
Nicaragua pasó unas leyes muy restrictivas y ha cerrado cientos de ONG. Venezuela ha tenido leyes en el pasado muy restrictivas, pero ahora además amenaza con una nueva ley de cooperación internacional que dejaría fuera de juego a muchas ONG. Trump, que no podía con facilidad cambiar las leyes a su antojo, hizo de la prensa a un enemigo. López Obrador es otro líder que con frecuencia critica a la prensa independiente, en un país que, además, tiene el mayor índice de periodistas asesinados en la región sin que desgraciadamente el presidente muestre mucha empatía. Cerrar espacios a la prensa y a las ONGs es común a este tipo de liderazgo.
También veo, y de esto se habla menos y a mí me preocupa muchísimo, que el autoritarismo es conservador y patriarcal. Junto a estos líderes hay fuerzas conservadoras, que instrumentalizan lo político para avanzar sus agendas. El autoritarismo es patriarcal y anti-derechos. Lo que ves es que en los países en donde este tipo de liderazgo surge y se afianza se atacan directamente los derechos sexuales y reproductivos, los derechos de las personas LGBTI, entre otros. La idea de la masculinidad tóxica se utiliza y se permite desde las mismas instancias de poder. Nuevamente, mira los países en Centroamérica, donde el acceso a derechos sexuales y reproductivos está más restringido. En Venezuela, después de más de dos décadas de una llamada “revolución socialista” no se ha logrado avanzar en derechos LGTBI a diferencia de otros países de Sudamérica. Los grupos que en privado y por años han promovido esta agenda encuentran en estos líderes grandes aliados.
Nicaragua es un país soberano como lo es Costa Rica. En Nicaragua hay tres poderes políticos como los hay en Costa Rica, Poder Ejecutivo, Poder Legislativo y Poder Judicial. En Nicaragua como en Costa Rica hay una Constitución Política vigente. En Nicaragua la última Constitución fue aprobada el 19 de enero de 1986 y publicada en la Gaceta el 6 de marzo de 1990. En Costa Rica la última Constitución Política la aprobamos el 7 de noviembre de 1949.
La Constitución Política de Nicaragua ha tenido reformas en su articulado. En Costa Rica también hemos hecho muchas reformas al articulado constitucional.
En Nicaragua la Constitución establece un Poder Electoral, en Costa Rica la Constitución Política establece un Tribunal Supremo de Elecciones, con rango de Poder Público. La Asamblea Legislativa nicaragüense elige más funcionarios públicos que los que elige la Asamblea Legislativa costarricense.
En Nicaragua el Presidente propone a la Asamblea Nacional “listas o ternas en su caso, de candidatos para la elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, del Consejo Supremo Electoral, de los miembros del Consejo Superior de la Contraloría General de la República, del Superintendente y Vice Superintendente de Bancos y Otras Instituciones Financieras, del Fiscal General de la República y Fiscal General Adjunto de la República.” En Costa Rica esto no lo hace el Presidente de esa forma. Se presentan candidatos ante la Asamblea Legislativa que establece mecanismos para su selección y nombramiento.
En Nicaragua se establece un Ejército, amparado a la Constitución Política para la defensa de la Soberanía, la Independencia y la integridad territorial. En Costa Rica abolimos el Ejército, como institución permanente, en 1949, y para la defensa nacional y conservación del orden público establecimos, en 1949, fuerzas de policía, las “necesarias”, y “solo por como siempre subordinadas al poder civil”. En Nicaragua, por existir un ejército hay Tribunales militares, en Costa Rica no tenemos Tribunales militares ni policiales independientes.
El Presidente de Nicaragua “ejerce la jefatura suprema del Ejército”. En Costa Rica el Presidente ejerce “el mando supremo de la fuerza pública”. Además del Ejército en Nicaragua hay una Policía Nacional. Nosotros, por dicha, no tenemos Ejército, tan solo Policía. Durante muchos años la policía fue entrenada en academias militares extranjeras, norteamericanas principalmente. Todavía se envía a academias militares a oficiales de la Policía a entrenarse en diversas disciplinas.
En Nicaragua el Presidente Daniel Ortega controla los tres poderes, el Ejecutivo por elecciones populares, el Legislativo también por elecciones populares, por tener mayoría su partido de los diputados, y la Corte Suprema de Justicia, porque al controlar el Poder Legislativo puede nombrar a su gusto a los Magistrados de la Corte, y de igual manera al Poder Electoral.
En Costa Rica el Presidente Rodrigo Chaves controla el Poder Ejecutivo por elecciones populares. El Legislativo no lo controla, tan solo tiene 10 diputados de 57 que lo constituyen. La Corte Suprema de Justicia tampoco la controla porque no tiene ningún magistrado nombrado por su iniciativa y sus diputados. Por ello no tiene, hasta ahora, la mayoría de los Altos Jueces nacionales bajo su control. En los próximos días tiene que sustituirse una Magistrada de la Corte por parte de la Asamblea Legislativa. Veremos cómo resulta este nombramiento.
No dudo en nada de la naturaleza de cómo se ejerce el Gobierno en Nicaragua y en Costa Rica. No dudo de la forma autoritaria, despótica, arbitraria, de características dictatoriales, de cómo Daniel Ortega y Rosario Murillo gobiernan Nicaragua. Pero, entendamos las cosas cómo son.
Hay militarismo en Nicaragua por la naturaleza del sistema de gobierno que allí existe, y porque hay un Ejército constituido. En los países donde hay ejércitos hay militarismo.
En Nicaragua los Derechos Políticos, la ciudadanía, los derechos a elegir y ser electos, se adquieren constitucionalmente a los 16 años. En Costa Rica se adquieren a los 18 años, con limitaciones por la edad, al igual en Nicaragua que en Costa Rica.
En Nicaragua como en Costa Rica el Presidente y su Ministro de Relaciones Exteriores definen las relaciones exteriores, es decir con cuáles países quieren tener relaciones diplomáticas y con cuáles países quieren establecer Tratados Comerciales, Culturales, Policiales y Militares.
El Gobierno de Carlos Alvarado Quesada, 2018-2022, firmó una carta de intenciones culturales más que educativas con Cuba, que no tenía prácticamente ninguna trascendencia, más allá de su sola firma. No se concretó en nada. El nuevo gobierno de Rodrigo Chaves, entre sus primeras grandes medidas, en sus primeros días de Gobierno, cuando todavía probablemente no sabía qué hacer y cómo actuar como Presidente, anuló esa Carta de Intenciones, que es como si no hubiera hecho nada porque no significaba nada en concreto, era tan solo un documento de buenas intenciones y buenos propósitos… A esto el Gobierno chavista le hizo mucha publicidad como si hubiera derrocado al Gobierno cubano o hubiera tumbado algo así como el Muro de Berlín en 1989. Hizo una campaña anticomunista al estilo de la vieja Guerra Fría, período histórico que acabó entre 1989-1991, justo cuando el Presidente Chaves dejó Costa Rica, hace más de 30 años para navegar en las aguas internacionales, desconectándose de la Historia nacional, de la idiosincrasia nacional, y de la evolución democrática costarricense de este nuevo período histórico…
En Nicaragua constitucionalmente no se permite el establecimiento de bases militares extranjeras. Tampoco en Costa Rica se permiten, aunque en el Gobierno liberacionista de Luis Alberto Monge Álvarez, se toleraron bases y emplazamientos militares norteamericanos en el territorio costarricense, fronterizo con Nicaragua, porque en ese momento los Estados Unidos agredía a la joven Revolución Sandinista, hoy traicionada, preparando allí grupos contra revolucionarios sandinistas.
Estos emplazamientos militares dejaron de funcionar el 8 de mayo de 1986 cuando el Presidente Oscar Arias asumió el Gobierno y la Presidencia de la República, y le había manifestado al Embajador norteamericano, en Costa Rica, que en esa fecha ya no debían estar esas bases porque él mismo las quitaría. Y, así fue.
Recientemente, Daniel Ortega solicitó una autorización legislativa nicaragüense, de una llegada efectivos militares rusos, al igual que como hace el Presidente de la República, y su Ministro de Seguridad, en Costa Rica, ante la Asamblea Legislativa costarricense, cuando solicitan permiso de atraco de naves militares, barcos o aviones, de los Estados Unidos, en territorio nacional.
De la solicitud del Presidente de Nicaragua, el Presidente Chaves ha tratado de hacer un gran alboroto, que más me parece un gran distractor de la realidad política nacional, y de la incapacidad del Gobierno de presentar Proyectos de Ley a la Asamblea Legislativa para que trabaje, pintando la situación como si fuera una amenaza de guerra hacia Costa Rica, por parte del ejército nicaragüense de los poquillos militares rusos que podrían llegar a Nicaragua.
Lo que no dijo el Presidente Chaves es que la solicitud de Daniel Ortega es para que en el segundo semestre de este año lleguen también a Nicaragua, fuerzas militares de Estados Unidos, de México, de El Salvador, de Guatemala, de Honduras, de Venezuela, de Cuba y de República Dominicana, todos estos países con representantes de sus ejércitos para participar en intercambio de experiencias, ejercicios de adiestramiento, y también para ver situaciones de ayudas humanitarias, para ejercicios navales y aéreos, para luchar contra el narcotráfico y crimen organizado. Por su parte la Cancillería costarricense reconoció que esas autorizaciones nicaragüenses son periódicas, y que las relaciones con Nicaragua son buenas, de diálogo permanente. Entonces, ¿para qué ponen al Presidente a decir tonterías? ¿O, son de su propia iniciativa? ¿A quién quiere asustar el Presidente Chaves verdaderamente con la presencia de unos cuantos soldados rusos en Nicaragua? Lo que exhibe es cómo lo utilizan en su ignorancia para ciertos discursos fuera de época.
Si debemos tener preocupación sobre Nicaragua, no es sobre los invitados militares que tenga, sino sobre su propia fuerza militar, sobre su propio ejército, que es el más grande de todo Centroamérica.
Ya Rusia no representa el peligro comunista, ni socialista, ni de revolución mundial, que representaba la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, URSS, o el Pacto de Varsovia, que fue disuelto en 1991, que reunía a los Ejércitos de los países socialistas europeos, a los que se les comprendía dentro de la llamada Cortina de Hierro. Ni Cuba, país socialista de América, primera y única revolución socialista del continente, se adhirió al Tratado de Varsovia, ni es una amenaza hoy estimulando guerrillas o movimientos armados en el continente. Puede ser una amenaza por su ejemplo de nación soberana.
La crisis de octubre de 1962, la de los misiles, que casi produjo una Tercera Guerra Mundial, en ese momento, que impuso a Cuba un cerco marítimo y aéreo por parte de los Estados Unidos, permitió que Kruschev y Kennedy, principales autoridades de la URSS y de los Estados Unidos, negociaran la salida de los misiles de Cuba, a 90 millas, a unos 130 kilómetros de Estados Unidos, lo que se consideraba una amenaza a la seguridad de los Estados Unidos, y que no se pusieran bases militares de la OTAN en las fronteras de los países socialistas europeos de ese momento. Algo parecido a la discusión que hay ahora sobre la incorporación de Ucrania y el establecimiento de las bases militares en la frontera rusa, situación
que puede ser similar, en esa parte del mundo, con Finlandia y Suecia, que están siendo provocativamente invitadas a formar parte de la OTAN, con casi 1500 kilómetros de fronteras con Rusia, por parte de esos dos países, y con influencia enorme sobre el Golfo de Finlandia.
Rusia es hoy un país capitalista, de desarrollo de su economía bajo el mercado y las reglas del capitalismo. Como país capitalista no amenaza más que los Estados Unidos en su presencia regional a las economías centroamericanas. Competencia puede significar para los Estados Unidos la presencia comercial de la República Popular China, país comunista políticamente, con dos economías, una de mercado capitalista y otra interior de tipo socialista clásico, país que cada día amplia sus relaciones internacionales políticas y comerciales. En Sur América hay dos países que tienen hoy más comercio con esta China que con los Estados Unidos. Se calcula además, que hacia el inicio de la década del 2030 la Economía y el Comercio de la República Popular China será el primer motor de la economía mundial.
Esto es lo que se mueve en el ajedrez político y económico mundial, de cómo afirmar la presencia de ciertos países hegemónicos, como los Estados Unidos, en el escenario internacional. La disputa, como la de Ucrania, se mueve más por el control de áreas estratégicas de producción, comercio, de mano de obra, de materias primas para la industria mundial, y particular de algunos países y, obviamente, por los intereses de la industria militar industrial existente, y del hegemonismo geopolítico
El mensaje de la presencia de efectivos militares rusos en Nicaragua no es para nosotros. En cualquier caso es para los Estados Unidos, sea para que acepte a Nicaragua como un interlocutor válido y negocie con ellos, o para asustar con la vaina vacía en el contexto de la guerra en Ucrania.
El Ejército nicaragüense es el que puede provocar inestabilidad en la región, no la presencia de unos cuantos militares rusos. El moderno Ejército nicaragüense empezó a desarrollarse desde el 19 de julio de 1979, al puro principio con influencia de la Brigada Militar costarricense que participó en la lucha contra la dictadura somocista. No ha cesado de crecer y perfeccionarse. El país más militarizado de Centroamérica es Honduras. Según el Informe de Global Firepower Honduras tiene la segunda mayor fuerza militar de Centroamérica, aventajado por Guatemala, considerada la mejor fuerza militar. Nicaragua en este informe ocupa el tercer lugar, y El Salvador en el cuarto lugar. Costa Rida en este Informe no está incluida por no tener Ejército. Esos militares rusos no alteran la paz ni la seguridad en la región ni en el continente.
En Costa Rica la marina de guerra de los Estados Unidos el 26 de este mes atracará en Puntarenas al buque de guerra US Wichita y US Canberra, acaba de estar atracado.
Ayer martes 14, en el periódico La Jornada de México, se publica que cientos de militares de 17 países de América Latina, incluidos México y Estados Unidos, comenzaron el lunes 13 de junio, en Honduras, ejercicios de entrenamiento para mejorar sus capacidades, en el campo Marte y en La Venta, al sur y al noreste de Tegucigalpa. Con prácticas diversas, de rescate de rehenes, ejercicios de anfibios, y francotiradores, que son especialistas en el asesinato selectivo. También, para ver habilidades y capacidades de conducción de operaciones especiales en diferentes escenarios, así como entrenamientos de anfibios en el Golfo Fonseca, en el pacífico, con helicópteros del Comando Sur de los Estados Unidos. En estos ejercicios militares no están participando Nicaragua, Cuba ni Venezuela. Aquí están participando militares de Argentina, Bahamas, Barbados, Belice, Brasil, Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Jamaica, Panamá, Paraguay y de Costa Rica, según la prensa mexicana. En esta participación militar se realizará el Seminario de Líderes de Alto Mando, denominado “Las Operaciones Especiales, sus retos y competencias ante las amenazas emergentes en escenarios convencionales”, organizado por la U.S. Joint Special Operations University (Universidad de Operaciones Especiales Conjuntas de EE.UU). Esto puede hacer más daño a la imagen pública de Costa Rica que no tiene Ejército, porque participamos en actividades militares…
Bases militares en Centroamérica y en el Caribe solo los Estados Unidos tiene. En Honduras, la Base de Palmerola, la Fuerza de Tarea Conjunta Bravo – Base Aérea Soto Cano, Honduras, en Cuba la de Guantánamo. Estados Unidos tenía la Escuela de las Américas, ahora llamada Instituto del Hemisferio Occidental para la Cooperación en Seguridad (WHINSEC), donde Costa Rica enviaba, ¿envía todavía?, oficiales de Fuerza Pública a prepararse. Aquí enseñaban, entre otras cosas, la tortura y asesinato selectivo a ciudadanos. En el gobierno de Obama se aprobó el último manual de torturas del Ejército de los Estados Unidos. En Fort Benning, en Georgia, también se han enviado a preparar oficiales. Entre las bases norteamericanas que se reconocen en el extranjero, se señala que en Costa Rica, en el Informe DOD de los Estados Unidos, aparece como “otros sitios” donde tienen bases, “almohadilla de lirio”, como también lo llaman, indicando que existe “a pesar de que el gobierno de Costa Rica niega una instalación militar estadounidense”. ¿Es cierto esta existencia?
De las 800 bases militares que tiene Estados Unidos fuera de su territorio, 76 hay en América latina… en Panamá, Perú, Colombia, Puerto Rico, Aruba, Curazao. En la Información del Comando sur de los Estados Unidos, una de las seis divisiones que hace de su arquitectura mundial militar, se señala a Costa Rica con una Base Menor y cuatro bases locales, ubicada en “Liberia, Caldera, Colorado y Flamingo”. En Caldera se invirtieron $15 millones de dólares según información del 2009 y el 2010. En el 2009 el Comando Sur invirtió $1.5 millón en la construcción de un muelle y otras instalaciones. En todos los informes sobre Bases Militares de Estados Unidos en la región se menciona a Costa Rica, situación que nunca ha sido desmentida por ningún gobierno.
¿Cómo es que están participando militares de Costa Rica? ¿Acaso no es prohibido constitucionalmente que participemos en ejercicios militares, de Ejército? Si la Sala Constitucional le prohibió firmar al Presidente Abel Pacheco el acta de participación en la invasión de Irak hecho por Estados Unidos, con mayor efecto de prohibición está la participación en ejercicios militares, de fuerzas policiales que no son militares, ¿o los son?, ¿o reciben formación y entrenamiento militar y no policial?
¡¡Presidente Chaves, preocúpese más de esto, de esta tendencia militarista de la policía costarricense!!
¿Qué dice el Ministro de Seguridad? ¿O participa de esta formación gorilesca de nuestra policía nacional?
Los cambios y avances de punta tecnológicos han dejado atrás muchos principios y acuerdos de respeto mutuo y convivencia mundial. Ahora las potencias mundiales compiten en las artes de destrucción masiva o en la de precisión de misiles, utilizando la inteligencia artificial y la convencional para dominar continentes completos, zonas territoriales o países, pueden definir los espacios que van a destruir en menos de 5 minutos o, en casos intercontinentales, en media hora,[1] pueden destruir miles de km cuadrados de una nación, dejándola como fue en la edad de piedra.
En Centroamérica, en menos de una semana, las fuerzas militares de EUA y Rusia tomaron esta zona como indicada para persuadirse mutuamente de lo letal que son sus capacidades bélicas. Rusia está logrando en Nicaragua la autorización, para instalar su tercera base militar afuera del territorio ruso[2]. Con un argumento sólido, de su gobierno en la Europa del Este, puesto que está rodeada de bases estadounidenses, con un despliegue de 254 bases con instalaciones militares, liderando a la OTAN,[3] quiere acercarse más a Washington. Aunque Rusia está midiendo el mejor momento para desplazar su infraestructura militar en Nicaragua.[4]
Mucha población centroamericana, de manera equivocada, sigue creyendo que ese es un conflicto entre países demócratas contra el comunismo. No se dan por enterados que en Rusia no gobierna el comunismo, pero un sistema oligárquico, dirigidos por el partido Rusia unida.[5]
Ante los intereses de dominio imperialista estadounidense, buscando utilizar a Ucrania como trampolín, Washington esta buscando asaltar el país más grande del mundo, con 17 millones de kilómetros cuadrados. Para lo cual ha contado con el apoyo, principalmente de la Unión Europea. Dado el asecho militar y político en las barbas de Rusia, ésta parece decidida a instalar una base militar en Nicaragua. La respuesta inmediata de Washington ha sido el uso de su histórico dominio político en Costa Rica para enviar sus portaviones a este territorio. Contando con la ya antañona base militar en Honduras, es poco o nada lo que le falta para tener a Nicaragua muy rodeado de fuerzas militares gringas.
Pero esas movidas militares estratégicas de estas dos potencias, independientemente de la simpatía que tengamos hacia una o la otra, nos va a cambiar geopolíticamente nuestro contexto en más de 90 grados en pocos días. Ahora el ejército nicaragüense estará más soberbio de lo que ha sido, al igual que la pareja Ortega.
Costa Rica deja de ser aquella que “no tiene ejercito desde 1948” y deja de ser la “Suiza centroamericana”, su poder judicial impune, como sus otros poderes, podrían variar a ser más represivos contra los sindicalistas; podrían reprimir más a los grupos indígenas, además de continuar con su proyecto de privatización en el marco del neoliberalismo iniciado por el Partido Liberación Nacional o, muy dudosamente se vuelva más tolerante al crecimiento de movimientos populares y democráticos.
Honduras acaba de sembrar sus esperanzas en un gobierno menos sometido a las directrices de Washington, aunque desde su inicio en enero, le ha sido difícil, ahora con una mayor presencia e interés del Pentágono en este territorio, con una de sus principales bases militares, las dificultades para hacer que se le respete su soberanía, serán mayores. Guatemala, con una problemática interna de corrupción importante aun trata de consolidar su gobierno la administración estadounidense le puede torcer el brazo. Exceptuando El Salvador y Nicaragua la seguridad militar y policial cuenta con una presencia significativa de Israel para entrenamiento y asesoría. El Salvador se ha distinguido en su política alejada de los dictados de estas dos potencias[1]. Seguramente su cercanía con la potencia China le hace mantener esa independencia. Esta relación le da un diferente carácter a la administración Bukele.
Con esta presencia militar en conflictos traídos desde febrero, no debe sorprendernos que el Istmo centroamericano se convierta en algo parecido a Ucrania guardando, desde luego, las grandes diferencias geopolíticas. No se trata de crear miedo artificial, pero sí de prevenir una grave situación, que después de la pandemia del covid-19, la crisis económica que ya estamos sufriendo y va a empeorar en los próximos meses, debido a las casi seis mil sanciones de EUA/UE contra Rusia, ahora que esperamos algunas catástrofes naturales, igual o peores del año anterior, una crisis bélica, que aumente por cien las migraciones, el hambre, el desempleo, el contrabando, etc., etc., nos destruiría por completo nuestro habitas de por sí endeble.
Recordemos que EUA es experta en abrir conflictos militares, desestabilizar los gobiernos y producir el derrocamiento de gobiernos elegidos democráticamente por sus pueblos.[2] El negocio en la venta y uso de armas es el primero en los EUA con al menos 19.500 millones de dólares[3], después del petróleo y las drogas.
Detener este potencial conflicto entre potencias sobre el territorio centroamericano es un deber de nuestros gobiernos, como de su población o ciudadanía organizada y no organizada. Nuestra juventud debe tomar muy en consideración la probabilidad de caer en una confrontación bélica que arrastre a nuestra juventud a convertirse en carne de cañón.
Las organizaciones sociales están reclamando justicia para el trabajador de Recope que fue la víctima de Michael Soto R. ministro de Seguridad, Alejandro Muñoz V. presidente ejecutivo de Recope y Carlos Alvarado Q. presidente de la República durante la huelga contra el Combo Fiscal en el 2018.
He aquí su historia y juzgue si merecía el calvario que lo han hecho padecer desde el 2018.
Como acusado de un sabotaje a Recope en Moín, llama la atención que, cuando lo detienen, se encontraba descalzo.
En la sentencia, se lee:
Cuando el saboteador es derribado, los funcionarios presentes logran verificar que se trata de un funcionario de Recope, de nombre Carlos Andrés Pérez Sánchez, y que usaba kimono de Recope y se encontraba descalzo.
¿A quién se le ocurre preparar un sabotaje y no amarrarse los zapatos debidamente por si tiene que emprender carrera? O bien, no llevar unos zapatos adecuados para un sabotaje.
Ese día 11 de septiembre, Carlos Andrés había pensado no regresar a las instalaciones de Moín. Llevaba dos días sin pegar el ojo, pues desde el domingo había pasado las noches en vela. La huelga iniciaba el 10 de septiembre, pero los trabajadores de Recope en Moín habían comenzado los preparativos el domingo 9 en la noche. Al amanecer del día 10, ya estaba todo listo para la huelga contra el llamado Combo Fiscal. Aunque él se retiraba durante el día, a eso de las 8 o 9 horas, no descansaba, pues se sumía en las rutinas domésticas. Por esa razón, ese martes había pensado no regresar a Moín; durante el día, en su casa, no reponía el sueño y el cansancio. Sin embargo, como lo había hecho el día anterior, a eso de las 16 horas, emprendió el camino para acompañar durante la noche, por lo menos un rato, a los compañeros que se encontraban fuera de las instalaciones en Moín. ¡Sin sospechar siquiera lo que le depararía el destino! En este caso, el destino se apellidó Soto-Alvarado.
De camino, se encontró con una promoción de tenis en un supermercado. ¡Un regalo, una ganga! Un par de tenis a dos mil colones. Desechó los viejos zapatos, se acomodó los nuevos. Jamás imaginó que esa misma noche sus zapatos nuevos serían como aves migratorias, nunca los volvería a ver, cuando en medio de un parque industrial, un policía, que siempre había trabajado como chófer, le gritó: ¡Tírese al suelo o disparo! A su cerebro, como al de sus compañeros de vigilia, el impulso de la sobrevivencia solo los movió a correr. Pero solo él fue detenido.
Para poder comprender algunos hilos sueltos, o más bien perdidos, de esta historia, hay que aclarar algunos aspectos. El primero se refiere al entrenamiento recibido por los trabajadores cuando ingresan a laborar en las instalaciones de Moín. Como se trata de un parque industrial, se les capacita desde el primer día para una eventualidad riesgosa, para controlar emergencias. Los obreros deben actuar frente a cualquier posibilidad de peligro para las personas o las instalaciones. Les enseñan que quien esté más cerca de la emergencia debe combatirla; ya sea que la pueda detener o dar la voz de alarma.
Por otra parte, esa noche del 11 de septiembre, Carlos se encontró un ambiente más tenso. Había cierta preocupación entre los compañeros que se aglomeraban en las afueras de las instalaciones. Por una parte, la intimidación policial iba en aumento por la injustificada presencia de los antimotines, pues se trataba de un movimiento de protesta pacífica. Por otro lado, intermitentemente, percibían un olor a gas. Pero como el olor no era constante por la presencia del viento, se olvidaba hasta que volviera una vez más. Los trabajadores, que se mantenían en las afueras de la refinadora, sabían que se estaba haciendo una descarga de gas desde un barco. La descarga estaba siendo realizada por tres personas únicamente. La misma, en condiciones normales, requiere la coordinación de un equipo de entre quince y veinte personas, pues es una labor compleja; se necesita regular entre el muelle y el barco, también con los operarios de campo y los supervisores; lo estaban realizando sin las medidas de seguridad requeridas. La alerta era el olor a gas.
¡Tres personas ejecutando un proceso que requiere por lo menos quince!
Hay que agregar que dichos funcionarios no eran del plantel propiamente. No había personal adecuado desembarcando ese gas. Lo estaban llevando a cabo tres personas cuya función no es esa. Uno lo llevaron de San José, es un ingeniero químico; él tenía que revisar el gas y ver si cumplía con la calidad de lo comprado. Pusieron a otro ingeniero que trabajaba en el muelle. El tercer ingeniero era interino. (¡Al interino le dieron plaza en propiedad después de la huelga!)
Entre los trabajadores en huelga, se suscitaba una gran inquietud. ¡Estaban descargando gas sin las medidas de seguridad! A esa angustia, se le sumaron otras. La Refinadora Costarricense de Petróleo cuenta con un equipo de bomberos industriales (SASR Salud, Ambiente y Seguridad Recope), quienes deben dar la primera respuesta en caso de peligro. Ellos laboran 24 horas diarias, es la seguridad industrial; ese grupo da permisos, supervisa los alrededores y es el encargado de cualquier incendio. Ese grupo especial de bomberos fue retirado por la fuerza pública cuando esta tomó las instalaciones de Moín.
Además, de esa situación tan irregular, se le suma otra. El sindicato negocia siempre que se presenta una situación de huelga, la permanencia de dos trabajadores en ciertos puestos para supervisar ciertas zonas como las calderas, por ejemplo; estas no se pueden apagar, porque se enfría el asfalto. Aunque no se esté trasegando combustible, es necesario vigilar ciertos puntos clave. Durante la huelga del 2018, la administración no permitió el control de ciertos puestos. Esta vez, la policía sacó a esos trabajadores el día lunes. Se incumplió ese acuerdo durante este movimiento.
¡La Fuerza Pública tenía el control de todo el plantel!
Continuará.
Las citas son de: Chinchilla, R., García, A. y Rojas, G. (2019). Resolución: 2019-0319 Expediente: 18-000244-1130-PE (7) TRIBUNAL DE APELACIÓN DE SENTENCIA PENAL, Segundo Circuito Judicial de San José. Goicoechea.
Por Nicolas Boeglin, profesor de la Facultad de Derecho
Algunas reflexiones a propósito de la reciente conmemoración del Día Internacional del Ambiente
«Hace unos años atrás, tenía a mi hijo muy enfermo, tenía problemas respiratorios, lo tenían en observación, poniéndole nebulizaciones. El enfermero, que todavía trabaja allí en la clínica, desde que llegué empezó a cuestionar, que por qué nos oponíamos a la hidroeléctrica en ese entonces (Proyecto Hidroeléctrico Diquís), que por qué nosotros defendíamos derechos indígenas si todos éramos iguales«. Cindy Vargas, indígena Brorán de Térraba en Costa Rica. Extracto de artículo publicado en el Semanario Universidad (Costa Rica), «Mujeres indígenas denuncian discriminación y racismo en instituciones públicas por ser recuperadoras de tierra», edición del 28/04/2022
«En los años anteriores de conflicto armado hubo muchos líderes que también sufrieron y fueron desaparecidos. Los que asesinaron a mi hijo pensaron que estábamos en esa época todavía, en la que un líder se levantaba a reclamar sus derechos y todos los demás se quedaban callados. Pero se equivocaron, porque yo no me voy a callar«, Rodrigo Tot, líder q’eqchi de Agua Caliente en Guatemala, entrevista en El País (España), artículo publicado el 10/02/2022
«El 8 de marzo de 1995 el Juzgado dejó ‘sin valor ni efecto la orden de captura librada’. Aunque esta decisión no fue motivada, el fiscal encargado de la investigación en ese momento indicó, en una declaración rendida posteriormente (infra párr. 63), que el joven Juan Francisco López Mejía reveló haber sido coaccionado a rendir declaración incriminatoria, por lo que se determinó que no hubo méritos para la captura. El 23 de marzo de 1995 se recibió la última de las 27 declaraciones testimoniales mencionadas, correspondiente a un coronel del Ejército, de apellido Amaya. Un año después, el 10 de marzo de 1996 la Dirección de Investigación Criminal en Tela presentó un informe sobre el caso en el que subrayó que ‘en las investigaciones de este caso se van a tocar intereses muy grandes y de cualquier forma los oficiales de investigación asignados al caso corren mucho peligro‘. Extractos (párrafos 57-58) de la sentencia de la Corte IDH contra Honduras dictaminada en el 2009, sobre el caso de Blanca Jeannette Kawas Fernández, ecologista hondureña asesinada el 6 de febrero de 1995.
El pasado 30 de mayo del 2022, dos Comisiones del Senado de Chile (Ambiente y Relaciones Exteriores) aprobaron el Acuerdo de Escazú: lo hicieron con 7 votos a favor y 2 abstenciones (véase nota de El Mostrador y esta nota oficial de las autoridades ambientales chilenas).
Tan solo 24 horas después, el Senado chileno procedió a una segunda votación ampliada que se materializó el 31 de mayo, con 31 votos a favor, 3 en contra y 11 abstenciones (véase nota oficial del mismo Senado).
Se trata de dos votaciones sucesivas en Chile que ponen fin al proceso interno de aprobación del Acuerdo de Escazú, y que ahora, plantean algunas interrogantes a los demás Estados en los que se sigue manteniendo obstaculizado la aprobación del Acuerdo de Escazú dentro de sus respectivos poderes legislativos. La conmemoración del 5 de junio del 2022, Día Internacional del Ambiente, constituye una fecha propicia para reflexionar al respecto.
A modo preliminar: un generoso mes de mayo para Escazú
Estas dos votaciones en el Senado chileno vienen a culminar un proceso iniciado en la Cámara de Diputados de Chile, la cual aprobó el pasado 11 de mayo del 2022, en primer debate constitucional, el Acuerdo de Escazú: véase notade El Mostrador y cable EFE registrado en La Vanguardia. Esta aprobación también se hizo con una abrumadora mayoría: 105 votos a favor, 34 en contra y tres abstenciones.
Siempre en el mismo mes de mayo, un segundo debate se llevó a cabo en el seno del mismo Poder Legislativo chileno asociando al Senado (véase al respecto esta nota oficial del mismo Senado del 16 de mayo del 2022).
Las indiscutibles mayorías obtenidas en las dos cámaras del Poder Legislativo chileno en menos de 20 días evidencian que los supuestos «argumentos» en contra del Acuerdo de Escazú ya no impresionan sino a unos muy pocos, y que forman parte del pasado. Las cifras obtenidas en ambas cámaras chilenas recuerdan a su vez que en noviembre del 2020, el Senado de México aprobó el Acuerdo de Escazú por unanimidad (véase comunicado oficial de su Senado) y que en septiembre del 2020, en Argentina, la votación en la Cámara de Diputados registró 240 votos a favor, 4 en contra y 2 abstenciones (véase nota oficial).
Es muy probable que con tan decidido paso, Chile deposite el instrumento de ratificación correspondiente al Acuerdo de Escazú durante el mes de junio del 2022, mes del ambiente, como muy bien se sabe, con su máxima expresión el 5 del mes (Día Mundial del Ambiente): cabe precisar que en este mes de junio del 2022, se celebran los 50 años de la primera declaración internacional en materia ambiental, la cual fue adoptada en Estocolmo en 1972 durante una cumbre realizada del 5 al 16 de junio de 1972. Desde entonces, Naciones Unidas y las organizaciones de la sociedad civil conmemoran y celebran el 5 de junio como el Día del Ambiente (véase texto de la Declaración de Estocolmo de 1972, en páginas 3-6).
Una breve puesta en contexto
El Acuerdo de Escazú (véase texto completo) se adoptó en Costa Rica en marzo del 2018 y su nombre completo es «Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y El Caribe«.
Este instrumento regional de vanguardia se adoptó, siendo escogida la fecha del 4 de marzo como un homenaje de toda la región al natalicio de Berta Cáceres, lideresa hondureña lenca, asesinada en el 2016 (véase nota de Amnistía Internacional publicada en marzo del 2022 al conmemorarse 6 años desde su asesinato y una nota más reciente sobre una sentencia esperada para el 18 de mayo del 2022 que no se leyó).
Cabe indicar que para este año 2022, el Premio Goldman en materia ambiental incluyó, en el caso de América Latina, a dos líderes indígenas ecuatorianos que llevan muchos años luchando contra proyectos extractivistas (véase nota de La Vanguardia y nota de France24 del 26/05/2022). En Honduras, Berta Cáceres había sido galardonada con este mismo prestigioso premio internacional en el 2015.
Foto de Berta Cáceres Flores, lideresa hondureña lenca, asesinada el 3 de marzo del 2016, extraída de esta nota de prensa de La Vanguardia titulada «El asesino de Berta Cáceres era un sicario: un joven pobre». El GAIPE (Grupo Asesor Internacional de Personas Expertas) un grupo de investigación internacional fue constituido para esclarecer su asesinato y en particular la trama político-empresarial responsable de su muerte, que intentó en un primer momento encubrir y maquillar el mismo Estado hondureño (véase al respecto el informe titulado «Represa de Violencia. El Plan que asesinó a Berta Cáceres»).
El pasado 22 de abril, día en que se celebra el Día de la Madre Tierra, tanto órganos del sistema interamericano de protección de los derechos humanos como la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos hicieron un vehemente llamado conjunto (véase comunicado) exigiendo la pronta ratificación del Acuerdo de Escazú, señalando además que:
«el Acuerdo de Escazú es un poderoso instrumento para prevenir conflictos mediante el acceso a la participación, información y justicia en asuntos ambientales. El Acuerdo de Escazú es también un hito pues consagra la protección de las personas defensoras y su rol, cuyo espíritu nos recuerda que para defender el medio ambiente se debe empezar por proteger a quienes lo defienden«.
En el caso específico de Costa Rica, el V informe anual (2021) dado recientemente a conocer el pasado 26 de mayo (véase informe) de la Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (Redesca) —un órgano adscrito a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos— expresa sin mayores contemplaciones, en el capítulo correspondiente a Costa Rica, que:
«579. En relación con el acceso a la justicia respecto a asuntos ambientales, la REDESCA toma nota que a pocos días que entre en vigor el Acuerdo de Escazú, que protege el acceso a la información, participación pública y a la justicia en asuntos ambientales en América Latina, Costa Rica aún no lo ratificó, pese a que el acuerdo fue firmado hace tres años y desde entonces Costa Rica impulsó que otras naciones latinoamericanas lo suscribieran. La Relatoría Especial llama a Costa Rica a la ratificación del Acuerdo adoptado en Escazú, en sintonía con su compromiso con la protección del ambiente«.
Con el Acuerdo de Escazú, la esperada «sintonía» de Costa Rica con el compromiso en favor de la protección del ambiente está dando lugar a yerros, silencios, improvisaciones, omisiones y declaraciones que más bien evidencian una sorprendente e insólita cacofonía, como lo veremos a continuación.
Costa Rica y Chile: dos Estados en la mira
Hay que tener en mente que el largo proceso de negociación del Acuerdo de Escazú, que duró exactamente 5 años, 7 meses y 7 días, fue coliderado por Chile y por Costa Rica. Dos Estados que pusieron a sus mejores equipos de negociadores para lograr llevar a feliz término el proceso de discusión entre los 33 Estados que integran la Comisión Económica para América Latina de Naciones Unidas (más conocida como Cepal): un trabajoso proceso, que requirió un total de 9 largas rondas de negociación (véase acta final de la novena y última ronda de negociaciones, realizada en marzo del 2018 Costa Rica).
Adoptado en marzo, en el mes de junio del 2018, con ocasión del Día Internacional del Ambiente, en calidad de copresidentes Chile y Costa Rica en una declaración conjunta (véase texto completo) enfatizaron que:
«Ambas co-presidencias invitan a todos los treinta y tres gobiernos de la región a suscribir este importante tratado y contribuir por medio de su implementación a una protección más integral del ambiente y el fortalecimiento de los Derechos Humanos. Asimismo, reiteran que el Acuerdo de Escazú inaugura, desde las particularidades de América Latina y el Caribe, un nuevo estándar para la construcción y consolidación de la democracia ambiental. Costa Rica y Chile creen firmemente que la pronta entrada en vigor del Acuerdo de Escazú, será una señal inequívoca de la vocación de nuestra región para avanzar hacia el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 y representa una importante contribución al multilateralismo«.
Esta declaración conjunta del mes de junio del 2018 constituye la última manifestación oficial de ambos Estados en favor del Acuerdo de Escazú. Hay que agradecerle a la diplomacia chilena por haberla mantenido en su portal oficial desde entonces.
Cabe indicar que en el mes de julio del 2019, ante los titubeos evidenciados con la aprobación del Acuerdo Escazú en América Latina, ambos Estados recibieron un primer llamado de atención suscrito por varios mecanismos de derechos humanos de Naciones Unidas que fue remitido de igual manera a otros Estados (véase texto del comunicado conjunto enviado a Costa Rica): pese al importante número de firmantes de esta misiva, no se logró mayor avance en el caso de Chile, ni tampoco de Costa Rica.
Un paso más hacia una rectificación por parte de Chile
Esta aprobación en la Cámara de Diputados chilena el pasado 11 de mayo y luego en el Senado el 31 de mayo constituyen dos importantes logros del Poder Ejecutivo de Chile, que permiten vislumbrar una nueva ratificación del Acuerdo de Escazú muy pronto: un tratado regional que ya cuenta con 12 Estados Partes (los últimos en ratificarlo —de forma conjunta— en enero del 2021 siendo Argentina y México).
Por parte de América Latina, Chile vendrá a sumarse a las ratificaciones ya registradas (véase estado oficial de firmas y ratificaciones) de Bolivia y Uruguay (septiembre del 2019), Panamá y Nicaragua (marzo 2020), Ecuador (mayo 2020), así como Argentina y México (enero 2021). Se trata de Estados en los que, dicho sea de paso, no se ha observado en lo más mínimo una salida de las inversiones extranjeras o una parálisis de sus respectivas economías o una inseguridad jurídica desde que se aprobó el Acuerdo de Escazú. Ni mucho menos una invasión indebida de la inversión de la carga de la prueba en el ámbito del derecho penal, tal como se ha escuchado que provocaría el Acuerdo de Escazú en Colombia, en Costa Rica pero también en Perú y en Paraguay (Nota 1) por parte de algunos: sobre estos últimos, debemos precisar que lo han hecho de una manera bastante extraña para el caso costarricense, como se explicará en las líneas que siguen.
Al haber firmado este acuerdo regional (en setiembre del 2018), pero no haberlo aún ratificado en estos últimos cuatro años, Costa Rica comparte esta situación en América Latina con (además de Chile) los siguientes Estados: Brasil, Colombia, Guatemala, Haití, Paraguay, Perú y República Dominicana. Una Costa Rica que ha basado históricamente su imagen internacional en el respeto y la defensa de los derechos humanos y en la protección del ambiente, … ¿en esta lista de Estados renuentes a proteger los derechos de quienes defienden el ambiente? Así como se lee, por más extraño que pueda sonar para nuestros estimables lectores costarricenses (así como a los no costarricenses …).
Con relación a las buenas prácticas en materia de acceso a la información, transparencia y rendición de cuentas, no está de más referir a nuestros lectores a esta publicación de la Cepal titulada precisamente «Las sinergias entre el gobierno abierto y el Acuerdo de Escazú». En el caso específico de Costa Rica además, podemos referir a este comunicado de prensa oficial de la Cepal difundido a raiz de una importante reunión celebrada en San José el 8 de marzo del 2022, titulado «Banca multilateral y OCDE consideran fundamental el Acuerdo de Escazú para generar un clima de inversiones sostenidas y sostenibles»: un comunicado oficial de prensa que, extrañamente, no fue referenciado en ninguno de los principales medios de prensa costarricenses (Nota 2). Otro comunicado de prensa, sobre esta misma reunión de la Cepal, esta vez proveniente del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de Costa Rica, fue objeto de la misma indiferencia mediática (Nota 3). No se tiene explicación alguna sobre tan notorio silencio a la hora de redactar estas líneas, pero debe existir (y desde ya se agradecería a especialistas en la materia realizar las investigaciones pertinentes).
Al proveer el Acuerdo de Escazú también herramientas tendientes a un mayor acceso a la información pública, a mayor transparencia y rendición de cuentas, no está de más preguntarse quiénes podrían sentirse (eventualmente) amenazados por tan loables objetivos en América Latina. En el caso de Colombia, un reciente artículo —cuya lectura recomendamos— habla de «terror» al respecto en algunas cúpulas empresariales (véase artículo publicado en el medio internacional Pressenza).
Más allá de la percepción de miedo, que puede ir aumentando en temor, miedo intenso, pavor, espanto o pánico e ir conduciendo a una sensación cercana al precitado «terror» de algunos sectores colombianos, no está de más señalar que el Servicio de Evaluación Ambiental de Chile (SEA) elaboró un instructivo sobre la participación ciudadana en materia de evaluación ambiental (véase texto completo), dado a conocer el pasado 2 de junio del 2022. Se trata de una valiosa herramienta que consolida el derecho a la participación ciudadana en materia ambiental, en particular para las comunidades afectadas por lo que se denomina «externalidadesambientales negativas» causadas por proyectos de cierta envergadura. Este instructivo, en nuestra modesta opinión, debería interesar desde ya a autoridades de otros Estados de América Latina. En la parte final del documento, se indica (página 12) que:
«se instruye a las Divisiones y Direcciones Regionales del SEA decretar la apertura de los procesos de participación ciudadana en todas aquellas Declaraciones de Impacto Ambiental, en las cuales, habiéndose cumplido los requisitos formales de la solicitud (artículos 30 bis de la Ley N°19.300 y 94 del RSEIA) generen a su vez, los presupuestos de la carga ambiental -beneficios sociales y externalidades ambientales negativas- en los términos expuestos en el acápite 2 letras A y B precedentes«.
Como se podrá apreciar, las autoridades políticas en Chile parecieran tener muy claro las herramientas que hay que adoptar en perfecta sintonía con el contenido del Acuerdo de Escazú y las enormes ventajas que ofrecen en materia de gobernanza ambiental, participación informada y más generalmente paz social; mientras que en otras latitudes de la región, se adolece de esta claridad. La misma Ministra de la Presidencia de Costa Rica, en la parte final del comunicado oficial del 9 de marzo que nunca fue referenciado en ningún medio de prensa costarricense (y al que referimos en la Nota 3), precisaba al respecto al concluir la reunión de la Cepal del 8 de marzo en San José que:
«la apuesta al desarrollo sostenible está en la esencia del Acuerdo de Escazú, el cual será un instrumento esencial para garantizar el diálogo y la cohesión social«.
Un mismo tratado con dos lecturas y realidades tan disímiles entre Santiago y San José observadas en este mes de junio del 2022, ameritan nuevamente analizar con más detalle las razones aludidas por los detractores del Acuerdo de Escazú en Costa Rica.
Supuestos «argumentos» en contra de Escazú que la realidad objetiva desnuda por completo con el pasar del tiempo
En Costa Rica, como en varios otros Estados, «argumentos» contra Escazú han sido difundidos en los últimos dos años. En este 2022, la Cámara Nacional de Productores y Exportadores de Piña (Canapep), la Corporación Bananera Nacional (Corbana) y otras seis cámaras nacionales, varias de ellas ligadas al sector agroexportador costarricense, reiteraron el 25 de febrero a los diputados su firme oposición al Acuerdo de Escazú: véase el texto de la carta en la que indican que «dicho Acuerdo contiene vicios de inconstitucionalidad, imprecisiones y desaciertos de fondo altamente riesgosos para la estabilidad del sector productivo» y en la que concluyen solicitando que «se proceda con el rechazo del proyecto 21.245, ante los riesgos que representa para la competitividad del sector privado y por resultar altamente inoportuno para el país (sic)».
Apenas fueron hechos públicos estos y otros «argumentos» meses atrás, en abril del 2021, por parte de otra cámara empresarial (Uccaep), un primer intento para debatirlos públicamente con especialistas no logró su cometido (véase la emisión Café para Tres del medio Delfino.cr del 22 de abril del 2021 al que no quisieron concurrir representantes de Uccaep). Dos intentos posteriores en aras de realizar debates públicos con representantes de la Uccaep tampoco fructificaron (Nota 4).
Una observación muy sencilla permite, desde la perspectiva del derecho internacional público, explicar esta renuencia al debate público con especialistas: en efecto, el Acuerdo de Escazú es un tratado internacional que establece exactamente el mismo régimen de obligaciones para todos los Estados que lo aprueban, al no permitir ningún tipo de reserva (Artículo 23) que pueda modular o limitar el alcance de algunas de sus disposiciones.
Si todo lo que se predice de negativo que va ocurrirle a Costa Rica si aprueba el Acuerdo de Escazú no se ha observado en ninguno de los Estados que ya lo ratificaron, hay un problema. Y es bastante grande, en particular para los detractores costarricenses del Acuerdo de Escazú y las fichas políticas que gravitan a su alrededor repitiendo sus supuestos «argumentos».
Con relación a las afirmaciones anteriores, se entiende cada vez con mayor claridad, conforme es aprobado el Acuerdo de Escazú en otras latitudes de la región, que los supuestos «argumentos» en su contra, en realidad, no lo son. Por cierto, en el caso de Costa Rica, un muy tempranero ejercicio periodístico desde la Universidad de Costa Rica (UCR) ya lo había así detectado: véase esta nota de Doble Check del 26 de abril del 2021 —cuya lectura se recomienda— y cuyo título y contenido no han dado lugar, a la fecha, a ningún derecho de respuesta, rectificación o aclaración por parte de la Uccaep. Recientemente, el mismo equipo de periodistas puso en tela de duda algunas afirmaciones de un «experto» sobre las reservas de petróleo en Costa Rica, hechas durante una emisión de televisión (véase enlace).
Volviendo a Escazú y a algunas cámaras empresariales empecinadas en presentarlo como peligroso y altamente dañino para la economía de Costa Rica, tuvimos la oportunidad de lanzarles públicamente varias preguntas así como a sus (siempre muy hacendosas) fichas políticas: véase nuestra breve nota publicada en el medio Delfino.cr el 3 de marzo del 2022, la cual, por alguna razón, no ha sido aún contestada a la fecha de redactar estas líneas (5 de junio).
Remitimos también al artículo del jurista costarricense Mario Peña (véase texto completo) titulado precisamente “Desmitificando el Acuerdo de Escazú” y publicado en el sitio jurídico especializado de DerechoalDía. En otro artículo posterior de este mismo autor, titulado «El Acuerdo de Escazú sin Costa Rica» (véase texto), se puede leer «que el ordenamiento interno ya contempla, al menos, treinta y un distintos mecanismos e instancias de participación en temas ambientales que otorgan la oportunidad del público de ser escuchados y de presentar observaciones por los distintos medios disponibles conforme a las circunstancias del proceso, y que ni el Acuerdo de Escazú, ni la legislación interna, contemplan la posibilidad del público de vetar proyectos empresariales a través de mecanismos o instancias de participación pública«.
Escazú y la inversión de la carga de la prueba en materia ambiental, o del arte de amenazar con la vaina vacía
Con relación al punto específico de la inversión de la carga de la prueba en materia ambiental que tanto pareciera preocupar a algunas cámaras empresariales (así como a una magistrada de la Sala Constitucional de Costa Rica hasta hace poco), se trata de un principio que ha recibido acogida en la legislación y en la jurisprudencia de tribunales costarricenses desde 1998.
Así se detalla en este valioso artículo del precitado jurista, publicado en el medio digital Delfino.cr: dicho sea de paso, este artículo tampoco ha dado lugar a una aclaración o reacción por parte de algunos, que han invocado la inversión de la carga de la prueba como un «argumento» incuestionable para oponerse al Acuerdo de Escazú.
Cabe recordar que el no aceptar el principio de la inversión de la carga en materia ambiental apareció en la sentencia del 2011 que puso fin en los tribunales costarricenses a lo que se puede denominar el «affaire Crucitas» (Nota 5): un escándalo ambiental que expuso ante el mundo la faz oscura de la «Costa Rica Verde» que tanto se publicita. La Sala Primera de la Corte Suprema de Costa Rica confirmó en todos su extremos la valiente decisión del Tribunal Contencioso Administrativo (TCA) del 2010 (véase texto) declarando ilegal el proyecto minero en Crucitas. Al revisar con detalle la batería de supuestos «argumentos» jurídicos presentados por la empresa minera canadiense Infinito Gold (véase el texto completo de la sentencia 1469-2011 de la Sala Primera, cuya lectura resulta de gran interés), se observa que la inversión de la carga de la prueba en materia ambiental fue invocada por los abogados de la recurrente en su apelación: como era de esperar, esta argumentación fue rechazada sin mayor contemplación por los integrantes de la Sala Primera (véanse en particular los párrafos XIX y XX de la sentencia de la Sala Primera). Una empresa minera canadiense que al apelar una sentencia en su contra… ¿cuestiona la aplicación de un principio básico del derecho ambiental vigente en el ordenamiento jurídico por parte de un tribunal costarricense? Así como se lee.
No está de más señalar a nuestros estimables lectores que muchos de los que advirtieron de una supuesta (y claro está totalmente errónea) «inseguridad jurídica» en Costa Rica a raíz de la decisión del 2010 del TCA (y del supuesto riesgo de ver ahuyentada la inversión extranjera en Costa Rica) … coinciden con los que hoy adversan el Acuerdo de Escazú.
La soledad de la Corte Plena y de la Sala Constitucional con relación a otros Poderes Judiciales en América Latina
Como indicado anteriormente, el Acuerdo de Escazú establece exactamente el mismo régimen de obligaciones para todos los Estados que lo aprueban.
Ciertamente, su discusión ha dado lugar a la repentina aparición de supuestos «argumentos» en su contra similares (extrañamente similares) difundidos en varios de los Estados en los que sectores políticos y económicos han logrado frenar su aprobación. En el caso de Costa Rica, estos «argumentos» fueron difundidos por algunos sectores empresariales y por sus fichas políticas, aunque también se detectó una extraña coincidencia desde otra esfera, sin que a la fecha se nos brinde una explicación al respecto (Nota 6). Sobre esta última, una diputada, en una emisión radial universitaria, refirió a las complejas —e insondables— relaciones que mantienen los huevos y las gallinas (véase emisión disponible en YouTube del programa Interferencias, del 11 de marzo del 2022, Radio UCR, minuto 45:15 / 45:48).
No obstante, a esta inexplicada coincidencia, persiste en el tiempo otra extrañeza específica a Costa Rica: más precisamente, se trata de un insólito «descubrimiento» escuchado (y que a la fecha, no ha encontrado eco alguno en el resto de América Latina). En efecto, ningún otro Poder Judicial en los 12 Estados que ya han ratificado el Acuerdo de Escazú, como tampoco el Poder Judicial peruano (véase documento), y mucho menos el chileno, ha sostenido un criterio similar al expuesto por la Corte Plena de la Corte Suprema de Justicia: según ella, el inciso 5 del artículo 8 del Acuerdo de Escazú conllevaría un gasto adicional para el funcionamiento del Poder Judicial costarricense. El Acuerdo de Escazú ¿obliga a un esfuerzo económico adicional para el presupuesto de la justicia en Costa Rica y únicamente en el caso de Costa Rica? Vaya innovación y esfuerzo de creatividad.
Es de notar que este «descubrimiento» (Nota 7) ha complicado innecesariamente la aprobación del Acuerdo de Escazú al haber sido luego confirmado por seis de los siete integrantes de la Sala Constitucional: el magistrado Paul Rueda fue el único en explicar muy bien en su voto salvado la lectura completamente errada hecha por la Corte Plena y luego por sus seis pares dentro de la Sala Constitucional (Nota 8).
Contrario a lo que se podría pensar, este «descubrimiento» no debería verse como algo fortuito. En efecto, no sería la primera vez que en Costa Rica, la mayoría de la Sala Constitucional busca la manera de limitar significativamente el alcance de la participación ciudadana en materia ambiental, que constituye precisamente uno de los tres pilares fundacionales del Acuerdo de Escazú. Se trata de una cara de la justicia costarricense constitucional pocamente divulgada y conocida, pese a que, en nuestra modesta opinión, debiera serlo, además de discutida y denunciada. En el 2017, la Sala Constitucional de Costa Rica, decidió que la participación ciudadana en materia ambiental, ya no califica (según ella y… solamente ella) como un derecho humano (Nota 9). Un años antes, el 2016, el juez constitucional costarricense consideró que la libertad de empresa prevalece sobre un acuerdo municipal estableciendo una moratoria para nuevas plantaciones de piña: un acuerdo municipal tomado en aras de proteger la salud pública de las comunidades aledañas a este monocultivo en el cantón de Los Chiles (Nota 10).
Manifestación frente al Ministerio de Salud, 21 de agosto del 2008, con presencia de la Ministra de Salud, Maria Luisa Avila, sobre el intento de las autoridades de salud de legalizar el bromacil en el agua potable (así como se lee) de comunidades afectadas por la insensata expansión piñera en Siquirres. En el 2017, el Decreto Ejecutivo 40423 prohibió el uso de bromacil. Foto perteneciente a los archivos del autor.
Como es previsible, este insólito «descubrimiento» del juez constitucional costarricense con respecto al Acuerdo de Escazú ha sido totalmente omitido en las discusiones y en las consultas recientes realizadas en Chile en torno a su aprobación: tratándose de un Estado en el que los argumentos más fantasiosos e insostenibles los unos que los otros salieron a relucir por parte de las mismas autoridades estatales (y ello hasta el 2022) y de sectores económicos afines, el «descubrimiento» del Poder Judicial costarricense podría considerarse desde ya como una verdadera «joya» a la creatividad y a la imaginación en América Latina.
El oficio del Poder Judicial de Chile (véase documento, con fecha del 26 de abril del 2022) analiza con sumo detalle los alcances de las disposiciones del Acuerdo de Escazú, y con relación al inciso 5 del artículo 8 se lee simplemente (en página 9) que:
«los puntos 8.4, 8.5 y 8.6 del Acuerdo Regional se orientan a establecer una serie de dispositivos para facilitar el acceso a la justicia del público en asuntos ambientales, todos los cuales persiguen aumentar el grado de información y participación ciudadana en la protección del medioambiente, junto con establecer mecanismos de apoyo específicos a grupos en situación de vulnerabilidad, y que tanto la decisión como su fundamentación estén consignadas por escrito. Todos estos compromisos parecen adecuados y necesarios con el objeto de hacer viable el acceso a la justicia ambiental. En nuestro país, algunos de estos mandatos de difusión y divulgación se canalizan a través de instrumentos que se encuentran operativos, como la información medioambiental, de riesgo climático y otros, por parte del Ministerio del Medioambiente (disponible en https://mma.gob.cl/) u otra en vías de serlo, como es el caso del proyecto de buscador de jurisprudencia de la Corte Suprema que permitirá acceder a una plataforma sistematizada de sentencias judiciales, incluyendo las de matera ambiental«.
Es muy probable que se acentúe, con el pasar del tiempo (y de nuevas ratificaciones del Acuerdo de Escazú por venir), la profunda soledad – en nuestra opinión bastante insólita – del Poder Judicial Costa Rica ante sus demás pares de América Latina y del Caribe.
Chile: un Estado anfitrión de la primera COP sin serlo del todo
Más allá del hecho que algunos sectores en Costa Rica cuestionen una herramienta muy básica del derecho ambiental contemporáneo (obteniendo sentencias desfavorables en su contra, y que no obstante parecieran dispuestos a persistir en sostener lo que a todas luces resulta insostenible desde un estricto punto de vista jurídico); y haciendo a un lado la vergonzosa mezquindad exhibida por el Poder Judicial costarricense, cabe recordar que los pasados 20-22 de abril, se celebró en Chile la primera Conferencia de Estados Partes (COP) al Acuerdo de Escazú.
La ubicación de esta cumbre regional se debió a la localización geográfica de las instalaciones de la Cepal, ente que auspició las negociaciones de este innovador instrumento regional.
Sobre esta primera COP, una reunión fundamental de cara a la futura implementación del Acuerdo de Escazú, remitimos a nuestros estimables lectores a una breve nota nuestra explicando sus alcances (versión en español así como en inglés).
A la cita, además de los 12 Estados Parte al Acuerdo de Escazú, participaron como Estados observadores delegaciones de Brasil, Chile, Costa Rica, Colombia y Perú, al no haber aún aprobado dicho instrumento regional estos Estados: en el caso de Colombia, su representante oficial no pasó desapercibido, al ser una persona conocida de movimientos sociales colombianos, y de familiares de personas fallecidas y/o gravemente heridas durante las protestas acaecidas en Colombia en el 2019 (Nota 11). Recientemente (véase artículo publicado el 22 de mayo del 2022 en el portal de Mongabay), una entrevista a una reconocida activista ambiental en Colombia ha puesto de manifiesto la incoherencia gubernamental que se observa en Colombia con relación al Acuerdo de Escazú.
A modo de conclusión
El pasado 18 de marzo, el nuevo Presidente de Chile, durante una muy emotiva jornada vivida en el Palacio de la Moneda, firmó el Acuerdo de Escazú, poniendo así fin a un craso error de lectura de su antecesor en el cargo y cerrando una paréntesis bastante triste para los derechos humanos y el ambiente que significó en líneas generales la administración (2018-2022) en Chile.
Desde este momento, Chile inició de forma decidida el proceso en la dirección correcta (que nunca debió abandonar), reafirmando de esta manera su regreso y el de su indiscutible liderazgo en la región en temas de ambiente y de derechos humanos: a tal punto que en este misma primera COP, se acordó que la segunda COP (a celebrarse en el 2024) volverá a realizarse en la capital chilena, al tiempo que un reunión intermedia (2023) se celebrará en Argentina.
Cabe precisar que el pasado 3 de mayo del 2022 , la primera etapa ante el Poder Legislativo con la que Chile inició la senda en aras de una pronta aprobación del Acuerdo de Escazú (véase, entre muchos, esta nota de Swissinfo reproduciendo un cable de la agencia de noticias EFE), fue seguido, el 4 de mayo de cables de agencias de noticias internacionales reportando lo escuchado en Costa Rica, lo cual, como era previsible, va en la dirección… exactamente opuesta (Nota 12).
Notas
Nota 1: Ante la aparición de «argumentos» muy similares en contra del Acuerdo de Escazú en varias latitudes del continente americano, esfuerzos valiosos desde la sociedad civil y desde la academia han denunciado esta verdadera campaña de desinformación fomentada por algunos sectores empresariales en contra de este tratado internacional. En el caso de Costa Rica, véase en particular PEÑA CHACÓN M., «Desmitificando el Acuerdo de Escazú», DerechoalDía, edición del 28 de noviembre del 2020, disponible aquí; así como MADRIGAL CORDERO P. & GONZALEZ BALLAR R., «Acuerdo de Escazú: desmitificando falacias y construyendo argumentos», Colección Perspectiva, Friedrich Ebert Stiftung, agosto del 2021, disponible aquí. Un esfuerzo muy similar debió de hacerse en Perú con relación a «argumentos» idénticos a los escuchados en Costa Rica (véase el informe SPDA, «Diez mitos y verdades sobre el Acuerdo de Escazú: democracia y defensores ambientales», disponible aquí) así como en Colombia (véase la publicación titulada «Mitos y verdades del Acuerdo de Escazú» disponible aquí). Un interesante ejercicio sobre el balance informativo consistiría, en el caso de la prensa de Costa Rica, como también en el caso de la de Colombia y de Perú, en analizar la cantidad de referencias de grandes medios de prensa a estos esfuerzos, a contraponer con la cantidad de referencias reproduciendo los supuestos «argumentos» en contra de Escazú difundidos por sectores corporativos.
Nota 2: Ni en el día en que fue divulgado este comunicado de prensa de la Cepal ni en los días posteriores se encontró referencia alguna en los grandes medios de prensa costarricenses. Unos 10 días después del evento, el 18 de marzo para ser exactos, fue el Semanario Universidad el que editó esta nota de prensa.
Nota 3: El 9 de marzo del 2022, el sitio del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de Costa Rica publicó en horas de la mañana el siguiente comunicado de prensa (véase enlace oficial) que reproducimos de manera integral a continuación, incluyendo fecha y hora de emisión:
«PPTCEPAL, Marzo 09, 2022, 10:45 am. La región avanza en los marcos de políticas socioambientales para un ambiente seguro en las inversiones: las oportunidades del Acuerdo de Escazú Quinto Foro de los países de América Latina y el Caribe sobre Desarrollo Sostenible
San José, 8 de mayo de 2022.- En el marco del Quinto Foro de los países de América Latina y el Caribe sobre Desarrollo Sostenible de la CEPAL, se llevó a cabo el seminario “Los marcos de políticas socioambientales para un ambiente seguro en las inversiones: las oportunidades del Acuerdo de Escazú”, organizado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Banco Mundial (BM), Banco Europeo de Inversiones (EIB) y Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE).
El evento contó con la puesta en escena por la Secretaria Ejecutiva de la CEPAL, la Sra. Alicia Bárcena, y del Sr. Jaime Roberto Díaz, Vicepresidente Ejecutivo, BCIE, quienes celebraron la entrada en vigor del Acuerdo de Escazú, un instrumento innovador de la región que establece el íntimo vínculo entre un ambiente sano, los derechos humanos y la consecución de un desarrollo sostenible, inclusivo y resiliente. El Acuerdo busca fortalecer el Estado de derecho, una democracia participativa y el diálogo intersectorial para enfrentar los desafíos ambientales, económicos y sociales del presente y el futuro.
En sus palabras, el Viceministro de Ambiente, el Sr. Franklin Paniagua, denotó que “en una recuperación verde, la institucionalidad ambiental tiene que ir al centro de la economía. La oportunidad que tiene el sector privado con este Acuerdo es grande. Hay que tender un puente al sector privado para que se entienda que es parte de la economía del futuro, que se acompaña y respalda en estos valores de derechos, participación y transparencia”.
Por su parte, el Viceministro de Asuntos Multilaterales, el Sr. Christian Guillermet Fernández, resaltó cómo el Acuerdo de Escazú se ha reconocido a nivel global como un instrumento marco de altos estándares para fomentar la inversión responsable, la transparencia en la gestión pública y privada y las salvaguardias ambientales, lo cual quiere decir que cualquier política pública o empresarial que tome en cuenta los principios marco de Escazú, gozará de respaldo y confianza, incrementando sus probabilidades de éxito e inclusive la competitividad del sector empresarial.
El evento albergó la trascendental firma de un Memorándum de Entendimiento entre la CEPAL y el BCIE para apoyar a los países en la implementación del Acuerdo de Escazú, el cual busca promover acceso a créditos, herramientas e información financiera, procurando procesos más beneficiosos para todas las comunidades de la región. Este convenio provee un marco de estabilidad para los negocios y las inversiones dentro y fuera de los países, basado en la rendición de cuentas, el diálogo y la transparencia.
Se contó asimismo con las exposiciones de representantes de la banca multilateral y regional para el desarrollo y asociaciones empresariales, quienes resaltaron la alineación y las sinergias del Acuerdo de Escazú con las políticas e instrumentos de sus instituciones para promover la Conducta Empresarial Responsable y la importancia de la transparencia y el acceso a la información en materia ambiental para que las inversiones sean sostenibles.
La Ministra de la Presidencia de Costa Rica, la Sra. Geannina Dinarte Romero, cerró el evento invitando a romper los paradigmas sobre la dicotomía imaginada entre el crecimiento económico, el medio ambiente, los derechos humanos y la democracia. Indicó que la apuesta al desarrollo sostenible está en la esencia del Acuerdo de Escazú, el cual será un instrumento esencial para garantizar el diálogo y la cohesión social. Llamó a la creación de la confianza y la construcción conjunta para aprovechar la oportunidad que el Acuerdo de Escazú aporta en la competitividad y seguridad jurídica para inversiones y empleo que garantice el futuro de las próximas generaciones.
Comunicación Institucional (2237 CR CEPAL Acuerdo de Escazú)
Miércoles 9 de marzo de 2022«.
Nota 4: Diversos intentos en aras de debatir públicamente estos supuestos «argumentos» con académicos y especialistas en materia ambiental han fracasado: primero en el mes de abril del 2021 con un espacio auspiciado por el medio digital costarricense Delfino.cr, luego en mayo del 2021 con un debate organizado desde la UCR (véase también comunicado oficial de la UCR), así como en junio del 2021 desde el Colegio de Biólogos de Costa Rica. Al tratarse de foros virtuales en los que se solicitó a la Uccaep conectar a sus representantes a una hora determinada en una fecha fijada con antelación, las razones esgrimidas para no asistir plantean interrogantes muy válidas. Al parecer, enviar comunicados a los congresistas contra el Acuerdo de Escazú y rehuir constantemente el debate público sobre sus supuestos «argumentos» pareciera ser la tónica de algunos en Costa Rica.
Nota 5: La expresión affaire refiere al complejo entramado politico-empresarial (y a un nutrido grupo de figuras y personeros gravitando a su alrededor), que desnudó ante la opinión pública costarricense este caso que fue llevado ante la justicia costarricense: con una sentencia redactada en el 2010 por tres jueces que refirieron a una verdadera «orquestación de voluntades» para explicar las múltiples ilegalidades de muy diversa índole observadas por parte del mismo Estado costarricense. Una «orquestación de voluntades» que, con más de 10 años de haber sido declarada como tal (2010), luego apelada, y reconfirmada (2011), aún no ha dado lugar a una sola sentencia en materia penal ni a a la condena de algunos de los altos funcionarios del Estado o de la empresa involucrados. En un reciente artículo del actual Presidente de la Corte Suprema de Justicia, el Magistrado Fernando Cruz, publicado en La Revista.cr (véase texto), leemos que: «La trascendencia política y económica del caso, no impidió a los jueces resolver conforme al mérito de los autos, con plena conciencia que la decisión no complacía a las instancias de poder político y económico. No es fácil que un juez resuelva a contrapelo de los poderosos intereses que sustentan el caso. La decisión de este tribunal es un luminoso homenaje a la independencia judicial«. Es menester referir a nuestros estimables lectores al voto particular (véase texto) de este mismo magistrado en abril del 2010, al separarse del criterio de la mayoría de los integrantes de la Sala Constitucional conjuntamente con su colega, el magistrado Gilbert Armijo. En febrero del 2022, tuvimos la ocasión de analizar la última maniobra de la empresa minera Infinito Gold contra Costa Rica aún pendiente de resolución: véase BOEGLIN N., «Infinito Gold contra Costa Rica: una nueva maniobra de la empresa minera contra Costa Rica», Portal de la Universidad de Costa Rica (UCR), Sección Voz Experta, 8 de febrero del 2022, disponible aquí.
Nota 6: La lectura de este artículo del medio costarricense Ojo al clima, titulado «Acuerdo de Escazú entró en vigor sin el país que le dio el nombre», del 26 de abril del 2021, permite conocer los alcances del Acuerdo de Escazú y las contradicciones, malinterpretaciones y fantasías creadas por algunos en relación con su contenido. En este muy completo reportaje cuya lectura se recomienda, se lee que: «La obstaculización del Poder Judicial al proceso de ratificación del Acuerdo de Escazú ha sido negativa en muchos sentidos. Primero, se aparta del criterio de servicio técnicos de la Asamblea Legislativa que dijo que no se estaba ante la situación descrita en el artículo 167 de la Constitución Política y también se aparta del criterio de servicios técnicos del Poder Judicial que considera que este proyecto de ley no afecta de manera orgánica al funcionamiento del Poder Judicial y menos tratándose de un tratado de derechos humanos», continuó la exviceministra.“Segundo, la magistrada Nancy Hernández, en una nota, manifiesta sus preocupaciones interpretativas del Acuerdo de Escazú que coincidentemente son las mismas que ha encontrado la Unión Costarricence de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (UCCAEP) para oponerse al proyecto», añadió Madrigal«.
Nota 7: Sobre el particular remitimos a la sección «Las extrañezas del Poder Judicial costarricense ante el Acuerdo de Escazú» en nuestro artículo BOEGLIN N., «Chile está a punto de rectificar su postura frente al Acuerdo de Escazú, mientras que Costa Rica se limita con los demás a … ¿mirar?» Portal de la UCR, Sección Voz Experta, edición del 4 de marzo del 2022, disponible aquí.
Nota 8: En el voto de la Sala Constitucional de marzo del 2020 (véase texto completo), en su voto salvado, el Magistrado Paul Rueda señala que: «Se advierte con facilidad que tal norma en ningún momento le impone al Poder Judicial la obligación de brindar asistencia técnica y gratuita, la cual corresponde implementarse a partir de las condiciones propias del ordenamiento jurídico de cada país. En el caso de Costa Rica, tal asistencia puede ser brindada por cualesquiera dependencias públicas afines al tema, verbigracia, la Defensoría de los Habitantes, las Defensorías Sociales del Colegio de Abogados o los consultorios jurídicos de la UCR (lo que no excluye la cooperación de aquellos correspondientes a universidades privadas). Erradamente, el voto de mayoría solo pensó en el Poder Judicial y estimó que el texto consultado “contiene en su articulado normas explícitas que disponen la creación, la variación sustancial o la supresión de órganos estrictamente jurisdiccionales o de naturaleza administrativa adscritos al Poder Judicial, o bien, crea, ex novo, modifica sustancialmente o elimina funciones materialmente jurisdiccionales o administrativas”. A partir de lo expuesto, sostengo que del texto expreso del numeral en mención en ningún momento se extrae lo que la Mayoría supone«.
Nota 9: Sobre tan desconcertante e indecorosa conclusión del juez constitucional costarricense que se lee en el párrafo V de la sentencia 1163-2017 (véase texto completo), resulta oportuno señalar que fue objeto de tan solo dos votos salvados (suscritos por los magistrados Fernando Cruz y Paul Rueda): los cinco magistrados/a restantes consideraron que ir en contra de la jurisprudencia de la misma Sala Constitucional y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos no amerita ninguna reflexión particular. Sobre este peligrosa regresión del juez constitucional costarricense, véase breve nota nuestra al respecto. De manera a no causar mayor sonrojo al provocado por esta decisión del juez constitucional costarricense en el mes de febrero del 2017, nos permitimos remitir a nuestros estimables lectores al párrafo 231 de la Opinión Consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos dada a conocer en el 2018 (véase texto completo) que precisa de manera muy clara que: «231. Por tanto, esta Corte estima que, del derecho de participación en los asuntos públicos, deriva la obligación de los Estados de garantizar la participación de las personas bajo su jurisdicción en la toma de decisiones y políticas que pueden afectar el medio ambiente, sin discriminación, de manera equitativa, significativa y transparente, para lo cual previamente deben haber garantizado el acceso a la información relevante». En el párrafo 242 de la misma opinión consultiva del juez interamericano, se lee que: «g. Los Estados tienen la obligación de garantizar el derecho a la participación pública de las personas bajo su jurisdicción, consagrado en el artículo 23.1.a de la Convención Americana, en la toma de decisiones y políticas que pueden afectar el medio ambiente, de conformidad con los párrafos 226 a 232 de esta Opinión«. En un reciente estudio del jurista Álvaro Sagot Rodríguez sobre las repetitivas regresiones ambientales del juez constitucional costarricense, el autor cita una decisión del 2012 de la Sala Constitucional en la que se lee textualmente que: «En este sentido, el derecho ambiental no podría conducir a una tiranía de la participación ciudadana» (sic) (p. 30 del precitado estudio).
Nota 10: Véase texto completo de la sentencia 11545-2016 en la que se lee textualmente que: «Dicho lo anterior, las municipalidades no tienen competencia para prohibir una determinada actividad económica lícita en sus territorios o declarar moratorias, definidas o indefinidas. Esa competencia corresponde al Estado, toda vez que el Derecho de la Constitución (valores, principios y normas) es claro y preciso, en el sentido de que el régimen de las libertades públicas está reservado a la Ley. En el caso que nos ocupa, no existe ninguna norma jurídica con rango de Ley que autorice a la municipalidad recurrida a prohibir el cultivo de piña en su territorio, o declarar una moratoria indefinida del cultivo de ese producto, de ahí que su actuación es arbitraria y, por consiguiente, contraria al ordenamiento jurídico». Al tratarse de una moratoria por un plazo muy preciso de 5 años, resulta altamente cuestionable que la Sala considere que se trate de una «moratoria indefinida«. Nuevamente aquí la lectura del voto particular del magistrado Fernando Cruz permite ver cuán errática, antojadiza y cuestionable es la decisión tomada por la mayoría de sus colegas: el magistrado Cruz concluye explicando que «dadas las amenazas y efectos lesivos para la salud y el ambiente que provoca el cultivo de la piña, las comunidades tienen plena legitimidad legal y política para dictar medidas preventivas, temporales, para asegurarse que sus ciudadanos no resultarán perjudicados por una actividad agroexportadora que provoca daños y amenazas sobre la biodiversidad».
Nota 11: El ahora diplomático Guillermo Botero, con rango de embajador de Colombia en Chile, fue Ministro de Defensa en Colombia en 2019, un período extremadamente tenso desde el punto de vista social y político. Después de su renuncia como Ministro (noviembre de 2019), las ONG y las organizaciones sociales negociaron con el Poder Ejecutivo colombiano las condiciones para poner fin a las protestas masivas en las calles: obtuvieron, entre otras cosas, del Poder Ejecutivo colombiano, la firma del Acuerdo de Escazú (diciembre de 2019). Desde entonces una fuerte campaña de desinformación en contra del Acuerdo de Escazú ha frenado su aprobación, orquestada por cúpulas empresariales colombianas y sectores políticos afines empecinados en presentarlo como un verdadera freno al desarollo: se trata de sectores reacios a que se proteja la vida y la integridad física de líderes comunitarios, campesinos, indígenas y ecologistas que defienden el ambiente en Colombia.
Nota 12: Véanse al respecto, nota de la agencia alemana DW y, por parte de la agencia gala AFP, esta nota de RFI y nota de LeFigaro así como la única nota aparecida en Costa Rica en el Tico Times reproduciendo este mismo cable AFP.
Nicolas Boeglin Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica.
Deseo primero presentar a David Serrano y el contexto social y cultural en el que le correspondió desenvolverse en su niñez y juventud. David es un joven de 25 ó 26 años que nació en la provincia de Limón. Producto de una treta que le hice, para que no supiera que iba a escribir sobre su persona, ya que es de personalidad muy humilde (sospecho no obstante, que David no mordió el anzuelo), le arranqué la siguiente frase autobiográfica: “Pues yo nací en la “mera cepa” [me escribió] en el hospital Dr.Tony Facio Castro. Y me crié nadando en las playas de Cieneguita-Limón, donde la mayoría de mi familia vive. […Luego me agregó] Años más tarde, cuando ya estaba por salir de Limón al valle central, mi mamá se mudó al Barrio Envaco, muy cerca de la fábrica de cartón. Actualmente ahí vive con mi hermanita”.
Como la mayoría de los lectores deben saber, Cieneguita es un barrio enclavado en el cantón central de la provincia. El contexto en que este joven creció y se desenvolvió, hasta su ingreso a la universidad, fue muy pobre. Pero está muy lejos de ser el estereotipo que con frecuencia nos han pintado algunos medios de comunicación. El estigma que se ha difundido a partir de algunos hechos aislados es que en Cieneguita abunda el crimen y la descomposición social. Quien haya tenido la ocasión de entrar y conocer el barrio, venciendo el estigma y los prejuicios, sabe que Cieneguita está habitado por un conglomerado humano culturalmente heterogéneo de personas, la mayoría afrodescendientes. Estudiantes de la UCR hicieron sendos estudios de la comunidad, bajo la guía de profesores en trabajos de extensión docente. Una de estas investigaciones apareció con el título de “Aquí Cieneguita”. El otro se publicó el 23 de abril del 2018 con el hermoso título de: “Descubriendo Cieneguita: Un sitio pintado de diversidad y calor humano”.
El primero de ellos fue un trabajo combinado de estudiantes de diversas carreras iniciado en el 2016, una de las frases concluyentes de una estudiante de trabajo social nos legó el siguiente relato: “Conocer Cieneguita y a su gente fue una experiencia enriquecedora, pues, desde que pusimos un pie en esta tierra cálida fuimos recibidos y recibidas con mucho amor. Nos enseñaron el valor de compartir, crear espacios y oportunidades de luchar, a pesar de que a veces parece que el esfuerzo es más grande que la recompensa […] un barrio que ha sufrido manifestaciones de la violencia estructural, el olvido del Estado, los gobiernos y de la población costarricense en general, su gente ha decidido confiar en nosotros y nosotras y eso no tiene precio.” Sin embargo, como también lo reconocen los trabajos de estudiantes y profesores, hechos violentos que también ocurren borran de un plumazo el esfuerzo consciente de jóvenes y una mayoría comunitaria por atraer el turismo, a fin de compartir con la gente la arquitectura comunitaria, sus rincones y colorido, así como el espíritu de un pueblo aguerrido, que sueña con el bienestar social de la población.
Pues bien, en aquel contexto abigarrado, pictórico y muy humano, por un lado, abandonado y en parte sumido en la pobreza por otro, vivió nuestro David Serrano González. Estudió en la escuela primaria y en la secundaria en Limón en aquellas condiciones difíciles, pero, bajo la tutela de su madre, una mujer valiente y con la fuerza espiritual que da la decisión de criar a sus hijos sanos y dispuesta a inculcarles el amor por el estudio, el trabajo tesonero y la superación personal. Desde muy joven David incursionó en la música; a la edad de 12 años formó parte de bandas de “reggae y de rock” de la localidad. Todavía no imaginaba lo que le depararía el destino fruto del amor que desarrolló por la música. Fue por ello por lo que, en el año 2012, ingresó a la etapa básica de música en la sede de Limón de la Universidad de Costa Rica. Su salto cualitativo se produjo después de que ingresó a la escuela de música de la UNA, con el apoyo de una beca, como ocurre con tantos estudiantes de su condición social y mérito académico.
No fue sino a la edad entre los 19 y 20 años de David, que se decide por el piano como instrumento musical, para llevar adelante su carrera profesional. En lo medular antes de esa edad no había tocado el piano. Esto es clave para lo que van a conocer. David además del amor por la música, es poseedor de una tenacidad y un espíritu de superación poco común, tal como se lo inculcó su sabia madre.
Por añadidura, el joven pianista demostró tener unas condiciones innatas para el piano, me atrevo a decir, muy sobresalientes. Todo ello se vio fortalecido por la convivencia de David con ese elenco maravilloso de maestros de piano que tuvo en la UNA, algunos de los cuales fueron sus profesores. Cito a los siguientes (espero no olvidar a nadie, sería involuntario): el Máster Luis Monge Fernández, hoy director de la escuela de música, la Dra. Tamara Sklioutovskaia, el Dr. Gerardo Meza, la Máster Ludmila Melzer, la Máster Irina Kaufman-Brookes, la profesora Valentina Tumanova y el profesor de solfeo y flauta Msc. Jonatan Albuja. De manera muy especial, a David le tocó en suerte tener como tutor, a un hombre y pianista excepcional, proveniente de Rusia, graduado en piano en el Conservatorio Estatal de Moscú en 1986, el Dr. Alexander Sklioutovski.
La Universidad Nacional (sé que la Universidad de Costa Rica también), posee un elenco maravilloso de profesores en música. En piano son muy destacados, por lo que han promovido a varias generaciones de excelentes pianistas de origen principalmente costarricense, aunque también de otras nacionalidades; algunos empezaron desde su niñez y tuvieron la oportunidad de ir a Rusia o a Ucrania a estudiar piano desde su tierna infancia. En esta faena el egregio académico, profesor Alexander Sklioutovski, a quien Costa Rica le debe mucho, ha desempeñado una enorme labor. Un profesor extraordinariamente exigente, que descubre al instante aquellas personas estudiantes que poseen cualidades destacadas para el piano. Este fue el caso insólito de David Serrano, a pesar de haber principiado, como antes lo dije, cuando ya tenía 20 años. Pero ya veremos de lo que ha sido capaz este joven.
David fue nombrado por los profesores, al menos en dos oportunidades “Estudiante Distinguido” de la Universidad Nacional, máxima distinción académica que otorga esta universidad, gracias a su ejemplar rendimiento como estudiante. Además, se hizo acreedor de la “Beca Isabel”, beca con la que la universidad galardonaba a estudiantes con calificaciones sobresalientes. Por las mismas razones se ganó el derecho, siendo estudiante de bachillerato de representar a la UNA, junto a otras personas estudiantes de piano de la misma universidad, de participar en afamados certámenes internacionales. Tras sus excelsas presentaciones se ganó la admiración de los concurrentes, profesores y estudiantes del más alto nivel, además de haber obtenido también, destacados puestos en estos certámenes de muy alto nivel en los que participó. En el 2020, David presenta su Recital de Graduación para optar por la licenciatura en enseñanza y ejecución del piano, realizada en el auditorio “Clodomiro Picado Twight” de la UNA, ocasión en la que obtuvo mención de honor. Todo lo cual, deseo recordárselos ahora, lo hizo en un tiempo meteórico de tan solo cuatro años después de haber empezado a tocar el piano.
David Serrano, a causa de esa trayectoria ejemplar se ganó una beca para aspirar a la maestría en el prestigioso Instituto ”Gnesin Russian Academy of Music”, de Moscú. Para poder trasladarse, puesto que la beca no incluía los pasajes ni la alimentación, sino solo derecho al dormitorio y el pago de los estudios, el joven y talentoso Serrano debió realizar en Costa Rica algunas presentaciones suyas al piano, lo que le permitió obtener los recursos pecuniarios para sufragar los gastos no cubiertos.
David ha pasado ya un poco más de dos años en Rusia, llevando la vida en medio de un rigor propio del más disciplinado claustro religioso, dedicado a aprender el idioma primero y después a sacar adelante los estudios para obtener la maestría. En el momento en que escribo sobre él, David está a punto de presentar su recital para finalizar esta etapa y optar al doctorado. Hasta el momento su calificación es excelente, habiéndose convertido, por derecho propio, en alumno del mejor catedrático de piano de la mencionada Academia; un pianista reconocido en toda Rusia y a escala mundial, cuyo nombre es profesor Vladimir Pavlovich Ovchinnikov; a este distinguido profesor, la mencionada “Gnesin Russian Academy of Music” le otorgó el reconocimiento de “Artista Emérito de Rusia.
En el próximo recital para obtener formalmente la Maestría, que se producirá en estos días, David Serrano va a interpretar dificilísimas obras según me dijo el catedrático de la UNA, Alexander Sklioutovski, su tutor en Costa Rica. Las obras que interpretará el talentoso joven músico costarricense serán las siguientes: Sonatas de Ludwig van Bethoven N. 23 y 31 y, el concierto para piano y orquesta N. 3 de S. Prokofiev.
En el concepto de los buenos profesores de piano de la UNA con los que he conversado sobre David Serrano, estamos en presencia de un músico sumamente talentoso y en pleno desarrollo. Su mérito es producto de un trabajo sostenido, muy exigente de alta y excelsa calidad. Cuando corresponda Costa Rica entera, la UNA y demás universidades públicas, lo recibirán con gran cariño y admiración. Su lograda excelsitud al piano es en gran parte producto de la universidad pública, de sus profesores y desde luego de su grande y talentoso desempeño durante todos estos años.
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