Las palabras nos definen, nos dan identidad, dicen, al utilizarlas, quiénes somos como individuos y como sociedad. Al parecer, el nuevo Presidente de la República tiene esta palabra como una de sus preferidas. El Diccionario de la RAE nos presenta de ella tres acepciones: 1. Perrería, muchedumbre de perros; 2. Gente baja; y 3. Persona despreciable y de bajos procederes. Como vemos, referirse a alguien con este epíteto, tiene un carácter eminentemente agresivo, injurioso e insultante.
Esta palabra la utilizó el ahora Presidente, varias veces, durante la campaña electoral para dirigirse a toda la prensa que lo criticaba o contradecía. Ahora, en visita “de cortesía” a la Corte Suprema de Justicia, la vuelve a utilizar para referirse a las denuncias penales interpuestas en su contra y en contra del partido que lo llevó al poder. Lo más grave es que algunas de esas investigaciones se originaron en un traslado que hizo el Tribunal Supremo de Elecciones –no cualquier ciudadano- al Ministerio Público, por considerar que hay base suficiente para indagar si se han cometido importantes delitos. La cuestión cae por su propio peso: ¿son los magistrados y magistradas del TSE una especie de jauría canina, gente baja, despreciable y de bajos procederes? ¿Qué respeto estamos teniendo por las instituciones? ¿Qué nivel le estamos dando al ejercicio “docente” de la política, por parte de las máximas autoridades de la República? Con profundo pesar, como simple ciudadano, tengo que reconocer que la ola del peor “trumpismo” nos ha arrastrado y un peligroso discurso, barbárico y falaz, está sembrando vendavales.
El problema es complejo porque el Presidente aprovecha su visita a la Corte para hacer una mezcla absolutamente impropia, entre deficiencias reales en nuestra administración de justicia, junto a intereses personalísimos por las causas abiertas en su contra. Esas deficiencias tienen años de estarse conociendo y tratando de superar desde que el propio Poder Judicial llamó al Programa Estado de la Nación para efectuar evaluaciones periódicas, en un afán de transparencia que no tiene ningún otro poder público. Si es mucho pedir cortesía y prudencia al nuevo mandatario, es necesario exigirle respeto al principio de división de poderes y respeto a las autoridades que investigan hechos posiblemente delictivos, eventualmente perpetrados por su persona.
Un Presidente de la República no puede arrogarse la soberanía popular, ni ponerse los tacones y peluca de Luis XIV y arremeter contra los jueces, diciéndoles qué deben y qué no deben hacer. Si bien es cierto que en todo el mundo está de moda el “Lawfare”, esa desventurada estrategia de utilizar el sistema judicial para sacar del juego a adversarios políticos, nadie puede arrogarse el monopolio de la verdad ni la facultad de auto-erigirse en el gran decisor. Resulta ridícula la falacia utilizada como argumento: “todas las acusaciones por corrupción deben castigarse, con la única excepción de las que se sigan en mi contra”.
En un régimen democrático nadie puede ser, de entrada, condenado o absuelto. Cada denuncia debe investigarse bajo el estricto cumplimiento del debido proceso y el respeto a las garantías constitucionales. Esta es la única vía para establecer si se ha cometido un hecho delictivo y quién o quiénes son los responsables. La investigación, el acopio de pruebas y las definiciones últimas en una sentencia, corresponden a la policía, la fiscalía, la defensa y los tribunales de justicia. A nadie más. Parece mentira que tengamos que estar recordando estos conceptos elementales de educación cívica. Pero así estamos.
Dedicado a mi hermano gemelo Robertoy a todos los pares de gemelos idénticos del Planeta
Por la Madre Tierra: “Gemelos idénticos del mundo, ¡Uníos!”
La verdad les digo, me ha costado mucho conocer cuál es la importancia de ser gemelo; ya que, como en estos 70 años no he sido más que gemelo y no sé del todo como es no serlo, carezco de un verdadero parámetro de comparación que me permita aquilatar lo uno frente a lo otro.
Sin embargo, como mucha gente es tan rara y nos ha preguntado reiteradamente, obviando lo anterior, ¿qué se siente ser gemelo?, me he visto obligado a buscar una respuesta a esa rareza hurgando y poniendo más atención en la vida de mi hermano Rober que en la mía propia, como una forma de “descubrir” por fin, aunque de manera algo sesgada, al menos ¿qué se siente tener un hermano “idéntico a vos”, o sea, gemelo de una misma “bolsa” o placenta?
Deseo hacerles saber algo: lo primero que he llegado con el tiempo a advertir es que, no somos “idénticos”, si por ello se entiende como dice la Real Academia, que “idéntico” es el dicho de una cosa: que es lo mismo con lo que se compara…Tras haber llegado a este “descubrimiento”, después de tanto esfuerzo, he quedado un poco más desconcertado todavía, porque, aunque de los gemelos univitelinos (ya dije que son los que vienen al mundo dentro de la misma “bolsa”) llegué a saber que, biológicamente son aquellos que tienen las mismas características hereditarias y externamente son muy parecidos, no son la misma cosa.
Este fue, aunque no lo crean mi primer hallazgo, cuyo “descubrimiento”, casi me revienta los sesos de tanto esfuerzo. Ciertamente, no es la respuesta a la inquietante pregunta que nos hicieran muchos, pero es algo: ser gemelo no es lo que alguna gente piensa cuando pregunta con reiteración: ¿pero ustedes son idénticos? A lo cual, ahora sé que habría que responder con un rotundo “¡no!”; en lugar de ¿¡Idiay, pero usted no nos está viendo!?
Como me ha dicho Rober que le dijo una bióloga de la UCR alguna vez, el proceso de diferenciación de los gemelos univitelinos comienza con la mitosis. Esta consiste, como lo saben los entendidos en la materia, en la división longitudinal de los cromosomas, y en la división del núcleo y del citoplasma; de donde se sigue que, a resultas de lo cual, se constituyen dos células hijas, con el mismo número de cromosomas y la misma información genética que la célula madre. Pero, algo fundamental radica en que, con la mitosis nacen dos células y no una. Al principio de este aserto, me quedé como en Babia, o sea en la luna. No lo entendí en toda su hondura.
Lo cierto es que, lo investigado, me llevó a rebobinar la película de nuestras vidas, y mi sobresalto fue mayúsculo: Roberto salió primero del vientre, y de seguro habrá deseado que yo saliera rápido despuesito de su alumbramiento, porque me dejó el cordón umbilical enrollado al cuello; si no me hubiera puesto las pilas para salir de inmediato, no estaría aquí contándoles el cuento. A los diez minutos exactos asomé la cabecilla, después los hombros y los pies de último, me desenrollaron el cordón umbilical y, me habrán tenido que soplar los médicos y enfermeras para que respirara, cosa que evidentemente hice sin mucha demora. Ahí estábamos los dos sanos y salvos y empezando a dar qué hacer.
Al cabo del tiempo, como a la edad de cuatro o cinco años, otra vez, primero Rober, pero yo enseguida comencé a experimentar el estrabismo en nuestros ojos, que ocurre cuando los ejes oculares no están alineados con el objeto de fijación. Algo así como que, los dos ojos no se dirigen a la misma dirección, por lo que con un ojo veíamos para un lado y con el otro para cualquier otra parte. Pues nada, Rober fue llevado por nuestros padres con premura, al hospital San Juan de Dios, donde fue operado con éxito para enderezarle la vista. Al ratico, Alberto (o sea yo) siguió por la misma ruta que ya había recorrido mi hermano Roberto. Del nosocomio salimos, en cuanto nos recuperamos, para donde el oculista, Dr. Edgar De La Cruz, a que nos pusieran lentes a los dos, tanto para terminar de corregir nuestro estrabismo, como por la hipermetropía que, igualmente ambos padecemos desde muy pequeños.
Para colmo de males, cuando a un gemelo le daba sarampión, al otro también le daba; con la varicela la misma historia, y la rubeola, y las paperas, y hasta la influenza, y… Estas últimas enfermedades de naturaleza infecciosa y contagiosa, pero no hereditaria llevaron a algunos parientes y amistades de nuestros padres a exagerar el parecido entre los gemelos y preguntar ahora, todavía más confundidos; ¿Y qué gemelos, cuando uno de ustedes se resfría, el otro también?
En el caso de todas estas últimas enfermedades tan contagiosas, cuando Alberto las adquiría de primero, luego solía contraerlas Roberto y viceversa, y como el derrumbe de un castillo de naipes seguía Manuel Ignacio, Lyannette y finalmente hasta Mauricio que, el salado para estos efectos había llegado siete años después. Es más, cuando la enfermedad no nos daba muy fuerte, como aún no había vacuna contra algunos de estos virus, los pediatras recomendaban a nuestros padres que, “agarraran” a toda la marimba de mocosos y los zambulleran en la misma cama, para que todos salieran de la enfermedad a la misma vez. Así lo hacían casi todos los padres que procreaban a una marabunta de “carajillos”, como era usual todavía por aquellos días en Costa Rica. A pesar de ello, en nuestro caso, alguna gente decidía ignorar la evidencia y atribuir el contagio a la similitud de los gemelos entre sí. ¡Qué necios!
La confusión continuó después con respecto a los gemelos, con los golpes, las chichotas, las raspaduras y hasta con la quebrada de los lentes, sin que muchas de estas personas lograsen entender que todas aquellas contingencias no nos ocurrían por ser gemelos, sino porque fuimos hermanos educados muy juntos y durante los juegos hacíamos las mismas travesuras; con lo que, en demasiadas ocasiones experimentamos la misma suerte: nos caíamos de los mismos árboles, uno detrás del otro, muchas veces ambos sufrimos un traspié en la bicicleta aprendiendo a manejarla y un largo etcétera.
Eso sí, tengan la seguridad de que, las maldades y travesuras no son hereditarias entre los hermanos gemelos, aunque sí, algunas veces son contagiosas. Pero, igual ocurre entre dos hermanos cuando son muy seguidos, o entre dos amigos pequeños que siempre juegan juntos, solo que algunas personas lo pasan desapercibido entre hermanos y amigos, mientras que cuando ocurre entre gemelos lo atribuyen a su parecido. Es más, muchos inventan que, las malas artes entre estas personas tan similares se deben a su condición de gemelos. Creen que es algo congénito. Por eso, se ha generalizado la creencia de que los gemelos somos “malos per se” y hasta que “comemos ropa”; o, peor aún que, uno de los dos es “el malo”. Vieran que daño puede ocasionar ese invento tan arbitrario. Aunque en mi caso, que fue al que, por lo general se me zampó ese epíteto, cuando un amigo muy querido, un hermano adquirido para mí, que usa hacer estas bromas, me obsequió una camiseta con la leyenda “evil twin” (gemelo malo), le seguí la sorna vistiendo la camiseta con mucha frecuencia.
Como se nos atribuye la maldad y el parecido es evidente entre los “gemelos idénticos”, hay personas que, han llegado al extremo de preguntarse si Rober y yo compartíamos las novias; sin advertir siquiera que, en tal caso la viveza sería de la dama que simulara dejarse seducir por gemelos masculinos, ya que, la intuición femenina hubiera detectado la treta gemelar al instante; por lo que de seguir adelante con el cortejo, la pizpireta y abusadora sería ella y nunca podría ser atribuible al par de hermanos, los que, habrían entrado como diría mi Tata, “con todo y valija”.
Ahora, vean qué cosa, por si todo lo descrito con anterioridad no fuera suficiente, las coincidencias entre nosotros han continuado ya entrados a la “tercera edad”, cuando algunos comenzamos a quejar males antes que otros. Rober que, como he dicho, vino primero al mundo, empezó a anticiparme algunos padecimientos “de pura viejera”, conforme se le fueron presentando a él. Un día se me presentó y me dijo: “Vas a tener que operarte de cataratas”. Dicho y hecho, el mismo día y a la misma hora fuimos intervenidos por el mismo oculista, para eliminar con éxito sendas cataratas en nuestros respectivos ojos. Poco después, ocurrió algo semejante, cuando debimos ser sometidos a una cirugía de la próstata, con apenas un mes de diferencia. De nuevo Rober primero y yo después.
¡Qué enredo! Porque entre otras vicisitudes de la vida que no provinieron de nuestro interior cromosómico como las anteriores, sino más bien del mundo exterior, hubo otras coincidencias: cuando la guerra estalló en Nicaragua contra el tirano Somoza, Rober se enroló en 1979 en una brigada; yo en cambio me fui después en 1983, incorporado en otra columna, para enfrentar a la contra. Rober se convirtió primero en dirigente académico en la UCR, en calidad de director de la escuela de sociología y antropología primero, vicedecano de la Facultad de Sociales y ulteriormente vicerrector de Acción Social; yo en cambio, con algún tiempo de retraso tuve la oportunidad de ser director del Instituto de Estudios del Trabajo (IESTRA), casi de seguido vicerrector de Vida Estudiantil, y honrosamente tuve la ocasión de asumir la rectoría en la UNA. Puedo seguir, pero creo que basta por ahora con todo este intríngulis que, de pronto, como ustedes tal vez ya lo habrán advertido, no me ha llevado a ninguna parte.
Por contraposición, puedo asegurar que, este viaje a lo largo de setenta años con mi hermano Rober a la parcita, ha sido una verdadera fortuna para mí. Todo lo que diré en adelante tiene que ver estrictamente con él y no necesariamente se me acredita a mí; porque al referirme a sus cualidades de personalidad, ellas se relacionan con la sociocultura, una gran parte de la cual interactúa con cada ser humano de manera particularísima, aunque de ella provienen también rasgos comunes que, son los que impregnan a un conglomerado social, lo que contribuye a conformar la identidad de un pueblo o nación.
Rober se ha forjado como un ser humano muy sólido en el campo de la sociología política. Sus estudios de licenciatura y maestría fueron y son todavía de gran vigencia; fue muy serio en ello graduándose con sendas tesis de grado y posgrado de mucho valor intelectual, las cuales fueron publicadas como libros. Mi hermano gemelo posee un razonamiento científico muy riguroso que, él se ha preocupado por seguir alimentando toda la vida con lecturas permanentes. Siempre tiene entre sus manos un libro de contenido social y humano.
En su vida social, se distingue por un espíritu de entrega hacia los demás; ha sido particularmente generoso conmigo, debo reconocerlo, de una manera que me ha enseñado siempre el valor de la solidaridad. Puedo decir que Rober ha antepuesto los intereses de los demás al suyo propio, cuando ha considerado que, está de por medio una causa humanista, social y profundamente democrática, es decir, justa y equitativa.
Rober ha sido y es lo que se puede decir un hombre recto, amante de la búsqueda de la verdad, que sabe huidiza y por lo consiguiente reconoce que ella no es patrimonio propio, ni de nadie. La verdad se persigue sabiendo que, jamás se llega a obtener de manera absoluta, sino solo relativa. Espero en este capítulo tan importante, no tergiversarlo, porque sé con creces que, para Rober es extremadamente importante la verdad en punto a la objetividad a la que permite acceder la ciencia social.
En esta octava década de nuestras vidas, que vamos a comenzar a recorrer estamos juntos otra vez en una lucha por la vida en el Planeta Tierra, nuestra Madre Tierra. Y ahí sí estamos igualmente convencidos ambos de la relevancia de esta empresa, porque la voracidad de la sociedad moderna, el insaciable espíritu de lucro de las multinacionales que producen hidrocarburos, tiene al Planeta sumido en una vorágine de calentamiento global, que ha conducido al cambio climático, derivado de la producción de gases de efecto invernadero. De modo que, la sociedad industrial y vorazmente consumista, con el ser humano en el centro (el “Homos Económicos”), son los responsables principales del despeñadero por el que vamos; sin embargo, estamos igualmente convencidos que, es este un momento en que aún podemos (“el Homo Sapiens” humanista), ralentizar o, hacer más lenta esta ola infernal de calentamiento planetario. Este sería nuestro legado principal a los amados descendientes y, junto al resto de los movimientos sociales que en todo el mundo luchan por una vida más austera, frugal y equitativa, podrá ser de nuestra parte, aunque sea en pequeña escala, el aporte para lograr un desarrollo ambientalmente sostenible y sustentable con la Naturaleza. ¡Será sin duda, el mejor legado a la humanidad entera!
Rober ¡Felicidades en nuestro común setenta cumpleaños! Deseo con fervor que vivas muchos años más con salud y, como nos lo has enseñado, plenos de amor al prójimo que dé lugar a la solidaridad del quehacer humano.
Foto de las cataratas de Kaieteur en el Río Potaro en la región que en Venezuela se denomina la «Guayana Esequiba», extraída de esta nota de prensa titulada «El Esquibo, una joya inundada de petróleo que se disputan Venezuela y Guyana», El Clarín, edición del 29/06/2020. Un video sobre estas majestuosas cataratas está también disponible en este enlace.
Nicolas Boeglin (*)
El 13 de junio del 2022, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) adoptó una nueva ordenanza fijándole a Guyana un plazo para contestar argumentos presentados el 7 de junio por Venezuela (véase texto en francés y en inglés de la ordenanza).
Como se recordará, en marzo del 2018, Guyana interpuso una demanda contra Venezuela ante el juez de La Haya relativa a lo que en Venezuela se denomina la «Guayana Esequiba«, un territorio en disputa entre ambos Estados de más de 159.000 kilómetros cuadrados, y que representa proporcionalmente más de las 2/3 partes del territorio actual de Guyana (véase el segundo mapa en esta nota de la BBC del 2021).
Si bien la atención a la actividad de un tribunal internacional como la CIJ recae usualmente en el contenido de sus sentencias como tal, el análisis de las ordenanzas (también denominadas «providencias» en la literatura jurídica) reviste interés, tal y como intentaremos detallarlo a continuación.
La tercera ordenanza desde el 2018
La anterior ordenanza de esta índole sobre la fijación de plazos fue adoptada el 8 de marzo del 2021 estableciendo plazos para la presentación de escritos sobre el fondo para ambos Estados: 8 de marzo del 2022 para Guyana, 8 de marzo del 2023 para Venezuela (véase texto francés y en inglés).
Una anterior providencia con fecha del 18 de junio del 2018 (véase texto en ambos idiomas) fue la primera de este tipo adoptada por la CIJ entre Guyana y Venezuela.
En el mes de diciembre del 2020, en una sentencia sobre competencia, la CIJ se había declarado competente para analizar parte de los argumentos de Guyana sobre el fondo (véase texto de la sentencia en francés/inglés). Cabe precisar que esta decisión se tomó sin poderse realizar un juicio contradictorio como es lo usual en La Haya, con dos rondas de alegatos (en la fase escrita y luego en la fase oral), al optar Venezuela por no comparecer en el procedimiento: veáse verbatim de las audiencias orales realizadas el 30 de junio del 2020 en La Haya con la presencia de la única delegación de Guyana.
En su precitada sentencia de diciembre del 2020 se lee por parte de la CIJ (párrafo 22) que:
«22. Aucune pièce écrite n’ayant été déposée par le Gouvernement du Venezuela et celui-ci n’ayant pas comparu lors de la procédure orale, aucune conclusion formelle n’a été présentée par ce gouvernement. Cependant, il ressort clairement de la correspondance et du mémorandum reçus du Venezuela que ce dernier soutient que la Cour n’a pas compétence pour connaître de l’affaire.
/
22. Since the Government of Venezuela filed no pleadings and did not appear at the oral proceedings, no formal submissions were presented by that Government. However, it is clear from the correspondence and the Memorandum received from Venezuela that it contends that the Court lacks jurisdiction to entertain the case.«
Como se observará en las líneas que siguen, la no comparencia en un procedimiento contencioso por parte de un Estado ante el juez internacional de La Haya no afecta mayormente el desarrollo del procedimiento en sí.
Resulta oportuno precisar a nuestros estimables lectores, en particular de América Latina, que a diferencia de la Organización de Estados Americanos (OEA) y de varios Estados en América Latina y en el mundo, Naciones Unidas reconoce a las autoridades encabezadas por el Presidente Nicolas Maduro como único representante de Venezuela (y que esta regla aplica para todas sus agencias especializadas y órganos, incluyendo a la CIJ).
Un muy breve recuento
En marzo del 2018, Guyana inició una demanda contra Venezuela ante la justicia internacional de La Haya, con el fin de resolver la larga controversia que mantiene con Venezuela desde 1966; y que anterior a este año, mantenía Venezuela con Gran Bretaña desde el siglo XIX, desde el año 1899 para ser exactos, fecha en que un tribunal arbitral emitió un laudo arbitral (véase texto en inglés) desfavorable a Venezuela (Nota 1).
En este valioso artículo del jurista venezolano Allan Brewer-Carías publicado en 2009 por el prestigioso Max Planck Institute de Heidelberg en Derecho Internacional Público y Derecho Comparado, se lee que:
“The boundary established in the 1899 arbitration tribunal was considered to be settled for the next half-century, until a memorandum written by Severo Mallet-Provost (11 August 1944), a lawyer who had acted as a junior counsel for Venezuela at the Paris tribunal, was published posthumously in the 1949 issue of the American Journal of International Law (O Schoenrich ‘The Venezuela-British Guiana Boundary Dispute’ (1949) 43 AJIL 523, 528–30). The memorandum adduced that the arbitral tribunal’s president had coerced several members into assenting to the final decision, the result of a political deal between Britain and Russia. Reportedly, this memorandum had been dictated five years earlier by Mallet-Provost to Judge Otto Schoenrich, his partner in the US law firm of Curtis, Mallet-Prevost, Colte and Mosle, with instructions that it was not to be published until after his death, and even then, only at Judge Schoenrich’s discretion. Mallet-Prevost died on 10 December 1948, and his memorandum appeared in print some six months later” (punto 17).
Se puede afirmar que desde este arbitraje de 1899, y de revelaciones sobre algunos integrantes de este tribunal dadas a conocer en 1948, Venezuela desconfía de todo lo que se asemeja a los mecanismos de solución pacífica de controversias de carácter jurídicos (arbitraje y arreglo judicial) y se ha cuidado de no ratificar ningún tratado que contemple el recurso a uno de estos dos mecanismos, salvo muy contadas excepciones. Es así como Venezuela nunca procedió a reconocer unilateralmente la jurisdicción obligatoria de la CIJ prevista en el Artículo 36, párrafo 2 del Estatuto de la CIJ (véase listado de Estados que han hecho esta declaración).
Cabe precisar que la demanda de Guyana de marzo del 2018 plantea como base de competencia una sencilla carta del Secretario General de Naciones Unidas dada a conocer en enero del 2018 que recomienda a ambos Estados someter el asunto a la CIJ. Una carta adoptada pocas semanas después de estrenar su cargo el actual Secretario General de Naciones Unidas.
Habíamos tenido la oportunidad de analizar la sentencia de la CIJ declarándose competente, dada a conocer en el mes de diciembre del 2020 (véase nuestra nota titulada «Guyana / Venezuela: a propósito de la reciente decisión de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en la que se declara competente«. En este análisis se indicaba que el debate intra muros entre los 15 integrantes de la CIJ había dejado algunas huellas, con varias opiniones disidentes externadas por varios de ellos, al precisar nuestro texto que:
«Siendo el principio del consentimiento previo de los Estados la piedra angular sobre la que ha reposado desde siempre la justicia internacional, estos cuatro jueces advierten, cada uno a su manera, del riesgo que conlleva para la credibilidad de la CIJ el razonamiento seguido por la mayoría de sus colegas en este fallo. Nótese que el primero de ellos, el francés Ronny Abraham, fue Presidente de la CIJ (2015-2018)«.
El contenido de la ordenanza, en particular un detalle notorio pocamente divulgado
En la precitada ordenanza del 13 de junio del 2022, se lee que Venezuela procedió a un cambio de actitud repentino en el mes de junio del 2022 y que el 7 de junio remitió a la CIJ una batería de argumentos tendientes a cuestionar la competencia de la CIJ (las excepciones preliminares):
«Vu la lettre en date du 6 juin 2022, par laquelle S. Exc. Mme Delcy Eloína Rodríguez Gómez, vice-présidente de la République bolivarienne du Venezuela, a informé la Cour que le Gouvernement vénézuélien avait désigné S. Exc. M. Samuel Reinaldo Moncada Acosta, représentant permanent de la République bolivarienne du Venezuela auprès des Nations Unies, en qualité d’agent et S. Exc. M. Félix Plasencia González, ancien ministre du pouvoir populaire des affaires étrangères de la République bolivarienne du Venezuela, et Mme Elsie Rosales García, professeure à l’Universidad Central de Venezuela, en qualité de coagents aux fins de l’affaire ; Considérant que, le 7 juin 2022, le Venezuela a déposé des exceptions préliminaires d’irrecevabilité de la requête, et qu’un exemplaire original de celles-ci a immédiatement été transmis à l’autre Partie;
/
Having regard to a letter dated 6 June 2022, whereby H.E. Ms Delcy Eloína Rodríguez Gómez, Executive Vice President of the Bolivarian Republic of Venezuela, informed the Court that the Venezuelan Government had appointed H.E. Mr. Samuel Reinaldo Moncada Acosta, Permanent Representative of the Bolivarian Republic of Venezuela to the United Nations, as Agent and H.E. Mr. Félix Plasencia González, Former People’s Power Minister for Foreign Affairs of the Bolivarian Republic of Venezuela, and Ms Elsie Rosales García, Professor at the Universidad Central de Venezuela, as Co-Agents for purposes of the case; Whereas, on 7 June 2022, Venezuela filed preliminary objections to the admissibility of the Application, and whereas an original of those preliminary objections was immediately transmitted to the other Party»;
Se trata de un cambio de actitud en la medida en que, desde la presentación de la demanda por parte de Guyana en marzo del 2018, Venezuela optó por no comparecer en el procedimiento en La Haya.
Como lo indica el jurista venezolano Víctor Rodríguez Cedeño en un artículo reciente, cuya lectura se recomienda:
«La no comparecencia podemos definirla como una situación en la que una parte en un proceso ejerce el derecho que le otorga el artículo 53 del Estatuto de la Corte de no participar en una fase del proceso o en una de sus partes, escrita u oral. Una postura procesal que puede adoptar tanto en la fase preliminar, es decir, en la fase relativa a la competencia y la admisibilidad de la demanda, en la parte de fondo e incluso en una etapa ulterior o en un procedimiento incidental sobre medidas cautelares o provisionales» (Nota 2).
No comparacer en el presente caso para Venezuela significó el no nombrar a un Agente encargado de centralizar la documentación y de fijar la posición de Venezuela en La Haya ante los jueces de la CIJ, el no remitir documentos a la CIJ en los plazos establecidos, el asistir a las reuniones convocadas por la Presidencia de la CIJ para fijar plazos de presentación de escritos con autoridades políticas y el no asistir a las audiencias orales convocadas por la CIJ. Tampoco Venezuela presentó las excepciones preliminares a las que tiene derecho todo Estado demandado que cuestiona la competencia de la CIJ para analizar el fondo de un asunto, ni pudo nombrar a un juez ad hoc de su escogencia (Nota 3).
Dicho en otras palabras, Venezuela desde el 2018 se privó sola de todas las herramientas procesales existentes en La Haya cuando un Estado demandado por otro cuestiona la competencia de la CIJ.
En su comunicado oficial del pasado 8 de junio (véase texto completo), la diplomacia venezolana no explica en ningún momento este cambio de actitud, señalando únicamente que:
«Sin embargo, estamos obligados a señalar, sin duda alguna, del curso del procedimiento que se ha seguido a partir de la demanda unilateral de Guyana, así como de la decisión del 18 de diciembre de 2020 en la que, contra todo precedente, la Corte se arroga jurisdicción para pronunciarse sobre “la validez del laudo arbitral de 1899”, un asunto superado y que fue artificiosamente propuesto en la demanda unilateral de Guyana, para buscar librarse de su compromiso a negociar, al cual está obligado conforme al Acuerdo de Ginebra.
Venezuela espera que el asunto vuelva de inmediato al terreno de la negociación amistosa entre las partes y a la correcta aplicación del Acuerdo de Ginebra para dirimir la controversia territorial que justificó su suscripción».
Como indicado con anterioridad, las excepciones preliminares pudieron ser presentadas por Venezuela desde que fue notificada por la Presidencia de la CIJ del contenido de la demanda de Guyana, la cual fue registrada en marzo del 2018 (véase texto de la demanda en francés e inglés). En diciembre del 2020, la CIJ se declaró competente para analizar el fondo del asunto.
Más allá del caso planteado por Guyana contra Venezuela, este cambio de actitud de Venezuela hacia la justicia internacional rompe de forma notable con una sólida y firme posición histórica en todos los foros internacionales desde 1959 y que recoge muy bien el precitado jurista Víctor Rodríguez Cedeño en este artículo publicado en el 2018, en el que expresa que:
«Venezuela nunca ha aceptado la jurisdicción obligatoria de la corte, sin desconocer evidentemente su importancia como órgano judicial de las Naciones Unidas. En muchas reuniones, incluso de codificación, hemos dejado en forma expresa y clara nuestra reserva en relación con el carácter obligatorio de la jurisdicción de la corte. Recuerdo que como representante de Venezuela en muchas reuniones jurídicas hice declaraciones muy claras al respecto, entre otras, en la Conferencia de Viena de 1986, en las negociaciones cuando se adoptó la Constitución de la Onudi, en 1977-78, que evitó, como consta en actas, que se incluyera el recurso obligatorio y entre muchas otras, durante el proceso de adopción del Acuerdo Constitutivo del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola, FIDA, también a finales de los años setenta del siglo pasado. Posiciones coherentes formuladas con base en una política exterior jurídica seria que desarrollaron los gobiernos democráticos desde 1959«.
Esta actitud de Venezuela explica el hecho que Venezuela a la fecha no haya ratificado el Pacto de Bogotá de 1948 (véase estado oficial de firmas y ratificaciones), y que no haya tan siquiera firmado la Convención de Viena de 1969 sobre Derecho de los Tratados (véase estado oficial), la Convención de 1982 de Montego Bay sobre Derecho del Mar (véase estado oficial) o la Convención de Viena de 1986 sobre Tratados entre Estados y Organizaciones Internacionales (véase estado oficial): todas estas (y muchas otras) convenciones de carácter universal contienen una cláusula mencionando a la CIJ o al arbitraje como mecanismos de solución pacífica de controversias.
La no comparecencia ante la CIJ: ejemplos recientes
Es de recalcar que cada caso de no comparecencia ante el juez de La Haya en el marco de un procedimiento contencioso incoado por otro Estado debe ser considerado de manera individual: las comparaciones son usualmente bastante aventuradas, y cada caso de no comparecencia debería siempre entenderse como sui generis.
Son muy diversas las razones que puede alegar un Estado para desdeñar la barra de La Haya.
En el hemisferio americano, antes de Venezuela en el 2018, podemos citar el caso de Estados Unidos en 1984, al optar por no comparecer en La Haya en el procedimiento en su contra presentado por Nicaragua. Cabe precisar que en un primer momento, Estados Unidos sí se presentó a la barra de La Haya, presentó varias excepciones preliminares y participó en las diversas etapas del procedimiento, pero desafió a la CIJ cuando esta rechazó algunos de sus argumentos y se declaró competente, al decidir no participar más en el procedimiento sobre el fondo: la no comparecencia de Estados Unidos no impidió en lo más mínimo que fuera condenado en una sentencia considerada histórica en junio de 1986 en la que la CIJ le señaló su parecer sobre su conducta que merece mención (Nota 4).
Después de Venezuela en el 2018, el único Estado que ha optado por no comparecer ante el juez de La Haya fue Rusia en marzo del 2022, ante la solicitud de medidas provisionales de carácter urgente presentada en su contra por Ucrania (Nota 5).
Sobre algunas interrogantes, expectativas y su alcance
Como se puede apreciar en esta reciente ordenanza de la CIJ de junio del 2022, Guyana tiene hasta el 7 de octubre del 2022 para analizar y refutar los argumentos presentados por Venezuela en este mes de junio del 2022 sobre la incompetencia de la CIJ. No debería extrañar que sean exactamente los mismos argumentos que Venezuela le hizo llegar a la CIJ en su momento y que fueron en parte rechazados por los jueces en el 2020: véanse en particular la carta suscrita por el canciller venezolano del 24 de julio del 2020 en francés y en inglés, así como el memorandum enviado el 28 de noviembre del 2019 por Venezuela a la CIJ (textos en francés y en inglés).
Una vez recibido el escrito de Guyana, es probable que la CIJ se tome unos meses de reflexión y zanje sobre los diversos aspectos discutidos para (probablemente) retomar el análisis sobre el fondo que había iniciado con posterioridad al fallo de diciembre del 2020.
¿Porqué presentar en junio del 2022 excepciones preliminares que bien se pudieron haber presentado desde mucho años antes? ¿Qué ha ocurrido de relevante en Venezuela o en Guyana en este mes de junio del 2022 para que Venezuela reconsidere la posición inicial de no comparecer en este juicio iniciado en el 2018?¿Habrá en el escrito sobre el fondo de Guyana que fue depositado el pasado 8 de marzo algún argumento que sugiera cambiar radicalmente de posición por parte de Venezuela? ¿Porqué la CIJ acepta que Guyana dé su parecer sobre argumentos venezolanos que ya fueron en parte rechazados en el 2020 por la misma CIJ? Desde el punto de vista táctico, ¿se puede considerar riesgoso este cambio de actitud de Venezuela?
Son preguntas que lanzamos al aire sin mayores elementos para responderlas. La primera de ellas tiene una respuesta que deberían poder brindar las máximas autoridades venezolanas. Con relación a la última de ellas, se podría contestar por la afirmativa: en efecto, desde la perspectiva de algunos jueces de la CIJ, esta repentina maniobra de Venezuela bien podría ser interpretada como tendiente a dilatar cuestiones ya zanjadas en el 2020 y ganar tiempo (por alguna razón que se considera ventajosa en Venezuela).
Cabe precisar, como dato de interés, que el pasado 7 de junio también se celebró una reunión entre autoridades de Guyana y de Venezuela en Georgetown (véase nota al respecto publicada en El Universal): desde que la CIJ se declaró competente en el 2020, el retomar las negociaciones bilaterales con Guyana es un objetivo prioritario de la diplomacia venezolana y esta reunión posiblemente sea una de muchas otras por venir. Negociar el retiro de la demanda a cambio de un acuerdo bilateral con Guyana puede ser uno de los objetivos por parte de la diplomacia venezolana. Al respecto, el retiro de una demanda en La Haya constituye una práctica muy poco estudiada y que, en nuestra opinión, lo ameritaría, en particular cuando se obtiene a cambio de nada o casi (Nota 6).
A modo de conclusión
Este discreto giro operado por Venezuela con relación a su histórica distancia mantenida con la justicia internacional merecería explicaciones, que a la fecha de redactar estas líneas, se desconocen. Sin duda alguna responde a un cambio radical de estrategia ante el juez de la CIJ: esta última fue solicitada desde el 2018 por Guyana para zanjar definitivamente la controversia territorial más antigua sin resolverse en el continente americano.
Como tuvimos la oportunidad de indicarlo desde el 2018, la no comparecencia ante la CIJ es una opción usada a veces por un Estado demandado que conlleva algunos riesgos, cuando escribíamos que:
«Cabe precisar que la estrategia que ha escogido Venezuela no está exenta de todo riesgo: en efecto, la no participación de Venezuela la priva de la posibilidad de presentar sus argumentos legales en la etapa preliminar en la que puede precisamente cuestionar la competencia de la CIJ en el marco del procedimiento contencioso: la etapa de las excepciones preliminares. Dicho en otras palabras, al optar Venezuela por no participar, la base de competencia usada por Guyana (que se limita a una recomendación del actual Secretario General de Naciones Unidas) no será cuestionada ante los jueces de la CIJ «(Nota 7).
Notas:
Nota 1: Sobre esta decisión arbitral véase reciente análisis de RUAN SANTOS G., » La clausula de «prescipción» en la controversia entre Venezuela y Gran Bretaña por la Guayana Esequiba», in AYALA CORAO C. & BREWER CARIAS A. R. (Editores), Libro Homenaje al Dr. Pedro Nikken, Caracas, Editorial Jurídica Venezolana, 2021, Tomo II, pp. 923-944, disponible aquí.
Nota 2: Véase RODRIGUEZ CEDEÑO V., «Las implicaciones de la no comparecencia en el procedimiento contencioso ante la Corte Internacional de Justicia: reglas y principios a la luz de la práctica de la Corte«, in Boletin de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales, Número 166 (Octubre-Diciembre 2021), Homenaje a Gonzalo Parra Aranguren, pp. 405-418, p.407. Texto integral de este Número 166 disponible aquí.
Nota 3: Véase al respecto nuestra nota de abril del 2019, BOEGLIN N., «A propósito del reciente comunicado en el que Venezuela reitera formalmente a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) que no comparecerá ante ella«, Ius360, edición del 29/04/2019 y disponible aquí. Anterior a ella (2018), véase también WENTKER A., «Venezuela´s non participation before ICJ in the dispute over Essequibo region«, EJIL-Talk, edición del 29/06/2018 y disponible aquí.
Nota 4: Es de precisar que elfallode la CIJ sobre el fondo del 26 de junio de 1986 entre Estados Unidos y Nicaragua es considerado en la literatura jurídica especializada como uno de los mejores fallos jamás redactados por parte de los integrantes de la CIJ. Parte de esta característica se puede deber a un presidente extremadamente exigente y a un comité a cargo de la redacción de un fallo igualmente preocupado por aspectos de forma y aspectos de fondo. Pero también se puede deber al hecho de que los argumentos del demandante (Nicaragua) no encontraron objeción alguna durante el procedimiento sobre el fondo. Los jueces de la CIJ optaron, dos años después de declararse competente, por darle a cada uno el alcance requerido desde el punto de vista jurídico.
En aquella oportunidad, los jueces no desaprovecharon la ocasión (histórica) para externar a Estados Unidos su desaprobación, incluyendo una pequeña lección sobre principios muy básicos. Lo hicieron en el fallo de 1986 de la siguiente forma, que nos permitimos reproducir a continuación en ambos idiomas:
«In the present case, the Court regrets even more deeply the decision of the respondent State not to participate in the present phase of the proceedings, because this decision was made after the United States had participated fully in the proceedings on the request for provisional measures, and the proceedings on jurisdiction and admissibility. Having taken part in the proceedings to argue that the Court lacked jurisdiction, the United States thereby acknowledged that the Court had the power to make a finding on its own jurisdiction to rule upon the merits. It is not possible to argue that the Court had jurisdiction only to declare that it lacked jurisdiction. In the normal course of events, for a party to appear before a court entails acceptance of the possibility of the court’s finding against that party» (párrafo 27 de la sentencia de la CIJ de 1986).
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«En l’espèce la Cour regrette d’autant plus profondément la décision de l’Etat défendeur de ne pas participer à la présente phase de la procédure qu’une telle décision est intervenue après que les Etats-Unis eurent pleinement participé aux procédures sur les mesures conservatoires et sur la compétence et la recevabilité En effet, en ayant pris part à l’instance pour plaider l’incompétence de la Cour, les Etats-Unis reconnaissaient par là à celle-ci le pouvoir de se prononcer sur sa propre compétence pour statuer au fond. Il n’est pas possible de prétendre que la Cour n’était compétente que pour se déclarer incompétente. La comparution devant une juridiction implique normalement l’acceptation de la possibilité d’être débouté» (párrafo 27 de la sentencia de la CIJ de 1986).
Nota 5: Véase al respecto BOEGLIN N., «La fuerza del derecho ante el derecho a la fuerza (el caso de Ucrania y Rusia). A propósito de la no comparecencia de Rusia ante la Corte Internacional de Justicia«, Portal Universidad de Costa Rica (UCR), edición del 23/03/2022, y disponible aquí.
Nota 6: El retiro de una demanda ante el juez de La Haya es una opción a la que a veces recurren los Estados que litigan en La Haya y que se ha estudiado muy poco en doctrina. ¿Retirar una demanda en La Haya a cambio de … nada? En 1986, Nicaragua obtuvo una condena a Estados Unidos contundente de la CIJ, que abrió la puerta para una segunda etapa por compensación y daños: no obstante, en 1991, a raíz de un cambio de orientación política, Nicaragua optó por retirar la demanda pendiente por daños y perjuicios (véase el comunicado de la CIJ del 27/09/1991) sin que se conozca de alguna contrapartida económica por parte de Estados Unidos. Siempre con relación al hemisferio americano, se puede también citar el caso de la demanda de Ecuador contra Colombia por aspersiones químicas aéreas, interpuesta en el 2008 (véase texto de la demanda en francés y en inglés): Colombia obtuvo el retiro de la demanda planteada por Ecuador en el 2013, comprometiéndose a no realizar más acciones de este tipo en sus zonas fronterizas y a depositarle a Ecuador la suma de 15 millones de US$, la cual incluye, entre otros, los gastos de Ecuador en el procedimiento ante la CIJ desde el 2008 (véase punto 9 del acuerdo suscrito entre Colombia y Ecuador del 9/09/2013).
Nota 7: Véase BOEGLIN N., «Ordenanza de la CIJ en relación a la demanda de Guyana contra Venezuela: apuntes«, CIARGlobal, edición del 11/07/2018 y disponible aquí.
(*) Este texto fue elaborado por Nicolas Boeglin, Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR).
Como sabemos, la inflación ha tendido a subir recientemente, alcanzando una cota anual del 8,7% en mayo de 2022, la más alta registrada durante los últimos 13 años. Su origen es evidentemente externo, o sea, es importada, y está asociada al aumento de los precios internacionales del petróleo, de los alimentos y de algunas otras mercancías. Detrás de todo esto, como sabemos, subyacen tanto las disrupciones globales provocadas por la pandemia del Covid-19, en particular la llamada “crisis de los contenedores”, como los agudizados trastornos que ha traído la guerra lanzada por Rusia contra Ucrania.
Es importante tener esto presente, ya que, como intentaré mostrar en este artículo, las respuestas que se ensayan por parte del Banco Central, si bien admiten explícitamente el carácter importado de la inflación, contradictoriamente optan por medidas de política económica, que inciden directamente sobre la economía costarricense, como si la inflación se originase desde dentro mismo de ésta.
La respuesta estándar
Subir las tasas de interés es la política estándar que los bancos centrales -incluido el de Costa Rica- acostumbran aplicar cuando la inflación da muestras de ir al alza. Y, por cierto, ello es hoy tendencia: los bancos centrales de todo el mundo toman este atajo, y elevan la tasa de interés que usan como referencia (en Costa Rica se la llama “tasa de política monetaria”), la cual usualmente incide de forma directa sobre las operaciones de muy corto plazo entre los propios bancos (ya que los bancos se prestan los unos a los otros todos los días), o de estos con el Banco Central, y luego tiende a propagarse, como en ondas concéntricas, sobre las diversas tasas de interés en todo el sistema financiero.
Al hacerlo de esa forma, hacen una especie de trueque: un mayor desempleo a cambio de una menor inflación. Porque, en último término, cuando un banco central empuja al alza las tasas de interés, lo que intenta es encarecer el crédito, para, eventualmente, frenar la inversión de las empresas y el consumo de las personas, y, así, “enfriar” la economía, o sea, frenar su crecimiento, lo cual normalmente implicará más desempleo. Alrededor de esto hay toda una parafernalia teórica, que, viene de autores como Milton Friedman y Edmund Phelps, la cual habla de la “tasa natural de desempleo”, la “tasa de desempleo no aceleradora de la inflación”, y, a partir de lo anterior, una tal Regla de Taylor (atribuida al economista estadounidense John B. Taylor). Puesto en sencillo, lo que esto nos dice es que existe una tasa de desempleo mínima, por debajo de la cual la inflación se acelera, por lo que, presuntamente, resultaría inútil y contraproducente que los gobiernos intenten comprimirla hasta ese nivel.
Por lo tanto, se supone que los bancos centrales deben ser vigilantes, y no permitir que la tasa de desempleo caiga por debajo de ese piso, ya que ello desataría perniciosas fuerzas inflacionarias, asociadas al hecho de que, siendo el desempleo muy bajo, ello presuntamente haría que los salarios suban, generando en consecuencia una presión alcista sobre los precios. En un contexto de desorganización de la fuerza de trabajo, y ausencia de organizaciones sindicales fuertes, esa hipótesis se vuelve altamente improbable, no obstante lo cual, sigue siendo la que subyace, de forma más o menos implícita o explícita, a estos planteamientos.
Pero, además, sucede que ninguna de esas “tasas” es observable. O sea, cuál es la “tasa natural de desempleo” y cuál la “tasa de desempleo aceleradora de la inflación” es algo que, en rigor, nadie conoce. Se las establece por puro “bateo”, lo cual no impide que los diversos bancos centrales reiteren siempre el mismo ritual, disimulando su ignorancia detrás de un lenguaje eufemístico, que se pretende técnico y aséptico.
Supuestos irreales
Implícito a lo anterior, está el supuesto de que la economía ha crecido a un ritmo significativo y el desempleo ha bajado hasta el (incognoscible) nivel de su “tasa natural”, o inclusive por debajo de ésta, lo que produce un “recalentamiento” que acelera la inflación. De ahí lo que indiqué más arriba: el propósito entonces es elevar las tasas de interés y encarecer el crédito para “enfriar” la economía y, así, cortarle las alas a la inflación.
Al proceder de esta forma, claramente convertimos el empleo -y, por lo tanto, a las personas de carne y hueso- en una variable subordinada. O sea: la prioridad es la inflación, y la gente es el cordero que se inmola en el altar de los sacrificios.
El caso es que, obediente a este recetario, el Banco Central de Costa Rica (BCCR), ha optado por combatir la inflación subiendo su “tasa de política monetaria”. En los últimos seis meses ha habido cinco alzas, las dos últimas muy fuertes: 2,50 puntos porcentuales el 23 de abril, y 1,50 puntos porcentuales el 16 de junio. De tal forma, esta “tasa de política monetaria” pasó de 0,75%, a inicios de diciembre de 2021, a 5,50% en este momento. Eventualmente este movimiento alcista debería hacerse sentir sobre los nuevos créditos que los bancos dan a personas y empresas, como también elevará las tasas que se cobran sobre créditos concedidos en el pasado, y que están sujetos a tasas variables. Muy seguramente también hará subir las tasas de interés que se cobran sobre las emisiones de deuda pública, las cuales son, de todas maneras, injustificadamente altas.
Como ya adelanté, cuando procede de esa forma, el BCCR está suponiendo -aún si no lo dice- que los brotes de inflación que se registran, están asociados a una situación donde la economía avanza a ritmo trepidante y el desempleo es muy bajo. Y si no lo supone, actúa como si lo supusiera. Y, sin embargo, esa no es, ni remotamente, la situación actual de Costa Rica. Los indicadores sobre empleo, aportan un contundente desmentido a tan disparatada tesis. Recordemos que, según los datos más recientes, tenemos alrededor de 325 mil personas desempleadas, y más de 900 mil personas en la informalidad laboral. A lo cual debe agregarse la notoria ralentización en la creación de empleos, que se registra desde al menos el mes de octubre del año pasado. Cuando, por otra parte, la proporción de la población en edad de trabajar (15 años y más) que se mantiene fuera de los mercados laborales remunerados, sigue siendo sustancialmente más alta que la que se registraba antes de la llegada de la pandemia del Covid-19. En aquel momento, ese porcentaje, que ya era bastante alto, se ubicaba en el 36,1% (febrero 2020), mientras en el dato más reciente (abril 2022) se sitúa en 40,0%. El que esas personas -sobre todo mujeres- permanezcan en su casa y no salgan a buscar trabajo, refleja el desaliento frente a una economía que no ofrece adecuadas oportunidades de empleo. Ello además disminuye sustancialmente la tasa de desempleo oficialmente registrada, ya que, si esas personas salieran de su casa a buscar trabajo, muy seguramente no lo obtendría o, en el mejor de los casos, tendrían que ubicarse en empleos informales.
Los datos de empleo nos dicen que la economía costarricense está lejos de cualquier cosa que pudiera considerarse un “recalentamiento”, porque está lejísimos de producir a plena capacidad. Y, sin embargo, el Banco Central opta por combatir la inflación como si, en efecto, nuestra economía estuviera “sobrecalentada”. Más que paradójico, es absurdo.
Dos pifias más
Recientemente el Banco Central adoptó nuevas medidas, y decidió elevar del 12% al 15% el llamado “encaje mínimo legal”. Lo que esto significa es que, de cada depósito que un banco reciba, deberá “guardar” un 15% en el Banco Central, donde quedaría inmovilizado, lo que disminuiría su capacidad para generar nuevos préstamos. Sin embargo, hay en lo anterior, al menos dos pifias.
Primera pifia: la intención, implícita pero muy obvia, es tratar de restringir la “liquidez” en la economía -o sea, la cantidad de dinero que circula- limitando la capacidad de los bancos para conceder créditos. Pero ello supone que detrás del problema de la inflación hay un exceso de dinero en circulación. La teoría subyacente, que tiene raíces en los planteamientos monetaristas de Friedman, es errónea, pero el sinsentido que representa se agranda, tan solo con que recordemos que estamos ante un problema de inflación importada.
Segunda pifia: no es cierto que los bancos requieran de los depósitos para generar créditos. En un sistema de moneda fiduciaria como el nuestro, los bancos generan créditos tan solo con hacer una anotación electrónica a favor de su cliente. En ese contexto, los créditos más bien anteceden a los depósitos, y no a la inversa. Elevar el “encaje” no altera en nada sustantivo este mecanismo de creación endógena de dinero. Si el crédito se frena será porque las altas tasas de interés frenen la economía y, en consecuencia, frenen la demanda de crédito por parte de empresas y hogares. Aunque, y en todo caso, no es ocioso recordar que el crédito al sector privado, ya venía bastante frenado, desde al menos 2018, de modo que las medidas que ahora toma el Banco Central, simplemente implican llover sobre mojado.
Breve conclusión
Retomo lo indicado al inicio de este artículo: la inflación que estamos sufriendo es enteramente importada, y no tiene relación alguna con ningún “recalentamiento” de la economía costarricense, ni tampoco tiene orígenes monetarios. Las medidas que el Banco Central aplica no corrigen esa situación, pero, en cambio, muy seguramente agravarán los terribles problemas del empleo que vivimos. Ello implica un intolerable, y desde todo punto de vista injustificado, sufrimiento humano y social.
Téngase presente que he dejado por fuera muchos elementos importantes. Trataré de retomarlos posteriormente.
Permítanme transcribir un párrafo extraordinario, desde el saber criminológico contemporáneo, que puede resultar de interés para cualquiera que se asome al tema del sistema penal, los delitos y las sanciones correspondientes.
“Al describir un mundo [el correspondiente al racionalismo revolucionario francés] en que ya no existe ningún ´tutelaje moral´, excepto aquel que en cierto sentido es auto-administrado y que, por lo tanto, abre la puerta a la posibilidad de un individualismo extremo y de superar y apartar cualquier tipo de vínculo social, [el Marqués de] Sade parece señalar [con sus escritos y conductas] la posibilidad de que lo que se llama ´delito´ no sea sino la expresión de un concepto de ´derecho subjetivo´, un derecho sin objetividad, que no acepta el reconocimiento del otro. No se preserva ninguna necesidad de cohabitación social. Así, no es ningún accidente que, poco tiempo después, uno de los críticos más acerbos de la Revolución Francesa y del liberalismo, el filósofo alemán Georg W.E. Hegel, en su Filosofía del derecho, describa la esencia del castigo como el momento de transición entre el derecho y la moralidad; es decir, el momento en que el individuo se da cuenta de que no está solo, pero aún no ha afrontado la necesidad de compartir el espacio social con otro… (De modo no del todo diferente, en su Genealogía de la moral… Nietzsche definirá los castigos como ´mnemotécnicos´, pues mediante ellos los mandatos morales se inscriben en la memoria del individuo.” (Dario Melossi; Controlar el delito, controlar la sociedad).
Permítanme ahora algunas reflexiones al pie que estimo necesarias:
Herencia del Iluminismo francés, inspirador de la gran Revolución de 1789, ha sido la radical distinción entre moral y derecho. El profesor Luigi Ferrajoli insiste, en nuestros días, en respetar la coherencia y consistencia del mundo jurídico (“el punto de vista interno” a partir de los principios del Estado constitucional de derecho), sin descartar la posibilidad de cuestionar su justicia mediante juicios ético-políticos (“punto de vista externo”). Lo que resulta obvio, la posibilidad de criticar el derecho y sus prácticas, por injustas o inmorales, mantiene viva la posibilidad constante de reformar y mejorar el derecho mismo.
La sanción penal, impuesta a quien ha actuado sin reparar en el daño que hace, sin considerar los derechos de otro u otros seres humanos victimizados, cobra sentido en la medida en que el sistema penal hace valer la existencia y dignidad de ese otro.
Así, resulta inevitable pensar, por ejemplo, en los casos en que la víctima es especialmente vulnerable, como en la violación o abusos sexuales a personas menores de edad, donde la superioridad del agresor se impone por la mera fuerza o por el aprovechamiento de la confianza que da su posición de garante (padre, padrastro, pastor, sacerdote, maestro, médico, etc.). Durante siglos, este abuso de poder se ha querido justificar con todo tipo de subterfugios legales o de facto: matrimonios “ventajosos” de viejos con niñas, supuestas iniciaciones sexuales “naturales”; posibilidades de ascenso o seguridad social para las víctimas, entre otros pretextos.
O bien, los casos en que la víctima es difusa, como los hechos perpetrados contra los bienes públicos, que son de todos y de nadie en particular, y cuya percepción dañina se diluye y hasta se esfuma. Quizá por eso la sociedad –y especialmente los electores- están dispuestos a dar oportunidades sin fin a los políticos y partidos corruptos. Causa más alarma y rechazo la experiencia concreta del robo en la casa del vecino, que los fraudes millonarios en obras públicas, las comisiones cuantiosas en licitaciones, las evasiones de impuestos o las quiebras fraudulentas de bancos, aunque el costo de estos últimos sea incalculablemente mayor para todos.
El respeto a la dignidad y los derechos de las otras personas está en el centro mismo de lo que debe considerarse delito, es decir, aquello absolutamente intolerable para la convivencia pacífica en una sociedad determinada. También es central para el castigo razonable que deba darse en cada caso concreto como respuesta que busque justicia y nunca venganza. Por eso estaríamos, en nuestro caso, mucho más cerca de Hegel y del mismo Nietzsche que de Sade, cuya renuncia a todo tipo de tutelaje moral terminó por extraviarlo social, psicológica y humanamente.
Pablo Iglesias en el Parlamento Europeo, citó las palabras de Franklin Delano Roosvelt, en relación con Anastasio Somoza, al referirse a Muhamar Gadafi: “¿Se acuerdan señorías cuando Gadafi era nuestro hijo de puta? Empezó a serlo a partir del año 2000, cuando privatizó sus compañías petroleras, para que empezaran a entrar las multinacionales occidentales. Era la época en la que Gadafi era el amigo de Europa… era el tiempo en el que Gadafi financiaba la campaña electoral del señor Sarcosí y que regalaba caballos a José María Asnar… Incluso en el año 2011, un mes antes de la intervención de la OTAN, el FMI elogiaba las reformas económicas de Gadafi… ¿Qué pasó en el mes de marzo?: ocurrió que… la ONU en su resolución 1973, apeló a la responsabilidad de proteger a la población civil y se inició la intervención militar…Pero eso no tenía nada que ver con proteger a la población civil. Tenía que ver con los interese de compañías petroleras occidentales, ante la posibilidad de que fueran empresas rusas, chinas y de la India las que explotaran los recursos de Libia…No les pido que dejen de ser lo que son, pero al menos no mientan a la gente”.
Tambien debe recordarse, que el bombardeo a Belgrado en 1999 se hizo sin resolución de la Organización de Naciones Unidas.
“Estados Unidos no tiene amistades permanentes, sino intereses permanentes”. (John Quincy Adams). Entonces: No importan otras consideraciones, éticas ni de ningún otro orden, solo los intereses.
Determinadas acciones en ámbitos regionales amenazan la paz mundial:
La estrategia ofensiva de estados unidos en Europa del este, para cercar a través de los años cada vez más militarmente a Rusia, a través de la expansión de la OTAN, también está pasando en Asia.
Esto está pasando desde hace años. En el esquema de AUKUS, una alianza militar entre Australia, Estados Unidos y el Reino Unido, se habló de transferir submarinos nucleares a Australia. Por lo que hubo fuertes discrepancias entre Estados Unidos y Francia, pues ésta, tenía fuertes aspiraciones en ese negocio. También, en el esquema de seguridad, Quad, el asunto es fortalecer militarmente a países como Japón, para contener a china. Aquí se puede ver como se utilizan a esos territorios y países. Taiwan se va a convertir en una ucrania, para transferir armas y cercar a china.
Estos son los antecedentes que terminan provocando guerras.
Henri Kissinger, en el Foro de Davos, dijo que el peligro mayor es un posible acercamiento y una alianza comercial y militar entre rusia y china. Hay que evitarlo. TVPN.
Es necesario además tener en la mira que, Estados Unidos pone de nuevo los ojos en el cuerno africano, incrementando la tensión también en esa zona.
Se ha dicho por distintos canales, que, en las acciones militares llevadas a cabo por el ejército ucraniano, apoyado por Estados Unidos y la Unión Europea, participan elementos neonazis. A este respecto, viene a la memoria el conocido refrán: “Dime con quién andas y te diré quién eres”.
En otros sucesos, se hace necesario traer a colación distintos encontronazos que ponen en el tapete dilemas que reflejan ese entuerto entre conveniencias, intereses y argumentos, que traen a cuestionamiento las justificaciones esgrimidas por los impulsores y promotores de las acciones bélicas que ponen en peligro la paz mundial, como por ejemplo, la posición de Turquía que está utilizando su poder de veto y se opone a que Finlandia y Suecia ingresen en la OTAN, diciendo que estos países apoyan fuerzas contrarias a sus intereses nacionales.
En otro orden de cosas, España por su lado, insinúa que la Federación Rusa tuvo que ver en los problemas con Argelia para el suministro de gas, siendo que hay un escenario de hechos en el que las decisiones tomadas son responsabilidad de los países involucrados: España, Argelia y Marruecos, con la presencia de Estados Unidos en el contexto.
En su momento, el portavoz de la cancillería alemana expresó que la posición de Estados Unidos en cuanto a los negocios sobre el gas que necesita Alemania es una intromisión en los asuntos del país, al igual que la amenaza de sanciones a empresas europeas por parte de Estados Unidos. En ese intercambio, Estados Unidos señaló con vehemencia, que Alemania le debe millones a la OTAN.
En el “mundo occidental”, no se habla con suficiente eco a la actitud sensata, sobre la responsabilidad que tiene Estados Unidos, en poner en riesgo la paz mundial, provocando situaciones que degeneren en conflictos. Eso es hipocresía, así como no tener actitudes serias, utilizando con ligereza términos como democracia, cuando en una gira, el presidente Biden incluye a regímenes como Arabia Saudita, para negociar intereses. Así también, es irresponsable actuar como si estuviéramos ante una película de Hollywood.
Se habla de una inminente situación de hambruna a causa de pobreza, pandemia y guerra y hay voces que ya dicen que los pobres pagarán los platos rotos, pero no se dice con honestidad, quienes son los que rompen los platos. Así como cuando se “otorgan” préstamos a los países “pobres”, no importando que, en esos países, los dólares los reciben los ricos y la deuda la pagan los pobres.
En ese panorama, los ucranianos minaron aguas del Mar Negro en Odesa. Ahora hay barcos que no pueden salir con los cereales cosechados en Ucrania. “Occidente” pretende hacer responsable de esa situación a la Federación Rusa, siendo que como se dijo, los militares ucranianos, minaron las aguas. A la Federación Rusa, se le imponen distintas sanciones, como parte de la guerra provocada por Estados Unidos, lo que también afecta a la población rusa, no sólo al gobierno y al ejército. Además, a los barcos rusos se le cierran puertos en Europa.
Una pregunta: ¿Por qué Estados Unidos destina 40 mil millones de dólares, o más, para el belicismo en Ucrania y no los destina a alimentos, educación, arte, deporte e infraestructura, por ejemplo, en África?
Con todo este telón de fondo se viene la reflexión: Es un grave problema para la convivencia pacífica en el mundo, que Estados Unidos crean y estén empecinados en que deben dominar el mundo.
SEÑOR IVAN DUQUE, ES HORA DE DETENER EL ASESINATO Y LA VIOLACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS
“…EXIGIMOS del gobierno nacional, suspender su actividad fascista, hacemos responsable al presidente Duque, al gobernador del Cauca Elías Larrahondo Carabalí y al alcalde de Popayán Juan Carlos López Castrillón por la integridad de nuestros ultrajados compañeros y compañeras.,,” ((PCC, 17 de junio 2022)
El 13 de enero de 2022, la prensa internacional alternativa y las redes sociales nos informan del Asesinato de 78 activistas de Derechos Humanos, en el valle del Cauca en Colombia. Casi que simultáneamente con esa macabra noticia, Laura Quiñones, denunció los asesinatos de los defensores indígenas en Cali.
La constante, del gobierno de Iván Duque y de la derecha uribista que lo acompaña se caracteriza en profundizar, la pobreza, la desigualdad, la corrupción, el asesinato, el autoritarismo, la detención arbitraria, el fraude y el narcotráfico, en fin se pudre la democracia que hoy sueña todo un pueblo en recuperarla.
Como organismo de Derechos Humanos, desde Cosa Rica, la ACODEHU, acoge y se solidariza con las denuncias del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos de la hermana República de Colombia.
Compartimos la urgente acción en la defensa, protección y solidaridad contra estos crímenes de Estado que se viven hoy en Colombia.
Condenamos y denunciamos de igual forma los ataques despiadados, las detenciones masivas y los asesinatos los cuales han afectado 206 municipios, durante los últimos meses del presente año.
Por eso, desde Costa Rica y para la opinión nacional e internacional, lo fundamental es la denuncia y rechazo. Expresamos a una sola voz, expresamos señor Iván Duque “ES HORA DE DETENER EL ASESINATO Y LA VIOLACIÓNDE LOS DERECHOS HUMANOS”
“…Hacemos un llamado a la población a rechazar enérgicamente estos actos de injusticia, a fortalecer los lazos de solidaridad entre todas y todos quienes quieren las transformaciones para Colombia, a no cesar en nuestros principios y a mantenernos esperanzados en una Colombia para la vida…” (PCC, 17 junio 2022).
Por eso hoy, como la mayoría de colombianas y colombianos, creemos que es urgente un pacto histórico por la vida en la Patria Grande de Bolívar.
Por Memo Acuña (Sociólogo y escritor costarricense)
Ha concluido la novena Conferencia Latinoamericana y Caribeña de Ciencias Sociales desarrollada en México por el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO).
Bajo el lema “Tramas de las desigualdades en América Latina y el Caribe” se desarrollaron actividades académicas, editoriales y culturales de toda naturaleza, en un momento clave para reposicionar el rol de las ciencias sociales críticas y reflexivas en un mundo en transición.
En su Asamblea Ordinaria se reflexionó acerca de la necesidad de incentivar el diálogo inter y multidisciplinario en especial con otras disciplinas y saberes como el arte y la cultura. En otros momentos, en esta columna hemos defendido el potencial de las artes como vehículo movilizador y transformador social. El camino está trazado.
Un resultado no esperado de la Conferencia, que movilizó al menos reacciones y pronunciamientos diversos, fue la situación experimentada por varias académicas y académicos que quisieron participar y que no les fue posible, como resultado de políticas migratorias restrictivas implementadas por las autoridades mexicanas.
Destaca en particular la situación vivida por académicos, académicas y congresistas provenientes de Cuba, Colombia, Brasil, Bolivia y Centroamérica, quienes fueron objeto de malos tratos, violencia e intimidación no más arribando al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.
Incluso a muchos de ellos les fueron aplicados figuras como la detención y la deportación hacía sus países de origen.
Un pronunciamiento firmado por instancias como el Grupo de Trabajo CLACSO Fronteras: movilidades, identidades y comercios, Migraciones Sur-Sur, Seminario Universitario sobre Desplazamiento Interno, Migraciones, Exilio y Repatriación/UNAM señaló este hecho, denunciando la arbitrariedad de las autoridades migratorias mexicanas y recordando además que precisamente este contexto pospandémico ha develado la complejidad adquirida por las movilidades humanas a escala regional.
Ciertamente, contrario a la expectativa de una desaceleración de los procesos migratorios como consecuencia del cierre de fronteras a partir de la emergencia sanitaria, el pronunciamiento citado indica cómo se profundizaron las situaciones y se ampliaron los perfiles migratorios (migrantes deportados, migrantes varados, migrantes de tránsito, migrantes en espera, solicitantes de refugio, migrantes con intención de retorno y migrantes encarcelados) develando la complejidad, el riesgo y la vulneración de los derechos para las personas involucradas a todo nivel.
Al tiempo que la Conferencia se llevaba a cabo y se sucedían estas incidencias en carne propia para personas académicas y congresistas, dos hechos hacían constatar la necesidad de seguir profundizando el abordaje sobre estos temas a nivel global y regional.
El primero de ellos, la formación de un nuevo corredor humanitario con más de 10.000 personas originado al sur de México, cuyo destino final sigue siendo Estados Unidos. El grupo fue disuelto días después, pero muestra la potencia de estas formas de lucha migrante, al decir de la colega mexicana Amarela Varela, y su rol político en medio de la despolitización de los movimientos sociales regionales.
El segundo hecho es una constatación empírica: el aumento de los desplazamientos forzados a nivel global, cuya cifra alcanza ya a más de 100 millones de personas. Esto fue indicado en un informe reciente publicado por la Oficina para las personas Refugiados de las Naciones Unidas (ACNUR) que precisó el carácter expansivo de los desplazamientos forzados de personas en todo el mundo.
La tensión evidente entre control migratorio y protección de derechos aboga ahora más que nunca por nuevas formas de abordaje del tema. Personalmente hemos optado por el arte, específicamente la literatura, como un camino posible para procurar la sensibilización. Esperamos contribuir en esa dirección.
Las acciones que se vienen tomando en el gobierno del señor Chaves por parte de diferentes ministerios evidencian un deseo de cambiar las cosas que se venían dando desde hace muchos años. La decisión del Ministro de Obras Públicas de no negociar con RITEVE hasta que entregaran los bienes y no cambiarla bajo ninguna condición. Además de destituir a los miembros de varios consejos técnicos y comisiones demuestra que el deseo es que se tomen decisiones y no se atrasen los procesos y mucho menos en aquellos casos en que hay inversiones millonarias. No es posible que el atraso institucional se deba a tres o cuatro funcionarios. Esos son lastres que deben desterrarse.
También la decisión de hacer que los funcionarios públicos que se aprovecharon de los llamados “bonos proteger” deban devolver ese dinero y se les haya dado el plazo de un mes para ello, es poner orden y no permitir que hayan cometido la injusticia de quitarle a 1309 personas que de verdad lo requerían. Que no se quede en el aire y que las acciones para ordenar la administración se sigan tomando.
El tema del aumento salarial de ministros y viceministros es algo de lo que se viene hablando desde hace 30 años. Hacerlo en estos momentos quizá se pueda entender como falta de consecuencia, sin embargo, es verdad que muchos excelentes profesionales y que se encuentran en la empresa privada no aceptan cargos públicos debido a los salarios. Son 80 millones por mes, si no hay abusos y robos, el dinero alcanzará para eso y mucho más.
Hay muchas instituciones en las que hay que poner orden. Acueductos y Alcantarillados es una de esas y es urgente.
Dios quiera que se sigan tomando las acciones correctivas y disciplinarias para bien de nuestro país, a pesar de que hayan muchas voces del odio que quisieran que se siga en el desorden y el despilfarro.
