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La izquierda el 1 de Mayo: Trump, Chaves y el mal menor

SURCOS comparte la siguiente invitación enviada a nuestra redacción:

Para este sábado 26 de abril, en el marco del 1 de Mayo: organizaciones de izquierda se articulan para impulsar espacios de reflexión conjunta sobre la realidad y puntos de encuentro en torno a acciones concretas en comunidad desde los diversos espacios y geografías.

Organizar la resistencia

Esteban Beltrán Ulate
esbeltran@yandex.com

La paradoja de quienes confrontan el poder hegemónico radica en la aparente imposibilidad de establecer una agenda común que permita consolidar un músculo popular capaz de disputar la administración del poder institucional, no obstante, esta visión de imposibilidad -debido a enfoque o método- no debe limitar la posibilidad de constituir de manera táctica escenarios de resistencia compartida, focos de diversidad en la confrontación contra el opresor que se encuentra dirigiendo el poder desde la estructura que orquesta la institucionalidad de la nación.

Lo anterior es mucho más que solo unificar pasos en el concierto de una marcha anual o temática, me refiero más bien a la constitución de escenarios que sean duraderos en el tiempo, sin que implique erradicar las diferencias que lejos de adversar a los grupos contrahegemónicos, deberían alimentar la posibilidad del diálogo en la resistencia, así como animar la acción colectiva -creativa- de la protesta.

La trinchera de la resistencia creativa desde la diversidad no debe confundirse con los ejercicios oportunistas, de aquellos que llaman vivo a conglomerados de letra muerta -bajo el pretexto de agenda-, acciones oportunistas que reiteran ecos de planteamientos derivados de estructuras partidarias añejas que han sido responsables de la condición social actual. Los oportunistas buscan rendijas para alimentar el ego electoral, con discursos acomodadizos, con la mirada en puestos más que en un proyecto país.

Organizar la resistencia en diversidad es una posibilidad que parte de realidades vividas, así como han existido causas en las que diferentes grupos contrahegemónicos (izquierdas, socialismos, comunalistas, progresistas, intelectuales, ciudadanos y ciudadanas de pensamiento crítico y acción transformadora) se articulan por causas comunes, así, de igual manera, la situación política actual -me refiero al gobierno de turno y sus políticas-, nos plantean la posibilidad de fragmentarnos en el discurso de oposición o crear las condiciones para una gran asamblea popular de resistencia y acción.

El desafío es el diálogo en diversidad, pero es a su vez la fortaleza, por conducto de medios de comunicación alternativos, abiertos a las diferentes voces. Así como el llamado a la acción por la causa común, evitando el culto a la personalidad, demandando una autocrítica permanente de la estructura y un compromiso sostenido de las personas que asumen los ejes de acción (ejes en un modelo horizontal de acción) en las tareas compartidas.

Se organiza la resistencia en el diálogo y la acción, no desde el escritorio, ni desde el perfil de una red social, organizar la resistencia es una tarea permanente.

Gaza Israel: Sala de Apelaciones de Corte Penal Internacional (CPI) mantiene órdenes de arresto contra dos dirigentes en Israel

Foto extraída de artículo de prensa publicado en Israel, titulado «Bombing plants, severing pipelines: Israel pushes Gaza water crisis to the brink» (Magazine+972, edición del 23 de abril del 2025, cuya lectura completa se recomienda).

Nicolas Boeglin, Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR). Contacto: nboeglin(a)gmail.com

El pasado 24 de abril del 2025, la Sala de Apelaciones de la Corte Penal Internacional (CPI) rechazó en una decisión suspender las órdenes de arresto contra dirigentes israelíes (su actual Primer Ministro y su ahora ex ministro de defensa);  al tiempo que, en otra decisión, aceptó parte de la apelación presentada por Israel contra esta misma decisión de la Sala Preliminar. con relación a la competencia de la CPI. 

Cabe recordar que la cuestión de la competencia de la CPI había sido claramente establecida cuando en febrero del 2021, una Sala de lo Preliminar de la CPI, luego de un largo examen que duró varios años, confirmó la plena competencia de la justicia penal internacional para examinar la situación existente en el territorio palestino ocupado, al ser Palestina Estado Parte al Estatuto de Roma desde el 2015 (véase texto completo de esta decisión en francés y en inglés): ello sin excepción de ningún tipo, siendo Gaza parte del territorio palestino, tanto como Cisjordania y Jerusalén Oriental.

Lo que la Sala de Apelaciones considera en su decisión del 24 de abril del 2025, es que al tomar su decisión en noviembre del 2024, apelada luego por Israel, la Sala Preliminar debió reconsiderar todos los argumentos sobre la competencia de la CPI (ya resueltos en febrero del 2021): un criterio que, claró está, es más que debatible y sea probablemente objeto de intensos debates entre juristas.

Las dos precitadas decisiones en breve

El texto completo de la primera decisión, que consta de 15 páginas, está disponible en este enlace. Se lee que (página 3) que:

«After deliberation, 

Renders, by majority, Judge Luz del Carmen Ibáñez Carranza and Judge Solomy Balungi Bossa dissenting, the following 

D E C I S I O N 

1. The appeal of the State of Israel is dismissed as inadmissible; 

2. The request of the State of Israel for suspensive effect of arrest warrants issued by Pre-Trial Chamber I against two Israeli nationals and “any other legal acts taken by the Court based thereon” is dismissed, as moot; and 

3. The request of the State of Israel for leave to reply and to reject in limine the Prosecutor’s submissions concerning suspensive effect is dismissed as moot«.

El texto completo de la segunda decisión que consta de 23 páginas puede ser consultada en este enlace oficial de la CPI. Cabe resaltar que esta decisión fue tomada por unanimidad de los cinco integrantes de la Sala de Apelaciones, al indicarse (página 3) que:

«After deliberation, 

Unanimously, 

Delivers the following 

J U D G M E N T 

1. The State of Israel’s appeal against Pre-Trial Chamber I’s “Decision on Israel’s challenge to the jurisdiction of the Court pursuant to article 19(2) of the Rome Statute” is admissible under article 82(1)(a) of the Statute; 

2. The State of Israel’s request for leave to reply is rejected; 

3. Pre-Trial Chamber I’s “Decision on Israel’s challenge to the jurisdiction of the Court pursuant to article 19(2) of the Rome Statute” is reversed and remanded for Pre-Trial Chamber I to rule on the substance of the State of Israel’s jurisdictional challenge; 

4. The State of Israel’s request for suspensive effect of two arrest warrants issued by Pre-Trial Chamber I and “any other purported exercise of jurisdiction by the Court” is dismissed as moot; and 

5. The requests of the Office of the Public Counsel for Victims and the European Centre for Law and Justice are dismissed as moot«.

Con esta segunda decisión de la Sala de Apelaciones de la CPI, ¿se abre realmente una posibilidad para que sea revisada en un futuro la decisión anterior que confirmó las órdenes de arresto tomada contra dos de dirigentes israelíes y tres jefes del Hamás en noviembre del 2024 ? (decisión que tuvimos la ocasión de analizar en su momento en cuanto a sus alcances – Nota 1). 

La respuesta a esta pregunta, en nuestra opinión, es que esta posibilidad existe, pero que no puede ir más allá de lo ya establecido y claramente zanjado en febrero del 2021 por tres jueces de la CPI. En su decisión del 24 de abril del 2025, la Sala de Apelaciones aceptó que un argumento de Israel basado en el artículo 19, párr. 2 (posibilidad de presentar una apelación)  combinado con el artículo 82, párr. 1, sí era de recibo y que la Sala de lo Preliminar cometió un error procesal al obviarlo. Este último artículo (véase texto del Estatuto de Roma adoptado en 1998) se lee como sigue:

«Artículo 82 Apelación de otras decisiones 

1. Cualquiera de las partes podrá apelar, de conformidad con las Reglas de Procedimiento y Prueba, de las siguientes decisiones: 

a) Una decisión relativa a la competencia o la admisibilidad; 

b) Una decisión por la que se autorice o deniegue la libertad de la persona objeto de investigación o enjuiciamiento; 

c) Una decisión de la Sala de Cuestiones Preliminares de actuar de oficio de conformidad con el párrafo 3 del artículo 56; 

d) Una decisión relativa a una cuestión que afecte de forma significativa a la justicia y a la prontitud con que se sustancia el proceso o a su resultado y respecto de la cual, en opinión de la Sala de Cuestiones Preliminares o la Sala de Primera Instancia, una resolución inmediata de la Sala de Apelaciones pueda acelerar materialmente el proceso».

Como bien se sabe, Israel desde un inicio ha cuestionado la competencia de la CPI al considerar que la justicia penal internacional carece de jurisdicción: al no ser Israel Estado Parte al Estatuto de Roma (véase estado oficial de firmas y ratificaciones, con incluso el insólito «retiro» de su firma al Estatuto de Roma en el 2002 que se observa en la parte final del tablero). Se trata como indicado previamente, de una argumentación que fue claramente rechazada en febrero del 2021 por una Sala de lo Preliminar de la CPI. 

Ahora bien, lejos de algunos cantos de victoria que la prensa en Israel se ha apresurado en usar en sus diversos titulares desde el 24 de abril, la Sala de Apelaciones en ningun momento ha anulado o reformado la decisión objeto de la apelción por parte de ISrael: en efecto, al revocar la decisión previa de la Sala Preliminar de la CPI de noviembre del 2024, no toma ninguna decisión sobre el fondo, sino que devuelve a esta última el asunto, indicándole que deberá incorporar y pronunciarse sobre los agumentos sobre su competencia que Israel en su momento le presentó. En su decisión, se lee que para los cinco integrantes de la Sala de Apelaciones:

«64. Accordingly, the Appeals Chamber is of the view that, in light of the preceding considerations, the most appropriate course of action is to reverse the Impugned Decision and remand the matter to the Pre-Trial Chamber for it to rule on the substance of the jurisdictional challenge. The Appeals Chamber notes that it is for the Pre-Trial Chamber to determine the applicable legal basis under article 19(2) of the Statute for addressing Israel’s jurisdictional challenge at the present stage of the proceedings, and to provide any required further instructions on the procedure to be followed«.

El contexto en el que se da esta decisión

Esta decisión de la Sala de Apelaciones de la CPI, que posiblemente provoque debates en el seno de la doctrina jurídica especializada, se da en plena ofensiva destructora de Israel, que, en poco más de un mes desde el informe de Naciones Unidas al 23 de marzo, ha asesinado a más de 1890 personas en Gaza, de las cuales 595 niños y 308 mujeres. 

Remitimos a nuestros estimables lectores al último informe al 23 de abril en el que se lee que:

«Between 7 October 2023 and 22 April 2025, the MoH in Gaza reported that at least 51,266 Palestinians have been killed and 116,991 Palestinians injured. This includes 1,890 people killed and 4,950 injured since the escalation of hostilities on 18 March 2025, according to MoH. On 17 April, MoH published the breakdown casualties in Gaza between 18 March and 17 April. Of the 1,691 people killed, 595 were children, 308 women, 105 elderly and 683 men. Among the 4,464 people injured, 1,610 were children, 842 women, 225 elderly and 1,787 men, MoH reported«.

La comparación de este informe de situación al 23 de abril con el anterior al 15 de abril (véase texto) pone en evidencia que el ejército de Israel desplegó acciones mortíferas sostenidas de manera ininterrumpida durante la semana en la que parte del mundo cristiano celebraba la Pascua.

Nótese que en febrero del 2025, un informe conjunto del Banco Mundial y de la Unión Europea (UE) – véase informe – calculó que las pérdidas y daños ocasionados en Gaza por parte de Israel desde la tarde/noche del 7 de octubre del 2023 alcanzan una suma de más de 49.000 millones de US$ (véase tabla y explicaciones en pp.3-4). Se lee (página 25) que:

«The assessment estimates around US$19.1 billion of economic and social losses incurred due to the conflict (see Figure 3). The sectors with the highest estimated losses are health with US$6.3 billion, education with US$3.2 billion, commerce and industry with US$2.2 billion, social protection at around US$1.4 billion, and agriculture at US$1.3 billion. The impacts, damages, and losses are thus greatest in housing with US$16.3 billion, commerce and industry with US$8.1 billion, health with US$7.6 billion, education with US$4.1 billion, and transport with US$2.9 billion«.

Cabe desde ya precisar que, así como las máximas autoridades de Israel tildaron de «antisemitas» a los jueces de la CPI en noviembre del 2024 (véase nota de prensa), y pidieron al Secretario General de Naciones Unidas que renuncie a su puesto en octubre del 2023 al indicar el contexto en el que se enmarcó el ataque del 7 de octubre (véase nota de prensa), en el mes de enero del 2024 consideraron una primera ordenanza dictaminada por otra jurisdicción internacional (la Corte Internacional de Justicia / CIJ) totalmente sesgada en razón del «antisemitismo» de algunos de sus integrantes (véase nota de The Guardian): se trata de una reacción iracunda de Israel cada vez que su diplomacia fracasa, y que ya no impresiona mayormente (salvo en el caso de algunos pequeños círculos políticos que gravitan alrededor de la Casa Blanca en Estados Unidos y de otros más pequeños círculos activos en algunas capitales). 

A modo de conclusión

Más allá de la facilidad con la que se usa el término de «antisemita» o «antisemitismo» en las esferas gubernamentales israelíes y en sus círculos afines, estas dos decisiones de la Sala de Apelaciones de la CPI posiblemente sean objeto de comentarios por parte de la doctrina jurídica especializada.

Es de notar que otra prueba ante la justicia internacional espera a Israel: en efecto, a partir del próximo 28 de abril, ante otra jurisdicción internacional localizada también en la ciudad de La Haya (la CIJ) unos 40 Estados y cuatro organizaciones internacionales tendrán la oportunidad de hacer ver a los jueces de la CIJ la importancia que revisten las reglas jurídicas que obligan a todo Estado Miembro de Naciones Unidas en el marco esta vez de un procedimiento consultivo iniciado por Noruega en octubre del 2024 (Nota 2). Por parte de América Latina, participarán por orden de aparición ante los jueces de la CIJ  (véase programa dado a conocer el pasado 23 de abril por la CIJ) los siguientes Estados: Colombia, Bolivia, Brasil, Chile, México y Panamá.

La larga lista de Estados y organizaciones internacionales invitados a dirigirse a los 15 integrantes de la CIJ no incluye a Israel, que ha considerado en este caso innecesario presentar sus alegatos ante la CIJ de La Haya. Si bien para algunos analistas y comentaristas, puede tratarse de un pequeño detalle de forma, este omisión de Israel viene a confirmar que la narrativa de Israel (y la de sus aliados) tendiente a justificar legalmente el actuar de Israel en Gaza y en el resto del territorio palestino ocupado – con base en consideraciones y «argumentos» legales desplegada desde su aparato diplomático (así como a través de una gran cantidad de analistas, columnistas y «expertos» en diversas entidades y latitudes…) – no resiste un debate ante los jueces de la CIJ. Sobre este preciso punto, habíamos tenido la oportunidad de señalar una omisión muy similar en el marco del procedimiento consultivo anterior de la CIJ que concluyó el 19 de julio del 2024, con un total de cinco modestas páginas enviadas por Israel para su única defensa ante los jueces de la CIJ (Nota 3).

Volviendo a la justicia penal internacional y a los efectos de las órdenes de arresto emitidas por la CPI, se puede indicar  que es probable que para las ceremonias oficiales previstas en Roma para los funerales de Su Santidad el Papa Francisco este próximo 26 de abril, no viajará a Roma el Primer Ministro de Israel en la ciudad en la que se adoptó el Estatuto de Roma en 1998;  como tampoco el Presidente de Rusia, también objeto de una orden de arresto de una Sala de lo Preliminar de la CPI por crímenes de guerra cometidos en Ucrania (véase comunicado oficial de la CPI sobre esta orden de arresto del 17 de marzo del 2023).

— Notas —

Nota 1: Véase BOEGLIN N., «Gaza / Israel: las órdenes de arresto de la CPI contra el Primer Ministro y  (ex) Ministro de Defensa de Israel y contra un dirigente del Hamás. Alcance y perspectivas«, 21 de noviembre del 2024. Texto disponible aquí

Nota 2: Véase BOEGLIN N., «Gaza / Israel: CIJ alista audiencias públicas mientras Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas adopta resolución sobre obligación de prevenir genocidio «, 11 de abril del 2025. Texto disponible aquí.

Nota 3: En aquella oportunidad, nos permitimos señalar que en julio del 2024, al darse a conocer la opinión consultiva de la CIJ sobre la colonización y la ocupación ilegal del territorio palestino ocupado que: 

«Al respecto, las 292 páginas del escrito de Palestina (véase texto  en francés y en inglés) contrastan con las módicas 5 páginas remitidas en su momento por Israel (véase texto en francés y en inglés). 

Con respecto a Israel, cabe indicar que, pese a poder hacerlo, Israel optó por no participar luego en las audiencias orales, un detalle que la jueza oriunda de Estados Unidos en la CIJ consideró necesario señalar en su declaración separada (véase texto), al precisar que:

«4It also is unfortunate that Israel did not meaningfully participate in these advisory proceedings. Israel submitted a five-page written statement to the Court, together with annexes. It chose not to participate in the oral proceedings, despite the fact that up to the opening of those proceedings, the Court had reserved three hours for Israel to present its views — the same amount of time allocated to the observer State of Palestine, and six times the amount allocated to any other participant. This is an advisory proceeding, and no State was under an obligation to participate, including Israel. Israel’s participation in the oral proceedings, however, would have benefited the Court. Conversely, the failure of a State to participate cannot prevent the Court from fulfilling its responsibilities in replying to an advisory request» «. Véase BOEGLIN N., «Ocupación prolongada y colonización ilegal israelí del territorio palestino: apuntes con relación a la reciente opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia (CIJ)«, 19 de julio del 2024. Texto disponible aquí

Piden aprobar proyecto para financiar redes de monitoreo

Por. Johnny Núñez Zúñiga
Periodista O.C-UNA
jnunez@una.cr

“Cuidar, fortalecer y garantizar el funcionamiento continuo de la red instrumental del Ovsicori-UNA, si bien es responsabilidad institucional, también es un compromiso colectivo con la seguridad y el conocimiento de estas y las nuevas generaciones”, Esteban Chaves, director Ovsicori-UNA.

El Observatorio Vulcanológico y Sismológico (Ovsicori) de la Universidad Nacional (UNA), participó en un foro en la Asamblea Legislativa, para destacar la importancia de las redes de monitoreo geodinámicas y meteorológicas en Costa Rica, en el marco del expediente de ley 24.738, que busca garantizar financiamiento estable, mediante la reforma a la Ley Nacional de Emergencias N.8488.

En el evento participaron como panelistas: Cristina Araya, coordinadora de la la Red Sismológica Nacional (RSN), Diego Hidalgo, director del Laboratorio de Ingeniería Sísmica (LIS), ambos de la Universidad de Costa Rica (UCR), así como Werner Stolz, director del Instituto Meteorológico Nacional (IMN) y Esteban Chaves, director de Ovsicori-UNA. Además de autoridades de la UNA y Rosaura Méndez, legisladora de la República, proponente de la iniciativa de ley.

Cabe destacar que, previó a la presentación de monitoreo para la gestión del riesgo, funcionarios de los institutos realizaron la presentación de varios equipos de primera punta, los cuales requieren de recursos económicos permanentes para su adecuado funcionamiento.

Esteban Chaves, director de Ovsicori-UNA, explicó que la red instrumental del observatorio está compuesta por un conjunto robusto y tecnológicamente avanzado de estaciones y laboratorios que permiten la observación en tiempo real de la actividad sísmica, volcánica y tectónica. “Esta infraestructura incluye 90 estaciones sismológicas de alta sensibilidad, con una inversión aproximada de $32.000 por unidad, lo que representa un total de $2.88 millones. Estas estaciones permiten detectar y localizar con precisión los sismos que ocurren dentro y fuera del territorio nacional, información fundamental para la toma de decisiones y la emisión de alertas tempranas “destacó Chaves.

En cuanto al monitoreo volcánico, se cuenta cinco estaciones Differential Optical Absorption Spectroscopy (Doas), para medir emisiones de gases volcánicos, con un costo estimado de $30.000 ($150 mil en total), así como siete cámaras de vigilancia volcánica de $6.000, cada una. Lo que representa un total de $42.000. Herramientas esenciales para evaluar cambios en la actividad superficial de los volcanes activos y anticipar posibles erupciones.

Chaves agregó que la red también incluye 77 estaciones Global Navigation Satellite System (Gnss), para el monitoreo de deformaciones del terreno, clave para estudiar tanto procesos volcánicos como tectónicos. Cada estación tiene un valor aproximado de $20.000, lo que suma alrededor de $1.54 millones. “Esta información es crucial para entender el movimiento de placas y la acumulación de esfuerzo en zonas de subducción y fallas activas”, subrayó el experto.

Además de estas estaciones, Ovsicori cuenta con un laboratorio de Geoquímica con una inversión cercana a los $300.000 y un laboratorio de Petrología con un valor de $250.000, los cuales permiten analizar muestras de gases, aguas termales, cenizas y rocas, que brindan información clave sobre los procesos internos de los volcanes.

Chaves expresó que toda esta infraestructura se articula mediante servidores especializados, con una inversión cercana a los $700.000, lo que permite el almacenamiento, procesamiento y distribución en tiempo real de los datos recolectados.

En conjunto, esta red representa una inversión aproximada de $5.862 millones, con el fin de respaldar la seguridad, el conocimiento científico y la resiliencia del país ante procesos naturales extremos generados en el interior de la Tierra. Es por esto, que el mantenimiento de la red instrumental completa necesita una inyección anual de ¢600 millones, utilizados solo para la operación continua, el mantenimiento y la expansión de la capacidad ya instalada.

El proyecto de ley

La iniciativa, “Adición del artículo 46 ter a la Ley Nacional de Emergencias y Prevención del Riesgo N.8488, para establecer un financiamiento permanente a las redes de monitoreo geodinámico y meteorológico”, la cual se encuentra en discusión en la Comisión de Asuntos Sociales de la Asamblea Legislativa, el cual propone que el Ovsicori-UNA, la Red Sismológica Nacional (RSN) y el Laboratorio de Ingeniería Sísmica (LIS) de la Universidad de Costa Rica (UCR), así como el Instituto Meteorológico Nacional (IMN), se financiarán de manera permanente del aporte del 0.60% (cerca de ¢2.000 millones) de todas las primas de seguros de vida, salud, incendios y líneas afines que se vendan en el país.

En resumen, el Ovsicori percibirá un 35% (alrededor de ¢600 millones anuales) de los fondos recaudados para la adquisición de equipos sísmicos y volcánicos, necesarios para realizar las actividades de monitoreo en Costa Rica. En caso de existir algún remanente, estos fondos se destinarán al equipamiento y fortalecimiento de la investigación en amenazas sísmicas y volcánicas.

Chaves aseveró que más allá de las cifras, esta red instrumental es un verdadero escudo científico que protege a cada familia costarricense. Gracias a ella, hoy se pueden anticipar desastres, tomar decisiones informadas y construir una cultura de prevención. “Es un esfuerzo que trasciende lo académico y técnico: es una herramienta al servicio de la vida, de nuestras comunidades, de nuestros hijos y del futuro del país”, concluyó el científico.

Recursos permanentes

Para Araya, los fondos son esenciales para poder mantener las redes que ya tenemos instaladas, el mantenimiento de los equipos, baterías, GPS. Paneles solares no solo el mantenimiento, sino que también nos ayudaría a poder actualizar algunos equipos, mejorar la ubicación de las estaciones. Mejora la transmisión de los datos.

Gerardo Jiménez, vicerrector de Investigación de la UNA, comentó que el proyecto beneficia a un instrumento de prevención de suma importancia para salvar vidas y fortalecer el desarrollo.

Para la diputada Méndez, es urgente dotar de recursos a estas instituciones de forma permanente con montos reales, no como se había ejecutado con el transitorio del fondo nacional de emergencia. “Vimos una amplia y clara exposición de los representantes de las redes de monitoreo y cómo articulan con instituciones como el ICE y los cuerpos de primera respuesta. Es una necesidad país invertir en la mitigación de desastres naturales”, dijo Méndez.

Oficina de Comunicación
Universidad Nacional, Costa Rica

Estados Unidos y los canales interoceánicos en América – Historia y presente de una relación compleja

Vladimir de la Cruz de Lemos

La lucha por la Independencia de Panamá, de Colombia, que culminó en 1903, no era ajena a los intereses canaleros transístmicos de los Estados Unidos, lo que hizo que en 1902 el Senado de los Estados Unidos aprobara la propuesta de la construcción del Canal, cambiando su intención de construir el Canal por la vía del Río San Juan, limítrofe entre Costa Rica y Nicaragua, el Gran Lago de Nicaragua, el lago de Cocibolca, y el Estrecho de Rivas, en Nicaragua, que era otro proyecto de construcción canalera que no ha desaparecido del todo.

A inicios de la década de 1910 esta intención se mantenía, lo que se afirmó en el Tratado Bryan Chamorro, entre Estados Unidos y Nicaragua, el 5 de agosto de 1914, a inicios de la I Guerra Mundial, firmado por los presidentes Thomas Woodrow Wilson y Adolfo Díaz Recinos.

Este intento canalero provocó un conflicto diplomático entre Costa Rica, Nicaragua y El Salvador, que impidió su realización.

El Tratado Bryan Chamorro afectaba, por sus alcances a Costa Rica y El Salvador que lo cuestionaron ante la Corte de Justicia Centroamericana, existente en esa época, lo que hizo que la Corte desapareciera por este conflicto.

La Corte había sido creada por disposición de los Tratados de Paz y Amistad de Washington, mediante la Convención para el Establecimiento de una Corte de Justicia Centroamericana, que fue firmada el 20 de diciembre de 1907 en Washington, por Estados Unidos, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua, la que estuvo vigente entre 1908 y 1918 cuando caducó la Convención.

Estados Unidos intervino militar y políticamente en esa década en Nicaragua, creando de hecho un protectorado, que provocó movimientos insurreccionales, nacionalistas y antiimperialistas, dirigidos por Benjamín Zeledón en la década de 1910, y por Augusto César Sandino, en la década de 1920, hasta el retiro de las tropas estadounidenses en 1933.

En Panamá, el Tratado Hay-Bunau Varilla también dio origen a movimientos separatistas orientados que fracasados hicieron que el 3 de noviembre de 1903, culminaran con la Independencia de Panamá, como se celebra actualmente, dando origen a la llamada época republicana de Panamá, desde el siglo XX.

El Tratado Hay-Bunau Varilla, con todas sus modificaciones, fue derogado por los presidentes Omar Torrijos y Jimmy Carter, el 13 de setiembre de 1977.

Este Tratado también abrió el camino para la construcción del Canal, que se terminó en 1914, cuando fue inaugurado, al iniciarse la I Guerra Mundial, situación que hizo que Panamá se declarara “neutral”, frente al conflicto bélico, hasta 1917, cuando se sumó a los aliados que ganaron la guerra.

El Canal de Panamá desarrolló una “Zona del Canal”, bajo dominio de los Estados Unidos, una franja territorial dentro de Panamá, que era como un país dentro de otro país. De hecho se decía que Panamá tenía seis fronteras, la de Colombia, la de Costa Rica, la de los dos océanos y las dos que lindaban el territorio de la Zona del Canal.

Por el Tratado Arias Roosevelt, de 1936 firmado por los presidentes Armodio Arias y Franklin Delano Roosevelt se anuló el principio de intervención militar que tenía Estados Unidos en los asuntos internos de Panamá, para establecer el concepto de país protegido en el contexto de la II Guerra Mundial.

Entre 1941 y 1945 Panamá facilitó la ocupación de la Zona el Canal mediante el arriendo de terrenos a los Estados Unidos, los que se justificaron por los motivos de la defensa continental antinazi.

La Zona del Canal con este motivo y posterior a la Guerra se convirtió en un centro militar estratégico de los Estados Unidos para todo el continente.

Allí tuvo su base el Comando Sur de los Estados Unidos que desplegó un sistema de 16 bases militares, de distinto tipo y preparación, para soldados norteamericanos y para el entrenamiento de soldados y cuerpos militares de los ejércitos de todo el continente, especialmente en la llamada Escuela de las Américas, donde se fortalecieron los cursos de contrainsurgencia y contra guerrillas.

Además, allí se preparó a la mayor parte de los dictadores y tiranos, del continente en el período de la Guerra Fría, hasta el término de la dominación del Canal por los Estados Unidos, 1945-1977.

El Comando Sur afectaba 31 países del continente con planes de contingencia, de operaciones de diversa materia militar y de cooperación de seguridad militar para el Caribe, América Central y Sur América.

Entre 1945 y 1948 Panamá pidió a los Estados Unidos la devolución de los territorios de la Zona exigiendo la renegociación. Sin embargo, se impuso el Departamento de Guerra de los Estados Unidos de mantener de manera indefinida los terrenos, lo que estimuló corrientes nacionalistas panameñas.

En 1947 esto ocasionó grandes protestas (especialmente de los estudiantes universitarios) contra la Asamblea Nacional panameña, y se votó negativamente el Tratado que quería aprobarse extendiendo por 20 años los contratos de arrendamiento de trece instalaciones norteamericanas en la zona canalera.

En 1948 se impulsó la llamada Zona Libre de Colón, como un área, o institución autónoma del Estado de Panamá, con una zona franca.

En 1948 bajo las directrices del Presidente Truman se fortaleció la preparación militar de las tropas y ejércitos del continente, dentro de una visión de prevención y defensa ante el comunismo internacional, luego de que en Europa, al terminar la II Guerra Mundial surgieron varios países de tipo socialista.

Ello se materializó con la aprobación del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) el 2 de setiembre de 1947, y con la creación de la Organización de Estados Americanos, OEA, el 30 de abril de 1948.

En 1955 con el Tratado Remón-Eisenhower se le otorgaron más ventajas económicas y se mejoró el pago de los arriendos por el uso del canal.

La Zona del Canal mantenía de hecho partido o dividido a Panamá, hasta que en 1962, el 12 de octubre, se inauguró el llamado Puente de las Américas, que permitió la unión terrestre de ambas partes del Canal de Panamá, fortaleciendo el viejo sueño de la Carretera Interamericana, que se considera la carretera más larga del mundo, la cual inició su construcción en la década de 1930. Esta está interrumpida en la región del Darién, en Panamá, donde no se ha construido todavía ningún trecho carretero, lo que separa a Sur América del resto continental por la vía terrestre.

En 1964, el 9 de enero, de nuevo hubo protestas estudiantiles y populares, que se provocaron por la izada de la bandera panameña a la par de la estadounidense en la Zona del Canal, por el acuerdo de los presidentes Roberto Chiari y John F. Kennedy, de 1962, que así lo establecía y no se cumplía, protestas que tuvieron un saldo de 21 muertos y más de 300 personas heridas. El 9 de enero de 1964 se convirtió hasta hoy en una fecha emblemática del pueblo panameño.

En 1965 se volvió a plantear el tema de la Administración del Canal con la llamada Declaración Robles-Johnson, entre los presidentes Marco Aurelio Robles y Lyndon Johnson.

En 1968, el 11 de octubre, se provocó un golpe de Estado contra el presidente Arnulfo Arias Madrid, que condujo a que en el año1969 el General de Brigada Omar Torrijos asumiera el mando de la República de Panamá, en 1972, iniciando en los años siguientes un proceso revolucionario de corte nacionalista y populista.

Así, en 1977, Torrijos y el Presidente Jimmy Carter, firmaron los Tratados Torrijos-Carter que entregaron la administración del Canal de Panamá al gobierno del Panamá, y obligaron al abandono de todas las infraestructuras militares y civiles que en la Zona del Canal tenía Estados Unidos, obligando también al cambio de sede del Comando Sur de los Estados Unidos a Puerto Rico.

Muerto Torrijos, en un “dudoso” accidente aéreo, el 31 de julio de 1981, asumió el gobierno el general de cuatro estrellas Manuel Antonio Noriega en 1983, que por contradicciones políticas y militares con Estados Unidos sufrió un bloqueo económico agudizando una crisis social en Panamá, hasta que el 20 de diciembre de 1989 el ejército de los Estados Unidos invadió Panamá, capturando al General Noriega, a quien sometió ante la justicia norteamericana. La invasión provocó más de 500 muertos.

Resultado de la invasión en 1990 el presidente de Panamá Guillermo Endara abolió las fuerzas militares de Panamá, lo que se reafirmó con un referéndum popular el 15 de noviembre de 1992.

En 1999, el 31 de diciembre, bajo el gobierno de Mireya Moscoso, la primera mujer en ejercer la presidencia en Panamá, se asume del control total del Canal de Panamá, hasta hoy, situación gravemente amenazada por el presidente Donald Trump.

En el 2016 culminaron las obras de ampliación del Canal de Panamá, idea que venía desde 1930 cuando se había pensado en ampliar la capacidad de tránsito del Canal de Panamá.

Estados Unidos lo había intentado en 1939, lo que se suspendió por el inicio y desarrollo de la II Guerra Mundial.

En la década de 1980-1990 Japón, Estados Unidos y Panamá replantearon el tema de la ampliación del Canal.

La ampliación del Canal de Panamá, con un tercer juego de esclusas, se hizo con la aprobación de un referéndum popular el 24 de abril del 2006, en el gobierno de Martín Torrijos, bajo la dirección de la empresa española SACYR, abriéndose desde el 2018 al paso de barcos Neopanamax, de gran capacidad de tonelaje.

En la actualidad, en el crecimiento del uso del Canal ha destacado el movimiento comercial desde China, lo que ha preocupado a los Estados Unidos, especialmente al actual gobierno de Donald Trump, señalando que ello les provoca un desequilibrio comercial, además de un problema geopolítico por la presencia China en la región.

Trump ha dicho que el Canal en su totalidad administrativa lo controla China, lo que no acepta, y que tampoco es cierto.

Esta situación ha planteado una seria amenaza a Panamá porque Trump con toda claridad ha dicho públicamente que va a recuperar el Canal de Panamá, para que esté en manos de la administración de los Estados Unidos, y si es necesario lo hará por ocupación o intervención militarmente.

El Canal de Panamá es una de las obras de ingeniería más importantes del mundo, con una extensión de 80 kilómetros, de océano a océano, que acorta las distancias comerciales mundiales de manera significativa, evitando rodear el continente por el Cabo de Hornos.

Los proyectos canaleros del Istmo de Tehuantepec, de la Depresión del Río Atrato y el de Nicaragua seguirán en posibilidad, nada inmediata, mientras el Canal de Panamá seguirá fortaleciéndose.

En el caso del Canal en Nicaragua el actual gobierno de Nicaragua, desde el 2013, ha tratado de impulsarlo cruzando su territorio con participación, principalmente, de capital privado de la República Popular China, lo que no se ha podido concretar del todo, sin afectar la región limítrofe con Costa Rica, aunque en el proyecto inicial no se toca el rio San Juan, limítrofe de ambos países.

El 8 de julio del 2014 se anunció, por la empresa China HKND Group, la posible ruta canalera, con la intención de aumentar tráfico y el tránsito interoceánico de barcos con mayor carga de los que pasan actualmente por el Canal de Panamá, y para estimular más el comercio de América Latina con China.

En el 2014 se anunció que Rusia colaboraría en este proyecto.

El peligro de la amenaza de Trump de ocupación militar para apropiarse nuevamente de la administración y de la zona del Canal de Panamá es inminente. Puede suceder en cualquier momento en que el presidente Trump así lo estime.

Sabe Trump que no hay condiciones hemisféricas, con la OEA y su Fuerza Interamericana de Paz, del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, TIAR, de impedir una agresión militar de este tipo.

El TIAR quedó inaplicable cuando Argentina lo invocó para enfrentar la ocupación inglesa de las Islas Malvinas, en 1982, en que los Estados Unidos se alió con Inglaterra, apoyando su ocupación, dándole la espalda a Latinoamérica y a la OEA.

La Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC no desvela a Trump. Existe en el papel como una buena intención de buscar la integración política, económica, social y cultural de la región. En una situación de agresión militar de Trump a cualquiera de los países latinoamericanos la CELAC no tiene ninguna capacidad militar de evitarla o enfrentarla.

Una agresión militar de este tipo le permitiría igualmente evaluar sus otros dos objetivos, de intervención militar, en el continente:

-Groenlandia, con el ánimo de incorporarla como parte de los territorios de los Estados Unidos, con la idea de fortalecer su seguridad nacional en esa región, aspecto que ya ha insinuado, motivado por una mayoría poblacional groenlandesa que se pronuncia por la separación de Dinamarca, pero con más del 80% de la población que no está de acuerdo con ser incorporados a los Estados Unidos;

-y Venezuela, donde también ha planteado la intervención militar para capturar al grupo gobernante de Venezuela, al que tiene acusado de narcoterrorista.

La geopolítica mundial que traza el presidente Trump sin duda alguna ha alterado el panorama de las relaciones internacionales, y mantiene amenazas de alterarlas más.

Esta geopolítica incluye la redefinición y renegociación o ruptura de los Tratados económicos y de Libre Comercio que Estados Unidos tiene, por ahora, con Canadá, México, la Unión Europea y la República Popular China.

El Canal de Panamá es más que un sueño de opio de Trump. Es una realidad casi tangible.

En su visión geopolítica internacional Trump traza un nuevo diseño de las fronteras de los Estados Unidos.

Proyecta la anexión de Canadá, en condición de Estado 51 de la Unión, de los Estados Unidos; proyecta la compra o anexión del territorio dinamarqués de Groenlandia y la “recuperación” del Canal de Panamá, su Zona del Canal, considerando que el Tratado Torrijos-Carter no debió haberse firmado, y que fue ilegal su anulación.

Trump ha señalado clara y reiteradamente sus intenciones de acudir a la intervención militar para lograr estos objetivos y territorios estratégicos para él.

Parte de esta visión cartográfica ya ha planteado que el histórico Golfo de México se llame, oficialmente para los Estados Unidos, como Golfo de América y así se establezca en su cartografía.

Panamá se encuentra en su propia encrucijada por la importancia estratégica, comercial y geopolítica que el canal interoceánico tiene hoy.

Con Panamá están en la encrucijada política, diplomática y militar los organismos internacionales de la OEA y la ONU, sujetos a un proceso de debilitamiento político.

Las políticas internacionales de Trump se orientan fortalecer su presencia dominante en los organismos internacionales, saliéndose de ellos si le ocasionan un alto gasto a los Estados Unidos, si los países que participan no colaboran proporcionalmente a los gastos de su mantenimiento, o si se vuelven críticos hacia las políticas estadounidenses.

No le importa si son organismos sociales, culturales, médicos, sanitarios o de salud, como es la Organización Mundial de la Salud, o si son militares como la OTAN, que la tiene cuestionada.

El actual gobierno de Nicaragua, desde el 2013, ha tratado de impulsar un canal interoceánico cruzando su territorio con participación, principalmente, de capital privado de la República Popular China, lo que no se ha podido concretar del todo, sin afectar la región limítrofe con Costa Rica, aunque en el proyecto inicial no se tocaba el rio San Juan, limítrofe de ambos países.

El 8 de julio del 2014 se anunció, por la empresa China HKND Group, la posible ruta canalera, con la intención de aumentar tráfico y el tránsito interoceánico de barcos con mayor carga de los que pasan actualmente por el Canal de Panamá, y para estimular más el comercio de América Latina con China. En el 2014 se anunció que Rusia colaboraría en este proyecto.

El posible Canal chino en Nicaragua no altera hasta hoy a Trump.

A Trump no le preocupa la presencia China en Nicaragua. Si le preocupa en Panamá, especialmente porque el 13 de junio del 2017 establecieron relaciones diplomáticas, donde China se ha convertido en un importante cliente comercial y económico de Panamá, siendo el segundo usuario después de Estados Unidos.

El Canal ampliado se inauguró con el paso de un buque Chino de la empresa COSCO.

China es, a la vez, el principal proveedor de la Zona Libre de Colón, la zona franca más importante del continente y la segunda del mundo.

En Colón se ha anunciado la construcción china de un puerto de contenedores y de recepción de gas licuado, en capacidad de atender los barcos Neopanamax.

También se anunció la construcción de un puente sobre el Canal y una terminal de cruceros, ampliando la infraestructura ferroviaria, hasta la Provincia de Chiriquí, en 400 kilómetros y la aerolínea Air China con dos vuelos semanales Panamá-Pekín.

En la economía la presencia china está en el Bank of China, el Banco Industrial y Comercial, el Exim Bank y China Development Bank, y la proyección de la Nueva Ruta Mundial de la Seda.

Esta es la preocupación de Trump en Panamá… la presencia que quiere desarticular.

La espada no de Damocles, sino la de Trump está sobre todos nosotros, sobre el mundo que ve Trump.

Artículo publicado en la Revista MEER.com.es y compartido con SURCOS por el autor.

Nuevos escenarios: incertidumbre, temor y desafíos en la política y la sociedad

Gerardo Castillo Hernández

Al igual que el bitcoin, que desafía los paradigmas tradicionales del dinero e irrumpe como una alternativa financiera disruptiva, la política contemporánea transita por caminos sinuosos que generan inquietud y desconcierto. La acción política se reduce a un espectáculo mediático, el discurso público se degrada, y los partidos tradicionales pierden prestigio ante una ciudadanía cada vez más desencantada. Según Latinobarómetro, el 70% de los latinoamericanos ya no confía en la democracia o se siente excluido de ella. Esta cifra no solo refleja insatisfacción, sino una crisis de legitimidad con graves implicaciones:

1. Declive de la democracia representativa: La pérdida de credibilidad de los partidos y las instituciones abre paso a alternativas peligrosas, desde liderazgos autoritarios hasta soluciones pseudopopulistas.

2. Ascenso del populismo emocional: Líderes de izquierda y derecha —desde predicadores carismáticos hasta aventureros políticos— explotan el malestar social con discursos que desprecian el Estado de derecho, la institucionalidad y la razón.

3. Espectacularización de la política: El debate público se reduce a confrontaciones virales, donde priman la mentira, el insulto y la posverdad sobre el análisis riguroso.

4. Amenazas a las libertades: Movimientos de extrema derecha ganan terreno, atacando la independencia judicial, la libertad de prensa y los derechos humanos bajo retóricas nacionalistas.

5. Tecnología y desinformación: Las redes sociales distorsionan la realidad, manipulan elecciones y normalizan la polarización, mientras la corrupción, el narcotráfico y la inseguridad —con América Latina como la región más violenta del mundo— alimentan el círculo vicioso de la desesperanza.

¿Qué cabe esperar?

Estos escenarios fracturan los consensos democráticos y plantean interrogantes urgentes: ¿Está agotado el modelo actual? ¿Emergerán nuevas formas de democracia? ¿Cómo adaptarán los Estados la división de poderes o los sistemas electorales? La incertidumbre se agrava por factores globales: recesión económica, guerras comerciales, migraciones masivas, reacomodos geopolíticos y una crisis climática con proyecciones catastróficas. En este contexto, los márgenes de acción para América Latina son estrechos: el endeudamiento externo y los condicionamientos de organismos financieros limitan cualquier reforma estructural, perpetuando un modelo económico excluyente y sin dimensión social.

Lo laboral en la encrucijada

El panorama es desalentador:

– Desempleo e informalidad: Las tasas superan el 40%, con trabajos precarios que profundizan la pobreza y debilitan el movimiento sindical.

– Educación en crisis: La pandemia exacerbó la brecha digital y la deserción escolar, mientras los recortes presupuestarios y la pauperización docente socavan la calidad educativa.

– Reformas regresivas: Las élites empresariales, ahora enquistadas en el Estado, imponen legislaciones laborales que eliminan protecciones sociales, fomentan la explotación —especialmente de mujeres— y criminalizan la organización sindical.

¿Hay espacio para la esperanza?

Pese a todo, destellos de resistencia persisten: las movilizaciones en Estados Unidos por la democracia, el rechazo popular a las agresiones gringas a la soberanía de Panamá, o las luchas sociales en Argentina a favor de los jubilados revelan que la sociedad civil aún defiende banderas irrenunciables: justicia social, libertad de prensa, derechos humanos y democracia participativa. Son tiempos oscuros, pero la historia demuestra que los cambios radicales suelen nacer en los momentos más críticos. La luz de la sensatez y de la acción colectiva es deseable porque tarde o temprano se abrirán paso por un mundo más humano y mejor para las mayorías marginadas.

Rodrigo Arias Sánchez, su necesaria Presidencia Legislativa

Vladimir de la Cruz

Las elecciones del 2022 fueron altamente sorpresivas e inesperadas, para las cuales la sociedad costarricense no estaba preparada, no por la derrota del Partido Liberación Nacional, que había terminado su jornada electoral en febrero como primer finalista ante la segunda ronda, sino porque para ese momento se había producido una situación cualitativamente diferente en ese resultado.

En las elecciones del 2014 el candidato presidencial de Liberación Nacional, renunciaba cobardemente a su participación, en la segunda ronda, dejando al garete a su partido y a los votantes nacionales, que, aunque veían inminente su derrota en la segunda vuelta, no esperaban que su “líder” saliera corriendo a esconderse.

En las elecciones del 2018 el Partido Liberación Nacional no llegó a la segunda ronda, en su segunda derrota nacional. La disputa se dio entre el Partido Acción Ciudadana, que había emergido desde las elecciones del 2006, con su candidato Carlos Alvarado Quesada, y el líder espiritual y político del actual Partido Nueva República, de Fabricio Alvarado, que ya venía debutando en la política nacional y en la electoral. El tema central de la campaña electoral se concentró, en la segunda ronda electoral, en el área de los Derechos Humanos y Ciudadanos, sintiéndose amenazada la sociedad nacional de retroceder por razones “religiosas evangélicas”, provocando con ello una reacción del electorado que se volcó por la candidatura de Carlos Alvarado, que había terminado de segundo finalista en la elección de febrero de ese año.

La derrota de Liberación Nacional, por segunda vez consecutiva no era novedosa. Ya había sucedido en 1998 y el 2002, cuando la Unidad Social Cristiana gobernó dos veces consecutivamente, con Miguel Angel Rodríguez y Abel Pacheco.

Por su parte el partido Unidad Social Cristiana, como partido histórico, de larga tradición, desde el 2006 dejó de ser finalista electoral para primeras y segundas rondas, disminuyendo su presencia política nacional y de representación popular.

En el 2006 la candidatura de Oscar Arias Sánchez salvó al partido Liberación Nacional de caer en la postración, debilidad y cansancio político que ha caracterizado a su siamés político, la Unidad Social Cristiana, desde ese año hasta hoy, a pesar del aire fresco que le dio Rodolfo Piza en las campañas electorales del 2014 y 2018.

El gobierno de Oscar Arias Sánchez, guste o no, salvó a su partido y su gobierno. También, guste o no, catapultó a Laura Chinchilla Miranda a la presidencia de la República del 2010 al 2014, gobierno, a partir del cual Liberación Nacional se alejó del Poder Ejecutivo, tres veces seguidas, 2014, 2018 y 2022, enfrentando hacia las elecciones del 2026 la posibilidad de acompañar a la Unidad Social Cristiana en su descalabro electoral en sus aspiraciones de Ejecutivo Nacional, o de recuperarse al menos para estar de finalista en las elecciones del 2026.

Para las elecciones del 2022 José María Figueres era, a mi modo de ver, la mejor carta de presentación política que tenía Liberación Nacional para retornar al Poder Ejecutivo, quedando de primer finalista para la segunda ronda. En ese partido sabotearon su candidatura por quienes terminaron rodeándolo en su círculo electoral más cercano y con las políticas electorales conservadoras, y la mala campaña electoral, con la que lo impulsaron, alejada de la historia de ese Partido en el desarrollo nacional y por su alejamiento de las políticas sociales social demócratas que en otros tiempos fueron sus banderas de atracción política.

En todas estas elecciones, el juego estaba entre partidos “tradicionales” que venían de distintas campañas electorales y con candidatos presidenciales “conocidos” en sus partidos y en la vida parlamentaria y política nacional.

En la elección del 2022 irrumpió un nuevo partido político, Progreso Social Democrático, nada conocido, recién formado para esa, su primera participación electoral, por una importante exmilitante del partido Acción ciudadana. Sin líderes políticos conocidos y destacados en la arena electoral y política nacional, se les “coló”, con éxito, un personaje, Rodrigo Chaves Robles, que llegó al país después de un autoexilio dorado de trabajo en un organismo internacional, por más de tres décadas, a trabajar por un breve plazo al Ministerio de Hacienda del gobierno de Carlos Alvarado Quesada.

Rodrigo Chaves Robles supo interpretar el desánimo nacional, la frustración de la población, el desencanto político existente con partidos políticos y con líderes de los partidos políticos y de gobiernos anteriores. Apreció la corrupción institucional que histórica, real o de leyenda se sentía en el país y, sobre todo, el abandono de grandes regiones, con sus poblaciones, de las acciones y políticas públicas que provocaban extrema pobreza, pobreza, debilitamiento de las clases medias, mala infraestructura nacional, abandono institucional de regiones, exclusión, marginación, desempleo trabajo informal creciente y otros muchos e importantes problemas, como el de la inseguridad nacional, la inseguridad ciudadana, y el narcotráfico, que hizo sus banderas para hacerse representar de toda esta población y regiones como su “salvador”, enfrentando violentamente en su lenguaje político a todas las estructuras políticas e institucionales, señalando que él podía hacerlas funcionar para “resolver” esos problemas.

Frente a esto, en la segunda ronda electoral, el electorado “cansado” de Liberación Nacional, que era el primer finalista de la segunda ronda, y ampliamente “prejuiciado” con José María Figueres, que había ganado esa primera ronda, terminó ante las dos alternativas electorales, Figueres o Chaves, absteniéndose de ir a votar por Figueres y Liberación Nacional, lo que facilitó el acomodo de votos a favor de Rodrigo Chaves quien resultó Presidente de la República, quien se encuentra en su último año de gobierno.

Los tres años de gobierno que ha tenido los ha concentrado en su discurso antisistema, antidemocracia, anti poderes públicos, anti equilibrio de esos poderes públicos, contra todo lo que significa Política tradicional, sean partidos políticos existentes principalmente en la Asamblea Legislativa, contra todos los partidos políticos, todos los políticos, todos los disidentes políticos que no están de acuerdo con su gestión administrativa y política, con todos los que le critican, personas, analistas, periodistas y medios de comunicación en general.

La esencia de su discurso político, que le da réditos de simpatía política y personal, asociado a un líder carismático, de fuerza, autoritario que reclama, constantemente, que no gobierna “porque no lo dejan gobernar” la Asamblea Legislativa y sus diputados con sus partidos políticos, la Corte Suprema de Justicia, la Contraloría General de la República y la Fiscalía General de la República.

Esto se asocia hoy a su deseo de permanecer en el Gobierno, lo que no puede constitucionalmente porque no está permitida la reelección consecutiva de un presidente, por lo que tendrá que esperar ocho años, hasta el 2034, para poder aspirar a una nueva candidatura. En pocos meses, en mayo del 2026, fuera de gobierno, sin tener un partido político propio en el cual él sea el principal dirigente político, por los próximos ocho años, es muy difícil que él pueda desarrollarse como líder político nacional, aunque haya sido presidente. Solo podría mantenerse activo si en un próximo gobierno se le nombra ministro, o si renuncia en julio para lanzarse como candidato a diputado en las elecciones del 2026, lo que sí le daría músculo político para mantenerse activo en política y forjar su candidatura presidencial futura, con posibilidad de modificar la Constitución Política de manera que le permita ser candidato presidencial de nuevo en el 2030. Estas son las opciones constitucionales y legales de su posible partición electoral futura, salvo que intente, por algún motivo provocado por él mismo, de inestabilidad política nacional, que le conduzca a establecer un estado de emergencia nacional, el cual le permita suspender garantías constitucionales y ejercer un gobierno de excepción, de características autoritarias, despóticas y tiránicas, como constantemente señala que se debe gobernar para poder resolver problemas nacionales y desarrollar acciones políticas.

En estos tres años ha saboreado las mieles y los privilegios que da el ejercicio del Poder. Ambicioso políticamente, como se expresa, ha impulsado la creación de nuevos partidos políticos, para que participen en el proceso electoral del 2026, bajo el llamado movimiento de los jaguares, orientado a desplazar a todos los partidos que tradicionalmente han ejercido el dominio de la Asamblea Legislativa, con la intención de llegar a elegir 40 diputados como lo pregona.

En las elecciones de 2022 el partido que lo eligió solo sacó 10 diputados de 57 que tiene la Asamblea Legislativa, lo que no le dio músculo político legislativo para impulsar leyes, ni capacidad para negociar proyectos de ley, por sus ataques constantes a los diputados y a la Asamblea Legislativa como institución y Poder de control político de la República.

El gobierno del 2014, de Luis Guillermo Solís y el del 2018 de Carlos Alvarado, no pasaron de 12 diputados, que si tuvieron capacidad de negociación parlamentaria, y no tuvieron una “crisis política” de relación entre ambos poderes, el Ejecutivo y el Legislativo, como se ha dado en este descalabrado gobierno.

En la estructura organizacional del Estado costarricense tenemos los Poderes Públicos, el Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial y, por asimilación, al Tribunal Supremo de Elecciones, que en teoría política y constitucional se desempeñan como pesos y contrapesos entre sí, no solo por el ejercicio y potestades de cada poder cuyas funciones son indelegables, sino por los controles que se establecen sobre ellos.

Los dos primeros, el Ejecutivo y el Legislativo tienen el mayor peso político por el carácter representativo que los constituye. Son el resultado, en su integración, de la elección directa del pueblo electoral, de los ciudadanos, quienes tienen el poder y la facultad de la representación política, quienes son el Poder Soberano y en quienes descansa la Soberanía Nacional.

Por el carácter de la representación política el Poder Legislativo es el más importante, por tener allí una mayor y más amplia representación ciudadana expresada en los 57 diputados, de una variedad de partidos y sectores políticamente organizados.

Los poderes Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Electoral tienen su máximo representante en quienes lo presiden. De estos Poderes el presidente de la Asamblea Legislativa está facultado para sustituir al presidente de la República en el caso extremo de que deje sus funciones temporal o permanentemente, y por ausencia extrema igual de sus vicepresidentes.

De allí que la elección del presidente de la Asamblea Legislativa, que debe hacerse cada primero de mayo, cobre una importancia política relevante. La importancia y relevancia política del Poder Legislativo descansa en hacer las leyes, interpretarlas auténticamente si es del caso, y ejercer control político sobre el Poder Ejecutivo y las autoridades ministeriales e institucionales, y tener en su seno una mayor representación política del Pueblo Soberano. Las leyes no las hace el presidente legislativo. Las hacen todos los diputados. El resultado de esas leyes se atribuye a los gobiernos, y a los presidentes de la República que lo ejercen, no a los diputados y a sus partidos, salvo cuando esos partidos y diputados destacan que son las leyes que ellos impulsaron y les fueron aprobadas.

El cargo de presidente legislativo por esta razón debe ser bien valorado y meditado políticamente por los diputados. No se trata de nombrar a cualquiera de los diputados, que todos tendrían igual posibilidad y oportunidad, sino de escoger entre todos ellos el que mejor acredite por su experiencia política y atestados personales, pero también por la madurez y sensatez que pueden dar la edad y la experiencia política.

En el momento que vivimos en el país, con las características autoritarias y poco democráticas del actual Presidente de la República, que ataca constantemente a la Asamblea Legislativa, a todos sus diputados, que desearía gobernar si un Poder Legislativo para dirigir el país con Decretos Leyes, como se hizo en la Junta de gobierno de 1948-1949, se requiere que el Presidente Legislativo sea un diputado de gran experiencia política, ecuanimidad personal, inteligencia emocional política, buena formación profesional y política, con señorío para el cargo que representa, con la personalidad suficiente y digna para ejercer la Presidencia de la República en el caso extremo si así fuere necesario.

El presidente legislativo tiene que salir como resultado de una negociación política que produzca 29 diputados a favor de nombrarlo. Es una cifra que tiene que negociarse. No se trata de improvisar candidatos ni diputados con la aspiración de dirigir el Poder Legislativo.

Tampoco se trata de que corresponde elegir una mujer por razón de género. Ya se han electo mujeres presidentas en el Poder Legislativo, Rosemary Karpinski Dodero, en 1986, Rina Contreras López, en el 2000, Carolina Hidalgo Herrera, en el 2018 y Silvia Vanessa Hernández Sánchez en el 2021, representándose en estas mujeres a los partidos Liberación Nacional, Unidad Social Cristiana y Acción Ciudadana, de los partidos que han gobernado el país, bajo gobiernos en que esos partidos ejercían la Presidencia de la República.

La Presidencia Legislativa en el período de la Segunda República, desde 1949 hasta hoy, la han ejercido tres veces consecutivas Marcial Rodríguez Conejo, Gonzalo Facio Segreda, Alfonso Carro Zúñiga y Rodrigo Arias Sánchez, dos veces consecutivas Abelardo Bonilla Baldares, Otto Cortés Fernández, Álvaro Montero Padilla, Daniel Oduber Quirós, Luis Alberto Monge Álvarez, Gerardo González Esquivel. El único, hasta hoy, que la ejercido cuatro años consecutivos ha sido Francisco Antonio Pacheco.

El próximo primero de mayo está la posibilidad de que Rodrigo Arias Sánchez continúe al frente, en su cuarto año de presidencia legislativa, de ser electo para ese cargo.

El Presidente de la República de forma endemoniada, como un energúmeno sin control mental, poseído de sentimientos perversos y malos, metiéndose, invadiendo, alterando la independencia de poderes públicos, ha venido llamando, en un primer momento a los diputados a no votar por la reelección de Rodrigo Arias, en un segundo momento, diciendo que él insta a votar incluso por un diputado del Frente Amplio, que él llama “diputados comunistas” para que presida la Asamblea Legislativa, y en un tercer momento ha amenazado de la manera más estúpida, tonta y absurda a los diputados que si eligen a Rodrigo Arias él no nombrará Ministro de la Presidencia, como si eso fuera a afectar en algo a la Asamblea Legislativa. Si él no nombra este ministro, él es que le pierde contacto con la Asamblea Legislativa para gestionar y negociar sus proyectos de ley, los que el Poder Ejecutivo puede impulsar de manera exclusiva seis meses al año. El presidente Chaves ha hecho de esta elección un problema personal, un berrinche político, contra Rodrigo Arias Sánchez.

Los diputados independientes identificados con el presidente, y leales a él, electos en 2022, son ocho, con unos cuantos más que le son afectos de los partidos Liberal Progresista, Nueva República, algunos de la Unidad Social Cristiana y uno de Liberación Nacional.

El momento político que vivimos de mantener el orden democrático, de asegurar la independencia de poderes públicos, obliga a que los diputados y sus partidos, frente a los ataques que el presidente Chaves hace constantemente contra ellos y el Poder Legislativo, nombren un presidente que garantice esa independencia, que sepa responder al presidente con respeto y señorío, pero contundente y enérgicamente, como lo ha hecho Rodrigo Arias Sánchez. Los ataques del presidente a Rodrigo Arias son la mejor carta de presentación ante los diputados para que lo reelijan. No reelegirlo puede asimilarse a la situación de la votación de la segunda ronda del 2022, cuando por no votar un candidato y un partido se produjo el presidente Chaves que está destruyendo la democracia nacional.

La defensa de la democracia nacional, con todo lo que significa, es la tarea política del momento. El Frente Amplio, con sus seis diputados, tiene una gran obligación y responsabilidad política de asegurar esta elección, más allá de las diferencias políticas partidarias y personales que puedan tenerle a Rodrigo Arias y a su partido. No es Rodrigo Arias ni el partido Liberación Nacional el que está en juego. Aquí se juega parte del futuro del país. Abstenerse, votar por ellos mismos, o por otro candidato de otro partido, o impulsar como se quiere una tendencia “feminista” para presidir el Congreso de la República es hacerle el juego al gobierno, es fortalecer al presidente Chaves en su discurso anti asamblea legislativa y anti diputados que él tiene, es fortalecer en este período electoral el autoritarismo y alentar sus grupos “jaguares” en sus intenciones diputadiles. El no elegir a Rodrigo Arias es darle su primera victoria legislativa y política a Chaves hacia las elecciones nacionales del 2026.

Rodrigo Chaves es más audaz de lo que el común de la gente valora. No se está haciendo una lectura correcta de hacia a dónde va Chaves. Ya ha quitado incluso “banderas” a la izquierda. Hay un spot publicitario, bastante bien hecho, alrededor de la figura del presidente Chaves, con el himno de la izquierda “El pueblo unido jamás será vencido…”

Lo único que se está percibiendo es que Chaves va a cambiar el modelo institucional con la destrucción del modelo actual. Si Rodrigo Arias no es electo, por ceguera política, por disidencias en Liberación Nacional, por no tener claras las intenciones del chavismo y sus partidos, por la incapacidad y prejuicios políticos que el mismo presidente Chaves alimenta hacia Rodrigo Arias, los partidos que así actúen están jugando al ahorcado y van hacia su descalabro electoral.

La primera derrota que hay que darle al chavismo, frente a las elecciones próximas es nombrar presidente de la Asamblea Legislativa a Rodrigo Arias Sánchez.

En el 2022 sin fuerza parlamentaria y por los ataques verbales denigrantes que había hecho contra los diputados electos no le dieron el beneplácito ni el favor de nombrar un presidente legislativo de su partido.

En el 2023 frente a una derrota electoral en la elección de la presidencia de la Asamblea Legislativa el presidente Chaves le dio el apoyo público a Rodrigo Arias, para su segunda presidencia legislativa.

En el 2024 el presidente Chaves se apartó públicamente de dar apoyo o pedir votos en contra de Rodrigo Arias. Este año está con los tacos puestos contra Rodrigo Arias.

Rodrigo Arias Sánchez, aparte de su formación de abogado y notario, ha sido y es empresario activo, con un amplio conocimiento de las instituciones públicas, del sector privado y financiero. Su carrera política ha sido siempre en el Partido Liberación Nacional como presidente municipal del Cantón Central de Heredia, diputado y ministro de la Presidencia.

Lo que le conviene al país desde ese alto cargo político e institucional es una persona como Rodrigo Arias, un cuadro político bien formado, maduro, con esa capacidad que lo distingue de negociador y visionario del momento político que vivimos. Su gestión como presidente del Congreso, en estas tres Legislaturas que han pasado, ha sido muy buena, ampliamente satisfactoria y políticamente bien recibida por la ciudadanía y defensores del Estado de Derecho.

Rodrigo Arias ha sabido dirigir el Congreso con respeto hacia las fracciones parlamentarias, ha llevado bien la Agenda Parlamentaria, ha sabido distanciarse del Poder Ejecutivo con elegancia, con energía, señalando adecuadamente el rumbo que debe seguirse. Cuando ha tenido que enfrentar al gobierno lo ha hecho, le ha marcado los pasos no solo de la agenda legislativa y de la nacional, ha señalado las prioridades del país y las prioridades legislativas.

Lo que más le conviene a las fracciones parlamentarias, más allá de sus distancias históricas, o coyunturales, con Liberación Nacional, como partido, o con los reclamos que le hacen a su hermano, el presidente Oscar Arias, es la Presidencia Legislativa en manos de Rodrigo Arias, tanto para la dirección y representación del Poder Legislativo,

En imagen pública, en este momento político que vive el país, es conveniente que la Presidencia de Rodrigo Arias tenga la mayor cantidad de votos legislativos. Hasta ahora ya está asegurada aparentemente su Presidencia.

En mi opinión, de observador político, lo que más le conviene a la Asamblea Legislativa y al país, al margen y fuera de todo prejuicio político que se pueda tener, con él o su partido, es que el diputado, y actual presidente legislativo, Rodrigo Arias Sánchez, continúe en la Presidencia de este Poder de Estado.

En este momento político del país la Presidencia de la Asamblea Legislativa no se puede ni se debe improvisar.

Democracia, tenemos que hablar

Observatorio Bienes Comunes

En este episodio de «Democracia, tenemos que hablar», conversamos con Steven Forti, historiador y analista político, sobre las llamadas derechas extremas 2.0: sus raíces históricas, transformaciones recientes y el papel que juegan en un contexto de crisis del modelo neoliberal y aumento de las desigualdades. ¿Qué tienen en común estos movimientos en distintas regiones del mundo? ¿Qué los diferencia? ¿Y qué nos dice su auge sobre el estado actual de la democracia? Una charla imprescindible para entender el presente político con una mirada crítica y global.

Democracia, tenemos que hablar es una serie de materiales en diversos formatos que abre espacio para conversar sin rodeos sobre lo que muchas veces se queda fuera del debate electoral. Desde las desigualdades estructurales hasta los límites del sistema democrático actual, esta serie pone sobre la mesa los temas incómodos, necesarios y urgentes. Porque hablar de democracia es más que hablar de votos: es hablar de justicia, de representación real, de derechos y de futuro.

El Observatorio Bienes Comunes le invita a ver el video:

Un hombre símbolo

Francisco Morera

En la gélida noche de la última Navidad, asistimos algunos amigos y compañeros de lucha – campesinos incluidos – a la vela mortuoria de José Picado Lagos Picadito”. Su muerte me afectó sensiblemente, era mi hermano ideológico y espiritual, y mi compañero de vida, tal vez en su etapa más importante.

En el retrovisor del tiempo, lo vi llegando a la CGT (Confederación General de Trabajadores), embarrialado y con ropa de tres días de puesta, producto de su trabajo en el campo como dirigente campesino, impulsando muchas tomas de tierras que se dieron en la Costa Rica de inicio de los setenta: La Vaca y La Vaquita en Quepos, el Jobo en Guanacaste y en las tierras bananeras, del Valle de la Estrella en Limón y de Sarapiquí) entre otras. Fue quien organizó la Federación Nacional Campesina (FENAC). De ahí salió su libro testimonial La Precaria.

Ya antes había sido un valiente dirigente estudiantil en la lucha contra la aprobación legislativa del contrato de ALCOA (la mejor foto de la época lo representa enfrentando a un policía -garrote en mano-).

Y luego en consecuencia a sus ideales fue protagonista distinguido en las mejores luchas sociales, que hoy enriquecen nuestro Estado Social de Derecho: organización sindical del sector público, convenciones colectivas de trabajo, lucha contra la aprobación del TLC con Estados Unidos y militancia política permanente, desde Vanguardia Popular hasta asumir responsabilidades en los partidos políticos Fuerza Democrática y Alianza Patriótica en las últimas dos décadas.

Desde joven era hombre de confianza de don Manuel Mora Valverde, y de él adquirió la convicción ideológica y el compromiso político en la formulación doctrinaria de “la vía costarricense al socialismo”.

Tres anécdotas personales con José me mueven los sentimientos, entre muchas otras de hermandad y compañerismo. La primera: nuestra lucha a inicio de los años setenta por la legalización de los partidos políticos que habían sido prohibidos por atentar presuntamente contra el orden constitucional (derogatoria del segundo párrafo del antiguo artículo 98 de nuestra carta magna). La segunda: la angustia solidaria y militante ante el golpe militar que derrocó al gobierno constitucionalmente electo de Salvador Allende, ahí nació el comité costarricense de solidaridad con Chile. La tercera: haber metido juntos mediante una acción clandestina, armas a Nicaragua en un camioncillo con doble forro de cajón de madera, en dos ocasiones distintas. Siendo que en la parte inferior del cajón trasportábamos muchos pertrechos de guerra y en la parte superior de este, productos agrarios como plátanos, bananos y yucas simulando gestión comercial a fin de su venta presunta en Rivas, Nicaragua. Esto último ocurrió en el periodo de la ofensiva final contra el gobierno de Anastasio Somoza.

La pregunta de fondo: ¿Cómo es que el hijo mayor del primer médico de Barva de Heredia (doctor Bernardo Picado Prendas) optó por renunciar a su zona de confort y a un proyecto personal profesional liberal en su vida, para abrazar a tiempo completo y durante toda su existencia, la lucha por los más humildes a través de las ideas revolucionarias? La respuesta sin duda es su profundo amor por la justicia social y su convicción absoluta en las ideas revolucionarias del socialismo.

Tal vez pudo concretar como pocos en su vida personal, aquel ideal emblemático del Che Guevara: “Sobre todo sean capaces de sentir como propia cualquier injusticia cometida contra cualquier hombre en cualquier parte del mundo”.

No por casualidad asumió como ruta de su compromiso de vida, su lucha internacionalista con responsabilidad militar, no solo en Nicaragua sino también en El Salvador y Guatemala. De ahí nacieron otros dos de sus libros, que reelaboran episodios importantes y recogen relatos de la columna costarricense en la lucha militar, en solidaridad con Nicaragua: Los amigos venían del sur.

El simbolismo “Picadito” traduce un ideal auténtico y real, más allá de poses y puestos de poder. Por eso no se contaminó nunca con la izquierda de cafetín o los buscadores de puestos de confort y de poder. Sin duda, atrás quedaron los traidores de los países vecinos y “los acomodadosdel entorno político interno.

Probablemente en el momento de su muerte, sintió como pocos en su último hálito de vida, un agradecimiento profundo consigo mismo. Murió con la paz que da el deber cumplido.

Su legado: amor profundo por su familia y amigos, honradez intelectual, militancia auténtica y compromiso ético político. Como también en la praxis política: tierra ganada en diversas partes del país para los campesinos sin tierra, organización sindical y gremial para los trabajadores de la ciudad y del campo, y ejemplo ideológico constante en procura de profundizar nuestra democracia política en su lucha por la justicia social en Costa Rica y el mundo.

Gracias por haber sido nuestro amigo y hermano. Descansa en paz Picadito, porque tu digna existencia compromete y simboliza los mejores ideales de vida, hoy y siempre.

Imagen: José Picado Lagos