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Biden y el retorno de la Doctrina Kennan

Germán Gorraiz López – Analista

Con Joe Biden podríamos asistir al retorno de la tesis geopolítica de George Kennan, diplomático y consejero de EEUU en la década de los 40 e ideólogo de la denominada política de contención de la URSS, quién afirmó que “decir que el derrocamiento de los regímenes hostiles a EEUU es el objetivo principal de los servicios de inteligencia de EEUU, es un secreto a voces”, doctrina que podría tener su plasmación en la previsible defenestración de Al Asad y Erdogan.

Hacia la balcanización de Siria

Zbigniew Brzezinski, ex-asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca bajo la presidencia de Jimmy Carter, advirtió sobre los peligros de una intervención en Siria y sobre el riesgo de una supuesta victoria de los rebeldes tras aseverar que “temo que la situación en Siria se dirija hacia una intervención estadounidense que carezca de eficacia» y expresar su perplejidad “tras la decisión de la CIA de desestabilizar Siria y derrocar a su Gobierno cuando los rebeldes son más hostiles para nosotros que Al Assad”. Con Joe Biden continuaría la estrategia diseñada por el general Martin Dempsey, jefe del Estado Mayor Conjunto de EE.UU con el entonces Jefe del Estado Mayor del Ejército de Defensa de Israel, Benny Gantz y que contaría con Jordania, Arabia Saudí, Turquía y Qatar como colaboradores necesarios para romper el Eje Teherán-Damasco-Beirut y obligar a Irán a renunciar a sus aspiraciones de la energía nuclear. Asimismo, según informa el diario israelí Haaretz, “Irán intentará aumentar considerablemente su presencia en Siria estableciendo una base aérea y otra naval”, lo que podría convertir a Siria en el portaviones continental de Irán y su grupo aliado Hezbolá, algo inadmisible para Israel que se vería obligado a dormir con sus más acérrimos enemigos.

Asimismo, el acuerdo de cooperación energética firmado en el 2011 entre Irak, Irán y Siria para la construcción del gasoducto de South Pars a Homms conectaría Irán con el Mar Mediterráneo y relativizaría la importancia estratégica del Proyecto del Gasoducto Trans-Adriático (TAP), (sustituto del fallido gasoducto Nabucco proyectado por EEUU para transportar el gas azerí a Europa a través de Turquía), así como el papel relevante de las monarquías árabes del Golfo como suministradores de crudo a Occidente, todo lo cual explicaría el afán de Qatar, Arabia Saudí y Turquía por defenestrar a Al-Asad, dentro del rol que se les ha asignado como peones de la partida geoestratégica que podremos contemplar en el próximo quinquenio.

En consecuencia, Al Asad podría convertirse en un obstáculo insalvable para el diseño de la nueva cartografía del Oriente Próximo, por lo que Putin y Biden podrían llegar a un acuerdo secreto en la Cumbre a celebrar en Junio entre ambos mandatarios para sacrificarlo en aras de lograr la pacificación del avispero sirio (previo desalojo de las tropas del ISIS que extenderán sus tentáculos hacia Libia y el Magreb) a cambio del cese de las sanciones económicas contra Rusia y la implementación de un nuevo status quo en Ucrania que supondrá la división de Ucrania en dos mitades casi simétricas (Sur y Este del país, incluida Crimea, bajo la órbita rusa) mientras el Centro y Oeste de la actual Ucrania navegarán tras la estela de la UE. Posteriormente, asistiremos a la partición de Siria en tres partes. Así tendremos la Siria alawita, protectorado ruso que abarcaría desde la costa mediterránea hasta Alepo, el Kurdistán sirio tutelado por EEUU y la zona sunita del sur sirio que se englobaría en el nuevo Sunistán sirio-iraquí, lo que unido a la división de Irak consagraría el triunfo de los esfuerzos de Israel para la balcanización de Siria e Irak, quedando tan solo el régimen teocrático chíita del Líder Supremo Ayatolah Jamenei como futuro objetivo de la estrategia balcanizadora de Brzezinski.

El delirio de Erdogan

Erdogan se negó a participar en las sanciones occidentales contra Moscú y compró a China misiles de defensa antiaérea HQ-9 y manifestó su deseo de integrarse en la Nueva Ruta de la Seda permitiendo inversiones del Banco Industrial y Comercial de China (ICBC) por lo que Erdogan sería un obstáculo para el diseño de la nueva doctrina de EEUU. En efecto, la nueva doctrina geopolítica de Erdogan pretende dejar de gravitar en la órbita occidental y convertirse en potencia regional, lo que implica que la lealtad a los intereses anglo-judíos en Oriente Próximo estaría en entredicho debido al fervoroso apoyo de Erdogan a la facción palestina Hamas y al consiguiente enfrentamiento con Israel así como la guerra sin cuartel declarada contra el PPK kurdo y su aliado sirio el PYD que chocaría con la nueva estrategia geopolítica de EEU. Así, la obsesión de Erdogan sería impedir el surgimiento de una autonomía kurda en Siria que sirva de plataforma al PKK por lo que el Congreso turco habría aprobado una ley que permite al Ejército turco (TSK) entrar en Siria e Irak para combatir a “grupos terroristas”, eufemismo bajo el que se englobarían no tanto el ISIS como el PKK y el PYD kurdo-sirio, aliado y hermano del PKK.

La frontera turco-siria sería el paso natural de los grupos yihadistas para abastecerse de armamento y sufragar el mantenimiento de sus operaciones militares mediante la venta de petróleo a precios irrisorios, términos reconocidos por el general Wesley Clark quien según la televisión libanesa de Hezbolá (Almanar) reconoció que “Turquía apoya al autodenominado Estado Islámico (EI) aunque nunca lo reconocerá” pero los bombarderos rusos sobre los tanques petrolíferos del ISIS supondrían un misil en la línea de flotación de los pingües beneficios obtenidos por Turquía mediante la reventa del crudo exportado por los yihadistas por lo que la miopía política de Erdogan le habría llevado a planificar el derribo del caza ruso SU-24.

Asimismo, la intervención turca en Libia para instalar una base militar que le facilite el control de las rutas gasísticas del Mediterráneo y así torpedear la construcción del gasoducto submarino EastMed, (iniciativa conjunta de Grecia, Chipre e Israel para transportar el gas de los yacimientos del Mediterráneo Sud-oriental a Europa) y convertirse junto con Rusia en los abastecedores únicos de gas a la Unión Europea. En este contexto, invocando el Derecho Internacional, Turquía exigió a Grecia y a Chipre una Zona económica exclusiva (ZEE), para explotar las importantes reservas de gas de la zona, tentativa que chocó con la frontal oposición de Francia que envió naves militares a la zona, con lo que Erdogan se habría granjeado la enemistad de Macron, Israel y del resto de la Unión Europea. Todo ello aunado con el hundimiento de la lira turca respecto al Dólar USD (14 % en el presente ejercicio) y el descontento popular ante la recesión económica que se avecina, podría provocar que el ejército turco (TSK) protagonice un nuevo golpe “virtual” o “posmoderno” que acabaría con el mandato de Erdogan, (rememorando el ‘golpe blando’ de 1997, cuando los generales kemalistas arrebataron el poder al Gobierno del presidente Necmettin Erbakanpor, quien lideraba una coalición islamista). Dicho golpe contaría con las bendiciones de Washington y Moscú al dejar Erdogan de ser un peón útil en el marco del nuevo escenario geopolítico mundial surgido tras el retorno al endemismo recurrente de la Guerra Fría entre EEUU y Rusia, quedando Siria y Turquía como portaaviones continentales de Rusia y EEUU respectivamente.

Democracia digital: Imprescindible pero ausente

Luis Fernando Astorga Gatjens

Muchas de las tantas cosas que ha puesto en evidencia esta pandemia, es que el país se situaba lejos, muy lejos de estar en lo mínimo preparado para la participación e inclusión social, a partir del acceso a Internet y las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), para la inmensa mayoría de sus habitantes.

Todos debemos de coincidir que en el presente un componente clave para el desarrollo económico y social, es el acceso lo más democráticamente posible a Internet. Pero la pandemia y el limitado desarrollo del Costa Rica en este campo nos muestran un país con significativos desfases, sino abismos, entre regiones, sectores –sociales y poblacionales—y personas.

De esta manera una democracia que de por si es deficitaria en el campo económico, social y político, se hace más agudamente deficitaria en el ámbito digital.

Hoy día, la atención a la salud sería mucho mejor, si más personas tuvieran acceso a una Internet de calidad, a dispositivos adecuados y con suficiente memoria, y si estuvieran mejor capacitadas en el uso de aplicaciones, para desarrollar citas virtuales en todos los servicios médicos, que puedan ser resueltos de esta manera. Pero eso no es así: solo un porcentaje limitado cumple con estas condiciones de inclusión digital efectiva.

Igualmente, el acceso a la educación en esta época aciaga de la pandemia, se ha visto severamente limitado, ya que más de 400 mil hogares carecen de conectividad y demás requerimientos. Esto hace que casi medio millón de estudiantes de primaria y secundaria de la educación pública, no tengan otro horizonte que la educación presencial. Este hecho genera una grave situación relacionada con la calidad formativa ante tal desventaja y que éste sea un contribuyente más en la ampliación de la brecha entre educación pública y privada, en la cual todos los educandos si cuenta con acceso a Internet.

El otro tema es el teletrabajo. Ésta modalidad productiva creció rápidamente en los últimos meses, al compás de las restricciones y de la aplicación de otras medidas de seguridad sanitaria. Sin embargo, más allá que no todas las actividades laborales son sujetas a adecuarse a esta alternativa productiva, lo real es que la precondición de acceso a Internet, está lejos de estar democráticamente extendida para la gran mayoría de trabajadores.

Se combinan varias causas y factores para que la democracia digital en Costa Rica, sea mucho más quimera que realidad. Pasemos revista:

Lo primero que tenemos que destacar es la calidad y alcance en el acceso a Internet. La oferta general de servicios de Internet es de limitada calidad y eso se hace más grave, dependiendo de si el servicio es de zona urbana o rural, o remota.

Le segundo es el costo, la asequibilidad del servicio. Para contar con un servicio de buena o excelente calidad, se deben pagar cifras que son imposibles de cubrir para la mayoría de las familias.

Lo tercero está relacionado con los dispositivos, sean teléfonos celulares, tabletas o computadoras. Igualmente, la mayoría de los hogares y personas no cuentan con recursos, para comprar dispositivos con programas, aplicaciones y suficiente capacidad de almacenaje, que permitan un uso adecuado de Internet.

El cuarto elemento tiene que ver con la alfabetización digital. Es imprescindible que las personas potencialmente usuarias (ya cumplidos los requisitos precedentes), se capaciten de manera práctica, en el uso de Internet, para sacarle el mayor provecho y para que sean participantes de la era digital, que con la pandemia, inevitablemente, se ha tenido que acelerar.

Cabe aquí hacer una mención específica relacionada con las personas con discapacidad y el acceso a Internet y dispositivos, y programas adecuados. Se requerirán ajustes razonables según el tipo de discapacidad, pero antes que nada hará falta que cuenten con esos aparatos y acceso a Internet, y eso no se da en la mayoría de las personas con tal condición.

De esta manera, el grave aislamiento que afectaba a las personas con discapacidad antes de la pandemia, se ha hecho más grave aún en el presente, por no tener acceso a Internet en una época en que para conectarse en casi todas las esferas de la actividad social, es imprescindible contar con este servicio. Así las cosas, todo hace prever que el círculo vicioso entre discapacidad y pobreza, se afianzará para la desdicha de miles de personas con discapacidad esparcidas a lo largo de nuestra geografía. Eso porque el acceso a la salud y la rehabilitación, a la educación y formación técnica, y al empleo y la actividad productiva, en general, se ha hecho sumamente complicado y lejano para este sector poblacional. Lo que debería ser una oportunidad de inclusión social para las personas con discapacidad mediante el teletrabajo, se torna en lo contrario por la falta de acceso a Internet, como una causa fundamental.

El que exista tan enorme brecha entre personas con acceso o falta de acceso a Internet, lo explica en primer término la pobreza y la exclusión social. Esa es la primer causa y barrera estructural a derribar.

Sin embargo, hay otra razón que se suma y que es de carácter coyuntural. Es la incapacidad que ha tenido esta administración de atender este tema mediante una política de Estado, seria y robusta, que habría de impulsar antes de la pandemia y ya una vez con ella instalada como tenaz acompañante, acelerar procesos para avanzar rápidamente con acciones de emergencia.

Y aquí alguien podría decir que lo que planteo no es objetivo ya que a raíz de la pandemia, el Gobierno no cuenta con los recursos necesarios, para echar adelante una política de inclusión digital, como la situación exige en forma imperiosa. Pero si los hay. Están en FONATEL. Veamos que se indica al respecto: “Es el Fondo Nacional de Telecomunicaciones (FONATEL) y es el instrumento de administración de los recursos para financiar el régimen de garantías fundamentales de acceso universal, servicio universal y solidaridad establecidos en la Ley General de Telecomunicaciones, (LGT) N° 8642…“.

Entonces, nos debemos preguntar: ¿Por qué el país no ha avanzado como debe ser en este tema, de acuciante prioridad? La respuesta urgente la deben ofrecer las autoridades competentes, que con seguridad, si cuentan con servicios de Internet de alta calidad; no como la inmensa mayoría de los costarricenses que miran desde muy lejos, la democracia digital.

(24 de mayo, 2021)

El Acuerdo de Escazú, en la encrucijada costarricense

Vladimir de la Cruz

El Acuerdo de Escazú lleva su nombre por haberse acordado en la ciudad, homónima y capital de su Cantón, Escazú, de Costa Rica, el cual entró en vigencia el pasado 22 de abril, Día de la Tierra, sin la firma aún de dos países, Chile y Costa Rica, que lo impulsaron, por lo que en el caso costarricense aún no es parte de este instrumento jurídico regional.

Tampoco lo han firmado Brasil, Colombia, Cuba, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras Paraguay, Perú, República Dominicana y Venezuela.

El Poder Ejecutivo, quien tiene la iniciativa de la ley desde noviembre del 2020 hasta julio del 2021, ante la Asamblea Legislativa, no ha considerado oportuno enviar este Acuerdo a su debida ratificación, paradójicamente, habiendo sido Costa Rica uno de sus gestores y patrocinadores, desde el Gobierno anterior, y del mismo partido político que sigue gobernante, así como de haber sede de su firma.

La presión de ciertos sectores, que se sienten afectados así lo han impedido, ante un gobierno que se ha mostrado débil, y en mucho complaciente, con sectores empresariales en muchos aspectos de su gestión.

El Acuerdo de Escazú, es Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, fue firmado por 24 países el 4 de marzo del 2018. Se le considera como el primer gran Tratado medioambiental de la región.

La crítica principal de sus opositores costarricenses es que mucha de la letra que contiene el Tratado ya está aprobada por otros acuerdos internacionales y leyes costarricenses, lo que hace innecesaria su ratificación, y que en caso extremo lo que no se reconoce por estas legislaciones se agregue a lo ya existente.

Irresponsablemente el Gobierno no lo gestionó para el trámite de ratificación parlamentaria, con la prontitud que el caso merecía, y la situación de los efectos impactantes de la Pandemia, del COVID 19, alteró y propició el ambiente para brindarle los apoyos nacionales de su ratificación.

El sector más recalcitrante opositor es la Unión de Cámaras Empresariales, señalando que el Acuerdo no dinamizará la producción. Lo mismo hizo uno de los partidos políticos, que ha sido gobernante, la Unidad Social Cristiana, que mantiene una posición política muy conservadora en muchos aspectos, y en esto considera que el Tratado no promueve la reactivación económica y lesiona al sector productivo costarricense.

En el campo político electoral el Partido Liberación Nacional, que ha gobernado 9 veces, de 17 gobiernos que ha habido desde 1953, y tal vez el que tiene mayores posibilidades de volver a gobernar en el 2022, después de haber sido desplazado de Gobierno hace ocho años, mantiene una posición débil, silenciosa, aun cuando su principal candidato presidencial es hoy muy favorable a las políticas medioambientales, de energías limpias y de defensa de la naturaleza.

El Acuerdo de Escazú tuvo una primera aprobación legislativa, que fue cuestionada ante la Sala Constitucional, lo que ha obstaculizado su segunda aprobación para su firmeza, bajo la presión de los grupos empresariales.

El tratado propone otorgar protección especial a los defensores del ambiente, impulsa el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales, para garantizar y hacer efectivos la participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y acceso de justicia en asuntos ambientales. En un país, como Costa Rica, donde líderes ambientales están siendo asesinados con cierta frecuencia, y sin persecución real y efectiva, de sus asesinos, por parte de las autoridades públicas, como lo es igualmente la violación y usurpación que se hace de las tierras de las comunidades indígenas, con asesinato igual de sus dirigentes, este Tratado es más urgente de aprobar y ratificar por parte de Costa Rica.

Para los empresarios más poder en manos de las organizaciones no gubernamentales, y de los llamados Defensores de los Derechos Humanos, en asuntos ambientales es permitirles gozar de estatus y protección internacional, con posible alcance de dirimirse conflictos de esta naturaleza en Cortes o estrados jurídicos internacionales.

Los diputados de Gobierno, a favor de su ratificación, son una expresión muy pequeña de la Asamblea Legislativa, apenas un 10% de la totalidad de diputados.

El pasado 22 de abril la CEPAL festejó la entrada en vigencia del Acuerdo de Escazú, al igual que lo celebró el Secretario General de la ONU, sin que eso haya tenido ningún impacto en el país.

La Facultad de Derecho y la Universidad de Costa Rica se han pronunciado fuertemente por la ratificación del Acuerdo de Escazú.

El debate se ha avivado, cierto. Pero, lo que se impone, desde su aprobación, en Escazú, en el 2018, es su inmediata ratificación ahora.

El Estado costarricense tiene la obligación y el imperativo moral de proteger y tutelar el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, como está establecido en el Artículo 50 de la Constitución Política.

Fomentar el mejoramiento de la relación de los seres humanos con la Naturaleza, con el ambiente, con la conservación de los recursos naturales y ambientales y su uso sostenible es otro imperativo nacional.

Fortalecer la cultura en defensa del ambiente y su sostenibilidad es una tarea nacional que debe impulsarse desde el proceso educativo en su más tierna infancia.

El Acuerdo de Escazú por su naturaleza es un Convenio de Derechos Humanos que fortalece y desarrolla contenidos ambientales, íntimamente vinculados a la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y Desarrollo, que fue aprobada en 1992.

Como país proponente que fuimos del Acuerdo de Escazú debemos ratificarlo. Es honrar así la tradición costarricense de Democracia Bicentenaria, de país sin Ejército, si pena de muerte, que ha suscrito todos los Tratados de Derechos de Humanos. ¿Por qué no, entonces, el Acuerdo de Escazú?

Esto debe hacerse por las futuras generaciones de costarricenses, en lo que no atañe. Pero, es también por el Planeta y por la Humanidad.

El Gobierno de Costa Rica debe ratificar el Tratado sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe.

“David responde el regaño de Goliat”

Por Marlin Oscar Ávila

El gobierno de El Salvador ha estado ocupando las primeras planas de la prensa internacional en las últimas semanas, más que todo porque el gobierno socio, de los Estados Unidos, entró en contradicciones con su presidente Nayib Armando Bukele, quien el 1ro de junio cumple dos años de mandato y el 24 del siguiente mes sus cuarenta años de edad. La experiencia relevante en la administración política la inicia como alcalde de Nuevo Cuscatlán en 2012, por el partido de izquierda FMLN, cuando tenía 31 años y luego se vuelve a elegir alcalde, pero esta vez de la ciudad capital San Salvador en el 2015, es decir cuenta con apenas nueve años de experiencia directa en administración pública.[1]

Las críticas del gobierno de Joe Biden (Joseph Robinette Biden Jr.), tienen como eje la concentración de poder logrado por Bukele, a partir de haber iniciado su gobierno. Joe Biden cumplirá 79 años de edad el 20 de noviembre; lleva en su portafolio una larga experiencia política iniciada desde que fue elegido al consejo del condado de New Castle en 1970. Fue elegido como uno de los senadores más jóvenes en 1972, donde fue reelegido por 6 veces. Luego incursionó en la política bélica internacional de su país y desempeñó muchos cargos públicos, hasta llegar a la vicepresidencia con el gobierno de Obama.[2] Desde el 20 de enero, ocupa la primera magistratura del gobierno imperial de los Estados Unidos de América. Es decir, las diferencias personales entre los dos gobernantes, parecen ser abismales. Mientras Biden cuenta con 51 años de práctica en política, Bukele cuenta con nueve.

En cuanto a los dos países, son diametralmente diferentes en su historia, cultura y extensión territorial, sin mencionar capital, población y capacidad militar. Mientras los EUA tiene un territorio de 9.834 millones km², el Salvador tiene 21,041 km²; mientras que El Salvador cuenta con poco más de 6 millones (2019) de habitantes, los EUA tiene 331,42 millones de habitantes, lo que significa que El Salvador tiene 0.018% habitantes de lo que tiene EUA; mientras EUA tiene un PIB de 20.936.600M.$, El Salvador apenas cuenta con PIB de 27 mil millones de dólares.[3], es decir, un 0,0013% de los EUA. Si vamos a las relaciones políticas entre ambos países, EUA ha sido dominantemente quien ha dictado las pautas a seguir a El Salvador (como a otra veintena de países), desde su independencia en 1821, aun en el período de la guerra civil salvadoreña, que sufrió El Salvador entre 1979 y 1992, con un costo de 75 mil vidas, la influencia de los EUA fue determinante[4] quien desde sus bases en Honduras envió su fuerza aérea a bombardear la ciudad capital salvadoreña, lo que podría repetirse.

Este año, la escalada de tensiones entre ambos gobiernos se ha venido acelerando desde que el Congreso salvadoreño cambiara a los miembros de la Corte de Justicia Constitucional y al Fiscal General, aunque se sabe que a Washington no le gusta que se le contradiga y menos que “le jueguen con pelota adelantada”. El presidente Bukele inició su gobierno en agradables relaciones con Trump, quien estaba concluyendo su período. Como pese a que Trump ganó por votos las elecciones, no logró quedarse en la Casa Blanca, por lo que entraron los Demócratas a gobernar con Joe Biden. Inmediatamente Bukele buscó el agrado de éstos, pero no lo recibieron sin agenda formal. Luego llegó el enviado especial de Washington a tocarle la puerta, Ricardo Zúñiga, sin embargo, Bukele les devolvió la vergüenza, al no recibirlo. A inicios de mayo, la nueva Asamblea Legislativa se reunió por primera vez, donde decidió cambiar los miembros de la Corte Constitucional y al Fiscal General[5] El 3 de ese mes, Bukele reunió al cuerpo diplomático para explicarles que ese paso no solamente su gobierno lo había dado pero otros gobiernos denominados demócratas lo han hecho, por lo que la crítica, de estar destruyendo la separación de poderes no cabía en su opinión. Y así se ha ido tensando la relación con Washington.

Lo que sí parece colocar más agua a las nubes es cuando, a raíz de la primera medida de EUA, de trasladar el financiamiento de instituciones gubernamentales de USAID a organizaciones de sociedad civil (OSC), Bukele aceptara públicamente la oferta de China de 500 millones de dólares sin reembolso, para proyectos de desarrollo salvadoreño.[6] Pero, la probable caída de la nube, con presagio de tormenta, es cuando se confirme la anunciada visita oficial de los homólogos de Bukele, de China y Rusia a San Salvador el próximo mes de junio.[7]

Todos sabemos de lo que es y ha sido capaz el departamento de Estado de los EUA, cuando una de sus “colonias” se le subleva. No solamente tenemos los casos de Guatemala en la década de los 50s, de Chile en 1973, Panamá, 1989, Nicaragua (la contra de los 80s), Honduras en 2009, Bolivia en 2019, y su larga lucha por derrocar el gobierno de Venezuela, sin dejar de lado que ahora mismo hay revueltas sociales en Colombia, Ecuador, Brasil y donde la ciudadanía toma fuerza en contra de gobiernos apoyados por el Departamento de Estado estadounidense.

Es fácil sospechar que ese financiamiento que ira a las OSC de El Salvador, sea para levantar una plataforma de oposición más amplia contra el gobierno de Bukele y su partido “Nuevas Ideas”. Lo que no sabemos es, hasta adonde los gobiernos de China y Rusia querrían llegar en El Salvador. Acordémonos que los gobiernos de Nicolás Maduro y Nayib Bukele han roto sus relaciones porque el segundo sacó al cuerpo diplomático venezolano, desde un inicio de su mandato.[8] Eso le creó distanciamiento con los demás gobiernos progresistas del continente. Sumemos a esto, sus críticas en comunicaciones sobre la organización de las Naciones Unidas durante su primera comparecencia a su Asamblea.

¿Podrá vencer el “David” joven frente al “Goliat” gigante y anciano? Ningún lector lo creerá. Lo que sí es seguro es que seguiremos viendo correr sangre latina, además de la sangre de jóvenes que han estado bañando los suelos de Colombia, gracias al poder detrás del gobierno colombiano, el de “Goliat”.

23 de mayo de 2021

[1] https://es.wikipedia.org/wiki/Nayib_Bukele#:~:text=Nayib%20Armando%20Bukele%20Ortez%20(San,cargo%20a%20Salvador%20S%C3%A1nchez%20Cer%C3%A9n.

[2] Biden fue miembro principal y posteriormente presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado. Se opuso a la Guerra del Golfo en 1991, pero apoyó la expansión de la alianza de la OTAN en Europa del Este y su intervención en las Guerras Yugoslavas de la década de 1990. Respaldó la resolución que autorizaba la guerra de Irak en 2002, pero se opuso al aumento de tropas estadounidenses en 2007. También se desempeñó como presidente de la Comisión de Justicia del Senado de 1987 a 1995, ocupándose de temas relacionados con la política de drogas, la prevención del delito y las libertades civiles. Biden lideró los esfuerzos para aprobar la Ley sobre Control de Delitos Violentos y Aplicación de la Ley y la Ley de Violencia contra las Mujeres, y supervisó las polémicas nominaciones a la Corte Suprema de los Estados Unidos de Robert Bork y Clarence Thomas. https://es.wikipedia.org/wiki/Joe_Biden

[3] https://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa_de_El_Salvador

[4] https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Como-influyo-la-intervencion-estadounidense-en-la-guerra-civil-de-El-Salvador–20190813-0424.html

[5] https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-56974280

[6] https://cnnespanol.cnn.com/2021/05/19/el-salvador-estrecha-lazos-con-china-mientras-se-tensa-la-relacion-con-ee-uu/

[7] https://www.radiohrn.hn/presidentes-de-rusia-y-china-visitaran-a-el-salvador

[8] https://www.youtube.com/watch?v=FCAD7L5hEQc

La ola pandémica actual: ¿se pudo evitar?

[…] el golpe duro e inesperado de esta pandemia fuera de control obligó por la fuerza a volver a pensar en los seres humanos, en todos, más que en el beneficio de algunos.
Papa Francisco, Fratelli Tutti.

Álvaro Vega Sánchez, sociólogo

El Dr. Tomás del Camino, biólogo matemático, ha documentado con datos estadísticos que la ola pandémica que hoy estamos padeciendo sí tuvo que ver, entre otros factores, con la apertura de las clases presenciales en escuelas y colegios, al intensificarse la movilidad de las personas. Y en una reciente entrevista ha señalado que “a finales de marzo el gobierno debió alertar y tomar medidas” ¿Por qué no lo hizo? Ensayemos algunas respuestas.

En primer lugar, para un gobierno de unidad neoliberal (PAC-PLN-PUSC-PRN-PNR) los grandes intereses económicos prevalecen sobre una economía y sociedad solidarias al servicio de una vida digna y saludable. Bien se hubiese dispuesto de reservas del sistema bancario estatal y aplicar un impuesto temporal a los grandes capitales, empresas y salarios, para subsidiar el pago de servicios de luz y electricidad de pequeñas y medianas empresas, y asistir a desempleados y subempleados con estos servicios y alimentación básica.

En segundo lugar, la Asamblea Legislativa, atendiendo instrucciones del Ejecutivo, como ha sido su costumbre en este período gubernamental, con mínimas excepciones, no tuvo la sensatez de llamar a cuentas al gobierno para acelerar procesos de vacunación, como lo hizo Chile contratando con varias casas farmacéuticas desde inicios de la pandemia. Los diputados se han entregado en cuerpo y alma, arriesgándose al contagio, como ha sucedido con varios de ellos, a la aprobación de la nueva Ley de Empleo Público; otro proyecto neoliberal impulsado por mandato del Fondo Monetario Internacional (FMI) ¡Qué fácilmente entregamos nuestra soberanía por unos dólares más! ¡Vaya manera de celebrar el Bicentenario!

En tercer lugar, atendiendo a solo una visión e interpretación particular de datos, las autoridades del gobierno mantuvieron el argumento de que la proliferación de contagios no estaba asociada con la apertura de las clases, por los pocos casos que se presentaban en escuelas y colegios. Subestimaron el impacto de la movilidad y las interacciones que generó la medida. Lo mismo sucedió con la flexibilización de las medidas restrictivas de movilidad en Semana Santa. Un factor que también contribuyó en Chile para que tuviese que sufrir una ola más, con elevada cantidad de contagios y saturación hospitalaria, a pesar de ser el país con el más alto porcentaje de vacunación en América Latina.

Y, en cuarto lugar, relacionado con el aspecto anterior, faltó una iniciativa gubernamental para, desde el inicio de la pandemia, constituir un equipo interdisciplinario del más alto nivel científico que contribuyera a evaluar sus impactos, concertar medidas adecuadas para prevenir los contagios y la saturación hospitalaria, etc.

Si algo nos ha enseñado esta pandemia es a valorar el aporte de la ciencia, desde un enfoque interdisciplinario, tanto para tomar el pulso del comportamiento de la pandemia, como para prevenir los impactos biosociales, producir medicamentos y equipos para atender a los pacientes y vacunas para inmunizar a las poblaciones. La ciencia es una buena compañera de la política, aunque resulte incómoda para algunos políticos.

La ceguera neoliberal nos está conduciendo al despeñadero económico y social, al subestimar también los aportes de la ciencia y la cultura, cuando estas no se ajustan a sus mandatos.

 

Imagen: MEP

La propuesta de reforma al régimen de pensiones

Óscar Madrigal

La Junta Directiva de la CCSS se apresta a discutir una serie de reformas al régimen de pensiones y jubilaciones. Ha dado dos meses para someter las propuestas a consideración de la ciudadanía. Es impostergable que los movimientos sociales y políticos se pronuncien públicamente sobre el alcance o impacto de esas reformas.

La misma Caja considera que el nuevo cálculo de la pensión que se propone (calcularla sobre los salarios de los últimos 25 años y no de 20 años como es actualmente) producirá una disminución del monto de la pensión hasta de un 12%. En otras palabras, por solo ese hecho, la pensión se reducirá y en especial a los trabajadores con los salarios menores. A estos golpeará aún más.

De los 1,2 millones de cotizantes el 40% de ellos (trabajadores y trabajadoras) lo hacen con un salario menor a ¢474.000, por lo que se considera que, con la propuesta de la Caja, los trabajadores con salarios más bajos recibirán una pensión por debajo de la pensión mínima que es de ¢136.875. Esto debe rechazarse radicalmente porque es condenar a la miseria a los futuros pensionados.

En estos momentos el 75% de los pensionados reciben una pensión menor a ¢276.000 al mes según la Caja, lo cual es por sí muy bajo, pero con las reformas propuestas harán más miserable la vida de. Los futuros pensionados.

Las mujeres trabajadoras también salen perjudicadas con las propuestas de la Caja, ya que equiparan la edad de jubilación de hombres y mujeres a los 65, lo cual significa un retroceso en los derechos femeninos, en el reconocimiento de las diferencias que existen en el trabajo femenino y masculino. Representa un grave retroceso en los derechos humanos de las mujeres, lo cual es inaceptable para los que somos partidarios de la progresividad de los derechos.

En general, las propuestas de la Caja están orientadas a aumentar la edad de retiro, aumentar el número de cotizaciones para calcular la pensión, eliminar derechos de las mujeres, reducir el porcentaje de la cuantía de lo que debe pagarse al jubilado de un 52% a un 43% del salario promedio, en general se propone reducir los derechos de jubilación de los trabajadores y trabajadoras, lo que vuelve la propuesta inaceptable y debe rechazarse por ser perjudicial para los asalariados.

Entonces, ¿cuál es la solución a los problemas de sostenibilidad financiera del régimen? Porque el IVM no puede continuar como está, ¿habrá otras propuestas distintas que pueda sugerir el movimiento social y la izquierda?

Los regímenes de pensiones en todo el mundo están sometidos a grandes retos y las soluciones de privatización, de capitalización o de un régimen NO solidario como el propuesto en Chile, han mostrado su rotundo fracaso. El sistema de pensiones basado en la solidaridad es una gran conquista del Estado de Bienestar Social, sea la participación conjunta de patronos, trabajadores y el Estado. En consecuencia, su financiación debe provenir de sus propios componentes. Pero como los patronos no aceptarían un aumento de la cotización más allá de la ya pactada para los próximos seis años y los trabajadores están cada vez más pauperizados, le corresponderá al Estado asumir la carga principal de la sostenibilidad de un régimen de pensiones universal y digno, lo cual significa pensiones que permitan a los jubilados una vida digna.

La solución parte de lo siguiente: un cronograma de pago del más del billón de colones que el Estado le debe al IVM.

Como a partir del 1 de enero de 2029, los patronos pagarán al IVM un 5.75%, los trabajadores un 4.50% y el Estado un 1.91%, la propuesta es que a partir del 2030 se aumente en un 1% la cotización del Estado solo al IVM, excluyendo a los otros regímenes de pensiones.  Estamos partiendo de que, en 3 años, según lo que nos han dicho las autoridades de Hacienda, las finanzas ya habrán recuperado su fortaleza, pudiendo asumir esta obligación.

Hay que tener en cuenta que el Estado de Bienestar es el principal responsable de mantener en el tiempo un justo sistema de pensiones de carácter universal. Además, es el que tiene los mecanismos para aumentar los ingresos.

De esta manera se le podrá dar sostenibilidad al IVM más allá del año 2050, que es lo que se propone con las reformas que impulsa la Caja.

Dos vacunas contra la pandemia neoliberal

Luis Fernando Astorga Gatjens

Quienes nacieron en Costa Rica, al final de los años ochenta del siglo pasado, se han encontrado a un país y una sociedad sumergida dentro del totalizador proyecto económico, político e ideológico neoliberal.

Han visto asimismo (y la mayoría lo ha padecido), el progresivo debilitamiento del Estado Social de Derecho, que emergió en los inicios de la década de los años cuarenta del siglo XX.

Esta progresiva erosión, con acciones de distinto alcance e intensidad, la han protagonizado e impulsado las élites políticas, que han liderado a los partidos tradicionales como el PLN y el PUSC, y también del PAC. Este partido que hoy está en el gobierno, ha sido protagonista de un gran engaño porque nació con una prédica antineoliberal y terminó muy pronto, asumiendo esta doctrina hasta el tuétano. Mientras tanto los evangélicos, que han irrumpido más recientemente en el escenario político, también la han convertido en el objeto de sus principales decisiones y proyectos.

Pero quiero detenerme un momento para recordar lo que se define como neoliberalismo. Se trata de una teoría económica y política que se orienta a reducir al máximo la intervención del Estado y cuyos pilares fundamentales incluyen la privatización de las entidades públicas y la desregulación financiera. Asimismo, forma parte de esta doctrina la reducción de impuestos a las personas más ricas, con el supuesto propósito de impulsar el desarrollo de la iniciativa privada y las empresas para la contratación de más trabajadores, a partir de la llamada filtración descendente, conocida también como «teoría del derrame». Es decir, si los muy pocos “de arriba” crecen económicamente pronto beneficiarán a los muchos “de abajo”. Este derrame en los hechos realmente no se da por el afán concentrador de la riqueza, que pareciera que no tiene límite y que funciona como una especie de agujero negro que se traga todo.

El neoliberalismo emerge inicialmente como reacción a la intervención del Estado como garante de una mayor justicia social (el Estado benefactor). Para el neoliberalismo el Estado debe cumplir un papel muy limitado como organismo regente en la organización de la sociedad; lo que incluye un rol marginal en el funcionamiento de la economía, para así mantener a raya las regulaciones e impuestos a la producción industrial, al comercio y las finanzas. Es igualmente partidario de la reducción del gasto social, de propiciar la libre competencia, de las grandes corporaciones, y de debilitar y desintegrar los sindicatos.

¿Se les parece al modelo que domina la escena política del país desde los años ochenta? Pues claro, eso es lo que ha guiado a los sucesivos gobiernos desde esa década hasta el duro presente pandémico y a las mayorías parlamentarias, que paso a paso, han ido desmontando el Estado Social de Derecho, que singularizó al país y que tanto nos costó construir. Empero hoy la embestida de una élite plutocrática, que evade, elude, que exige la rebaja de impuestos y que los «Papeles de Panamá» la desnudaron en su voracidad mezquina y egoísta, quiere borrar de la historia lo que queda del Estado Social de Derecho.

Representan menos del 1 % de la población del país pero concentran la riqueza que han acumulado, más que con esfuerzos productivos, con nefastas triquiñuelas para nunca cumplir con sus obligaciones tributarias.

Empero lo más grave del neoliberalismo es que también es una ideología que ha penetrado en el cuerpo socio-cultural, en el diario vivir de la gente, en su cotidianidad; incluso en su lenguaje. Erosiona la genuina solidaridad social al compás de un «sálvese quien pueda», profundamente individualista y diluyente del tejido social. Desde que aparece el neoliberalismo, disolviendo doctrinas como la socialdemocracia y el humanismo cristiano, va creciendo, empieza a ganar terreno en la comunicación, en los más influyentes medios informativos, en el intercambio cotidiano de las y los ciudadanos. Lo empieza a dominar todo como una mancha oscura que se expande como un cáncer.

Lo paradójico es que cuando una pandemia tan devastadora para el país, como la que se refleja en las cifras del contagio y de fallecimientos, y en la grave saturación de los hospitales, que exigiría la solidaridad de todos los sectores del país, de manera insensible y soberbia, la élite plutocrática que controla el país, ha pisado el acelerador en su afán de borrar del mapa el Estado Social de Derecho. Hacen caso omiso al hecho incontrovertible de que lo que realmente puede luchar con acierto ante esta pandemia y otras que –con certeza– vendrán en el futuro, es el esfuerzo mancomunado del Estado, desde lo público, con el involucramiento solidario de todos los sectores del país. Jamás la medicina privada habría podido enfrentar como lo hace la pública, desde la Caja y el Ministerio de Salud, la embestida de esta pandemia; aún con errores incluidos.

Y por lo que se observa en el gobierno actual, en la Asamblea Legislativa y en las candidaturas dominantes de los partidos tradicionales de cara a las elecciones del 2022, nadie quiere ponerle el cascabel al gato del neoliberalismo plutocrático; nadie ofrece propuestas con valentía y dignidad que contradigan el proyecto insolidario.

Son personas y partidos que no se percatan (o no quieren percatarse) de lo que está sucediendo en otros países del continente, en donde los serios cuestionamientos al neoliberalismo, se han convertido en una fuerza política que gana elecciones y orienta a gobiernos y parlamentos, y constituyentes (como en Chile).

Tampoco quieren percatarse de que sólo 13 % de los costarricenses, mantienen algún vínculo con algún partido político mientras el 87 % no lo tienen, según se desprende del reciente estudio realizado por el Centro de Investigación y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica (CIEP-UCR). No leen que la apatía, el rechazo, el hastío, la decepción y la ira, se están acumulando en una caldera de descontento social, que tarde o temprano, puede estallar.

Todavía están a tiempo de rectificar pero es muy probable que no lo hagan. Mientras tanto yo, como un número creciente de grupos y ciudadanos, trabajamos en un camino de participación política real y concreto, al tenor de lo que fija el artículo 9 de la Constitución, para que una Democracia viva, pueda emerger rompiendo las redes de una doctrina que es buena para el 1 % de la población y que la estamos sufriendo, de distinta forma y alcance, los demás costarricenses.

¿Adivinaron cuáles son esas vacunas para revertir esta doctrina y sus dañinas consecuencias para las mayorías, para nuestro sufrido pueblo? Pues, ni más ni menos, que la participación política y la solidaridad social son la cruz y la estaca con el que hay ponerle fin al vampiro del neoliberal.

(23 de mayo, 2021)

La Corte no escucha

José Manuel Arroyo Gutiérrez

Pienso que la gran mayoría (19-3) de la Corte Plena le teme a la verdad. No han querido oír que nuestro sistema de elección de magistraturas tiene serios defectos -y con harta frecuencia también vicios- que afectan su transparencia y credibilidad. Han optado por taparse los oídos e inventarse una serie de pretextos que sólo ellos – y ellas- se creen. No han querido escuchar, sólo eso, escuchar, al relator de Naciones Unidas (el único a nivel mundial) para la vigilancia, nada más y nada menos, que del principio ético-político de independencia judicial. Simplemente han pisoteado las obligaciones del estado costarricense en tanto país integrante de la ONU. Han socavado la credibilidad de Costa Rica como un miembro sometido al control de sus instituciones democráticas frente a la comunidad internacional. Todo el prestigio de nuestro país como nación respetuosa de los derechos humanos, abierto al escrutinio de sus instituciones democráticas, ha quedado en entredicho. ¿Qué autoridad moral vamos a tener de ahora en adelante para aspirar a que costarricenses prestigiosos, como ha ocurrido en el pasado, ocupen misiones especiales, relatorías en derechos humanos o en tribunales internacionales de justicia?

No han querido oír nuestros máximos jueces que hay un peligroso riesgo si la connivencia entre políticos y juzgadores se consolida. No han querido oír que la prevalencia de calificaciones subjetivas, sobre factores de calificación objetivos, desacreditan los certámenes por las vacantes. No quieren saber nada de la designación del último de la fila, en votaciones secretas, sin dar razones, en medio de la peor arbitrariedad. Menos que menos han querido revivir los relatos de cómo algunos se han brincado la fila, firmando una factura impagable. En fin, han preferido hacer la del avestruz ante una tormenta, que más temprano que tarde nos azotará.

De auténticos jueces -y juezas- es la virtud de saber escuchar; buscar la verdad, aunque nos duela; tener un mínimo de sana autocritica para que la mirada del pueblo no se llene de dudas y de iras.

Hoy es un día para el olvido. El prestigio del Poder Judicial costarricense ha quedado, en los ámbitos nacional e internacional, como en el tango: “cuesta abajo en la rodada…”

Antes de cruzar la frontera

Por Memo Acuña (Sociólogo y escritor costarricense)

Escondido entre la polifonía de temas que nos abruman durante estos días, en los que predomina la lenta vuelta a la normalidad en el norte global ya casi vacunado y en lugares como Nueva York ha sido dictado el fin del uso de la mascarilla, la tensión y represión social en Colombia y la escalada de violencia que una vez más sacude la relación entre Israel y Palestina, aparece el drama humanitario de la movilidad humana en la fronteriza ciudad de Ceuta, ubicada entre España y Marruecos.

Como salidas de una triste película documental que muestra la desesperación en alta mar de miles de personas intentando poner pies y esperanzas en las costas españolas, las imágenes sobre la deshumanización son elocuentes.

La orden girada a las fuerzas de seguridad españolas es disuadir, impedir, negar, devolver al vacío de las aguas mediterráneas a todo aquel que procure ingresar a sitio seguro. Por eso la policía fronteriza cumple órdenes y los niños y niñas migrantes no entienden de políticas migratorias criminalizantes. Para ellos la salvación está allí a pocos pasos pero puede más la acción cohercitiva y gendarme de estados que han preferido el miedo como recurso para gestionar las movilidades humanas contemporáneas.

Es notable el impacto que aún genera el cambio en la estrategia europea de atención a las contingencias migratorias al promediar la década anterior, al pasar del programa de salvamento y rescate “Marenostrum” a uno más álgido enfocado en la contención fronteriza denominado Tritón.

En un contexto de excepción como el actual, las movilidades continúan siendo visualizadas como amenazas que solo logran conmover cuando la comunicación global espectaculariza lo que podría ser una acción humana natural: un abrazo para consolar, solidarizarse, brindar apoyo.

Lo hizo Luna, una voluntaria de la Cruz Roja Internacional, al ofrecer su hombro a un inmigrante africano en plena línea divisoria. La imagen ha sido viral pero también lo ha sido una reacción en cadena donde el racismo y la violencia verbal contra la voluntaria denotan que más allá de la pandemia sanitaria, otra enfermedad todavía más potente como el odio mezclado con racismo y xenofobia campean libremente por el planeta.

A miles de kilómetros de Ceuta, hace apenas unos años, la escritora chiapaneca Chary Gumeta documentaba el paso incesante de las movilidades humanas centroamericanas, en un incontenible conteo que al día de hoy no se detiene.

Sus observaciones y conversaciones fueron plasmadas en un texto poético titulado Despatriados publicado en 2018 por Editorial Metáfora (Quetzaltenango, Guatemala). Sobre la escritura de este poemario la autora ha dicho que se trata de un ejercicio de poesía testimonial donde impulsa la idea de hacer visible desde la voz poética, esas condiciones de dolor y drama que viven aquellos que se movilizan como estrategia de sobrevivencia.

En una sesión de trabajo realizada recientemente en el Taller del Sur, espacio de escritura creativa que acompañamos en la Universidad Nacional (Costa Rica), Chary compartió su experiencia y su voz llena de sensibilidad y reconocimiento hacia el otro.

Quizá el drama en Europa nos parezca lejano pero un abrazo como el de Luna también debe llegar a quienes se movilizan buscando sobrevivir y alcanzar su sueño en la región centroamericana. Tal y como lo dice Gumeta en el siguiente texto:

ANTES DE CRUZAR LA FRONTERA

Antes de cruzar la frontera
Antes de poner un pie en ese territorio de tinieblas
Te daré un beso como muestra de amor
Y Te diré como aprendí a amarte
Bajo las sombras de los árboles
En nuestro lejano Quezaltepeque.
Una vez que nos pegue el viento extranjero
Dejaremos que nos devore el humo y el ruido
De ese animal maldito,
Y si todavía estamos juntos
Cerraremos los ojos
Y haremos de cuenta
Que estamos soñando.

El ejercicio de la empatía inicia por cruzarnos en nuestros cuerpos las marcas del despojo y la pérdida de dignidad a la que miles de personas en el mundo son sometidas cuando caminan a través de las fronteras. Empecemos por sentir sus pasos como nuestros y colectivizar el entendimiento. Cerremos fronteras al odio. Es posible hacerlo.

La génesis y debacle por el Paro Político Nacional (PPN)

Por Carlos Meneses Reyes

La génesis de la debacle político-social por la que atraviesa Colombia se debe al desgobierno y mal gobierno. Para el administrado o ciudadano común y corriente, esto se refleja en desconcierto, desidia, dejadez, negligencia. Solo ubicando a este gobierno como culpable primario de los hechos acaecidos por tan prolongado Paro (Cívico) Nacional y por ende de todos los efectos que se suceden; se puede explorar en la explicación del fenómeno transitado y en la concepción de una interpretación tendiente a la búsqueda de una salida, que puede confluir o no, en un Nuevo Pacto Social o Contrato Social. Esto por cuanto se trata de la búsqueda incansable de una sociedad que no renuncia a su libertad, busca el logro de acuerdos y aplica en la vigencia de un Estado de Derecho. De tal manera que nos proponemos sustentar que el único culpable del Paro Político Nacional Indefinido es el gobierno títere de turno y que los efectos dañinos no los está soportando el pueblo, como subliminalmente lo quieren presentar. No. Lo sufren y padecen los grupos económicos de presión, las oligarquías centrales y regionales, los usufructuarios del narco para militarismo en el poder. Lo soportan los mismos aliados del Establecimiento, que viven y amamantan de él. El pueblo lo único que pierde son sus cadenas de opresión y miseria, parodiando el mensaje del Manifiesto Comunista y que tanto espantajo le causa a la derecha troglodita militarista clasista, en el poder.

Apreciaciones en consideración

Lo que comenzó como un Paro Cívico Nacional, transformase, por la incidencia de los hechos, sucesos y erradas asimilaciones gubernamentales, en un Paro Político Nacional (PPN). De espaldas a las previsiones contempladas en la Carta Constitucional, el gobierno de turno no ha demostrado capacidad, sindéresis, para mediante una observación cuidadosa, prevenir los desenlaces y “efectos dominó” que la cadena de sucesos lo han colocado en situaciones o puntos de no retornar. No porque se tratare de volver a una situación ideal, como la de continuidad de una inercia, sumando cantidades de elementos perturbadores, que a la larga confluyeron en el estallido social.

Es de entender que en tratándose del conflicto social por el que atraviesa Colombia, este no termina y se multiplica en sucedáneos; pero la negligencia gubernamental conllevó a la torpeza de anunciar una aplicación de gravámenes tributarios, a espaldas de la población y la clase media, en el momento menos indicado, cuando los efectos del pandemónium del COVID-19, asolan todo el escenario de la economía colombiana.

Mal, asimilando el desconocimiento de las protestas y paros del año 2.019. La bofetada dada al movimiento popular, activo y en las calles en multitudinarias manifestaciones, al imponer el corrupto congreso y cámara la reforma tributaria de 2.019, redundó en la concesión de adiciones y exenciones de nueve mil millones de pesos al sistema financiero; dando elementos para considerar la carencia de una capacidad natural de dirigir a un país, tanto del gobernante de turno, calificado como de títere y sub presidente, por la implacable critica opositora en su contra; como por la ineficacia de una Secta- que no Partido, que se dice de gobierno.

Esa miopía e incapacidad gubernamental, trajo la sumatoria de los demás conflictos que afectan al país, como lo son el conflicto político, económico, ecológico; como también el armado interno; destacando de este, que su actor principal, como vanguardia armada del movimiento popular y expresión de la lucha de clases en Colombia, esta como en una especie de letargo, en espera, condescendencia o respeto, al desarrollo del accionar de las masas y su movilización, como rectora de las luchas populares en Colombia.

Pero la transformación de un Paro Cívico Nacional, en un Paro Político Nacional (PPN), desafortunada mente no se ha dado como resultado dialéctico de la cualificación de la lucha reivindicatoria, gremial y su salto a la lucha de objetivos políticos. Esto se da cuando la dirección de la protesta de masas la asume el movimiento político. Existe un Comité de Paro Nacional al que nutre una Asamblea Nacional de Miles de Delegados de organizaciones sindicales, sociales, populares, comunales, políticas, gremiales, estudiantiles, profesionales, campesinos, servidores públicos, de minorías étnicas(indígenas, afro descendientes, de género, LGTB, etc.), de amplio espectro, en el que caben todos; pero que en la práctica no ha sido así y paralelo al desarrollo del Paro Nacional, han surgido movimientos de transportadores, de la juventud, barriales y de comunas, productores del agro, comerciantes, prestadores de servicios, formales e informales, que han diversificado el abanico y lluvia de reclamaciones, superando, en la práctica, el ámbito de acción del Comité Nacional de Paro. Consecuencia de esta multiplicidad de actores, se ha visto limitado el control de las confederaciones obreras y de representatividad del trabajo sindical y organizado y la capacidad de actuar en nombre del sinnúmero de congregados y colectivos emergentes. Esto lo supliría la dirección política del movimiento; siendo un limitador que pesa en el análisis concreto de la situación concreta abordada, como lo es, el Paro Nacional, su suerte y/o camino a seguir.

Pero un Paro Indefinido y una Huelga de contenido político (revolucionaria) torna a caracteres subversivos. Resulta que la expresión subversivo ha sido satanizada, como algo perverso. Colombia ha sido escenario de luchas, con tenacidad y resistencia, por más de tres semanas. Ese teatro o espacio de tan variados e impactantes pasajes conllevan a analizar- dentro de su contexto- no un estadio masivo insurreccional; como sí, por el contrario, una avanzada de subversión social, contra unas situaciones de hecho, injustas e impuestas. Al así plantearlo, ha de abordarse el tema desde el punto de vista de un pensar individual y desde el del comportamiento social—colectivo.

Lo subversivo como pensar

Se puede catalogar como el resultado del razonar práctico ante la importancia de una necesidad, por una situación crítica, mayoritariamente planteada.

Se trata de la manifestación del pensar individualmente considerado que termina por concluir que, ante un estado de cosas planteado, denigrante, injusto, alienante, surge la necesidad de cambiar, de transformar de raíz, esa anacrónica situación. El individuo se arma (en el sentido menos militarista y no utilizo el término “se blinda”, por ser esencialmente militarista) en su interior. Es decir, se consolida ideológicamente en lo que considera que es auténtico, valioso y cosmogónicamente necesario para cambiar. Digamos que opera en él (o ella) una especie de revolución interna, por el cambio, por lo Nuevo. “La subversión humanizadora aparece breve en el tiempo, como un soplo de vida nueva”, enseña la Teología de la Liberación.

Lo subversivo como práctica

Existe una dualidad conceptual en el pensamiento subversivo. Se bifurca, se divide en dos: Uno, el analizado, imbuido de una fuerte conciencia interna de la necesidad de un cambio. Bulle en una lucha de contrarios interna, por la supresión de un orden de “valores”; por la creación de un nuevo orden moral; por superar la opresión; por cambiar lo que se vive; por la imposición de un nuevo futuro. Por aquello que irrumpe en lo consecuencial, ya convencido que se encuentra encerrado en un status quo asfixiante y alienante, imponiéndose lo categórico de un cambio radical. Otro, ese impulso interno, se transforma así en una consigna y practica consecuencial de un accionar social, real, expresado en una movilización de fuerza social y colectiva.

En eso radica la eficacia del pensar original subversivo: en su proyección de movilización como fuerza social; como fuerza de la colectividad. Es el paso a lo transformador. De allí la importancia de la subversión, planteada en la consecuencia lógica de una nueva institucionalidad; en la consecución de un orden alternativo

De las organizaciones de base populares

Han transcurrido 22 días desde el inicio (28 de abril) de la gesta histórica del Paro Nacional 2.021, en Colombia. Pero un sinnúmero de organizaciones sociales, populares, a nivel de barrios, de artistas, lúdicos, folclóricos, de activistas sociales y políticos; organizados en calles, comunas, veredas, municipios, en grupos de resistencia y de protesta, que buscan objetivos comunes de hacerse valer, oír, escuchar; no están organizados en el Comité Nacional o no hacen parte de el, independientemente se sientan, o no, representados en los del Comité. Esto hace que el control de la protesta y el encauzamiento hacia objetivos, tangibles, concretos, se haga difícil, resaltando, que en modo alguno, representa una debilidad del movimiento popular y de masas, puesto que todo cuanto exprese accionar contra la pasividad, el miedo infundado y atreverse a luchar es de inconmensurable valor político. Se trata de pueblo en ejercicio de su soberanía que busca cambiar de fondo las relaciones de poder en Colombia. No se puede perder de vista que así se forjan las mayorías en Colombia y explica el caudal multitudinario de las manifestaciones realizadas.

La manifestación publica y el uso violento de la fuerza pública

Asistimos a la constante de una protesta popular prolongada. No de cualquier protesta sino de una propia que brota del contorno o derredor de poder popular. Fuerza y poder del pueblo, así expresada. El Establecimiento le teme porque la dejó crecer, avanzar. Al no utilizar los correctivos, por carencia de un timonel estadista, las aspiraciones desconocidas, no alcanzadas, se van plasmando en el Paro. EL PARO es un cese de movimiento, de actividad y refleja en lo económico el cese de una actividad, como en la no prestación de servicios. Es una forma de protesta. El que sea o no pacifica, es un factor de apreciación, de calificación, de interpretación. Depende. Como tal, el Paro va circunscrito a la HUELGA. Esta se traduce en la interrupción colectiva de la actividad laboral, por parte de los trabajadores. Tiene por finalidad la exigencia a satisfacer reivindicaciones concretas; pero cuando la huelga trasciende y responde a propósitos de subversión política, pasando de reivindicaciones de carácter económico o social, toma tintes de prolongación en el tiempo, respondiendo a esa intención o finalidad. Una Huelga, no está circunscrita a la factoría o sede de trabajo. Es precisamente suspensión de actividades y de producción. El Paro, la Huelga se constituyen en formas o manifestaciones de protesta alimentadas en el contexto del conflicto social, alterando el funcionamiento de un orden vigente o impuesto y es propio de su naturaleza la alteración de ese “orden”. Las Marchas o Manifestaciones, constituyen el instrumento de aplicación para alteración de la “normalidad”. El BLOQUEO es la acción de impedir la comunicación, el fluido funcionamiento o el paso de algo. Se bloquea el tránsito, como se bloquea la información. Es resultado de ese accionar. Marchar, Bloquear, Parar, Huelga, etc., se subsumen, se incluyen en un mismo componente de clasificación abarcadora. Lo de “pacifica” corresponde desentrañar lo en la sabiduría del constituyente; puesto que de por sí obstruir, impedir, cerrar, atrancar, se dan como resultado del accionar activo o pasivo de marchar, manifestarse. Si desde la sede de su casa de habitación se decide no operar transacciones financieras, por ejemplo, pues es una forma de bloqueo. Lo primordial es la comprensión que el bloqueo logra afectar, como medida de protesta. En cuanto al SABOTEO, este ya es la acción encaminada a dañar, deteriorar o destruir algo; por lo general maquinarias, instalaciones, bienes. Es también un medio de lucha o de presión, aunque con otras característicos y consecuencias, situado más que todo en un accionar militar, como atentado. El SAQUEO. Ya corresponde a un accionar de robar, de depredar y en ello asiste la violencia, el destrozo, arrasando con cuanto haya en el lugar. El saqueador se apodera violentamente de lo que hay encuentra o asalta, para sí. Desvalija, pilla, daña, con intención dolosa. Es incomprensible, inaceptable y vituperable en el ejercicio de la protesta.

Valga el presente ejercicio para explicar que lo más desacertado es la denominación de Vándalos. La imprimió el imperio romano para referirse a los pueblos de origen germánico oriental, procedentes de Escandinavia, Quien no era romano era bárbaro y salvaje, era vándalo. Tristemente en Colombia la mediática dictatorial denomina vándalos a los manifestantes por el solo hecho de protestar…Es producto y resultado mismo de la judicialización de la protesta y a los manifestantes.