Ir al contenido principal

Argentina, Honduras y Paraguay electos como integrantes del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas

Nicolas Boeglin (*)

El pasado 14 de octubre se realizó la elección, en el seno de la Asamblea General de Naciones Unidas, de los nuevos integrantes del Consejo de Derechos Humanos.

Como bien es sabido, el Consejo de Derechos Humanos constituye la máxima instancia en materia de derechos humanos dentro del organigrama de Naciones Unidas: se compone de 47 Estados Miembros, de los cuales ocho corresponden a Estados de América Latina y del Caribe.  El Consejo de Derechos Humanos se renueva de manera parcial cada año, con ocasión de una votación directa (y secreta) realizada en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas, en la que participan los 193 Estados Miembros de la organización.

Los Estados de América Latina que dejaron libre su escaño para estas elecciones, al finalizar su mandato en este 2021, fueron Argentina, Bahamas y Uruguay.

Cabe precisar que las elecciones en el Consejo de Derechos Humanos constituyen siempre un momento de cierta importancia para los Estados que se postulan para integrarlo, al medir las capacidades de sus respectivos aparatos diplomáticos para lograr reunir los votos necesarios y así poder materializar sus pretensiones. A su vez, las organizaciones de derechos humanos buscan, en algunos casos, la manera de desdecir las posiciones oficiales de Estados con relación a la realidad imperante en materia de derechos humanos de las personas que viven bajo su jurisdicción. En esta oportunidad, fueron 18 los nuevos Estados electos para integrar el Consejo de Derechos Humanos. Como dato de interés sobre la intensidad de la rivalidad existente entre Emiratos Árabes Unidos (EAU)  y Qatar, ambos fueron electos, el primero con 180 votos y el segundo con 182 votos (véase comunicado oficial de Qatar y comunicado de EAU).

Tres postulaciones para tres sillas vacantes

Las tres plazas vacantes por parte de América Latina en este 2021 fueron objeto de tres únicas postulaciones de la región: la de Argentina que optó por una reelección (véase carta de postulación de febrero del 2021), la de Honduras (véase carta de postulación presentada en julio del 2021) y la candidatura de Paraguay (véase carta de marzo del 2021). La lectura de las cartas de postulación oficiales presentadas permite conocer con mayor detalle los diversos compromisos adquiridos por cada Estado ante la comunidad internacional en materia de derechos humanos: estas cartas pueden resultar de cierto interés para activistas y para diversas organizaciones sociales (que posiblemente se sorprendan al conocer algunas partes de su contenido). En el caso de Honduras, fueron varias entidades de la sociedad civil en exigir que no se apoyara su candidatura (véase carta circulada desde la Federación Internacional para los Derechos Humanos /FIDH). En el caso de Paraguay, su elección fue precedida de una fuerte llamada de atención por parte del Comité de Derechos Humanos, en una decisión en favor de la comunidad indígena de Campo Agua’ẽ, situada en el departamento de Canindeyú que se considera «histórica» en Naciones Unidas (véase texto completo de la decisión y comunicado oficial de Naciones Unidas empleando este calificativo) (Nota 1).

Los demás Estados, para las demás regiones del mundo que se postularon en estas elecciones, se pueden revisar en este enlace oficial del Naciones Unidas.

En lo que concierne los votos a favor reunidos de los 193 Estados Miembros de la Asamblea General de Naciones Unidas, la diplomacia de Paraguay obtuvo la mejor marca, con 185 votos (véase nota de prensa), al tiempo que Argentina (reelección) reunió 175 votos, y Honduras obtuvo 172 votos. El comunicado oficial de Argentina sobre su reelección está disponible en este enlace oficial; el de Honduras en este otro enlace; y el comunicado oficial de Paraguay se puede leer desde este otro enlace

Estados Unidos, un Estado Miembro que, en el mes de junio del 2018, decidió retirarse del Consejo de Derechos Humanos en señal de solidaridad con Israel (véase breve nota nuestra al respecto titulada «El retiro de Estados Unidos del Consejo de Derechos Humanos: breves apuntes«)  (Nota 2) decidió retornar al Consejo de Derechos Humanos en este 2021, logrando su candidatura reunir un total de 168 votos a favor (véase cable de la Agencia Reuters). El comunicado oficial del Secretario de Estado norteamericano celebrando los resultados de esta elección está disponible en este enlace.

Costa Rica y el Consejo de Derechos Humanos

Con relación a Costa Rica, habíamos tenido la oportunidad de analizar su tardía y frustrada candidatura en octubre del 2019 que no logró reunir más que 96 votos (véase nuestra breve nota titulada «La reciente candidatura de Costa Rica al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas: breves apuntes» y nuestra otra nota titulada «Elección de Brasil y de Venezuela en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas: apuntes«). 

Cabe recordar que la última vez que Costa Rica resultó electa en el seno del Consejo de Derechos Humanos fue en el 2011, conjuntamente con Chile y Perú: en aquella votación, Chile recibió 159 votos a favor, Costa Rica 138 y Perú 136, al tiempo que Nicaragua no logró ser electa, recibiendo el apoyo de tan solo 98 Estados miembros de Naciones Unidas. En el año 2014, Costa Rica logró reunir 120 votos, resultando insuficientes frente a los logros obtenidos por los aparatos diplomáticos de Bolivia (144 votos), El Salvador (151 votos) y Paraguay (139 votos): véase nuestra breve nota titulada «Consejo de Derechos Humanos: nuevos miembros electos de América Latina son Bolivia, El Salvador y Paraguay«.

A modo de conclusión

Más allá de las decisiones desafortunadas que pueden – al menos en parte – explicar el hecho que desde hace ahora más de 10 años, Costa Rica no resulta electa en el máximo recinto en materia de derechos humanos existente en el plano universal (Nota 3), a partir del 1ero de enero del 2022, el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas sesionará con los siguientes integrantes por parte de América Latina y el Caribe: Argentina, Bolivia, Brasil, Cuba, Honduras, México, Paraguay y Venezuela.

Es de notar que Brasil y Venezuela finalizarán su mandato en el año 2022, por lo que únicamente serán dos las vacantes a ocupar para la región de América Latina y el Caribe de cara a las elecciones a celebrarse en octubre del 2022.

Nota 1: En el punto 7.4 y en el punto 8.8 resolutivos de esta decisión pocamente divulgada en la prensa internacional (véase texto completo), se leen argumentos que deberían interesar a muchas comunidades que sufren similares daños en su entorno natural en otras latitudes: «7.4 El Comité observa en primer lugar que la excepción del Estado parte de falta de agotamiento de recursos internos parece estar vinculada con una alegación de inadmisibilidad ratione materiae por no estar contemplados los derechos ambientales en el Pacto. El Comité observa que los autores no alegan la violación del derecho a un ambiente sano sino de sus derechos a la vida privada y familiar, a la vida cultural y a un recurso efectivo, por incumplimiento por el Estado parte de su obligación de proteger estos derechos que, en sus circunstancias particulares, entrañaba el control del respeto de las normas ambientales. En particular, los autores denunciaron a nivel interno que las fumigaciones sin control estatal conllevaron la muerte de sus gallinas y patos, la pérdida de sus cultivos de subsistencia y de árboles frutales, la desaparición de los recursos de caza, pesca y recolección, la contaminación de cursos de agua, e implicaron afectaciones en su salud, alegando que todo lo anterior implica desintegración de la comunidad. En consecuencia, el Comité estima que el artículo 3 del Protocolo Facultativo no constituye un obstáculo a la admisibilidad de la presente comunicación, que puede ser examinada porque todo lo anterior constituye, en las circunstancias particulares del caso, la sustancia de los artículos 17 y 27 del Pacto… /  … 8.8 En el presente caso, el Comité observa que los autores y demás integrantes de la comunidad ejercen el derecho al disfrute de su cultura en relación con un modo de vida estrechamente asociado a su territorio y uso de los recursos naturales en él contenido. El Comité también observa que las fumigaciones masivas con agrotóxicos constituyen amenazas que eran razonablemente previsibles por el Estado parte: no solamente las autoridades estatales competentes habían sido alertadas de dichas actividades y de sus incidencias en los integrantes de la comunidad, sino que la Fiscalía encontró que el hecho punible estaba “plenamente configurado” (supra, párr. 2.23), y los propios empresarios acusados reconocieron su responsabilidad (supra, párr. 2.21). Sin embargo, el Estado parte no detuvo dichas actividades por lo que siguieron contaminando los ríos en los cuales los autores pescan, se abastecen de agua, se lavan y lavan su ropa, siguieron matando a sus animales de cría, fuente de alimentación, destruyendo sus cultivos, así como los recursos del bosque de donde recolectan y cazan. El Comité observa que el Estado parte no ha proporcionado explicación alternativa sobre lo sucedido ni ha justificado haber tomado medida alguna para proteger los derechos de los autores y demás miembros de la comunidad a tener su propia vida cultural. Por ende, el Comité concluye que los hechos que tiene ante sí ponen de manifiesto una violación del artículo 27 del Pacto en perjuicio de la Comunidad Indígena de Campo Agua’ẽ «. 

Nota 2: En aquella oportunidad nos permitimos señalar que: «El pasado 18 de mayo, el Consejo de Derechos Humanos aprobó crear un mecanismo de investigación sobre la situación en Gaza, mediante una resolución adoptada con 29 votos a favor, 14 abstenciones y dos votos en contra (Estados Unidos y Australia) – véase nota de prensa de Europa Press. Por parte de América Latina, el único Estado en abstenerse fue, como previsible, Panamá. El tablero de votación se puede apreciar a partir de los 30 segundos en este enlace de Youtube«.

Nota 3:  Con relación a las últimas elecciones realizadas en el 2020 para renovar tres vacantes en el seno del bloque de América Latina y del Caribe, en las que quedaron electos Bolivia (172 votos), Cuba (170) y México (175), nos permitimos precisar que: «Con relación a Costa Rica, después del verdadero traspié que significó su no elección en el 2014, pareciera que optó por varios años por no postular su candidatura para integrar la máxima instancia en materia de derechos humanos de Naciones Unidas: una actitud que puede sorprender al observador, dada la trayectoria y el amplio reconocimiento que ha beneficiado a Costa Rica a nivel internacional en el ámbito de los derechos humanos. El tardío interés que manifestó unas pocas semanas antes de la realización del voto en octubre del 2019 parece haber obedecido a una iniciativa (bastante peculiar) de sus actuales autoridades» (véase nuestra breve nota publicada en octubre del 2020 en el sitio jurídico especializado de Ius360). 

 

(*) Esta nota fue publicada por Nicolas Boeglin, Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR).

Imagen: Foto de elección realizada en la Asamblea General, extraída de nota de prensa titulada » India gets re-elected to UN Human Rights Concil for a new term», News9live, edición del 14/10/2021

Aumento de los combustibles a nivel mundial y en Costa Rica

Por Freddy Pacheco León

-¿Y ES QUE ESOS INÚTILES  DEL GOBIERNO NO PUEDEN OBLIGAR A LA OPEP A BAJAR EL PRECIO INTERNACIONAL DEL PETRÓLEO? ¿O por qué RECOPE no obliga al Banco Central a bajar el tipo de cambio del dólar respecto al colón? ¿O por qué el presidente Alvarado no invita a empresas extranjeras a venir a Costa Rica a  competir con RECOPE? Empresas que solo tendrían que  construir un muelle petrolero, inmensos tanques de almacenamiento para más de dos meses de todos los combustibles, un poliducto de más de 500 km de longitud, estaciones de bombeo en las dos vertientes costeras, oficinas administrativas encargadas de la logística que conlleva manejar la empresa más grande del istmo centroamericano calificada por Fitch Ratings como AAA. ESAS EMPRESAS, después de esa «inversioncilla» vendrían a competir con Recope en todo el eficiente servicio energético que se le brinda a todo el país, donde los precios no son determinados por Recope sino por un ente regulador independiente, y además, donde esa sociedad anónima del Estado TRABAJA SIN FINES DE LUCRO, por lo que del precio total del litro de combustible, Recope recibe para administración y mantenimiento de todos los procesos, alrededor del 8% del precio al consumidor. Dicen que se dice que algunos han buscado empresas extranjeras para venir a competir con la eficiente empresa del Estado, pero que la respuesta ha sido algo así como ¡ESTÁN LOCOS! Aunque tal vez algunos de los que escriben pidiendo «competencia» para RECOPE quizá tendrían la fórmula, para, por un lado provocar una rebaja sustancial del combustible sin importar los precios internacionales y el valor del dólar, y por otro garantizar menores precios al consumidor pese a la inversión de miles de millones de dólares. Ah, por cierto, el «peso» de los artículos de la convención colectiva en el precio del litro de gasolina ronda solo los ¢4.

 

Imagen ilustrativa.

Los altos salarios ¿del sector público?

Por Luis Paulino Vargas Solís

La breve historia que enseguida les contaré, se basa en datos de la Caja Costarricense del Seguro Social, correspondientes al mes de febrero de este año. Son, en otras palabras, los salarios o ingresos reportados a la Caja.

 Aunque los datos ofrecen diversas e interesantes posibilidades de análisis, solo quiero concentrarme en unos pocos detalles:

– El 92% de las personas que trabajan en el sector público reportaban un ingreso mensual por debajo de ₡2.163.000. En el sector privado, el 97,9% se ubican en esa misma categoría. Tomando en cuenta que, en general, los requisitos académicos en el sector público son más elevados que en el privado, esa diferencia resulta perfectamente razonable.

– Por debajo de ₡4.325.000 se ubica el 99,0% de quienes trabajan en lo público, y el 99,5% de quienes están en el sector privado. La diferencia aquí se vuelve del todo irrelevante, y muchísimo más recordando lo que ya indiqué: el nivel de calificación académica es, por término medio, bastante más alto en el sector público.

Ahora bien ¿y los ingresos muy altos? Desglosémoslo de la siguiente manera: 

– Más de ₡12 millones mensuales: el 0,020% en el sector público frente al 0,046% en el privado (un porcentaje 2,6 veces más alto en el sector privado).

– Más de ₡19 millones mensuales: el 0,0022% en el sector público y el 0,019% en el sector privado (un porcentaje casi 9 veces más alto en el sector privado).

O sea: los salarios muuuy altos están en el sector privado, no en el público.

Eso sí, no olvidemos un detalle: a la Caja solo se reportan ingresos monetarios del trabajo. Suponiendo, desde luego, que se reporten bien y completos. Eso se cumple siempre en el sector público, pero no siempre en el sector privado, donde, con más o menos frecuencia, se reporta menos de lo que corresponde y/o se hacen pagos “en especie” (al modo de “pluses”) que no se reportan (lo cual es frecuente tratándose de los cuadros gerenciales).

Pero, además, tengamos en cuenta que el ingreso de los «ricos-verdaderamente-ricos», no provienen del trabajo, excepto en una pequeña fracción. Lo suyo son, fundamentalmente, rentas y ganancias de capital, que jamás se reportan a la Caja. 

No sabemos cuánto puedan sumar, pero les aseguro que son cifras con las que los mortales comunes y silvestre ni siquiera sueñan. 

 

Publicado en Facebook, compartido con SURCOS por el autor.

LA DEMOCRACIA QUE NUNCA TUVIMOS

COLUMNA LIBERTARIOS Y LIBERTICIDAS(10)
Tercera época

Rogelio Cedeño Castro, sociólogo y escritor costarricense

En Costa Rica la fragmentación política ha llegado a tal punto que resulta inútil intentar siquiera alguna explicación racional de un fenómeno tan avasallador: el pueblo tendrá frente a sus ojos un carnaval electoral con más de 25 carrozas, las que por sortilegio se convertirán en una sola al terminarse la fiesta, como en aquel cuento de la carroza y la calabaza, llegado ese momento de la verdad todos los feriantes supuestamente plurales recitarán en coro los salmos del credo falsamente liberal del neoliberalismo mercantilista, el de los monopolios y oligopolios privados, será un universo donde la regla fiscal y su rígida observancia representarán la mayor virtud teológica que se pudiera haber imaginado alguna vez, al igual que las muchas veces millonarias evasión y elusión fiscales.

La descomposición de las viejas maquinarias políticas, la podredumbre imperante en sus escuálidos aparatos electorales es de tal magnitud que ya nadie confía en nadie. Es por eso que al lado de aquellas han surgido una gran cantidad de meras franquicias electorales, de etiquetas y de figurones inimaginables que se mueven entre el falso liberalismo, los falsos cristianos y una serie de gentes que aseguran ser “de izquierda”, en un país donde la izquierda hace varias décadas que renunció a pensar siquiera, son gentes que se aferran al activismo electoral, y a la búsqueda de espacios en el parlamento (un sitio donde ya no se habla, se emiten gruñidos e interjecciones sí acaso) sin plantearse siquiera qué sentido podría tener su presencia en ese ámbito tan degradado.

El tema de la democracia pasa necesariamente por la posibilidad individual de disentir, de no tener que pensar y actuar dentro de los cánones o las maneras propias de aquellas gentes, esas que se ven a sí mismas como el non plus ultra de la moralidad pública y de todas las virtudes, a semejanza de lo que ocurría en la Roma de la antigüedad, tanto en su fase republicana aristocrática como en la posterior imperial, que fue la prevaleciente durante la mayor parte de ese prolongado período histórico del mundo antiguo. Las élites del poder, pero sobre todo aquellas conformadas por los que, en nuestro tiempo, llamamos con sobradas razones y evidencias sustanciales, integrantes de “los poderes fácticos”, esos que no siempre están a la vista del ciudadano de a pie, la verdadera víctima propiciatoria que paradojalmente sufre, con más intensidad e indefensión, las consecuencias de sus despiadados actos.

Esos poderes son en realidad la expresión de la voluntad manifiesta de quienes mandan y deciden, en lo esencial, los destinos de la cosa pública, con el agravante de que no son precisamente un dechado de virtudes morales y republicanas: esas  gentes, de quienes se dice que son los dueños de nuestros países, pocas veces aparecen en los eventos más teatrales de las llamadas democracias formales, como son los procesos electorales.

Esas puestas en escena de una gran cantidad de comediantes, más o menos buenos o malos, pero cuyos actos aún en el caso de lograr sus metas explícitas, como la de ser elegidos como presidentes o representantes parlamentarios, no cambiarán en lo esencial las decisiones políticas de verdad, esas que fueron tomadas en otra parte o en otros escenarios…mientras el pueblo es el gran ausente, excepto en los momentos circenses de la comedia electoral. Al pueblo Pan y Circo decían los patricios romanos de aquellos tiempos de antaño, el lema y las acciones se mantienen vigentes para la manipulación efectiva de las gentes.

Durante los meses venideros, en un lapso breve pero intenso, que habrá de transcurrir entre los primeros días del mes de noviembre del año que corre hasta febrero o abril del entrante, tres naciones centroamericanas estarán enfrascadas en esos eventos así llamados “democráticos”: Nicaragua, Honduras y Costa Rica en ese orden… Mientras el tema de Nicaragua ocupa las primeras planas de los diarios, los momentos de más rating en los noticieros de las televisoras más poderosas y en las radioemisoras con más sintonía, el caso de Honduras es silenciado deliberadamente, tal y como ha venido sucediendo durante estos cuatro años transcurridos desde que, en  la tercera semana de noviembre de 2017, un nuevo fraude electoral impuso al dictador neoliberal Juan Orlando Hernández, contra el que fuimos a protestar unos pocos frente a la Casa Amarilla o sede de la Cancillería en San José de Costa Rica.

El galimatías político electoral de Nicaragua, uno de los tres países de la región donde el gobierno de los Estados Unidos quiere cambiar al gobierno por uno más manejable, acorde con sus intereses geopolíticos, algo que resulta de suyo evidente, no hay quien lo entienda a estas alturas en todos sus alcances, es decir lo que está detrás del juego político electoral: al parecer habrán elecciones generales, según lo planeado y dispuesto por las leyes electorales, el primer domingo del mes de noviembre entrante, en  medio de acusaciones hacia quienes eran los potenciales candidatos de una oposición que no logra definirse todavía, al parecer enmarcada entre una disidencia sandinista que buscaría enmendar el rumbo y volver al proyecto original, según algunos actores de la “izquierda” regional (al menos eso vienen diciendo desde los disturbios de 2018) y las posiciones de una derecha no tan variopinta que rechazan abiertamente todo lo que representó la llamada revolución sandinista durante la década de los ochenta.

El candidato oficialista (para no entrar en satanizaciones oficiosas y deliberadas, por parte de uno y otro bando) tendría o tiene todas las de ganar en ese escenario, pero la exclusión del juego electoral de la casi totalidad de sus opositores, acusándolos al parecer con fundamento, de estar financiados por la CIA, la USAID y otras agencias del gobierno de los Estados Unidos, ha tornado inmanejable la situación y ha permitido tejer un manto de sospechas sobre la legitimidad de esos comicios ¿será que la inteligencia militar del régimen nicaragüense develó algún asunto muy grave a punto de materializarse, tal cómo fueron los cruentos disturbios ocurridos entre abril y junio de 2018? Es ahí donde este galimatías resulta muy difícil de desentrañar, en todo caso, se trata de un conflicto entre las élites, donde las mayorías populares no deciden ningún asunto esencial que no sea el resultado electoral, todo eso en medio de un juego retórico muy manipulado por ambas partes.

En Honduras, por otra parte, cabe preguntarse si ¿se estará preparando un nuevo fraude electoral como los que vienen ocurriendo desde el año 2009 cuando los militares y la derecha troglodita derrocaron al entonces presidente Manuel Zelaya Rosales? ¿Volverán los del partido nacional o cachureco a comprar votos con la famosa tarjeta del mismo nombre? ¿La OEA y los voceros de la Casa Blanca tornarán los ojos hacia otro lado? Todo parece indicarnos que el mismo escenario se repetirá, salvo imprevistos.

Retornaremos sobre el tema político-electoral en Costa Rica, eso sin descuidar el de los dos países vecinos de un poco más al norte de nuestras fronteras.

HASTA QUE EL CUERPO AGUANTE

Por Memo Acuña (Sociólogo y escritor costarricense)

Las mesas pasan a un segundo plano mientras el centro de la pista se convierte en escenario donde los cuerpos se trenzan movidos por un ritmo acompasado a seis tiempos. Una voluntad colectiva explica el montaje: saltos, sincronías, movimiento.

Se trata de un tipo de baile traído a estas geografías en los viajes que transportistas hacían por las carreteras nacionales. Esta vez hago observación de lejos, porque lo mío, en realidad no es el movimiento ordenado y cadencioso. No nací para el baile. Pero disfruto ver cómo en un momento veinte, tal vez treinta personas, se sincronizan y parecieran “coreógrafearse” motivadas por la música que suena a altos decibeles.

Al llegar a nuestro país este ritmo, Costa Rica era una sociedad distinta. Eran los años de las bandas del swing estadounidense en las que Glen Miller “tocaba a morir”, como habrá dicho un exhultante Miguel Ríos en su icónico “Mientras el cuerpo aguante”. Ese ritmo, esos ritmos vinieron a nuestros territorios de alguna manera entre las llantas y las radios de los grandes camiones cargueros que transitaban por las carreteras costarricenses.

Y se quedaron entre los sectores populares. Y Aquí fueron “criollizados”.

Considerado por años un ritmo vulgar y arrabalero, el denominado swing criollo fue resignificado en las plantaciones bananeras, en las fábricas, bailado en salones populares de la capital, particularmente por actores de las clases excluidas y empobrecidas del país. Tal vez por eso recibía gestos de desaprobación de unas élites mojigatas y conservadoras, las mismas que hoy se ruborizan por la forma mediante la cual el arte toma el espacio público.

Durante mucho tiempo fue un baile prohibido, como tantas cosas que le son negadas a los sectores populares que terminan respondiendo y asignando nuevos significados a las prácticas y los consumos culturales. Su forma subterránea de practicarse fue moldeando la importancia social de un ritmo absolutamente indispensable en la antropología de las culturas (en plural) que se reproducen en la vida cotidiana nacional.

Johan Rugama, funcionario municipal recolector de basura, protagonizó hace unos días una de las escenas más refrescantes en tiempos de pandemia. A bordo de un camión recolector y observado de cerca por sus compañeros de trabajo, bailó swing criollo y así fue captado por alguna persona que lo grabó y que de inmediato convirtió su video en tendencia en redes sociales.

En tiempos de estrés permanente, preocupaciones económicas y de salud, una actitud así replantea la capacidad del ser humano para reír en la adversidad, dignificarse a partir de su gusto por el baile y la vida.

Declarado patrimonio cultural inmaterial costarricense hace algunos años, este baile prohibido debiera ser materia obligada en cursos sobre ciudadanía, sociología y arte nacional. Nos permitiría por ejemplo, reconocer la labor de investigación de Ligia Torijano durante más de 25 años para posicionar el alto valor social y cultural de este ritmo, ver el documental “Prohibido bailar swing” producido en 2003 por la cineasta Gabriela Hernández para conocer más de cerca a las figuras que durante muchas décadas construyeron con su dedicación a impulsar la práctica y permanencia del swing criollo ahí mismo, en los espacios donde las corporalidades toman sus verdaderos significados.

En la década de los años setenta muchos salones de baile capitalinos colocaban carteles donde se leía “se prohíbe bailar Swing”. Este lema inspiró años después el espectáculo “Del Swing prohibido al permitido”, presentado en el aristocrático Teatro Nacional en San José.

El arte y la cultura populares nunca pueden ser silenciados y así lo evidenció Johan a través de su baile y su gusto por la vida. Mientras observo un solo cuerpo colectivo moverse dando saltos sincronizados e improvisando sobre la marcha, pienso en el alto valor político de cualquier expresión artística.

Pienso en el swing criollo. Pienso que debemos seguir abonando las posibilidades para que nuestros cuerpos aguanten y la música siga sonándonos por dentro, como acto de posibilidad para la vida.

 

Imagen: UNA-Encuentro Popular de Baile.

Parodias, graffitis y ¿celebración de qué?

Por: Trino Barrantes Araya
Email: camilosantamaria775@gmail.com

SURCOS comparte la siguiente reflexión:

Cuando vemos actos genocidas, como los perpetrados en Honduras contra sus poblaciones aborígenes, garífunas y LGTBI; acciones dantescas y obscenas como las que ejecuta hoy el gobierno fondomonetarista de Lenin Moreno, o la metáfora de muerte de Bolsonaro contra la Amazonía brasileña, solo nos queda por argumentar que hoy “descolonizar”, se convierte en una búsqueda insoslayable y en un gran imperativo de humanización.

A 529 años del genocidio español y de los imperios que emergían, la urgencia por el rescate de la memoria de clase e histórica, tiene lugar exclusivamente, en todos estos procesos de descolonización que emergen desde la conciencia de lo popular, lo ancestral y en las construcciones de nuestras propias identidades.

No es posible, en el siglo XXI, cerrar las puertas a la interculturalidad. Tal vez hoy, mejor que ayer, las grandes masas de inmigrantes son los portadores de una nueva toma de conciencia, nos señalan la resistencia, desde una realidad compleja o son las formas particulares que asume la memoria de los pueblos para visibilizar otras formas de construcción de la historia nacional y la identidad de clase.

¿Qué debemos descolonizar ?. Ollantay Itzamná, en su excelente artículo nos dice lo siguiente:

En el proceso de la colonización permanente, incluso durante los dos siglos de repúblicas criollas que transcurren, se fijó en la estructura psicológica, individual colectiva, de los pueblos aborígenes y mestizos, la celebración de 12 de octubre como el “Día de la Hispanidad /…/ Nos bautizaron con la promesa de civilizarnos. Nos alfabetizaron con la promesa de modernizarnos. Pero, siglos después, la “civilidad moderna” trastocó los hilos de la trama de la Vida en el planeta, al grado de llevarlo a su debacle. /…/ En un mundo matricida y suicida, el sistema-mundo-occidental, ahora, en crisis civilizatoria, va por todo y por todas partes a escarbar y destruir nuestros territorios bajo la promesa de “desarrollo sostenible, o “economía verde” que jamás llegará para nosotros /…/ El proceso de enseñanza aprendizaje anula casi por completo los idiomas nativos. Los contenidos curriculares, en todas las materias, son copias de manuales “universales” euronorteamericanas que idealizan lo foráneo y desprestigian lo nativo. ”.(1)

Descolonizar tendrá siempre, implícitamente, el ejercicio de la deconstrucción, porque descolonizar está estrechamente articulado con el “mal llamado descubrimiento”. Estamos, pues, frente a la tarea de reinterpretarnos en nuestras raíces, en nuestra mismidad en nuestras luchas cotidianas. 

Ahora bien, una pequeña digresión histórica. En el marco de los 500 años, me pareció “genial “, una pinta o graffiti que estaba escrita en las paredes del baño popular -para hombres- situada en la terminal de buses que viajan a los distritos de mi cantón, San Ramón-Provincia de Alajuela, Costa Rica.

Con tintes de ser una parodia, obviamente, de un viejo texto escolar, el escrito, con la grafía que supone este tipo de pizarra contestaria decía así:

“ Nació en mil cuatrocientos

noventa y dos, puto día,

tres de agosto, media hora

de hacer su cogida el conquistador…”.

Fue de muy corta duración aquel graffiti.  Para el miércoles 14 de ese mismo mes, la pared había sido pintada. Aquella “pinta” conspirativa no pudo sostenerse más. Pero como todo deja una buena enseñanza, inspirados en aquella parodia, publicamos un pequeño volante con la estrofa de la canción de Horacio Fontova: Los hermanos pinzones:

“Los hermanos pinzones, eran unos…marineros.

Que se fueron con Colón que era un viejo…bucanero.

Y se fueron a Calcuta a buscar algunas…playas.

Y los indios motilones les cortaron…la retirada”.

(https://www.youtube.com/watch?v=0PdN6M4o3vg)

Seguidamente con la seriedad y el respeto que nos merecen los pueblos ancestrales, situamos nuestro punto de vista, con respecto a la fecha que, obligatoriamente, en las escuela y colegios deben celebrar. Aquel volante llevó por título: “7 mentiras de Cristóbal Colón y un largo genocidio”. El documento original, sirvió, más tarde, de base, para dar pequeñas charlas en escuelas y colegios.

Pero hagamos un pequeño ejercicio. Una carabela, una nao y una carraca. La Santa María, gobernada por Juan de la Cosa. Martín Alonso Pinzón, capitaneó La PINTA, en apoyo explícito a su hermano Francisco Pinzón; finalmente, La Niña, fue posesionada por Vicente Yánez Pinzón.

Palos de Morgue y la isla de San Salvador, no son así, dos simples accidentes geográficos. Ambos llevan la impronta de un largo proceso de etnocidio, explotación, violaciones y sometimientos. La cruzada del oro abría una página en blanco que pronto rebosaría de sangre.

Al grito de Rodrigo de Triana, aquel amanecer del 12 de octubre de 1492; de: ¡Tierra!, ¡Tierra!, devino un nuevo momento de ampliar el mapamundi. Se inscribía así la primera cartografía de la globalización. Triana, por supuesto que no era blanco-español, era un morro, un negro, pero la historiografía ha hecho tanto el esfuerzo por blanquearlo, que así lo construyó el imaginario colectivo. Este es parte del encubrimiento, pues nunca nos dicen el color de la piel.

Pero retomemos del libro citado, cuando mencionamos la parodia, en los párrafos precedentes, la Cita de Gabriel Ureña M.

“…el indio Pedro, guía de la expedición, insinuó a Pereira la posibilidad de encontrar la gente en el rastrojo del Guapinol, y a través de la selva, por dos senderos distintos se encaminaron los expedicionarios hacia dicho lugar. Efectivamente, desde la urdimbre del umbroso bosque pudieron observar a la sombra de un frondoso guapinol, la ejecución de un rito para ahuyentar el “bukurú” o demonio maligno, que tenía enfermo a un indio. Y dentro del grupo el capitán Pereira vio una preciosa india joven y distinguida que era Biriteca, la esposa de Garabito, a la cual colocaron un collar con un magnífico amuleto de unos ojos de alcatraz, para protegerla de los ojos amorosos de los conquistadores…” (Ureña,1966:172)[i]

Del texto anterior podemos derivar muchas lecturas. El concepto del indio sumiso y servil; otro aspecto, se sitúa, ciertamente el rito, pero traduce el prejuicio de la evangelización. No se reconoce ni se respeta la espiritualidad de nuestros pueblos ancestrales, por el contrario, es el demonio del medioevo al cual se debe derrotar. El nombre de Garabito, debe ser despojado para llamar a este cacique, cuya resistencia hacia la dominación española es maravillosa y su nombre es Coyoche. Entendamos, sin embargo, que el texto responde a un momento determinado de la narrativa con la cual se mira y se analiza el contexto del 12 de octubre.

En América Latina, la América Insular y Centro América, estamos exigidos de crear y generar un nuevo discurso, una nueva narrativa para interpretar correctamente el significado real, literario, ontológico, ideológico y filosófico del 12 de octubre.

No fuimos descubiertos, esa debe ser la premisa esencial; en segundo lugar, nada que celebrar. Vamos hacia la construcción de un continente pluriétnico y multicultural. Hacia un nuevo continente inclusivo, democrático, revolucionario y sin cadenas imperialistas que nos aten.

——————-

[1] Libro Cuarto. Centro América (1966) 178ª. Edición. Librería Antonio Lehmann: San José-Costa Rica, Pag. 172. 

Malintzin,  Malinalli, “la Malinche” o Marina

Por: León Triba 

Nació entre los años de 1501 y 1504.

De origen chontal del poblado de Painala

“…También sabía hablar maya y náhuatl

y llegó a ser la intérprete de Hernán Cortés

durante la conquista…” (1)

I

¿Es culpable resistirse al amor?

Es natural la estrategia

de los besos con el otro,

cuando los presagios anastesiantes

dejan de ser mecánicos. 

II

Gravita la ceniza,

la ciudad es un silencio único,

sin sus principales,

perdida en la cuenta larga.

 

Los brujos, en el ombligo

de la primera letra del (a)lba,

encienden a punta de pedernales,

obsidianas y buriles

la chispa de la hoguera

para destirpar aquella infección

venida de lejos.

 

“…Pasó los primeros años en Coatzacoalcos,

de ahí a Tabasco…”.(2). Después caminó

en la inexacta ruta de la esclavitud.

III 

No fue acaso la diosa luna

la que hiciera el llamado

a través del humo,

para que los tenochtlas

dejaran libre el espacio

a la contaminación, la fetidez

y el suplicio de los sikwas.(4)

 

Portentosa, flotante,

calzadas, altares, penachos

esperan la profanación,

la blasfemia de los blancos,

porque los dioses les dijeron:

                                         huyan

                                         escóndanse

                                         suicídense

                                         vivan

                                         cohabiten

                                         pero no mueran,

                                         resistan,

 

no es necesario vivir la mortaja,

no tiene sentido estar

entre rabia, viruela y sarampión. 

Netzahualcóyotl escupe ahora

poemas fríos

“cadáveres exquisitos”

en la fragmentada tinta

y ocres desteñidos. 

Tiritan de miedo las chinampas

crecen amarguras en las

chozas,

tus palenques.

 

Declararon en los amatles

que no eran animales domesticable.

IV 

¿Por qué aceptar siempre

que Tenochtitlan fue derrotado?

 

Se levantó en la marcha

del vuelo del águila,

el cascabeleo de su serpiente emplumada,

las espinas del nogal,

un anagrama incómodo, embrutecido

en la neblina del evangelio,

los gruñidos del arcabuz,

ojeras en los filos de las espadas

una cruz herida y ahogada en sangre.

 

Los remitentes de aquel dios

invisible, incivilizado,

apolillado en las hojas

de una biblia que nadie entiende

son ajenos en estos códices

de luz y espiritualidad. 

V

Vos Malitzin

tienes lugar en estas tierras,

los extranjeros son los otros.

¿En qué corriente idiomática

interpretaste los signos del barro?.

 

Cómo situarte en esta

odiosa narrativa de los vencedores:

 

         Mujer enajenada

         Mujer liberada

         Traductora de lenguas

         Bruja anticipada

         Concierto de mil voces de gargantas.

 

¿Dónde escribiste tu historia?

 

Narraron los vencidos

su propia fábula

o en el desprecio de Cortés

siguieron culpándote.

  

VI

 

Trece de agosto,

Tenochtitlan es solo un caracol

sin sonido, sin sueños,

brutalmente arrebato de casas,

de templos y mujeres.

 

El presagio fue confuso,

seguro, antes de llegar a tus ojos,

viste el fuego, las señales,

la historia inventando traiciones.

 

¿Fue su destino quedarse

al lado del conquistador?,

¿o los que te entregaron como esclava

están libres en este engendro?.

 

(1).-  https://latinoamericapiensa.com/descolonizar-la-educacion/3910/

(2).- https://www.infobae.com/america/mexico/2021/09/30/caida-de-tenochtitlan-por-que-la-malinche-sabia-hablar-espanol/

(3) Ídem

(4).- El término “sikwas”, en los territorios ancestrales de Brörán, Térraba-Costa Rica, está referido a “demonio blanco”.

 

Imagen del header tomada de: Sicultura

Costa Rica se dirige a unas elecciones con 27 candidatos a la presidencia

El número sin precedentes de postulantes pone en evidencia la falta de liderazgos y de capacidad de diálogo político en el país tras la ruptura del bipartidismo.

Fernando Francia

A cuatro meses de las elecciones, son 27 las candidaturas a ocupar la silla presidencial que deberá dejar Carlos Alvarado, el presidente de Costa Rica, en 2022. Nunca habían sido tantos los candidatos confirmados por sus respectivas agrupaciones políticas en asambleas partidarias. Durante este mes tendrán que inscribirse ante el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), el ente regulador del proceso.

El miércoles comenzó de manera oficial la campaña electoral, que terminará el domingo 6 de febrero, cuando los costarricenses elijan una de las opciones o pospongan la decisión para una segunda vuelta, dos meses después.

Para el TSE la amplia lista de candidaturas es un símbolo de fortaleza democrática, aunque ya está generando trabajo adicional de fiscalización de actividades partidarias y de confección de una papeleta electoral más grande que la habitual para que quepan todas.

El banderazo inicial de la campaña lo señala el tradicional acto simbólico de la transferencia del mando de la Fuerza Pública del Poder Ejecutivo al TSE, con el que se busca garantizar la no injerencia del gobierno actual sobre el proceso electoral. En ese acto oficial, el 6 de octubre, el presidente del tribunal, Luis Antonio Sobrado, señaló que la libertad de elegir y la democracia son “nuestro acuerdo en medio de nuestros desacuerdos”. Pero esta elección no será sencilla para las más de tres millones y medio de personas que estarán convocadas a las urnas, porque la amplitud de la oferta electoral implica la consecuente dificultad de acceso a la información sobre todos los partidos en pugna.

Según Gustavo Román, asesor político y vocero del TSE, la sobreoferta electoral es un síntoma de la fortaleza de la democracia y al mismo tiempo de debilidad del sistema de partidos políticos. Lo primero, porque “evidencia que la participación político-electoral sigue siendo vista como una opción por personas con distintas sensibilidades políticas en el país”, dijo a la diaria.

Asimismo, la debilidad consiste en que la facilidad de inscripción de partidos políticos hace que muchos de estos sean un vehículo para aspiraciones personales. “Es evidente que detrás de muchos de estos nuevos partidos lo que hay son liderazgos de partidos políticos anteriores, liderazgos que, al no prosperar sus ambiciones o propósitos dentro de estructuras políticas más establecidas o antiguas, simplemente, sin ninguna dificultad, han inscrito sus proyectos dentro de esas otras estructuras político-partidarias”, dijo el vocero del TSE.

Desde finales del siglo pasado hasta la actualidad, la cantidad de partidos que compiten en procesos electorales ha aumentado enormemente en Costa Rica. De siete candidaturas en 1994 se pasó a 13 en 1998, 2002, 2014 y 2018. Hubo nueve en 2010 y en 2006 se marcó un récord de 14 postulantes. Este 2022 podrán ser hasta 27 los rostros y las banderas impresos en una misma hoja que la ciudadanía deberá marcar con su preferencia.

En opinión del politólogo Rotsay Rosales, eso es reflejo de la “sociedad compleja y plural que somos”. Opinó que “la participación de más actores y de más ciudadanías en el proceso favorece la legitimidad de quienes son representantes”. Sin embargo, para el politólogo, que ha estudiado a fondo el sistema de partidos políticos costarricense, la proliferación de partidos es también producto de “la relación problemática que desde hace varios años vivimos en el país entre ciudadanías y representación formal”. Señaló que “en la actualidad hay una depreciación en la ciudadanía de lo que ofrecen los partidos políticos, y estos no dejan de crecer en cantidad, pensando que con mayor oferta ganarán más simpatía”.

Todo esto, según Rosales, ocurrió tras la disolución del bipartidismo, proceso que comenzó en los años 90 y se consolidó con la llegada al poder en 2018 de un tercer partido, fuera de los llamados tradicionales. “Parafraseando a Gramsci, lo viejo pareciera que no termina de irse y lo nuevo no termina de consolidarse”, concluyó.

El politólogo Rubén Rojas señala la inconformidad de los votantes con los partidos políticos. “La mayoría de la ciudadanía siente que los partidos no han podido llevar su sentir a la Asamblea Legislativa o al gobierno y no han solventado sus demandas o necesidades con su actividad, y entonces se vuelca a la búsqueda de partidos políticos nuevos”.

Sin embargo, pese a esa proliferación, las soluciones no llegan. En general, porque los partidos están cooptados o dominados por fuerzas de poder económicas o políticas de élite y los partidos cambian liderazgos, pero mantienen su elitismo, explicó Rojas. “Ya no tenemos la cohesión que giraba en torno a dos partidos tradicionales en el bipartidismo, sino que, más bien, las personas comenzaron a determinar sus preferencias políticas a partir de elementos coyunturales o de representación de sus propios intereses, cambiando la tradición familiar partidaria anterior”, agregó.

Rojas cree que la existencia en sí de muchos partidos políticos no necesariamente es un síntoma de una democracia estable o madura.

A eso se refiere también la uruguaya radicada en Costa Rica Juliana Martínez, experta en políticas públicas. “El problema no es tanto el número como el tipo de partidos políticos. Las democracias necesitan de más partidos políticos programáticos –sean de centro, de derecha o de izquierda–, partidos consistentes y predecibles en su postura sobre los principales asuntos”, señaló en Twitter ante la discusión pública sobre el número de candidaturas.

Martínez dijo luego a la diaria que “la fragmentación del sistema de partidos no da calidad en la representación política, que es, a su vez, un ingrediente de la calidad de la democracia”. Como ejemplo de una situación de ese tipo en Centroamérica mencionó el de Guatemala, “donde una misma persona [el presidente actual, Alejandro Giammattei] compitió cuatro veces por la presidencia, todas a nombre de partidos políticos distintos”.

La experta en políticas públicas señaló que “una democracia fuerte necesita de partidos políticos que tengan programas claros, consistentes, que sean luego orientaciones efectivas en su ejercicio político”, y dijo que “eso sólo pasa en partidos programáticos, y difícilmente un país tenga 27 de esos”.

Los especialistas también coincidieron en que la falta de diálogo y de liderazgos hace mella en la integración de los partidos políticos, ya que dirigentes que no alcanzan sus aspiraciones personales prefieren crear una nueva estructura partidaria y buscar una oportunidad de candidatearse. De los actuales 27 aspirantes, 11 han cambiado de divisa partidaria.

El sistema electoral permite a los aspirantes a la presidencia postularse también a una diputación, lo cual es aprovechado por los partidos para que la visibilidad que puedan alcanzar en una campaña presidencial redunde en la obtención, al menos, de uno de los 57 escaños en la unicameral Asamblea Legislativa de Costa Rica.

A todas esas consideraciones políticas y organizativas se unen las dificultades de acceso a la información sobre los partidos por parte de la ciudadanía y al acceso a la financiación de las agrupaciones partidarias para enfrentar una nueva elección.

El Estado costarricense reconoce los gastos de campaña de los partidos que alcancen 4% de votos en la elección presidencial o que obtengan, al menos, un diputado. Este umbral lo han conseguido menos de diez agrupaciones en los procesos recientes.

El gran desafío para los partidos minoritarios es hacerse ver entre tantos rostros y tantas banderas que aparecerán en los medios, las redes sociales y en la propia papeleta electoral el 6 de febrero de 2022.

 

Publicado en https://ladiaria.com.uy/ y compartido son SURCOS por el autor.

Foto: UCR.

Ley 9796: cuando la política tergiversa lo técnico, sale un proyecto irresponsable y sin visión

Virginia Sánchez Molina
Jorge García Hidalgo
Hernán Alvarado Ugarte
Francisco Esquivel Villegas

En el tema de pensiones abundan los errores de bulto. So pretexto de unas cuantas pensiones altas que algunos obtuvieron aprovechando portillos legales, la legislación reciente atropella derechos fundamentales y patrimoniales adquiridos y garantizados legalmente de miles de personas que cotizaron toda su vida para obtener una pensión digna.

Con la excusa del déficit fiscal ahora el Estado pretende brincar la Constitución y las leyes específicas antes acordadas y aprobadas, afectando severamente el proyecto de vida de quienes siempre han pagado puntualmente sus impuestos y todos sus demás deberes. O sea, se legisló, una vez más, a favor del más fuerte e irresponsable, tal como se demuestra a continuación.

Los graves incumplimientos del Estado

Los errores de la legislación se multiplican cada vez que la «política» pasa por encima de lo técnico y que lo fiscal se usa como pretexto para evadir deberes irrenunciables del Estado. Nada puede estar por encima de la Constitución que representa hoy el pacto de concordia de 1949. Pero así sucede con la ley 9796, que se contradice a sí misma, de fondo y propósito.

Según el artículo 73 de nuestra Constitución Política, todo seguro social debe estar regulado “por el sistema de contribución forzosa del Estado, patronos y trabajadores”, como se estableció con la ley 2248 que creó el Régimen de Jubilaciones del Magisterio Nacional en 1958. Sin embargo, ese sistema tripartito no se cumplió; porque los educadores aportaron, pero el Estado no, ni como tal ni como patrón. Este doble incumplimiento generó fracturas financieras que condenaron a una parte importante de las pensiones del Magisterio al déficit estructural.

En efecto, el Estado nunca puso ninguna de las dos partes que le tocaba para crear el Fondo que mandó la ley 2248 y que debía administrar la Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio. El Fondo se había previsto para pagar de manera solidaria la pensión de los educadores, causando así una primera fractura. Las cuotas pagadas por los educadores tampoco se utilizaron para constituirlo. El Estado las desvió para financiar otros gastos de operación, violando flagrantemente el artículo 73. Ese desfalco de cuotas ajenas produjo la segunda fractura en el régimen del Magisterio Nacional.

El golpe de gracia

Cuando este déficit causado por el mismo Estado fue evidente se aplicaron algunos correctivos que resultaron insuficientes. El cambio más importante fue la ley 7531 de 1995. Esa reforma repartió a los trabajadores de la educación en dos grupos. En el primero, se ubicó a los educadores más antiguos, creándose el régimen transitorio de reparto (RTR). En el segundo, se ubicó a los restantes, estableciéndose el régimen de capitalización colectiva (RCC). Esa división del régimen inicial generó la tercera fractura financiera porque redujo la base contributiva del RTR, el cual perdió miles de cotizantes que pasaron al RCC. Eso disminuyó sus ingresos, dándole el golpe de gracia que se sumó a las dos fracturas anteriores. Además, esta ley eliminó la mención al Fondo establecido por la ley 2248 dejando sin sustento el artículo 73 de la Constitución.

La irracionalidad, desproporción y regresividad de la ley

El RTR arrastró ese vacío legal causado por la ley 7531, así como las fracturas mencionadas, por 25 años. Pero en vez de asumir responsablemente y resolver eficazmente el problema, en noviembre del año pasado se aprobó la ley 9796. Con ella se hace más rigurosa la cotización solidaria, establecida originalmente en la ley 7531. Para eso, se cambió el límite mínimo a partir del cual se aplica la contribución. Éste pasó de 4 millones a 2,2 millones, lo que significa una reducción antojadiza del 45%. Es un cambio exagerado que no se fundamentó técnicamente.

Por otro lado, la improvisación de esa ley fue tal, que sólo es aplicable a las pensiones intermedias, mientras se vendió la idea de que reduciría las pensiones más altas. En efecto, una combinación de factores legales, hacen que la “fórmula” de la ley recaiga sobre las pensiones intermedias (entre 2,2 y 5 millones). Se produce así una aberración que se muestra en la siguiente figura. Dicha ilustración indica que la ley 9796 generará una “curva de regresividad”. Ahí se puede observar que las pensiones menores a 5 millones (barras amarillas) pagarán una cotización creciente. Las que superan ese monto y hasta 9 millones (barras celestes) aportarán, pero decrecientemente. Mientras que las pensiones superiores a los 9 millones (barras rojas) el aporte resulta negativo, es decir, más bien aumentan. Parece extraño, pero es consecuencia de ese adefesio jurídico que contradice sus propios objetivos y fines; absurdo que niega los principios de equidad, proporcionalidad y progresividad. Afirmar que esta ley combate las pensiones altas es un error, por el contrario, las hace más altas. El presidente, los diputados y muchos periodistas le deben una explicación a su auditorio.

Todo por un pellizco

La ley 9796 tomó un camino equivocado que fue advertido oportunamente por el Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa. La ley no soluciona la falta del Fondo de Pensiones, pero causa una debacle financiera en miles de hogares costarricenses, al reducir arbitrariamente, sin estudios actuariales, las pensiones intermedias, de 2,2 a 5 millones, afectando de manera perversa el patrimonio de los jubilados.

Pero lo más grave es que el impacto de la ley no es significativo. Así fue ratificado por la Superintendencia de Pensiones (SUPEN) cuando envió su opinión a la Comisión Legislativa que estudió el proyecto de ley. En ese documento, la SUPEN reconoce que el “ahorro” sería absolutamente irrelevante en cuanto a la proyección del gasto en pensiones del régimen de reparto, hasta el año 2106. O sea, en 85 años las finanzas del RTR no tendrán impacto relevante alguno derivado de la ley 9796.

En suma, se ha afectado gravemente los derechos de los pensionados del RTR para generar un resultado fiscal insignificante. Y quienes se habían creído el cuento de que se recortarían las pensiones altas pueden sentirse defraudados. No se produjo eso, pero se afectó sensiblemente las pensiones intermedias, menores a 5 millones.

Imagen de cabecera tomada de https://cambiopolitico.com/el-autogol-politico-9796-pensiones/129090/

Economía del Trabajo se lleva Nobel de Economía

Manuel Hernández

Este lunes, recibieron el Premio Nobel de Economía /2021, tres honorables economistas.

A uno de ellos, David Card, se le hizo este merecido reconocimiento porque demostró que el aumento en los salarios mínimos no produce necesariamente destrucción del empleo.

De esta manera, el Nobel se trae al suelo los dogmas neoliberales que predican el estancamiento de los salarios de los trabajadores.

Por contrario, aquí “nuestros” políticos y economistas, ejecutan, a diestra y siniestra esa receta neoliberal que, por un lado, ha deteriorado, en general, tanto el nivel de las raquíticas remuneraciones de los trabajadores del sector privado, y por otra parte, mantendrá estancados los salarios de los funcionarios públicos, hasta la segunda, pero definitiva, venida de Cristo.

La política del gobierno de Alvarado es la política fundacional del PAC

Óscar Madrigal

En días pasados don Ottón Solís el fundador del PAC publicó en La Nación un artículo cuyo objetivo básico era demostrar que las políticas impulsadas por el actual gobierno de Carlos Alvarado eran congruentes con el pensamiento fundacional del PAC y que se correspondían con el programa esgrimido por éste desde su fundación. El propósito era ejercer una defensa del gobierno Alvarado, probando que su accionar era congruente por el pensamiento de él y de su partido.

Ottón refiere que los acuerdos con el FMI de reducir el déficit fiscal, reducir el aparato estatal y aumentar ingresos fueron realizados sin grandes traumatismos sociales ni económicos. Al ir leyendo a Solís se da cuenta que su artículo está basado en sofismas y verdades a medias. Ottón no se refiere a que este Gobierno redujo y amputó muchos derechos laborales, como el derecho a huelga, de manifestación y de organización. Que impulsaron una reforma fiscal regresiva sin tocar las zonas francas y propone -a la luz del acuerdo con el FMI- más impuestos sobre las espaldas de los trabajadores; redujo al mínimo el gasto social para pensiones no contributivas, vivienda social o subsidios para personas en extrema pobreza por el orden de ¢57.000 millones; aumenta la jornada laboral a 12 horas en claro perjuicio de las mujeres, elimina en la práctica las horas extras y congela salarios a los trabajadores; prohíbe a las Junta de Educación invertir en infraestructura educativa, elimina el apoyo a las Asadas y pretendió violentar la autonomía universitaria y la independencia del Poder Judicial. No es necesario continuar para llegar a la conclusión que Ottón avala todo esto y, más aún, lo considera como parte de las políticas esenciales, fundacionales, del PAC.

Toda esta agenda que corresponde a las políticas neoliberales actuales impulsadas por el gobierno de Alvarado y el PAC, han contado con el apoyo del partido Liberación Nacional, Unidad Socialcristiana, los neopentecostales de Restauración y Fabricio y el apoyo de algunos independientes.

Al final del artículo al lector le queda y asalta la duda: ¿el PAC asumió las políticas del PLN, PUSC y neoevangélicos, o este grupo asumió como propias las políticas del PAC?

Según el artículo de Ottón Solís todos esos partidos, incluyendo al FMI, se sumaron a las políticas del gobierno del PAC.

Entonces, ¿la política de este gobierno de Alvarado era desde su fundación la política del PAC?