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El dilema del petróleo

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Por Freddy Pacheco León

Petróleo o turismo, parece ser el dilema que nos quieren imponer, y la respuesta es obvia. Es el turismo, principalmente de mar y playa, la fuente de divisas y empleo más importante de Costa Rica. El ramillete de maravillosas y pequeñas playas que tenemos en ambas vertientes, no es usual encontrarlo en otros países. Caracterizadas por un clima admirable y una vegetación esplendorosa, la gran mayoría exhibe una limpieza certificada ambientalmente, que permiten vislumbrar para después de la pandemia, una recuperación y desarrollo turístico acelerado, si contribuimos con ello. Un nuevo aeropuerto internacional en Orotina, unido una nueva autopista por una nueva ruta hacia el Pacífico, será parte de esa infraestructura necesaria.  De lograrse, se facilitará el ingreso de al menos seis o siete millones de visitantes, atraídos es cierto, por el verdor de nuestros remanentes bosques y diversidad de zonas de vida, pero inobjetablemente, por el sol, el mar y la playa, que conforman el imán virtual que invita a venir a los millones de visitantes, principalmente del hemisferio norte.  

 Pero, imprudentemente, frente a esa realidad, desde hace unos años hay quienes muestran obsesión por los espejismos del negro petróleo. Hace unos 40 años, en la administración de don Luis Alberto Monge, pretendieron construir nada menos que en bahía Culebra, ¡donde hoy se desarrolla el visionario Polo Turístico Golfo de Papagayo!, decenas de tanques gigantescos y un muelle para buques petroleros, como parte de la infraestructura de un oleoducto interoceánico. Gigantesco ducto, que supuestamente iría a trasladar diariamente 1.200.000 barriles de petróleo estadounidense a través de Costa Rica, por el que nos pagarían US$10 millones anuales. Aunque, como ahora, lo presentaban como la salvación fiscal de Costa Rica, fácil es imaginar que, de haberse ejecutado dicho proyecto, el desarrollo del turismo ¡jamás habría sido una realidad tangible!

Pasado ese capítulo y luego de la aprobación de una Ley de Hidrocarburos, modelo de entreguismo antipatriótico, un día sí y otro no, como abejones de temporada, brotan los que, ¡sin prueba alguna!, afirman que nuestro precioso país está prácticamente flotando en petróleo y gas metano, ese al que llaman “gas natural” y que es decenas de veces más contaminante que el CO2.

¡Que es «un pecao» no aprovecharlo, dicen, pues con su explotación pasaríamos a ser una nación petrolera casi como Catar! ¡Que es increíble (como decía el Trump) que los prejuicios “ideológicos” impidan que los costarricenses no podamos gozar de la riqueza que el petróleo nos garantizaría!  Hasta ahora no han dicho que con él todos tendremos un BMW, como “vendían” el TLC, pero quizá no habría que esperar mucho.

Y lo peor es que hay gente que les cree esos cuentos demagógicos. Cuentos en los cuales no se menciona que habría que gastar cientos de millones de dólares para tratar de encontrar, después de muchos años, dónde se esconden esos hidrocarburos altamente contaminantes, pues ni sus fanáticos proponentes tienen idea. Cuentos también, que no mencionan que el Estado costarricense tendría que construir una refinería a un costo cercano a los US$2.000 millones, para un supuesto petróleo del que no se sabe cuál sería su costo de extracción, su transporte desde quien sabe dónde, su valor de mercado internacional, su cantidad explotable ni sus características.

Así, cual, si los costarricenses pudiésemos endeudarnos más para financiar esa «lotería petrolera», no nos hablan de por cuántos años tendríamos que estar pagando más caros los combustibles que eficientemente nos ofrece el Estado, mientras superamos esa jarana sin sentido y dimensiones inimaginables.

O sea, compatriotas, mientras por un lado una cosa semejante sería como un mazazo demoledor para la industria turística que tantos beneficios socioeconómicos concretos nos aporta, por otro, y esto también es de la mayor importancia, algunos ilusos quieren que Costa Rica se promocione como nación enemiga del ambiente y entusiasta promotora del cambio climático. Quieren que se nos reconozca como un pueblo ajeno al futuro que se vaticina para nuestro planeta, el único habitado del Universo, el que tenemos el deber de resguardar como parte del esfuerzo común que la mayoría de pueblos del mundo ha asumido como tarea. Gente que, cual, si eso no importara, mira hacia atrás y no hacia las fuentes de energía limpias del futuro, que como costarricenses hemos de estar comprometidos en promover. Gente a la que tampoco le importaría, ya a nivel nacional, los inevitables y frecuentes derrames de petróleo que podrían arrasar con quién sabe cuántas de nuestras formidables pequeñas playas, para así mandar al carajo el esfuerzo de tantos años.  Personajes que, además, quieren llevar esas ideas a la Presidencia de la República.

 

Compartido con SURCOS por Freddy Pacheco León.

Llegan los afganos

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Por Carlos Meneses Reyes

Si hay algo de escaso merito, por parte de ejecutorias gubernamentales del sub presidente colombiano, significa la fallida política exterior y por ende la carencia de una acertada visión de relación con los Estados, en cuanto al tema migratorio acaece.

Lo migratorio clasifica como álgido en la agenda internacional de cualquier país. Subsume diagnósticos tempranos y problemas de afrontar como la salud, educación, seguridad; acorde con el panorama geopolítico, el tránsito, recepción y destino, de esa población, que afecta el tejido social y de entorno.

Tal cual ha sucedido con la concentración de migrantes (la mayoría haitianos y de otros países) en Necloquí, la improvisación y la desidia, redundan en característica y el trato dado a la población migrante venezolana, aupada y soliviantada por motivaciones de injerencias extranjeras y manejo maquiavelista de obtusa oposición al reconocimiento de un gobierno constitucionalmente establecido, conllevan al diagnóstico que en materia de relaciones exteriores y comportamiento migratorio nacional, se está ante una verdadera pifiada

En el presente mes entró en vigencia una nueva Ley de Fronteras, por medio de la cual se establece un régimen especial para los corregimientos, municipios, departamentos y regiones de frontera de Colombia, en desarrollo de lo dispuesto en los artículos 9, 289 y 337 de la constitución política. La norma fue impulsada por el Gobierno Nacional para regular lo relacionado con las zonas fronterizas de los países vecinos. Al igual que todas las leyes en Colombia, se hacen de espaldas a un debate nacional y a auscultar las necesidades recientes locales. Un ingente esfuerzo, que en nada compensó situaciones nuevas suscitadas en el escenario internacional; precisamente por falta de una perspectiva funcional de las relaciones exteriores aplicada, o sin aplicar, debido al desconocimiento y lo sujeto a la improvisación. Es así, como se estrena esa ley, que plasma situaciones de hecho acomodadas y que ante lo inusitado que ha resultado, el paso por el territorio nacional y permanencia de población migrante haitiana y de otros países, concentrados en zonas no fronterizas, nos damos el lujo de estrenar nueva ley, que no contempla la situación de hecho planteada.

Para el próximo mes de octubre, queda definida la legalización de más de 1.700.000 venezolanos de ambos sexos, que permanecían en el país, a partir del 31 de enero de 2.021.

La carencia de una política consecuente con las actividades e intereses de relaciones de poder y de grupo de los migrantes en Colombia, explica por qué ahora, salta la liebre en un mundo tan distante como el lejano oriente y nos vemos avocados a la orden imperial de tener que aceptar la permanencia y hospitalidad de población afgana, resultado de la debacle producida en ese país invadido por las fuerzas estadounidenses y de la OTAN.

El Estatuto de Permanencia Permanente en el Territorio para venezolanos, conocido como Estatuto Temporal de Protección (ETP), está compuesto por tres fases, a partir del Registro Único de Migrantes venezolanos (RUMV). En USA se denomina Estatuto de Protección Personal (TPS). ¡Tamaña coincidencia! La primera etapa se inició el 5 de mayo. La segunda etapa se inicia el 1 de septiembre e incluye la verificación de datos de manera presencial y el registro biométrico; la tercera fase, concluye hasta octubre de 2.021. A partir del mes de octubre de 2.021 los venezolanos obtendrán la decisión de recibir el certificado de permanencia, como documento permanente, en el plazo de treinta días. Desde ya indicar que esa permanencia se otorga gratuitamente por el plazo de 10 años, como algo que no ajusta realidades cambiantes en la situación venezolana interna. En tanto, ningún venezolano está beneficiado por el Estatuto, sin cambiar su condición migratoria, que es lo indispensable para poderse beneficiar del Sisben, por ejemplo. Están como en el limbo, sin cédula, pasaporte, opciones; algo cohonestado por el sistema migratorio inoperante y que laxa el control de comportamiento social de esta población migrante. Es de enterarse que el actual éxodo de población venezolana no había tenido parangón de proporción, por su cantidad, en América Latina. Ha venido siendo resuelto en otros países y Colombia, la mayor receptora de ese fenómeno no ha logrado dar las pautas de ejemplo a seguirse.

Suscita debate e interpretaciones diversas la permanencia de venezolanos en el país. Expertos los califican de mitos y los reducen a grupos o temas como el que los migrantes salen de su país porque quieren. Generaran inseguridad. Representan peligro para la cultura del país. Afectan la capacidad laboral y de trabajo a la población colombiana. Discriminan a la mujer venezolana situándola en que vienen a embarazarse a Colombia y tener a sus hijos, en garantía a una permanencia.

Naturaleza de la población migrante venezolana en Colombia

A Colombia arriban venezolanos y venezolanas migrantes, motivados por situaciones económicas, sociales, de subsistencia. Se trata de desplazados laborales, emigrantes económicos. Buscan mejorar sus calidades de vida; o salir, puesto que lo hicieron sus familiares; también, para reunificarse. Buscar otros horizontes, etc. Etc. En modo alguno son perseguidos políticos. Huyen por las condiciones económico, sociales y de desventaja, producto de las medias coercitivas y de embargos contra las divisas internacionales del país bolivariano; bloqueos y sanciones impuestos por decenas de países, incluidos los Estados Unidos y la UE, como agentes instigadores principales. Buscan la caída no solo del presidente N. Maduro, sino de todo el sistema imperante de la Revolución Bolivariana. Y esto no es simple afirmación, sino punto de vista escueto. Obedece a la característica de esa población, a la luz del Derecho Internacional Público. Por el contrario, los refugiados son personas que huyen de conflictos armados y de persecución directa. Por motivos políticos, religiosos, raciales, de género, de libre determinación de sexo. Califican como personas en quienes penden amenazas, procesos y/o sentencias adocenadas de parcialidad política, persecución y sobre quienes pesa grave riesgo de perder la vida y por ende a quienes resulta peligroso negar el refugio o el asilo. En esto del estatus de refugio y asilo impera es el estado de conciencia subjetivo del perseguido y/o solicitante. Algo que la regularización del tal Estatuto de personas migrantes venezolanas no califica, para permanecer como refugiados en Colombia.

El régimen de refugiados está claramente normado en lo internacional. Los países respetan y aplican esa normativa que sustenta el principio de legalidad interna. De manera que el tratamiento dado a la población migrante venezolana no admite discusión y es en ocasiones, contenido de acciones y conductas prevaricadoras. Cada país tiene soberanamente procedimientos especializados para conceder o negar un estatutos de refugiados y o asilados; así como para declarar personas no gratas y hasta permitirse el no ingreso o expulsar a extranjeros. Eso concierne al poder de discrecionalidad. En Colombia el invento del Estatuto Provisional de Permanencia por más de diez años, da al traste con esos principios de aplicación universal del debido proceso. Es claramente inconstitucional.

De la naturaleza de los migrantes afganos

Al respecto hablemos de una caja de Pandora. El gobierno narco paramilitar, cipayo, pro imperio y los medios de alienación masiva (MAM), mantienen en vilo a la opinión pública nacional acerca de la llegada de más de 4.000 afganos, que huyen de su país de origen. Se anticipan a calificarlos de refugiados. Tamaña tropelía. El solo hecho de acatar la propuesta unilateral, inconsulta, de orden y mando del gobierno norteamericano, para que sean recibidos un numero de afganos que han salido de su país y ellos han evacuado, previamente, representa el asomo de un flagrante delito de abuso de poder, en un país bajo un supuesto régimen de Estado de Derecho. ¿Qué conlleva esa aceleración confusa?: a una flagrante violación de la soberanía nacional. El trasfondo de supuestos ciudadanos, mujeres, familias y niños perseguidos abrirá la patente de corso para que los efectivos para invasores afganos, actores de crímenes de guerra y de alistamiento militar, traídos, al servicio de las tropas invasoras del pueblo afgano, llegaren a las fértiles tierras del narco para militarismo estatal colombiano. ¿Cuántos de ellos mercenarios y sicarios, en listados de aprobación del Pentágono y de la CIA? Anuncian además, que USA costeará todo, cual prebendas, de por sí denigrantes; lo cual de por si es manifiestamente inconstitucional y craso delito a lesa soberanía (me abstengo de mencionar lesa “patria”, que la bota militarista del ejército made in Usa, ha pisoteado).

Todo pareciere indicar que la llegada de los tales afganos fracasará. ¡De lo contrario, es porque hay Troya!

El dilema del petróleo

Escrito en . Publicado en Análisis, Madre Tierra.

Freddy Pacheco León

Petróleo o turismo, parece ser el dilema que nos quieren imponer, y la respuesta es obvia. ES EL TURISMO, PRINCIPALMENTE DE MAR Y PLAYA, LA FUENTE DE DIVISAS Y EMPLEO MÁS IMPORTANTE DE COSTA RICA. El ramillete de maravillosas y pequeñas playas que tenemos en ambas vertientes, no es usual encontrarlo en otros países. Caracterizadas por un clima admirable y una vegetación esplendorosa, la gran mayoría exhibe una limpieza certificada ambientalmente, que permiten vislumbrar para después de la pandemia, una recuperación y desarrollo turístico acelerado, si contribuimos con ello. Un nuevo aeropuerto internacional en Orotina, unido por una nueva autopista hacia el Pacífico, será parte de esa infraestructura necesaria. De lograrse, se facilitará el ingreso anual de al menos seis o siete millones de visitantes, atraídos es cierto, por el verdor de nuestros remanentes bosques y diversidad de zonas de vida, pero inobjetablemente, por el sol, el mar y la playa, que conforman el imán virtual que invita a venir a los millones de visitantes, principalmente del hemisferio norte.

Pero, imprudentemente, frente a esa realidad, desde hace unos años hay quienes muestran obsesión por LOS ESPEJISMOS DEL NEGRO PETRÓLEO. Hace unos 40 años, en la administración de don Luis Alberto Monge, pretendieron construir nada menos que en bahía Culebra, ¡donde hoy se desarrolla el visionario Polo Turístico Golfo de Papagayo!, decenas de tanques gigantescos y un muelle para buques petroleros, como parte de la infraestructura de un OLEODUCTO interoceánico. Gigantesco ducto, que supuestamente iría a trasladar diariamente 1.200.000 barriles de petróleo estadounidense a través de Costa Rica, por el que nos pagarían US$10 millones anuales. Aunque, como ahora, lo presentaban como la salvación fiscal de Costa Rica, fácil es imaginar que, de haberse ejecutado dicho proyecto, el desarrollo del turismo ¡jamás habría sido una realidad tangible!

Pasado ese capítulo y luego de la aprobación de una Ley de Hidrocarburos, modelo de entreguismo antipatriótico, un día sí y otro no, como abejones de temporada, brotan los que, ¡SIN PRUEBA ALGUNA!, afirman que nuestro precioso país está prácticamente FLOTANDO EN PETRÓLEO Y GAS METANO, ese al que llaman “gas natural” y que es decenas de veces más contaminante que el CO2.

¡Que es «un pecao» no aprovecharlo, dicen, pues con su explotación pasaríamos a ser una nación petrolera casi como Catar! ¡Que es increíble (como decía el Trump) que los prejuicios “ideológicos” impidan que los costarricenses no podamos gozar de la riqueza que el petróleo nos garantizaría! Hasta ahora no han dicho que con él todos tendremos un BMW, como “vendían” el TLC, pero quizá no habría que esperar mucho.

Y lo peor es que hay gente que les cree esos CUENTOS DEMAGÓGICOS. Cuentos en los cuales no se menciona que habría que gastar cientos de millones de dólares para tratar de encontrar, después de muchos años, dónde se esconden esos hidrocarburos altamente contaminantes, pues ni sus fanáticos proponentes tienen idea. Cuentos también, que no mencionan que el Estado costarricense tendría que construir una REFINERÍA a un costo cercano a los US$2.000 millones, para un supuesto petróleo del que no se sabe cuál sería su costo de extracción, su transporte desde quien sabe dónde, su valor de mercado internacional, su cantidad explotable ni sus características.

Así, cual si los costarricenses pudiésemos endeudarnos más para financiar esa «LOTERÍA PETROLERA», no nos hablan de por cuántos años tendríamos que estar pagando más caros los combustibles que eficientemente nos ofrece el Estado, mientras superamos esa jarana sin sentido y dimensiones inimaginables.

O sea, compatriotas, mientras por un lado una cosa semejante sería como un MAZAZO DEMOLEDOR PARA LA INDUSTRIA TURÍSTICA que tantos beneficios socioeconómicos concretos nos aporta, por otro, y esto también es de la mayor importancia, algunos ilusos quieren que Costa Rica se promocione COMO NACIÓN ENEMIGA DEL AMBIENTE y entusiasta promotora del cambio climático. Quieren que se nos reconozca como un pueblo ajeno al futuro que se vaticina para nuestro planeta, el único habitado del Universo, el que tenemos el deber de resguardar como parte del esfuerzo común que la mayoría de pueblos del mundo ha asumido como tarea. Gente que, cual si eso no importara, mira hacia atrás y no hacia las fuentes de energía limpias del futuro, que como costarricenses hemos de estar comprometidos en promover. Gente a la que tampoco le importaría, ya a nivel nacional, los inevitables y frecuentes DERRAMES DE PETRÓLEO que podrían arrasar con quién sabe cuántas de nuestras formidables pequeñas playas, para así mandar al carajo el esfuerzo de tantos años. Personajes que, además, quieren llevar esas ideas a la Presidencia de la República…

La chispa

Escrito en . Publicado en Análisis, Coyuntura.

Manuel Delgado

Pocas veces el país ha estado enfrentado a un peligro tan determinante como la pretendida Ley de Empleo Público.

Es un adefesio jurídico; es un adefesio político, pero, sobre todo, es un adefesio moral.

Lo primero que llama la atención es que se le propone como una medida para ayudar a paliar la crisis fiscal y el déficit público. Pero la justificación económico-financiera no está ni medianamente clara. El gobierno dijo al principio que la ley iba a ahorrar un equivalente al 1,5% del PIB. Nunca dijo de dónde salió ese cálculo, pero más el Ministerio de Planificación estimó ese ahorro en una cifra situada entre un 0,6 y 0,9% del PIB. Ahora que se desvincularon de ella el Poder Judicial, las Universidades, las municipalidades y, al menos en parte, la Caja, ese mal llamado ahorro posiblemente sería muchos menos. Pero nadie ha dicho cuánto.

En los aspectos económicos ahondaremos más adelante, pero ahora quiero referirme a lo más aterrador de esa ley, que es el llamado Sistema de Gestión del Desempeño que le da al ejecutivo poderes absolutos sobre cuerpos y almas.

Se trata de darle a MIDEPLAN el poder rector sobre el empleado público, la posibilidad de determinar a quién se contrata y a quién se despide prácticamente sin cortapisas.

Para ello se le dota de una guillotina: los empleados públicos pueden ser despedidos con dos calificaciones anuales de menos del 70%. Los motivos de esa calificación son tan abstractos, que se le da al jerarca el poder omnímodo de echar sin responsabilidad patronal a los empleados que no le conviene a la administración o al partido de turno. O a él personalmente. Por supuesto, ya sabemos que los primeros que irán para fuera son los activistas sindicales.

Ese poder ilimitado de la administración, me decía una activista, alimentará el acoso laboral pero sobre todo el acoso sexual, porque los empleados y empleadas saben que tienen que estar bien con los jefes si quieren conservar sus puestos.

La ley le da a ese ministerio, además, potestades de adoctrinamiento de su mano de obra de manera ilimitada: formarán a los empleados de acuerdo con los intereses del grupo o grupos en el poder. Es lo que se conoce como Estado corporativo. Por cierto, esos grupos de poder y los partidos que los representan han dejado mucho que desear en materia moral como para que pongamos en sus manos tanta responsabilidad.

Todos queremos una administración pública más eficiente, pero ese proyecto no lleva como fin lograr esa meta. Muy al contrario: logrará un estado más autoritario, menos participativo, con jerarcas de más poder y, por tanto, un sistema más propenso a la corrupción.

Nosotros tenemos una excelente institución en materia de manejo del sector público. Es el Servicio Civil, creado por impulso de los trabajadores precisamente para frenar la práctica del clientelismo, que cada cuatro años cambiaba despedía a unos y contrataba a otros según la bandera del partido vencedor en las elecciones. Estamos a un tris de volver a esas prácticas de los años treintas y cuarentas.

Lo que hay que hacer es limpiar esa institución, e impulsar el control desde abajo, desde las asociaciones de beneficiarios, de pacientes del seguro, de clientes de los bancos, de abonados a los servicios de agua y luz, de estudiantes y padre de familia, de los ciudadanos corrientes. Precisamente la solución somos nosotros, los que financiamos ese aparato y no tenemos ningún poder en esas instituciones.

JUAN

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Por Memo Acuña (Sociólogo y escritor costarricense)

Su cuerpo muestra cierto rictus de dolor y cansancio. Nos comunicamos en un inglés claramente básico; entablamos una corta conversación en la que me explica que proviene de Nepal y que ha perdido la cuenta de los días y semanas que le ha tomado caminar desde que entró a Latinoamérica, no recuerda si por Ecuador o Brasil.

Estamos en las instalaciones provistas por el Estado panameño para atender a las personas migrantes en tránsito. Esa atención, valga decirlo, consiste en una rápida gestión que permita a «Juan» y otras personas como él, continuar su camino a su destino final: Estados Unidos. Son una especie de albergues que a la postre se convierten en sitios de detención mientras se define la situación migratoria de las personas que allí se encuentran.

Es 2011 y participo de un equipo de investigación que realiza un estudio regional sobre los determinantes que explican y caracterizan las movilidades denominadas en ese momento, como ahora, “extracontinentales”, conformadas por personas provenientes de varios países de África y Asia. Me corresponde estudiar el contexto panameño como principal puerta de entrada entre Sur y Centroamérica para estos grupos.

En cierto momento pregunto a «Juan» por el tránsito entre Colombia y Panamá, esa región mitológica, inexpugnable, denominada Tapón del Darién. Su rostro, ya de por sí marcado por meses interminables de viaje e incertidumbre, se desencaja por completo.

Me explica, haciendo un sobre esfuerzo, que jamás hubiera pensado salir de allí con vida. “Me entrego”, me cuenta que dice a los oficiales de migración panameños cuando les ve a la distancia. Recuerda en frente mío la seña que hizo con sus manos para que le colocaran las esposas. Siente que ya no puede más.

Este testimonio, por cierto, fue trabajado como crónica en nuestras reflexiones sobre las migraciones regionales publicado por Editorial Amargord (España, 2019) y sobre el cual hemos venido reflexionando durante estos años tanto desde la literatura como el ejercicio. Denominamos «Juan» a esta biografía, como una forma de apalabrar la cercanía con esa, su historia.

Hablar de Darién es hacer referencia a una frontera poco aquilatada en los análisis regionales, quizá por el peso y la importancia que tiene para las movilidades humanas la parte norte entre Mexico y Guatemala y porque las referencias mediáticas siempre van a acudir al discurso de crisis y no al de las subjetividades.

Por esa región peligrosa y riesgosa han transitado en los últimos 12 años cerca de 160.000 personas migrantes de varias nacionalidades según algunos acercamientos periodísticos. Recientemente se ha observado el aumento de la presencia de personas chilenas en los grupos migrantes pasando por allí. Deben superar la densa selva, animales peligrosos y la acción de actores del crimen que controlan parte de los territorios.

Al tiempo que se escribe esta nota, se conoce del proceso de tránsito de cerca de 10.000 personas ahora conformadas por grupos mixtos provenientes de África, Asia, Cuba, Venezuela y Haití. Este último país, desgarrado por conflictos políticos, pobreza y, por si fuera poco, la acción devastadora de dos terremotos con 11 años de diferencia.

Hace 10 años «Juan» recordaba con drama el paso por Darién, una región selvática de más de 575.000 hectáreas donde ya para entonces la acción de esos actores irregulares había empezado a cobrarse la vida de cientos de migrantes. El número de personas desaparecidas en esa zona es indeterminado, aún al día de hoy. Lo que no es indeterminado son los relatos acerca de personas fallecidas, cuerpos ya irreconocibles que los migrantes en tránsito van sorteando, dejando en el camino en esa frondosa región del planeta.

En estos tiempos en que la movilidad ha quedado confinada desde lo formal, las rutas, boquetes y caminos no oficiales han continuado su funcionalidad para las necesidades de miles de personas que ven en la migración, una estrategia para seguir viviendo.

No sabemos el destino de «Juan». No conocemos si habrá logrado su propósito. Pero estamos seguros de que cualquier cosa distinta a sus recuerdos sobre el paso por el Tampón del Darién significó una luz en su camino.

Conozcamos esas otras realidades sobre el paso incesante de personas por nuestra región centroamericana. Asumamos sus pies. Caminemos con ellos.

 

Imagen: https://www.unicef.org/lac/comunicados-prensa/quince-veces-mas-ninos-y-ninas-cruzan-la-selva-de-panama-hacia-estados-unidos

Atroz idea del Gobierno: privatizar y desnacionalizar la electricidad

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Por Osvaldo Durán-Castro, Sociólogo, profesor ITCR, ecologista FECON

Regresión de más de un siglo

¡Aberrante! Pocas veces esta palabra puede ser usada con tanta precisión, como en este caso para referirnos al “Proyecto de ley reforma al artículo 3 de la “Ley n° 7200 ley que autoriza la generación eléctrica autónoma o paralela”, expediente legislativo n° 22.601, que el Poder Ejecutivo presentó a la Asamblea Legislativa. Esta propuesta, encabezada por el Presidente de la República, remataría el modelo público de carácter social y solidario, y su institución rectora, el ICE, pues se orienta exactamente a favorecer la inversión privada de empresas generadoras tanto nacionales como externas. El proyecto además coloca al Gobierno de rodillas, como súbdito obediente, ante la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). En este texto explicamos por qué el proyecto es un retroceso histórico de más de un siglo, y algunas de sus múltiples debilidades. Una revisión de algunos proyectos de privatización impulsados en anteriores administraciones y la complacencia del gobierno actual con la OECD, los revisamos en el artículo “Gobierno se somete a generadores privados de electricidad y a la OECD”, de próxima publicación.

La esencia del proyecto está explícita en el escrito del Gobierno: “El presente proyecto de ley se presenta ante la Asamblea Legislativa con el fin de eliminar la barrera a la participación extranjera en el sector eléctrico, al no existir una justificación ligada a esta restricción para la actividad económica atendida bajo la modalidad de servicio público”, y agrega que “la eliminación de esta restricción busca fomentar el comercio y la participación de la inversión extranjera en el país, así como las ventajas y efectos económicos, sociales y de desarrollo que de ellas derivan” (negrillas ODC).

Ese proyecto constituye un retroceso histórico inaudito que borraría uno de los avances sobresalientes de la sociedad costarricense, como fue la nacionalización de la electricidad y la posterior creación del ICE. De aprobarse, convertiría el mercado eléctrico nacional en un campo de competencia privada ya no sólo entre nacionales, y de éstos con el ICE, si no para favorecer directamente las inversiones transnacionales con plena igualdad de derechos al ICE, y obligando a la entidad estatal a comprar la electricidad que generen. Es decir, se perdería cualquier condición asociada a la nacionalización de la electricidad y su carácter de servicio social, para convertirla en un servicio público regido por la competencia privada, aunque el ICE siga presente como intermediario obligado entre los generadores y los consumidores finales, ya sea dentro del país o en el mercado regional, al que también los privados siguen presionando por incursionar.

Este tipo de apertura ilimitada es otro mecanismo o vía de privatización, prestación y venta de servicios públicos en favor del capital privado y desnacionalización, que se ha usado en paralelo a las concesiones de obra pública y las alianzas público-privadas. Todas conllevan el riesgo asociado de ampliar el tablero de corrupción, como ha ocurrido en muchísimos países del mundo, incluida Costa Rica. Con este proyecto el Gobierno abona directamente a la liberalización de la economía nacional entregando el servicio de electricidad al capital privado, lo cual será una pérdida para toda la sociedad costarricense.

Es una aberración que en Costa Rica el Gobierno acelere en reversa en tiempos en que urge proteger los beneficios colectivos y las economías nacionales, tal y como pide el Secretario General de la ONU, Antonio Gutiérrez. Aunque no nos detendremos en esa historia, vale decir que todos los componentes de los “modelos económicos fallidos” que vivimos hoy en el mundo, incluyeron, e incluyen, medidas de privatización y desnacionalización como las contenidas en el expediente n° 22.601 del Poder Ejecutivo. Debería el Gobierno recordar, o más bien conocer, lo que en el 2003 dijo Joseph Stiglitz, que fue jefe de economistas del Banco Mundial: “A todos aquellos que viven en México, Indonesia, Brasil, la India y otros mercados emergentes se les debería dar una consigna diferente: no luchen por la mítica economía de libre mercado, que nunca existió”. Lo que incomoda es que Stiglitz nunca lo expresara cuando él mismo impulsaba las políticas que empobrecieron y siguen llevando al hambre a millones de personas en todo el planeta.

“Ley Alvarado” para privatizar y desnacionalizar

El expediente n° 22.601 de la Administración Alvarado es mucho más intrépido que cualquiera de los intentos precedentes de privatización de la electricidad en Costa Rica. Suma un componente de desnacionalización que en aquellas propuestas no había sido expuesto de manera tan explícita con el objetivo de reafirmar los beneficios para el segmento de la élite nacional e inversionistas externos, que hasta ahora se han beneficiado con la generación privada de electricidad. La propuesta desconoce más de un siglo de avances sociales y colectivos en cuanto al servicio de electricidad frente a los intereses privados. Nos devuelve al año 1900 cuando la empresa The Costa Rica Electric Light & Traction Co., empezó a concentrar el servicio eléctrico de Costa Rica; aunque esta misma empresa fue desplazada por la American & Foreign Power Co., que concentró prácticamente todo el mercado. Esta propuesta de “ley Alvarado” desconoce la historia de luchas sociales para la nacionalización de la electricidad en Costa Rica, de fortalecimiento del servicio de electricidad con la creación de Compañía Nacional de Fuerza y Luz en 1941, pero sobre todo aniquila el Decreto Ley No. 449 del 08 de abril de 1949 que creó al ICE, del que cualquier gobernante, medianamente sensato, debería sentirse orgulloso y ser defensor.

Se podría decir incluso que la iniciativa pone en riesgo a las cooperativas y empresas de servicio público de electricidad, que contribuyeron, al menos en parte, a fortalecer el mercado eléctrico con sentido nacionalista y ampliando la cobertura a más regiones del país. (El principio de “solidaridad” en el caso de las empresas con formato cooperativo, habría que analizarlo a partir de los precios al consumidor final y del uso y reparto de sus excedentes). Digo que esas empresas reforzaron “en parte” el servicio público, pues hace años la Contraloría General de la República en un informe sobre “la eficacia y eficiencia en la asignación de fuentes de energía para la generación eléctrica”, advirtió “que los costos estimados de la energía de los proyectos de empresas distribuidoras públicas y cooperativas de electrificación rural, son en su mayoría superiores a los promedios determinados por la Agencia Internacional de Energía Renovable (IRENA)” (CGR, 2016, p. 2). En esa misma línea, otro dato que debería revisarse con todo cuidado y seriedad es que, según explicó la Contraloría en el mismo documento sobre la eficiencia de proyectos: “no son competitivos Eólico Valle Central de la CNFL, S.A. y Los Santos de Coopesantos R.L, cuyos costos nivelados de la energía de 18,38 y 16,33 c$/kWh están muy por encima del rango utilizado de 7,09 y 12 c$/kWh. Ello, a pesar de que este tipo de generación es cada vez más competitiva y los mejores proyectos a nivel mundial alcanzan consistentemente los 5 c$/kWh sin financiamiento” (CGR, p.10).

Toda la argumentación del proyecto presentado por el Ejecutivo se subsume en un artículo que, aunque pareciera inofensivo, es la propuesta más regresiva que hayamos enfrentado desde 1990, cuando entró en vigencia la Ley 7.200 para favorecer a los generadores privados. Dice el “ARTICULO ÚNICO. – Refórmese el Artículo 3 de la Ley No. 7200, del 28 de setiembre de 1990, cuyo texto dirá: “Artículo 3.- Interés público. Se declara de interés público la compra de electricidad, por parte del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), a las cooperativas y a las empresas privadas, que establezcan centrales eléctricas de capacidad limitada para explotar el potencial hidráulico en pequeña escala y de fuentes de energía que no sean convencionales” (Negrillas ODC).

Las debilidades y imprecisiones de este proyecto en general (que revisaremos en un próximo texto), y particularmente del texto del nuevo artículo, hacen que no soporte el mínimo escrutinio técnico. Alguna de esas carencias las revisamos en seguida:

  1. Declarar de “interés público” la compra de electricidad generada por cualquier oferente privado, nacional o extranjero, colocaría al ICE en una condición peor que la que tiene hoy comprando y pagando electricidad de acuerdo con las obligaciones que le imponen las leyes 7.200 y 7.508 aunque no sea requerida por la sociedad costarricense. La determinación del interés público no debe reducirse a un antojo político y comercial. Debe responder a un proceso técnico para definir la necesidad para el país de cada proyecto en particular. Esto está asociado con la relación oferta-demanda, y es bien sabido que el país cuenta con una capacidad instalada y de generación que duplica y más la demanda nacional. Además, esa generalidad flexibiliza la rigurosidad para concluir sobre la viabilidad social y ecológica y la factibilidad económica, que debe establecerse científica y socialmente, también para cada uno de los proyectos.
  2. Esa idea general de “interés público” está copiada del proyecto “Ley General de Electricidad”, expediente No. 17.812, de los Gobiernos Arias Sánchez y Chinchilla Miranda, cuyo artículo 11 indicaba: “Se declaran de interés público y conveniencia nacional los proyectos de generación, transmisión y distribución de energía eléctrica que desarrolle cualquier agente del mercado eléctrico nacional”. Para facilitar aún más la construcción de nuevas plantas generadoras, el proyecto proponía que “…los órganos e instancias del Estado y los gobiernos locales otorgarán trato prioritario sobre otros proyectos, a los trámites y gestiones necesarios para el desarrollo acelerado de estos proyectos. Los plazos serán reglamentados por el Poder Ejecutivo”. Ese proyecto de 2009 buscaba la igualdad de condiciones para la competencia entre el ICE y privados en el mercado eléctrico, y esta nueva iniciativa avanza sustancialmente promoviendo “eliminar la barrera a la participación extranjera en el sector eléctrico”.
  3. Declarar de “interés público la compra de electricidad” es otro mecanismo legal que obligará al ICE a adquirir la electricidad de cualquier competidor privado, aspecto que hace menos de un año se mostró espinoso cuando el ICE decidió no renovar algunos contratos de generadores privados por ser innecesarios para atender demanda nacional de electricidad. El pago a generadores privados llegó a 3.141 millones de dólares entre 1989 y 2021, según datos del ICE publicados por el Semanario Universidad. Aunque la amenaza de debilitamiento del ICE es el problema principal en este proceso, la misma institución ha tenido un papel destacado. De acuerdo con Mauricio Álvarez “El ICE viene actuando en esa dirección, pues ya convirtió a la transnacional española Unión Fenosa en la mayor productora de electricidad privada en nuestro país, con un total de 100 MW, al otorgarle un segundo proyecto (actualmente posee Torito, de 50 MW y La Joya, también de 50 MW)”.
  4. A la ausencia de definiciones y numerosas imprecisiones se suma la de que la compra se hará a “centrales eléctricas de capacidad limitada”. Esa es una ligereza insalvable que le resta el mínimo rigor al proyecto. No es lo mismo capacidad limitada en Noruega que en China, pues cada país establece sus propios estándares, como incluso ocurre en Costa Rica. Retomemos como ejemplo lo ya sabido y señalado: los proyectos con la Ley 7.200 no pueden superar los 20.000 kW (20 MW) y los contratos bajo la Ley 7.500 tienen un tope de 50.000 kW (50 MW) gracias a la (capítulo II de la 7.200), entre ambas modalidades el tope de generación es el 30% de la capacidad del Sistema Eléctrico Nacional. Independientemente del uso que se le ha dado a esas leyes, establecen límites y cantidades claras. Y este proyecto adolece del todo de esas precisiones elementales.
  5. Cualquiera que revise el proyecto y lea que el ICE deberá comprar la electricidad de “fuentes de energía que no sean convencionales”, lo primero que se pregunta es ¿Cuáles son esas fuentes? En el mercado eléctrico de Costa Rica podemos anotar como convencionales la hidroelectricidad, térmica, geotérmica, hasta la eólica y la generada con biomasa, si consideramos que ya tienen bastantes años de ser parte de la oferta nacional. ¿A qué se refieren con “no sean convencionales”?
  6. La misma finalidad del proyecto “eliminar la barrera a la participación extranjera en el sector eléctrico” es otra imprecisión inaceptable, pues no define condiciones para ejecutarla. Dada esa generalidad, el término “eliminar” permitiría eventualmente una apertura indiscriminada que sería imposible subsanar, corregir o definir por medio de un reglamento. De hecho, es común que muchos ajustes legales para favorecer la generación privada, hasta ahora, se hayan hecho por medio de decretos y directrices ministeriales, pero en este caso, es imposible determinar cómo se dará esa eliminación de barreras a la inversión privada, y sobre todo cuáles serán sus impactos en el mercado eléctrico y para la sociedad costarricense que finalmente deberá consumir esa electricidad a precios de mercado privado. Por eso el texto implica un conjunto de amenazas que ameritan su rechazo absoluto.

Forzar la Constitución para desnacionalizar

La otra línea de justificación, a la cual se le dedica la mayor parte del proyecto, es un conjunto rebuscado de argumentos para forzar la conclusión de que actualmente la inversión privada está poco menos que imposibilitada en Costa Rica. Estirando las ligas al extremo, el proyecto funde el argumento de la OECD -eliminar barreras de inversión privada- con una interpretación de la Constitución Política y de jurisprudencia constitucional de manera más que rebuscada. Dice el Gobierno que “eliminar la barrera a la participación extranjera en el sector eléctrico”, “Es una recomendación (de la OECD) que se relaciona con el principio constitucional de igualdad, en términos generales y de igualdad entre los nacionales y extranjeros, en términos específicos, y conlleva que no se discrimine entre unos y otros, salvo las excepciones y limitaciones que la Constitución y el ordenamiento establezcan. También se relaciona con la libertad constitucional de empresa o de ejercicio de la actividad comercial”.

Esa interpretación no sólo se usa para promover la privatización del servicio público de la generación, compra, distribución y consumo de electricidad, si no que busca desnacionalizarlo. Por eso hablamos de una regresión hasta antes del 8 de abril de 1949 e incluso hasta 1900 a tiempos del mercado eléctrico controlado desde el sector privado nacional y transnacional.

Este proyecto es un gesto de genuflexión ante el empresariado privado, y en el ámbito global, una reverencia neocolonial ante la OECD. Nadie antes, ni con los proyectos de ley de los partidos más antiguos y tradicionales como Liberación nacional y la Unidad socialcristiana, se llegó al extremo de buscar “el principio constitucional de igualdad…entre los nacionales y extranjeros” para que no se “discrimine entre unos y otros”. Siendo la nacionalización de la electricidad y la creación del ICE insignias notables del Estado social de Costa Rica, es imposible aceptar lo que proponen estos gobernantes, como la idea de no discriminar y de procurar “igualdad entre los nacionales y extranjeros” en el control de una actividad económica verdaderamente crucial para la sociedad costarricense, como es la electricidad. Si se piensa en los costos de la cobertura en regiones de difícil acceso, de nuevo cobra más que pertinencia la necesidad de fortalecer al ICE como entidad de servicio social, y preguntarse si los privados, como nunca ha sido hasta ahora, prestarían el servicio en cualquier región del país.

Cierto es que para algunas empresas privadas del sector eléctrico la apertura indiscriminada podría ser una buena oportunidad para aliarse con foráneos, como ya ocurre con los proyectos (BOT sigla en inglés) Construcción, Operación y Transferencia de la ley 7.508, pero en un escenario de competencia abierta hasta las demás empresas, como las cooperativas, podrían ser disminuidas, parcialmente absorbidas y hasta eliminadas del mercado. No es que los empresarios nacionales de la electricidad privada ameriten defensa, pues ya hemos documentado cómo han hecho fortunas vendiendo electricidad cara e innecesaria. Se trata de que la soberanía, como condición fundamental de un país y de una nación, debe considerar como principio la defensa de “lo nacional” ante la invasión de capitales foráneos, sobre todo en la prestación de cualquier servicio social prioritario, como es la electricidad.

El proyecto no establece ningún límite de inversión para el capital externo. No señala plazos ni condiciones de inversión y venta de la electricidad. No justifica, ni remotamente, que esta apertura se fundamente en una necesidad nacional de electricidad y además, como hemos demostrado, en Costa Rica no falta ni un peso de inversión privada para atender la demanda de electricidad.

Como ciudadanía, este proyecto nos debería regresar a los primeros años del siglo pasado, pero para emular los movimientos sociales que iniciaron la nacionalización la electricidad en Costa Rica con la dirección de la Liga Cívica Nacional, lo cual se logró en 1948 tras décadas de lucha social.

Carlos Alvarado Quesada, Presidente, Rolando Castro Córdoba, Ministro a.i. de Ambiente y Energía y Elian Villegas Valverde Ministro de Hacienda, deben pasar a la historia como destacados peones de la destrucción del Estado social costarricense, y del ICE en particular. Deberían ser recordados por promover la apertura del mercado eléctrico para su privatización y transnacionalización, devolviéndonos a los peores tiempos de vasallaje en las relaciones entre países.

Transparencia, Democracia y Poder Popular

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Luis Ángel Salazar Oses

Sin transparencia no hay democracia y el deber ineludible del Pueblo digno y empoderado como debe ser, es exigirla siempre, tanto en las instituciones públicas como en las privadas pues a ambas las mantiene y soporta constantemente con sus esfuerzos y recursos. «La verdad os hará libres» decía sabiamente Jesús de Nazaret, fuente fundamental de valores éticos y morales. En cambio, los dictadores, los corruptos, los cobardes los enemigos de la Humanidad y de la Madre Naturaleza, temen y aborrecen la verdad y a sus defensoras y defensores como el diablo a la cruz, como los vampiros a la luz, como los genocidas mercaderes de la guerra y la muerte a la paz, como los maleantes a la justicia.

La demagógica exigencia de «lealtad hacia la institución», no es más que un sucio subterfugio de las argollas mafiosas hegemónicas que dirigen esas instituciones, para obligar a sus subalternas y subalternos a callar a fin de seguir realizando impunemente todo tipo de chorizos para su único y personal beneficio.

Un honesto jerarca al servicio del Pueblo debe más bien exigirle a las y los empleados denunciar incluso cualquier sospecha de malversación de los recursos públicos que allí se manejan. Deben premiar a las y los trabajadores que honestamente defienden y practican la transparencia y la excelencia laboral pues, repetimos, su deber fundamental es servir al Pueblo como soberano que es de toda auténtica Democracia.

Quienes defienden la verdad y la transparencia, la honestidad y la decencia, es decir la vida, son las y los imprescindibles, las y los indispensables, las y los ejemplares e inmortales. En cambio, quienes defienden la mentira y la opacidad, la deshonestidad y la matráfula, es decir, la muerte, son las y los efímeros, las y los breves que van raudos, como ejemplos de odiosos antivalores, al basurero de la vergüenza de la Historia.

Hoy el Pueblo que a fuerza de golpes por dicha ha despertado, se informa -estudia-, se une, se organiza, se empodera, se moviliza y rápido se va convirtiendo en Poder Popular (artículo 9 constitucional), pues es el real dueño de nuestro país, debe proteger, ensalzar e imitar a quienes defienden la verdad y la transparencia en todos los campos, en especial en nuestras instituciones públicas.

Dejémonos de pendejadas, de «nadaditos de perro», es el momento de definirnos, comprometernos y sobre todo actuar en pro de la verdad, la transparencia, la auténtica justicia, la real democracia, la Humanidad y la. Naturaleza.

De pie valientes y libres ya o, de rodillas, cobardes y esclavos siempre. Usted escoge.

Cuba: Defenderse es Necesario

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Lic. José A. Amesty R.
20-agosto-2021

Los EEUU no contentos con el bloqueo económico y la guerra mediática, entre muchos otros, utilizan ahora, contra Cuba, las tecnologías (las plataformas digitales), como armas de guerra no convencional, para continuar agrediendo a la mayor de las Antillas.

Por ejemplo, se han identificado y denunciado desde suelo norteamericano, transmisiones de estaciones de radio, promoviendo contenido desestabilizador, propiciando el desorden público y la violencia, noticias falsas, desinformación y tergiversando la verdad sobre Cuba heroica.

A su vez, monopolios informativos como Facebook, Youtube, Twitter y otros, han violado sus propias normas, permitiendo en sus plataformas, mensajes violentos y llenos de odio contra el país caribeño.

También, varias instituciones gubernamentales, recibieron recientemente ciberataques como, por ejemplo, el sitio de la Presidencia, al cual se le trató de negar el espacio digital, y lo mismo sucedió con medios de comunicación, como Granma y Cubadebate.

Al interior de Cuba, existen 60 sitios webs bloqueados para el país, vinculados con procesos de capacitación, formación profesional, comercio electrónico y hasta de comunicación interpersonal, a lo cual se le agrega la imposibilidad de importar tecnología, con más de un 10 por ciento de componente estadounidense.

En este mismo orden de ideas, los EEUU han auspiciado últimamente el acceso gratis de internet en el país, con la sola intención de manipular y controlar la desinformación, el incitar al odio y a la violencia, así como para buscar proveer a los cubanos de la oposición, un servicio paralelo de internet gratuito, violando la soberanía nacional y propiciando la subversión.

Para defenderse y blindarse, Cuba acaba de actualizar su marco jurídico en materia de telecomunicaciones, y entre los aspectos esenciales potencia el modelo de actuación ante incidentes de ciberseguridad, una cuestión que no es exclusiva hoy de la isla caribeña.

Recalcamos y puntualizamos que esta herramienta jurídica, es para el ciber acoso, las noticias falsas, bloqueos masivos de cuentas en redes sociales, pornografía, ciber terrorismo, ciber guerra y subversión social, entre otros.

El instrumento legal aprobado es el, Decreto-Ley No 35 de “las Telecomunicaciones, las Tecnologías de la Información y la Comunicación y del Uso del Espectro Radioeléctrico”. Esta resolución pretende garantizar, a través de la gestión de incidentes, la prevención, detección y respuesta oportuna ante posibles actividades enemigas, delictivas y nocivas que puedan ocurrir en el ciberespacio.

Los objetivos generales del presente Decreto-Ley son los siguientes: a) Coadyuvar a que la utilización de los servicios de telecomunicaciones sean un instrumento para la defensa de la Revolución; b) impulsar el uso de las telecomunicaciones y las tecnologías de la información y la comunicación asociadas a estas, en lo adelante telecomunicaciones/TIC, para contribuir al desarrollo político, económico y social del país; además de asegurar progresivamente la fiabilidad, la estabilidad y la seguridad de sus redes y servicios; c) fortalecer la soberanía en la utilización del espectro radioeléctrico en el territorio nacional; d) satisfacer las necesidades generales del Estado y el Gobierno y las relacionadas con la Seguridad y la Defensa Nacional, el Orden Interior y la Defensa Civil en materia de las telecomunicaciones/TIC y del uso del espectro radioeléctrico; e) promover el progreso armónico y ordenado de las redes y los servicios de telecomunicaciones/TIC en función del desarrollo de la informatización del país; f) garantizar el desarrollo y la convergencia tecnológica en el uso de las telecomunicaciones/TIC, así como priorizar la implementación de redes de banda ancha; g) proteger los intereses de los ciudadanos y asegurar el acceso a los servicios de telecomunicaciones/TIC y los derechos constitucionales; en particular el principio de igualdad, privacidad y secreto en las comunicaciones; h) promover y facilitar el uso de las telecomunicaciones/TIC y del espectro radioeléctrico para mejorar las condiciones de vida de la población; i) facilitar el trato adecuado a sus condiciones en el caso de las personas con necesidades especiales, de acuerdo con las características y disponibilidad de capacidad de cada tipo de servicio de telecomunicaciones/TIC; j) elevar la ciberseguridad para salvaguardar que el uso de los servicios de telecomunicaciones/TIC y del espectro radioeléctrico no atenten contra la Seguridad y la Defensa Nacional, el Orden Interior o en acciones dirigidas a ocasionar afectaciones o perjuicios a terceros; k) resguardar el cumplimiento de las condiciones y obligaciones de servicio público en la explotación de redes y la prestación de servicios de telecomunicaciones/TIC, así como de las obligaciones del servicio universal de estas; l) garantizar una utilización eficaz de los recursos limitados o escasos de telecomunicaciones/TIC; m) integrar la investigación, desarrollo e innovación en el sector para la evolución de las redes, los equipos, dispositivos, aparatos y servicios de telecomunicaciones/TIC y la gestión del espectro radioeléctrico; y n) preservar el desarrollo del capital humano asociado a la actividad.

Por supuesto, de inmediato EEUU, ha catalogado la Ley como un atentado contra los Derechos Humanos, pero es un modelo que opera en prácticamente todos los países: la lucha contra la desinformación y la ciberseguridad.

Y es que esas disposiciones no son nuevas en el mundo. Muchos países, organizaciones mundiales y regionales ya se habían referido al combate de la desinformación y la ciberguerra, como un aspecto fundamental en el trabajo de cualquier Estado.

Por ejemplo, la Unión Europea tiene su equivalente, desde 2018, denominada: el Plan de Acción contra la Desinformación.

Es más, en una resolución aprobada por la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU), el 31 de diciembre de 2020, en cuanto a los avances en la esfera de la información y las telecomunicaciones en el contexto de seguridad nacional, dicho ente señala que “los Estados tienen el deber y el derecho de combatir la difusión de noticias falsas”.

Igualmente, en el contexto de la pandemia de Covid-19, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), publicó un artículo en el cual llamaba a los gobiernos a adelantarse y liderar la lucha contra la información falsa, incendiaria y engañosa que amenaza con empeorar los graves efectos de la enfermedad.

En España, también existe un Procedimiento de Actuación contra la Desinformación, publicado desde octubre de 2019, y que identifica los organismos y autoridades que forman el sistema y marca el procedimiento de sus actuaciones para la prevención, detección, alerta temprana, análisis, respuesta y evaluación de la desinformación.

Francia posee una ley para, “proteger la vida democrática de las fake news”, con especial atención a los procesos electorales, y mediante la cual se puede multar con más de 40 mil euros y hasta cárcel a quienes la infrinjan.

En América Latina, también existen varios ejemplos como Nodio, un Observatorio argentino de la desinformación y la violencia simbólica, en medios de prensa y plataformas digitales.

Asimismo, el Parlamento de Nicaragua, aprobó desde octubre de 2020, una ley contra los ciber delitos para hacer frente a crímenes cibernéticos, como el hackeo, robo de identidad o espionaje informático, pero también a aquellas personas que difundan información falsa.

Uruguay y Alemania, también tienen una ley similar, para regular y combatir dichos delitos.

Y aunque parezca increíble, aunque no es extraño, la misma Ley-Decreto 35, mencionada, ha sido atacada, con los mismos protagonistas, el mismo operador y los mismos objetivos desestabilizadores, de la siniestra etiqueta #SOSCuba. La maquinaria de ciberguerra contra Cuba, ha vuelto a lanzar este 17 de agosto, una operación en redes digitales, tratando de utilizar manipuladoramente el nuevo Decreto Ley, para la protección de la soberanía nacional y los derechos ciudadanos en el ciberespacio que acaba de emitir nuestro país.

La misma cuenta guía (@agusantonetti), que los días 9 y 10 de julio, lideró aquella campaña, la del Sr. Agustín Antonetti, de la Fundación Libertad de Argentina, encabeza la nueva manipulación. Seguida por otras que también participaron en la misma, están recibiendo miles de retuits con una etiqueta contra ese Decreto Ley, que solo pueden ser fruto del uso de bots (aplicaciones automatizadas para generar miles de repeticiones), con el objetivo de aparentar una protesta masiva contra la legislación y colocarla artificialmente como tendencia en las redes.

Como señalara el investigador español Julián Macías Tovar, al analizar los procesos en las redes que antecedieron a los sucesos del 11 de julio, “Antonetti ha sido un activo participante en las campañas de bulos y bots en redes sociales, contra los procesos de izquierda en América Latina, entre ellos contra el del boliviano Evo Morales y el mexicano Andrés Manuel López Obrador”.

En síntesis, Yohanka Rodríguez, coordinadora del Centro de Seguridad del Ciberespacio de Cuba, señaló que en la actualidad hay un aumento de ciberataques en el mundo, de allí la necesidad de compartir experiencias, coordinar acciones y combatir ese tema.

En ese sentido, Cuba ha hecho grandes esfuerzos para aumentar la seguridad, y fortalecer el ciberespacio nacional e integrar las capacidades existentes, para detectar y contrarrestar los eventos cibernéticos nocivos.

Reiteró que como han expresado sus máximos dirigentes, el gobierno cubano se opone enérgicamente al uso del ciberespacio, como polígono de guerra y como plataforma para la subversión política, y fue enfática al afirmar que Cuba jamás ejercerá de manera unilateral acciones de este tipo contra otros Estados.

Rodríguez reclamó la integración de los esfuerzos internacionales, que permitan el logro de un ciberespacio seguro y un marco jurídico que garantice enfrentar las ciberamenazas.

Es necesario presentar iniciativas que permitan contrarrestar estos peligros, puntualizó la especialista, que ve en la capacitación de los recursos humanos y en la elevación de la cultura de ciberseguridad en todos los ciudadanos, elementos fundamentales sobre este aspecto.

“Falta mucho por hacer, como la adopción de posiciones comunes y convertir al ciberespacio en un lugar seguro y fiable y que Internet sea un instrumento para la paz y no para la guerra”, señaló Yoanka Rodríguez.

Así mismo, la ministra cubana de Comunicaciones Mayra Arevich Marín, enfatizó que “apostamos por una sociedad digital justa, no para alimentar odio y subversión, sostenible y que aporte al desarrollo del país”, así como: “defender nuestro ciberespacio y tener una internet ética para nuestra población”.

Finalmente, el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones, no constituye una opción para las fuerzas de izquierda, sino un imperativo de primer orden, porque la construcción de un discurso es parte de la guerra simbólica, de los contenidos que contribuyen a disminuir la brecha digital que sufren nuestros países.

Los esclavos negros de Sevilla

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Gabe Abrahams

“Hay infinita multitud de negras y negros de todas las partes de Etiopía y Guinea, de los cuales nos servimos en Sevilla y son traídos por la vía de Portugal”, explicaba el cronista Luiz de Peraza, en el primer tercio del siglo XVI.

En Sevilla, fueron tan numerosos los esclavos negros que un contemporáneo de Luiz de Peraza también escribió que los habitantes de la ciudad “se parecían a los trebejos del ajedrez: había tantos prietos -negros- como blancos”.

Los cronistas de la época dejaron testimonio de que, por Sevilla, uno se encontraba a cada paso con esclavos negros, mulatos, blancos de color loro que recorrían calles, plazas, mercados, fuentes, puertas y las Gradas de la Catedral, entre otros lugares.

Y es que Sevilla, junto a Lisboa, fue la ciudad de Europa con más esclavos negros durante el siglo XVI, porque tuvo el mayor mercado de esclavos de Europa. Las Gradas de la Catedral y la Plaza de San Francisco fueron los principales lugares en los que se desarrolló la actividad esclavista en la capital sevillana.

El negocio de los esclavos negros provocó que estos fueran muy numerosos en Sevilla, alcanzando una cifra altísima. Según un censo realizado por funcionarios eclesiásticos en 1565, había en aquel momento cerca de 7.000 negros esclavos en su censo, sin incluir a los negros que practicaban el Islam, a negros o mulatos libres, etc. Una población que, contando a todos esos grupos, se acercaba al veinte por ciento del total.

En el siglo XV, las rutas esclavistas que nutrían el mercado de Sevilla procedían de Portugal vía el Algarbe, mientras que en el siglo XVI las rutas fueron las africanas, portuguesas y americanas.

El trabajo del esclavo negro sevillano era de diferente signo. La mayoría se dedicaban al servicio doméstico y a tareas propias de los criados. Había porteros, amas de cría, fundidores, curtidores, olleros, albañiles…

No fue el esclavo un “lujo” reservado a la nobleza. Cualquier artesano sevillano, por ejemplo, era dueño de uno o más esclavos negros a los que explotaba en su negocio o por medio del trabajo en su casa.

La Iglesia católica no pidió, en un principio, erradicar la esclavitud, justificando su postura en que esta era aceptada por la Biblia, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Pablo pidió a los esclavos: “Obedeced en todo a vuestros amos terrenales”. Y exigió a los amos: “Amos, haced lo que es justo y recto con vuestros esclavos” (Epístola a los Colosenses 3, 22 ss.). Con el pasar del tiempo, la Iglesia católica suavizó su postura y se esforzó en ayudar a los esclavos.

En 1393, el arzobispo sevillano Gonzalo de Mena fundó la Hermandad de los Negritos para auxiliar a los esclavos negros de Sevilla e hizo construir un hospital y una capilla para ellos, junto a la actual calle del Conde Negro. Este clérigo, además, defendió en muchos casos los intereses de los esclavos negros sevillanos contra sus amos.

En los siglos XVI y XVII, la Iglesia católica intentó integrar a los esclavos negros de Sevilla en el resto de la sociedad sevillana, por medio de su participación en las celebraciones religiosas. En la celebración del Corpus, algunas mujeres de color tocaban y bailaban, pagadas por el propio Cabildo de la ciudad. Están documentados al menos 21 grupos de danzas de esta naturaleza en la capital sevillana desde mediados del siglo XVI hasta mediados del XVII, con los significativos nombres de Los Negros, Los Negros de Guinea, La cachumba de los negros, Los Reyes Negros, etc.

También se formaron cofradías integradas por negros y mulatos que desfilaron por las calles de Sevilla durante la Semana Santa. Basta enumerar a la Hermandad de los Negros de Triana, la Hermandad de los Mulatos de San Ildefonso y la Hermandad de Nuestra Señora de los Ángeles Coronada, vulgo “Negritos”.

Algunas de las hermandades de negros y mulatos perduraron a través de los siglos. Aún hoy existe en Sevilla una de las hermandades citadas, la famosa Hermandad de los Negritos, que fundó en 1393 Gonzalo de Mena. Hasta mediados del siglo XIX, solo participaron en ella negros y mulatos.

Con el pasar de los siglos, la esclavitud que tantas injusticias y sufrimientos causó a millones de seres humanos en todo el mundo fue abolida y los esclavos negros de Sevilla y sus descendientes, por medio de matrimonios mixtos, se integraron en la sociedad sevillana y en ella se difuminaron.

Los esclavos negros de Sevilla forman parte de la historia de la esclavitud. Representan un pasado incómodo para la ciudad, sobre el que se pasa de puntillas, sobre el que no se quiere profundizar. Hasta la fecha, no ha habido ningún gobierno de la ciudad, de Andalucía o del Estado español que haya querido reconocer este capítulo oscuro de la historia de la capital andaluza.

La historia de los esclavos negros de Sevilla contiene lecciones para el presente. La más importante de todas ellas es la necesidad de respetar la igualdad. Nadie debería ser discriminado por pertenecer a una raza o etnia determinada, y mucho menos ser esclavizado o explotado por ello.

Todos, absolutamente todos, tenemos una deuda pendiente con los esclavos negros de todo el mundo, también con los injustamente olvidados esclavos negros sevillanos.

La extinción de una democracia inacabada

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Juan Huaylupo

La democracia que se reconoce oficialmente es el resultado de un proceso electoral, a través de la emisión del voto individual de las personas con derecho. El acto de votar o el tomar en cuenta la voluntad de cada persona, fue una conquista de las colectividades y pueblos del mundo, en distintas épocas de la historia, ante las tiranías que se arrogaban la capacidad para imponer sus intereses a las personas y pueblos bajo su dominio.

Indudablemente las elecciones fue un logro de cada sociedad y tiempo particular, fue una ruptura significativa, no obstante, sabemos que no existen verdades eternas, lo bueno del pasado, no lo son necesariamente para el presente, por el cambio de las condiciones que rodean e implican los conocimientos que se validaron en otros tiempos.

Así, en la actualidad hay una necesidad urgente de reflexionar sobre las elecciones y la democracia, que nacían contra las tiranías, pero se han convertido, en casos, en legitimadoras de dictaduras autocráticas, lo que relativiza la significación política de las elecciones, que descalifican y caricaturizan la significación de la democracia. Es antagónico a la democracia hacen de los procesos electorales, actos para designar a quien supuestamente decidirá por todos, mientras se les niega la facultad de decidir y participar directamente por un destino común.

El voto individual ciudadano plasmado en las elecciones, no representa el interés común de una sociedad heterogénea y desigual como la costarricense, menos aún, cuando solo se funda en el conocimiento, criterio o creencia individual, la cual puede estar influida por la publicidad parcializada de los medios mercantilizados y las ideologías, así como por tradiciones, incluso por influencias corruptas o fraudes. No obstante, la democracia no es un asunto individualizado ni está relacionado con la sumatoria de votos de la heterogénea preferencia de las personas, por el contrario, la democracia no es una magnitud, es la voluntad, decisión y acción colectiva de la sociedad civil sobre el devenir de asuntos que son públicos o común a todos.

Las elecciones solo son actos administrativos y técnicos, que no son neutrales, que condicionan el proceso electoral, aun cuando la democracia trasciende dicho proceso. En nuestra realidad las elecciones no son actos democráticos, se les valida por intereses generalmente relacionados con una gestión oficial comprometida, con disposiciones administrativas y legales, sin participación ciudadana. Los resultados electorales inesperados ante los compromisos sociales y políticos con las poblaciones pobres, han resultado verdaderas conmociones políticas y mediáticas de los poderes prevalecientes en algunas sociedades latinoamericanas, como ocurrió en Bolivia y recientemente en el Perú, porque son cuestionamientos al orden elitista y racista de los dueños de negocios y gobernantes que se imaginan pertenecer a una casta política o monarquía.

En Costa Rica elegimos a un Presidente de la República de un partido, que designó ministros y autoridades liberales de otros partidos políticos; un elegido que incumple las promesas de campaña; que traiciona los principios, derechos y reivindicaciones de los trabajadores; que gobierna para los empresarios, que miente con aparentes prácticas participativas que cínica e inmoralmente irrespeta; que expresa la ignorancia de su función e ignora lo que es democracia.

El gobierno de todos para todos, solo representa a pocos empresarios para despreciar a muchos trabajadores y pobres. Hoy, los mismos de siempre, conservan privilegios, que sobreexplotan y despiden trabajadores con el amparo estatal y ahora incluso son quienes deciden las medidas genocidas de sanidad pública y de las teatrales y risibles restricciones preventivas con la absurda e inexplicable anuencia de las autoridades sanitarias.

El Presidente electo liquidó las políticas públicas, lo que no lograron los liberales con los programas de ajustes estructurales ni el tratado de libre comercio, una traición a las conquistas logradas en nuestro pasado que inauguró en Estado Social, para instaurar ahora un Estado privativo de empresarios y financistas. El uso político de la pandemia es evidente, porque con el miedo a la enfermedad y muerte, se ha eliminado las protestas ciudadanas ante las diversas transgresiones contra la población vulnerable, además de haberla usado como medio para desmantelar la institucionalidad pública y hacer de la atención sanitaria pública un negocio privado para los mercaderes de la salud.

El Fondo Monetario Internacional, una vez más, el ente representante internacional del liberalismo, acompaña al gobierno financiando y chantajeando por la privatización de la función pública y la destrucción de los resquicios del Estado Social.

Este gobierno ha empobrecido a los pobres y sectores medios del país, con medidas económicas directas de hambre y muerte contra la población trabajadora. Las elecciones eligieron a una persona que engañó, corrompió y traicionó a la ciudadanía, con una institucionalidad estatal cómplice en razón de intereses privativos propios y ajenos, inmunes e impunes, pero nunca públicos ni democráticos.