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Hablaron los Arias, ajústense los cinturones que arrancamos

Óscar Madrigal

Ayer al mediodía los hermanos Arias Sánchez anunciaron su apoyo a Carlos Ricardo Benavides, quien ha sido su incondicional sirviente. (Algunos, no sé si exagerando, dicen que hasta para ir a orinar les pide permiso). Buena parte del gran capital ya se alineó y seguramente los grandes medios de comunicación. Antonio Álvarez se quedó pasmado; los Arias fueron sus principales propulsores en la pasada campaña por lo que ese hecho lo terminó de liquidar. Para conservar alguna vigencia, renegando de todo lo dicho y con la respiración sostenida no ha tenido más remedio que unirse a Figueres, sobre todo para sacarse el clavo. El otro arista incondicional, el exalcalde alajuelense Thompson también quedó alelado, aunque dispondrá de la estructura electoral-clientelar de los alcaldes. Y para redondear el motete, Rodrigo menciona que conversa regularmente con Figueres, dejando la sensación de coincidencia y complicidad. El pleito promete.

Dos cosas a tomar en consideración que dijo Rodrigo Arias: la primera es que Liberación Nacional NO gana en primera vuelta, ni ninguno. Hay que afinar estrategias.

La segunda es que él dirigió a la actual fracción liberacionista que ha aprobado los proyectos de la contrarreforma neoliberal. En consecuencia, fue parte del gran juego junto con el Gobierno de Alvarado y el PAC para aprobar la legislación contra los trabajadores y trabajadoras. Para recordar: los Arias, Alvarado y Garnier, son los grandes artífices del ataque contra las conquistas democráticas y sociales.

Los ramashekos se convirtieron en el tercer elemento político partidario del entramado antipopular, que como era de esperar, son tan neoliberales como los otros, solo que más baratos e incultos. El PUSC es cada vez más corrupto y una caricatura de partido.

Se me olvidaba otro aspecto importante que apuntaba Rodrigo Arias: que una tercera derrota consecutiva del PLN los enterraría.

¿Podemos echar alguna ayudita al réquiem?

Las falacias de una supuesta leyenda urbana

José Manuel Arroyo Gutiérrez. Ex magistrado y profesor catedrático UCR

Pese a las semanas transcurridas, y dada la autoridad que le reconozco al Dr. Rubén Hernández Valle en el foro nacional, me referiré a su reflexión sobre la autonomía universitaria como “leyenda urbana” (La Nación, 22 de febrero 2021), pues estimo pertinente hacer un ejercicio de crítica razonada de las múltiples falacias -explícitas e implícitas- que su texto contiene.

  1. De entrada, el título del artículo referido, es en sí mimo cuestionable. Se afirma que la autonomía es una especie de falsedad instalada en el pensamiento colectivo, con unos alcances que no tiene y con aviesas intenciones que sólo buscan defender privilegios. He aquí una manera habilidosa, pero falaz, de procurar descalificar determinada posición sobre el tema de la autonomía, simplemente sosteniendo que el alcance de este instituto jurídico es el que don Rubén dice, y punto. Esto le permite eludir el tema de fondo acerca de las justificaciones de su afirmación y profundizar en el contenido de la autonomía administrativa, política y organizativa que la Constitución vigente proclama y, de paso, aprovechar para soltar una falacia ad hominen (“cualquiera que no esté de acuerdo con mi interpretación está motivado en intereses egoístas y privilegios inaceptables”)
  2. Es llamativo ya en el cuerpo de su artículo, que el autor empiece por hacernos aclaraciones y justificaciones que no vienen directamente al caso. Sin embargo, una atenta lectura nos permite seguir descubriendo falacias de diferente tipo y calado. ¿Quién puede afirmar que, por haber estudiado y recibido una excelente educación en la Universidad de Costa Rica, está libre de prejuicios ideológicos, o lo autoriza a opinar con mayor propiedad?
  3. Es más, la aclaración que se nos brinda en el sentido de que ejerció como profesor y se jubiló “sin pensión de lujo”, reproduce el prejuicio –falacia de no atinencia-, de que cualquiera que tenga un determinado monto de pensión también está descalificado para opinar sobre el tema de las autonomías. Espero dejar claro que, de lo primero, no puede deducirse razonablemente lo segundo. Desconocemos, por otra parte, si el monto de la pensión del Profesor Hernández está por debajo de los parámetros arbitrarios que algunos medios de comunicación han ido fijando, y que consideran “de lujo” incluso dos millones de colones. Tampoco sabemos si esa pensión corresponde a una jornada de tiempo completo, o sólo a una fracción, lo que explicaría su modesto monto. Es público y notorio que don Rubén se ha dedicado, aparte de las actividades académicas, al litigio y la asesoría jurídica de alto nivel, y no con exclusividad a la docencia, la investigación y la acción social.
  4. La cuestión central está, no obstante, en el tema de la interpretación jurídica como técnica de razonamiento compleja. La Constitución Política es un organismo vivo y dinámico, ciertamente un producto histórico-cultural, pero a la vez, evolutivo y adaptable en sus justos alcances al devenir de los tiempos. Su correcta interpretación es un arte difícil de alcanzar. NUNCA puede pretenderse una interpretación única e inequívoca en el campo del derecho. En la argumentación jurídica y su aplicación no hay premisas absolutas (verdaderas o falsas), no se impone una lógica simplemente formal; prevalece, por el contrario, la lógica de lo razonable, donde debemos atenernos a las mejores razones expuestas y no a la mera letra de las normas y mucho menos conformarnos con criterios de autoridad (falacia ad baculum).
  5. Incluso, para una sola norma caben diversas interpretaciones. Esto se confirma cotidianamente en todos los tribunales de la República y particularmente en la Sala Constitucional, plagados de votos salvados y anotaciones aclaratorias de los integrantes que se apartan del criterio de mayoría en determinado asunto. Pretender que “yo, el especialista”, puedo mandar a un curso introductorio de derecho constitucional al cuerpo de rectores del país, o a cualquiera que se atreva a tener una interpretación distinta “a la mía”, es no sólo un acto de soberbia intelectual, un gesto profundamente autoritario, sino también constituye una falacia rotunda que ignora la naturaleza dinámica y relativa de toda constructo jurídico, y de la interpretación constitucional en particular, dado el carácter general y abstracto de sus enunciados normativos, constantemente confrontados con los casos concretos que la realidad obliga a resolver. Por supuesto que la interpretación constitucional puede bien servir para ampliar y consolidar derechos, o bien para restringirlos y debilitarlos, según sea la ideología y visión de mundo que tenga el intérprete. De ahí la importancia de que los tribunales constitucionales estén integrados por la gente más preparada, que tenga diferentes formaciones y puntos de vista, ideológicamente diversos y ojalá portadores de una vasta cultura general, única vía de contar con representatividad legítima y democrática en las decisiones que afectan a toda la sociedad. Este es sólo un ideal, más o menos realizado.
  6. La Constitución no sólo nos rige, sino que nos pertenece, a todas y todos, al menos como otro ideal democrático. No es propiedad de nadie en particular, aunque algunos ejemplos de nuestra jurisprudencia constitucional, como el de la reelección presidencial, les haya hecho creer a algunos que, construyendo las mayorías indicadas, se pueden lograr las interpretaciones “convenientes”, aunque de paso se sacrifiquen principios fundamentales. Pero dejemos al juicio de la historia el caso de esta “intervención-interpretación” con consecuencias negativas, en mi opinión, no sólo para Costa Rica, sino para toda América Latina donde cualquier mandatario que ha querido perpetuarse en el poder, al margen de su tendencia ideológica, ha echado mano al precedente costarricense.
  7. Se equivoca el Dr. Hernández cuando interpreta literalmente el mandato contenido en el artículo 191 C.P. Si bien es cierta la decisión del constituyente del 49 al crear una Dirección de Servicio Civil para regir las relaciones entre los empleados públicos y el Estado, el propósito esencial era evitar que el Poder Ejecutivo, directamente, pudiera festinar y manipular, como había venido ocurriendo por décadas, la elección y estabilidad de los empleados públicos. La evolución histórica de esta cuestión hizo que en lugar de un único estatuto se implementaran varios, legalmente previstos y confirmados por jurisprudencia de la Sala Constitucional, cosa que no contradice la intención del constituyente, sino que la ha venido desarrollando y fortaleciendo. Por tanto, volver a una entidad única, controlada de manera exclusiva por el ejecutivo en ejercicio, es una regresión inadmisible a esta altura del desarrollo de la institucionalidad nacional. Esto no tiene nada que ver con la necesidad de realizar los correctivos en abusos y asimetrías que ha habido en regímenes salariales o de jubilaciones. Ese movimiento de enmendar errores ha venido ocurriendo ya, y hay expresa manifestación, por ejemplo, de las autoridades universitarias y judiciales, para avanzar en esa dirección.
  8. Por último, la mención que el Dr. Hernández hace al Convenio sobre el Derecho de Sindicalización y de Negociación Colectiva de la O.I.T. (No. 98, artículo 6), afirmando que “prohíbe” las convenciones colectivas para el sector público, sobrepasa todo problema de argumentación para incursionar en lo que simplemente no es cierto. Pongo en manos del lector la literalidad de esa norma: “Artículo 6. El Presente convenio no trata de la situación de los funcionarios públicos en la administración del Estado y no deberá interpretarse, en modo alguno, en menoscabo de sus derechos o de su estatuto. Ya el numeral 5 anterior había mandado respetar los estatutos militar y de policía pre-existentes al momento de entrar en vigencia este Convenio y, con el artículo 6, es claro que no hay prohibición alguna, Todo lo contrario, señala que la relación entre empleo público y el Estado no es materia que se desarrolle en este tratado, pero quedan eso sí a salvo, los derechos y los estatutos previamente reconocidos para los empleados públicos frente al Estado. Es el caso constitucionalmente reconocido en Costa Rica. Es además de sentido común entender que la Organización Internacional del Trabajo no existe para restringir, sino para ampliar, consolidar y respetar todo tipo de derechos adquiridos entre trabajadores y patronos, independientemente de quién sea el empleador.

El gato al que hay que poner el cascabel es otro, y para lograr esto no es necesario pasar por encima de la complejidad, diversidad y especialidad de las instituciones autónomas del país.

Publicado en el Semanario Universidad, compartido con SURCOS por el autor.

Sin democracia económica no hay democracia política

Santiago de Chile Roberto Pizarro

El régimen de abusos y desigualdades tiene su origen en la Constitución, la que reduce el rol del Estado a un mero agente subsidiario de la iniciativa económica. Subsidiario para los más débiles, pero activo en favor de los ricos.

El discurso del crecimiento como paradigma del progreso de Chile perdió toda credibilidad. La rebelión del 18-0 y el apruebo de una nueva Constitución lo enviaron al tacho de la basura, poniendo al desnudo los abusos, desigualdades y engaños de ese crecimiento.

El pueblo se dio cuenta que la Constitución y todas las instituciones derivadas (Código Laboral, AFP, ISAPRES, educación mercantilizada y agua privatizada), permitieron que una minoría se apropiara de los frutos del crecimiento.

La Constitución chilena ha constitucionalizado una economía de mercado neoliberal al servicio de unos pocos. Así las cosas, el 1% más rico se apropia del 30% de la riqueza, mientras el 50% más pobre sólo se lleva el 2%.

La base de ese enriquecimiento ha sido, por una parte, la producción y exportación de recursos naturales, con concesiones generosas del Estado; y, por otra parte, la expoliación inmisericorde que sufre la ciudanía en manos del gran empresariado, que monopoliza los servicios, el comercio y las finanzas y que gracias a la colusión roba a consumidores, clientes y estudiantes.

La acumulación de riqueza de los grupos económicos les ha otorgado un inmenso poder fáctico en el país gracias a la propiedad de los principales medios de comunicación, al control ideológico de las universidades y sobre todo a su determinante influencia en la vida política. Ello ha afectado el despliegue de una democracia política plena en el país.

Por cierto, lo más grave ha sido la utilización de ese poder para comprar políticos y economistas para favorecer sus negocios. Así las cosas, el Estado y la clase política no cumplen con su tarea: no controlan al gran empresariado, no lo regulan, no le cobran royalties por la explotación rentista de nuestros recursos naturales, le facilitan la colusión y la elusión impositiva y, además, le han abierto el camino para que operen, sin control, en paraísos fiscales.

Es preciso reconocer entonces que el gran capital es el que manda en Chile. Aquí radica el problema central del país: en la inexistencia de democracia económica lo que debilitado la democracia política.

El régimen de abusos y desigualdades tiene su origen en la Constitución, la que reduce el rol del Estado a un mero agente subsidiario de la iniciativa económica. Subsidiario para los más débiles, pero activo en favor de los ricos.

Fundado en la subsidiaridad, el Estado entregó sin costo al gran capital la concesión de nuestra tierra, ríos y mares; y, también, permitió un sistema comercial y financiero oligopólico que extrae inmensos excedentes gracias a la colusión y a la desregulación; y, finalmente, inventó una política social (que la llaman focalización), que entregó al gran capital la educación, salud y previsión para la ganancia empresarial directa.

Por su parte, la política macroeconómica (de equilibrio y estabilidad) ha sido generosa con los impuestos al gran capital y de alto costo para el funcionamiento de las pymes. Desde luego el Banco Estado dejo de ser un organismo promotor de las pymes y no se inhibe en financiar a la gran empresa, mientras las instituciones regulatorias como el SERNAC, la FNE e incluso Impuestos Internos han sido complacientes con las grandes empresas.

Por las razones expuestas Chile necesita democratizar la economía. Y, todo comienza con una nueva Constitución, porque un nuevo texto constitucional debe frenar el poder del 1% y de sus grupos económicos.

Es preciso colocar en su sitio al gran capital, subordinándolo a los intereses de la mayoría nacional. Se le debe empujar hacia la industrialización, asegurar un régimen regulatorio que impida la colusión, que cierre las puertas a los paraísos fiscales e independice a los medios de comunicación del poder económico. Y, por cierto, no puede continuar el empresariado haciendo negocios con la educación, salud y previsión. No es tarea fácil, pero ahora es el momento.

Para alcanzar esos objetivos se precisa:

. Un Estado vigoroso, protagonista de la economía y promotor del desarrollo. Subsidiario para las grandes empresas y activo para el resto de la sociedad.
. Un nuevo modelo productivo, fundado en la industria de transformación y no en la exportación de materias primas.
. Una macroeconomía para el desarrollo, con una política fiscal, monetaria y tributaria favorable a la industria, a las Pymes y defensora de la mayoría nacional.
. Garantizar la sindicalización y negociación colectiva.
. Una política social fundada en derechos universales
. La separación de los negocios de los medios comunicación.
. Sanciones implacables contra la colusión y la corrupción.
. El cuidado de la naturaleza, el medio ambiente, de los territorios y las comunidades que los habitan.
. El derecho de los pueblos originarios a construir su destino económico y político
. Los mismos derechos políticos, económicos y sociales de hombres y mujeres.
. Condiciones y límites de la propiedad privada, en el entendido que su función social es ineludible.
. Convertir la educación, la ciencia, tecnología e innovación en instrumentos fundamentales para hacer realidad un nuevo proyecto de desarrollo, con equilibrios económicos, sociales y medioambientales.

Una propuesta de democracia económica exige una mayoría nacional, desafiante y activa, que reúna a hombres y mujeres, trabajadores, pueblos originarios, estudiantes, pequeños y medianos empresarios, organizaciones ciudadanas. Y, requiere también una patriótica articulación de todas aquellas organizaciones políticas (hoy dispersas), comprometidas con una nueva Constitución y con el cambio del modelo económico de injusticias constituyente.

 

Imagen de: lavozdelosquesobran.cl

Fuente: https://www.pressenza.com/

Compartido con SURCOS por José Rafael Quesada.

Homenaje a Carlos Lanz: Enfoque de Género

Lic. José A. Amesty R.

En Homenaje y Reconocimiento al camarada y profesor Carlos Lanz Rodríguez, artífice de la Formación Sociopolítica, conjuntamente con un equipo interdisciplinario, quienes nos dimos a la tarea de Facilitar los Talleres de Formación Sociopolítica, por todo el territorio venezolano, compuesta por varios Ejes Temáticos, y continuamos este recorrido por ellos con el de Enfoque de Género.

Presentación

Es necesario aclarar que el enfoque de género referido en el presente cuaderno, está enmarcado específicamente en el plan de formación sociopolítica, haciendo importante el desarrollo del tema desde su trasfondo ideológico. Su propósito fundamental es develar desde un enfoque crítico emancipador, las relaciones de poder y dominación entre los seres humanos que integran la sociedad capitalista que queremos superar en la Venezuela bolivariana.

Si hacemos un recorrido por la cotidianidad, podemos comprobar que desde la primera etapa de vida, a todos los seres humanos se nos imponen roles condicionados única y exclusivamente por la naturaleza biológica y anatómica, entonces se nos habla de una cierta manera, se nos trata distinto y se depositan sobre nosotros y nosotras expectativas y deseos diferentes, siendo la base a partir de la cual se construyen las características de nuestras relaciones sociales. Así, en el transcurso de nuestras vidas se van creando una serie de convencionalismos que son parte de la sociedad en la que estamos inmersos e inmersas.

De esta manera, los viejos modelos sociales definen el accionar y las funciones de hombres y mujeres, estableciendo las relaciones existentes entre nosotros y nosotras, así como los espacios propios de cada rol según su identidad sexual. Históricamente se relaciona lo femenino con lo “delicado, frágil, sensible, pasivo, sumiso”, ubicando a la mujer en el espacio doméstico con tareas bien definidas como por ejemplo la crianza de los hijos e hijas. Tradicionalmente se asocia lo masculino con lo “fuerte, lo activo, lo dinámico o lo agresivo”, adjudicándole el espacio público o laboral, con tareas bien definidas como la manutención del hogar y el rol de autoridad, cuyos aspectos le permitieron al hombre en las distintas civilizaciones, ostentar el poder dentro del contexto social y asociar el poder con masculinidad. Por tal motivo, desde el mismo momento que la sociedad define dichos roles y marca trascendentalmente las características de las relaciones sociales, define también una relación de dominación que prevalece durante el transcurso de la historia entre hombres, mujeres, niños, niñas, ancianos, ancianas y adolescentes.

Esta relación de dominación considerada como “normal”, se encuentra inmersa en nuestro comportamiento y generalmente no percibimos en ella la existencia de injusticia social, de este modo, todos los seres humanos que nos vamos formando en esta sociedad, continuamos reproduciendo estas contradicciones y perpetuando dicha relación social de dominación. En el nuevo modelo de sociedad que estamos impulsando, tratamos de complementar las distintas capacidades de todos y todas, con el objetivo estratégico de lograr la acumulación de fuerza social consciente y unirnos con el propósito de cambiar el modelo hegemónico (dominante) capitalista existente y la cultura que lo ha mantenido. Desde el presente programa de formación sociopolítica queremos destacar que es necesario estudiar desde el enfoque de género y la teoria crítica emancipadora, las relaciones entre hombres y mujeres para afectar las relaciones de dominación capitalista e impulsar la construcción de una nueva sociedad en el marco del socialismo del siglo xxi.

Contenidos

Para facilitar la mayor comprensión del eje temático enfoque de género lo hemos estructurado de la siguiente manera: partimos de clarificar la diferenciación entre género y sexo, pues ambos términos generan confusión, con estos términos básicos claros, explicaremos brevemente de donde se originó el enfoque de género para luego develar las relaciones de dominación y de poder que se encuentran inmersas en nuestro quehacer desde la dinámica social de las luchas de clases. Posteriormente indagamos nuestra realidad, para presentar una propuesta de cambio desde un enfoque crítico emancipador, donde hombres y mujeres luchen juntos y juntas en pro de la superación de las condiciones de explotación y opresión que todavía existen. Esta propuesta se encuentra enmarcada dentro de las bases jurídicas que nos da la constitución de la república bolivariana de Venezuela para aportar a La Construcción del socialismo del Siglo xxi.

Género y Sexo

Esta definición toma forma en un conjunto de prácticas, ideas, discursos y representaciones sociales, que dan atribuciones a la conducta de las personas en función de su sexo y que a partir de los saberes, prácticas, valores y costumbres son trasmitidos durante el proceso de socialización. Así, desde esta visión de género, el modelo capitalista fabrica las ideas de lo que deben ser los hombres y las mujeres, según lo que es “propio” de cada sexo. El género es diferente al sexo: cuando se habla del primero la diferenciación de mujer y hombre, niño o niña, anciana o anciano, se establece en base a su comportamiento y desenvolvimiento dentro de un contexto y por un proceso cultural; en cambio cuando nos referimos al sexo hacemos la diferencia en base a la conformación biológica que distingue anatómicamente a un macho de una hembra, por un proceso genético. Según andrea d’atri (1997), el género es una categoría histórica y relacional. No se trata de un atributo filosófico sino instrumental. Es decir, el género comprende al conjunto de las conductas que se construyen socialmente sobre la diferencia sexual y que hacen que mujeres y hombres se comporten femenina o masculinamente.

Las funciones y características que se asocian generalmente al sexo identifican el género femenino y/o masculino. Esta diferenciación encierra asimismo la trampa de una jerarquización, es decir una valoración positiva y/o negativa asociada a tales propiedades o conductas. En este sentido, “… el género no es una categoría descriptiva sino una normativa que determina la posición social de las mujeres y de los hombres”. coincidimos con J. Scott, cuando plantea que el género es un elemento constitutivo de las relaciones sociales, basado en las diferencias que se perciben entre los sexos y es una manera primaria de significar las relaciones de poder que se aprehenden en la vida familiar y que se experimentan asimismo, por ejemplo en diferentes instituciones.

Origen del Enfoque de Género

En el transcurso de la historia de la humanidad las mujeres han luchado por lograr la igualdad de oportunidades, la no discriminación y la justicia social y de género, participando junto a los hombres en insurrecciones, revueltas y alzamientos de las que se conocen sólo algunas de ellas, ya que la gran mayoría de estas luchadoras fueron condenadas al olvido, como consecuencia de las relaciones de género de la época, en las que la esfera política y la labor intelectual de contar la historia también era dominada exclusivamente por los hombres. Es necesario dejar claro que esta lucha por la justicia de género no es de ahora, sino que ha tenido una trayectoria histórica que surgió a partir de mujeres que emprendieron desde sus propias realidades, caminos para impulsar el nacimiento de las primeras organizaciones de mujeres y estos fueron los que generaron el movimiento feminista, que luchaba por los derechos y el lugar de la mujer en la sociedad y que tuvo tanto auge en el pasado. Sin embargo, el movimiento feminista luchó desde un planteamiento de superioridad de la mujer a partir de la exaltación de sus potencialidades, después de revisar esta corriente, surgió lo que hoy llamamos enfoque de género, que a diferencia de los planteamientos feministas postula: la equidad, la complementariedad y la lucha en conjunto de hombres y mujeres por la superación de la exclusión social. El enfoque de género, se basa en la teoría de género y se inscribe en tres modelos o paradigmas: el paradigma teórico histórico-crítico, el paradigma cultural del feminismo y el paradigma del desarrollo humano. El enfoque de género tiene sus raíces en el materialismo histórico, la antropología, la teoría crítica y el psicoanálisis. Su desarrollo continúa hoy en los mismos terrenos, enlazándose con el estudio de la sociología, visto no con un interés técnico o interpretativo para solamente comprender la realidad, sino más bien con un interés crítico emancipador que busca transformar las relaciones sociales de producción capitalista.

Género y Lucha de Clases

En la lucha por lograr la justicia social y la igualdad de oportunidades que siguen desempeñando las mujeres en la actualidad, es necesario develar las causas fundamentales que nos oprimen a todos y todas como sujetos políticos, porque la base actual de esta desproporción y diferenciación cultural entre hombres y mujeres está en el modelo capitalista, por ello la lucha va dirigida contra el sistema capitalista y contra sus valores de dominación y opresión, estos valores hegemónicos desde el enfoque de género, incluyen:

  • El manejo del poder en pocas manos, la verticalidad y la exclusión de las clases desposeídas a detentar el poder y la doble exclusión de la mujer por la discriminación sexual a la que ha sido sometida históricamente. La mayor cantidad de ganancia económica a partir de la explotación de la mujer.
  • La comercialización de su imagen como mercancía y como elemento propagandístico, sobre el cual el capitalismo ha logrado grandes riquezas.
  • La banalización de la violencia hacia la mujer como un trato normal y cotidiano a través de los medios de comunicación masivos.
  • La desarticulación de la sociedad, expresada en el individualismo, en pequeños grupos parcelados y la competencia entre sexos que busca enfrentar a hombres y a mujeres para dividir sus intereses de clase “divide y vencerás” y debilitar así, las posibles luchas populares en pro de una nueva sociedad.

Estos valores propios del capitalismo de los que está impregnada esta sociedad de dominación, son los que debemos confrontar y construir otros en el marco de una sociedad más equilibrada y con justicia social, a favor de concretar la premisa:

“una civilización que entre a competir con el capitalismo a partir de los valores de este, está condenada al fracaso… solamente a partir de valores distintos y metas distintas sería posible salir de la presencia todopoderosa del universo desvalorizado del capitalismo globalizador… a la globalización del chantaje militar y financiero deberá enfrentarse la internacionalización alterna de las luchas y los proyectos de los oprimidos, los endeudados, los atrasados”. Pedro Duno

Desde nuestra concepción de luchadores y luchadoras sociales, abordaremos el Enfoque de Género en el marco de la lucha de clases como eje dinamizador de la historia, en este devenir se establecen relaciones de dominación, explotación, opresión donde las mujeres forman parte de las diferentes clases sociales en pugna. En este sentido, las mujeres no constituirían una clase diferenciable. Según Andrea D’Atri (1997), la explotación puede definirse como: “aquella relación entre clases sociales que hace referencia a la apropiación del producto del trabajo excedente de las masas trabajadoras por parte de la clase poseedora de los medios de producción. Se trataría, en este caso, de una categoría que hunde sus raíces en los aspectos estructurales económicos”. De allí que el imperio no distingue sexo ni edad para lograr sus fines, que no es otro, que la acumulación de riquezas a expensas de los sacrificios de mujeres y hombres que pueblan los países sometidos de nuestro planeta.

Este enfoque persigue la lucha por la equidad y la justicia, solo que ninguna lucha debe abordarse desde lo individual o lo grupal, las luchas históricas que han derrotado al poder hegemónico y la opresión han sido las luchas de la unidad de los pueblos, donde se unifican todos los sectores oprimidos, hombres, mujeres, niños, niñas, ancianos, ancianas, sin distinción étnica, religiosa y sexual, por lo que consideramos que cualquier intención aislada o parcelada no tendría la fuerza suficiente para derrotar al poderoso imperio explotador.

Nuestra Realidad

Debido a las prácticas de discriminación social, a las que han estado sometidas las mujeres frente a las condiciones de explotación que nos impone el capitalismo, la situación de estas se ha complejizado, como lo evidencian los índices de feminización de la pobreza, que expresan que: “entre todos los pobres, las más pobres son las mujeres”. Dicha situación se agudiza aún más en los países en vías de desarrollo que enfrentan depresión en sus condiciones socioeconómicas. Dentro del contexto explicado anteriormente, las mujeres han hecho frente a las contingencias económicas, mediante la asunción de una triple jornada de trabajo, (la remunerada, la doméstica y la comunitaria) poniendo en práctica todo un conjunto de estrategias de sobrevivencia para resguardar a su familia y así mejorar sus condiciones de vida.

En la esfera del trabajo remunerado, en algunos casos dentro de la empresa privada, las mujeres también enfrentan formas de explotación propias de género, expresadas en la violación de sus derechos reproductivos, al ser objeto de abusivos condicionamientos patronales, como el estar esterilizada para poder ser empleadas, ya que para el empresario el tiempo legalmente establecido para el pre y post-parto no resulta rentable para sus intereses de acumulación del capital, lo que trae como consecuencia que el mayor porcentaje de la fuerza de trabajo en labores de mayor explotación como las “maquilas” termino árabe que significa ensamblar, trabajo en serie fábricas… colocar a quienes incluye, donde las mujeres ven en estas la única alternativa de trabajo. Todo esto, sin citar los índices de maltrato y acoso físico, psicológico y moral al que son objeto las mujeres, tanto en la esfera doméstica como laboral.

Dentro del capitalismo, se institucionaliza la ideología de la dominación y la división social del trabajo, se parcela el conocimiento y se fragmentan los saberes, además se mantiene la división entre teoría y práctica, entre trabajo intelectual y trabajo manual, como elementos para la explotación del hombre y la mujer. De aquí se potencia la división sexual del trabajo, (la división entre trabajo femenino y masculino) como herramienta de explotación y exclusión de la mujer. Según los estereotipos sociales, existen una serie de trabajos o profesiones exclusivamente asociadas a los hombres tales como: la ingeniería, la construcción, la medicina, la milicia, entre otras, pero visiblemente se aprecian roles que implican poder o cargos de dirección, aunque hoy se encuentren mujeres ejerciendo este tipo de cargos, esto no significa que es consecuencia de un cambio en las condiciones de opresión de la sociedad.

De igual manera, se institucionalizan una serie de oficios y profesiones asociadas a las mujeres tales como: la pedagogía, la enfermería, los oficios domésticos, el secretariado, la confección, entre otras, las cuales en su mayoría corresponden a roles o labores de subordinación. Pese a que esta realidad, contradice nuestra amplia capacidad humana para realizar cualquier tarea sin distingo de sexo, en la sociedad esta división se aprecia con gran “normalidad”, ya que para la mayoría de las personas es difícil detectar dicha contradicción.

Propuesta de Cambio

El enfoque de género es fundamental para entender el origen de nuestras posiciones ideológicas. Es un enfoque de vida que nos da herramientas para entender nuestra realidad y así poder transformarla. Por ello resulta prioritario analizar la lógica capitalista desde este enfoque, para visualizar propuestas alternativas que involucren cambios de actitud desde la autodeterminación conciente, que se fundamenten en la equidad y la justicia social, en donde se practiquen los principios y valores bolivarianos de la solidaridad, la corresponsabilidad, la cooperación y la transparencia, para avanzar hacia la construcción de nuevas formas de organización social y el logro de la afectación de las estructuras de dominación, para ello proponemos el método Invedecor:

En lo investigativo, pasa por un proceso constante de indagación reflexión y a partir de un diagnóstico participativo, junto con los otros y otras, para avanzar en el análisis de la forma como la sociedad nos construye y la forma como todos y todas respondemos y reproducimos esta forma de socialización. Es necesario internalizar que los cambios sociales propuestos, comienzan con la transformación individual y colectiva de nuestras prácticas e ideas en la cotidianidad y revisar, desde un punto de vista crítico las estructuras mentales instauradas por la sociedad, para impulsar coherentemente la construcción de la “patria buena”.

En lo educativo, revisamos críticamente los roles que asumimos los hombres y las mujeres que interactuamos, tomando en cuenta los principios de justicia social, en nuestras familias, en nuestro trabajo, otros. Reflexionar sobre nuestra labor como padres y madres en la crianza de nuestros hijos e hijas, asumida como responsabilidad compartida y no exclusiva de la mujer, implica un cambio en el concepto de familia, vida y sexualidad, una nueva forma de ver al ser humano, una nueva perspectiva desde la cual se redimensionan los conceptos de hombre y mujer dentro de la sociedad, asumida ya como una dinámica social en la que cada ser aporta la riqueza de su identidad masculina y femenina, sin condicionamientos ni preceptos.

En lo comunicacional, un potencial elemento generador del enfoque de género es la incorporación del lenguaje inclusivo dentro de nuestros modos de comunicación, que deben ser horizontales e incluyentes donde todos y todas estemos reflejados y reflejadas, que permita seguir nutriendo ideológicamente nuestras prácticas y luchas, desde la forma como escribimos, hablamos, leemos, otros, que incorpore permanentemente elementos de igualdad y equidad en el lenguaje, visibilizando el hacer y el conocer de la mujer al igual que el hombre en nuestro hacer, conocer, ser y convivir.

En lo organizativo es vital entender que para poder impulsar el nuevo modelo de desarrollo, tenemos que construir espacios de articulación en base al respeto, la inclusión y la cooperación para ir tejiendo redes sociales, asumiendo que hombres y mujeres somos diferentes, mutuamente complementarios y que tenemos los mismos intereses de clase que son: construir juntos espacios de justicia y transformar las estructuras del sistema capitalista que nos oprime.

Bases Jurídicas del Enfoque de Género

Desde las premisas históricas queremos presentar algunos hechos que han valorado la lucha de la mujer por alcanzar sus reivindicaciones humanas de clase, al igual que la participación de hombres que han abogado por el derecho de las mujeres, como es el ejemplo de Francisco de Miranda, quien en 1792 se dirigió a la asamblea nacional de Francia en estos términos: «¿cómo es posible que constituyendo la mujer la mitad del género humano no se la tome en cuenta para participar de la elaboración de las leyes.. Pero sí tiene que cumplirlas?».

Las mujeres han desencadenado innumerables luchas en pro de sus reivindicaciones entre las que figuran: la conquista del voto en 1948 que viene a favorecer su participación política, la reforma del código civil en 1982 que equipara los derechos y deberes en la comunidad conyugal y en el compartir de los bienes, la ley orgánica del trabajo promulgada en 1997 en la cual la mujer adquirió inamovilidad laboral durante el embarazo y el periodo pre y post natal. Hoy con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, se establecen contribuciones sin precedentes entre las que destacan: la redacción desde su preámbulo hasta las disposiciones finales, con un lenguaje inclusivo que hace visible la presencia de las mujeres en todas las áreas del desarrollo y la valoración del trabajo doméstico. De igual forma, en esta se reconoce la equidad y la igualdad de hombres y mujeres al ejercicio y acceso al trabajo, además se validan los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y se les reconoce a las amas de casa su seguridad social. Por tal motivo invitamos a la revisión de algunos artículos que favorecen condiciones de justicia social:

De la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela:

Disposiciones generales: artículo 21.
De los derechos sociales y de las familias: artículos 75, 76, 77, 78, 80 y 88.

En el Código Civil:

De los deberes y derechos de los cónyuges: artículos 137, 138 y 140.
De la comunidad de los bienes: artículos 148 y 149.
De los bienes propios de los cónyuges: artículos 151,152, 156 y 168.
Del divorcio: artículo 187.
De la comunidad concubinaria: artículo 767.

Enfoque de Género hacia la Construcción del Socialismo del Siglo XXI

Nuestra condición de pueblo explotado nos exige compromiso, lucha y conciencia para asumir el momento histórico y revolucionario que vive nuestro país, donde aún coexiste el modelo capitalista hegemónico, que queremos desmontar, con el nuevo modelo democrático, participativo y protagónico que reivindica la condición humana y los valores bolivarianos, en esta transición, es importante tomar parte activa en la construcción del desarrollo endógeno, enmarcado en una sociedad de justicia social que construya contrahegemonía. En esta oportunidad somos la concreción de muchos de los caminos andados por innumerables movimientos de lucha social en nuestro país. En esta lucha, es vital reconocer que aun cuando históricamente las mujeres han sido relegadas y sometidas a permanecer ocultas como protagonistas en el proceso transformador, durante siglos han luchado por su liberación, trascendiendo la fatiga del espacio doméstico e incorporándose decididamente junto a sus compatriotas de clase al espacio político, en la tarea emancipadora por la defensa de la soberanía de su patria y en la defensa de su pueblo.

Por ello la lucha es del hombre y la mujer contra este sistema de dominación y no de la mujer contra el hombre y viceversa, por lo que se trata de desmontar esta lógica capitalista para construir una nueva sociedad, la de los valores bolivarianos y la justicia social. Esta es una lucha de todos los sectores excluidos, pero no será posible, si dichos sectores abordan aisladamente la lucha por la emancipación, de allí que la lucha de la mujer tampoco es sola o aislada por la reivindicación de sus derechos como ser humano, sino que su lucha va de manos de sus compatriotas excluidos y es contra la opresión, esta debe ser la lucha de los pueblos por su emancipación del dominio capitalista.

Imagen: https://www.alainet.org/

¡OTRA COSTA RICA ES POSIBLE!

Álvaro Vega Sánchez, sociólogo.

El lote baldío detrás de la tapia de su casa se convirtió en un basurero, pero él no veía un basurero, veía un jardín. Varios años después con sus ahorros pudo adquirir el lote y hacer un jardín; no cualquier jardín convencional sino uno a su manera: con plantas y flores donadas por amigos y familiares. Hoy, cuando camina por su jardín, camina entre memorias. Así narra el teólogo Rubén Alves una bella historia personal, para concluir: el sueño es primero, la realidad viene después.

 Nuestro país se asemeja a ese lote baldío, donde todavía se deposita mucha basura y crece la mala yerba. Un gobernante lo comparó con una finca pequeña, relativamente fácil de administrar; y lo hizo con algún éxito sembrando algunos “arboles” que todavía dan frutos; otros de su mismo partido no solo se apropiaron de los frutos sino que hasta intentaron vender los “árboles” con toda y su producción. Un gobernante, más reciente, procurando recuperar viejos anhelos de administrar bien la finquita, se propuso limpiarla de la mala yerba que había crecido mucho, sin embargo, como “no es lo mismo verla venir que bailar con ella”, enfundó el machete, siguiendo el viejo consejo: “machete estate en tu vaina”.

La finquita hoy continúa encharralada, se parece a ese lote baldío expuesto a los malos hábitos que lo han convertido en un basurero público. La vecindad cercana, que logró apropiarse de las partes altas y más productivas, ve con desdén a ese predio hoy habitado también por gentes de “mal vivir”, y piensa que la única salida es que sobrevivan los que tienen que sobrevivir y los que no… Selección natural, es la receta. La vecindad más lejana, está ofreciendo recursos para limpiar el lote y ponerlo a producir, eso sí, exigiendo sacrificios a los que menos tienen.

Como se pueden dar cuenta, estamos “entre la espada y la pared”. La espada de los sectores de la oligarquía neoliberal que solo ve de arriba hacia abajo, y no hay forma de que aporten su cuota; para ellos no hay regla fiscal ni congelamiento de salarios. Y la pared de las “garroteras” internacionales, que salen de sus guaridas para comprar países y repartir miseria.

Y cuando no parece haber salida y hay que elegir entre dos opciones malas porque no hay una menos mala, como pretenden hoy los minimalistas de la política, es cuando hay que volver a soñar, y ver un jardín donde hoy solo hay basura y mala yerba. Y ser testarudos hasta más no haber, insistiendo en ese principio utópico: el sueño es primero la realidad viene después. Un después de corto y mediano plazo, porque no debe ser como las promesas paradisiacas de los “predicadores de la prosperidad”, pues “en el mientras tanto estaremos muertos”.

Enfrentamos un gran desafío: superar, al menos, tres contradicciones que hoy nos tienen en la condición de lote baldío. La primera, y fundamental, es la de un país que habiendo impulsado un modelo de desarrollo económico socialmente solidario, ahora haya permitido una concentración de la riqueza que lo ubica entre los más desiguales del mundo. La segunda, es la de un país que supo apostar por universalizar la salud, la educación y los servicios de agua, electricidad y telecomunicaciones, y hoy, en lugar de fortalecerlos, los deteriora y hasta los ha venido privatizando, es decir, restándoles rentabilidad social a cambio de rentabilidad económica de mercado. Y la tercera, es que siendo un “país ecológicamente rico” (Silvia Rodríguez) siga siendo “socialmente pobre”; no haya alcanzado a revertir esa riqueza para beneficiar a zonas, paradójicamente de alto potencial turístico, que son las más deprimidas económica y socialmente, tales como Limón, Puntarenas y Guanacaste.

Alguien dijo que un pueblo se construye cuando hay un sueño común y compartido. Hoy más que nunca requerimos abrazar ese sueño común para construir un mejor país entre todos, sin exclusiones, asumiendo también responsabilidades compartidas.

 

Imagen: http://otrasvoceseneducacion.org/

Palestina en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas: a propósito de un reciente voto sobre justicia y rendición de cuentas para las víctimas palestinas

Nicolas Boeglin (*)

En los últimos días de su sesión anual en Ginebra, el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, máxima instancia de Naciones Unidas en materia de derechos humanos, adoptó la resolución titulada «Human Rights situation in the Occupied Palestinian Territory, including East Jerusalem, and the obligation to ensure accountability and justice» (véase texto completo).

Se trata de un recordatorio anual de las distintas obligaciones que, en materia de derechos humanos y de derecho internacional humanitario, incumple impunemente Israel desde hace ya muchos años. Es así como se lee que el Consejo de Derechos Humanos

«4. Deplora la persistente falta de cooperación de Israel con los procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos y otros mecanismos de las Naciones Unidas que intentan investigar las presuntas vulneraciones del derecho internacional en el Territorio Palestino Ocupado, incluida Jerusalén Oriental, y pide que se coopere plenamente con el Consejo de Derechos Humanos y todos sus procedimientos especiales, mecanismos pertinentes e investigaciones, así como con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos;

5. Exige a Israel, la Potencia ocupante, que ponga fin a todas las acciones ilegales en el Territorio Palestino Ocupado, incluida Jerusalén Oriental, entre otras la construcción de asentamientos; la demolición de estructuras residenciales, incluidas las demoliciones punitivas de viviendas; el desalojo forzoso de habitantes palestinos y la revocación de los permisos de residencia de los palestinos que viven en Jerusalén Oriental mediante una serie de leyes discriminatorias; las excavaciones en lugares religiosos e históricos y sus alrededores; y todas las demás medidas unilaterales que tienen por objeto alterar el carácter, el estatus y la composición demográfica de todo el territorio, todas las cuales tienen, entre otras cosas, efectos graves y nocivos para los derechos humanos del pueblo palestino y las perspectivas de un arreglo justo y pacífico«.

Entre los párrafos añadidos a los usualmente reunidos en esta resolución, que se adopta cada año en Ginebra, se lee que para este 2021, el Consejo de Derechos Humanos:

«18. Exhorta a Israel, la Potencia ocupante, a que cumpla las obligaciones que le impone el derecho internacional respecto de la población ocupada protegida y garantice un acceso sin discriminación a las vacunas contra la enfermedad por coronavirus (COVID-19) en el Territorio Palestino Ocupado, incluida Jerusalén Oriental, entre otros medios en coordinación con el Gobierno del Estado de Palestina«.

Como se observará si se lee el texto completo, el Consejo de Derechos Humanos no hace sino externar su profunda preocupación por la situación imperante en el territorio palestino ocupado, exhortando a la potencia ocupante a cumplir sus obligaciones como tal y a investigar y sancionar a los responsables de exacciones cometidas contra la población civil palestina.

Imagen de bombardeos israelíes en Gaza extraída de nota de France24 titulada «Israël bombarde massivement Gaza, l’ONU appelle à éviter la guerre», edición del 20/07/2014

Una resolución objeto de un fuerte cabildeo israelí en su contra

Como es ya bastante usual, Israel (Estado que no integra este órgano de Naciones Unidas) desplegó intensas gestiones diplomáticas semanas antes de la votación, así como su incondicional aliado norteamericano (que tampoco lo es) en aras de intentar obtener un resultado favorable entre los 47 Estados que integran este Consejo. Pocamente divulgado en algunos medios internacionales, cabe recordar el hecho siguiente: el Presidente israelí realizó personalmente una gira en Austria, Alemania y Francia pocos días antes de la votación, como parte de la campaña oficial de Israel en contra de la justicia penal internacional de La Haya (véase cable de la agencia china de noticias Xinhua del 16/03/2021).

Como se recordará, en junio del 2018 Estados Unidos optó por retirarse del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas después de votarse una resolución de este órgano creando una comisión de investigación sobre las exacciones de todo tipo de las fuerzas de seguridad israelíes contra los manifestantes palestinos participando a la denominada «Gran Marcha del Retorno» (véase al respecto nuestra breve nota al respecto).Con 29 votos a favor, 14 abstenciones y dos votos en contra (Australia y Estados Unidos), Estados Unidos consideró que retirarse del Consejo de Derechos Humanos era lo más apropiado y oportuno: un gesto raramente observado, y saludado únicamente por Israel. El informe de esta comisión de investigación está disponible desde febrero del 2019 en este enlace oficial.

Los resultados de la votación en breve

Para este año 2021, la resolución titulada «Situación de los derechos humanos en el Territorio Palestino Ocupado, incluida Jerusalén Oriental, y obligación de garantizar la rendición de cuentas y la justicia» se adoptó con 32 votos a favor (incluyendo los de Francia y Alemania), 6 en contra (entre los cuales el de Austria) y 8 abstenciones.

Un Estado de Oriente Medio y miembro del Consejo de Derechos Humanos particularmente observado, Bahrein, optó por no participar en la votación (ausencia de su delegado en el momento de la votación, también denominado «No Show«): es el único Estado de los 47 en haber recurrido a esta peculiar técnica para el voto de esta resolución. Como se recordará, el 15 de setiembre del 2020, Bahrein e Israel anunciaron la firma, desde Washington, de un sorpresivo acuerdo sobre la normalización de sus relaciones oficiales.

En esta ocasión, Israel pudo únicamente contar con los votos de Austria, Bulgaria, Brasil, Camerún, Malawi y Togo (que votaron en contra del texto) según se desprende del registro de la votación (véase enlace) y que a continuación reproducimos:

Por parte de América Latina y el Caribe, con excepción de Brasil que votó en contra, los demás Estados de la región votaron a favor de la resolución (Argentina, Bolivia, Cuba, México, Uruguay y Venezuela), Bahamas optando por abstenerse (al igual que Filipinas, India, Islas Marshall, Nepal, Reino Unido, República Checa y Ucrania). Siempre con relación a América Latina, no está de más recordar que en octubre del 2020, resultaron electos por parte de América Latina, Bolivia, Cuba y México, en sustitución de Perú y Chile, con México logrando ser reelecto (véase nuestra breve nota al respecto); mientras que en octubre del 2019, resultaron electos Brasil (reelección) y Venezuela, al tiempo que Costa Rica intentó de manera sorpresiva postularse, sin lograrlo (véase nuestra breve nota al respecto).

Cabe señalar que en el 2020, un texto muy similar contó con 17 abstenciones, entre las cuales las de Alemania, Corea del Sur, Dinamarca, Italia, Japón, Países Bajos, Senegal y Uruguay: 8 Estados que optaron entre el 2020 y el 2021 por cambiar su posición y votar afirmativamente en favor del texto.

Justicia y rendición de cuenta en Palestina: un acento diferente en este 2021

A diferencia de otros años, esta votación acaecida este 23 de marzo del 2021 en el máximo órgano de Naciones Unidas en materia de derechos humanos, resulta de mayor relevancia para Palestina y para las víctimas y las organizaciones palestinas que claman desde hace mucho tiempo por justicia ante las exacciones israelies cometidas en territorio palestino.

En efecto, el pasado 5 de febrero, la Sala Preliminar de la Corte Penal Internacional (CPI) decidió que la CPI es plenamente competente para examinar lo ocurrido y ello en todos los territorios palestinos, sin ningun tipo de excepción (véase al respecto nuestra breve nota titulada: «Corte Penal Internacional (CPI) / Palestina: ¿el fin de la impunidad para los autores de crímenes de guerra cometidos en Palestina?«, disponible en este enlace).

Un reciente foro con juristas de habla francesa (el profesor Eric David, de Bélgica y el magistrado galo Ghislain Poissonnier) auspiciado por la AURDIP (Association des Universitaires pour le Respect du Droit International en Palestine) detalló el alcance de esta histórica decisión que fue dada a conocer en La Haya el 5 de febrero del 2021 (véase programa y enlace del foro, realizado el 30/03/2021).

Al respecto, resulta oportuno mecionar que este próximo 9 de abril vencerá el plazo otorgado por la CPI a Israel (así como a Palestina) para contestar la notificación enviada el pasado 9 de marzo a ambos Estados: como bien se sabe, el principio de complementaridad (Nota 1) obliga a la CPI a solicitar inicialmente al Estado incriminado el listado de investigaciones realizadas sobre los mismos hechos (de manera a no duplicar los esfuerzos de entidades nacionales preexistentes). En estos primeros días de abril, no pareciera tenerse mucha claridad sobre la estrategia de Israel (véase nota del Jerusalem Post del 1/04/2021 titulada «Israel has no planned approach, response to ICC, with 9 days to go» y este artículo de opinión publicado en Haaretz titulado «Israel and the ICC: Denial Isn’t Just a River in Egypt» en la misma fecha ). De contestar formalmente Israel a la CPI sobre las eventuales investigaciones internas realizadas en Israel con relación a los hechos que quiere investigar la CPI, legitimaría la decisión del pasado 5 de febrero (que oficialmente Israel considera oficialmente ilegítima, sesgada e incluso «antisemita» (Nota 2); y de no contestar a la CPI, habilitaría jurídicamente a los investigadores de la CPI a examinar ellos mismos todos los hechos, sin excepción de ningun tipo, objeto de la solicitud presentada por Palestina a la Fiscalía de la CPI.

Cabe también señalar que este 3 de abril del 2021, la CPI saludó el retiro de sanciones en su contra por parte de la nueva administración norteamericana (véase comunicado oficial de la CPI). Como bien se sabe, el único Estado en haber felicitado a Estados Unidos por esta insólita decisión tomada en junio del 2020 fue Israel (véase nota del Times of Israel del 11/06/2020): habíamos tenido la oportunidad de explicar que las justificaciones oficiales dadas por Estados Unidos al anunciar estas sanciones disimulaban otras, menos explícitas, relacionadas a Israel (Nota 3).

Votaciones anteriores en breve sobre justicia y rendición de cuentas en Palestina

En el año 2020, una resolución muy similar (véase texto integral en inglés) había sido adoptada por el Consejo de Derechos Humanos con 22 votos a favor (incluyendo el voto de Bahrein), 8 en contra (Austria, Australia, Brasil, Bulgaria, Islas Fidji, República Checa, Togo y Ucrania) y 17 abstenciones.

En 2019 (véase texto integral), el resultado obtenido fue de 23 votos a favor, 8 en contra y 15 abstenciones. Es de notar que en el 2019, Bahrein figuraba entre los Estados proponentes del proyecto de resolución.

En 2018, un texto similar (véase texto integral) obtuvo 27 votos a favor, 4 en contra (Australia, Estados Unidos, Togo y Reino Unido) y un total de 15 abstenciones.

A modo de conclusión

Más allá de la situación bastante peculiar para este 2021 de la delegación de Bahrein en Ginebra, y del súbito cambio de parecer de varios Estados partidarios de abstenerse el año pasado, la comparación de los resultados obtenidos desde el 2018 en la votación de esta resolución evidencia el siguiente dato: la marca registrada en este 2021 es la peor obtenida por la diplomacia israelí y la de su fiel aliado norteamericano en los últimos 4 años.

Lo cual viene a confirmar (nuevamente) el efecto contraproductivo que conllevan para Israel la tónica y la actitud adoptada por sus máximas autoridades en los últimos tiempos, consistiendo en desafiar abiertamente las bases del ordenamiento jurídico internacional.

Notas:

Nota 1: El principio de complementariedad (también denominado «subsidiaredad«) de la CPI significa que únicamente examina asuntos que no hayan sido objeto de investigaciones por parte de las autoridades judiciales nacionales. O bien, cuando a través de supuestas «investigaciones«, se manifiesta claramente la renuencia del Estado a investigar y a sancionar debidamente a los responsables de los hechos incriminados. Véase al respecto: C.-TOUSSIGNANT M., «L’instrumentalisation du principe de complémentarité de la CPI: une question d’actualité» RQDI (Revue Québécoise de Droit International), 2012, pp.73-99. Texto integral del artículo disponible aquí.

Con relación al crimen de guerra que constituye la colonización ilegal a la cual ha procedido Israel desde muchos años y objeto de la solicitud hecha por Palestina a la CPI, se leyó recientemente por parte de especialistas franceses, que:
«Le droit israélien considérant la colonisation comme légitime, aucune enquête nationale ne sera bien sûr menée sur les auteurs du crime de colonisation. Le bureau du procureur pourra donc enquêter sans délai sur ces faits, sans qu’Israël puisse lui opposer la règle de la « complémentarité », à savoir l’existence de procédures pénales menées dans un État contre les auteurs de crimes de guerre et qui peut faire obstacle à l’exercice de la compétence de la CPI, comme cela sera peut-être le cas dans les deux premiers types de crimes commis à Gaza» (véase PICHET E. & POISSONNIER G., «Colonisation des territoires palestiniens : quelles conséquences peut entraîner l’ouverture de l’enquête de la CPI ?«, The Conversation, edición del 17/03/2021, y disponible en este enlace).

Nota 2: Remitimos a nuestros estimables lectores a esta nota del Times of Israel, titulada «Netanyahu: An ICC investigation of Israel would be ‘pure anti-Semitism’ » (edición del 6/02/2021) y a este artículo de opinión publicado por el Presidente de Israel en Le Figaro (Francia), el pasado 18 de marzo del 2021, disponible en este enlace.

Nota 3: Véase al respecto nuestra breve nota: BOEGLIN N., «Sanciones de EEUU contra la Corte Penal Internacional (CPI): algunos apuntes sobre sus verdaderas motivaciones«, Portal de la Universidad de Costa Rica (UCR), Sección Voz Experta, 24 de setiembre del 2020, y disponible aquí. Nos permitímos concluir en aquella oportunidad con la siguiente reflexión que a continuación reproducimos:

«En relación con estas recientes sanciones contra el personal de la CPI, resulta un tanto sorprendente que la Administración norteamericana se preste para semejante espectáculo ante los demás integrantes de la comunidad internacional, sin percatarse de que esta actitud de profunda hostilidad puede también estar influyendo en los jueces de la CPI para mostrarse aún más severos con Israel en su decisión preliminar (actualmente en preparación), relativa a la solicitud de investigación presentada en diciembre del 2019 por la fiscal de la CPI.»

 

(*) Esta nota fue escrita por Nicolas Boeglin, Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica

Patrimonialismo latinoamericano como forma de gobierno excluyente

Miguel Sobrado

El concepto de patrimonialismo como gobierno de un grupo tiene muchas debilidades ya que todo Estado expresa los intereses de la clase dominante. En este sentido no es la empresa de todos, como debería ser, pero existen diferencias importantes dependiendo de la organización de los grupos de interés y a la existencia de pesos y contrapesos en la sociedad. Como se verá en el caso de los estados latinoamericanos, por la historia y composición interna, el patrimonialismo tiene un apellido propio de Latinoamérica, por ser excluyente de las amplias mayorías. Reconocer el carácter de este sistema es el primer paso para actuar en su transformación

Fukuyama destacas tres instituciones para una buena gestión política:

  • Un Estado (con proyecto nacional no excluyente)
  • Principio de legalidad
  • Gobierno responsable

Sin embargo, estas tres instituciones están correlacionadas entre sí. No se pueden ver como componentes separados que se pueden sumar por decretos formales en la práctica. Están arraigadas en un sistema que les da forma y las relaciona entre sí produciendo resultados diferenciados según el contexto. El caso latinoamericano, donde los estados son republicanos y tienen formalmente estas instituciones, pero cuyos resultados, en la mayoría de los casos son deplorables, amerita un análisis particular.

Las herencias coloniales

América Latina heredó de las monarquías de Europa del sur, carentes de contrapesos políticos, una forma de gobierno patrimonial, que, si bien ha tenido su propia evolución, mantiene la esencia de gobierno al servicio de la élite. Esto es donde el Estado, opera sobre la base de estructuras de poder que reparten beneficios a las clientelas políticas, marginando o excluyendo amplias mayorías.

Esta estructura contrasta con la que heredó América del Norte de la monarquía constitucional inglesa, bastante disminuida en su poder, gracias a la revolución de Cromwell, por el peso de la burguesía en el parlamento y un sistema legal, donde se impusieron nuevos pesos y contrapesos que hicieron valer los intereses de los pequeños empresarios y capitalistas a través de la división efectiva de poderes.

Las “repúblicas” independientes

El patrimonialismo latinoamericano ha tomado, bajo el nombre de repúblicas, diversas formas en el continente, dependiendo del peso socioeconómico de los diversos sectores sociales en la composición de cada país. Pero ha procurado mantener su esencia de clase privilegiada con los golpes militares o a través de su peso e incidencia en la legislación y las estructuras institucionales. Resultando en gobiernos no incluyentes de oportunidades para amplias mayorías, donde se afianza la desigualdad de oportunidades y se resquebraja cada vez más el tejido social.

La independencia, si bien se realizó bajo las banderas republicanas, fue realizada por los hijos de los colonizadores, que habían acaparado las principales tierras y riquezas, de hecho, no cambió las relaciones de propiedad y de poder económico, consolidando un poder político oligárquico.

Los indígenas y los africanos, si bien formalmente se transformaron en ciudadanos con las nuevas constituciones, siguieron viviendo en la servidumbre e incluso en no pocos casos en la esclavitud. La educación elemento clave para el ascenso social, no fue un servicio público de fácil acceso para estos grupos sociales de los cuales solo se esperaba trabajo físico.

Los estados se formaron en un proceso de confrontaciones de intereses personalistas y de grupos de poder locales y nacionales, que después de un período de confrontaciones violentas y de golpes de estado configuraron un cuerpo legal y un sistema de gobierno.

Como se puede apreciar el origen del patrimonialismo excluyente tiene sus raíces en la cultura colonial y en las estructuras económicas y sociales desiguales con los pueblos originarios y los esclavos por las relaciones poder y la concentración de la tierra. De tal manera, que, al llegar la independencia de los nuevos estados, en la legislación y la configuración institucional, tuvieron un papel protagónico los hijos de los conquistadores sin un contrapeso político y económico, más allá de las relaciones formales de “igualdad”. En Ecuador, refiriéndose a la forma en que se aplicaba la legalidad, un dirigente indígena, que no les tenía mucha confianza, decía que “Las leyes se hicieron para los de poncho”, esto es para garantizar los derechos de los oligarcas.

Este cuerpo legal y el sistema de gobierno, a diferencia de los países anglosajones donde desde el principio han pesado los intereses de la naciente burguesía, se ha subordinado a los intereses e influencia de la oligarquía y los grupos asociados para ejercer el poder. De tal forma, resguardaban los intereses y derechos de la oligarquía, dejando por fuera los derechos de propiedad y organización de las comunidades indígenas y subordinando, durante mucho tiempo, a los asalariados a las relaciones tradicionales de servidumbre.

No todos los países ni territorios han sido iguales

El peso de la estructura sociopolítica, ha sido un factor condicionante del sistema y el funcionamiento de las relaciones políticas en cada país. En países donde la clase media de propietarios y posteriormente de asalariados ha jugado un papel importante en la configuración del aparato institucional y político, como en Uruguay y Costa Rica la operación democrática del sistema ha tenido menos interferencias patrimonialistas.

Proyecto país y gestión pública

Una visión de futuro que integre progresivamente el haz de voluntades es un componente esencial para el buen funcionamiento del Estado, de su sistema legal y articulación institucional. La visión de futuro debe estimular las acciones e inversiones en su construcción. Debe llegar a marcar los senderos por donde transite el interés personal, construyendo el edificio colectivo. Esto depende también de la capacidad de un liderazgo sabio, tal como lo señala Fukuyama “La esencia de la política pasa por la capacidad de los líderes de abrir paso a paso, a través de una mezcla de autoridad, legalidad, legitimidad, negociación, carisma, ideas y organización.

La capacidad de organización y la vida democrática

Como se ha podido apreciar la vida política tiene, no solo estructuras formales, sino muchas dimensiones socioeconómicas, políticas y organizativas que son las que le dan forma.

El peso numérico de los sectores sociales es apenas un factor, que depende de su capacidad económica, pero sobre todo de su capacidad organizativa parda incidir en la vida política. Por eso podemos afirmar que la organización es una vitamina clave (vitamina O) en los procesos de representación e incidencia en las transformaciones políticas. No basta con que exista el derecho a elegir, si los grupos sociales no tienen derechos reales y están organizados para garantizar que sus intereses están representados en los partidos políticos y que pueden exigir su cumplimiento. En estas condiciones su participación es decorativa y fácilmente manipulable por los patronos políticos. Como decía muy atinadamente el ex presidente José Figueres Ferrer, “Los hombres sin organización no tienen ningún poder” De ahí la importancia que tiene la política social, configurando poder ciudadano capaz de transformar las estructuras, por el contrario, generando dependencia y pasividad que abonan las relaciones clientelares.

De ahí que tanto que la configuración del Estado, como la legalidad que lo sustenta, así como el aparato institucional de gobierno, dependan de la composición social del país, así como de la capacidad de incidir que tengan las organizaciones e individuos sobre el Estado. Esto último es de particular importancia en el análisis de los estados latinoamericanos.

AMERICA LATINA FRENTE AL CAMBIO

La cortina de humo moralista

Las personas, sus cualidades y valores morales, así como la cultura local son vistas como factores determinantes en la práctica política del buen o mal gobierno. El patrimonialismo excluyente no se percibe como un sistema, que por su esencia genera corrupción, y que debe reformarse con transformaciones institucionales sistémicas que generen y estimulen la acción organizada, con descentralización y la rendición de cuentas, se atribuye la corrupción a los gobernantes y a la cultura prevaleciente.

De tal forma la predicación de los autoproclamados puros moralmente consiste en calificar de corruptos a todos los que no sean ellos y establecer denuncias, no siempre fundamentadas, contra la “corrupción”.

Así se evaden las causas sistémicas y se reducen las soluciones al cambio de personas, que vuelven, dentro del sistema a repetir los mismos pasos.

La revolución científico técnica y el narcotráfico

Los acelerados cambios promovidos por la revolución científico técnica, provocan la desaparición del trabajo físico y mecánico, donde se ha empotrado laboralmente la población con bajo nivel educativo. La desocupación y el desempleo crónico genera un clima de tensión, resquebrajamiento y desestabilización en el tejido social, que es aprovechado por nuevo poder de gran envergadura emergente en el continente: el narcotráfico.

Esta nueva realidad, ha empezado a desplazar muchos gobiernos estatales y municipales en México. Brasil y Colombia y a transformar países completos como los del Triángulo del norte de Centro América, en estados fallidos.

Importancia de la política social en la organización y apoderamiento ciudadano

La política social tiene como función principal contribuir a redistribuir el ingreso formando capacidades organizativas empresariales y ciudadanas y facilitando la asistencia social a quienes la necesitan por no estar en condiciones de valerse por sí mismos. Pero la forma en que se aplica la política social no es neutral, dependiendo del enfoque ideológico que se le dé y la organización institucional que se adopte para ejecutarlo.

Una dicotomía clave

La población pobre o limitada de recursos, en condiciones de valerse por sí mismos, puede verse en términos de formulación de los proyectos

  1. a) como “perdedores” que deben ser asistidos y guiados por profesionales o
  2. b) la visión prometeica esto es como personas que necesitan apoderarse del “fuego” de la organización y recibir los servicios básicos para salir adelante.

Ad a) Cuando predomina la visión de perdedores los programas y proyectos facilitan asistencia y servicios, pero no generan capacidades de organización autónoma. Por el contrario, tiende a generarse dependencia y pasividad que es aprovechada por los políticos para fortalecer sus clientelas electorales. En otras palabras, dentro de este esquema se mantienen y fortalecen las relaciones de poder político y de dependencia institucional. Es por esa razón que este enfoque se mantiene en la práctica institucional, independientemente de las declaraciones formales que los documentos de política social realicen contra el asistencialismo y en favor de una supuesta participación, que como bien lo señala el profesor Raff Carmen, especialista en educación de adultos de la Universidad de Manchester, no pasa de ser una participación manipulada o “participulación” como acertadamente la denomina.

Ad b) Cuando predomina la visión prometeica y la gente se capacita en organización personal y colectiva, las personas se apoderan de un instrumento que les permite desempeñarse en la vida ciudadana y empresarial.

La experiencia del Hospital sin Paredes, en Costa Rica, de la década de los setenta donde la comunidad de cinco cantones de Costa Rica, conjuntamente con el equipo médico del Hospital de San Ramón, se apoderó de la salud en un sentido integral, reduciendo no solo las tasas de mortalidad materno infantil y la morbilidad en general, sino que impulsó el desarrollo comunal y económico de la región.

El libro “Un futuro para los excluidos” London, UK: Zed Books. ISBN 9781856497022. de1999, describe los resultados de la capacitación masiva en organización de Clodomir Santos de Morais aplicada en tres continentes durante 30 años, con resultados destacados, entre otros, en procesos de reforma agraria.

A pesar de estas evidencias fácticas y de los sustentos en la teoría de la actividad objetivada y en la educación de adultos, las políticas sociales presionadas por las relaciones de poder se han ajustado a la visión de “perdedores”, descartando en la práctica el método prometeico.

El dilema latinoamericano

América Latina atraviesa un período crítico de su historia, enfrentada a la revolución científico técnica, con un bajo nivel educativo en su población, en un momento que el trabajo físico y repetitivo desaparece cada vez más rápidamente. Con niveles de desigualdad, pobreza creciente y desempleo que son aprovechados por el narcotráfico para reclutar sus gatilleros mientras muchos estados se debilitan o sucumben como fallidos. En este panorama nada alentador, sus políticos se aferran al patrimonialismo mientras aumentan lo éxodos de refugiados y crece la violencia interna.

¿Puede seguir en América Latina con el modelo patrimonialista de estado en el siglo XXI?

Por lo visto anteriormente, el modelo patrimonial de estado, fundado en relaciones clientelistas, donde los patrones políticos reparten diarios y servicios tiene sus días contados ante los desequilibrios sociales y políticos que la falta de oportunidades educativas y la desigualdad están provocando sobre el tejido social. Por otra parte, el poder de un nuevo sector económico y político encuentra eco en los excluidos y desesperados

Por primera vez en quinientos años los estados latinoamericanos han encontrado un reto que no depende, como en el pasado, de un acomodo en las “cortes” de las tradicionales clases patrimoniales, sino que confrontan al Estado tradicional y toman cada vez más posiciones en los gobiernos e instituciones locales. Para este reto disponen de recursos económicos e incluso de terror militar cada vez más numerosos y sofisticados.

El cambio y la transformación institucional son inevitables y la realizarán los dueños del terror, o pasaremos por un nuevo período de dictaduras populistas, a menos que optemos por una transformación en democracia. Formando la ciudadanía organizada necesaria, desde abajo, en un proceso de construcción de nuevos círculos virtuosos que organicen a la sociedad al mismo tiempo que legitimen la autoridad.

¿Cuál es la alternativa al caos y la violencia?

La situación no es fácil, los mecanismos de reparto de recursos públicos utilizados por el clientelismo, se ven cada vez más restringidos, tanto por la magnitud de los problemas sociales y de violencia, como por el agotamiento de los recursos públicos en estados cada vez más endeudados. El terror y la violencia asoman la cara en forma de narco gobiernos o dictaduras duras.

Para evitar el caos que ha empezado a expulsar a millones de latinoamericanos, hacia el exterior, y pensar en soluciones democráticas hay que aplicar soluciones sistémicas que actúen sobre las causas y no solo sobre los efectos inmediatos.

Soluciones que contribuyan, progresivamente, a romper los círculos viciosos y estimular la emergencia de nuevos círculos virtuosos que tengan fundamento en las mejores prácticas.

¿Misión imposible hacer el cambio en democracia?

Cambiar una inercia de 500 años, sólidamente fundamentada en el peso de las estructuras sociales y las relaciones de poder vigentes, en condicione democráticas, puede parecer una utopía irrealizable a primera vista y no es una tarea fácil a corto plazo, pero no es imposible se actúa con visión de sistema. Esto es reconocer, por una parte, que lo existente es producto de una práctica, que no se transforma con cursos y buenos consejos, sino con una nueva práctica. Por otra parte, que el cambio de los sistemas parte de accionar sobre los círculos viciosos construyendo progresivamente círculos virtuosos. Esto es un proceso acumulativo donde los resultados generan confianza y acumulan autoridad y respaldo sobre las comunidades y actores de la transformación

Se trata de una combinación de educación y capacitación organizacional cívica y empresarial acompañada de una política de descentralización, que abra senderos y genere autoridad por sus resultados.

Un pilar central de centrarse en la educación que es la llave de las oportunidades. Más allá del esquema tradicional de la educación estándar masificada que prepara oficios de toda la vida. adaptada a la nueva época, se requiere d una educación cosmopolita, pero enraizada en nuestros países, que propicie el respeto de las culturas ancestrales y la integración de saberes en la búsqueda de soluciones. Que enseñe a respetar las culturas locales y conocer las nuevas experiencias de desarrollo impulsadas por las comunidades indígenas, como las impulsadas en Bolivia.

La organización de las personas y de las comunidades, es la vitamina “O” del desarrollo, es la que apodera a las comunidades y personas para participar en la vida cívica y política. Sin organización cívica la descentralización es un “canto a la bandera” que termina cediendo los espacios al clientelismo y al narco. Por eso es fundamental una descentralización de la educación y la capacitación, así como los servicios de apoyo al financiamiento de proyectos locales que el impulsen el ascenso social al mismo tiempo que el encadenamiento y generación de empleo, ocupaciones y riqueza en las comunidades.

La democracia de los dados cargados

Sin organización y capacitación no podrá integrarse a la vida económica, comunal y cívica a los excluidos que seguirán participando del juego de una “democracia” con los dados cargados por el un capitalismo de amiguetes, que tejen las leyes y las normativas para su beneficio patrimonial.

El Estado debe favorecer el desarrollo nacional y local, dictando normas que estimulen a los emprendedores nacionales, mientras crecen y se posicionan.

En todos los países hoy desarrollados han existido momentos de protección de lo local para consolidar sus industrias, así fue en Japón donde se les dio 10 años, de ventaja a los industriales, con la condición de que en ese lapso de tiempo pudieran exportar sus productos. En Israel el Estado le otorga ventajas de diverso tipo a los inversionistas con la condición que en cinco años encadenen la mitad de su producción y servicios con la economía local. Aquí lamentablemente no hemos aprendido de esas experiencias y pretendemos hacer clavos de oro con un proteccionismo chato, que parte del supuesto que los recursos públicos son infinitos.

Revertir el proceso patrimonialista de 500 años, requiere empezar por reconocerlo en “su salsa” y emprender, a través de nuevas políticas, el aprendizaje y estimulo de las mejores prácticas locales e internacionales. Se trata de construir liderazgo y autoridad a través de los resultados de una práctica acumulativa

Es una tarea ardua, pero viable y necesaria, como la que han emprendido con éxito en Uruguay y Bolivia.

Santa María de Dota 05 febrero de 2021

Hegel y Marx: la dialéctica del amo y del esclavo

Por Arnoldo Mora

La dialéctica del amo y del esclavo es una de las páginas más célebres de LA FENOMENOLOGÍA DEL ESPÍRITU, una de las obras mayores de Hegel, quien es considerado como uno de los filósofos más influyentes de los últimos doscientos años. La dialéctica del amo y del esclavo constituye uno de los mayores aportes y de mayor trascendencia de la filosofía hegeliana a la filosofía contemporánea; sobre todo, si tenemos en mente la versión que de la misma hizo Marx a la luz de las categorías epistemológicas que sustenta el materialismo histórico; por eso resulta difícil, por no decir imposible, separar una versión de la otra, si bien es indispensable hacer este intento para mejor sopesar y valorar el aporte de una u otra versión. Para Hegel, la dialéctica del amo y del esclavo caracteriza una de las “figuras de la conciencia” histórica: la antigüedad clásica, que Hegel analiza particularmente a propósito del Imperio Romano. En concreto, para Hegel se trata de comprender la historia como vivencia existencial colectiva, tomando en cuenta una ética de la alteridad, basada en una concepción integral de la sociedad y de la confrontación de los sectores que la componen; todo lo cual da un enfoque político a los procesos históricos, entendiendo por “política” el ámbito social donde se libra la lucha por el poder y su resultante como ejercicio del mismo en el Estado. Para ello, se requiere asumir un punto de vista epistemológico, a tenor del cual se analizan los hechos no sólo como realidades objetivas como hace el historiador, sino desde la conciencia vivida de los principales protagonistas de la historia; ya que lo importante para nuestro filósofo en la historia, más que los hechos tomados como eventos aislados o, más exactamente, a partir de los hechos fácticamente tomados, aquí se busca explicar la racionalidad que rige, no tanto los hechos individualmente tomados, sino los procesos históricos que los rigen y explican; por lo que se reflejan en las instituciones que en esos períodos históricos se crearon.

En este caso concreto, el aporte más significativo de la Roma clásica a la cultura universal fue la creación del primer Estado propiamente dicho (Maquiavelo) y su justificación racional mediante el derecho. En la historia, tal como la solemos estudiar, se caracteriza a la sociedad y al Estado de la Roma Imperial, organizada como una sociedad “esclavista”. Desde un enfoque epistemológico, la sociedad romana debe verse como un todo socio-cultural, donde amos y esclavos son por igual, aunque con roles diametralmente diferentes, sus artífices; en una sociedad esclavista, unos y otros son indispensables. Al analizar la conciencia del hombre romano, Hegel señala que uno de sus componentes es el esclavo, tan imprescindible como el señor, si bien con un rol irreconciliablemente antagónico. En consecuencia, si caracterizamos la conciencia del romano, sea amo o sea esclavo, estamos ante una conciencia alienada, dado que una de las partes que la componen, es negada por la otra; estamos ante una conciencia en conflicto, en lucha contra sí misma. El esclavo es la negación del amo; por su parte, el amo se niega a sí mismo, al negarse a reconocer uno de los elementos constitutivos de su propia conciencia. Ese elemento, que es el esclavo, es la parte material de la conciencia del amo, y el amo es la parte pseudoespiritual o trascendente de la conciencia del esclavo; por lo que éste lleva a su dominador dentro de sí mismo; su conciencia también está enajenada.

El amo sólo sueña en ser conquistador por la violencia, por lo que desprecia al esclavo a quien ha vencido obligándolo a producir lo necesario para satisfacer las necesidades materiales, es decir, la vida mediante el trabajo. Dentro de este contexto político y cultural, el esclavo no es una persona, no es un sujeto de deberes y derechos sino un instrumento o herramienta de trabajo; su vida, a los ojos del señor, no se justifica más que por la producción de bienes materiales; razón por la cual justifica su existencia objetivando su esencia de esclavo mediante el producto de su músculo, aunque no le pertenece sino al amo, es él – el esclavo – el que produce la riqueza; esta es la razón por la que el amo le perdona la vida. Lo que el amo olvida es que, si bien el esclavo necesita del amo para sobrevivir, el amo también necesita del esclavo, porque sin su trabajo se moriría de hambre. No hay amo sin esclavo; el amo necesita del esclavo para afirmar su libertad y justificar su condición de amo; el esclavo le es imprescindible; por lo que el esclavo se convierte en su destino inexorable; hasta el punto de que el amo termina por depender de la existencia misma del esclavo.

Por eso el esclavo se libera, es decir, produce su propia libertad, al objetivar la conciencia alienada mediante el trabajo material, mientras el amo destruye su propio ser en el goce o disfrute del trabajo ajeno. Más que el esclavo, es el amo quien necesita del esclavo para su propia sobrevivencia. El amo está más lejos de su liberación que el esclavo; el amo sólo podrá lograr su libertad, es decir, desenajenar su conciencia de esclavista, mediante la reconciliación con el esclavo; lo que equivale a reconocer la condición de persona del esclavo y, con ello, su condición de sujeto de derechos y deberes. Lo cual significa que el amo debe negarse a sí mismo, vivir su propia contradicción intrínseca como su destino inexorable como individuo (Hegel) y el fin de su clase social como destino histórico (Marx).

Finalmente, si vemos este proceso dialéctico a más largo plazo, es decir, desde el punto de vista de una filosofía de la historia de Occidente, como lo hacer Hegel en la obra mencionada, el hombre medieval – período que sigue a la época clásica esclavista – se caracteriza por asumir su existencia como “conciencia desdichada” o conciencia desgarrada, que ya en sus escritos de juventud Hegel caracterizaba como lo propio del cristianismo; tal es la conciencia de culpabilidad por considerarse un pecador. Esa concepción teológica llega al paroxismo con los reformadores, de donde proviene el propio Hegel. Por su parte, el reconocimiento de los derechos y deberes del esclavo, es decir, de las clases sociales subalternas, implica una revolución, no sólo política, sino también cultural. Para Marx, esto sólo se da con un cambio en la clase social dominante, cosa que, históricamente, se logra gracias al advenimiento del modo de producción feudal y la cultura medieval básicamente teológica, “metafísica”, diría Comte. Con ello la contradicción interna y existencial del hombre medieval se traslada al más allá, con lo que la vida aquí en la tierra se ve tan sólo como un tránsito a la otra vida, la que es considerada como la definitiva y plena; el más allá es la razón de ser del más acá. Las grandes peregrinaciones religiosas son la más evidente expresión de esa cultura, dirá Hegel.

El trabajo comunitario como base para la construcción de una cultura de ciudadanía

Héctor Ferlini-Salazar

Este texto propone una reflexión acerca de la función de las formas de sensibilidad comunitaria como elementos de cohesión, identidad democrática, y cultura de ciudadanía. Se parte del hecho de que una persona ciudadana en términos subjetivos es determinada por su cosmovisión y su materialidad, y puede participar en la agencia de la historicidad de su comunidad mediante la interiorización de paradigmas ético-políticos.

Este artículo es parte del libro La acción social generadora de diálogo con las comunidades del Pacífico Central, el cual es una producción de la Editorial, Universidad de Costa Rica Sede Regional del Pacífico.

En la introducción a mi texto propongo lo siguiente:

La construcción de la democracia participativa implica el desarrollo de una cultura de ciudadanía, esto es, de una disposición de la población hacia el compromiso cívico que entiende ciudadanía no como los hechos simples de habitar un país o portar cédula de identidad, sino como el acto de comprometerse en la mejor realización de la democracia. En la actualidad los valores democráticos de participación son poco apreciados, e incluso existen mecanismos o supra-relaciones (Ferlini Salazar, 2017) que los limitan, lo cual, demanda la construcción y ejecución de una estrategia para construirla contrarrestando esos mecanismos. Así lo postula el proyecto ED-3250 Aportes Comunitarios para la Construcción de la Democracia Participativa de la Sede del Pacífico de la Universidad de Costa Rica. En ese proyecto y en este texto se propone que el espacio para el desarrollo de esa estrategia es el comunitario. Adelante se amplían estos conceptos.

Pero ¿cómo lograr el propósito de construir una identidad ciudadana? Para explicarlo, es necesario contar con algunas definiciones básicas y para ello haremos una distinción conceptual, desde este documento, para los siguientes términos: ciudadanía, construcción de ciudadanía, democracia participativa, gobierno participativo.

Como se mencionó párrafos arriba, a) ciudadanía implica el compromiso con la mejora en la calidad de la democracia; b) construcción de ciudadanía se utiliza en este escrito para referirse al proceso social mediante el cual distintas comunidades ejercitan la vida democrática de toma de decisiones gracias a la calidad de la democracia interna en sus agrupaciones comunitarias; c) democracia participativa no es un momento culminante o punto de llegada sino un proceso de acumulación orientado el logro de un sistema político sustentado en la participación, y según el cual, se supera la democracia representativa (o delegativa) para dar paso a la incorporación efectiva de la ciudadanía en cuatro dimensiones: la formulación de la política pública, su ejecución, el control, y la reformulación de política pública; d) y gobierno participativo se entiende en este documento como el involucramiento de la ciudadanía en las distintas expresiones administrativas del Estado. Será tema de otro texto ampliar la forma de hacer efectiva esa participación ciudadana en cada uno de los tres poderes.

Le invito a descargar el documento, si le parece bien comentarlo, y de ser posible, compartirlo en su comunidad o con personas cercanas.

Los diputados por su naturaleza son beligerantes políticos

Vladimir de la Cruz

Recientemente el Tribunal Supremo de Elecciones advirtió a los diputados, y a sus asesores de no caer en la figura de la beligerancia política, lo que pareciera una intromisión sin precedentes en la figura del Diputado, y sus asesores, los que él escoge, generalmente de su propio partido político, indicándoles que no podían hacer actividades, en su tiempo laboral, de carácter político electoral, o que estuvieran relacionadas con la próxima campaña electoral.

Fue en forma directa un jalón de orejas, especialmente, a los diputados que aspiran ser candidatos presidenciales, o que ya han anunciado sus intenciones en esa dirección. Fue ponerles un bozal político, un tapabocas, además del bozal de la pandemia que deben usar.

La Constitución Política, ni la legislación electoral, ni ninguna ley en particular establece prohibición alguna para los diputados, ni los consideran “empleados públicos”, ni se les puede considerar “servidores del Estado en el ejercicio de sus cargos”, los que sí tienen esa expresa prohibición, siempre y cuando estén en la categoría constitucional de “funcionarios a quienes les esté prohibido ejercerlas”, que en ninguna parte ni ley alguna se señala a los diputados.

De los altos funcionarios que sí tienen prohibición son, entre otros, el Presidente de la República, los Ministros de Gobierno, los Ministros Diplomáticos, el Contralor y Subcontralor Generales de la República, los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia

Y, es la Asamblea Legislativa, el conjunto de los diputados que la constituyen e integran, los que conocerán el resultado de la investigación que realice el Tribunal Supremo de Elecciones contra esos específicos altos funcionarios, si realizaran actos considerados de beligerancia política, si son investigados a ese efecto.

¿De dónde se saca el Tribunal Supremo de Elecciones que los diputados no pueden ser beligerantes políticos las 24 horas del día, dentro y fuera de la Asamblea Legislativa, en sus oficinas como en sus curules, Plenaria y de Comisiones, o en los actos que realice en comunidades, visitas, reuniones, actividades a las que es invitado o él mismo organiza para rendir cuentas, o para pasar facturas políticas ciudadanas, más allá del propio control político que puede realizar en el propio recinto parlamentario, que es quizá el acto de beligerancia más extremo que puede hacer contra los representantes y funcionarios de los Supremos Poderes y de las Instituciones del Estado y del Gobierno.

Los diputados aunque electos por Provincias tienen el carácter de “nacionales”, de ser la representación de la voluntad popular expresada por el sufragio, en la figura de cada diputado, y de cada grupo de diputados pertenecientes a los partidos políticos que eligen diputados. En la propia Asamblea Legislativa se organizan por partidos políticos, así se sientan, con curules que “pertenecen” a esas fracciones legislativas, en el orden en que se colocan, porque nombran un Jefe de Fracción partidaria, porque tienen reuniones de jefes de fracción para coordinar aspectos del debate parlamentario y de la agenda parlamentaria. Así, los diputados electos por la Nación actúan en nombre de sus partidos políticos. Es lo lógico, es lo natural, es lo usual, es lo inherente a cada diputado. En las notas de prensa, radiales, escritas o televisivas se les reconoce como diputados de tal o cual partido.

Toda la labor parlamentaria de los diputados es política, es partidaria, es calculadoramente electoral, porque de su buen o mal desempeño así les puede ir en la siguiente campaña electoral.

La Campaña Electoral no termina con la integración de la Asamblea Legislativa el 1 de mayo siguiente a la elección nacional. Allí continúa en el escenario legislativo. Esto es lo real, es lo que funciona.

Todos los diputados en sus intervenciones, en las Comisiones o en el Plenario, pueden hablar a nombre de sus partidos políticos, identificarse como miembros de esos partidos, hacer alarde de la Historia parlamentaria o nacional de sus partidos. Los que casi no hacen alarde de nada, casi siempre ha sido así, son los diputados oficiales, los del partido de gobierno en ejercicio. Les cuesta mucho defender al Gobierno, y porque muchas veces por las acciones y compromisos de los Gobiernos los diputados toman distancia silenciosa de su partido gobernante.

La jornada laboral de los diputados es 24 horas en el cargo. A los efectos de las reuniones que tienen, por asistir a las Comisiones o al Plenario, reciben un pago. Si faltan no se les paga lo correspondiente. Pero esto es un problema tan solo de responsabilidad laboral.

Toda la labor de un diputado, desde su presencia en la Asamblea Legislativa, hasta por sus actos y discursos es para beneficiar a su partido político, y a su propia figura política como dirigente parlamentario de su organización partidaria. Todo lo que tiene en la Asamblea Legislativa, desde su Oficina hasta los dineros que le dan de gasolina mensual, son para justificar su trabajo parlamentario que es político partidista. No se puede entender de otra manera.

Insisto. En la Constitución ni en ley alguna hay una solo sanción para los diputados, que pueda caer en la figura de la beligerancia política.

En mi opinión los asesores parlamentarios, nombrados por los propios diputados para su trabajo diputadil, con salario de la Asamblea Legislativa, están igualmente amparados por la misma protección que tienen los diputados para realizar su trabajo político y parlamentario, y aunque pagados por la Asamblea no caen en la categoría de “empleados públicos”, de “servidores del Estado en el ejercicio de sus cargos”. Son funcionarios que la sociedad paga para el mejor desempeño de los diputados como expresión de la soberanía popular que ellos representan.

Los que sí son “empleados públicos”, “servidores del Estado en el ejercicio de sus cargos”, son todos los Asesores de Servicios Técnicos parlamentarios que le sirven a todos los diputados, como un alto equipo o grupo especializado para esos trabajos. Igualmente aquellos funcionarios del Poder Legislativo que por su naturaleza le sirven a todos los diputados sin distinción de su pertenencia partidaria.

Está bien que se regule la ausencia de los diputados del Plenario y de las Comisiones, lo que se les sanciona con el no pago respectivo si no tienen autorización para ausentarse para atender asuntos personales, o funciones o labores propias de su cargo, que eso no se paga de esa manera.

Por este mismo motivo no se obliga a que un diputado que quiere ser candidato a la Presidencia tenga que renunciar a su cargo de diputado. Implícitamente se reconoce su papel de ser un representante de un partido político, que no tiene impedimento constitucional ni legal para ser candidato siendo también diputado.

Lo inmoral es lo que hacen algunos diputados que ausentándose cobren sus respectivas dietas por los mecanismos que les permite hacerlo.

Bastaría que cualquiera de los diputados candidatos empezara sus discursos parlamentarios o legislativos diciendo: “En mi condición de diputado del Partido XXXX, y de mi condición de aspirante a la Presidencia por mi partido XXXX, o si ya fuera candidato oficial, dijera que, en esa condición, se dirige al resto de los diputados y al público, a los ciudadanos, a los electores, que oyen o ven las sesiones parlamentarias, sobre ZZZZ, proyecto de ley que está en discusión, o haga referencia en el control político que en un gobierno, bajo su mandato, eso que está criticando no va a ocurrir. ¿Se le podría acusar de beligerancia política por esa forma de dirigirse en el Plenario o en el Trabajo de Comisiones?

Hay que dejarse de hipocresías políticas. Eso es lo que le hace daño al país, a la imagen de la Política, de los Partidos Políticos, de los dirigentes políticos, y a la misma Democracia política que vivimos como sistema.

La pertenencia a un partido político no le quita la credencial a ningún diputado. Lo único que se la puede quitar es que pueda ser empleado o tener cargo en otros poderes del Estado o de elección popular. Ni siquiera pierde su credencial de diputado cuando transitoriamente es llamado a ejercer un puesto de Ministro.

Tampoco pueden “celebrar, ni directa ni indirectamente, o por representación, contrato alguno con el Estado, ni obtener concesión de bienes públicos que implique privilegio, ni intervenir como directores, administradores o gerentes en empresas que contraten con el Estado, obras, suministros o explotación de servicios públicos”, lo que se considera incompatible con el cargo de diputado lo que sí les hace perder su condición de Legislador.

Para los asesores contratados por los diputados, para que los acompañen sus cuatro años en Congreso, por ley se les fija “la asignación y las ayudas técnicas y administrativas que se acordaren para los diputados”.

La única restricción que puede tener un diputado, es la que tiene el Presidente de la Asamblea Legislativa, cuando en ejercicio de su cargo por disposición constitucional, sustituye transitoriamente al Presidente de la República, como sucedió en la Legislatura 2009-2010, cuando el Presidente del Congreso, el diputado Francisco Antonio Pacheco varias veces sustituyó al Presidente Oscar Arias, siendo también el diputado Presidente de su partido Liberación Nacional, a lo que no tuvo que renunciar. En ejercicio del cargo de Presidente de la República si se sometió a las prohibiciones que para ese cargo existen, pero sin dejar ni renunciar a su condición de diputado, ni de su partido, ni de la Presidencia de su partido.

Es hora de dejarse de hipocresías políticas que solo dañan la imagen de los Poderes Públicos, de la Política, de los dirigentes políticos, de los mismos partidos políticos, de la Política como quehacer humano, y de la Democracia política que vivimos.

El diputado por su naturaleza es un beligerante político. Que actúe como tal. Eso es lo que necesitamos para ver si también mejoramos el debate y el análisis político.

Peligrosa llamada de atención hace el Tribunal Supremo de Elecciones a los diputados, de intromisión en el Poder Legislativo, de intentar ponerles a los diputados un bozal, o un tapabocas, en el ejercicio de su palabra, de su Parlamento, de su crítica general y de su crítica política, que es la que sería sujeto de “beligerancia política”, una manera sutil de decirles a los diputados cómo deben realizar su control político.

Camino peligroso para la democracia política y electoral el que abre el Tribunal Supremo de Elecciones.