En el 2018, como parte de las actividades promocionales del mundial de Rusia, la FIFA organizó un concurso para determinar el gol más bello de las Copas del Mundo. La grata sorpresa fue que resultó ser uno de Manuel Negrete, de la selección mexicana, anotado a Bulgaria en un partido del 15 de junio de 1986, ante más de 110 000 personas que asistieron al Estadio Azteca [1]. Esto según una encuesta en redes sociales, en la que votaron 23000 personas, entre goles de Pelé, Maradona, Platini, Denis Bergkamp, James Rodríguez y otros.
Cabe comentar que un juicio de apreciación como ese no es posible para un criterio experto, porque los goles son en realidad incomparables; cada uno es una joya que tuvo su momento y esplendor. ¿Qué medida o criterio común permitiría introducir un juicio estético para sopesar dos o más goles? ¿No sería como determinar si un cuadro de Pablo Picasso es más bello que otro de Salvador Dalí? La FIFA solo estableció la preferencia de los aficionados, lo que pareció incontrovertible, por ser la sumatoria de tantas elecciones subjetivas. Pero es un hallazgo que, en sentido estricto, no es falseable, ni criticable. Por eso, habrá siempre quien pueda decir, simplemente, no opino igual. Lo que no restaría mérito al logro que mantiene a Manolo viendo diariamente su gran hazaña, aunque modera su entusiasmo.
La selección mexicana estaba dirigida entonces por el servio Bora Milutinovic, quien en su primer mundial llevó a México hasta cuartos de final [2]. Del otro lado, Bulgaria estaba en manos de Ivan Vutsov (1939-2019). México jugaba en casa y practicaba un 4-4-2. Bora apenas lo retocó, al minuto 79, cambiando un mediocampista por otro. Bulgaria hizo un planteamiento más conservador (4-5-1), reforzó así su media cancha confiando en el contraataque. En el minuto 59, viendo que su discurso de medio tiempo no fructificaba, Vutsov cambió un medio por otro. Pero ante el segundo gol de México, realizado dos minutos después por Raul Servín (17), cambia de sistema, metiendo un medio por un delantero, pasando así a un 4-4-2. Pero ninguno surtió el efecto buscado y el partido quedó 2 a 0 a favor de los aztecas [3].
Ese es el contexto del gol más bello, cuando los aztecas buscaban con ahínco la senda del primer gol, justo cuando Manuel Negrete (22) logra bajar, al minuto 34, un pase de Rafael Amador (18), de manera elegante y precisa, con el empeine izquierdo y en dos tiempos; maniobra técnicamente dificilísima. Así se origina el golazo. Enseguida se apoya en Javier Aguirre (13), en los linderos del área de penal, aprovechando un rápido rebote de la pelota. La genialidad está en que Javier la devuelve de pared para que Negrete ejecute de inmediato su soberbia tijereta de remate cruzado.
Lo asombroso de ese gol proviene, en primer lugar, como cualquier otro, del virtuosismo técnico y de la emoción del logro; pero ambas cosas magnificadas por la expectación que provocara la larga serie de pases previos; más el dichoso azar de un rechazo que hiciera la defensa búlgara, ante otra tentativa de Hugo Sánchez (9), que le llegara dócil a Amador. No obstante, más específicamente se debe a que combina dos técnicas muy apreciadas en el mundo balompédico: la pared y la tijereta. La primera es, en su maravillosa sencillez, una de las jugadas de coordinación en pareja más efectivas pero también más difíciles de conseguir, y en este caso es con bola en el aire. Por su lado, la tijereta tiene el encanto de ser una jugada tan contundente como espectacular. Y aquella fue un latigazo -sin obviar que el látigo es un instrumento de ingrata memoria para casi todos nosotros, nietos como somos de esclavos-. Un gol levanta hasta un muerto y aquel fue relampagueante.
Por su parte, Borislav Mikhailov (1) se mantenía atento a la jugada, a un paso del centro del marco. Desde ahí se lanzó tras aquel bólido que se le coló próximo al palo izquierdo; bola que solo se hubiera podido desviar, dado el efecto hipnótico, esperando el remate medio metro más adelante. ¿Efecto hipnótico? El de un cerebro impactado por la sorpresa, cautivado por el mismo movimiento, lo que retarda una milésima de segundo la reacción necesaria para interceptar el fatídico vector. Así es como la belleza condesciende con la eficacia del remate.
Hay que mencionar que Borislav pasaba en aquel momento por una cumbre de actuación; había hecho ya un primer tiempo excepcional organizando una férrea defensa y saliendo de sus áreas cuántas veces había sido necesario. Minutos antes había frustrado un remate de corta distancia, protagonizado nada menos que por el infalible Hugo Sánchez, quien había bajado de pecho una bola para quedarse solo ante él, en las proximidades del punto de penal. Así que la actuación del guardameta también engalanó el lance pródigo de Negrete, quien jugaba aquel partido con casta de gigante (y la lengua afuera). Nada extraño bajo la dirección de Bora Milutinovic, artífice del delicado oficio de la motivación.
Nos “lo encontramos” hace muchos años, mientras viajábamos hacia una actividad académica en la sede de la Universidad Nacional en Nicoya. El compañero y amigo que conducía el auto desde Heredia, en cierto momento, con el fondo de la música cristiana que me «recetó» todo el camino desde Heredia, nos dijo, “Viera don Freddy, que mi hijo tiene el corazón a la derecha”. Para no contradecirle y mucho menos incomodarlo, este “doctor en ciencias biológicas” con prejuicios desde la cuna hacia las iglesias donde se gana el Cielo con diezmos, simplemente le seguí la corriente.
Pensé que era, quizá, un cuento del pastor de su iglesia. Sin embargo, el tema fue retomado cuando nos acercábamos a nuestro destino nicoyano.
Nos contó que poco días atrás, el niño al asustarse con las sirenas de los bomberos en una emergencia de incendio en su comunidad, al llegar a la casa, dijo “¡qué susto!”, mientras ponía su manita sobre el lado derecho del pecho.
Su mamá al verlo (¡tenía que ser ella!) le pareció confirmar algo que había sospechado antes y se dispuso a aclararlo. Los radiólogos, luego de una primera placa del tórax, dijeron que necesitaban hacer otra radiografía, porque “algo había salido mal”. Así lo hicieron, pero antes de que le dieran le resultado, la madre los sorprendió preguntándoles si era que el corazón aparecía a la derecha. Después la historia llegó hasta el Hospital Nacional de Niños y la televisión.
Así que, lo que en primera instancia parecía una ocurrencia del compañero chofer, luego se convirtió en un asunto de estudio con nuestros estudiantes. Aprendimos de _situs inversus total_, una condición genética ubicada en los cromosomas autosómicos (diferentes a los sexuales) que se expresa cuando el corazón, normalmente inclinado hacia la izquierda, lo hace en sentido contrario, ¡hacia la derecha! Característica que también se manifiesta con todos los órganos del tórax y el abdomen, incluyendo los pulmones. Situación que, dichosamente, casi en su totalidad no provoca síntomas adversos sobre la salud.
En Costa Rica han de haber más de 500 personas que presentan tal condición, pues algunos estiman que se presenta en uno de cada diez mil nacimientos. Sin embargo, como en la gran mayoría de los casos, no son detectados oportunamente por los pediatras, y las mismas personas que lo presentan lo desconocen.
Ahora bien, si desde el punto de vista médico, el asunto tiene igual interés que el que habría de tener desde la visión popular, encontramos además una curiosidad en el Antiguo Testamento que también ha de llamar la atención. Leemos en la prestigiosa edición de la Biblia de la Universidad de Jerusalén (entre otras igualmente respetadas como la Kadosh Israelita Mesiánica) lo siguiente: “El sabio tiene el corazón a la derecha, el necio tiene el corazón a la izquierda” _ (Eclesiastés 10:2). ¿Qué? ¿Cómo es eso? ¿Conocía el iluminado autor, siglos antes del nacimiento de Jesús, la existencia del _situs inversus total_? Dirán algunos, con razón, que habría que hacer un análisis etimológico para tratar de acercarse al origen de la oración, porque en otras versiones de las Santas Escrituras el Eclesiastés 10:2 muestra otra redacción. Pero también podríamos especular que los que tradujeron los textos originales, quizá del arameo, desconocían esa espectacular característica de los humanos. Difícil tarea como son generalmente las que tienen que ver con el Antiguo Testamento, por lo que la dejamos hasta allí, para los especialistas y otros estudiosos de la Biblia.
Pero de lo que sí tenemos certeza, es que no se puede negar que el tema es de gran interés, aunque poco conocido. Y tan frecuente que, en la de menos, algunos de los que nos están leyendo, sin saberlo, tienen el corazón a su derecha… Y en la de menos, son sabios.
En la vida de los pueblos, como en la de las personas, existen palabras y segmentos de la existencia que no se nombran, de las que no se habla, que se tergiversan y se envuelven con la neblina de lo impronunciable. Sin embargo, aunque no se acepte, son esos temas o momentos los que —como descubrirían hace rato las ciencias del comportamiento humano— marcan improntas o huellas que explican no solo lo que somos sino hasta el rumbo que debemos tomar. Es necesario abordar esos temas y hacer fisuras en los silencios pues, como dijese el poeta, por esas grietas es por donde entra la luz.
La Costa Rica de 2021, como nación, no escapa a esa tendencia. En nuestra patria hay, como decía don Pepe, palabras gastadas de tanto usarlas en las luchas más nobles, pero también hay palabras tergiversadas, palabras acalladas y hasta palabras prohibidas. Si entendemos el Parlamento como el lugar del pueblo desde donde se habla, no puede menos que agradecerse y elogiarse la iniciativa de esta Comisión parlamentaria para que —en el marco de la conmemoración del Día Internacional de las Mujeres (así, en plural)—reflexionemos sobre cuatro de esos términos proscritos de distintas formas.
Esta fecha, como sabemos, es formalizada por las Naciones Unidas en 1975, pero hunde sus raíces en el marco de la Revolución Industrial (1760-1840) y en las transformaciones producidas en la economía y en el trabajo que impactaron predominantemente a las mujeres y a la niñez. Durante dicho proceso se agudizaron las desigualdades entre hombres y mujeres, las cuales distintas pensadoras individuales venían exponiendo y que generaron, en 1848 en Estados Unidos, la “Declaración de Séneca Falls”, donde se denuncia la negación que se hace, a más de la mitad de la población, del reconocimiento de sus derechos y la degradación social a que, por medio de leyes injustas, se les somete, luchándose asimismo por el abolicionismo de la esclavitud en general.
Las condiciones precarias del trabajo de mujeres y niñez y la explotación constante de las personas trabajadoras de la industria textil en Nueva York fueron denunciadas por sucesivos movimientos que, mediante huelgas y manifestaciones masivas de miles de mujeres, exigían aumento de sueldos, menos horas de trabajo, derecho al voto y la prohibición del trabajo infantil. Así ocurrió el 08 de marzo de 1857; en 1908 —en donde intervinieron 15,000 mujeres bajo el lema “Pan y Rosas”3— y el 25 de marzo de 1911. Esos movimientos se desarrollaron por varios días y fueron fuertemente reprimidos por la policía. En la última de esas oportunidades, la fábrica de camisas en Nueva York fue incendiada con sus trabajadoras dentro. Murieron 125 trabajadoras y 23 hombres, en su mayoría, migrantes de Europa del Este de entre 14 y 23 años de edad.
SURCOS le invita a descargar el documento para que pueda leer el estudio completo escrito por Rosaura Chinchilla Calderón, en relación con el sentido y la actualidad del Día Internacional de las Mujeres.
La Máster Sylvia Arredondo Guevara, académica de la Escuela de Relaciones Internacionales y comunicadora de la Universidad Nacional, ha sido mencionada como candidata en el ranking de la Revista Petra que elige a las mujeres más destacadas en el año 2020.
El nombre de Arredondo fue propuesto por lectores de revistas, periodistas y público en general, como parte de un sondeo realizado a través de Facebook y WhatsApp, donde se valoró a mujeres influyentes por su reconocimiento mediático como fuente de información, gozar de respetabilidad y por su liderazgo en las funciones que desempeñan.
En el Dia Internacional de la Mujer reconocemos la labor de la compañera Sylvia Arredondo, quien como Coordinadora General del Ideario Costa Rica Bicentenaria Dialogo Nacional que promueve la Universidad Nacional, ha propiciado, facilitado y liderado la creación de espacios abiertos, de encuentros y de conversaciones, acerca de los ámbitos de desarrollo de Costa Rica, algunos de ellos ya, de por sí consignados en las estrategias de los ODS (Naciones Unidas). Su trabajo y vocación ha permitido alianzas importantes, compartir experiencias y que tanto la academia como la ciudadanía, reflexionen e intercambien información estratégica, sobre el desarrollo de las políticas públicas, el avance de los proyectos sociales, económicos, científicos, tecnológicos, educativos, culturales, ambientales e institucionales del país.
UNA al Servicio de Costa Rica, ha sido una iniciativa creada y desarrollada por Arredondo, con el objetivo de popularizar y difundir la producción científica de la UNA, en este sentido, dado el trabajo de coordinación con personas académicas e investigadoras, ha dirigido, producido y difundido más de 135 videos cortos a nivel nacional e internacional, por medio de plataformas, medios de comunicación y pantallas audiovisuales. Muestra de esto, es la distinción que hace la Televisión Educativa y Cultural Iberoamericana -ATEI, (74 instituciones) al reconocer a la UNA ( 9 de agosto de 2020) como una de las 10 instituciones que mayor aporte brindó lo largo de los años 2019 y 2020; con la difusión (NCC Noticias Científicas y Culturales), de contenidos sobre ciencia, tecnología, investigación e innovación, así como dar a conocer a los protagonistas de estos procesos, como son las personas académicas e investigadoras de la UNA comprometidas con el bienestar de la naturaleza y el ser humano.
Como académica del área de las ciencias sociales de la UNA, Arredondo, se constituyó en co autora de la primera Biografía Completa sobre el Lic. Alberto Martén Chavarría, fundador del Solidarismo Costarricense y Benemérito de la Patria. Este libro es el documento más completo que se haya elaborado sobre la biografía del Padre del solidarismo y fue presentado al país el 17 de junio de 2020, como un esfuerzo conjunto de la Rectoría de la UNA, la Catedra Alberto Martén de la Escuela de Planificación y Promoción Social-EPPS-UNA, la Academia Solidarista Alberto Martén, el Editorial Progreso, el Tribunal de Honor y Ética del Colegio de Periodistas-COLPER y el Eje: Trabajo Decente y Crecimiento Económico del Ideario Costa Rica Bicentenaria Diálogo Nacional-UNA.
La obra relata la vida y obra de un personaje que se debe dar a conocer al mundo, dado que por muchos años ha permanecido desapercibido, es un resumen apegado a la realidad de lo actuado por Alberto Martén durante sus 100 años de vida. La iniciativa de recuperar y sistematizar el material contenido es el libro (Biografía) fue de Oscar Chavarría, quien junto a Arredondo y otros colaboradores llevaron a cabo un arduo trabajo para concretar el reto de contar con este producto con sello editorial.
Doña Sylvia, como integrante del Tribunal de Honor y Ética del Colegio de Periodistas de Costa Rica, ha ejecutado acciones estratégicas en beneficio de la ética y la responsabilidad social de la comunicación, así como de las y los profesionales (Periodistas, Relacionistas Públicos, Publicistas, Productores Audiovisuales, Diseñadores de Imagen) de las diversas disciplinas de esta rama.
Gracias a esa voluntad, motivación y actitud abierta, de esta académica y comunicadora; para co-crear y comprender que la corresponsabilidad es la llave para la construcción de proyectos de beneficio mutuo, se logró desde el Ideario y el Tribunal de Honor, recoger en diversas actividades académicas y profesionales (2017 al 2020), gran cantidad de reflexiones, argumentos, pensamientos, observaciones, recomendaciones, que llevó a la creación de un “Decálogo” del Comunicador y la Comunicadora Social, cuyo propósito es divulgarlo ampliamente entre estudiantes, profesionales, medios de comunicación y en la sociedad en general, para concientizar, sobre los principios éticos en el ejercicio responsable de la comunicación social en Costa Rica.
En un día tan importante como el 8 de marzo en que celebramos el Día Internacional de la Mujer, es digno reconocer la convicción, compromiso y liderazgo de la señora Arredondo, para poner fin a la violencia contra las mujeres, por ello, cabe reconocer la importancia de incluir el tema de “Mujer y Política” (Eje de Transformación del Estado) en el documento del Ideario-Costa Rica Bicentenaria Diálogo Nacional, que será presentado al país en el 2021. Producto de este esfuerzo, junto a los miembros del Tribunal de Honor y Ética del Colegio de Periodistas, de la PIEG-UNA y otros sectores afines, se desprende la elaboración y difusión del “Primer Protocolo de Prensa para el Abordaje y Tratamiento Informativo de la Violencia de Género contra las Mujeres y Sectores Vulnerabilizados”, presentado al país el 25 de noviembre de 2020, fecha en que se celebra el “Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer”, en el cual se pretende agregar valor a las dinámicas mediáticas en materia de igualdad y equidad de género, consecuente con un enfoque de defensa de derechos humanos.
Esta propuesta (Protocolo de Prensa) es un instrumento de trabajo consensuado y un mecanismo institucional, colectivo, que sirve de referencia en la cobertura de este tipo de hechos, dentro de un marco de respeto, apegado a los hechos y teniendo como objetivo el servicio a la ciudadanía y el interés público superior, establece los lineamientos que serán de observancia libre, pero consensuada, porque ningún derecho está por encima de la vida y de la dignidad de la persona. Con este protocolo se busca contribuir a que los medios informativos, noticiosos y las redes sociales, se apeguen a los principios fundamentales de veracidad, objetividad, equilibrio, rigurosidad y sensibilidad en el manejo de la información, en casos de delitos derivados de la violencia hacia las mujeres por razones de género.
Nuestra felicitación a la Máster Sylvia Arredondo funcionaria de la UNA, por haber sido nombrada entre las candidatas a este ranking de mujeres costarricenses destacadas y la instamos a seguir trabajando con visión prospectiva en temas que fortalezcan las bases de una sociedad democrática y justa.
P.h.D.(c) Efraín Cavallini Acuña Presidente Tribunal Honor y Ética Colegio de Periodistas de Costa Rica
“La sororidad constituye una experiencia práctica intelectual y política que se fortalece con la alianza entre las mujeres. Es más que la solidaridad ya que implica la modificación de las relaciones entre las mujeres para potenciar un mundo mejor”. Marcela Lagarde.
Pretendemos explorar algunos antecedentes internacionales y nacionales en la ruta de búsqueda de una mayor participación de las mujeres políticas en la vida pública de cara al Bicentenario de la democracia de Costa Rica. A partir de los antecedentes, nos referiremos a los obstáculos institucionales y partidarios a la participación efectiva de la mujer, a retrocesos en la democracia por desacato de los partidos políticos en Costa Rica. Frente a este reto, rescatamos la función de los mecanismos de la mujer en los partidos políticos; su lucha presente y futura en “sororidad” hacia una mayor igualdad y acceso al poder desde lo interno de los mismos partidos. Honramos el sentimiento colectivo que potencia y transforma al Frente de Mujeres de Partidos Políticos de Costa Rica (FREMUPP CR) en una alianza poderosa por la democracia paritaria y la equidad de género en el país.
LA LUCHA DE LAS MUJERES: CONTEXTO GLOBAL Y BICENTENARIO
La Costa Rica del Bicentenario es una realidad cada vez más cercana para nuestra nación; no obstante, la mitad de la población constituida por las mujeres, no se enrumba con un paso firme a celebrar doscientos años de igualdad. En tan crítica situación de la economía y la política nacional como han advertido el Estado de la Nación, los índices INEC sobre empleo, donde las mujeres y las jóvenes están sumidas en el subempleo, la informalidad y sujetas a altísimas tasas de endeudamiento y porcentajes de fracaso en sus emprendimientos, con pocas oportunidades de empleo digno y devueltas al ámbito doméstico con teletrabajo en triple jornada. Costa Rica en el 2019 ocupaba el número 44 entre 129 países en el índice global de igualdad de género y según el Foro Económico Mundial, el país se ubicó en el puesto 105, con una brecha de desigualdad del 32% en cuanto a sus oportunidades de educación, salario, participación económica y política en comparación con los hombres.
ONU Mujeres ha indicado que en gestión de talento empresarial, cuando hay más mujeres en los niveles gerenciales, aumenta la rentabilidad, el liderazgo horizontal y la innovación en la empresa. Es en este contexto y con un gran sentido de urgencia y preocupación por el futuro de nuestra sociedad costarricense, que las mujeres partícipes en organizaciones sociales y política partidaria, ocupamos desarrollar y ejercer liderazgos creando una mayor conciencia y participación ciudadana con equidad que persiga la igualdad y un mayor acceso al poder a través de nuestras mujeres en la toma de decisiones de alto nivel desde las organizaciones sociales y políticas.
A pesar de cumplir con 71 años de haber alcanzado el derecho y el ejercicio al sufragio para las mujeres en Costa Rica, la igualdad efectiva se asoma tímida mientras se nos enfatiza a las mujeres que somos seres humanos iguales en deberes y derechos políticos. Entonces, como mujeres políticas, requerimos del intercambio de saberes, herramientas y condiciones más favorables para el pleno ejercicio de nuestros deberes ciudadanos y el disfrute de nuestros derechos humanos y políticos en el país acorde con un mandato internacional dictado desde el Plan de Acción de la Conferencia de Beijing: buscar una mayor igualdad sustantiva de las mujeres y las niñas en todas las áreas de la vida nacional.
Abundan ejemplos de los compromisos suscritos internacionalmente para la búsqueda activa de la igualdad de género como son los pronunciamientos en América Latina y el Caribe de los Consensos de Brasilia, Montevideo, Santo Domingo, Quito, de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW, 1979), dando impulso a temas vitales como la autonomía de las mujeres, la participación en todos los poderes del gobierno, la firma del protocolo facultativo, el establecimiento del aparato nacional para el adelanto de la mujer, entre otros. Costa Rica también suscribió la Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, principalmente en su Objetivo 5, “Igualdad de Género y Empoderamiento de las Mujeres y las Niñas”, ha fijado la meta 5.5 del liderazgo y de la participación plena y efectiva de la mujer en la vida pública, política y económica.
Todos estos esfuerzos internacionales permean la cultura política y requieren de acuerdos concretos para dar pasos firmes hacia el cumplimiento de una mayor igualdad de género en todos los ámbitos públicos y privados. No obstante, una Auditoría Operativa sobre los ODS de la Contraloría General de la República citado en el Informe Técnico de la Dirección Estratégica del Instituto Nacional de las Mujeres, indicó que únicamente se podría superar el bajo índice integrado de implementación del ODS 5 (45%) por medio de un Pacto Nacional para planificar, ejecutar, financiar y evaluar 14 indicadores nacionales. Las alianzas estratégicas interinstitucionales y la cooperación internacional eran necesarias para elevar la implementación del ODS 5 de la Agenda 2030.
Al respecto, la anterior Comisionada Residente de las Naciones Unidas en Costa Rica, Alice Shackleford, insistía entonces que los temas sociales como el tratamiento de la pobreza y la reactivación económica del país, debían verse desde planteamientos integrales que permitieran transversalizar la equidad de género y la participación de las mujeres en la toma de decisiones. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (2011) anotó que las mujeres seguimos siendo subrepresentadas en distintos ámbitos gubernamentales, en las esferas de la vida política y enfrentamos obstáculos estructurales a la participación tales como la desigualdad de oportunidades para encabezar nóminas, la falta de financiamiento para campañas y la violencia política.
LA PARTICIPACIÓN POLÍTICA DE LAS MUJERES: EL CONTEXTO NACIONAL
En ese contexto nacional por imposición legal, la participación política de las mujeres se sigue promoviendo desde los mecanismos de avance de las mujeres en los partidos políticos porque requieren dotar sus estructuras en un 50% de mujeres. Pero las voces de alerta de grupos organizados de mujeres, del PNUD, de foros políticos y comunicados de prensa del mismo INAMU surtieron efecto en la preocupación por la perspectiva de género en la labor formativa del Instituto de Formación y Estudios en Democracia (IFED del TSE) y de otros entes como el Instituto de Formación y Capacitación Municipal y Desarrollo Local de la UNED, genuinamente interesados en tener mayor incidencia desde la capacitación para empoderar mujeres y lograr una mayor democracia paritaria.
El Instituto Nacional de las Mujeres como ente rector de la institucionalidad para la igualdad de género se basa en tres publicaciones tituladas Estado I, II y III de los Derechos Humanos de las Mujeres, (2011, 2015 y 2019 respectivamente) para trazar entre varios temas, la evolución de la autonomía, la ciudadanía y la participación política de las mujeres en dos cuatrienios. En estos períodos, se reconocen algunos pasos sustantivos hacia la igualdad efectiva en más espacios de toma de decisiones pero advierten del efecto “latigazo” (“cuando se avanza en un paso, se retroceden en dos”) en nuestros derechos políticos. El Tercer Estado de los Derechos de las Mujeres (INAMU, 2019) parte de un acercamiento a los retos, los problemas o nudos críticos y estructurales aún existentes en Costa Rica para evidenciar el rezago en algunos derechos de las mujeres como la participación ciudadana. La exclusión histórica de las mujeres en la esfera de lo político-público visto desde una construcción cultural y social limitante que reduce nuestros derechos políticos a “una clara relación entre el hacer política de las mujeres y su subordinación” (INAMU, 2015) se debe a que siempre tenemos que enfrentar la división sexual del trabajo en el ámbito político. La desigualdad de género entonces impera en cada una de las áreas revisadas en las investigaciones del INAMU como la educación, la salud, el trabajo, las oportunidades, el acceso a la tecnología, pero sobre todo en la participación política.
En especial, hay indicadores de rezago en la participación política de las mujeres en puestos de toma de decisiones, en tanto no se aborde el tema de la promoción de las autonomías. Según Marcela Lagarde, la autonomía es “algo por construir” y parte de “la estrategia de lucha de las mujeres en el mundo”. (Lagarde, 1997). Desde la CEPAL (2016), la dimensión de la autonomía que se refiere a los derechos políticos es la del poder y la toma de decisiones. Además de las diferencias político-partidarias, las mujeres enfrentamos retos comunes en relación a la inclusión de mecanismos paritarios, al techo en el ascenso político, a las oportunidades de ejercer un liderazgo autónomo y de combatir los escenarios de violencia política en todas sus manifestaciones. Si no trabajamos juntas las mujeres políticas, superando las divisiones partidarias, dando la lucha y desarrollando autonomía en el poder y la toma de decisiones dentro de los partidos políticos, aunque aumente la participación de más mujeres, no será real ni sustantiva en su capacidad de incidencia interna ni en el impacto nacional.
La participación de las mujeres debe ser entonces efectiva y real. Atrás deben quedar las imposiciones de nombres de mujeres para cumplir con una cuota o el llenado de papeletas con sus nombres en función de objetivos políticos patriarcales. La falta de autonomía se justifica en una construcción social-cultural que no permite ubicar a las mujeres fuera del ámbito doméstico-privado. Muchas mujeres con potencial político no se autoperciben como sujetos con derechos y aspiraciones políticas válidas a pesar de su gran trabajo y experiencia a lo largo de los procesos electorales. Ese liderazgo de mujeres a veces se sustituye en la inscripción de papeletas con el nombre de “la esposa, la hija o sobrina” de los liderazgos de hombres usurpando el derecho que por mérito le corresponde a las mujeres que sí han trabajado. El peligro es que esta práctica sea aceptada por las mujeres en aras de sólo llenar en la esfera de lo político-público aquellas que sean impulsadas por hombres y mujeres sin tener una visión o perspectiva de género.
Por eso, una de las premisas de igualdad descansa en la idea de que una mayor participación de las mujeres en la política va en paralelo con la construcción social-cultural de la entrada de los hombres en la vida doméstica-privada. El tema de la corresponsabilidad en el cuido y compartir las tareas del hogar entre ambos géneros cobra aún más interés como resultado del confinamiento por la pandemia del Covid-19, en donde el recargo sobre el trabajo y el tiempo de las mujeres, produjo un retroceso de las mujeres hacia los roles domésticos y de cuido. (OEA CIM, 2020) Es consecuente, entonces que el confinamiento pueda haber reducido también la participación política de las mujeres, lo cual amerita ser analizado en algún otro momento.
Por último, la misión de la Organización de los Estados Americanos que observó las elecciones municipales 2020 y entrevistó a varias representantes oficiales de las mujeres en algunos partidos políticos, reveló que Costa Rica debe limitar la cantidad de veces consecutivas en que se pueden reelegir los alcaldes, no existiendo un derecho humano absoluto para ocupar un cargo, y que los derechos a elegir y ser electos pueden ser regulados, criterio fundamentado en la Comisión Europea para la Democracia a través del Derecho. La misión reiteró una recomendación hecha en el 2016 de ponerle un tope a la reelección de los alcaldes a través de una revisión de la legislación vigente. Más alarmante la misión también detectó casos de violencia política contra las mujeres, resaltando que solo 9 mujeres fueran electas alcaldesas y recomendó avanzar en la elaboración de una ley sobre violencia político-electoral contra las mujeres para prevenir, investigar, sancionar y reparar todo tipo de violencia y discriminación en la política. (CRHoy, Febrero 3, 2020).
JURISPRUDENCIA Y VOTOS DE LA SALA: PARTIDOS MARCAN RETROCESOS EN LA RUTA NACIONAL Y MUNICIPAL HACIA LA PARIDAD
En este apartado se cita jurisprudencia, votos relevantes de la Sala Constitucional y resoluciones del Tribunal Supremo de Elecciones que permiten contrastar la normativa existente con lo que consideramos las mujeres políticas un retroceso en la ruta municipal y nacional hacia la paridad. En la Resolución Nº 16070 – 2015 “(…) la Sala afirma que -conforme al tenor literal y sistemático del Código Electoral- sí resulta exigido a los partidos políticos el respeto de la paridad no solo a lo interno de cada nómina sino a lo largo de todas las nóminas de elección popular, es decir la paridad en los encabezamientos o paridad horizontal, por lo cual dichas organizaciones deben tomar las acciones, acuerdos y procedimientos que juzguen más apropiados (incluyendo por supuesto las posibles consultas al Tribunal Supremo de Elecciones, como órgano competente) para dar cabal cumplimiento al mandato legal que se origina especialmente en los artículos 2 y 52 incisos ñ) y o) del recién citado cuerpo legal, según se ha explicado.” Apoyados en el principio de autonomía partidaria, no tanto los partidos más nuevos que han proliferado en Costa Rica, sino los partidos más tradicionales y patriarcales asumen riesgos incumpliendo o manteniendo los mínimos necesarios en sus estatutos con respecto a la paridad horizontal o en la implementación de los mecanismos a pesar de lo expresamente reglamentado en la normativa actual.
El TSE en la Resolución Nº 3603 – E8- 2016, que indica que “la paridad de las nóminas a candidatos a diputados no solo obliga a los partidos a integrar cada lista provincial con un 50% de cada sexo (colocados en forma alterna), sino también a que esa proporción se respete en los encabezamientos de las listas provinciales que cada agrupación postule. Los partidos políticos deberán definir, en su normativa interna, los mecanismos que den cumplimiento a este régimen paritario. No obstante, en caso de que se presenten nóminas de candidatos que incumplan este requerimiento, por la razón que sea, el Registro Electoral, previo sorteo de rigor, realizará los reordenamientos que resulten necesarios en esas nóminas.
Esta aparente permisibilidad del órgano electoral nacional ha consentido que los partidos continúen inscribiendo papeletas a pesar de que en sus estatutos vigentes incumplan con la normativa electoral en cuanto al mecanismo que implementen para la paridad horizontal, por cuanto, de haber algún incumplimiento, el TSE puede corregir y subsanar a través del mecanismo de rifa. Esta resolución no generó los cambios necesarios ni mejoró la representación de las mujeres desde los partidos políticos. En el sistema democrático occidental, el único acceso a los puestos políticos es por medio de la participación en los partidos políticos; por consiguiente, para lograr una participación efectiva de las mujeres es necesario que se cumpla con los principios de justicia, equidad y representatividad de las mujeres en los puestos de elección popular. En el caso de Costa Rica, el artículo 98 de la Constitución Política obliga a los partidos políticos a respetar la ley y a ser democráticos en su funcionamiento. Consecuentemente, si las mujeres representamos casi el 50% de la población electoral del país, debemos reclamar la paridad que define el Artículo 2 del Código Electoral, pero con reglas claras. Consideramos que es legalmente viable que se le niegue la inscripción a aquellos partidos políticos que incumplan con establecer en su normativa interna las reglas claras sobre la participación de la mujer en el acceso a los puestos de elección interna y popular. Pese a lo anterior, los partidos pueden seguir participando en procesos electorales sin establecer en sus estatutos y reglamentos, los modelos que garanticen la paridad y la igualdad en sus procesos de elección en flagrante incumplimiento al Artículo 98 constitucional y en contra de las convenciones internacionales suscritas en el país sobre la participación y representación política de las mujeres.
Otro gran obstáculo para la participación política de un mayor número de mujeres se debe al financiamiento electoral. No puede haber una paridad real sin el acceso a los recursos que establece este cuerpo normativo como obligatorio sino se realizan actividades formativas específicas para el empoderamiento de las mujeres o sin actividades de sensibilización a los hombres que en conjunto generen el cambio cultural y político necesario a lo interno de las estructuras partidarias hacia la democratización paritaria de sus partidos. Con respecto a la obligación de destinar recursos de la contribución estatal al rubro de capacitación, el TSE desde el 23 de setiembre de 1999, emitió la resolución N° 1863, revirtiendo el criterio imperante desde 1977 (a partir del que bastaba que los partidos cumplieran con el 40% de mujeres en las nóminas, sin que el lugar que ocuparan fuera de relevancia) y establece que los partidos deben ubicar ese 40% en puestos elegibles. En cuanto a la obligación de destinar un porcentaje de la contribución estatal a capacitación femenina, la nueva legislación tuvo por génesis la indicada declaratoria de inconstitucionalidad del artículo 193 del antiguo Código Electoral.
Nuestro Código Electoral reformado en el año 2009, a hoy instituye en sus artículos 2 y 52 la participación política de hombres y mujeres como un derecho humano, la alternancia como mecanismo para asegurar la participación de hombres y mujeres, la obligatoriedad de los estatutos de los partidos políticos en emitir normativa clara para la igualdad de condiciones de participación y la necesidad de fomentar la igualdad en la capacitación política. (Código Electoral, 2009). El resultado de la aplicación de la alternancia en la nómina de las diputaciones no rindió los resultados esperados dado que la mayoría de los encabezamientos fueron hombres por lo que inclusive se obtuvo una menor representación de mujeres diputadas que en el pasado. Este hecho demuestra que a pesar de la proliferación de nuevos partidos en la arena política de Costa Rica, la visión patriarcal se impuso y se manifestó en los encabezamientos de las nóminas de diputaciones de los distintos partidos participantes.
La labor del Tribunal Supremo de Elecciones aunque intencionada y corregida por la Sala Constitucional, fue insuficiente para impulsar junto con la reforma del 2009, la discusión de la democracia paritaria como un fin primordial en los partidos políticos, para crear mecanismos que impidieran la inscripción y participación electoral de aquellos partidos que incumplieran el espíritu del Artículo 2 del Código Electoral. La autonomía partidaria no es irrestricta: la Constitución Política y el mismo Código Electoral establecen requisitos de inscripción y funcionamiento partidario expresos en materia de paridad de género que los partidos políticos incumplen hasta el día de hoy como si nada.
Para las mujeres político-partidarias, el máximo órgano electoral llamado a promover desde el 2016 la cultura electoral hacia la democracia paritaria por la vía de la acción afirmativa-normativa es también omiso en coadyuvar ese proceso de cambio para las elecciones municipales 2020. Con la interpretación oficiosa en su Resolución No. 1724-E8-2019 dispensa a los partidos políticos de aplicar la paridad horizontal en los puestos uninominales, dictando que aplica únicamente para los puestos plurinominales, nóminas de regidurías y concejalías, que los encabezamientos de propietarios y suplencias serán el mismo género y que no aplicaba para alcaldías ni sindicaturas, que cada partido definiría su normativa y que la entrada en vigencia de la paridad horizontal en los puestos uninominales sería en el 2024.
La respuesta esperada por el comportamiento previo de los partidos políticos sería incumplir y boicotear la posibilidad de más encabezamientos de mujeres a los puestos de elección popular, delegaciones y órganos superiores. Es notorio que existen partidos de amplia trayectoria nacional que aunque hayan reescrito sus estatutos, incumplen con la aplicación de la normativa sobre la paridad horizontal o peor, los que aún no han realizado la reforma estatutaria necesaria haciendo caso omiso de los citados artículos 2 y 52 del Código Electoral. Por lo tanto, siguen en deuda con las mujeres que militan en sus filas por la incertidumbre que causa la falta de reglas de participación claras y la falta de certeza jurídica que al cabo, se da tanto para hombres como para mujeres. Como prueba de lo anterior tenemos, que de los 82 cantones que integran el país, sólo 9 mujeres son electas alcaldesas lo que equivale a únicamente el 9,7% de los gobiernos locales haciendo evidente la deuda histórica con los derechos políticos de las mujeres.
EL PAPEL DE LOS MECANISMOS DE LA MUJER EN LOS PARTIDOS POLÍTICOS Y EL SENTIDO COLECTIVO DE LUCHA
La historia nos recuerda que una mayor inclusión de las mujeres a la vida partidaria se gestó a partir de las luchas feministas por obtener el sufragio y luego establecer las cuotas de participación. Ninguna de estas luchas previas por reivindicar derechos políticos de las mujeres ha sido fácil. El debate sobre las cuotas, por ejemplo, versó sobre la imposición de mujeres en forma alterna “sólo por su género y no por su capacidad”, repitiendo la violencia estructural que nos ha excluido del derecho a elegir y ser electas. No obstante, la necesidad de ésta y otras acciones afirmativas darían como resultado un incremento de mujeres en las filas de los partidos políticos colaborando en distintas áreas del quehacer político más allá de labores sexistas como la preparación y distribución de los alimentos en campaña, la confección de banderas, la jefatura de los centros de votación, las labores secretariales, etc.
A pesar de que solamente el 25% de la población se declara militante de un partido político en Costa Rica, debemos reiterar que en tanto el único medio de acceso real al poder político estatal ocurre a través de los partidos políticos, es ahí en donde deben darse los cambios estructurales de la normativa interna y de la cultura política para promover la democracia paritaria. Por consiguiente, las acciones afirmativas no solamente deben ser indicativas sino también sancionatorias para la inscripción y participación electoral partidaria. Al reproducir las estructuras esa división sexual del trabajo político en subordinación para las mujeres, se excluye de una manera u otra, la presencia de más mujeres en encabezamientos y en puestos de toma de decisiones en los órganos de representación partidaria a pesar de que en toda la estructura de campaña, las mujeres normalmente asumen serias responsabilidades organizativas y logísticas (humanización de cantones, censos electorales, coordinación y gestión de papeletas, búsqueda de miembros de mesa y fiscales, gestión de permisos y preparación del centro electoral, entre otras funciones). Por eso debe fomentarse en los partidos políticos una visión más integradora de la mujer como sujeto político con aspiraciones, habilidades y capacidades desarrolladas para ser electas en puestos de poder y para la toma de decisiones en todas las distintas áreas del quehacer político.
En los partidos políticos, para asegurar entre otras cosas que las mujeres participen, se capaciten y se formen, se debe contar con una instancia oficial con autonomía funcional como los frentes, sectores o movimientos de la mujer que también velan de manera consecuente por el avance de los derechos políticos de sus militantes. Debe de diferenciarse los órganos electos democráticamente entre las mujeres de los que son órganos delegativos por los órganos superiores del partido: los primeros cuentan con una autonomía intrínseca por ser el resultado de elecciones directas, no siendo sujetos de remoción por sus diferencias de criterios u opiniones, y los segundos están supeditados a su delegación, por consiguiente son puestos removibles por las cúpulas de resultar incómodos.
Cada partido tiene su estructura organizativa que debe respetar los principios de legitimidad y representatividad. Algunos partidos en los procesos internos para renovar sus estructuras, elijen representantes oficiales del movimiento o frente de mujeres partidario. Estos órganos o mecanismos oficiales son los que promueven los cambios necesarios dentro de los partidos para que las luchas como la paridad de género avancen. Mención aparte merecen las mujeres que han sido electas en un órgano superior y ostentan la Presidencia de un comité ejecutivo de su partido por mérito propio ya que representan la legitimidad democrática de su elección. Vemos de buena manera que en un futuro no muy lejano, tengamos en Costa Rica más partidos políticos liderados por mujeres en la presidencia pero con profunda perspectiva de género impulsando a las mujeres hacia las máximas candidaturas. Por ello, las representaciones de la mujer y los mecanismos de avance de las mujeres en los partidos políticos no deben ser una concesión de las estructuras patriarcales sino un espacio ganado y reclamado por ellas desde su trabajo y real empoderamiento, junto a una nueva concepción de “masculinidad política” (Chavarría, 2020) que habilite los acuerdos y consensos internos de cada partido para definir cual mujer debe ostentar tal designación.
Los mecanismos que velan porque esa aspiración política sea cada vez más real y efectiva para las mujeres de los partidos pueden llamarse secretarías, comisiones, fiscalías, movimientos y/o frentes de mujeres de los partidos políticos. Estas estructuras u órganos funcionales electos o creados en los partidos además de promover y capacitar a las nuevas lideresas en los principios ideológicos de sus organizaciones, garantizan y fiscalizan de manera dinámica la participación efectiva de las mujeres en los distintos procesos internos, promueven la aplicación de la normativa electoral sobre la democracia paritaria e impulsan los cambios necesarios desde la perspectiva de género como por ejemplo la prevención de la violencia contra las mujeres en política. Estas instancias que también son consultivas, deben coordinar acciones programáticas y formativas de manera directa con sus comités ejecutivos superiores o nacionales en aras de asegurar la paridad de los hombres y las mujeres participantes en todos los órganos superiores, órganos de representación, delegaciones, nóminas de elección popular y diputaciones. (Código Electoral, 2009)
En el 2018, por primera vez la Defensoría de la Mujer con Alejandra Mora Mora y bajo la dirección de Catalina Crespo y el INAMU coordinan un acercamiento a las representantes oficiales de los mecanismos de la mujer de algunos partidos políticos, pero se les invita a través de los presidentes de los partidos del PUSC, PLN, PAC, FA, PRSC, PNG y NR. En el primer encuentro de secretarias de la mujer y mujeres presidentes de movimientos y frentes de la mujer participaron Waizaan Hin Herrera, Carolina Delgado, Carmen Muñoz, Esther Camac, Rocío Alfaro, Marcela Sánchez y Cindy Quesada. La convocatoria fue hecha de manera indirecta a los mecanismos de los partidos políticos para hablar sobre la paridad horizontal. De ese primer encuentro, este grupo de lideresas reclama que se les convoque en su calidad de presidentes por derecho propio y por su representación legítima de las mujeres partidarias. Se revisan los resultados de las elecciones anteriores y se vislumbra un trabajo en conjunto con el INAMU, ante la oportunidad de crecer en sororidad para la consecución de objetivos comunes como mujeres de partidos políticos de Costa Rica.
Se plantea entonces la necesidad de un modelo de alianza interpartidaria en la lucha por los derechos políticos de las mujeres de manera representativa, legítima y sororaria que comparta una plataforma de acción común, una base de organización y formación política en igualdad de género para que las luchas por la equidad y el acceso al poder no se den en solitario y se puedan construir formas reales de inclusión e incidencia política de las mujeres desde sus organizaciones.
De esta manera en Mayo del 2019 confiando en la rectoría del INAMU en asuntos políticos de las mujeres, y en particular con ayuda del Departamento de Ciudadanía Activa, se traza una ruta para trabajar en alianza estratégica con las representantes oficiales de los mecanismos internos de avance de la mujer de los partidos políticos formalmente constituidos a nivel nacional o cantonal para luchar por las mujeres y la igualdad de género en los partidos. En un documento de la Dirección Estratégica que define esta alianza de trabajo entre mujeres políticas diversas, se advertía que las decisiones a tomar en ese momento coyuntural iban a impulsar o desalentar avances alcanzados por y para las mujeres en las estructuras de partidos. Dichas decisiones no solamente tendrían un efecto en el ámbito específico de los procesos electorales, sino que constituirían referentes teórico-prácticos en tiempos no electorales que podrían tener una fuerte repercusión en:
La visión de lo que implica la discriminación contra las mujeres, la igualdad y cómo se expresan en el acceso al poder,
La defensa de los derechos humanos y políticos de las mujeres,
el reconocimiento de la paridad como un pilar y principio fundamental de la democracia versus la autonomía de los partidos políticos y la definición de puestos “intocables”.
Promover la discusión de temas afines a todas las mujeres de distintos partidos en cuanto a la definición de la violencia política contra las mujeres.
Las alianzas estratégicas entre distintos mecanismos y actores estratégicos en defensa de los derechos políticos de las mujeres.
La discusión de retrocesos normativos en los estatutos de los partidos políticos y las organizaciones sociales.
El acompañamiento ante el desaliento, cansancio y solitud de lideresas y organizaciones que defienden la igualdad efectiva, que luchan por un puesto de decisión.
Además, la contención o manejo de una mayor rivalidad entre las mujeres que ya se encuentran y aspiran a los mismos espacios políticos.
De la valoración de importantes temas de coincidencia, las mujeres políticas acordamos indistintamente de nuestras diferencias, articular con la Sra. Patricia Mora Castellanos, Ministra de la Condición de la Mujer y las funcionarias Yensy Herrera y Juliana Sibaja del Departamento de Ciudadanía Activa, una alianza para el trabajo y una hoja de ruta estratégica para afianzar la lucha dentro de los partidos políticos en temas comunes: participación política, paridad de género en todo, violencia de género, violencia contra las mujeres en política y promoción y apoyo a iniciativas de ley en estas temáticas.
Coincidimos en el respeto a las luchas pasadas de nuestras mujeres políticas costarricenses, en el reconocimiento de la cuarta revolución de lucha hacia la democracia paritaria, en que el Frente de Mujeres de Partidos Políticos de Costa Rica sea una acción de cooperación multipartidaria para tratar problemas urgentes y comunes indistintamente de las diferencias ideológicas y programáticas en nuestras organizaciones. En un gran esfuerzo de diálogo abierto y desde la representación oficial de los mecanismos de avance de las mujeres dentro de nuestros partidos políticos, llámense Secretaria/ Fiscalía de la Mujer y/o Frente de Mujeres, varias organizaciones partidarias como el Partido Unidad Social Cristiana, el Partido Liberación Nacional, el Partido Acción Ciudadana, el Partido Frente Amplio, el Partido Nuevas Generaciones, el Partido Republicano Socialcristiano y el Partido Progreso Social Democrático, hemos discutido temas como la subrepresentación de mujeres en las elecciones municipales y nacionales, la falta de definición sobre mecanismos para la aplicación de la paridad horizontal en período electoral 2020, la falta de financiamiento a campañas de mujeres, la inaccesibilidad a los presupuestos de capacitación y la conceptualización de la violencia política en el ámbito municipal, legislativo y nacional.
Nuestra agenda fue impactada de manera inesperada por la entrada del COVID-19 obligándonos a poner un paréntesis para participar en el Foro Ampliado del INAMU y de la Mesa de Diálogo al lado de otros grupos organizados de mujeres de la sociedad civil y gremios sobre la contingencia por salud para las mujeres, la reformulación del FOMUJER e inclusive dialogar sobre los riesgos de recortes al presupuesto ordinario del INAMU. El producto de estas sesiones ampliadas del foro fue el envío de propuestas consensuadas a la Junta Directiva de la institución y un pliego de ideas al gobierno central sobre los temas de alta prioridad para las mujeres. Ante la difícil situación económica y laboral planteada por la pandemia principalmente a las mujeres, los grupos feministas y de mujeres con la rectoría del INAMU, solicitamos tener más sillas en representación y más voces de mujeres en las mesas de diálogo nacional. Ese intento de que el diálogo fuera inclusivo y respetuoso de las mujeres fue infructuoso y lamentablemente motiva la renuncia de la Ministra Patricia Mora Castellanos al INAMU a finales del año 2020.
Las mujeres políticas del país de cara al Bicentenario de la nación, debemos buscar los espacios apropiados para forjar alianzas estratégicas y avanzar en los temas que nos unen. El espacio compartido como el Frente de Mujeres de partidos políticos denominado FREMUPP CR deben consolidarse ya que es una instancia consultiva y de colaboración constructiva que legitima la lucha por los derechos políticos de las mujeres dentro del marco de los ODS concertando un espacio de diálogo permanente de las mujeres político-partidarias en el panorama nacional con la colaboración del ente rector INAMU. Refuerza la búsqueda del derecho a la participación política de la mujer sin violencia y la concientización sobre la democracia paritaria que son la base de nuestros derechos políticos.
Esta alianza nos ha permitido presentar de forma conjunta con INAMU, dos iniciativas de proyectos de ley Expediente No. 21.790 sobre las vicealcaldesas y el Expediente No. 21.791 sobre el fortalecimiento de las secretarías de la mujer en los partidos políticos. Con la venia de la Comisión Especial Permanente de la Mujer de la Asamblea Legislativa, FREMUPP CR espera la aprobación final de ambos proyectos de ley en favor de afianzar los mecanismos de avance de las mujeres en los partidos y de mejorar condiciones para las vicealcaldesas en los gobiernos locales. Se nos invita a participar en la revisión del texto sustitutivo del Proyecto 20.308 sobre la Violencia contra las Mujeres en Política cuya importancia radica en la necesidad de conceptualizar, prevenir, sancionar y reparar daños por incidentes de acoso y violencia para las mujeres políticas en general y para las mujeres en el ejercicio de altos cargos. Esperamos poder impulsar más legislación en favor de la igualdad de género tal como se acompañó la aprobación de la Ley No. 20.299 contra el Acoso Sexual Callejero en el 2020.
Las redes interpartidarias y plurales de mujeres en política han sido consideradas como fundamentales para el avance hacia la igualdad sustantiva según ONU Mujeres. Estas alianzas de mujeres políticas en la contemporaneidad podrían extenderse a otras instancias públicas que esperan que la paridad de género se aplique en los puestos directivos y también para visibilizar y vigilar la labor y cumplimiento de políticas públicas y institucionales en las unidades de igualdad de género. Con parámetros de unidades excepcionales como la UTIEG de la Asamblea Legislativa y la Secretaría de Género del Poder Judicial, se puede entablar un trabajo en conjunto que transversalice la perspectiva de género más allá de la Red de Unidades para la Igualdad de Género (RUPIG) existente desde el 2010 hacia toda la institucionalidad pública en Costa Rica.
Buscar el apoyo de actores estratégicos dentro de la arquitectura de género de la institucionalidad pública es vital para el logro de nuestros objetivos como el Frente de mujeres de partidos políticos. Resalta la iniciativa y colaboración de la Sra. Haydeé Hernández desde la Jefatura de la UTIEG quien ha realizado estudios comparativos de los estatutos de nuestros partidos políticos en cuanto a la normativa electoral vigente. Gracias a estos ejercicios, hemos podido detectar las falencias estatutarias y enfocar nuestros esfuerzos en luchar para reparar y subsanarlas. Estos puntos de encuentro se nutren del trabajo individual partidario de las lideresas que ostentan esa representación oficial tanto como del planeamiento estratégico como colectivo de mujeres políticas en la búsqueda del bien común. El caso de FREMUPP CR muestra sólo el comienzo de que trabajando en sororidad como mecanismos oficiales y representativos de los derechos de las mujeres político-partidarias, con las mujeres que están tomando decisiones dentro de los órganos representativos de los partidos, podemos caminar con más firmeza y acompañamiento en la búsqueda de un mayor acceso al poder dentro de los partidos políticos que al fin y al cabo son organizaciones humanas perfectibles, reflejo de las dinámicas del poder político en la democracia actual de cara al bicentenario de Costa Rica.
FRENTE DE MUJERES DE PARTIDOS POLÍTICOS DE CR
Waizaan Hin Herrera (PUSC), Carolina Delgado Ramírez (PLN), Marcela Sánchez Cortés y Rocío Alfaro (FA), Cindy Quesada (Unidos por Costa Rica), Esther Camac, (PAC), Luz Mary Alpízar Loaiza (PSP), Giselle Mora Peña (PRSC). Carmen Muñoz fue sustituida por Vivian Solís Espinoza (PAC).
Presentación de Proyectos de Ley No. 21.790 y 21.791. Nos acompañó la Comisión Especial Permanente de la Mujer de la Asamblea Legislativa y Yensy Herrera de Ciudadanía Activa del INAMU.
El regidor por San José, don Diego Miranda, hizo una valiente denuncia contra los directivos de la Alianza Empresarial para el Desarrollo (AED), porque algunos siendo ministros de Gobierno o familiares cercanos a ministros, contrataron con la Administración Pública a pesar de la prohibición que tenían. La Fiscalía está estudiando el asunto; ya se verá.
La contratación de la Alianza Empresarial con la Comisión Nacional de Emergencia fue por un monto de ¢662 millones para entregar 10 mil diarios a familias necesitadas por la pandemia.
A raíz de esta denuncia el señor Franco Pacheco, presidente de esa Alianza Empresarial, da declaraciones ayer al diario La Nacíón. Me llamó la atención lo dicho por el señor Franco:
“Ese aporte logístico no tuvo ningún costo y los alimentos fueron donados a AED por la empresa privada, finalizó”.
1-. Los alimentos entregados y la logística para su distribución NO tuvieron ningún costo para la Alianza Empresarial porque le fueron donados por la empresa privada. En consecuencia, la Alianza Empresarial se embolsó gratuitamente a costa del Estado 662 millones de colones.
En otras palabras, la acción de la Alianza Empresarial no tuvo nada de altruista sino que lo que hicieron fue lucrar con las donaciones de alimentos recibidas.
2-. Las empresas privadas que realizan donaciones, la ley las autoriza para incorporar esos montos en la partida de gastos con lo cual se ven afectadas las utilidades y con ello el monto del impuesto sobre la renta que deben pagar. De esta manera el Estado de forma indirecta subvenciona en algún porcentaje esas donaciones.
La conclusión a que se llega es que la Alianza Empresarial, debido a la contratación con la Comisión de Emergencia hizo un excelente negocio, ya que se embolsó ¢662 millones sin costo alguno. En otras palabras, sacó provecho de las necesidades de las familias necesitadas como producto de la pandemia. Así lo reconoce su presidente.
Don Franco Pacheco es un empresario que ha ocupado altos cargos en UCAEEP y otras Cámaras patronales. Siempre se ha caracterizado por su radicalismo negativo contra los trabajadores y trabajadoras y un tono prepotente y dictatorial para referirse a las autoridades. Franco es todo un empresario.
De sus declaraciones claras y contundes, francas, queda de manifiesto que la Alianza Empresarial (AED) hizo millones a costa de las necesidades de las familias empobrecidas por la pandemia, que lucraron con las necesidades humanas.
Esa contratación de AED y CNE además de ilícita como denuncia Diego Miranda, resulta inmoral.
Por Memo Acuña (Sociólogo y escritor costarricense)
Al ser 6 de marzo se cumplen 365 días exactos desde que fue anunciado el primer caso por Coronavirus en Costa Rica. En esos días, las informaciones resultaban escuetas pero llevaron a localizar los primeros incidentes en la provincia de Alajuela, concretamente en el Hospital de la ciudad.
Luego se conocería que entre los afectados de forma temprana por la enfermedad, se encontraba una pareja de turistas estadounidenses, cuyas identidades, proveniencia y estadía en el país fueron manejadas con absoluta discreción y privacidad. Semanas después, el aumento exponencial de casos fue relacionado con la presencia de población migrante, fundamentalmente proveniente de Nicaragua, en lo que hemos definido en varias oportunidades, como la constitución de las espacialidades de la sospecha: asentamientos urbanos, cuarterías, fincas de producción piñera ubicadas en la zona norte del país, quedaron subsumidos en una especie de lugares peligrosos y potencialmente mortales.
Tanto fue el discurso y la presión mediática sobre esta relación entre migración y enfermedad, que llevó a las autoridades costarricenses a definir por primera vez en años una estrategia interinstitucional de seguridad fronteriza denominada «Frontera segura», que básicamente consistía en clausurar y blindar las posibles entradas irregulares de personas provenientes de Nicaragua al país, garantizando con ello el resguardo de la higiene costarricense que ya empezaba a debilitarse. El manejo libertino de la pandemia por parte de las autoridades de aquel país hizo levantar aún más las consideraciones sobre el distanciamiento y el tratamiento de sospechoso sanitario a todo aquel proveniente de la geografía del norte.
La forma inédita mediante la cual varias comunidades se organizaron para rechazar albergues con personas enfermas, muchas de ellas migrantes, es un claro ejemplo del impacto de los discursos y las prácticas institucionales conjugadas con una agenda mediática volcada a responsabilizar a los extranjeros, a cierto tipo de extranjeros, sobre el aumento de los casos y la incontenibilidad de una posible masificación del virus.
Valga decir que, contrario a lo que ocurrió con la pareja de turistas estadounidenses, la exposición de muchos grupos de personas migrantes de origen nicaragüense a la opinión pública fue constante, agresiva, irrespetuosa. Para ellos no hubo protección de identidad ni cuido en hoteles: sus rostros y cuerpos fueron expuestos una y otra vez en medios de comunicación y redes sociales, socavando el principio de resguardo de imagen e identidad que debe privar en medio de situaciones extremas como las que se instalaron a nivel global durante el año 2020. Una fractura más en la convivencia se había instalado.
Esta situación fue fiel reflejo de la traducción colectiva y empírica de una serie de conceptos, antes desconocidos, que fueron introducidos por las autoridades de salud costarricenses como una forma de ajustar las indicaciones emanadas desde organismos como la Organización Mundial de la Salud (OMS). Asi, se empezaron a escuchar con frecuencia nociones como confinamiento, testeo, burbujas sociales, curvas planas y levantadas y distancia social.
En este último concepto, no solo se implementaron las prácticas sugeridas de guardar una relación de cerca de dos metros con respecto a otras personas, sino que la noción fue llevada al campo macro social donde espacialidad, clase, nacionalidad y sector de empleo, terminaron por evidenciar el recorte profundo en una sociedad aboslutamente fragmentada como la costarricense.
Ya desde antes de la pandemia las distancias sociales y poblacionales eran evidentes, luego de las primeras implementaciones del plan de ajuste fiscal aprobado durante el año 2018 y que delineó una conjugación de intereses privados con las definiciones de enfoque neoliberal desarrolladas por los cuadros económicos y sus músculos politicos enquistados en la gestión gubernamental del país.
Según el Programa Estado de la Nación, la crisis estaba instalada antes que la coyuntura sanitaria fuera declarada con el primer caso: un 21% de hogares costarricenses se encontraban en condiciones de pobreza; 9% de los cerca de 1.600.000 hogares existentes en Costa Rica no tenían las condiciones para que la gente se «quedara en casa» y un 7% no contaba con acceso a servicios básicos como agua, luz y disposición de desechos sólidos[1].
Hoy en día la situación es más crítica. Hacia finales de 2020, de acuerdo con INEC, el porcentaje de hogares pobres había crecido hasta un 26%, siendo la cifra más alta registrada en el país en los últimos 30 años. Al iniciar el año de la pandemia ya se tenía una cifra de desempleo relevante del 12.5% que aumentó al 24% durante los meses más duros y que luego se estacionó en una todavía alta cifra de dos dígitos del 20%.
Habrá que esperar por los datos agregados del primer trimestre de este año para tener una verdadera dimensión de lo ocurrido. Sin embargo, dados los escenarios mostrados, una verdadera distancia social real se ha instalado en el país. Ya no solo recoge la habitual eversión entre personas costarricenses y cierto tipo de migrantes como lo hemos expuesto en la primera parte de estas reflexiones; ahora suma las desigualdades crecientes, los altos niveles de exclusión social y los procesos de división y polarización que continúan confrontando a las mismas poblaciones, en un juego alimentado por cámaras, empresarios, medios y ciertas visiones tecnócratas y reduccionistas instaladas en las esferas gubernamentales.
En el año del bicentenario, las varias Costa Ricas que existen se han hecho evidentes. Algunas no celebrarán la fecha por obvias razones. Otras serán recordadas por su tristemente célebre papel de haber llevado al país a una fractura social sin retorno. Cuando esta columna está siendo terminada, se conocen nuevos actos de violencia en territorios indígenas de China Kichá, escenarios de recuperaciones y de usurpaciones contantes a manos de personas no indígenas. Allí se dibujan quizá en grado sumo las ditancias provocadas por décadas de desigualdad, racismo y exclusión
Con estas evidencias, la distancia social es quizá el mejor calificativo que podemos endosarle a las Costa Ricas del bicentenario. Y estamos claros que no tiene que ver solo con los 1,8 metros solicitados para resguardar el virus. Es una fractura mucho más profunda, aguda e irreversible cuya vacuna no aparece en el horizonte. Al menos por ahora.
[1] Programa Estado de la Nación. «Las desigualdades que enfrentan los hogares en cuarentena». 6 de abril de 2020. Consultado en https://estadonacion.or.cr/las-desigualdades-que-enfrentan-los-hogares-en-cuarentena/
Foto de cabecera: https://flacso.or.cr/noticias/la-otra-distancia-social-reflexiones-y-aproximaciones-a-lo-subnacional/
DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER. SABER VIVIR. ORGANIZACIÓN INTERSECCIONAL PRO DERECHOS HUMANOS COSTA RICA Te invitamos a sintonizar este lunes 8 de marzo a las 8 am el programa SABER VIVIR, bajo la dirección de Cristian Silva, en la Radio 870 UCR. Conmemoraremos el “Día Internacional de las Mujeres”. Participan Sussana Rojas Oviedo y Marco Castillo Rojas, de la Organización Interseccional pro Derechos Humanos. Sintonice en 870 AM o por facebooklive.
-Derecho de respuesta del Comité de Personas Interinas de la Universidad de Costa Rica a publicación del periódico La Nación–*
El día 22 de febrero de 2021, el periódico La Nación publicó, en su portada, un titular que dice “Salarios de ‘U’ públicas compiten con los de Alemania”. El reportaje que acompaña dicho titular asevera que los salarios de las personas funcionarias de las universidades públicas costarricenses son equivalentes a los de las universidades alemanas, a pesar de las enormes diferencias que existen entre ambos países en materia económica y social. En medio de una coyuntura compleja como la que atravesamos actualmente, en la cual se está impulsando el proyecto de Ley de Empleo Público, nos parece necesario hacer algunas aclaraciones con respecto a esta publicación.
Existe una marcada diferencia entre el titular y el contenido del artículo. Por un lado, el titular hace una generalización errónea, pues, al no precisar cuáles sectores de las universidades públicas costarricenses tienen salarios que compiten con los de Alemania, hace pensar que son todos los salarios de todas las personas funcionarias de las universidades costarricenses. Como se demuestra en el siguiente punto, esto es categóricamente falso. De esta manera, el titular es tendencioso y exhibe una intención de manipular la opinión pública a interpretaciones equivocadas, pues hasta los datos expuestos en el artículo lo contradicen.
El artículo del periódico La Nación presenta una retórica de evidencia incompleta. Debemos entender por retórica una técnica oratoria con base psicológica que busca conducir a la persona lectora para que llegue a conclusiones erróneas. En este caso, se hace utilizando la falacia de evidencia incompleta que presenta a la persona lectora una versión manipulada de la verdad para conducirle hacia el sesgo de confirmación de que las universidades públicas son culpables de la situación económica actual por sus salarios altos. Como ya se indicó, esta conclusión es completamente falsa. Esta retórica se da, como indicamos desde el título. Sin embargo, la propia La Nación menciona que menos del 1% de todas las universidades públicas tiene salarios altos (0,67% para ser exactos, un número cercano a cero). Luego, para añadir más confusión en la persona lectora, convierte ese grupo en el total y hace afirmaciones como “hay 21 empleados con sueldos superiores a los ¢7 millones, es decir, el 13%”. En dicho punto recurre de nuevo a la retórica o engaño psicológico para producir un efecto negativo en el lector hacia las universidades públicas. Sin embargo, ese es el 13% del 0,65%, es decir el 0,1% aproximadamente. Este número es aún más cercano a cero. Este artículo sería un caso de estudio para el propio “No coma cuento” de La Nación, lo cual demuestra la hipocresía intelectual del periódico.
Ciertamente, existen grandes desigualdades salariales a lo interno de las universidades públicas costarricenses, como se puede inferir a partir de una lectura cuidadosa del artículo. Debido a que esta desigualdad es clara y evidente, si se examina el funcionamiento de las universidades, su denuncia no es mérito de La Nación. Más aún, cabe preguntarse con qué interés este periódico presenta un titular engañoso, sabiendo que la mayoría de personas no lee atentamente los artículos y se limita a la impresión que le causan los titulares de portada. A partir de esto se puede afirmar que la publicación de la La Nación no tiene como fin mejorar los sistemas de educación superior pública, sino otra cosa, porque, de lo contrario, ¿para qué se propondría engañar a sus lectores?
Desde el Comité de Personas Interinas de la Universidad de Costa Rica estamos convencidos y convencidas que estas desigualdades deben ser revisadas y corregidas y que ello significa defender y mejorar la educación pública costarricense. Sin embargo, a quien le corresponde revisar y corregir esta situación es a la propia comunidad universitaria, de acuerdo con el principio de autonomía reconocido en los artículos 84 y 85 de la Constitución Política.
Consideramos irrespetuoso e irresponsable publicar un titular y un reportaje como este, el cual contribuye a desprestigiar y descalificar, ante la opinión pública, la destacada labor que realizan las universidades públicas costarricenses a nivel nacional e internacional. Los aspectos financieros por mejorar en estas instituciones se deben hacer luego de realizar un análisis serio y riguroso, con miras a encontrar soluciones razonables y justas. Se esperaría de parte del periódico La Nación, uno de los medios de mayor difusión en Costa Rica, mayor rigor científico y periodístico. La sociedad costarricense lo merece.
* El periódico La Nación se negó a publicar este derecho de respuesta.
Este viernes 05 de marzo se llevará a cabo el Programa radial Alternativas donde se discutirá sobre el poder popular y el párrafo primero del artículo noveno de la Constitución Política de Costa Rica.
En la charla participarán los siguientes invitados:
– Walter Antillón, abogado constitucionalista. Profesor emérito, UCR. – Carlos Campos, coordinador nacional del Movimiento de Ciudadanía que Construye Territorios Seguros. – Gerardo Hernández, politólogo, UCR. Profesor ECP, UCR.
Puede sintonizar el programa en Radio 16, 1590am o por medio del Facebook de Radio 16
