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UCR Voz experta: Luego de 40 años, el asesinato de Viviana Gallardo sigue generando incógnitas

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo, Derechos.

Por Nicolas Boeglin, profesor de la Facultad de Derecho

Han pasado cuatro décadas sin que los testigos de aquella época aporten elementos nuevos para conocer mejor las razones por las cuales se asesinó, en una celda, a una joven universitaria de 18 años

Al cumplirse los 40 años del asesinato de Viviana Gallardo, no se observó ninguna iniciativa para recordar este hecho. Sin embargo, la exigencia de justicia y de verdad puede acentuarse con el pasar de cada conmemoración; al tiempo que algunos de los testigos de aquella convulsa época en América Central podrían sentir que ya ha llegado el momento de liberar la información ocultada durante 40 años. En la imagen, Viviana Gallardo en su graduación del Liceo Franco Costarricense el 3 de diciembre de 1979. El 1.° de julio de 1981, fue asesinada en una celda de la Dirección General de la Guardia Civil. Imagen tomada de la portada del libro Viviana Gallardo fue mi amiga (2020), de Jacques Sagot Martino. El texto completo de la primera edición (2018) está disponible aquí.

El 1.° de julio del año 1981, en Costa Rica, la joven Viviana Gallardo Camacho, de 18 años de edad, fue asesinada de varios disparos en una diminuta celda de detención de la Dirección General de la Guardia Civil, al tiempo que fueron heridas de bala dos compañeras suyas, también detenidas en la misma estrecha celda, una de ellas embarazada. 

Los tiros provinieron de un oficial de la misma Guardia Civil, José Manuel Bolaños Quesada, quien, sin tener asignada la vigilancia de Viviana Gallardo y la de sus compañeras aquel fatídico día, llegó con su metralleta y, al parecer, instrucciones muy claras. 

En un texto del juez Rodolfo Piza Escalante, adjuntado a una decisión de setiembre de 1983 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre este caso (véase enlace, páginas 19-31), se precisa que:

«2. El 1.° de julio de 1981, el Cabo de la Guardia Civil José Manuel Bolaños Quesada, que no estaba a cargo de la vigilancia de las detenidas, logró llegar hasta la puerta de su celda y disparar con una metralleta a través de la mirilla de la misma, causando la muerte de Viviana e hiriendo a sus compañeras Alejandra y Magaly [sic]».

La noticia de la muerte de Viviana Gallardo estremeció a toda la sociedad costarricense y causó un profundo impacto en Costa Rica, en una época de violencia política que caracterizaba a la región centroamericana.

Foto de Viviana Gallardo, tomada de la portada del libro El crimen de Viviana Gallardo (2017), del historiador costarricense David Díaz Arias. Texto completo disponible en este enlace.

Desde la perspectiva internacional, este acontecimiento en Costa Rica fue informado por medio de los canales usuales. Por ejemplo, en este cable desclasificado de los archivos de la diplomacia argentina, se precisa la forma —algo escueta— en que fue informada la capital de Argentina por parte de uno de sus representantes en Costa Rica (véase texto). No se ha tenido acceso a otros cables diplomáticos enviados en esa época desde San José. Se considera que una investigación al respecto sería muy deseable en aras de conocer mejor cómo la correspondencia diplomática comunicó al mundo este asesinato, y con base en qué tipo de fuentes.

Una reacción insólita del Estado costarricense

Desde la perspectiva del derecho internacional público, el caso del asesinato de Viviana Gallardo en Costa Rica constituye una verdadera rareza, como lo detallaremos a continuación. 

Se lee, en una primera decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del 13 de noviembre de 1981 (véase texto completo), que el Estado costarricense presentó una denuncia, muy pocos días después de los hechos, ante la misma Corte: 

 «1. Mediante telegrama del 6 de julio de 1981, el Gobierno de Costa Rica (en adelante «el Gobierno») anunció la introducción de la instancia de una demanda para que la Corte entrara a conocer el caso de Viviana Gallardo y otras. Por escrito del 15 de julio de 1981 ese anuncio fue formalizado. En su demanda el Gobierno manifestó a la Corte la decisión de someter a su conocimiento el caso de la muerte en prisión de la ciudadana costarricense Viviana Gallardo, así como el de las lesiones de sus compañeras de celda, causadas por un miembro de la Guardia Civil de Costa Rica, encargado de su vigilancia, en la Primera Comisaría de la Institución; hechos ocurridos el 1 de julio de 1981. En su demanda el Gobierno, invocando el artículo 62.3 de la Convención, solicitó que la Corte decidiera si esos hechos constituían una violación, por parte de las autoridades nacionales de Costa Rica, de los derechos humanos consagrados en los artículos 4 y 5 de la Convención, o de cualquier otro derecho contemplado en dicho instrumento internacional [sic]».

El entonces presidente de la Corte, el costarricense Rodolfo Piza Escalante, tramitó de manera muy célere la solicitud. En esta precitada decisión se lee que:

 «5. Por resolución del 15 de julio de 1981, el Presidente de la Corte, Dr. Rodolfo E. Piza E., decidió someter directamente la consideración de la demanda del Gobierno a la Corte en pleno. Resolvió igualmente, según lo dispuesto por el artículo 5.3 del Reglamento, ceder la Presidencia para el conocimiento del presente asunto al Vicepresidente, Dr. Máximo Cisneros. Habiendo sido electo Presidente de la Corte el Juez Carlos Roberto Reina el día 17 de julio de 1981, pasó desde la misma fecha a presidir las sesiones en sustitución del Juez Máximo Cisneros [sic]». 

Como se recordará, Viviana Gallardo y sus dos compañeras de celda eran integrantes de un pequeño grupo de activistas denominado por las autoridades «La Familia», al que se le responsabilizó por la muerte de tres policías en junio de 1981.

La respuesta del juez interamericano se dio en dos tiempos, entre los que intervino la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

En una primera decisión del 13 de noviembre de 1981 (cuyo documento original puede apreciarse en este enlace), los jueces decidieron rechazar la solicitud de Costa Rica, al leerse en la parte dispositiva que la Corte:

«1. Decide, unánimemente, no admitir la demanda introducida por el Gobierno de Costa Rica para el examen del caso de Viviana Gallardo y otras. 2. Decide, unánimemente, aceptar y tramitar la solicitud subsidiaria del Gobierno de Costa Rica para remitir el asunto a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. 3. Decide, unánimemente, retener la petición del Gobierno de Costa Rica en su lista de asuntos pendientes en espera del trámite ante la Comisión«.

La familia de Viviana Gallardo reenvió el caso a la Comisión. En este enlace se puede apreciar el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos del 30 de junio de 1983. Recomendamos la lectura completa de este documento. En particular, el hecho de que la Comisión precisa en uno de sus considerandos que el rigor de la aplicación de la ley en Costa Rica para sancionar al responsable del asesinato de Viviana Gallardo es tomado en cuenta por el órgano interamericano:

«3. Que de las informaciones sobrevinientes recibidas por la Comisión, en especial de las respuestas sometidas a su consideración por el Gobierno de Costa Rica; del estudio efectuado del Expediente No. 034-81 de la Procuraduría General de la Nación; del requerimiento de instrucción formal presentado por el Agente Fiscal de San José; de las sentencias dictadas en la causa contra José Manuel Bolaños por los delitos de homicidio calificado, lesiones graves y lesiones leves en perjuicio de Viviana Gallardo, Alejandra Bonilla Leiva y Magaly Salazar Nasser; y de la investigación adelantada por el Director del Organismo de Investigación Judicial, se desprende que el Gobierno de Costa Rica ha actuado de conformidad con las disposiciones legales vigentes, sancionando con todo el rigor de la ley al responsable de los actos denunciados«. 

A partir de este y de varios otros considerandos, la Comisión Interamericana concluye: 

«1. Declarar inadmisible la petición objeto del presente asunto de conformidad con el Artículo 48, numeral 1, inciso c) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. 2. Comunicar esta Resolución al Gobierno de Costa Rica y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. 3. Archivar este asunto de acuerdo con lo establecido en el Artículo 32 (c) del Reglamento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos«.

En un segundo tiempo, en una resolución del 8 de setiembre de 1983, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (véase enlace pp.16-17) decidió: 

«1. Declarar inadmisible la petición objeto del presente asunto de conformidad con el artículo 48, numeral 1, inciso c) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. 2. Comunicar esta resolución al Gobierno de Costa Rica y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. 3. Archivar este asunto de acuerdo con lo establecido en el artículo 32 (c) del Reglamento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. 4. Incluir la presente resolución en su Informe Anual a la Asamblea General de conformidad con el artículo 59 inciso g) del Reglamento de la Comisión«.

El precitado juez Rodolfo Piza Escalante se apartó del criterio de la mayoría (véase enlace, página 31), al indicar en una larga opinión disidente (o voto salvado) que:

«MI VOTO SALVADO es para que la Corte declare: 1. Que, en virtud de la Resolución de la Comisión No. 13/83 de 30 de junio de 1983, deben tenerse por agotados jurídicamente los procedimientos previstos en los artículos 48 a 50 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 2. Que, en consecuencia, cumplida la condición de procedibilidad impuesta por el artículo 61.2 de la Convención y de conformidad con la Decisión de esta Corte del 13 de noviembre de 1981, debe la Corte reasumir el conocimiento de la petición presentada por el Gobierno de Costa Rica [sic]».

En los anales del derecho internacional público, este caso resulta a todas luces insólito, en la medida en que por primera (y única) vez, un Estado presentó una denuncia en su contra (Nota 1). El sistema internacional de protección de los derechos humanos funciona como un régimen que asiste a las víctimas en caso de no encontrar justicia o respuesta a sus reclamos en un Estado Parte a un tratado internacional de derechos humanos, pero nunca fue ideado para que los Estados presenten denuncias en su contra.

Ello se desprende de la misma nomenclatura utilizada por los tribunales internacionales de derechos humanos al inscribir, tramitar y resolver los casos con los apellidos de las víctimas, seguido de la palabra «contra» o «versus» y, luego, el Estado incriminado (por ejemplo, «Velázquez Rodríguez contra Honduras»). En el presente caso, debió de tramitarse bajo una nomenclatura bastante insólita de «Costa Rica vs. Costa Rica».

Cuando este caso fue remitido para conocimiento de la Comisión (único órgano interamericano jurídicamente habilitado para recibir denuncias por parte de las víctimas), una desgarradora carta de la madre de Viviana Gallardo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en julio de 1983 (véase texto completo) señaló las condiciones inhumanas de detención previas al asesinato de su hija y las humillaciones a la que fue sometida días antes de aquel 1.° de julio de 1981. En este extracto de una entrevista a la madre de Viviana Gallardo 30 años más tarde, en el 2013 (véase enlace), se señala que su hija sabía que la iban a asesinar y así se lo había indicado a su mamá:

«Ella me dijo, el día que la iban a llevar ahí, que la matarían. Yo le pregunté por qué decía eso, entonces me respondía que no le hiciera caso. Había muchos intereses de silenciarla, no sé por qué lo sabía«.

Viviana Gallardo y sus dos compañeras de celda eran integrantes de un pequeño grupo de activistas denominado por las autoridades «La Familia», al que se le responsabilizó por la muerte de tres policías en junio de 1981. Imagen tomada del artículo de la BBC (2017) «Las incógnitas que rodean la muerte de Viviana Gallardo, unas de las páginas más opacas de la historia de Costa Rica».

Viviana Gallardo: preguntas lancinantes que no logra borrar el tiempo

Han pasado muchos años sin que los testigos de aquella época aporten elementos nuevos para conocer mejor las razones por las que se asesinó, en una celda, a una joven universitaria detenida, de 18 años, en Costa Rica en julio de 1981. 

En este muy completo artículo publicado por la BBC en el 2017 y titulado «Las incógnitas que rodean la muerte de Viviana Gallardo, unas de las páginas más opacas de la historia de Costa Rica» (cuya lectura se recomienda), se lee que: 

«Sin embargo, el Tribunal Superior Primero Penal condenó a Bolaños como autor único del crimen a 24 años de prisión, que después se redujeron a 18. Luego se le permitió visitar a sus hijos los fines de semana y el 30 de septiembre de 1987 obtuvo el beneficio de la libertad condicional«.

Una libertad condicional otorgada en setiembre de 1987 para hechos acaecidos en julio de 1981 plantea algunas interrogantes. No se ha tenido acceso a algún análisis desde la esfera del derecho penal que pueda explicar tan generoso beneficio obtenido de forma tan rápida por los defensores del señor Bolaños; tampoco se tiene conocimiento de un informe de alguna entidad del Estado costarricense que permita conocer los criterios usados en el caso de la condena impuesta al señor Bolaños. Es de notar que en el precitado informe a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de 1983 (que tomó debidamente nota de este preciso aspecto), el Estado costarricense en su defensa se refirió a la pena de 18 años impuesta al señor Bolaños en una de sus respuestas: 

«13. El Gobierno de Costa Rica en nota del 24 de agosto de 1982 dio respuesta a la solicitud de la Comisión, adjuntando dos certificaciones debidamente autenticadas de las sentencias dictadas en la causa contra José Manuel Bolaños por los delitos de homicidio calificado, lesiones graves y lesiones leves en perjuicio de Viviana Gallardo, Alejandra Bonilla Leiva y Magaly Salazar Nasser. También informó que la pena de 18 años de prisión impuesta al señor Bolaños se cumple actualmente en el Centro Regional de Adaptación Social de Pérez Zeledón«.

Fotografía de la placa conmemorativa artesanal que apareció en el 2017 y que fue retirada a las pocas horas. Imagen tomada del mencionado artículo de la BBC.

En las conclusiones de su libro publicado en el 2017, titulado El crimen de Viviana Gallardo (véase texto completo), luego de un exhaustivo análisis, el historiador costarricense David Díaz Arias finalizó con dos preguntas que, 40 años después de los hechos, permanecen siempre muy válidas: 

«El cabo Bolaños murió en junio del 2014 y la prensa comentó entonces que se había llevado a la tumba ‘el secreto’ de por qué mató a Gallardo. En ese contexto, la segunda esposa de Bolaños repitió que aquel hombre había sido bueno, pero le indicó a La Nación que no quería ahondar en el pasado porque ‘ya lo que pasó pasó y él recibió la condena. Solo él y Dios saben lo que pasó y ya se lo llevó a la tumba’. Como se ve, es imposible que se dejen de tejer dudas sobre la muerte de Gallardo si la prensa insiste en crearlas o reproducirlas. No era exacto que Bolaños no hubiera dado una causa de por qué mató a Gallardo; de hecho, sí lo hizo, construyó dos explicaciones: la de que había sido una venganza, que ensayó entre julio de 1981 y marzo de 1982 y la de que había sido un plan construido desde “arriba” que primero reveló al Semanario Universidad en 1981 y que sostuvo y amplió en detalles desde 1982 hasta 1991. Su pena, además, fue drásticamente reducida de la que originalmente se le había impuesto.

Resulta claro ahora que la teoría de que Gallardo fue asesinada para evitar que delatara a los miembros de ‘La Familia’ carece de fundamento, ya que, desde el 17 de junio de 1981, las autoridades habían capturado prácticamente toda la documentación necesaria relacionada con ese grupo. Tampoco es creíble la teoría de que fueron altas autoridades políticas o policiales las que planearon el asesinato, dado que para efectos de combatir el comunismo era más estratégico que Gallardo permaneciera viva. Las preguntas de fondo, que permanecen sin responder son ¿a quiénes les convenía que Gallardo muriera? ¿Quiénes podían ser directamente perjudicados si ella declaraba en los tribunales?» (pp. 26-27).

En este artículo, publicado por el periodista Fernando Francia el 2 de julio del 2020, titulado «Viviana Gallardo: un crimen aleccionador» (cuya lectura también se recomienda), se lee que:

«El debate sobre terrorismo o revolucionaria se instaló para siempre. Los medios mantienen la versión de terrorismo, aunque estudiosos de historia, tanto David Díaz de la Universidad de Costa Rica como Eduardo Tristán de la Universidad de Santiago de Compostela, sostienen que, por sus postulados políticos, por los documentos encontrados y por las prácticas demostradas atribuidas a la organización no puede adosárseles el término de terrorismo. Era un grupo que cuestionaba el orden establecido y las injusticias y que pretendía realizar cambios por la vía armada [sic]».

No obstante, a pesar de lo señalado por el comunicador Fernando Francia, por los historiadores citados por este autor, y por algunos artículos de opinión publicados en la prensa costarricense, es extremadamente frecuente en Costa Rica escuchar a personas asociar el nombre de Viviana Gallardo con la palabra «terrorista«. Su corta edad (18 años) al momento de su asesinato en su celda no pareciera influir mayormente en el uso de este calificativo; el hecho de que Costa Rica carezca de una historia de violencia política entre jóvenes y menores de edad (entrenamiento en el uso de armas y de explosivos, o planificación y ejecución de acciones armadas), tampoco. Unos años después de 1981, Costa Rica sí vería en su territorio aparecer modalidades de adiestramiento para la lucha armada, pero para uso «externo« (Nota 2).

A modo de conclusión

Salvo error de nuestra parte, el pasado  1.° de julio del 2021, no se observó ninguna iniciativa para conmemorar, de alguna u otra manera, los 40 años del asesinato de Viviana Gallardo en Costa Rica. 

Pese a ello, no cabe duda de que en este caso (como en muchos otros casos de violaciones a los derechos humanos ocurridos en América Latina), la exigencia de justicia y de verdad puede acentuarse con el pasar de cada primavera, de cada conmemoración; al tiempo que algunos de los testigos de aquella convulsa época en América Central podrían sentir (tal vez) que ya ha llegado el momento de liberar algunas cosas ocultadas durante 40 años.

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Nota 1: En relación con la tramitación de este anómalo caso, el juez norteamericano Thomas Buergenthal de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de 1979 a 1991, escribió en un artículo publicado en el 2004 que:

«Aunque apreciamos la confianza depositada por el Presidente de Costa Rica en la Corte, no tuvimos más opción que rechazar nuestro primer caso contencioso, si es que podía describirse como caso contencioso propiamente dicho. El problema era que si bien se puede, en principio, renunciar al agotamiento de recursos internos que exige la Convención, no es posible renunciar a los procedimientos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como pretendía Costa Rica al presentar el caso directamente a la Corte. Los particulares pueden presentar sus casos ante la Comisión, al igual que los Estados Partes. Sin embargo, los particulares no tienen legitimidad ante la Corte. En opinión de la Corte, el permitir que un Estado renuncie unilateralmente a un derecho diseñado en parte para proteger los intereses de los particulares, sería incompatible con los fines de la Convención. La Corte calificó el caso de inadmisible y lo trasladó a la Comisión. La familia de Gallardo se negó a proseguir con el caso ante la Comisión, poniendo fin a este primer caso ante la Corte. Si aceptamos que el Asunto de Viviana Gallardo fue efectivamente un caso contencioso y no una opinión consultiva, como ha sido sugerido de tanto en tanto, se puede decir que la Corte no recibió ningún otro caso hasta el año 1986, cuando fueron sometidos los Casos de Honduras sobre desaparición forzada» (véase BUERGENTHAL Th., «Recordando los inicios de la  Corte Interamericana de Derechos Humanos», Vol. 39, Revista IIDH (2004) pp. 11-31, p. 17. Texto del artículo completo disponible aquí).

Nota 2: En los años 80, los únicos centros de adiestramiento en Costa Rica para realizar acciones armadas violentas fueron los centros instalados unos años después de 1981 (y de manera discreta) por Estados Unidos en la zona norte de Costa Rica con el fin de entrenar a elementos de la denominada «contra» nicaragüense en su lucha insurgente contra las autoridades en el suelo de Nicaragua. Incluso la misma Agencia de Inteligencia Norteamericana (CIA) publicó un «manual» para perpetrar actos de sabotaje en Nicaragua, de 96 páginas (véase texto). 

Estos mismos centros de entrenamiento, con el mismo objetivo, también vieron el día en la zona fronteriza entre Honduras y Nicaragua. Esto llevó a Nicaragua a presentar una demanda ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) contra Honduras (véase texto) y contra Costa Rica (véase texto completo de la demanda de julio de 1986). Es de notar  que la demanda contra Costa Rica fue retirada, a solicitud de Nicaragua, en 1987 (véase texto de ordenanza de la CIJ donde formaliza el retiro en agosto de 1987). En este artículo de opinión, publicado en el 2010 por quien fuera el embajador de Costa Rica en Nicaragua en el período 1986-1990, se lee que:

«Cuando transitamos en la negociación del Plan de Paz en Nicaragua, el presidente Arias me pidió que dedicara mis esfuerzos para que Nicaragua retirara la demanda que tenía contra Costa Rica en La Haya. En un principio me encontré con la férrea oposición del canciller Descoto que llamaba a la demanda, la última trinchera contra el imperialismo yanqui. No desistí en mi empeño por que se retirara la demanda y dialogando con Humberto en varias jornadas, a pesar de la oposición del canciller Descoto y de La Habana, Humberto intercedió no solo para que se firmara el Plan de Paz, sino que Nicaragua retirara la demanda en contra de Costa Rica todo lo cual se dio en agosto de 1987«.

 

Nicolas Boeglin
Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica

Derechos humanos, ¡cuántas injusticias se cometen en tu nombre!

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Por Freddy Pacheco León

Derechos humanos, ¡cuántas injusticias se cometen en tu nombre!, sin detenerse un instante a conocerte. Para algunos sos, según repiten, tener opciones electorales, aunque 8 de cada 10 ciudadanos en Costa Rica no quiera saber nada de partidos políticos, o el derecho a vivir en tu país de nacimiento, aunque 4 de cada diez personas quisieran EMIGRAR si tuvieran los medios para hacerlo, como sucede también en Costa Rica. Por eso, a propósito de lo anterior, en honor tuyo, vale la pena recordar algunos de los artículos que contiene tu Declaración Universal emitida en la ONU en 1948, sobre los que haríamos bien en reflexionar para ponerlos plenamente en práctica. Leemos: «Todos tienen derecho a la protección contra la DISCRIMINACIÓN». «Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y religión». «Toda persona tiene derecho a la seguridad social». «Toda persona tiene derecho AL TRABAJO y la protección contra EL DESEMPLEO». «Toda persona tiene derecho AL BIENESTAR, ALIMENTACIÓN, VIVIENDA, ASISTENCIA MÉDICA, vestido y otros SERVICIOS SOCIALES básicos». «Toda persona tiene derecho a LA EDUCACIÓN y al libre desarrollo de la personalidad». «Toda persona tiene derecho A UN ORDEN SOCIAL que garantice LOS DERECHOS DE ESTA CARTA». Así que, amiga Carta de los Derechos Humanos, aunque ya tenés 73 años, te pedimos perdón por tenerte olvidada en la gran mayoría de Estados miembros de la ONU que te vio nacer, y por ver como se te manosea cínicamente.

La cúpula militar de Estados Unidos temió un Golpe de Estado de Donald Trump

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Gabe Abrahams

Llega ya a las librerías una novedad editorial que desvela hasta qué extremo el radicalismo político de Donald Trump preocupó a la cúpula militar de Estados Unidos, la cual temió un Golpe de Estado por parte del expresidente y preparó una respuesta contra el mismo.

El libro de investigación que trata sobre este asunto se titula I Alone Can Fix It: Donald J. Trump’s Catastrophic Final Year y ha sido escrito por dos periodistas del periódico The Washington Post, Carol Leonnig y Philip Rucker. Verá la luz a finales de julio.

El libro desvela que directamente el Jefe del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, Mark A. Milley, llegó a temer que Donald Trump diese un Golpe de Estado. Y narra también que, ante esa situación, Milley, el general de mayor rango en Estados Unidos, decidió planificar una respuesta para detener el posible Golpe de Estado de Trump. 

Según Leonnig y Rucker, Milley se alarmó cuando Trump adoptó una actitud desafiante después de las elecciones de noviembre de 2020, no reconociendo la victoria de Joe Biden. Y empezó a pensar que estaban obligados a preparar una respuesta ante un posible Golpe de Estado. 

Milley tuvo muy claro desde esa fecha que Trump estaba avivando disturbios para encontrar una excusa que le permitiese «invocar la Ley de Insurrección y llamar a los militares». 

El asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021, cuando las hordas de simpatizantes de Trump marcharon hasta el edificio sede del Congreso federal en Washington DC. fue el momento clave. No llegó a mayores, porque Trump no se atrevió a llegar hasta donde la cúpula militar de Estados Unidos pensó que era capaz de hacerlo. 

Según la información que suministra el libro de Carol Leonnig y Philip Rucker, Milley y los otros militares de alto rango consideraron que Estados Unidos se enfrentaba a un «momento Reichstag», en referencia a la quema de la sede del parlamento alemán en 1933 que conllevó el control totalitario de Alemania por parte del partido de Hitler. 

Durante el periodo de conspiración, Milley llamó a los simpatizantes de Trump «camisas pardas», en referencia a los grupos paramilitares que sirvieron a Adolf Hitler en Alemania en los años ’30; y nazis a los asaltantes del Capitolio seguidores de Trump.

Parece evidente que Donald Trump era un peligro para la democracia. El acoso que llevó a cabo contra la democracia de su país, en cualquier caso, no fue menor que el acoso brutal que llevó a cabo contra otros sistemas políticos o Estados no sometidos a sus caprichos.

Reafirmación del Pacto Social

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Vladimir de la Cruz

Usualmente empleamos el concepto de Pacto Social para expresar el origen de la autoridad política, de los gobernantes, y de la organización del sistema político o del orden social.

El Pacto Social deviene del concepto Contrato Social que se desarrolló con las teorías políticas, surgidas desde finales del siglo XVII, que rechazaron el origen divino del poder de los monarcas, entendiendo que dicho poder no era voluntad de Dios, ni por Dios se realizaba, ni que por decisión de Dios gobernaba, sino que descansa en el Pacto Social, o en el Contrato Social que los ciudadanos realizan para asegurar su convivencia, su buen vivir y su felicidad, delegando cada ciudadano su Soberanía, su Voluntad, en el Gobernante, a quien se le encarga, por ese motivo, la buena administración de la sociedad y del Estado.

Esa voluntad delegada para la administración no puede ser ejercida de manera despótica, ni tiránica, ni dictatorialmente, ni se puede actuar por parte del Gobernante de modo autoritario, contrario al Pacto, ni se puede gobernar contra los ciudadanos. Si así sucediere el Pacto se estima roto y el pueblo con el derecho natural de rebelarse, contra ese gobernante que ha incumplido el Pacto, para cambiarlo y restituir de nuevo la armonía social y política, y la buena relación entre el Mandatario y los Mandantes de ese Pacto o Contrato Social. Como concepto el Mandatario no puede apartarse de lo que le establecen los Mandantes, el Pueblo, como resultado de las elecciones, que es la forma mediante la cual se da la facultad de gobernar.

Este concepto y Derecho de Rebelión en Costa Rica fue establecido en la Constitución de 1844. En las siguientes constituciones fue eliminado.

Corresponde también al concepto de Pacto Social la aprobación de la Constitución Política. Se le da a esta gestación o nacimiento de la Constitución la categoría mayor de la elaboración del Pacto o Contrato Social. La primera Constitución que se estableció en Costa Rica, el 1 de diciembre de 1821, se llamó Pacto Social Fundamental Interino de Costa Rica, o Pacto de Concordia.

En la Constitución Política se establece todo lo que corresponde a definir el país o el Estado, sus límites, quienes lo habitan y tienen su nacionalidad, quienes pueden adquirir su nacionalidad, los derechos y los deberes de los ciudadanos, los derechos y libertades, los derechos y garantías sociales, la constitución de los Poderes Públicos y sus funciones, se señala quienes y de qué forma pueden formar parte de esos Poderes, el mecanismo de hacer las leyes. Además, se establecen otros aspectos relacionados con religión, educación, organismos coadyuvantes de la gestión pública y el juramento constitucional, entre otros elementos.

En el campo político electoral se establece un sistema de partidos políticos, que funciona en Costa Rica como tal, desde 1890, que es el que se usa para nombrar y cambiar gobernantes, a los representantes populares del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo, que son los que surgen de este Pacto Social como sus representantes genuinos, que expresan el carácter democrático institucional y social que afirman con su elección ese Pacto o Contrato Social.

En este sentido cada proceso electoral, como el que viene, a realizarse el primer domingo de febrero próximo, para cambiar las autoridades nacionales, las que resultan de las elecciones, son una afirmación del Pacto Social, del Contrato Social. Me atrevo a decir que son su mejor expresión de afirmación constante, que se realiza por consulta popular cada cuatro años. Así la expresión de los votos, su resultado, apoyando o no la gestión de Gobierno que se ha venido realizando, estos cuatro años, por el partido político, que le ha tocado hacerlo, como resultado de las elecciones y por la confianza depositada en ese sentido para que conduzca el país. Es un apoyo indirecto al Gobernante y a su Partido, o un rechazo a ambos. Indirecto al Gobernante, en la figura del Presidente de la República, cuando se le da continuidad al Gobierno con la reelección de su Partido para un nuevo mandato, con otro gobernante, porque el sistema electoral no permite la reelección continua del Mandatario en ejercicio del Gobierno, pero permite la reelección continua de su Partido político. Si el resultado es adverso a la continuidad del Partido, se puede interpretar que el rechazo es al Presidente y gobierno en ejercicio y a su partido y candidato que participa en las elecciones.

En la Historia electoral del país desde 1890 no ha habido un gobernante, como persona que haya ejercido el Gobierno tres veces consecutivas. Los ha habido de dos veces, en 1894-1898 y 1898-1902, Rafael Iglesias. Después eso no se ha repetido.

Los ha habido que repiten un gobierno, durante el período de la Segunda República, en 1970-1974, y 1974-1978 con el Partido Liberación Nacional, en 1982-1986 y 1986-1990, con el Partido Liberación Nacional, en 1998-2002 y 2002-2006 con el Partido Unidad Social Cristiana, en el 2006-2010 y 2010-2014 con el Partido Liberación Nacional, y actualmente desde 2014-2018 y 2018-2022, con el Partido Acción Ciudadana.

La Historia electoral de este período, 1949-2018, no conoce tres gobiernos seguidos de un mismo partido político, pero en cada elección eso es una posibilidad, la reelección del partido en el Gobierno.

La encrucijada en que estamos es si en estas elecciones del 2022, ante la renovación y afirmación del Pacto Social o Contrato Social, que surge del mandato electoral, se le dará la confianza al actual Partido gobernante de continuar con un tercer mandado, o se cambiará de Partido gobernante, con su respectivo gobernante. El que no se reelija un partido solo significa que el Pacto Social con ese Partido se Rompió. No significa que toda la sociedad entra en crisis por la ruptura de ese Pacto, porque en su Rompimiento simultáneamente se establece un nuevo Pacto con otro Partido y su gobernante.

La elección en sí misma es un acto de confianza pública en el sistema democrático, en el sistema de partidos políticos, en el proceso electoral que gobierna este cambio de Mandatario y hasta de Partido Político. Es un acto de confianza en el sistema democrático y electoral costarricense.

En fila ya tenemos los primeros partidos y candidatos ya definidos aspirando gobernar el país, el Partido Nueva Republica con Fabricio Alvarado, Sergio Mena con el Partido Nueva Generación, el Partido Unidos Podemos con Natalia Díaz Quintana, el Partido Liberación Nacional con José María Figueres Olsen, el Partido Unidad Social Cristiana, con Lineth Saborío, el Partido Liberal Progresista con Eli Feinzaig, el Partido Progreso Social Demócrata con Rodrigo Chávez.

Las preguntas finales, ¿se romperá el Contrato Social o el Pacto Social con el Partido Acción Ciudadana? ¿Habrá nuevo Contrato o Pacto Social, con otro partido político? Este es el dilema. Nuevo Presidente o Presidenta habrá.

El bochinche alrededor del nombramiento de Ottón Solís en la OCDE

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Dr. Luis Paulino Vargas Solís

Economista, CICDE-UNED

Diversas personas, incluida la jefa de fracción del PLN, dicen que ese nombramiento fue “ilegal”. Al margen de lo que cada quien opine sobre el señor Solís, esa cuestión merece una discusión por aparte, la cual, por cierto, tiene ramificaciones muy interesantes.

El argumento sobre la presunta ilegalidad, apela al artículo 4 de la ley 9981, de adhesión a la OCDE. Ese artículo básicamente dice dos cosas: i) que la delegación permanente ante la OCDE formará parte del Ministerio de Comercio Exterior (COMEX); ii) que el Consejo de Gobierno –“por iniciativa” de COMEX- nombrará al respectivo representante ¿Dónde estaría la “ilegalidad”? En el hecho, muy obvio, de que el nombre de Solís no surgió de la “iniciativa” de COMEX. Ahora bien, siendo que COMEX tiene la “iniciativa”, el Consejo de Gobierno es quien nombra, en ejercicio de las potestades que le atribuye el artículo 147 de nuestra Constitución. Absolutamente nada obliga a que se nombre a la persona que COMEX haya propuesto.

¿Que en este caso se incumplió el mandato que atribuye a COMEX la “iniciativa”? Bueno, eso se resuelve facilísimo: recordemos que el inciso 1) del artículo 139) de la Constitución atribuye al presidente de la república la potestad de “nombrar y remover libremente” a ministros y ministras. O sea, el ministro de COMEX es un subalterno del presidente. Basta que éste le ordene: “proponga a Fulanita o Zutanito”. El ministro tiene dos opciones: obedecer o renunciar. No hay más.

Sugiero ir un paso más allá y revisar el artículo 2) de ley número 7638, acerca de las atribuciones de COMEX. Es claro que éste es un órgano a cargo de una muy específica política sectorial: la de comercio e inversión extranjera. En concreto, el inciso d) le asigna la representación del país ante la Organización Mundial del Comercio (OMC) y “demás foros comerciales internacionales”.

¿Es la OCDE un foro comercial? Claramente es mucho más que eso. En el sitio web de esa organización se dice que su “misión es diseñar mejores políticas para una vida mejor. Nuestro objetivo es promover políticas que favorezcan la prosperidad, la igualdad, las oportunidades y el bienestar para todas las personas” (negrita del original). Retórica aparte, es obvio que, tratándose de la OCDE, lo comercial y las inversiones es solo un elemento entre otros, puesto que muchos otros asuntos deberían ser considerados para alcanzar tan ambiciosos objetivos.

¿Por qué entonces la Asamblea Legislativa asignó a COMEX la representación de Costa Rica? Se supone que es una representación diplomática ante una organización multilateral que maneja una agenda multifacética. Por lo tanto, debió naturalmente quedar en manos del Ministerio de Relaciones Exteriores. Más aún ¿por qué se intentó amarrar la representación de Costa Rica a la “iniciativa” de COMEX? (lo cual, como ya vimos, no pasa de ser una treta leguleya nada imaginativa).

Resulta por completo desatinado poner en manos de un órgano como COMEX -cuyas atribuciones son de restringido alcance- una responsabilidad tan compleja, puesto que compleja y multifacética es la agenda de asuntos que se abordan en la OCDE. En esto debía primar una visión país, no un enfoque sectorial. Pero evidentemente se optó por el enfoque sectorial.

Solo hay una explicación plausible para este absurdo: ello refleja claramente la posición ampliamente hegemónica que han alcanzado en Costa Rica los intereses y las visiones ideológicas, del gran empresariado y de los muy ricos. Pero, para mejor entenderlo, es a su vez necesario entender cómo funciona el triunvirato constituido por COMEX, la Promotora de Comercio Exterior (PROCOMER) y la Coalición Costarricense de Iniciativas de Desarrollo (CINDE).

El artículo 4) de la ya mencionada ley 7638, crea, como parte de la estructura organizativa del COMEX, un Consejo Consultivo, el cual tiene la función de asesorar al Poder Ejecutivo “…en materia de políticas de comercio exterior e inversión extranjera” y velar “por el cumplimiento de tales políticas”. Ese Consejo está formado por 17 miembros, de los cuales 7 provienen de diversas cámaras empresariales. Considérese, además, que también hay una persona que representa a PROCOMER, y otra en representación de CINDE. Recordemos enseguida que estas dos organizaciones están fuertemente ligadas a los intereses empresariales. Queda claro entonces que estos últimos tendrán predominio en ese Consejo Consultivo.

Por su parte, PROCOMER es creado y funciona bajo la regulación de la misma ley (número 7638), cuyo artículo 10 crea una junta directiva a cargo de la dirección de este órgano. Esta junta está constituida por nueve personas, cuatro de las cuales son de directo nombramiento por cuatro cámaras empresariales (el presidente o vicepresidente de éstas), y una quinta persona, “representante de los pequeños y medianos exportadores”, será nombrada por el Consejo de Gobierno con base en una terna presentada por la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones de la Empresa Privada (UCCAEP). Vale decir que, sobre un total de nueve integrantes, hay cinco de las cámaras empresariales.

Por su parte, CINDE es, sin más, una organización privada, manifiestamente ligada a los intereses del gran empresariado, y la cual, según leo en un comunicado de prensa de marzo 2019, dice de sí misma ser una “organización privada y sin fines de lucro, encargada de la atracción de inversión extranjera a Costa Rica”. O sea, sin pedirle permiso a nadie, se apropia de una política pública muy importante, lo cual no sería tan relevante, si no fuese porque los sucesivos presidentes y una presidenta de la república, han cohonestado y legitimado, ese ejercicio espurio de privatización de esa política pública.

Aparte el argumento de la “legalidad”, a la hora de combatir el nombramiento de Solís, también se apeló al argumento “técnico”. COMEX sería, según esa narrativa, el órgano “técnico”, el depositario del “saber técnico” en tan importante materia. Esto no pasa de ser otra falacia, tan burda como la de la “ilegalidad”. No se me malentienda: no me refiero al personal de ese ministerio, que seguramente es gente profesionalmente competente. Me refiero al hecho de que, en realidad, estamos en presencia de un órgano político, mejor digamos, de un tridente de órganos politizados (COMEX-PROCOMER-CINDE), que funcionan bajo el influjo directo y predominante de los intereses y la ideología del empresariado más poderoso, un grupo ínfimo, pero extremadamente influyente. Es, por sobre todo, una cuestión política, teñida hasta la médula de intereses corporativos. Lo técnico si acaso entra a jugar en un lejano segundo plano, y de forma totalmente subordinada.

No veo realistas las tesis conspirativas que circulan. Creo que el estridente bochinche alrededor del nombramiento de Solís fue fundamentalmente una disputada de poder, un pulso por demostrar quién realmente manda en Costa Rica. En todo ello, los partidos de oposición en la Asamblea Legislativa jugaron el rol usual: simple cámara de eco de los intereses empresariales. La batuta, como de costumbre, estuvo en manos de estos últimos. La cuestión, como he mostrado, se alimentó de múltiples falsedades, pero, además, tuvo el aspecto de una grotesca comedia de malentendidos. Y ello especialmente en un sentido: las cámaras empresariales identificaron como enemigo, a un sujeto -el señor Solís- que no lo es en absoluto. Ni siquiera es un crítico más o menos incómodo, sino un señor que asume, con ínfimas diferencias, la agenda corporativa-empresarial, lo cual quedó clarísimo en su carta de renuncia.

Me parece que el gran empresariado intuyó que aquí tenía la posibilidad de recomponer posiciones, luego de que el “caso cochinilla” lo pusiera a la defensiva. Vinieron, golpearon la mesa y se echaron el pulso. Ganarlo sirve para recordarnos y, en especial, recordárselo a Carlos Alvarado, quienes manejan las riendas en Costa Rica.

Podemos anticipar que ahora el Consejo de Gobierno nombrará a una persona a gusto del empresariado.

 

Tomado del blog: https://sonarconlospiesenlatierra.blogspot.com/2021/07/el-bochinche-alrededor-del-nombramiento.html

Glosas sobre el drama político cubano y latinoamericano del presente

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Rogelio Cedeño Castro, sociólogo y escritor costarricense

Para entender el inmenso drama que se vive en nuestra área continental o subcontinente latinoamericano, por así llamarlo, como un hecho que no es reductible a lo que pueda acontecer en un solo país, hay que examinar –como paso previo- las tendencias de larga duración y los momentos coyunturales, sus encuentros y sus desencuentros, donde las primeras hacen aflorar los segundos que suelen aparecer como estallidos sociales.

La tragedia cubana del presente ha sido el resultado de una larga pugna entre el nacionalismo cubano, asociado con los llamados comunismo o socialismo contemporáneos, hoy muy difíciles de definir siquiera, después de tres décadas del fin de la guerra fría y con la inevitable, además de ominosa, presencia del hegemonismo estadounidense,  siempre interesado en mantener o recuperar su control sobre la isla mayor de las Antillas, desde la perspectiva del destino manifiesto, la que no es ajena a la que se vive en los demás países latinoamericanos, en los que jamás han existido democracias dignas de ese nombre. Desde 1960 los EEUU impusieron un embargo brutal a la economía cubana, el que se ha intensificado con el paso de las décadas, en las diferentes coyunturas y como consecuencia de un lobby cubano ultraderechista que tiene secuestrada la política de Washington hacia la isla.

La imposibilidad estructural de autodeterminarse como una nación de verdad soberana e independiente, llevó a Cuba a no poder consolidar ese proceso, iniciado durante la segunda mitad del siglo anterior, por el hecho inevitable de caer en la tenaza, dentro de la que vino siendo apretada por las dos superpotencias de aquel entonces, un factor que condujo a exacerbar la influencia del  estalinismo, o más bien neoestalinismo sobre la revolución misma, el que terminó por aplastar a las otras tendencias revolucionarias dentro de la izquierda cubana de entonces, dándole un rasgo autoritario al régimen revolucionario que se tornó en una especie de sino fatal.

En fin, esto fue algo que vino vía Moscú, dando como resultado una dependencia económica, científica y tecnológica creciente de los países del entonces Bloque Soviético. Al disolverse la Unión Soviética, a principios de los años noventa, se evidenció la fragilidad de la economía cubana que dependía de esos países en casi todos los rubros más importantes, entonces vino el llamado “período especial” en el que estuvo a punto de derrumbarse la sociedad cubana entera, mientras tanto la ultraderecha cubana de la emigración y los EEUU pensaron que era el momento de exigirle a Cuba la capitulación total si querían que el embargo se levantara. ¿Es qué acaso han querido otra cosa para el pueblo cubano? Al intensificarse este tipo de presiones el régimen surgido de la revolución (o más bien, su dirigencia histórica) tuvo que apretar las tuercas del control político-militar e intentar sobrevivir, en condiciones heroicas, desesperadas e insufribles,  enfrentándose al ya mencionado embargo comercial, como también a la insólita y descarada piratería a que venía siendo sometida la nación cubana entera, con grandes sufrimientos para el pueblo, y sin posibilidad de una negociación política entre los mismos cubanos que diera lugar a una convivencia más democrática y abierta en el orden de lo político. Nada de esto fue posible entonces. y sigue siendo la esencia de los componentes de la tragedia de hoy.

Hay responsables ocultos (ya que se culpa sólo al gobierno cubano de lo que está ocurriendo) en el drama cubano y sus múltiples aristas, como son los Estados Unidos, y el sector ultraderechista de la migración o exilio cubano que terminó por insertarse dentro del aparato estatal estadounidense, haciendo imposible cualquier solución humanista al diferendo planteado. Con tal de decir que el modelo cubano del “socialismo” fracasó (una discusión en la que no voy a entrar por ahora) someten a todo un pueblo a crecientes penalidades, a la vez que financian a una oposición interna condicionada al juego de sus intereses, la que también termina siendo víctima de esa pirotecnia mortal. En Cuba nunca habrá una democracia verdadera mientras exista esa despiadada política estadounidense, con esa exacerbada polarización entre los cubanos de aquí y de allá, siempre causándose daño mutuamente.

Es hora de que se ponga fin al embargo comercial, bancario e incluso naviero y de que la familia cubana pueda resolver sus serios problemas acumulados en la larga duración histórica, hoy agravados por la pandemia, la dificultad para conseguir insumos para las vacunas, tecnología, medicamentos para atender a los enfermos y poder viajar entre la isla y los EEUU, -al prohibir este último país-, muchos vuelos además de los envíos de dinero, por parte de los emigrados, a sus familias en la isla.

La solución que venga tiene que venir la por vía de la negociación para ponerle fin a los inmensos daños ya provocados, amén de todo tipo de tragedias individuales y colectivas, debe ser sin imposiciones, más o menos encubiertas, de la superpotencia del norte. ¿Quién o quiénes son los responsables de esos “éxitos” o “fracasos” para impedirle alcanzar sus metas o para que el otro actor político tenga que capitular? Mientras tanto, al resto de los habitantes de este continente pretenden obligarnos a aceptar una dictadura neoliberal, un régimen que es incluso la negación del libre mercado y la llamada competencia (también libre, al parecer), con unas “democracias” en las que cuando la derecha no gana o no logra imponer sus fraudulentos manejos político-electorales, entonces es fraude y el sistema electoral es una trampa, puesto que cuando ellos ganan, entonces ni chistan. Los casos recientes de Perú y Bolivia son aleccionadores.

Oscuras Perspectivas para el final de este 2021

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

German Masís M.

Con el propósito de adelantar un ejercicio prospectivo sobre lo que nos dejará la pandemia del COVID-19 y la Administración Alvarado en el año 2021 y siguientes, es posible visualizar un panorama de recuperación sanitaria y económica, lento y con grandes desafíos sociales e institucionales para los próximos dos años.

A nivel sanitario, la pandemia nos podría dejar un sistema de salud reforzado y mejor preparado, pero con un elevado déficit financiero de la Caja del Seguro Social y un déficit presupuestario del sector salud, que requerirá recursos extraordinarios.

En relación con la situación social y económica, la pandemia dejará secuelas muy profundas, toda vez que la emergencia lo que ha hecho es agudizar los problemas preexistentes como el déficit fiscal, la deuda pública, el desempleo, la pobreza y las desigualdades regionales, cuyas medidas de solución por parte de la Administración Alvarado resultarán insuficientes.

Las circunstancias económicas y políticas actuales indican que se mantendrá un déficit fiscal cercano al 7% de la producción y una deuda pública en constante crecimiento mayor al 70% de la misma, que junto a cifras de crecimiento económico del 2.5% según la OCDE (menos optimistas que las del Banco Central), no auguran una recuperación satisfactoria.

Parece claro que las medidas de la agenda del FMI permitirán gestionar a lo sumo una débil estabilidad económica, dado que las posibilidades de aprobación de los proyectos en la Asamblea Legislativa en esta coyuntura política preelectoral serán limitadas, siendo probable que los únicos proyectos que se aprueben en los próximos 6 meses sean los del crédito del FMI por 1,700 millones de dólares y a duras penas el de empleo público cuyas repercusiones económicas en todo caso no serán inmediatas.

Para los demás proyectos como el de renta global, rentas de capital y eliminación de exoneraciones, aporte solidario de empresas estatales e impuesto a los premios de lotería, las perspectivas son poco favorables, ya que existe una fuerte oposición de sectores e instituciones que ven afectados sus intereses generando presión sobre las fracciones legislativas opositoras.

La pandemia dejará secuelas socioeconómicas, como la vulnerabilidad y desaparición de muchas Pymes (3 mil en un año según el Ministerio de Economía), el crecimiento del empleo informal (más de 900 mil personas lo componen) y la constatación de la brecha digital en la educación (425 mil estudiantes no cuentan con conexión a internet según estudio reciente del MEP).

La Administración Alvarado, dejará unas finanzas públicas apenas estables, resultado de los primeros desembolsos del FMI, de los préstamos del BID y BCIE, de la venta bonos de deuda (en parte adquirida por los mismos bancos y empresas públicas), el leve crecimiento de las exportaciones y una mayor recaudación tributaria, también dejará avances cuestionados en infraestructura vial y un inviable proyecto de tren eléctrico para la GAM.

No obstante, su mayor falencia será en el aumento de las brechas socioeconómicas, tecnológicas, y territoriales y en la restricción de los derechos de los trabajadores y pensionados, en definitiva, nos dejará un país más desigual.

La política económica de esta Administración antes y después de la pandemia, ha estado más orientada a los grupos empresariales y sus actividades y ha favorecido un modelo de desarrollo que concentra riqueza, genera desempleo y que está creando pobreza.

Ese será el país del Bicentenario, con finanzas precarias, con un alto endeudamiento, carente de una reactivación económica y con grandes brechas sociales, lamentablemente frente a este oscuro panorama tampoco se escuchan propuestas serias y transformadoras de los partidos políticos de cara a las próximas elecciones.

 

Imagen: UCR.

Vivir, pensar y luchar en una coyuntura compleja

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Julio Carranza

La historia es todo el tiempo, pero hay momentos de definiciones, donde la historia condensa sus contradicciones y los acontecimientos se precipitan, a veces en el sentido del progreso, a veces en el sentido del retroceso, son múltiples los factores que dan lugar a esos instantes, lo mejor es vivirlos con la mayor conciencia de lo que está pasando y poner los esfuerzos propios a contribuir para que la vorágine se mueva en la dirección que se cree correcta, ese es el desafío de los seres humanos comprometidos con un determinado sentido de la historia. Cada quien carga con la responsabilidad y consecuencia de sus acciones.

Hace tiempo muchos venimos insistiendo en la urgente necesidad de avanzar en los cambios que necesita Cuba y que finalmente dejaron de ser propuestas encerradas en polémicos textos académicos para, no en su totalidad pero si en su esencia, convertirse en acuerdos de la sociedad y del partido de gobierno, ahí están la nueva Constitución y el documento de la Conceptualización, para sólo citar dos textos cumbres, darle total vida a estos acuerdos magnos es una necesidad aún en medio de la tremenda complejidad del momento actual y del tiempo que se ha perdido.

Por mi parte he expresado en varios textos, entre otras, las dos siguiente ideas: 1-los cambios necesarios (mil veces expuestos y debatidos) son incluso un asunto de seguridad nacional 2-el tiempo es una variable crítica.

Como demuestran los acontecimientos recientes, la situación es muy compleja y el impacto de la pandemia deja márgenes de acción más estrechos, pero a pesar de esto y del bloqueo genocida hay que actuar con imaginación, con audacia, con flexibilidad y con firmeza. Si alguien afirma que no hay recursos para tales cambios la respuesta es que precisamente (entre otras cosas) para obtener recursos es necesario avanzar en los cambios.

Una de las claves principales de la situación actual está en la economía, el sistema económico actual es obsoleto, limita las capacidades productivas de la sociedad y debe ser reformado, ya esta es una verdad tan admitida (al menos formalmente) como antes fue rechazada, pero el avance y la integralidad de la reforma aún es insuficiente, no hay dudas de qué hay fuerzas internas e intereses conservadores que se le oponen, el propio Presidente de la República lo ha expresado con énfasis de una forma u otra en más de una ocasión.

Sin embargo, el problema cuya raíz está en la economía no se reduce a esta y cada vez menos. Es necesario comprender los malestares de la gente, fatigadas por las tremendas dificultades de la vida cotidiana más allá de las causas que las provocan, acentuadas principal y sistemáticamente por una agresión que se hace cada vez más evidente y notoria. Incrementar esos malestares es el eje de esa agresión a la que se somete al país.

El bloqueo no es todo, pero el bloqueo afecta todo, tiene un carácter genocida, criminal y oportunista y viniendo de un poder tan inmenso y en medio de situación tan compleja como la actual con la pandemia resultados da, acaso no es eso lo que busca?, no es para eso que existe?, no es buscando eso que se mantiene?, o sea agudizar al máximo posible todas las dificultades, generalizar los malestares y convertir la crisis económica en una crisis política que termine con el “régimen” para colocar otro sistema dócil a los intereses externos. Eso es así, pero no es que nadie lo invente o imagine, así está descrito y declarado en la política desde su comienzo hace ya seis décadas. El desafío fue y se logró, neutralizarlo en su propósito mayor, ese desafío hoy sigue siendo el mismo, ahora en circunstancias que por muchas razones son más complejas.

Las simultáneas protestas públicas en diferentes lugares del país del día 11 de julio son sin dudas parte de una articulación de acciones contra el gobierno, las costuras se ven por todas partes, pero se asientan en malestares reales, objetivos, en la situación de dificultades cotidianas y escaseces de todo tipo, aunque estas sean en gran medida provocadas y en otra también resultado de insuficiencias propias, sería un error hacer una lectura simplista o unilateral de tales acontecimientos. Agresión hay y fuerte, perversa, errores e insuficiencias propias también y no son pocas.

Como expresé antes el momento exige imaginación, audacia, flexibilidad y firmeza, sentido político. Escuchar y dialogar con todo el que tenga sentido dialogar a la vez que no dar ni un milímetro de espacio a la reacción proimperialista.

También es preciso ser autocríticos, insisto en que el bloqueo lo afecta todo, pero no es todo. Hay retrasos y parálisis que se pagan ahora, creo que es necesario comprender esto con honestidad y sentido crítico.

Con éxito ha logrado Cuba una proeza extraordinaria frente a la tremenda pandemia que golpea en todas partes, sus científicos han creado vacunas efectivas, trabajando en las peores condiciones que se puedan imaginar, han sido prácticamente laboratorios en una trinchera, sin disponer de los mínimos recursos que posee cualquier científico en el mundo, un país que ha logrado eso no se puede subestimar, cómo antes logró otras tantas cosas.

Sin embargo, como demuestran los acontecimientos, no basta, la pandemia se ha expandido por delante del efecto de las vacunas, en algunos lugares del país de manera exponencial, se le ha enfrentado con lo que se tiene, pero se han visto salas de hospital repletas, con pacientes incómodos creo que en la medida de lo posible hay que continuar colocando todos los recursos disponibles, con los balances necesarios, en función de esto. La provincia de Matanzas, por ejemplo, una de las más afectadas es también una de las que tiene la planta hotelera más amplia del país, podrían emplearse una parte de esos hoteles como hospitales temporales para los enfermos sin costo alguno, sin suspender totalmente el turismo con los cuidados del caso, por declaración reciente de la dirección del gobierno sabemos que esto ha comenzado a implementarse.

De otra parte, sin darle el más mínimo espacio a la demagógica y cínica “ayuda” promovida por los mismos que apoyan el bloqueo, se podría convocar a una aún mayor solidaridad internacional a un mundo que le debe moralmente tanto a Cuba.

También, creo, se podrían buscar novedosos negocios para elevar sustancialmente el nivel de abastecimiento de las (ojalá que temporales) tiendas en MLC a cambio de mantener un razonable nivel de abastecimiento en las tiendas en Moneda Nacional, sobre todo de comida y productos de primera necesidad. No existirán, por ejemplo, empresas chinas enormes interesadas en acceder a un mercado interno en Cuba que como se ha visto posee divisas, entregándoles temporalmente las tiendas en MLC y a cambio de esas ganancias abastezcan el mercado en MN, dejando además un margen de ingresos adicionales a la economía nacional. Si hay ganancias y pagos asegurados, que nadie dude de que estarán allí las empresas y garantizan al abastecimiento, además del lógico interés geopolítico.

También, creo que la situación exige un cambio táctico en la actual política de inversiones, de hoteles a producción e importación de alimentos y medicinas. ¿Si hubiera razones que impiden un movimiento así cuáles son?

Y lo más importante, continuar sin pausa y con prisa la reforma económica, ya discutida hasta la saciedad. La reforma no sólo permitirá producir más, también permitirá incluir más.

Hay que hacerlo todo, atender la pandemia, avanzar firmemente en la reforma y defender la seguridad del país. La solución no puede ser parcial, es integral, a lo estratégico de la transformación hay que integrar las urgencias de la coyuntura; difícil y complejo es, imposible no.

Ahora y a propósito una digresión, como hemos visto en estos días debido a su aniversario se ha hablado bastante del discurso de Fidel conocido como palabras a los intelectuales pronunciado en el año 1961, por supuesto que todo hecho histórico debe ser analizado en sus circunstancias específicas, aunque también en sus trascendencias, esas que van más allá de su tiempo, en este sentido quiero expresar mi opinión de que aquellas palabras no iban dirigidas exclusivamente a la intelectualidad y a la definición de la política cultural, creo que se trata de un discurso político referido al proceso revolucionario en general, con una lección importante para la política y para la política ideológica toda: “sólo renunciar a lo incorregiblemente contrarrevolucionario” yo añadiría a lo incorregiblemente proimperialista, “dentro de la revolución todo, contra la revolución nada” y otras definiciones que expresan un sentido político amplio, sin estrecheces ni extremismos ideológicos, que buscan darle al proceso revolucionario la base de consenso popular más amplia posible. Por supuesto que también expresó el derecho de la revolución a defenderse y con ella a defender la soberanía del país.

Sin embargo hemos visto más de una vez, a lo largo del tiempo y sobre todo recientemente, la promoción, aún en medios oficiales, de una retórica excluyente, de a rajatabla, de definiciones estrechas que agreden lo que debería ser la base amplia del proceso de cambios, el cierre y el estigma a cualquier posición mínimamente crítica (portadoras de razón o sin ella y muchas veces con razón) pero que de cualquier manera son parte legítima de lo que opina la sociedad, incluida esa parte amplia de ella que no es incorregiblemente contrarrevolucionaria ni proimperialista, ni siquiera pro capitalista. Considero que este no es un detalle menor, el consenso es imprescindible para la viabilidad de cualquier revolución pero mucho más para la cubana, ubicada en una isla pequeña, sin suficientes recursos, sin importantes alianzas internacionales y vecina de un poder hostil y monstruoso (por su tamaño y por su conducta), ese consenso le es tan necesario como el oxígeno a la vida y el consenso no se forja a martillazos, mucho más con las complejidades del mundo contemporáneo, con nuevas generaciones en edad política, después de la onda expansiva del desastre del socialismo en Europa, del impacto manipulador de las redes, etc.

Junto a la disposición de combatir intelectual y físicamente frente a la agresión perversa y asimétrica que se le hace al país, es necesario también la apertura al diálogo más amplio, más inclusivo, más constructivo, más autocritico cuando sea necesario. No confundir la soberbia con la firmeza, ni la prepotencia con la fuerza legítima que se posee.

Desde el punto de vista de las ideas está más que demostrado que no hay certezas totales, si para algo ha servido el derrumbe del socialismo europeo ha sido para eso, ¿hemos aprendido la lección?, ¿es una pregunta que debemos hacernos todos los días? Tenemos solo algunas certezas fundamentales: que la soberanía de la nación es irrenunciable, que la justicia social es un valor absolutamente propio de una revolución “si es verdadera”, que un sistema económico que favorezca el desarrollo, el progreso y el bienestar material es imprescindible, de lo contrario la revolución no pasaría de ser una quimera sin futuro, que, en el caso de Cuba, el socialismo es la única alternativa que puede garantizar todo lo anterior, que debemos basar la acción en nuestra propia historia, hasta por ahí las certezas, todo lo demás, quiere decir el aterrizaje, las vías, las formas, las rutas, las políticas para el alcance de todo esto forma parte de las incertidumbres que se deben enfrentar, que se deben debatir, que se deben resolver, sin dogmas, desde la inclusión, desde la comprensión, desde el sentido crítico. Insisto en que la soberbia y la prepotencia, hijas además de la ignorancia y el aldeanismo, poco ayudan en ese camino, es más ayudan, pero en el sentido contrario.

Estoy de acuerdo en qué hay momentos de definiciones donde se debe ser claro en qué lugar se está y con quién se está, o para decirlo de otra manera, en qué lugar o con quiénes jamás se estará. Es el dilema que se ha planteado Cuba por siglos desde épocas del anexionismo “ancestral”, hasta el anexionismo “moderno” y “posmoderno” siempre minoritario pero que todavía sobrevive y hasta cobra fuerzas del otro lado del estrecho con sus lamentables expresiones locales, recursos financieros no faltan para fomentarlo. Creo que en eso no debe haber ni confusión ni ambigüedades, es preciso conocer la historia.

Creo que lo sucedido recientemente es un llamado de atención, hay que defender la soberanía, pero hay sobre todo que reflexionar para continuar por donde se debe y se puede avanzar, incluir todo lo incluible, todo dentro del proyecto de nación (soberanía, justicia social, desarrollo económico y democrático) nada contra el proyecto de nación.

La geografía y la historia han colocado a nuestro pequeño archipiélago en un lugar muy difícil para consolidar su proyecto nacional, lo viene haciendo desde el Siglo XIX contra el viento y la marea, lo que se ha avanzado es un trecho enorme, sorprendente, pero el camino aún no ha terminado, ni es irreversible, ahí están los desafíos, esta generación, la mayoría de esta generación, lo mejor de esta generación debe estar a esa altura, es mucho lo que está en juego.

12 de julio 2021

Columna Libertarios y Liberticidas (1) (Tercera época)

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Rogelio Cedeño Castro, sociólogo y escritor costarricense

Después de algunos años he decidido volver a producir y a difundir los contenidos de esta columna, creada inicialmente con propósitos de lucha y divulgación durante la gran batalla cívica de un gran sector del pueblo costarricense contra el TLC con los Estados Unidos y la América Central (CAFTA, por sus siglas en inglés), la que apareció en las redes sociales durante un período de algunos meses en que la publicaba diariamente, entre julio de 2007 y febrero de 2008, después se vino divulgando con algunas intermitencias hasta el año 2014. En medio de un ambiente de intolerancia, y de gran ceguera ideológica de cierta derecha totalitaria, como también de una izquierda acomodada al régimen imperante, la que a ratos es incluso “boba”, y en otros momentos aparece plegada a la agenda light de un cierto “marxismo cultural”, vaya uno a saber, es que tomo esta decisión largamente meditada, para hacerle frente a esa dictadura sobre el pensamiento. Esos son, en principio, los motivos por los que vuelvo a este ejercicio pirotécnico, escribiendo, y reflexionando sobre la marcha para compartir e intercambiar ideas con quienes me lean.

Hace apenas una semana me empeñé en compartir con mis lectores una reflexión en voz alta para hacerles notar el gran poder de la mentira, la fragilidad del lenguaje que empleamos y las apariencias de un régimen que dice ser de libre mercado, estar basado en la libre competencia, y en eso que los neoliberales suelen llamar una “sociedad abierta, cuando en realidad está conformada y dominada por unos cuantos monopolios y oligopolios privados que acaparan la cartera de los negocios más “jugosos”. Cierta gente prefirió pasar por alto el hecho de que algunos de esos personajes (ellos y ellas como dicen ahora esos que andan al día con las modas intelectuales) se han vuelto “empresarios” muy poderosos, pero a costillas nuestras. Los que seguimos tomando el riesgo somos los demás mortales que vivimos en una sociedad más bien cerrada, lo de “abierta” no pasa de ser una mención propagandística. Recordemos que para los de habla inglesa “propaganda” es una mala palabra, y nos recomiendan usar en su defecto advertising. (La palabra inglesa propaganda es despectiva y no se emplea para hablar de “propaganda publicitaria”. Para este significado se usa el término advertising NUEVO SMART INTERACTIVO Diccionario Español-Inglés English-Spanish Editorial Océano p. 858).

Mientras tanto, ocurre que en Perú la ultraderecha y el fujimorismo, corrupto hasta la médula, además de enemigo declarado de la democracia, preparan un golpe de estado, pues no aceptan el resultado electoral que le dio el gane al profesor Pedro Castillo, alegando un fraude del que no han podido presentar una sola prueba. Están recurriendo a toda clase de maniobras para deslegitimar esos comicios, además de que, con artimañas de suyo evidentes, los diputados salientes quieren nombrar apresuradamente a los magistrados del Tribunal Constitucional, ya sea para anular las elecciones, y de no ser posible, después del 28 de julio, vacar o deponer al representante del Perú Profundo y las clases oprimidas. Esto ha dado lugar, a que habiendo transcurrido más de un mes de haberse llevado a cabo las elecciones generales del domingo 6 de junio pasado, todavía no ha sido proclamado al nuevo presidente del Perú quien se supone, por mandato legal, deberá tomar posesión el próximo miércoles 28 de julio, día en que se cumplen los doscientos años transcurridos desde que fuera proclamada la independencia de esa nación sudamericana.

Un poco más al sur del continente, en el vecino Chile, acaba de ser instalada la Convención Constitucional, elegida el pasado mes de mayo, respondiendo a un mandato del electorado, del mes de octubre del año anterior, el que tuvo sus orígenes en la oleada de protestas sociales de octubre y noviembre de 2019. Sus 155 integrantes, entre los cuales hay 17 representantes de los pueblos originarios, con un notorio predominio de los independientes y de la izquierda más radical, son los que deberán redactar y aprobar el texto de una nueva constitución política, para hacerlo tienen el plazo de un año, a partir del recién pasado domingo 4 de julio. Será la primera vez en la historia de ese largo país con una loca geografía de cuatro mil kilómetros de costa y una también larga Cordillera de los Andes, en la que el pueblo de a pie tomará parte, tanto en las deliberaciones, como en el curso de las decisiones para tener un texto constitucional, el que será su instrumento político y jurídico más importante durante las próximas décadas, cosa que no ocurrió en 1925, y mucho menos en 1980 cuando la dictadura empresarial militar del general Augusto Pinochet impuso, en medio del terror y con la prensa amordazada o cooptada, en su gran mayoría, la constitución neoliberal que sigue vigente en ese país, desde hace más de cuarenta años. ¿se convertirá Chile en un estado federal, descentralizado y plurinacional? Todo parece indicar que esos serán algunos de los vectores más importantes que traerá el nuevo texto constitucional.

Juan Domingo Perón: defensor de las causas justas y de Argentina

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Gabe Abrahams

Juan Domingo Perón (1895-1974) fue un militar y político argentino que fundó el peronismo o justicialismo y consiguió hasta en tres ocasiones ser presidente de la República Argentina (1946, 1951, 1973). En todos los casos, alcanzó la presidencia mediante elecciones democráticas.

Siendo un joven oficial del ejército argentino, Perón ocupó diversos destinos dentro del país. En esas fechas, escribió varios trabajos como Higiene militar (1924), Moral militar (1925), Campaña del Alto Perú (1925), El frente oriental en la guerra mundial de 1914. Estudios estratégicos (1928), entre otros.

En 1930, Perón ya formaba parte del Estado Mayor del ejército argentino y era profesor de historia militar en la Escuela Superior de Guerra.

En 1936, con el grado de Mayor del Ejército, fue nombrado agregado militar de la embajada argentina en la República de Chile, cargo al que pocos meses después se sumó el cargo de agregado aeronáutico.

En 1939, Perón se marchó a Europa en una misión del ejército argentino, residiendo en Italia y recorriendo Francia, Alemania, España, Yugoslavia, Albania y la Unión Soviética. Esos viajes fueron claves en la maduración de su pensamiento.

El 4 de junio de 1943, se produjo un Golpe de Estado en Argentina que derrocó al gobierno del presidente conservador Ramón Antonio Castillo, vinculado al nazi-fascismo durante la Segunda Guerra Mundial. En ese mismo año, Perón inició su carrera política como secretario del Departamento Nacional del Trabajo dentro del nuevo gobierno argentino. Desde ese cargo, desarrolló un programa social que atraería a sus filas a una parte de los trabajadores argentinos. La vertiginosa actividad del Departamento Nacional del Trabajo de Perón también ocasionó el creciente apoyo a su gestión por parte de dirigentes sindicales pertenecientes a las principales ramas de la izquierda (socialismo, comunismo, etc.).

Perón incorporó a la acción de su Departamento, entre otros, a los sindicalistas y socialistas José Domenech (ferroviarios), David Diskin (empleados de comercio), Alcides Montiel (cerveceros) y Lucio Bonilla (textil); a los sindicalistas y comunistas René Stordeur (gráficos), Aurelio Hernández (sanidad) y Ángel Perelman (metalúrgicos); y a sindicalistas revolucionarios como Luis Gay (telefónicos).

En 1945, la política argentina se radicalizó, existiendo un enfrentamiento entre el peronismo y el antiperonismo. Es decir, entre los partidarios de Perón, principalmente de clase obrera, y sus detractores, mayoritariamente los poseedores de la riqueza y el capital.

Juan Domingo Perón ganó las elecciones presidenciales argentinas de 1946, apoyado por su esposa María Eva Duarte, más conocida como Eva Perón. Desde esa fecha, Perón desarrolló un extenso Estado de Bienestar, centrándose en la creación del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, en la nacionalización de los sectores básicos de la economía, en la redistribución de la riqueza a favor de los desfavorecidos, en el reconocimiento de los derechos de las mujeres y en una política exterior de alianzas sudamericanas.

Perón volvió a ganar las elecciones en 1951 liderando el Partido Peronista e inició un nuevo mandato, pero acabó siendo derribado por el Golpe de Estado militar del 16 de septiembre de 1955. El Golpe de Estado fue el ataque final y violento contra Perón por parte del antiperonismo que había tomado forma en 1945.

Perón se marchó al exilio y vivió durante casi dos décadas en Paraguay, Panamá, Santo Domingo y España. En ese exilio, no perdió su afán por la política, sino que intentó perfeccionar el socialismo patriótico que había fundado en Argentina y que ya era mundialmente conocido como peronismo. Hay escritos e incluso intervenciones suyas de esos años hablando del socialismo y del peronismo que demuestran su constante esfuerzo intelectual en esa dirección.

Juan Domingo Perón regresó a la República Argentina en 1973, cuando alcanzó la presidencia con el 62 por ciento de los votos. En su nueva aventura política, fue apoyado por su nueva esposa, María Estela Martínez, conocida como Isabel Perón o Isabelita.

Durante su gobierno, Perón propició la instauración de un pacto social entre las organizaciones de trabajadores, los empresarios y el Estado y concretó el ingreso del país en la Organización de Países no Alineados. Mantuvo una cierta fidelidad a su pensamiento original, tal y como él lo había concebido en los años cuarenta y desarrollado desde que fue nombrado en 1943 secretario del Departamento Nacional del Trabajo del gobierno argentino.

Juan Domingo Perón murió el 1 de julio de 1974. Tras su fallecimiento, fue suplido en el cargo de presidente de la República Argentina por su esposa Isabel Perón. El mandato de Isabelita terminó con el Golpe de Estado militar del 24 de marzo 1976, una especie de segunda parte del Golpe que envío al exilio a Perón en 1955.

Aún con la muerte de Perón y el final violento de su mandato, el peronismo o justicialismo sobrevivió a la posterior dictadura militar argentina (1976-1983) y regresó con la democracia. En las últimas décadas, no pocos presidentes y cargos políticos de la República Argentina han salido de sus filas, a la vez que estas siguen activas con un extraordinario vigor y confianza en el pensamiento de Juan Domingo Perón, convirtiendo al peronismo en un fenómeno político único en el mundo.

Dos datos dejan poco margen para la duda sobre esta última afirmación. En el año 2020, el Partido Justicialista (peronismo) era el partido argentino con una mayor cantidad de afiliados, contando con una cifra de 3.314.970. Hoy, el actual presidente de la República Argentina es Alberto Fernández, peronista convencido y presidente del Partido Justicialista.