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El Sionismo Político-Religioso en América Latina

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Lic. José A. Amesty R.
19-mayo 2021

En América Latina el cristianismo, se asoció siempre con el catolicismo y con las iglesias protestantes evangelicas, ambas poseían el monopolio de la religión en esta parte del mundo. Pero en la última década, sobre todo, en forma notoria y peligrosa, el Sionismo ha penetrado con fuerza, tanto en Estados Unidos como en Latinoamérica, realizando una labor de cavacion en las bases religiosas de las iglesias evangélicas, juntamente con el fundamentalismo evangélico, específicamente el norteamericano.

Fundamentalismo, es el nombre que recibe la corriente religiosa o ideológica, que promueve la interpretación literal de sus textos sagrados o fundacionales (por encima de una interpretación contextual), o bien la aplicación intransigente y estricta de una doctrina o práctica establecida.

En este sentido, el Sionismo cristiano evangélico es un poder político creciente y un movimiento religioso dentro del ala más conservadora del fundamentalismo protestante, pero también puede encontrarse dentro de otras ramas evangélicas del cristianismo, incluyendo las alas evangélicas de la Iglesia Presbiteriana, la Unión Metodista, la Iglesia Luterana y otras Iglesias Protestantes.

Este movimiento prospera durante periodos de incertidumbre política y económica como ocurre actualmente, caracterizado por el terrorismo internacional, y la recesión global, entre otros. Con su visión pesimista de la historia, el Sionismo cristiano evangelico pretende dar respuestas claras y simples a través de una aproximación literal y predictiva de la Biblia. Algunos estiman que entre 20 y 25 millones de fundamentalistas americanos sostienen estos puntos de vista, y que el fenómeno sigue creciendo.

A su vez, el Sionismo cristiano, es un movimiento surgido en el seno del cristianismo principalmente evangélico, pero no circunscrito únicamente a esta denominación, que apoya la idea de un hogar nacional para los judíos desde antes de 1948, y continúa apoyando la existencia del Estado de Israel hasta la fecha.

El Sionismo cristiano evangelico, es la creencia entre algunos cristianos de que el retorno del pueblo judío a Tierra Santa, y el establecimiento del Estado de Israel en 1948, fueron el cumplimiento de la profecía bíblica. El término empezó a ser usado a mediados del siglo XX.

El catolicismo tradicionalmente no prestó mucha atención al Sionismo, pero el apoyo cristiano a dicho movimiento creció entre la comunidad protestante.

La mayoría de los cristianos evangélicos Sionistas, creen que el regreso de los judíos a la Tierra de Israel, es un pre-requisito para la segunda venida de Jesús. La idea es habitual entre los protestantes, desde los tiempos de la reforma, así los cristianos han apoyado activamente el regreso de los judíos a la Tierra de Israel.

En términos más políticos, el Sionismo es una ideología y un movimiento político nacionalista, que propuso desde sus inicios el establecimiento de un Estado para el pueblo judío, preferentemente en la antigua Tierra de Israel (Jerusalén). Dicho movimiento fue el promotor y responsable en gran medida de la fundación del Estado de Israel.

El Sionismo apareció en Europa central y oriental a finales del siglo XIX. Su fundador en tanto que movimiento organizado fue el periodista austro-húngaro de origen judío Theodor Herzl, como respuesta a la ola antisemita que recorrió Europa en esos años, uno de cuyos exponentes fue el affaire Dreyfus. El movimiento tuvo como objetivo fomentar la emigración judía a Palestina y alcanzó su objetivo principal con la fundación del Estado de Israel en 1948.

El Sionismo constituye una rama del fenómeno más amplio del nacionalismo moderno, descrito como un «nacionalismo en la diáspora», el Sionismo se autodefine como un movimiento de liberación nacional, cuyo objetivo es la libre autodeterminación del pueblo judío.

¿Por qué las iglesias evangélicas se identifican tanto con los judíos? Si algún hermano o hermana judía se acercara a una clase de estudio bíblico o inclusive a un culto evangélico, se sorprendería de la cantidad de citas bíblicas, hermenéuticas conocidas, historias de héroes comunes y otras coincidencias exegéticas que les parecerían propias de su fe hebrea. Este fenómeno no es casual y representa una parte importante del “ser evangélico-protestante”. ¿Por qué sucede este fenómeno de identificación y cercanía?

Una de las bases de la formación en la fe, de las comunidades evangélicas, fueron y son las escuelas dominicales. En ellas, resaltaban notoriamente a la asombrada vista y memoria de los niños, las maravillosas historias de los héroes de la fe. Figuras bíblicas como Moisés, “nuestro padre” Abraham, Sansón, David, entre otros, eran instruidas e ilustradas de tal manera que se fueron haciendo carne y querencia de varias generaciones de evangélicos. Desde luego que las prédicas del culto dominical, en una proporción muy significativa estaban y están cimentadas en la reflexión sobre los textos de la ley mosaica, los Salmos, los profetas y los libros históricos, sea como única fuente bíblica de predicación o como base textual a la lectura de los evangelios y las cartas apostólicas. El énfasis de la mirada paulina del pueblo elegido de Israel y la mirada judía/cristiana de este apóstol/rabino, en donde los cristianos representamos en realidad un “olivo injertado” en el árbol del huerto de un mismo Dios, nos fueron acercando como deudores, hijos o hermanos del pueblo hebreo, sin perder por eso nuestra pertenencia cristiana.

Un capítulo aparte requeriría la reciente corriente teológica neo pentecostal, que da sustento bíblico profético al reconocimiento de Jerusalén como capital espiritual y política de Israel. Para algunos evangélicos, especialmente neo pentecostales, esto es una señal de los tiempos en la economía de un Dios de conquista y liberación, y para otros, es producto de una lectura literalista y contra reformada de los libros conocidos como del primer Testamento.

¿Ahora, cual es el papel del Sionismo en el quehacer religioso de América Latina? Por ejemplo: Benjamín Netanyahu, viajó a Brasil antes de la toma de posesión de Jair Bolsonaro y declaró en un encuentro con los principales líderes evangélicos de ese país: “Ustedes son nuestros hermanos, no tenemos amigos mejores que los evangélicos, y los evangélicos no tienen mejor amigo que el Estado de Israel”.

Por su parte el pastor Silas Malafaia, líder de la iglesia cristiana Asamblea de Dios (Victoria en Cristo), afirmó que el voto de la comunidad evangélica a Jair Bolsonaro, fue debido en gran parte por su apoyo hacia Israel y aseguró que no se habría conseguido sin la agenda pro-Israel.

Ya desde 2004, bajo la iniciativa del rabino y político ultra sionista Binyamin Elon fue creado el grupo de trabajo en el parlamento israelí de “Aliados Cristianos de Israel”. El propósito de este lobby, era identificar parlamentarios u hombres de influencia cristianos y evangelistas para orientar la agenda legislativa de varios países, a favor de los intereses del Estado de Israel. John Hagee, el fundador de la poderosa organización evangelista “cristianos unidos por Israel”, y Pat Roberston, el pastor estadunidense que llamó a asesinar al difunto presidente de Venezuela, Hugo Chávez, fueron contactos privilegiados de Elon para tejer esta alianza sionista.

Años más tarde, el “grupo de trabajo de aliados cristianos de Israel”, amplio sus metas y se convirtió en la Fundación de Aliados de Israel, para no limitarse al mundo evangelista, sino a todos los parlamentarios del mundo, que simpatizaban con el régimen de Tel Aviv. Cabe resaltar que este trabajo de presión política, es absolutamente necesario para limpiar la imagen del Estado de Israel en el extranjero, y que no se imponga en la opinión pública la verdadera cara colonial y racista del Estado sionista. Por lo tanto, la Fundación de Aliados de Israel, es uno de múltiples proyectos político-comunicacional y de una mirada de lobbies que tiene Israel alrededor del mundo.

Según lo descrito en su página web, el ámbito de acción de la Fundación de Aliados de Israel se articula alrededor de seis puntos:

– Vigilar el presupuesto externo de la Autoridad Palestina.

– Actuar para ampliar las fronteras de Israel, más allá de las reconocidas por la ONU.

– Luchar contra la campaña de “Boicot, Desinversión, Sanción”, deslegitimando esta herramienta ética y presionar para que parlamentos nacionales la prohíban en su país.

– Influir en las redes diplomáticas para que países reconozcan a Jerusalén como capital de Israel, y trasladen su embajada en dicha ciudad.

– Fortalecer el apoyo de Estados Unidos.

– Desarrollar grupos de presión en la Organización de Naciones Unidas (ONU) para impedir resoluciones y condenas contra el Estado de Israel y su política colonial.

Para cumplir con sus objetivos, la fundación Aliados de Israel, ha desarrollado un intenso trabajo de captación de parlamentarios y funcionarios de organizaciones a nivel mundial, quienes lejos de defender los intereses de sus electores, se empeñan en hacer avanzar la agenda de un país foráneo en el seno de los parlamentos de sus países respectivos.

Recientemente, la política de “diplomacia pública” que el gobierno Sionista ha ordenado llevar adelante, como parte del proceso de limpieza de imagen y maquillaje de su régimen, implica la compra de voluntades y búsqueda de apoyos en organismos internacionales, gobiernos, parlamentarios y líderes de opinión. El Secretario General de la OEA se ha convertido en uno de los títeres del Sionismo, para ver como hoy sirve al régimen Sionista.

Estos sujetos, suelen ser bien recompensados por este sostén desvergonzado a favor de una entidad, que día a comete crímenes de guerra y lesa humanidad. En ese plano y como parte de su proceso de conversión política, desde el progresismo y solidaridad con los pueblos, el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), el uruguayo Luis Almagro, termina de completar su proceso de conversión, al sumarse al Sionismo en Latinoamérica, para desinformar, manipular y encabezar una guerra política contra los movimientos de la resistencia a esa política en el continente y también en Asia occidental, que combaten el Sionismo y su política de colonización y ocupación de Palestina. Ello, junto a sus acciones desestabilizadoras y agresiones contra el Líbano, Siria, Irak, Irán y su respaldo a la monarquía saudí en sus crímenes contra el pueblo de Yemen.

En síntesis, el Sionismo ha sabido influenciar el ámbito de muchas iglesias evangelicas en América Latina, y son proclives a exhibir un afecto por todo lo que remita a la cultura judía en general y al judaísmo bíblico en particular. A veces, esto que podríamos llamar “filosemitismo”, se manifiesta materialmente, en la utilización de símbolos judíos en el templo (los distintos tipos de candelabros, la estrella de David), como también en algunos casos, en el uso de indumentaria típica de los ritos judíos (también, en aquellos que tocan instrumentos como el shofar, o visten talit y kipá).

Así mismo, el Sionismo como señala Elida Quevedo, Obispa de la Unión Evangélica Pentecostal Venezolana, “No debemos olvidar que el Estado de Israel que conocemos actualmente, este Israel moderno, no es el Israel de la historia bíblica, aquel pueblo escogido que según la historia bíblica heredó el nombre de Israel, porque batalló con Dios para ganar su corazón”, y además, se le dio el nombre de Israel, para que lo asociáramos de manera automática con el pueblo de la historia bíblica.

Y citando al profesor Carmelo Álvarez, la obispa Quevedo, enfatiza que “como premisa este no es un problema de religiones ni de razas entre judíos, árabes e israelíes, (palestinos), sino que el núcleo de la problemática lo constituye la ideología de Israel como Estado judío bajo el ideal del “Amor a Sion”, y su geopolítica de dominación en contra de Palestina, por lo que puede decirse que el actual Estado de Israel, es el verdugo de Palestina, implacable, terrorista y sanguinario.

 

Imagen: https://www.alainet.org/es/articulo/212335

Compartido con SURCOS por el autor.

Acceso a información de interés público es un derecho constitucional y su costo es solo copias y timbres – Sala IV avala gestión ciudadana

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Rodrigo Arias López, Licenciado en Matemática y Máster en Matemática Actuarial

A nadie le pueden negar el acceso a información de interés público, es un derecho Constitucional. Para acceder a esa información no le pueden cobrar costos arbitrarios, solamente los de copias y timbres

A pesar de que el artículo 30 de nuestra Constitución Política “garantiza el libre acceso a los departamentos administrativos con propósitos de información sobre asuntos de interés público”, con la única excepción de los secretos de Estado, algunas jefaturas de varias instituciones públicas hacen el máximo esfuerzo para negarnos ese derecho. Se les olvida que son “simples depositarios de la autoridad” y que “están obligados a cumplir los deberes que la ley les impone y no pueden arrogarse facultades no concedidas en ella” como ordena el numeral 11 de la constitución Política de la República de Costa Rica y la Ley General de la Administración Pública.

Comparto con los lectores algunas artimañas que parecen ilógicas o absurdas; pero que tienen mucho sentido en las mentes de quienes desean regresarnos a la época del oscurantismo.

Ahora bien, se les olvida a algunos funcionarios públicos el principio constitucional de Transparencia que deben respetar todos los servidores públicos, en ese sentido la Declaración de los Derechos del Hombre y del ciudadano del 26 de agosto del año 1789 puso de manifiesto la relación inmanente entre control y transparencia al señalar en su artículo 15 que “la sociedad tiene el derecho de pedir a todo agente público cuentas de su administración.”

Los señores Juan V. Lozano y Merino Dinari Veleria en su obra la Hora de La Transparencia en América Latica, Manual de anticorrupción en la función pública Ediciones Granica /CIEDLA 1988 página 11 en cuanto a la transparencia señalaron: “La corrupción administrativa constituye un cáncer que carcome paulatinamente los sistemas democráticos y América Latina, puesto que, afecta su credibilidad y legitimidad y, de otro parte, empobrece a los pueblos, ya que, por su medio se roban, malversan y utilizan de forma clientelistas los fondos públicos.”

En la mente del Sr. Carlos Arias Alvarado, Director Ejecutivo de la Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional, la ocurrencia más lógica para negarme información pública fue la siguiente (oficio DE-0777-12-2020 del 23/12/2020):

“En atención al requerimiento efectuado en su oficio del pasado del 10 de diciembre según el cual pide los salarios cotizados de todos los trabajadores del Régimen de Capitalización Colectiva (RCC), se da respuesta puntual en el sentido que el dato requerido de toda la membresía del Magisterio que cotiza para ese régimen, no es información pública a la cual se puede acceder de manera irrestricta por tratarse de información sensible, privada y confidencial cuyo acceso es limitado, debido a que es información relevante que podría afectar los intereses de los servidores activos del Magisterio Nacional; máxime que en este caso que no existe ninguna vinculación profesional con su persona, así como tampoco justificación razonable para la entrega de la información solicitada, razón por la cual y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 24 de la Constitución Política y la Ley de Protección de la Persona frente al Tratamiento de sus Datos Personales, Ley Nº 8968, se niega la solicitud efectuada. Por último, y no menos importante está el hecho que recabar la información solicitada requiere de una dedicación para recolección de los datos, razón por la cual en el evento de tener que reunirla se tardaría aproximadamente unas 40 horas laborales, es decir unos 5 días laborales y que al ser un requerimiento no habitual llevaría a la institución a disponer de recursos extra, la depuración y supervisión de las labores, por lo que se estima que esta información tiene un valor de trescientos mil colones.” (Suplo el destacado).

Para los burócratas de la Junta Administradora del Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial lo más razonable para negarme el acceso a datos públicos, fue contestarme con las siguientes leguleyadas:

“Se acordó: 1) Tener por recibida la gestión del señor Rodrigo Arias López, en correo electrónico de 22 de octubre de 2020, mediante la que solicita información relacionada con las jubilaciones y pensiones de la planilla más reciente. 2) Rechazar la solicitud presentada por el señor Arias López, con fundamento a que la Ley de Protección de la Persona frente al tratamiento de sus datos personales, no obstante, se le indica que la información que se puede otorgar es el monto bruto y deducciones de ley que se aplican a los beneficios de jubilación y/o pensión, pero sin identificar a que persona corresponde, por cuanto para obtener los datos solicitados deberá el gestionante contar con la autorización expresa de las personas interesadas.” (Oficio N° 910-2020 del 18/11/2020) (Los destacados son míos).

“Se acordó: 1) Tener por conocida la nota presentada por el señor Rodrigo Arias López, en escrito presentado en la Secretaría General de la Corte, en fecha 5 de enero de 2021. 2) Comunicar al señor Arias López que no es posible acceder a los solicitado ya que para la Junta Administradora del Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial brindar la información que solicita con ese nivel de detalle es materialmente imposible por no contar con la estructura administrativa necesaria. 3.) Indicar a señor Rodrigo Arias López, que en cuanto a la planilla de trabajadores cotizantes deberá solicitarla a la Dirección de Gestión Humana por no ser potestad de esta Junta.” (Oficio N° 89-2021 del 29/01/2021) (Destacado no es del original).

Para los señores Luis Rivera Cordero y Luis Diego Calderón Villalobos, Director del SICERE y Gerente Financiero de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), respectivamente, posteriormente apadrinados por el Gerente General Sr. Roberto Manuel Cervantes Barrantes, actuando en sustitución del señor Román Macaya Hayes, Presidente Ejecutivo de la CCSS, lo propio fue otra leguleyada no menos torpe que las usadas por los otros burócratas, con el fin perverso de entorpecer el suministro de la planilla de asegurados del seguro de salud. En este caso me dieron la siguiente respuesta que a primera vista luce muy profesional y convincente; pero que realmente apesta (Oficio GF-0888-2021 del 8/3/2021):

““con fundamento en lo establecido en el artículo 73 de la Constitución Política, que indica, en lo que interesa, lo siguiente: “(…) La administración y el gobierno de los seguros sociales estarán a cargo de una institución autónoma, denominada Caja Costarricense de Seguro Social. No podrán ser transferidos ni empleados en finalidades distintas a las que motivaron su creación, los fondos y las reservas de los seguros sociales. (…)”. (Se agregó el subrayado y el resaltado).

Adicionalmente se tiene que los costos administrativos asociados a este tipo de procesos deben ser asumidos por el solicitante, de conformidad con la doctrina que informa el canon 272, inciso 2), de la Ley General de la Administración Pública, Ley N°. 6227 del 2 de mayo de 1978.

(…)

En virtud de lo anterior, informamos que los costos asociados a la generación de la información solicitada ascienden a ₡ 96,662.51 (noventa y seis mil seiscientos sesenta y dos colones con 51/100) monto que se deberá depositar en la cuenta (…)

Por lo anterior, esta Gerencia queda a la espera de la remisión del comprobante de depósito correspondiente, a fin de generar y remitir la información requerida, en el ámbito de competencia de este Despacho.” (Destacados no son del original).

Todas esas respuestas colisionan con lo que establece el artículo 3 de la Ley contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito en la función pública como es el deber de probidad, donde en lo que interesa dice: “El funcionario público estará obligado a orientar su gestión a la satisfacción del interés público…”

Convencido de que los argumentos inventados por estos señores no contenían sustento en nuestro ordenamiento jurídico, procedí en cada uno de los tres casos anteriores a interponer un recurso de amparo ante la Sala Constitucional, solicitando que les ordenaran entregarme la información de interés público requerida, lo cual fue declarado con lugar en los tres casos, con la advertencia de no cobrar sumas arbitrarias no autorizadas por ley (Res. Nº 2021006286 del Exp: 21-004004-0007-CO; Res. Nº 2021009124 del Exp: 21-004135-0007-CO y Res. Nº 2021009660 del Exp: 21-007191-0007-CO).

Resulta importante mencionar que, sobre el arbitrario pretexto de cobrar los costos de administración como condición para entregar información de interés público, la Sala Constitucional es reiterativa señalando lo siguiente en diversas sentencias:

“(…) Por otra parte, condicionar la entrega de la misma al pago de una suma de tres millones y medio de colones, monto que los recurridos es el que corresponde al tiempo invertido por el funcionario o funcionarios encargados de recopilar la información, supone una restricción ilegítima al ejercicio del derecho de acceso a la información administrativa. Según la jurisprudencia de este Tribunal, según lo indicado en la Ley General de la Administración Pública el ciudadano tiene acceso al expediente administrativo y, en caso de requerir copias del mismo debe asumir el costo correspondiente a las copias del mismo, u otros rubros como los timbres tratándose de certificaciones. Sin embargo, condicionar el acceso a la información al pago de una suma, por demás, fuera del alcance del ciudadano promedio, no es más que una denegación arbitraria y contraria al Derecho de la Constitución. (…)” (Ver Res. Nº 2021009124; destacados son míos)

En cuanto a la excusa relacionada con la protección de Datos Personales, Ley Nº 8968, para negar el suministro de información, la Sala Constitucional ha indicado lo siguiente (ver la misma fuente):

“(…) En adición a lo expuesto, se descarta que la Ley de Protección de la Persona frente al Tratamiento de sus Datos Personales (Ley Nº 8968) o el derecho de autodeterminación informativa constituya un óbice para que se suministre a los administrados información de interés público, como lo es la relacionada con pensiones del Magisterio Nacional. Nótese que dicha ley debe leerse de manera armoniosa con el resto del ordenamiento jurídico, donde destaca el artículo 7 de la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, el cual garantiza el acceso a la información relacionada con el gasto de fondos públicos.

(…)

Está claro que suministrar tal información implica irremediablemente indicar a qué persona en concreto, debidamente identificado, le es asignada determinada remuneración, es decir, quién de manera precisa recibe cierta pensión. En esta materia debe regir la máxima de que el ciudadano tiene derecho no solo a conocer en qué se invierten los fondos públicos, sino también en quién se hace (ver sentencia en sentido similar 2015-019467 de las 16:33 horas del 10 de diciembre de 2015).

Por otro lado, la Sala descarta que la solicitud planteada por la amparada sea ambigua o amplia, de manera que pueda abarcar información sensible. Todo lo contrario, ella puntualiza su objeto en el detalle del nombre de la persona, número de cédula, origen de la pensión (servicio o herencia), monto percibido y periodo de beneficio; estos elementos permiten, a todas luces, la adecuada fiscalización del destino de fondos públicos.” (Suplo el destacado).

Sobre la excusa de decir “a nosotros no nos compete, pídalo a otro departamento” debemos recordarles el inciso b) del artículo 10 de la Ley N° 9097 que dice: “b) Cuando un órgano o autoridad se estime incompetente para el conocimiento de una petición, remitirá directamente las actuaciones al órgano que considere competente, si ambos pertenecieran a la misma institución, administración u organismo, debiendo comunicarlo al peticionario, sin que este trámite afecte el plazo de diez días hábiles para su debida respuesta”. (Destacados son míos).

Moraleja: No se deje amedrentar ni engañar, no todo lo que brilla es oro.

Hacia la elección del Presidente y la Asamblea Legislativa para la Costa Rica del Bicentenario… de los próximos 30 años

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Vladimir de la Cruz

La realización de la Asamblea Nacional del Partido Liberación Nacional ha sido lo más importante para ese Partido, y en cierta forma para los demás partidos, que están con procesos de convocatoria de Convención, abierta o cerrada, sobre todo porque no aplazó ni postergó la Convención fechada para los primeros días de junio. Liberación Nacional está marcando la cancha y obligando a andar detrás de ellos.

Esta es una prueba de fortaleza de ese Partido que le permitirá evaluar sus fortalezas y debilidades organizativas, de este proceso, que mínimamente movilizará a los 20.000 candidatos que aspiran a distintos puestos de la estructura política verde y blanco. Y, que movilizará, por lo menos, 60.000 personas contando dos más por cada candidato que hay a elegir.

Por electos esos candidatos sabrán también las debilidades regionales, considerando que la Convención es nacional, en todo el país, con casi mil puestos de votación, y empezarán a afilar machetes hacia la campaña electoral, a potenciar la organización partidaria alrededor de los candidatos electos y, especialmente, a prepararse para la Asamblea Nacional que deberá ratificar al candidato presidencial y también escogerá los candidatos a diputados.

El reto más importante del resultado de la Convención es mantener en la línea partidaria a los otros candidatos, a saber, negociar con los que no queden electos sus posibilidades políticas dentro de la campaña electoral, considerando igualmente, en proporción a los resultados, sus intereses y aspiraciones partidarias. Si Liberación Nacional quiere ganar las elecciones debe integrar, y amarrar sólidamente, a todos los restantes candidatos en el carro presidencial. Al menos ya están bien consolidados los que se adhirieron a José María Figueres.

La próxima campaña, para todos los partidos, pero especialmente para Liberación Nacional, Acción Ciudadana y la Unidad Social Cristiana, que han sido partidos gobernantes, es ganar en la primera vuelta. Una segunda vuelta, dependiendo de los finalistas, puede llegar a ser más tensa que la segunda vuelta del 2018.

La verdad, para mí, es que, en estos partidos, Liberación Nacional, la Unidad Social Cristiana y Acción Ciudadana, en cierta forma las cartas ya están echadas. No hay mucho margen para jugadas políticas sorpresivas, ni para que los precandidatos levanten más de lo que ya tienen.

En estos partidos quedan las candidaturas de diputados. En Liberación Nacional entiendo que los definirá, como corresponde, la Asambleas Nacional, que le dará más atención a la calidad política de los diputados y les permitirá escudriñar mejor sus candidatos de manera que no les aparezca otro Viales. Hay partidos que no aguantan mucho este tipo de escándalos. Y hay escándalos que provocan manchas casi indelebles.

En mi opinión la Asamblea Nacional deben realizarla cuanto antes le sea posible. No tiene por qué ser convocada en la víspera del cierre de inscripciones ante el Tribunal Supremo de Elecciones de las candidaturas, porque esto también les da ventaja sobre los otros partidos políticos, especialmente sobre los que han postergado sus procesos convencionales internos, mostrando más debilidad organizativa que atención a las medidas precautorias frente al COVID.

En la Unidad Social Cristiana más dependen de las Asambleas Provinciales. Los candidatos que piensan que deben ocupar los primeros lugares tienen que presionar rápidamente para la realización de ellas y definir así las candidaturas. Asamblea que nombra candidatos no puede moverlos. Las últimas tendrán que ajustarse a la representación paritaria horizontal, como ya se las aplicó el Tribunal Supremo de Elecciones en la pasada campaña cuando obligó a invertir la candidatura de San José porque ya había electo los candidatos masculinos de la cuota horizontal del primer lugar. Los diputados actuales, en cierta forma los haló su candidato presidencial del 2018, Rodolfo Piza. En esta elección van sin un Rodolfo Piza que les asegure esa cantidad de diputados. Arriesgan a disminuir su bancada actual diputadil con los candidatos que tienen a la vista. Tampoco tienen mucho donde escoger y con el planteamiento conservador que tiene, la Unidad Social Cristiana, tratando de competir con los partidos cristianos no católicos, ramachecos, no llega a esa población, porque los ramachecos la tienen cautiva, sobre todo si tienen un tema nacional que explotar electoralmente que en este momento no está en la agenda nacional, ni me parece que les aparecerá natural ni artificialmente.

En los otros partidos tampoco hay mucho de sorpresa porque varios de esos partidos son personales, tienen dueño o patrono, y no tienen mucho que discutir respecto a candidaturas presidenciales, ni mucho que decidir respecto a los primeros puestos de candidatos a diputados.

En Acción Ciudadana solo definirán en la Convención el candidato presidencial. Le dejan a la Asamblea Nacional las candidaturas a diputados y al propio candidato que tiene una cuota de nombramiento de los primeros puestos.

El postergar la Convención, como las Asamblea Nacionales, o Provinciales, cuando éstas tienen poder de designación de candidatos, es riesgoso por pleitos internos, por procesos viciados en la convocatoria y realización de la Convención como de las Asambleas, que deben reprogramarse, y lleva sus días y atraso frente al electorado de mostrar las candidaturas, así como por apelaciones que puedan producirse.

La gente, los electores, en mi experiencia, cuando aparecen los candidatos oficiales empiezan a definirse, a dar apoyo y a declarar y comprometer lealtades.

En los otros partidos las aguas parecen bastante mansas, pero como en las lagunas y ríos debajo de esa tranquilidad de aguas en la superficie, puede haber corrientes muy fuertes y remolinos que pueden engullirse a cualquiera. Así es también la política.

Las posibilidades de la coalición alrededor de la candidatura de Rodrigo Chaves, que impulsa principalmente el Partido Republicano Social Cristiano no se ha agotado, pero se les está yendo el tiempo. Sin coalición, por pequeña que sea, su candidatura se verá muy disminuida. Y si la coalición tiene un sesgo conservador también se depreciará. Tiene Rodrigo Chaves la capacidad y el talento, como pocos de los candidatos, para un discurso social desde su propia óptica por la experiencia internacional que ha tenido atendiendo y tratando de resolver problemas de pobreza en casi 50 países, de manera que sabe cómo enfrentar causas estructurales de la pobreza y sus posibles soluciones, en países como Costa Rica. De lograrse esta coalición es la única, y por sí da imagen de mayor tamaño que sus propios partidos. ¿Acaso no fue así la coalición de la UNIDAD en 1978, que lo que tenía era un gran candidato? Me parece que algunos de quienes impulsan su candidatura, de manera oportunista, lo que les interesa es su nombre para ver si pueden elegir unos cuantos diputados más, haciendo uso de él como lo hizo el Partido Integración Nacional con Juan Diego Castro en el 2018.

Las otras fuerzas electorales de signos parecidos van hasta hoy divididas e individualizadas cada una de ellas, con pocas posibilidades de elección incluso de diputados porque sus rediles electorales los tienen divididos. Y tienen buenos candidatos a la vista, y de lo que suena, más allá de si a uno le gustan o no esos candidatos o sus planteamientos, pero que son candidatos buenos lo son, para las necesidades que tiene el país, y el trabajo parlamentario.

Tarea política urgente es llevar calidad política a la Asamblea Legislativa, y especialmente a la Presidencia a quien con certeza se sepa que no es un candidato improvisado, ni ad hoc, para la ocasión del 2022. Este debe ser el objetivo y propósito de todos los partidos políticos en la contienda electoral que está en marcha.

Es el Presidente y la Asamblea Legislativa para la Costa Rica del Bicentenario, a partir del 2022 al menos con visión y acción hacia los próximos 30 años.

La transición geopolítica y espiritual de Costa Rica hacia el nuevo mundo

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Andrés Zamora Gutiérrez
Mauricio Ramírez Núñez
Profesores de Relaciones Internacionales

El mundo, en términos globalistas occidentales, responde a la perpetuación de dos acciones políticas: una consolidada en la política económica neoliberal, con tendencias agresivas hacia el libre mercado y la explotación de recursos naturales y humanos; la otra funciona como pantomima democrática, tomada de la noción propuesta por la izquierda en defensa de la ideología de género. Sin embargo, las leyes universales entendidas bajo una perspectiva espiritual indican que todo tiene su contrario, por lo que la política del siglo XXI y el sistema internacional no son excepciones a la regla.

El multipolarismo civilizatorio es la alternativa al globalismo hegemónico encabezado por occidente. Esta corriente hace referencia a distintas zonas del mundo como la islámica, euroasiática, africana y latinoamericana. Cada una se rige bajo el principio soberano de decidir su propio destino, sin la intervención de la policía global o los métodos de ingeniería social basados en la sociedad de masas postmodernista, donde “todo está permitido”. Retomar la esencia tradicional de los pueblos no implica repetir los errores del pasado, sino tomar la espiritualidad de antaño para repensar y actuar de manera inteligente y humana dentro de un paradigma relativista que está condenando al ser humano a la decadencia.

En términos concretos, esta visión de mundo se ha vuelto disruptiva por el hecho de rescatar la identidad tradicional de las culturas civilizatorias, pero que requiere una postura política pragmática donde prevalezca el beneficio mutuo, reconociendo así que el mercado global es una necesidad imperiosa que debe interconectar el mundo, al mismo tiempo que anula todo dogmatismo que se quiera imponer como modelo cultural universal occidental.

Cuando hablamos de una Costa Rica que debe girar su pivote hacia el nuevo mundo, es decir, la región asiática, no estamos descartando cortar la relación con occidente en ningún momento, al contrario, se debe reforzar. Alinearse geopolíticamente con la multipolaridad, implica reconocer nuevos polos de poder en el mundo de las relaciones internacionales y mantener buenas relaciones con todos, tanto en una como en otra región del mundo. Implica ampliar esa esfera de influencia y relaciones en una verdadera postura multicultural y de respeto a la diversidad de las formas de ser de todos los pueblos.

Ambas regiones son importantes en lo geopolítico, y son necesarias para mantener una interconectividad con el mercado global, así como para el crecimiento económico. Sin embargo, nos parece que Asia se enfoca en una postura pragmática y no ideológica sobre temas como ambiente, tecnología, economía y comercio internacional, lo que la hace llevar la delantera en estos momentos. De ahí que el país necesite reformular su política exterior hacia el mundo que ejecuta lo que piensa y no el que impone dogmas mediante discursos y sanciones.

Occidente por su parte, sigue haciendo ver la lucha en la política internacional como algo ideológico y utilizando la bandera de los derechos humanos como bastión de imposición y acceso a recursos estratégicos. En un mundo donde la disputa no es entre ideologías como en épocas anteriores, sino por mercados, recursos y tecnología, la única orientación ideológica válida y brújula para una nación en dicho contexto, es el volver a sus propias raíces, aquellas que la fundaron y los valores que le permitieron consolidarse como una patria libre, soberana, con justicia social y principios humanistas. Por ello, el recuperar la historia del 56, así como de la década de los años cuarenta para el caso de Costa Rica, es fundamental, ya que refleja el ser-ahí del costarricense, aquel ser humano humilde, solidario, preocupado por el bienestar de las personas, pero también luchador, emprendedor y defensor de la soberanía nacional cuando es necesario

Traer el mundo a Costa Rica implica en términos de política internacional, ser fieles a nosotros mismos y a nuestra historia, implica no alinearse ideológicamente con nadie más que con nosotros mismos y la ruta país que elijamos para desarrollar nuestro potencial; en ese sentido, nuestra guía ideológica es el Bien-vivir, que implica vivir en armonía con nosotros mismos, la comunidad y el medio ambiente, esto incorpora 3 ejes estratégicos: espiritualidad, humanismo y ecología. Las primeras dos han sido parte de la idiosincrasia costarricense a través de la historia, y que fueron reflejadas en las acciones políticas de los años 40 del siglo pasado: primero con la creación de un Estado Social de Derecho basado en la justicia social y segundo por los grandes personajes humanistas que dirigieron al país. La ecología es uno de los retos actuales en los cuales Costa Rica ha sido un referente internacional por sus buenas prácticas, pero es fundamental profundizarlo bajo un marco de pensamiento espiritual y humanista.

Si partimos del hecho de que un país es como una persona, entonces aquella frase que Tales de Mileto trajo a colación: “conócete a ti mismo y conocerás al universo y a los dioses”, podemos aplicarla a toda nación. Ese auto conocerse en el mundo de hoy, implica volver a las raíces costarricenses más auténticas, reconocernos ahí y con el camino claro, avanzar sin miedo, acercándonos a todos respetando su cultura, ideología y demás, eso en lugar de ser un obstáculo, es una fuente de intercambio y enriquecimiento cultural, un encuentro verdadero de culturas. Así como nosotros tenemos nuestro carácter y forma de ser que se debe respetar, lo mismo sucede con el país, y una persona que sepa hacia dónde va y tiene claro sus principios, puede enfrentarse a cualquier situación porque está segura de sí y el resultado que obtendrá. 

En ese ejercicio de autoconocimiento, tanto los tomadores de decisiones como el Estado precisan de comprender que la esencia política es parte de una visión filosófica del mundo; o sea, que para poner en práctica la estrategia geopolítica a nivel internacional, hay que tener claro cuáles son nuestras auténticas raíces. Inclusive hay que tomar a la historia misma como un hecho trascendental que modifica tanto la política como la filosofía. Hace mas de 30 años vivíamos en un orden mundial bipolar por la Guerra Fría, que luego se convirtió en unipolar bajo la tutela de Estados Unidos, y que hoy día transita cada vez hacia la multipolaridad.

Como bien fundamentó Platón, baluarte del pensamiento filosófico, a partir de los sentidos viene la imagen mental, originando la idea que se transforma mediante la reflexión, acabando en acciones dentro de una realidad concreta. Es necesario valorar esta vía no solo para guiar nuestras vidas; la política internacional y el nuevo mundo nos dan las pautas para caminar por la senda correcta, pero la ideología es una forma de cegar el pensamiento humano, que lo lleva más a actuar por las pasiones que por la razón. Queremos una Costa Rica donde tengamos la certeza de saber sobre nuestros orígenes históricos y espirituales, dónde aprendamos a razonar con coherencia sin perder el amor por el prójimo y así determinar en lo pragmático qué es lo que realmente necesitamos. Espiritualidad, humanismo, ecología, conocimiento histórico y estrategia política; todas deben ser formas de construir una ruta país a un futuro digno, próspero e inclusivo.

 

Imagen tomada de la página definicionabc

Enviado por Mauricio Ramírez.

El «impuesto único a los combustibles», en breve

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Freddy Pacheco León

El «IMPUESTO ÚNICO A LOS COMBUSTIBLES», en breve, es un impuesto que ha tenido y tiene magníficos resultados, para el fisco y para el ambiente. En el 2019 permitió recaudar ¢552.000 millones, solo por abajo del IVA y el impuesto de la renta. Se actualiza cada tres meses y se calcula a partir de LOS VOLÚMENES de combustibles, no de los precios. No podríamos decir cómo se invierte, pero esperamos que esté cumpliendo con sus objetivos, que son muy diversos y fundamentales para atender necesidades del Estado.

Con la pandemia, la menor venta de combustibles le provocó una disminución de ¢115.000 millones al Ministerio de Hacienda, y al igual que Recope (que NO recibe ni un colón de ese impuesto que recauda eficientemente) las ventas disminuyeron significativamente y, como consecuencia lógica, sus sanas finanzas se han visto muy afectadas.

Por otro lado, la existencia del impuesto, ¡que no lo pagan directamente las personas que no tienen automóvil!, es un factor disuasivo innegable para la compra excesiva de combustibles. No solo muchos conductores «harían fiesta» con gasolinas y diésel baratísimo, sino que como consecuencia, las emisiones de CO2 andarían por cifras récord, con el consecuente efecto sobre el cambio climático y la salud de los habitantes. Los aspirantes a elección que proponen derogarlo o disminuirlo, tienen el deber de decir de dónde obtendría el Estado los recursos que le están disminuyendo, porque provocaría un mayor déficit fiscal que de alguna forma habría que atender. Si no lo hacen, estaríamos ante un acto de suprema irresponsabilidad, pues por eso, en ningún gobierno posterior a la administración Figueres Olsen (Miguel Ángel, don Abel, Óscar Arias, doña Laura y Luis Guillermo y Carlos Alvarado) han propuesto siquiera su disminución. Al contrario, más bien lo han venido actualizando cada tres meses.

El Acuerdo de Escazú, de lo sublime a lo indignante

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Hernán Alvarado

El Acuerdo de Escazú, según CEPAL, «plasma un paradigma de democracia ambiental fundamentado en la transparencia, la participación y la inclusión como base para las transformaciones sociales y ecológicas en la región».[1] Toda una joya de la diplomacia costarricense que consolida la narrativa país posicionada en el exterior, según la cual Costa Rica es un adalid de derechos humanos y amor a la naturaleza. Entre otras virtudes, ese tratado garantiza el derecho a la información y a la participación ciudadana contribuyendo a la protección de quienes defienden a nuestra Madre Tierra, en una América Latina que puntea en asesinatos de líderes sociales (Costa Rica suma al menos tres). Por lo demás, amarra los avances que ha venido cosechando el país en su legislación ambiental y constitucional, así que desde el principio cumple con el mínimo requerido.

No obstante, este gobierno y esta Asamblea Legislativa nos han dejado en ridículo por no estar entre los primeros que ratificaron para que el tratado entrara en vigor el pasado 22 de abril, a falta del segundo debate. Daño irreparable a la imagen del país que les reclamaremos siempre. Encima, el gobierno no ha hecho casi nada por impulsar y defender su aprobación definitiva. Imperdonable. Y hoy hasta corre el riesgo de ser rechazado, lo que sería una calamidad monumental y una vergüenza nacional sin parangón. Tal vez sea mejor mantenerlo en barbecho, como lo reconociera honestamente la diputada del PAC, Nielsen Pérez, hasta asegurarle los 38 votos; porque lo último que haría falta es que el Ejecutivo lo mande a votar para enterrarlo.[2] Por otro lado, cada día se agranda una duda en el exterior: ¿Será que Costa Rica sostiene un doble discurso en relación con derechos humanos y ambientales? ¿Será este el espejo donde nuestra hermosa imagen internacional revela su verdad de cuento bien fraguado para turistas incautos? ¿Y será casual que el Presidente Biden no haya invitado al presidente Alvarado a su cumbre climática en abril pasado?

¿Y por qué el gobierno y la mayoría de la Asamblea Legislativa se habrán puesto de acuerdo en esta otra barbaridad? Porque el tratado le inquieta al supremo inquisidor de la política pública que es la Unión de cámaras (UCCAEP). ¿Y con qué argumentos se opone? Con pocos y ridículos, ninguno válido.[3] ¿Y dónde los defiende? En ninguna parte, ¿para qué? Le ha bastado informar a sus seguidores del PLN, el PUSC y los demás partidos religiosos. Y, por supuesto, instruir al presidente, que fue electo como defensor de derechos humanos pero salió huero. Es tal el poder de ese grupúsculo que hasta la Sala IV ha recurrido otra vez a argumentos espurios para no favorecer la aprobación del tratado; evadiendo, desde luego, el fondo del asunto y congraciándose con esa configuración de fuerzas retardatarias. ¿Y la prensa plutocrática? «Calladita más bonita», como le gusta al patriarcado. Así que el Acuerdo de Escazú anda políticamente huérfano y podría ser postergado o malversado por la campaña política que se avecina, en la que casi todos compiten por parecer útiles a los dueños del dinero.

Pero tenemos que sobreponernos a la vergüenza y a la indignación que todo esto provoca y cuando menos tratar de comprender lo que está pasando, pues lo mínimo es conocer cuál es el enemigo real. Por tanto, ¿qué nos enseña esta inaudita e inédita situación? Lo que ya sabíamos: que en cuestión de política pública incide aquí, más que nadie, un grupúsculo con criterios trogloditas, al que no le importa el prestigio del país, la salud de la Madre Tierra o los derechos humanos; como tampoco le importa, nunca le ha importado, las comunidades indígenas. La única lógica que entienden es la de privatizar ganancias y socializar pérdidas. Algunos hasta se dicen católicos pero nada quieren saber de cuidar la «casa común» (Papa Francisco).

Claro, pero precisemos. Hay cientos de empresarios honestos en este país que respetan las reglas del capitalismo e incluso se arrollan las mangas para ganarse lo que se ganan. Ellos pagan sus impuestos a tiempo y los salarios de ley, porque saben que es absurdo matar de hambre a la gallina de los huevos de oro. Los hay que además impulsan programas de responsabilidad social, ambiental y comunitaria. También se enriquecen con el trabajo del prójimo, pero comparten algunos beneficios e incentivos asociados a productividad. Hasta pueden ser personas solidarias que aman su país, que pagan con gusto a la CCSS y no despiden al primer trabajador que quiere sindicalizarse.[4] Sin embargo, la gran mayoría son medianos o pequeños empresarios, sin tiempo para hacer lobby ni para formar parte de las directivas de sus respectivas cámaras.

Pero otra cosa es la mafia «empresarial», la que no paga ni el salario mínimo. El Ministerio de trabajo sabe que casi el 30 % de la fuerza laboral sufría ese flagelo en el sector privado antes de pandemia. En cambio sí paga la «ingeniería fiscal» que necesita para evadir y eludir sus obligaciones fiscales, mientras «exporta» sus ganancias a paraísos fiscales; así que ya tiene el déficit fiscal por encima del 8% del PIB y al país híper endeudado. Esa ingeniería ha inventado el capitalismo de ganancia cero, lo que le valdría para un Nobel en Economía. Estos capitalistas juegan sucio y rudo, mientras se disfrazan de «demócratas ejemplares» se niegan a pagar la seguridad social. Están también los que sin rubor contrabandean y estafan, o hacen extracciones ilícitas en bosques y ríos contaminándolos sin responsabilidad. Ellos se apropian ilegalmente de tierras del Estado o de las comunidades indígenas, venden al ICE electricidad que no necesita o cobran alquileres abusivos y sostienen otras prácticas monopólicas. Todos siguen el mal ejemplo de los usureros que por años han estado atracando a los deudores. Y quedan otras especies que caben en un largo etcétera. Y, por supuesto, también están entre ellos los que blanquean capitales al narcotráfico.

En fin, tales son los abanderados de la avaricia en el desfile del capitalismo salvaje que destruye las fuentes de toda riqueza (trabajo y la naturaleza); el mismo que está llevando a la hecatombe ecológica anunciada por el cambio climático. Todos bajo la ética del enriquecimiento ilimitado a la brevedad posible; de la concentración y centralización de la riqueza como objetivo absoluto, aunque se queden sin futuro, sin planeta, sus nietos y nietas. Actúan contra la sostenibilidad y gobernabilidad del capitalismo. De manera tan egoísta, miope e irresponsable que parecen anticapitalistas. Según la broma de Franz Hinkelammert, cortan la rama en la que están sentados. Pero, por ahora, para desgracia de todos, se van saliendo con la suya.

Mientras tanto, el Soberano, el Pueblo, con el mandato constitucional de gobernar junto a los tres poderes dizque independientes, permanece cual bello durmiente a la espera de que la Patria roce sus labios…

[1] Así anuncia el IILPES un webinar titulado: «Acuerdo de Escazú. Oportunidades del gobierno abierto ambiental», para el próximo jueves 20 de mayo del 2021.

[2] Ver un excelente análisis en: https://surcosdigital.com/la-entrada-en-vigor-del-acuerdo-de-escazu-sin-costa-rica-un-hecho-insolito-que-merece-explicacion-video/

[3] Ver el artículo de Alberto Salom, «El acuerdo de Escazú», del domingo 16 de mayo de 2021, en larepública.net.

[4] El presidente Biden acaba de hacer una defensa contundente de este derecho básico.

El principio del fin del neoliberalismo: El mensaje de Chile para Costa Rica

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Luis Fernando Astorga Gatjens

«Cuando veas las barbas de tu vecino arder pon las tuyas en remojo». Es un buen consejo para quienes, aquí en Costa Rica, desde la soberbia de los puestos de dominio económico y político que ejercen, siguen apretando el torniquete de la desigualdad social y la pobreza para amplios sectores de la población, dentro de su credo neoliberal.

Chile, que ha sido el principal referente de esa doctrina para América Latina, empezó una cuenta regresiva para este proyecto económico, político e ideológico, cuando las y los jóvenes en octubre del 2019, iniciaron una protesta en el Metro de Santiago, que progresó hasta cubrir como un mar embravecido a esta ciudad y otras, de la estrecha geografía de ese país austral.

Las manifestaciones marcadas por el reclamo de justicia social y el rechazo al neoliberalismo, crecieron y tuvieron como respuesta del Gobierno de Sebastián Piñera, la represión inmisericorde y la difamación de quienes se manifestaban. Él y los dueños de poder estaban seguros de que podían controlar la situación pero se equivocaron. La lucha emprendida por la mayoría de los chilenos, obligó a la realización de un plebiscito en octubre del 2020, en el cual un 78 % de los ciudadanos y ciudadanas, expresó que querían una nueva Constitución para su país.

Los días 15 y 16 de mayo anteriores, se celebraron las elecciones para elegir los 155 integrantes, que entre junio del año en curso y del 2022, deberán redactar la nueva Carta Magna.

Los resultados de estas elecciones han sido en varios aspectos sorpresivos, pero lo más relevante es que una mayoría de quienes redactarán la nueva Constitución, son independientes y manifiestan una posición claramente anti-neoliberal. Claudio Fuentes, académico de Ciencias Políticas de la Universidad Diego Portales, de Santiago, sostiene que “los independientes ganaron porque ellos reflejaron los intereses de los actores sociales movilizados a partir del 18 de octubre y tuvieron la capacidad de movilizar a sus votantes”.

Los partidos tradicionales sufrieron una contundente derrota, incluida la agrupación del Presidente Piñera, que queda reducida a una minoría que no podrá ejercer una influencia significativa en la Convención Constituyente. Mientras tanto las y los independientes y la oposición de izquierda al gobierno, suma más de dos tercios de quienes tomarán las decisiones.

Es oportuno recordar que el modelo económico que se ha aplicado en Chile fue engendrado dentro de la dictadura de Augusto Pinochet y marcó como una sombra cuatro decenios. La aplicación de este modelo marcó el desarrollo chileno en los últimos años, donde las cifras macro-económicas positivas (particularmente, para los «dueños» de adentro y de fuera), opacaron siempre la creciente desigualdad e injusticia social. Se empezó a calentar entonces una caldera que hoy tiene este esperanzador desenlace.

Hay tres aspectos a tomar en cuenta en lo que deberá debatir y resolver la Convención Constituyente, a saber:

1) El papel del Estado en el modelo económico a aplicar. Lo más previsible es que se impulsen cambios significativos en las cuales se reduzca el rol del mercado en favor de un Estado más robusto, donde los derechos sociales de las mayorías (como la salud, la educación y el empleo), ganen terreno y se afiancen en la nueva Constitución.

2) Los derechos de los pueblos indígenas. En Chile, donde más del 12 % de su población es indígena, es la primera ocasión en que este sector poblacional que ha sido históricamente relegado, tendrá una representación asegurada de 17 miembros en la Convención Constituyente. De esta manera, esa representación podrá poner en el texto de la emergente y valiosa normas, sus derechos culturales, económicos, sociales. ambientales y políticos.

3) Paridad de género. Otro aspecto a celebrar es que la mitad quienes redactarán el nuevo texto constitucional, son mujeres. Es un hito histórico ya que será la primera ocasión en que un documento de tal magnitud, será redactado y aprobado con paridad de género.

Para quienes en Costa Rica (esa minoría plutocrática y sus seguidores y acólitos), que siguen obsesionados en mantener su proyecto neoliberal –desde las cámaras patronales, el gobierno y la Asamblea Legislativa, y sus medios informativos–, aún cuando la situación de pobreza y desigualdad social alcance a cada vez más costarricenses en medio de una devastadora pandemia, es bueno que miren lo que sucedió y sucederá en Chile en los próximos meses. Miren al sur. El pueblo de este hermano y querido país, despertó y de qué manera. Ahora si tiene sentido verlo como un modelo a seguir. Deben recordar que no hay mal que dure 100 años ni cuerpo social, que lo resista.

(18 de mayo, 2021)

La irrupción del movimiento social

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Óscar Madrigal

Tal vez la característica más relevante del resultado de las elecciones en Chile sea que los candidatos de los movimientos sociales, llamados independientes, lograran la primera mayoría. Se trata de candidatos surgidos de las bases de las organizaciones sociales, comunales, comités de lucha, sindicales, campesinas, de mujeres, ambientalistas, jóvenes, que catalizan las necesidades del pueblo, que se erigen como los auténticos representantes de los intereses populares. Surgen de las bases como auténticos actores de la lucha contra el modelo impuesto por el pinochetismo.

Los llamados independientes eligieron 48 constituyentes que sumados a los 28 de la coalición del Frente Amplio y el Partido Comunista constituirían la mitad de la Asamblea.

Los independientes son más bien dirigentes y personas que están contra el régimen neoliberal impuesto por Pinochet, más cerca de la izquierda que de la derecha, incluso indispuesta con las posiciones de los gobiernos de la Convergencia de Bachelet o de Lagos. Es seguro que trabajarán por una Constitución de avanzada social y democrática que centre el modelo en los trabajadores y capas medias y no en los poderosos empresarios.

Por supuesto que el resultado electoral en Chile es producto de las grandes movilizaciones, del auge del movimiento de lucha ocurrido en años anteriores.

Sin embargo, el malestar con los partidos políticos y la política en general (incluidos los medios de comunicación, las distintas instituciones y hasta la iglesia católica) es fenómeno casi global.

En Costa Rica según la última encuesta de la UCR, el 87% de los electores está desilusionado o dice no pertenecer a ningún partido político.

Lo anterior plantea un gran reto al movimiento social, a las organizaciones sociales, las que van desde la comunidad, la vivienda, ambientalistas, de mujeres, los trabajadores hasta las de más variadas reivindicaciones: ¿se puede hacer algo para influir en las próximas elecciones? ¿O simplemente nos desentendemos de ellas y que cada cual las asuma individualmente?

El voto puede ser un arma contundente para castigar a todos aquellos partidos políticos que han gobernado en los últimos cuatro años contra el pueblo, los trabajadores y las clases medias.

Los boleros y Puerto Rico

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

A: Óscar López Rivera (Independentista y revolucionario)

De: León Triba

En algún lugar de Costa Rica, en recuerdo del grito de JAYUYA y por la independencia absoluta de Puerto Rico.

Mayo y 2021

Compañero Óscar, no sé si lo que escribo tenga imprecisiones históricas y esté -de seguro que sí- olvidando momentos sublimes de la producción musical de tu querida Patria, a la cual le dedicaste muchos años de prisión, en búsqueda de la absoluta independencia que le asiste a nuestro hermano país de Puerto Rico. Esto no es un tratado de ningún tipo, solo un pequeño ejercicio en es ritmo al cual se nos hace imposible renunciar, EL BOLERO.

Nadie que precise de gustar de los boleros, puede abstraerse de CUBA, MÉXICO y claro está de PUERTO RICO.

Pensemos solo en algunos de los grandes boleristas boricuas. No se a cuál de todos se le puede situar como el número uno, porque depende de nuestro estado emocional cada uno nos atraviesa hasta el más profundo sentimiento. No nos dejan un solo poro libre de ese gusto exquisito.

Dice uno, o dicen ellas: – PEDRO FLORES– y nos viene por arte de magia Blancas azucenas, Perdón, Esperanza inútil, Amor perdido, Linda. Poesía simplemente musicalizada.

Pedro quién no ha tarareado “En mi viejo San Juan”, seguramente no recordamos al autor de esa maravillosa pieza musical, hablamos del maestro NOEL ESTRADA.

Muchas y muchos, nos animamos a cantar “Perfumes de gardenias”, casi que de seguro pensamos en Cuba. Pero no, la mágica pieza corresponde al puertorriqueño RAFAEL HERNÁNDEZ; al igual que el otro clásico que de inmediato la asociamos con Daniel Santos, hago referencia a “Lamento borincano”, del mismo autor.

En la radio alguien solicita: Por favor de Javier Solís, “CATACLISMO”, y sin ninguna duda, todos damos por sentado que este magnífico cantautor es el dueño de la canción. Pero de nuevo resulta que no. Nuevamente debemos situarnos en Puerto Rico y recorrer esa novela de amor que inspiró a ESTEBAN TARONJI.

Cuando las serenatas eran parte del imaginario colectivo, le pedimos a nuestro cantante que complaciera a nuestra novia con MADRIGAL, y por supuesto que cantante, homenajeada y serenateros no podíamos precisar que esa maravillosa canción pertenece a FELIPE GONZÁLEZ, otro hijo de Puerto Rico.

En la Chiringüina, la antigua Cabaña, en el Cañalito, el Sol de Oriente, muchos habrán pedido de José Feliciano la “Copa rota” y aún, un tanto más despechado, otros piden de Julio Jaramillo “Juramento”. De nuevo, todas y todos olvidamos al autor intelectual nacido en nuestra isla latinoamericana, hablo de otro boricua, Benito de Jesús.

No agoto aquí la lista de los grandes boleristas nacidos en Puerto Rico; solo quiero decirles que yo aprendí a bailar bolero en los acordes de esa voz inigualable de otro hijo portorriqueño, refiero a BOBBY CAPO. También me atrevo a pensar que cantamos Piel canela, pero no reparamos que la canción es también originaria de Puerto Rico.

Por ahora, vamos a escuchar boleros y si tienen tiempo, pues carajos y carajas. A bailar, que también en el arte de la danza y el humor, podemos seguir construyendo redes de identidad nacional.

¡¡¡ Salud, paz y compromiso!!!

Colombia en llamas: el fin del neoliberalismo será violento

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Boaventura de Sousa Santos

Colombia está en llamas. Actualmente es uno de los países con más número de muertos por covid-19, ocupando el cuarto lugar en la región después de Estados Unidos, Brasil y México, teniendo hasta la fecha tan solo el 3.5% de la población totalmente vacunada y siendo parte de los países que se niegan a apoyar la solicitud de liberación de las patentes de las vacunas. Es también el país que en 2020 contó con el 42,5% de su población en condición de pobreza monetaria y con el 15,1% de la misma en condición de pobreza monetaria extrema. A estos datos mínimos pero dicientes le podemos sumar que, tras la firma del acuerdo de paz de 2016, se han asesinado entre 700 y 1.100 personas defensores y defensoras de derechos humanos (las cifras varían entre las ONG y las instituciones gubernamentales). Las zonas que antiguamente fueron de dominio de las FARCEP hoy están en disputa por parte de distintos grupos armados ilegales, los cuales no solo buscan intereses económicos (narcotráfico, minería ilegal) sino que también traen consigo un horrible y sangriento interés por el control sobre la población civil, afectando gravemente el tejido social, dando como resultado que esto es sólo la punta del iceberg del nuevo panorama que atraviesa el país.

Es en este contexto, y tras casi 3 años bajo el gobierno de una derecha opositora al acuerdo de paz que, en medio de una pandemia que ha matado a miles de personas, el pueblo trabajador ha salido a las calles a levantar su voz en contra de una anunciada reforma tributaria que buscó, bajo la lógica del gobierno, recaudar 23 billones de pesos (algo cercano a 6.300 millones de dólares) para mejorar las finanzas públicas y financiar los programas de asistencia social. Si bien es cierto que el país necesita mejorar su sistema tributario, esta reforma planteaba aumentar el número de personas declarando y pagando impuestos sobre la renta con el aval, la visión y el marco conceptual del Fondo Monetario Internacional (FMI).

Plantear la idea de que más personas sean las encargadas de tributar y financiar los gastos del Estado, en teoría, no suena descabellado, es más, llevaría a pensar que serían las personas de altos ingresos quienes más pagarían impuestos teniendo en cuenta los principios de progresividad, equidad y eficiencia tributaria consagrados en la Constitución Política de Colombia. Pero, según los datos del Banco Mundial, Colombia es uno de los países más desiguales de América Latina (el índice GINI es de 51,3), reflejando una política fiscal inadecuada y regresiva que posibilita una alta concentración del ingreso y la riqueza, ocasionado por ello un menor desarrollo, teniendo en cuenta que los ingresos y la riqueza se quedan en manos de un porcentaje muy pequeño de la población. La reforma planteada, se uniría al largo y complejo sistema tributario del país que no refleja una verdadera política progresiva y que está lleno de beneficios tributarios dirigidos a las personas con mayores ingresos.

Podríamos afirmar que a partir de 2016 el pueblo trabajador ha inundado las calles y plazas de Colombia exigiendo la defensa de la paz y el cumplimiento de los acuerdos, la protección de los líderes sociales y la solidaridad con quienes han sido asesinados, así como el rechazo a propuestas de modificación de los regímenes pensionales, laborales y tributarios. Así, en los últimos 5 años Colombia ha visto sus calles recorridas por jóvenes, mujeres, indígenas, afros, docentes, pensionados y estudiantes que han generado hechos insólitos como presenciar una de las mayores manifestaciones en el país desde la década de 1970 como lo fue la llevada a cabo el 21 de noviembre de 2019 (21N). Gracias a este empoderamiento popular, y a pesar de la pandemia del covid-19, Colombia volvió a marchar del 09 al 21 de septiembre de 2020 para protestar en contra del abuso policial, del mal manejo del Gobierno ante la crisis económica y social provocada por la pandemia y para sentar una voz que dijera basta ya a las masacres en el país, las cuales no tuvieron tregua a pesar de las medidas de confinamiento. En especial hay que subrayar la Minga del Suroccidente Colombiano ocurrida en octubre de 2020 liderada por las organizaciones indígenas que emocionó por sus consignas y valentía y que logró movilizar a una gran parte de la sociedad en torno a sus exigencias tras su recorrido por el país, logrando la opinión favorable de millones de personas que los recibieron calurosamente en cada ciudad durante su viaje hasta la capital.

Bajo este panorama el pueblo decidió a partir del 28 de abril (28A) de 2021 marchar en contra de la reforma tributaria y del gobierno indolente. La represión de las fuerzas policiales es brutal. El malestar ciudadano ha sido objeto de estigmatización y represión por parte de la fuerza pública, lo que ha llevado a que distintas organizaciones de derechos humanos registren entre el 28 de abril y el 05 de mayo un total de 1708 casos de violencia policial, 381 víctimas de violencia física por parte de la policía, 31 muertes (en proceso de verificación), 1180 detenciones arbitrarias en contra de los manifestantes, 239 intervenciones violentas por parte de la fuerza pública, 31 víctimas de agresión en sus ojos, 110 casos de disparos de armas de fuego por parte de la policía y 10 víctimas de violencia sexual por parte de fuerza pública. . De igual manera, la Defensoría del Pueblo (la figura del ombudsman en Colombia) señaló que se registraron 87 quejas por presuntas desapariciones durante las protestas del Paro Nacional del 28A.

Lo que empezó como una fuerte oposición a una reforma impopular y a un ministro de hacienda que desconocía el valor de una docena de huevos (y en general de toda la canasta familiar), ha escalado al punto de no solo lograr que se retire dicha reforma en el congreso y que dicho ministro renuncie, sino que el presidente de la república Iván Duque Márquez ha propuesto un espacio de dialogo con distintos sectores de la sociedad civil, dialogo que hasta el momento parece ser solo entre las élites del país, desde arriba, y nunca desde abajo. Las organizaciones sociales saben por experiencia que de este gobierno nada bueno hay que esperar, pero como siempre lo han hecho no se rehúsan al dialogo. La primera victoria del movimiento ciudadano en las calles sobre el retiro de la reforma no llegó pacífica o gratuitamente. Además de las cifras antes mencionadas y recolectadas por las ONG del país, el Presidente Duque anunció la militarización del país antes de ceder al clamor social. A partir del 01 de mayo, las redes sociales y las calles colombianas han visto el horror de un despliegue militar típico de un estado de excepción dictatorial con la policía disparando en contra de manifestantes pacíficos y desarmados. Esta ha sido quizás la respuesta más violentamente represiva en tiempos de pandemia a nivel mundial.

Particularmente en Cali las protestas tuvieron una intensidad muy especial debido a la movilización de las organizaciones indígenas después del cruel asesinato de Sandra Liliana Peña, gobernadora indígena de apenas 35 años quien proponía la recuperación de los conocimientos tradicionales y rechazaba la presencia de todos los actores armados en su territorio. Esta ciudad es el segundo centro urbano más negro de América del Sur, llena de contradicciones y luchas, y que ha visto como reprimen a su pueblo de la forma más aberrante posible. La situación es tal que, en medio de una reunión pacífica y transmitida en directo por las redes sociales, se puede observar al escuadrón antidisturbios haciendo presencia para dispersar la manifestación, causando la muerte de un joven frente a más de 1.000 espectadores que observaban a través de internet. Desde Siloé, una comuna (favela) en Cali, se denunció también que durante la noche del 04 de mayo no se pudo acceder al servicio de internet en la zona.

La débil respuesta a la violencia policial por parte de las instituciones colombianas (tanto administrativas como judiciales) ha dado lugar para que civiles armados amenacen (y en ocasiones disparen) a los manifestantes bajo la idea de que son “vándalos” y “terroristas”. En Cali, los estudiantes hicieron circular el siguiente “diálogo”: “Tenemos 25.000 armas”, gritaba un hombre vestido de blanco desde su costosa camioneta parqueada frente a la Universidad del Valle (Univalle). “Nosotros tenemos una de las mejores bibliotecas del país”, le contestó un estudiante. En Pereira, el alcalde promovía un “frente común” que incluyera a miembros de la seguridad privada, al ejército y a la policía para “recuperar el orden y la seguridad ciudadana”, dando lugar a que un joven resultara herido con ocho balas y esté agonizando en un hospital de dicha ciudad.

¿Para dónde va Colombia?

Esta pregunta es importante para Colombia, pero más allá de Colombia me parece ver en los recientes acontecimientos en Colombia el embrión de mucho de lo que pasará en el continente y en el mundo en las próximas décadas. Claro que cada país tiene una especificidad propia, pero lo que pasa en Colombia parece anunciar el peor de los escenarios que identifiqué en mi reciente libro sobre el periodo postpandemia (El Futuro Comienza ahora: de la pandemia a la utopía. Madrid: Akal. 2021). Este escenario consiste en la negación de la gravedad de la pandemia, la política de sobreponer la economía a la protección de la vida, y la obsesión ideológico-política de volver a la normalidad aun cuando la normalidad es el infierno para la gran mayoría de la población. Las consecuencias de la pandemia no pueden ser mágicamente frenadas por la ideología de los gobiernos conservadores, la crisis social y económica pospandemica será gravísima sobre todo porque se acumula con las crisis que preexistían a la pandemia. Será por eso mucho más grave. Las políticas de ayuda de emergencia por deficientes que sean combinadas con el ablandamiento económico causado por la pandemia van a causar un enorme endeudamiento del Estado y el agravamiento de la deuda será una causa adicional para más y más austeridad. Los gobiernos conservadores no conocen otro medio de lidiar con las protestas pacíficas del pueblo trabajador en contra de la injusticia social que no sea la violencia represiva. Así van a responder y el mensaje va a incluir la militarización creciente de la vida cotidiana. Lo que implica el uso de fuerza letal que fue diseñada para enemigos externos. La degradación de la democracia ya bastante evidente se profundizará todavía más. ¿Hasta qué punto el mínimo democrático que todavía existe colapsará dando lugar a nuevos regímenes dictatoriales?

Este escenario no es especulación irrealista. Un reciente informe del FMI hace la misma previsión. Dicen los autores Philip Barrett y Sophia Chen1 que las pandemias pueden tener dos tipos de efectos sobre la agitación social: un efecto atenuante, suprimiendo la posibilidad de causar disturbios al interferir en las actividades sociales, así como un efecto contrario que aumente la probabilidad de malestar social y por consiguiente se generen disturbios o protestas en la medida en que la pandemia se desvanezca. Lo que no dicen es que las protestas serán motivadas por las mismas políticas que el FMI y las agencias financieras promueven en todo el mundo. Es tanta la hipocresía del mundo en el que vivimos que el FMI ignora u oculta las consecuencias de sus lineamientos. El pueblo colombiano merece y necesita de toda la solidaridad internacional. No estoy seguro si la tendrán abiertamente de las agencias internacionales que dicen promover los derechos humanos a pesar de que estos estén siendo violado tan gravemente en Colombia. Imaginemos por un momento que lo que está pasando en Colombia estuviese ocurriendo en Caracas, Rusia o cualquier otra parte del mundo declarado como no amigo de los EUA. Seguramente la OEA, el alto comisariado de la ONU, y el gobierno norte americano ya estarían en campo para denunciar los abusos y proponiendo sanciones a los gobiernos infractores. ¿Por qué la suavidad en los comunicados emitidos hasta la fecha? No se le puede escapar a nadie que Colombia es el mejor aliado de los EUA en América Latina, siendo el país que se ofreció para instalar siete bases militares de los EUA en su territorio (situación que afortunadamente no ocurrió por intervención de la Corte Constitucional). Las relaciones internacionales en el presente viven el momento más escandaloso de hipocresía y parcialidad: solamente los enemigos de los intereses norteamericanos cometen violaciones de los derechos humanos. No es nuevo, pero ahora es más chocante. Las agencias multilaterales se rinden a esta hipocresía y parcialidad sin ningún tipo de vergüenza. Los colombianos, eso sí, pueden esperar la solidaridad de todos los demócratas del mundo. En su valentía y en nuestra solidaridad reside la esperanza. El neoliberalismo no muere sin matar, pero cuanto más mata más muere. Lo que está pasando en Colombia no es un problema colombiano, es un problema nuestro, de las y los demócratas del mundo.

Por el momento, las manifestaciones en Colombia no se ven próximas a finalizar y pese a que solo ha pasado una semana desde el inicio de las mismas debemos insistir en superar el miedo que ronda las calles del país e insistir en la esperanza de un futuro prometedor, más justo y en paz, para un país que ha querido terminar un conflicto de más de 50 años a través de un Acuerdo que agoniza bajo las garras del capitalismo abisal.

 

Imagen tomada de Semanario Universidad.