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El financiamiento narco electoral a la vista

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Vladimir de la Cruz

Los partidos políticos Liberación Nacional, Acción Ciudadana, Unidad Social Cristiana y Restauración Nacional, en la Asamblea Legislativa, acordaron un recorte de 36.000 millones de colones de la llamada Deuda Política para las próximas elecciones del 2022 y las siguientes municipales del 2024.

La Constitución Política establece que para estos propósitos se debe destinar un 0.19% del Producto Interno Bruto, del año trasanterior, a las elecciones nacionales. Esa es una cifra que puede estar hacia las elecciones del 2022 en los 65.000 millones de colones.

Desde procesos electorales anteriores la Asamblea Legislativa, por acuerdo de partidos, y por presión pública, vienen recortando esa cifra al 0.11%.

Demagógicamente los partidos políticos justificaban dicha reducción en interés de la reducción de gastos nacionales, y de reducción de sus propios gastos electorales para las respectivas campañas. Esto no es cierto. Los partidos han gastado lo que presupuestan para sus campañas, sin importarles ese porcentaje porque están dentro de él.

En ninguna campaña electoral los partidos políticos gastan todo ese dinero, el 0.19% ni el 0.11%, ni tampoco lo justifican en posibilidad de gastarlo, en la totalidad de los partidos políticos que se inscriben en cada campaña electoral.

Todos los partidos políticos al inscribirse para una campaña electoral tienen que presentar un Presupuesto de gastos para la campaña que van a enfrentar. Este Presupuesto por presentado al Tribunal no se puede modificar en ningún sentido, y contra él cada partido justifica sus gastos ante el Tribunal Supremo de Elecciones, que después de las elecciones, en correspondencia al porcentual de votos que cada partido saca, le reconoce gastos a los que sacan más del 4% de votos o elige al menos un diputado, siempre y cuando estén en debida forma sus contratos de gastos electorales y sus facturas.

Cuando se estableció este porcentual para el financiamiento de los partidos políticos, en las campañas electorales, se hizo bajo un espíritu y una filosofía muy democrática, de garantizar la posibilidad de participación de los ciudadanos en sus distintos partidos políticos, y de evitar que los ricos pusieran o impusieran sus propios candidatos. Se decía que en el Club Unión se escogían los candidatos antes de 1949. Lo del financiamiento de las campañas electorales fue para evitar esto y asegurar más democracia, y posibilidad democrática, en el escogimiento de candidatos y de garantizar más participación electoral.

Aún con la limitación del 4% de votos, para tener derecho a ese reconocimiento de financiamiento, ya era importante lo dispuesto, porcentaje que se logró a finales del siglo pasado.

En la experiencia electoral del país de todos los procesos electorales, desde 1953 hasta el 2018, más del 90% de los partidos políticos que participan no sacan ese 4% de votos o no eligen diputados, quedando fuera del reconocimiento del financiamiento electoral, favoreciendo de esa manera solamente a los partidos que eligen diputados o sacan ese 4% de votos.

El propio Tribunal Supremo de Elecciones se pronunció a favor de este recorte, sin defenderlo en la filosofía que tiene dicho soporte constitucional, lo cual es un absurdo, que el Tribunal no defienda lo que por Constitución le corresponde, dejando la sensación de que el Tribunal no está por democratizar el proceso electoral o de asegurar la mayor participación posible, y lo peor, que con esa actitud facilita la aparición de narco financiamientos de candidatos y de partidos políticos.

Si de conformidad a lo dispuesto en la Constitución para estos gastos, no se gasta, lo restante le ha de quedar al Tribunal Supremo de Elecciones para asegurar posibles procesos electorales de consultas ciudadanas, por plebiscitos o referéndums, que se deberían promover más, como parte de la llamada participación ciudadana. Igualmente, para garantizar una mayor proyección del Instituto de Formación en Educación Democrática, IFED, del mismo Tribunal, y de los procesos de capacitación, que deben ser permanentes de los partidos políticos, con respaldo a ese monto constitucional.

La práctica que se va a imponer, en los procesos electorales, cuando se reduce el monto de financiamiento de los partidos, es la de volver a las viejas prácticas en la que los ricos ponen candidatos, los financian, así como a sus partidos, y la desviación y deformación de esto es que también el narco dinero, y las narco mafias, incrustadas como están en el andamiaje institucional y nacional, empezarán a campear, más ampliamente, desarrollando la narco política como escenario y pasarelas de candidatos y partidos, con el aval de quienes han impulsado esta reducción del financiamiento estatal de las campañas electorales.

El candado es poner una prohibición total al financiamiento privado de las campañas y asegurar que el financiamiento público, de la llamada Deuda Electoral, cubra a la totalidad de los partidos políticos, en igualdad de condiciones, para su participación real en las campañas electorales.

Mientras se mantenga el financiamiento privado y la reducción del financiamiento público, en el futuro inmediato, esos son los riesgos que afrontará el proceso electoral y la democracia nacional.

Donald Trump: Palabras; Joe Biden: Acciones Bélicas

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Lic. José A. Amesty R.

  • A pesar de su fama de terrorífico y belicoso, Trump ha sido el único presidente en varias décadas que no ha iniciado una guerra.

Biden tiene una larga carrera política, de apoyo a las guerras de los Estados Unidos, desde la invasión de Irak en 2003, a la prolongada ocupación de Afganistán.

  • Trump, vociferó la creación de un muro en la frontera mexicana, para erradicar la migración.

Biden, durante su campaña política, no hizo ninguna propuesta política concreta, para poner fin a las guerras interminables.

  • Donald, cree que se pueden deportar a 11 millones de inmigrantes. “Están trayendo sus drogas, están trayendo su crimen. Son violadores y algunos, asumo, son buenas personas”.

Biden, apoyó la guerra en Yemen, durante la administración de Obama.

  • Trump, cree que el cambio climático es una mentira.

Biden cuando fue Senador, votó para autorizar la invasión a Irak y propuso dividir Irak en tres regiones separadas, basadas en la identidad étnica y sectaria.

  • Trump, se burla de los inmigrantes y las personas gordas. “Un muro en la frontera con México, nos ahorraría muchísimo dinero”.

Biden está recurriendo a los halcones favorables a las guerras, de la era de Obama para conformar su gabinete actual.

  • Donald, cree que nunca se equivoca.

Joe, actualmente más de un tercio, de su equipo de transición en el Pentágono, tiene como el empleo más reciente, a compañías que son financiadas por la industria armamentística o son directamente parte de esa industria bélica.

  • Trump, cree que le ganaría a China, “¿Cuándo fue la última vez que alguien vio ganarle, digamos, a China, en un acuerdo comercial? Nos matan. Yo le gano a China todo el tiempo. Todo el tiempo”.

Biden, las compañías de las que se nutre, tienen antecedentes comprobados de haber impulsado guerras y nuevos sistemas de armas, como los drones asesinos.

  • Trump, “¿Si Hillary Clinton no puede satisfacer a su esposo, qué la hace pensar que satisfará a EEUU?”.

Biden, con Obama a su lado, intervino en Libia, impulsó la criminal guerra del Yemen, continuó la ocupación de Afganistán, apoyó al golpe de Estado en Honduras.

  • Donald, “Mis dedos son largos y bellos, como se ha documentado muy bien sobre otras partes de mi cuerpo”.

Joe, ahora, se está rodeando del mismo equipo de asesores y consultores, que ayudaron a embarcar a Estados Unidos en guerras sin destino.

  • Trump, “Lo bello de mí es que soy muy rico”.

Biden, fue uno de los cerebros de las políticas que se impusieron en Colombia, como fue el Plan Colombia, y toda la visión contrainsurgente ligada en ese plan.

  • Donald, “Nueva York está congelada y llena de nieve, necesitamos calentamiento global”. “El concepto de calentamiento global, fue creado por y para los chinos, para volver a la industria manufacturera estadounidense no competitiva”.

Joe, durante su gobierno con Obama, proclamó la paz y la democracia, pero detrás de ese mensaje de paz, detrás de ese mensaje de democracia, se impulsaron confrontaciones militares abiertas; a pesar de su mensaje de paz, de su premio de paz, desarrolló confrontaciones militares en todo el mundo.

En resumen, ex funcionarios militares y operativos políticos, señalan que las palabras de Trump, no coinciden con sus acciones, como una de las principales razones por las que los militares acudieron en masa al candidato demócrata; y en sus palabras hay en muchas ocasiones: desconocimiento, racismo, xenofobia, burla, ingenuidad, orgullo, prepotencia, entre otras.

Y en relación a Joe Biden, quien todavía no asume la presidencia, pero sabe de los entretelones (y las cloacas) del imperio, declaró recientemente que, con él al frente, Estados Unidos está “listo para liderar al mundo y no retirarse, para volver a sentarse a la cabeza de la mesa, listo para desafiar a nuestros adversarios…”.

Biden, quizás quiera enmendar su impronta guerrera, anunciando recientemente colocar el combate contra el cambio climático en su agenda de prioridades.

Por esto, quisimos hacer mucho énfasis en el carácter guerrerista de Joe Biden y sin querer justificar a Trump. En lenguaje popular, Trump: bocón, jetón, Biden: de armas tomar.

 

Imagen tomada de la BBC.

El Gobierno no ha cumplido con las personas con discapacidad

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Carta abierta al Sr. Presidente, en el Día Internacional de las Personas con Discapacidad

San José, 3 de diciembre del 2020

Señor:
Carlos Alvarado Quesada,
Presidente de la República

Estimado Señor presidente:

Como usted ha de saber, el 3 de diciembre es el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Tal fue la decisión de las Naciones Unidas en el año 1992, “con el fin de prestar especial atención a la población con discapacidad en el mundo y promover su bienestar y participación social.”

Éste es un momento oportuno para hacer un balance sobre la situación que enfrentamos hoy, las personas con discapacidad que habitamos Costa Rica.

Lo primero que tenemos que afirmar es que el presente año 2020 no ha sido bueno para la gran mayoría de las y los costarricenses, pero con seguridad, ha sido peor para las personas con discapacidad. Sin embargo, eso no significa que en años precedentes la situación de la población con discapacidad fuera buena; sólo que con la pandemia ha empeorado significativamente.

Si se analiza con rigor el cumplimiento de la normativa en derechos de las personas con discapacidad–tanto nacional como internacional—por parte del Estado costarricense, la valoración es negativa, por más adornos que se le quieran colocar.

La ley 7600 se ha cumplido en forma muy limitada y tangencial, sin impactar positivamente en el mejoramiento de las condiciones de vida de la mayoría de las personas con discapacidad. Es oportuno destacar aquí por ello, el contrasentido de impulsar en el presente, reformas legislativas a la ley 7600, sin haber realizado nunca un balance riguroso de su aplicación efectiva, desde que fue promulgada el 29 de mayo de 1996 hasta nuestros días, y sin la adecuada consulta a las personas con discapacidad y sus organizaciones.

En aspectos cruciales como el acceso a una educación inclusiva y de calidad, y en la inclusión laboral de las personas con discapacidad, esta ley es ampliamente deficitaria. Y usted debe saber que sin cumplimiento efectivo a los derechos a la educación y al trabajo, no puede haber ni movilidad ni inclusión social para la gran mayoría de las personas con discapacidad.

De la misma manera, con respecto al cumplimiento de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, ratificada por el país mediante la ley 8661, las sombras le ganan con amplitud a las luces de su pobre y superficial cumplimiento. Eso quedó patentizado cuando el Comité de Naciones Unidas que vigila el cumplimiento de este tratado de derechos humanos, le entregó al país en mayo del 2014, el documento con las observaciones y recomendaciones, una vez que examinó el informe inicial que le presentó Costa Rica.

Ese informe retrató a un Estado que, en los últimos años, en materia de derechos humanos, sigue haciendo ruido pero muestra pocas nueces o logros efectivos. Y las personas con discapacidad somos testigos de excepción por lo que se ha vivido antes de la pandemia y por lo que enfrentamos hoy, después de coexistir con la covid-19 y sus efectos devastadores.

Es seguro que, si su Gobierno le presentara hoy a la ONU, un informe del cumplimiento de la Convención y de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), tendría que reconocer que ha dejado a las personas con discapacidad muy atrás.

Las personas con discapacidad del país han estado siempre entre los sectores más pobres y excluidos. El inexorable círculo vicioso entre pobreza y discapacidad (“la pobreza genera discapacidad y la discapacidad produce pobreza”), se sigue replicando en el país y su Gobierno es responsable directo de ello. Tengo la certeza de que el incremento de la pobreza que alcanzó al 26,2 % de la población en octubre anterior, según la más reciente Encuesta de Hogares del INEC, ha golpeado más fuertemente a las personas con discapacidad y sus familias.

En el contexto de la pandemia, que ha estado presente en el país desde marzo hasta el presente, la mayor parte de las personas con discapacidad han sido sometidas a un extendido aislamiento, ya que el acceso a Internet (y más aún, al de calidad), les está vedado. Con ello el acceso a la educación virtual, al teletrabajo y a los múltiples servicios en línea, es mucho más quimera que realidad.

Ni su Gobierno, ni la Asamblea Legislativa han impulsado ni antes ni durante la pandemia, políticas públicas inclusivas acordes con las necesidades, demandas y aspiraciones de las personas con discapacidad y sus familias.

Valga decir que ni las personas con discapacidad ni sus familias, quieren limosnas sino que aspiran a reales oportunidades para avanzar hacia una verdadera inclusión social y su mejoramiento de la calidad de vida. Las personas con discapacidad demandan oportunidades educativas, para mejorar la calidad de su mano de obra y condiciones adecuadas y justas, para acceder al trabajo, tanto el sector público como privado, y mediante el apoyo público a emprendimientos productivos. Asimismo, las personas que por sus severas condiciones de discapacidad, no pueden trabajar y requieren ser cuidadas por un familiar (que tampoco puede trabajar), requieren que el Estado les asegure un ingreso básico. Igualmente, este tipo de apoyo permanente lo requieren las madres que cuidan de hijos e hijas con discapacidad y que por ello, son empujadas a duras condiciones de pobreza.

Tanto para esas personas con discapacidad como para esas madres cuidadoras, que hoy enfrentan una pobreza sin horizontes, un Ingreso Básico Universal (IBU), que algunos países han generado en el marco de la pandemia, es una política pública para aplicar en el país de manera impostergable.

La pregunta que surge cuando se reivindican políticas sociales, que forman parte del Estado Social de Derecho, es de dónde tomar los recursos para financiarlas cuando el país enfrenta una crisis económica y fiscal en pleno desarrollo.

Esta es una crisis que hoy tiene una manifestación aguda pero, usted y yo, y las y los costarricenses conscientes, sabemos que se ha fraguado a lo largo de más de 30 años, cuando se empezaron a impulsar políticas que han facilitado la enorme desigualdad social imperante y que han creado las condiciones propicias para la repudiable concentración de riqueza que en el presente enfrenta el país. El que Costa Rica se haya convertido en el octavo país más desigual del mundo, es el resultado combinado del progresivo debilitamiento del Estado Social de Derecho, y del hecho de que las grandes empresas (nacionales y extranjeras) y dueños de grandes fortunas, evadan y eludan sus obligaciones tributarias. Y lo más grave es que ni su Gobierno, ni la Asamblea Legislativa han cumplido sus deberes en esta materia, ya que han respondido más a los intereses de una minoría groseramente elitista en menoscabo de las mayorías, de las que formamos parte las personas con discapacidad.

Sirva esta misiva respetuosa pero franca y firme, que le dirijo, Sr. Presidente, para exigirle a su Gobierno y a la Asamblea Legislativa que no conviertan a la pandemia de la covid-19, en una justificación para eliminar o reducir la asignación de recursos presupuestarios destinados a programas sociales, al acceso a los servicios de salud y de rehabilitación, a la educación, a la promoción del empleo y al apoyo a las personas con discapacidad y sus familias, particularmente las que viven bajo condiciones de pobreza y extrema pobreza.

En el mismo sentido, reivindico como acción urgente que con recursos propios orovenientes del Fondo Nacional de Telecomunicaciones (FONATEL), su Gobierno desarrolle un plan inmediato en coordinación con las 82 municipalidades del país para reducir la brecha digital, que afecta tan severamente a las personas con discapacidad, sometiéndolas a situaciones de aislamiento y desventaja para su desarrollo e inclusión social.

Hoy, en este día, ni su Gobierno, ni la Asamblea Legislativa, tienen nada que celebrar en relación con las personas con discapacidad en su día internacional. Todo lo contrario: Es un momento para esbozar una sincera autocrítica con respecto al amplio incumplimiento en materia de derechos de personas con discapacidad.

En homenaje al Bicentenario que ya otea en el horizonte, Señor Presidente, demandamos una corrección del rumbo imperante, con el impulso de políticas realmente inclusivas, que empiecen a saldar la enorme deuda social que tiene el Estado y su Gobierno, con las personas con discapacidad.

Cordialmente,
Luis Fernando Astorga Gatjens,
Cédula: 302050706
Celular: 8392-7941

 

Foto: https://www.periodicomensaje.com/guanacaste

Enviado por el autor.

Un gigante que se fue sin decir adiós

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Hernán Alvarado

Maradona es los dos espejos:
aquel en el que resulta placentero mirarnos
y el otro, el que nos avergüenza [1].

Sergio Meresman, un amigo argentino, me dio la mala noticia por el WhatsApp, así que fui de los primeros en enterarse. Este tipo de noticia viaja rápido, sin embargo, aún no había aparecido en medios. Él me escribió: «Una peor noticia encima de lo peor, se murió el Diego». Tras el escalofrío supe que debía sobreponerme y contestar rápido, pues allá en el Sur palpitaba un corazón devastado. «¡Qué mala noticia! ¡Qué en paz descanse uno de los más geniales jugadores de la historia!». Sergio continuó una hora después: «En Nápoles, los carteles electrónicos en calles y avenidas que avisan cosas del tránsito dicen: Gracias, Diego». Un minuto después agregó: «Un genio del fútbol y un dios del pueblo…».

Comparto ese intercambio porque Sergio fue quien me enseñó a querer al Pelusa. Aprendí a apreciarlo por mi cuenta; me lo enseñó el mismo Maradona. Sergio me enseñó a quererlo sin decir una palabra, simplemente queriéndolo; nunca se molestó en defenderlo las veces que la miseria ajena clavó sus colmillos en sus debilidades mundanas, demasiado humanas para ser perdonadas en juicios rápidos que ignoran lo que es humanidad, o la idealiza suponiendo que un ser humano no comete errores y que, desde luego, tampoco es capaz de rectificar [2]. Queriéndolo incondicionalmente, Sergio me enseñó a respetarlo y finalmente a extrañarlo. Él nunca preguntó qué pensaba yo de Diego Armando, ni como futbolista, ni como persona. Dio por un hecho que le admiraba como jugador y que jamás opinaría sobre un escándalo. Para mí era fácil porque aprendí a no juzgar al prójimo en las clases de catecismo.

Ahora que el Diego partió, Sergio quiso mostrar un poco más lo que Maradona significa para el pueblo argentino. Me envió un enlace para que escuchara un «texto memorable» que me llevó hasta las lágrimas. En este, una ficticia ama de casa le escribe a Maradona una carta donde comienza por decirle que no le gusta el fútbol y mucho menos él, a quien considera «un fanfarrón y un boca sucia», pero al que pese a todo quiere, porque le ayudó a que su marido y su hijo no repararan ni recordaran el hambre que pasaron, justo cuando Maradona enarbolaba la alegría de un pueblo atribulado por tanto mal gobierno y tanto mal ejército. Ese mismo pueblo que ama el tango no resistió la felicidad de aquel cara sucia, salido de su pobreza más desamparada, para reivindicar, con cada trazo de su divina lúdica, un principio soberano: en fútbol, nada es imposible. Con razón lloraba desconsoladamente aquel otro argentino que parecía exagerado diciendo que había muerto el fútbol.

¿De verdad era un genio? Lo era. Cuando llevaba la pelota pegada al botín se atrevía a hacer lo que a cualquiera parecería descabellado. Jugaba en otra dimensión, con una visión panóptica, más que periférica, y con el espíritu irredento de un superhéroe, de un verdadero dios de la imaginación popular, que es profundamente politeísta. Era un pequeño duende, medía solo 1:65 metros de estatura, pero danzaba entre gigantes, burlándose a todos con fuerza descomunal. Solo faltó que jugara bajo los tres tubos.

El Diego era un personaje mágico que solo tenía historia para ser rebelde y, por serlo, se fue haciendo inmenso. Ingenuos quienes esperaban que fuese distinto a sí mismo. Basta un dato para evidenciar su grandeza; en el premio de la FIFA al Mejor jugador del siglo XX, celebrado en Roma el 11 de diciembre del 2000, obtuvo el primer lugar de la votación popular. Recuerdo que el Flaco Menotti, su «maestro», escribió alguna vez algo que cito de memoria: el fútbol es el deporte más democrático, porque un gordito bajito que solo tiene izquierda puede ser Diego Armando Maradona. Cierto, pero vaya izquierda la que tenía, ¡valía por cien derechas! El Flaco no dudó en reconocer que se sentía «hecho mierda» con la partida del gordito, mucho tiempo después de haber reconocido que se había equivocado cuando no lo llevó al mundial del 78.

¿Habrá sabido Diego Armando cuánto se le quería? Me temo que no, pero ninguna manifestación de cariño habría bastado para llenar el abandono que llevaba adentro; porque en realidad ni siquiera le pertenecía, es un abandono ancestral; el mismo pueblo lo vive, en todas partes, en toda época, a diario, pese a ser el constructor del reino de este mundo. O tal vez lo sabía y en parte por eso el corazón ya no le aguantó y decidió darle un pase a la eternidad.

Y todo eso sigue siendo poco para entender por qué el pueblo argentino lo ha llorado desconsoladamente, confundiendo tres días de duelo con tres días de velorio, en filas interminables frente a la Casa Rosada, porque no se sabía ni a dónde ponerlo en un país tan fracturado. Pero a muchos más les duele la partida del dueño de la bola, lo mismo en el barrio que en los grandes escenarios. Ahora el pueblo que es el mundo lo lleva tatuado en el alma, como él mismo llevaba en el hombro derecho la efigie del Che.

El Pelusa ya no pertenece a la FIFA, ni a las televisoras, ni a los periódicos, que ayer eran medios de escarnio y hoy de endiosamiento. Ni siquiera pertenece a los argentinos, ni a los latinoamericanos, que mucho lo adoran. Hoy pertenece a quienes veían en él, sin saberlo, la escasa oportunidad que tienen los hijos del pueblo de vivir la vida loca que les venga en gana, por mucho que trabajen o mucho que sueñen con ser burgueses. Él representará de por vida todo lo que ellos, injustamente, nunca podrán ser, dada la violencia estructural que mantiene pobre a la mayoría de las personas, innecesariamente, imprudentemente, con la complicidad de poderes legales y fácticos [3]. La misma violencia que empuja a muchos de ellos en manos de los narcotraficantes que reinan sobre todo gracias a la estupidez de la prohibición. Habrán, por supuesto, los que nunca le perdonarán al Pelusa que se gambeteara su propio destino que igual lo aruñó a la salida con su garra de hierro. Tal vez esto ayude a comprender un poco, más que a explicar, por qué un hondureño, que no lo conoció ni lo vio jugar, sintió que «se le había ido un pariente» [4]. Sin embargo, en rigor, Maradona no es ni será nunca un símbolo, porque como bien dijera Jacques Derrida, no se puede hacer un símbolo de un ser humano, sencillamente porque es irrepetible e incomparable.

 

Imagen principal tomada de Futbol Centroamérica (https://futbolcentroamerica.com/noticias/Diego-Maradona-habra-minuto-de-silencio-en-ligas-de-Costa-Rica–El-Salvador–Guatemala–Honduras–Nicaragua–Panama-por-la-muerte-del-exfutbolista-20201127-0010.html)

Publicado en https://gazeta.gt/un-gigante-que-se-fue-sin-decir-adios/ y compartido con SURCOS por el autor.

Programa Voces y Política: conversando con el Dr. Gustavo Gutiérrez Espeleta, rector electo UCR

Escrito en . Publicado en Análisis, Comunidad.

Hoy 02 de diciembre a las 5:00 pm el programa Voces y Política de Radioemisoras Universidad de Costa Rica (UCR) contará con la participación del rector electo de la UCR, Gustavo Gutiérrez Espeleta, quien es investigador investigador en temas de genética molecular y ciencias naturales, además exdirector de la Escuela de Biología. 

Puede sintonizar el programa en Radio Universidad 96.7 FM.

Un acto de sensatez, con impacto global

Escrito en . Publicado en Análisis, Coyuntura.

Armando Vargas Araya, Embajador de Costa Rica en Australia

Palabras en la actividad «Adiós a las armas. Países sin ejército permanente.  Seminario web en ocasión del 72 aniversario de la abolición del ejército en Costa Rica», Centro Nacional Australiano de Estudios Latinoamericanos, Universidad Nacional de Australia, Canberra, 1.° de diciembre de 2020.

El historial de 72 años sin un ejército permanente en Costa Rica, demuestra de manera fehaciente que es posible y positivo organizar un Estado sobre los principios de la confianza mutua, la paz y la no violencia. Aún más, es prueba coherente de que los estamentos militares, el dispendio en armamentismo y las guerras de agresión son incompatibles con la construcción de una cultura de paz. Las naciones pueden gozar de seguridad interna y defensa externa garantizadas por las instituciones de la democracia, el imperio del derecho internacional y los organismos multilaterales. La decisión de abolir el ejército es un acto de sensatez, de enaltecimiento civilizador y una apuesta al sentido común de cooperación humana.       

Al traspasar el cuartel Bella Vista al Ministerio de Educación para el Museo Nacional, el estadista José Figueres dijo el 1.° de diciembre de 1948: «Somos sostenedores del ideal de un nuevo mundo en América. A esa patria de Washington, Lincoln, Bolívar y Martí, queremos hoy decirle: ¡Oh, América! Otros pueblos te ofrendan sus grandezas. La pequeña Costa Rica desea ofrecerte su amor a la civilidad, a la democracia».

Ese día luminoso se hicieron realidad ideales largamente anhelados. Cuatro años después de lograr la independencia de Imperio Colonial Español, el primer Jefe de Estado Juan Mora Fernández advertía en 1825: «La fuerza pública –que en otros Estados es un elemento indispensable del Gobierno– a veces ha sido un instrumento ominoso de tiranía, una fuente oscura de anarquía y desorden, o una plaga que ha devorado a los hombres y sus propiedades. Nuestro Estado se apoya en el libre consentimiento de sus hijos. Nuestra milicia está compuesta de ciudadanos honestos, labradores pacíficos, artesanos y trabajadores dedicados honesta y constantemente a sus tareas particulares… quienes no tienen otra aspiración que cumplir con sus deberes domésticos y defender al Estado cuando la autoridad los llame». Y en 1891, el dirigente del liberalismo radical Félix Arcadio Montero propuso: «No habrá ejército permanente, cuando reina la paz. Para mantener el orden y velar por la seguridad y tranquilidad de los ciudadanos, se establece la institución de la policía».

Aquel pueblo rural de 825 000 habitantes, auténtica república del café cultivado sobre las empinadas serranías del centro del país –donde la frecuencia de los obstáculos obliga a no apartar los ojos del camino y a mantener el pie siempre firme–, escogió el derrotero del trabajo y la paz. Así se hizo realidad la definición del historiador francés Fernand Braudel: «La montaña es el refugio de las libertades, de las democracias y de las ‹repúblicas› campesinas›.»

He aquí cinco, entre muchos, beneficios producto de la abolición del ejército. 

– Mayor inversión de recursos económicos en programas educativos y sociales: 7,4 % del PIB en educación, 7,36 % en salud pública, expectativa de vida de 80,4 años. 

– Una cultura civilista y pacifista, que se transmite a todos los aspectos de la vida cotidiana: 11,2 homicidios por 100.000 habitantes (2019), comparado con 25,9 en Centroamérica. 

– Reconocimiento mundial como nación libre, democrática y pacífica: dos invasiones armadas externas repelidas, sin restablecer el ejército. En la crisis centroamericana de seguridad de los años 80, se logró resistir presiones hegemónicas para restaurar el ejército. 

– Estabilidad institucional y política: desde 1948 se han registrado 71 golpes de Estado en Latinoamérica, ninguno en Costa Rica. Dieciocho elecciones presidenciales consecutivas y contando. 

– Atracción de inversión extranjera directa: US$ 2.764 billones (2018), octavo mayor receptor de IED en Latinoamérica.

La abolición del ejército no fue un hecho aislado sino la consecuencia de una trayectoria nacional. Y por ello mismo, un proceso dinámico que requiere ajustarse a las condiciones cambiantes. Desafíos tales como el aumento del nivel de los océanos por el cambio climático, las amenazas a la salud pública por pandemias virales, la explotación de nuestras riquezas marinas por flotas foráneas, la destrucción indiscriminada de la biodiversidad, el terrorismo y el crimen concomitante (ataques cibernéticos), el debilitamiento del multilateralismo y nuevas formas sutiles de hegemonía. Definir y actualizar una Doctrina Nacional de Seguridad y Defensa es tarea compleja pues no hay ejemplos a emular. La desmilitarización no es un lecho de rosas.

La trayectoria de Costa Rica prosigue con el desarrollo de instituciones jurídicas y derechos humanos vinculados a la paz. En las cuatro décadas más recientes, la república se comprometió legalmente ante la comunidad internacional a cumplir una neutralidad estricta, amplió los derechos fundamentales para incluir el derecho a la paz garantizado a cada habitante, prohibió la fabricación e importación de armamentos de guerra, decidió educar a las nuevas generaciones en una cultura de paz y confianza mutua, acogió la sede de la Universidad para la Paz. En foros multilaterales ha promovido iniciativas como el Tratado sobre Comercio de Armas, el Plan Centroamericano de Paz o el Tratado sobre la Prohibición de Armas Nucleares. Con razón, la candidatura presentada por académicos y parlamentarios escandinavos durante cinco años consecutivos prosperó, cuando al Pueblo de Costa Rica le fue otorgado el Premio Nobel de la Paz 1987.

Estos 23 Estados miembros de la Organización de las Naciones Unidas no tienen ejército permanente: el Principado de Andorra, la República de Costa Rica, la Mancomunidad de Dominica, Granada, la República de Haití, Islandia, la República de Kiribati, el Principado de Liechtenstein, la República de las Islas Marshall, la República de  Mauricio, los Estados Federados de Micronesia, el Principado de Mónaco, la República de Nauru, la República de Palaos, La República de Panamá, el Estado Independiente de Samoa, la República de San Marino, las Islas Salomón, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Tuvalu, la República de Vanuatu y la Ciudad Estado del Vaticano. Quizá la hora sea llegada de reunir a estas naciones con objetivos como dar voz a posiciones contra la carrera armamentista y la guerra, fomentar el desarrollo de una cultura de paz y confianza mutua, promover estudios académicos e investigaciones comparativas sobre seguridad y defensa en países sin ejército permanente, compartir su experiencia con otros pueblos que opten por la misma vía pacífica, reconocer con un premio anual a quien se distinga en sus luchas por la paz y la comprensión mutua. La Grecia Clásica y la Federación Helvética han orientado los derroteros de la humanidad, como en el futuro podrían hacerlo también estas naciones ubicadas en el mar Caribe, Centroamérica, Europa, los océanos Índico y Pacífico.

Un filósofo mediterráneo adelantó: «Si la humanidad escribe el futuro, no con sangre, sino con el espíritu, Costa Rica, vaticino, contribuirá de manera valiosa al reencuentro, racional y razonable, de los hombres». Nuestra convicción es que, en el espacio de las ideas y la perspectiva de las iniciativas constructivas, no hay países grandes, medianos o pequeños: todos los Estados somos iguales. La guerra y la paz nos afectan a todos por igual. Benditos sean los hacedores de la paz.

Imagen ilustrativa, tomada de la BBC Mundo

Encíclica “Hermanos todos”: Palabras justas y potentes del Papa Francisco

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Luis Fernando Astorga Gatjens,
luferag@gmail.com

El 3 de octubre del año en curso, el Papa Francisco dio a conocer su tercera encíclica bajo el título: “Hermanos todos” (“Fratelli Tutti”). Se trata de una bocanada de aire fresco en estos difíciles tiempos que corren en nuestro país y en todo el mundo.

Como lo indica el Papa en su esclarecedora encíclica, “cuando estaba redactando esta carta, irrumpió de manera inesperada la pandemia de Covid-19 que dejó al descubierto nuestras falsas seguridades”. Nunca antes en tiempo cercanos, la humanidad se ha mostrado tan frágil, en ofrecer una respuesta unificada, basada en la colaboración. “Más allá de las diversas respuestas que dieron los distintos países, se evidenció la incapacidad de actuar conjuntamente. A pesar de estar hiperconectados, existía una fragmentación que volvía más difícil resolver los problemas que nos afectan a todos”, diagnosticó el Pontífice latinoamericano. El individualismo le ha estado ganando la partida al esfuerzo solidario.

En varios de los 287 numerales que componen el documento, el Papa Francisco critica las políticas neo-liberales, que han posibilitado la concentración de la riqueza en pocas manos al mismo tiempo que mayorías se empobrecen y se hacen más amplias las desigualdades sociales. “El mercado solo no resuelve todo, aunque otra vez nos quieran hacer creer este dogma de fe neoliberal. Se trata de un pensamiento pobre, repetitivo, que propone siempre las mismas recetas frente a cualquier desafío que se presente”, advierte sabiamente el Papa.

Esta idea que venía preconizando el Papa antes de la pandemia, ha cobrado mayor sentido en estos días de grave emergencia sanitaria. Las políticas neo-liberales destruyeron completamente o debilitaron los sistemas de salud pública en muchos países. Y ahora ante la emergencia, esos países han contado con bases más débiles para enfrentar la devastadora epidemia universal.

Si en Costa Rica, se hubiesen impuesto este tipo de políticas en el campo de la salud, la Caja se hubiera convertido en una institución menor, en peligro de extinción, mientras tanto hubieran ganado protagonismo empresas privadas vendedoras de seguros, convirtiendo la salud no en un derecho para todas y todos sino en un artículo meramente lucrativo. Independientemente de las políticas adecuadas o erradas del Gobierno para la atención de la pandemia, el contar con la Caja es clave para salir adelante en el horizonte de incertidumbre que tenemos por delante y una vez que sea superada la emergencia sanitaria.

La encíclica exhorta a los gobiernos y a los gobernantes a impulsar políticas y acciones, basadas en la fraternidad y la hermandad. Sólo juntos podemos salir adelante como pueblos, es el mensaje del Papa. Lo que dice esta voz sabia, potente y sensata, ante la grave crsis que enfrenta el país, debe ser tomado en cuenta por el Ejecutivo, por las y los diputados, y por el sector empresarial, particularmente, por aquellos empresarios que han venido eludiendo y evadiendo el pago de impuestos.

Es seguro que, si hubieran pagado con rigor y puntualidad, el país no estaría obligado a acudir a préstamos como los que se le han solicitado el FMI. El Gobierno y el Ministerio de Hacienda deben echar mano a la lo que dice la ley y aplicar acciones para erradicar estas prácticas evasivas y elusivas. Por su parte, la Asamblea Legislativa debe analizar a fondo este tema, para determinar si las herramientas legales existentes deben mejorar para erradicar la evasión y la elusión fiscal; más allá de la falta de voluntad que ha prevalecido en diferentes administraciones, para atender el problema.

Un gobierno que no ha hecho lo que debe para obligar al pago de impuestos existentes, propone nuevos tributos en el marco de negociación de los préstamos con el FMI. Mientras tanto, empresarios que eluden y evaden su pago, levantan la voz exigiendo no más impuestos y pretenden seguir imponiendo sus ideas neo-liberales de reducir al máximo el Estado, aunque eso signifique la desaparición o debilitamiento de programas sociales que hoy, con la pandemia, son más necesarios que nunca antes.

Realmente, para que los países puedan impulsar su desarrollo se requiere el contar con impuestos que se paguen dentro de un esquema de justicia tributaria, progresiva y justa, que tanto las personas como empresas, paguen en arreglo a sus ingresos reales, de manera transparente y eficiente. Se trata de políticas que aseguren la redistribución de la riqueza como un componente clave para la estabilidad y la paz social del país.

“El bien, como también el amor, la justicia y la solidaridad, no se alcanzan de una vez para siempre; han de ser conquistados cada día”, es un oportuno y atinado consejo de la encíclica papal, en estos días donde el pesimismo doblega a la esperanza, donde el egoísmo somete a la fraternidad.

Los 71 años de la abolición del ejército y la seguridad geopolítica

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Miguel Sobrado

Se requiere una reflexión oportuna y necesaria sobre el 71 aniversario de la abolición del ejército.

¿Cómo es que Costa Rica ha podido sobrevivir, sin ejército, como nación independiente en una región del mundo estratégica? No existe un solo factor que lo explique, algunos son de orden interno producto de la cultura y del ordenamiento político, pero quizás el más importante ha sido que, siguiendo una vieja tradición desde la independencia, hemos apostado más, que, por las armas, por las alianzas regionales y el derecho internacional.

La guerra contra los filibusteros esclavistas de los Estados Unidos, en 1856, que nos permitió detenerlos, primero de Nicaragua y posteriormente, conjuntamente con los otros países centroamericanos, expulsarlos de la región, se dio gracias a las alianzas, respaldo latinoamericano, y venta de los fusiles más modernos de entonces por parte de Inglaterra, entonces potencia dominante, que veía con preocupación la expansión norteamericana en la región.

La educación gratuita y obligatoria 1869 fortaleció la construcción de un proyecto nacional alrededor del café y el ferrocarril al Caribe, estimulando en el último tercio del siglo XIX el crecimiento nacional más allá que el de los mismos Estados Unidos.

Mientras la educación crecía, se disminuía paulatinamente la importancia del ejército y aumentaba el peso de la organización de los educadores. En 1919 la huelga de los maestros desencadena un movimiento que termina tumbando la cruel dictadura de los Tinoco, asentada sobre el poder militar. En 1948 después de la guerra civil, se decreta constitucionalmente su abolición.

Los recursos que antes se gastaban en el ejército pasan a engrosar la educación y un nuevo proyecto nacional de diversificación agrícola, crédito rural, electrificación e industrialización.

En las décadas posteriores las amenazas para el país, de las dictaduras regionales, son sorteadas a través de una diplomacia de alianzas y el derecho internacional. El momento más peligroso lo afrontamos en la década de los 80s del siglo XX, con la posibilidad de una intervención norteamericana para involucrarnos en la guerra que se libraba entonces en Centro América. De nuevo la diplomacia, impulsada por Figueres Ferrer y Manuel Mora ante las potencias y sus aliados, que supo aprovechar el presidente Arias, para impulsar el Plan de Paz regional, lograron lo que el mejor de los ejércitos de un país pequeño podría haber hecho.

Hoy en día la región afronta un nuevo peligro derivado de su posición estratégica ubicada entre Colombia y México, por donde fluye el tráfico terrestre de drogas especialmente en las pobres regiones costeras y fronterizas.

Centro América y nuestro país, se encuentran bajo el embate de una fuerza económica, organizativa y criminal, de grandes proporciones, que está tomando y consolidando paulatinamente pero continuamente, posiciones, que amenazan la estabilidad de la región. No es casualidad que al triángulo del norte de Centroamérica se le llame estados fallidos y que anualmente más de medio millón de su población, escape masivamente del terror y la desesperanza.

Ante este panorama nos encontramos en un momento de crisis acumulada, con amplios sectores excluidos y lo que es peor sin un proyecto nacional que tense el arco creativo y sea capaz de integrar el haz de voluntades nacional y regional, como lo hicimos en el pasado. Aunque disponemos de un gran capital humano y empresarios innovadores en los campos y en la nueva tecnología, nuestra clase política se encuentra capturada por un capitalismo de amiguetes y nuestro estado manejado por administradores sin visión ni proyecto. Ambos grupos que se pueden definir como patrimonialistas ven solo el beneficio propio y conducen nuestro estado hacia un precipicio.

Nuestra diplomacia debe recuperar la visión geopolítica. Dejar de cohonestar en los organismos internacionales golpes de estado como los de Honduras y Paraguay y peor aún haber propiciado el golpe de estado en Bolivia en 2019. Nuestra seguridad depende de la solidez del derecho internacional, su erosión nos debilita.

Es fundamental colocar a Costa Rica primero y aprovechar para nuestro beneficio, el proyecto chino para construir una zona económica especial en Limón, San Carlos y Puntarenas, regiones en deterioro y creciente violencia. Este proyecto que debería haberse iniciado en 2015 se ha dejado en el congelador para satisfacer los temores de Mike Pompeo y Trump.

Debemos aprovechar nuestra posición geopolítica ahora que los chinos tienen interés en construir la ruta de la seda hacia el norte del continente y un liderazgo activo comprometido con la autonomía de los pueblos en escala internacional.

Nuestro país no necesita un ejército, pero sí una policía muy profesional y sobre todo una nueva institucionalidad, orientada por un proyecto país que promueva la inclusión social y frene la erosión del tejido social. En ese deterioro radica el peligro.

Referencia:

Sobrado, (2020) Los 71 años de la abolición del ejército y la seguridad geopolítica. [Página de Facebook]. Facebook. Recuperado el 01 de diciembre de 2020 de https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10223866488712897&id=1316074863&sfnsn=mo

Negación y autoritarismo en la Costa Rica sin ejército

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Osvaldo Durán Castro
Sociólogo. Profesor ITCR

La historia oficial de Costa Rica esconde o minimiza hechos despóticos, autoritarios y violentos, como la ilegalización de partidos políticos y sindicatos, asesinatos políticos, persecución, exilios, intimidaciones, decretos contra la clase trabajadora, entre otros. Muchas de esas prácticas se dieron en el contexto de la abolición del ejército, pero podemos decir que son parte de la historia actual por la falta de justicia e impunidad en muertes como los de Jaime Bustamante, María Del Mar Cordero y Oscar Fallas ocurrido el 7 de diciembre de 1994, David Maradiaga, el 14 de julio de 1995, Sergio Rojas Ortiz el 18 de marzo de 2019, Jerhy Rivera Rivera el 24 de febrero 2020 (cuyo caso sigue abierto), e incluso los asesinatos de Antonio Saldaña/Blu (Rey indígena) el 3 enero 1910 y de Pa-Blu Presberu el 4 julio 1710, pues todos responden a formas de violencia no reconocidas, no juzgadas y no castigadas.

Si bien no tener ejército es un gran mérito, hace falta recuperar la memoria no oficial y completa de Costa Rica para comprender el período histórico en el cual se produce la abolición del ejército. Es necesario desmitificar la historia oficial y algunos hechos en particular como lo ocurrido con el ejército, que fuera de contexto y en su versión oficial, es únicamente un “acto heroico” de Figueres Ferrer. Pero si ampliamos la visión con algunos decretos y acciones de la Junta Fundadora de la Segunda República, antes y después del 1 de diciembre de 1948, aparecen acontecimientos sobresalientes de los que se habla sólo “de pasada”, o se niegan deliberadamente.

Antes de la abolición del ejército se produjeron hechos de autoritarismo como la ilegalización del Partido Comunista consumada el 7 de julio de 1948, argumentando que ésa era una organización que atentaba “contra el régimen democrático”, según decía el Decreto firmado por José Figueres Ferrer. El mismo Figueres en el libro “El espíritu del 48” (1987. 308) indicó que “la proscripción estaba evidentemente dirigida contra cualquier agrupación comunista, llevara o no esa connotación. Estaba dirigida directamente contra el Partido Vanguardia Popular”. El Secretario general de Partido Comunista, Manuel Mora Valverde señaló que “se habían comprometido a no ilegalizarnos”, pero, “nos ilegalizaron para que el Departamento de Estado (de los Estados Unidos) les permitiera mantenerse en el poder” (Discursos. 1980, p. 407).

También se decretó la ilegalización de los sindicatos iniciando por la beligerante Confederación General de Trabajadores de Costa Rica. Sesenta sindicatos fueron forzosamente aniquilados con lo que se desarticuló la organización social que históricamente, desde finales del siglo anterior, había gestado la creación de las garantías sociales de los años cuarentas, tras décadas de luchas ejemplares. A las ilegalizaciones se sumaron el exilio de dirigentes comunistas y sindicalistas, el encarcelamiento, la tortura, la persecución y la intimidación de muchísimas personas (prácticas asociadas por el grueso de la población costarricense con otros países, pero nunca con Costa Rica).

Otros decretos de la Junta que revelan su cariz autoritario fueron los del 11 y 19 de mayo. El primero, número 7, dispuso “la remoción de los empleados públicos sin derechos a sus prestaciones legales y preaviso y cesantía. Además, se autoriza a las empresas particulares para despedir de sus puestos a aquellos empleados que consideran peligrosos”. El otro decreto creó el Tribunal de Sanciones Inmediatas para “…juzgar los hechos delictuosos cometidos por funcionarios públicos particularmente de 1940 a 1948. Los fallos de ese Tribunal no podían se apelados de ninguna forma”. Además, el 2 de junio de 1948, se crea el Tribunal de Probidad y la Oficina de Propiedad Intervenida, como explica el historiador Óscar Aguilar Bulgarelli en su libro Costa Rica y sus hechos políticos de 1948.

Otro de los hechos que marca la historia del país desde el autoritarismo, es el asesinato del Codo del Diablo perpetrado el 19 de diciembre de 1948, en el que pierden la vida los dirigentes comunistas Tobías Vaglio, Octavio Sáenz, Lucio Ibarra y Federico Picado. Con ellos fueron asesinados Narciso Sotomayor y Álvaro Aguilar. Dado que Picado era diputado electo por la provincia de Limón, este fue un magnicidio político. Ese crimen fue una ejecución sumaria planificada y ejecutada durante el gobierno de facto de Figueres Ferrer, que había sido instalado por medios militares y que ejercía con poderes ilimitados.

Casi como premonición de lo que le ocurriría a los militantes comunistas asesinados, algunas narraciones de subalternos de José Figueres Ferrer dan cuenta de que cuando a éste se le presentaron prisioneros se mostraba molesto. Según narra Manuel Solís Avendaño en su libro La institucionalidad ajena. Los años cuarenta y el fin de siglo (2006), Figueres decía que: “no debían crearme ese problema de prisioneros en el futuro, lo que deben hacer es no traer prisioneros, pues al enemigo hay que liquidarlo. Increpado por esta respuesta respondió que si se portaba blando perdería el respeto de los “muchachos”, los cuales de todas maneras matarían a los prisioneros”.

La trama política de esos años incluía la injerencia directa del gobierno de los Estados Unidos en los asuntos internos de Costa Rica. Mercedes Muñoz en su investigación Los problemas de seguridad del Estado costarricense 1940-1948 (1989, p. 102) expone que “…el embajador costarricense en Washington, en una entrevista con Tapley Bennet, Director de la Oficina de Centroamérica y Panamá del Departamento de Estado, reconoció el peligro marxista en Costa Rica y la influencia perniciosa del Partido Comunista para el Gobierno”.

La línea anticomunista para América Latina definida y promovida por los Estados Unidos, fue seguida puntillosamente por los integrantes de la Junta Fundadora de la Segunda República desde antes de que tomaran militarmente el poder por medio de “una Junta de Gobierno con poderes ilimitados” como indica Figueres Ferrer. Pero además, el anticomunismo había sido también un componente del ideario político del Gobierno de Teodoro Picado. El mismo Partido Republicano, durante el gobierno de Calderón Guardia, había firmado en julio de 1941, un acuerdo de cooperación militar con los Estados Unidos, lo cual no resultaba extraño en el contexto regional, ya que “en Centroamérica en la década de los 30’s, la consigna contraria al comunismo, impulsada desde el Departamento de Estado, organizó cambios sustanciales en el papel que debían cumplir las fuerzas de seguridad como en los requisitos que debían reunir los integrantes de éstas”, según explica Mercedes Muñoz (1989, p. 97). El documental “El Codo del Diablo” de Ernesto y Antonio Jara Vargas, reproduce un discurso de Gonzalo Facio Segreda, Ministro de economía y hacienda de la Junta, en el que éste resume su visión política, totalmente congruente con la línea anticomunista del Departamento de Estado de los Estados Unidos y de Figueres Ferrer que ya mencionamos. Facio dice que “asumimos poder después de haber ganado la primera lucha armada que se da en el continente contra el comunismo”. Para ese tiempo estaba recién creado el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, TIAR, que en la práctica aseguraba la cesión de la soberanía de los países de América Latina a los Estados Unidos. Tanto Figueres como Facio se alineaban para asegurarse la confianza de aquel país.

El autoritarismo implicó el exterminio de personas por medio del asesinato y generó además, como dijimos, exilio, encarcelamiento, persecución, intimidación, entre otras prácticas. Como justamente expone Manuel Rojas Bolaños en su libro Lucha Social y Guerra Civil en Costa Rica 1940-1948, “la izquierda comunista quedó prácticamente fuera del juego político hasta los años setenta, por prohibiciones establecidas constitucionalmente” (1990, p. 27). En cualquier otro país, los asesinatos del Codo del diablo, la ilegalización de organizaciones sociales, los decretos contra la clase trabajadora y las demás acciones de represión política, se hubieran reconocido como actos propios de un gobierno dictatorial; pero no ha sido así en Costa Rica.

El discurso oficial y el imaginario político, a través de libros, discursos y la reproducción que hacen del mismo personas, instituciones y organizaciones, siguen resumiendo la historia de la guerra civil de 1948 como un acontecimiento de “defensa del sistema electoral”, lo que ha permitido construir un imaginario de sociedad irrestrictamente democrática, pulcra e idílicamente pacífica en la que los enfrentamientos sociales, incluidos asesinatos políticos, se desdibujan, tergiversan, minimizan, o simplemente se ocultan.

Dado que la versión oficial además nos presenta la historia como la acción de caudillos y héroes, uno de los cuales es sin duda José Figueres Ferrer, es indispensable releer todo lo divulgado por el discurso oficial y enseñado en la academia, desde la escuela hasta la universidad. Alfonso González Ortega y Manuel Solís Avendaño en su libro Entre el desarraigo y el despojo argumentan que “Hoy sabemos, aunque no lo incorporemos a la representación que tenemos de nuestra historia, que Figueres Ferrer no fue el principal artífice de la abolición del ejército y que originalmente esta proscripción estuvo más inspirada en detener sus aventuras militares, en medio de una lucha entre los grupos representados en la llamada Junta Fundadora de la Segunda República, menos en la creación deliberada de una cultura de paz. Algo semejante ocurre con la nacionalización de la banca” (2001, p. 170).

Otra vertiente de la historia que la historia oficial y el discurso del poder han pasado de lado o han ocultado, es la corrupción como práctica común. Uno de los ejemplos notables de manejo arbitrario de la Hacienda Pública fue que “en esos momentos (durante el gobierno de la Junta de Figueres Ferrer), una parte de los recursos del gobierno se destinaba a pagos privados, y al mismo Figueres”. Explica el sociólogo Manuel Solís Avendaño que “el Decreto 251 del 12 de noviembre de 1948 autorizó un pago de 2.734.443 colones a Figueres, por concepto de propiedades destruidas. La suma equivalía casi al cincuenta por ciento de los seis millones asignados originalmente para cubrir ese rubro. Allí estaba, en germen, una característica de la nueva institucionalidad”.

Como resumen de estas líneas, podemos decir que la abolición del ejército sólo fue posible después de “limpiar la mesa”, tras la ilegalización del Partido comunista y de 60 sindicatos de la Confederación General de Trabajadores de Costa Rica, y las demás prácticas despóticas y represivas de la denominada Junta Fundadora de la Segunda República. Con esto se eliminaron las entidades con capacidad militar y socialmente organizadas para retar el nuevo bloque de poder. En otras palabras, ya no había oposición socialmente articulada y la Junta ejercía poderes ilimitados sin enemigos contundentes. Tenía el control centralizado y aplicaba represión directa contra cualquier oposición posible.

En esas condiciones la abolición de cuerpo armado era viable tanto por condiciones creadas a lo interno del país, como por ajuste o acomodo de la Junta de Gobierno a la política exterior de los Estados Unidos.

El Acuerdo de Escazú: a propósito de recientes comunicados en contra de su aprobación

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Nicolas Boeglin, Profesor de Derecho Internacional Público en la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica (UCR)

En días recientes, varias cámaras empresariales costarricenses han circulado cartas dirigidas a integrantes de la Asamblea Legislativa de Costa Rica, presentando una serie de argumentos jurídicos en contra de la aprobación del Acuerdo de Escazú.

Como bien es sabido este último es un tratado internacional, adoptado en marzo del 2018 bajo los auspicios de la Comisión Económica para América Latina de Naciones Unidas (CEPAL), y cuyo nombre completo es: «Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe«.

Breve puesta en contexto

Desde el 26 de setiembre del 2018, este tratado regional, adoptado en Costa Rica en marzo del mismo año (véase texto completo de su versión oficial en español) está abierto oficialmente a la firma de 33 Estados (América Latina y el Caribe).

En la literatura especializada (Nota 1), se considera que fue una declaración conjunta del mes de julio del 2012 (véase texto completo) suscrita por Chile, Costa Rica, Ecuador, Jamaica, México, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay la que constituyó el punto inicial de un proceso que culminaría tan solo en marzo del 2018 en el cantón costarricense de Escazú, después de nueve largas rondas de negociaciones entre las 33 delegaciones oficiales.

En esta declaración conjunta, se puede leer que:

«Asimismo, reconocemos y subrayamos que los derechos de acceso a la información, participación y justicia en materia ambiental son esenciales para la promoción del desarrollo sostenible, de la democracia y de un medio ambiente sano, y aportan múltiples beneficios tales como: contribuir a tomar mejores decisiones y aplicarlas más eficazmente; involucrar al público respecto de los problemas ambientales; aportar a la rendición de cuentas y la transparencia en la gestión pública; y facilitar un cambio en los patrones de producción y consumo«.

Este grupo pionero de Estados, que impulsaron decididamente esta novedosa iniciativa en el 2012, no coincide con los primeros once Estados en ratificar este instrumento regional para que pueda entrar en vigor: siendo el caso de Chile el más estridente e inconsistente, al negarse oficialmente sus máximas autoridades (y ello hasta la fecha) a tan siquiera… firmar el Acuerdo de Escazú (Nota 2).

Las preocupaciones recientes externadas por el sector empresarial costarricense en breve

A diferencia de lo que dejan entender los recientes comunicados circulados por diversas cámaras empresariales costarricenses en contra de este tratado, el texto del Acuerdo de Escazú es extremadamente mesurado y ponderado de manera a garantizarle a cada Estado un margen de maniobra y cierta flexibilidad a la hora de implementar cada una de sus disposiciones. No es lo propio de este tratado en particular, sino que se inscribe dentro de una técnica convencional, encontrada en un sinnúmero de tratados multilaterales en materia ambiental y en otros ámbitos. Cabe recordar que al ser el resultado de nueve largas rondas de negociaciones entre los 33 Estados de América Latina y del Caribe realizadas entre el 2014 y el 2018, cada párrafo fue objeto de revisiones, enmiendas y modificaciones adicionales, en aras de consensuar una formulación que fuera la más aceptable posible para 33 delegaciones provenientes de realidades jurídicas, institucionales y políticas muy diversas.

En un comunicado inicial de la Cámara Nacional de Agricultores del 8 de octubre del 2020 dirigido a los jefes de fracción del Congreso costarricense (véase texto completo), se puede leer que:

“En conclusión, el Acuerdo de Escazú tiene un conjunto de falencias jurídicas, tanto convencionales, constitucionales como legales que al no ser subsanables por las eventuales reservas estatales, entrarían en vigencia de ser aprobado; lo anterior sin perjuicio de las antinomias generadas respecto de tratados de libre comercio“(sic.).

Por su parte la Cámara de Industrias de Costa Rica en una carta del 19 de noviembre pasado (véase texto completo) llega a conclusiones similares, segundada, por otra larga carta distinta, de 12 largas páginas, suscrita esta vez por la Unión de Cámaras (UCCAEP), y que concluye señalando lo siguiente:

“Señoras y señores diputados, cómo hemos podido expresar, existen suficientes reservas y preocupaciones en torno a este expediente legislativo, países como Chile, que fue uno de los países proponentes, notificó a la Cancillería ya que no procedería con su ratificación, ya que han identificado los mismos peligros que hemos podido confirmar en nuestro ejercicio de análisis. Adicionalmente, aprobar este instrumento en medio de una situación tan complicada como la que vive el país, más bien envía señales negativas y no procura generar un ambiente propicio para fomentar la inversión y dar seguridad jurídica “(sic.)

Estas repentinas objeciones, provenientes de estas tres entidades denotan algo raramente visto con relación al trámite de aprobación de un tratado internacional en Costa Rica: en efecto, no se tiene registro de una reacción similar en contra de un instrumento internacional en materia de ambiente o de derechos humanos que haya despertado tantas reacciones en su contra en Costa Rica en unas semanas. El calificativo usado de “repentinas” se explica en razón del hecho que durante la etapa inicial en la que la Asamblea Legislativa aprobó en primer debate por unanimidad este mismo texto, en febrero del 2020, no se había desatado semejante ofensiva en contra del Acuerdo de Escazú. Tratándose del mismo texto, con las mismas disposiciones, cuesta entender qué pueden haber descubierto de tan preocupante y amenazante las cámaras entre el mes de febrero y noviembre de un mismo año.

Desde el punto de vista más sustantivo, los supuestos argumentos de cada una de estas tres cámaras reaparecen bajo diversas formulaciones en cada una de los tres cartas precitadas, por lo que resultaría de sumo interés conocer el origen exacto que motivo la elaboración de cada una.

No pretendemos en este corto espacio responder las diversas razones aducidas, dado que prácticamente, en particular desde la perspectiva internacional, cada una conlleva revisar cuestiones muy básicas (cómo se negocia un tratado internacional, quién es el destinatario de las obligaciones que contiene, cómo se formulan sus disposiciones para – precisamente – evitar este tipo de cuestionamientos): desde el punto de visto jurídico y en particular de la técnica jurídica empleada en el Acuerdo de Escazú, un reciente foro realizado por el Colegio de Abogados de Costa Rica (véase video, y en particular la exposición del Profesor Mario Peña, minutos 38- 1:14) desmitifica el contenido del Acuerdo de Escazú, haciendo ver cuán infundadas son las supuestas razones legales esgrimidas por estas entidades que reagrupan a una parte de la cúpula empresarial costarricense. Remitimos también a su reciente artículo (véase texto completo) titulado precisamente “Desmitificando el Acuerdo de Escazú” publicado en el sitio jurídico de DerechoalDia.

Con relación al punto específico de la inversión de la carga de la prueba en materia ambiental que tanto pareciera preocupar a estas tres entidades (así como a una magistrada de la Sala Constitucional), un artículo del mismo especialista en derecho ambiental, de octubre del 2019, explica claramente que se trata de un principio que ha recibido acogida en la legislación y en la jurisprudencia de tribunales costarricenses desde hace ya muchos años, y que al parecer ignora la precitada magistrada de la Sala Constitucional (Nota 3).

A modo de conclusión

Desde varios meses, tanto en Chile, como en Colombia, en Perú y en Paraguay, la discusión con relación al Acuerdo de Escazú en sus respectivos congresos se ha polarizado debido a una verdadera campaña de desinformación, gestada desde diversos círculos políticos y empresariales, haciendo uso de una creatividad pocas veces observada para justificar la oposición a este acuerdo regional.

A modo de ejemplo, entre muchos, podemos remitir a este documento suscrito por altos mandos militares en Perú sobre la supuesta pérdida de soberanía en la Amazonía peruana (véase texto completo) o bien a este anuncio de cámaras paraguayas del sector agropecuario (véase texto completo) para que nuestros estimables lectores puedan apreciar mucho mejor el alcance de esta campaña de desinformación.

En el caso de Colombia, este artículo de El Espectador desmitifica los «mitos» sin mayor fundamento – como lo son muchos mitos – creados con respecto al alcance de este tratado regional. Recientemente, el talentoso equipo colombiano de La Pulla elaboró un video titulado “La nueva trampa que nos quieren hacer los congresistas“ (véase enlace), el cual responde precisamente a la gran cantidad de argumentos totalmente falaces en contra de este instrumento regional, desmenuzando de manera extremadamente ingeniosa muchos de los razonamientos oídos no solamente en Colombia: se trata de mitos escuchados en varios otros Estados del continente americano en contra del Acuerdo de Escazú, y que al parecer, cuentan ahora con adeptos en Costa Rica.

—Notas—-

Nota 1: Véase por ejemplo DE MIGUEL C., «Acuerdo de Escazú: pacto para la eco-nomía y democracia del siglo XXI«, in PRIEUR M., SOZZO G. y NAPOLI A. (Editores), Acuerdo de Escazú. Hacia la democracia ambiental en América Latina y el Caribe, Santa Fe, Universidad Nacional del Litoral (UNL), 2020, 330 páginas, pp. 20-34, p. 22 (el texto integral de esta reciente obra colectiva está disponible en este enlace).

Nota 2: De manera a poder apreciar el pronunciado giro operado por las autoridades chilenas con relación al Acuerdo de Escazú, se puede comparar el texto de la declaración conjunta suscrita por Chile y Costa Rica en el mes de junio del 2018 (véase texto completo colgado – hasta la fecha – en el sitio oficial de la diplomacia chilena) con un documento reciente circulado el mismo día en que el Presidente chileno ofrecía su discurso en la Asamblea General de Naciones Unidas el pasado 22 de setiembre del 2020 (véase texto completo de 12 páginas que viene sin sello oficial ni firma de los dos ministros al final del documento, … y que se supone es un documento oficial). El título de esta nota de la DW (Alemania) del 21 de setiembre del 2020 retrata bastante bien, en nuestra modesta opinión, el espectáculo raramente visto por parte de un Estado con relación a un tratado internacional: “Chile: el rechazo al Acuerdo de Escazú acaba con la aspiración de liderazgo ambiental”.

Nota 3: Véase PEÑA CHACÓN M., “Acuerdo de Escazú y la carga de la prueba ambiental en Costa Rica”, Portal del Sistema de Estudios de Posgrado (SEP), Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR), octubre del 2019, disponible en este enlace. Sobre la situación particular en la que se encuentra el Acuerdo de Escazú en Costa Rica, y la complicación que ha generado la Sala Constitucional en el trámite de aprobación de este tratado, véase la sección “La peculiar situación del Acuerdo de Escazú en Costa Rica” en nuestro breve análisis: BOEGLIN N., “La reciente aprobación del Acuerdo de Escazú por parte del Senado de México”, Portal de la Universidad de Costa Rica (UCR), Sección Voz Experta, edición del 17/11/2020, disponible en este enlace.

*Foto extraída de nota de prensa de la BBC, titulada “Los países en los que matan a más ambientalistas en el mundo y el terrible récord de América Latina”, 30 de julio del 2019.