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Cumbre de la Internacional Progresista: El destino de la humanidad está en grave riesgo

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Luis Fernando Astorga Gatjens,
luferag@gmail.com

Entre el 18 y 20 del presente mes de setiembre, se celebró la Primera Cumbre de la Internacional Progresista para debatir sobre la crisis que afecta a todo el planeta, las consecuencias previstas del colapso del capitalismo y para abrir caminos con el fin de “encontrar una opción progresista e internacionalista tanto a la globalización como al nacionalismo, y dar los pasos necesarios para lanzar plenamente la organización, que reúne a importantes intelectuales, diplomáticos, políticos y juristas de varios países”.

Se trató de un evento desarrollado de manera virtual orientado a formar un frente común tendiente a promover la unidad, la organización y movilización de las fuerzas progresistas para enfrentar y detener el avance de la derecha neo-liberal en el mundo.

La pandemia de la covid-19 ha puesto en evidencia los graves problemas que enfrentaban los países antes de que ésta apareciera y generara las múltiples crisis combinadas y que se retroalimentan recíprocamente. La devastadora crisis sanitaria ha provocado una crisis económica generalizada, una crisis social en pleno desarrollo, una crisis cultural de dimensiones todavía indeterminadas y, con seguridad, una serie de futuras crisis políticas que irán marcando la vida de muchos países y sociedades en los meses y años venideros.

Antes del 6 de marzo del año en curso, fecha en que se detectó la primera persona contagiada por el coronavirus en Costa Rica, la situación del país en las esferas económica y social no aparecía alentadora. El déficit fiscal emergía como una creciente amenaza, así como el incremento del desempleo. La tasa de desempleo para el primer trimestre de 2020 fue 12,5 %, según el INEC. Empero se preveía para este 2020, un crecimiento económico del 2,5 % (Banco Central, Banco Mundial). Sin embargo, una vez que la pandemia se hizo presente, esas cifras se hicieron añicos. Hoy, a más de seis meses que se declarara el estado de emergencia, el decrecimiento se pronostica en más de un 5 % (CEPAL, Banco Mundial, FMI) y el desempleo afecta a la cuarta parte de la población económica activa (PEA), el doble de la indicada por el INEC en el primer trimestre del año.

Desde su creación, el 30 de noviembre del 2018, la Internacional Progresista ha venido demostrando que las propuestas y recetas de carácter neo-liberal que han aplicado muchos gobiernos, han sido incapaces de ofrecer soluciones para las inmensas mayorías, para los pueblos. Todo lo contrario: La pobreza y la desigualdad han aumentado, al compás de una indignante concentración de la riqueza (y el poder político) en minorías elitistas.

Costa Rica no se ha escapado de estas políticas que han erosionado el Estado Social de Derecho en los últimos treinta y cuatro años. Antes de que el primer gobierno de Oscar Arias (1986-1990), iniciara el impulso de una fuerte agenda neo-liberal, el país gozaba de un avance sostenido en la reducción de la desigualdad social. Así quedaba patentizado en el Índice de Ginni. Los sucesivos gobiernos que, desde esa época hasta el presente, han venido aplicando ese guion neo-liberal hicieron que, año con año, la redistribución de la riqueza evolucionara negativamente hasta convertir a Costa Rica en el octavo país más desigual del mundo.

Así las cosas, cuando ya varios países han empezado a echar marcha atrás en políticas neo-liberales que sólo sirven a grupos minoritarios privilegiados, concentradores de la riqueza, en función de atender las devastadoras crisis, generadas y profundizadas por la pandemia, el gobierno de Carlos Alvarado Quesada persiste en mantener la fracasada propuesta neo-liberal.

Y lo más grave es que casi la totalidad de fracciones legislativas no se salen de ese guion. Las contradicciones con el Gobierno, no se manifiestan por la búsqueda creativa y constructiva de soluciones ante una crisis cuyo gravedad y horizonte (en el tiempo) se acrecientan, sino más por politiquería y cálculo electorero.

El país adolece en este duro presente de nuestros días de un liderazgo, tanto en el Ejecutivo como en el Legislativo, capaz de afrontar una crisis inédita y multi-dimensional que se hará mucho mayor mientras más se prolongue (como es previsible), la pandemia y las medidas restrictivas que vienen aparejadas con ella. En épocas tan aciagas como ésta, se requiere un liderazgo con mirada de Estado y no emerge por ningún lado.

De ahí el enorme valor de las ideas y propuestas que se han estado debatiendo en la Internacional Progresista, que abren una luz de esperanza para los pueblos y para el planeta, en este oscuro 2020, que nos ha tocado vivir.

(21 de setiembre, 2020)

No hay tiempo para grandes reformas electorales

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Vladimir de la Cruz

¿Necesitamos más o menos diputados? ¿Cómo elegir de otra manera los diputados? ¿Hay tiempo para hacer los cambios constitucionales o legales para implementar hacia las próximas elecciones del 2022? ¿Es caro aumentar el número de los diputados?

Estas y otras preguntas son frecuentes cuando se habla de estos cambios posibles y ¿necesarios?

La Asamblea Legislativa, como se le llama al Poder Legislativo, desde 1949, es dentro de conjunto de los Poderes Públicos, el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial, con su Corte Suprema de Justicia y el Poder Electoral, con el Tribunal Supremo de Elecciones, el más importante, en su rango, por la representatividad popular que en ella se expresa y por la función legislativa que tiene, de hacer las leyes, y porque en ella descansa, por ese motivo, la Soberanía Popular.

Por los orígenes históricos y fundamentos políticos filosóficos que justificaron la existencia de estos Poderes, en oposición a las ideas teocráticas que justificaban el poder de las monarquías, que hacían descansar su origen en una decisión divina, de Dios, son poderes totalmente laicos.

La integración de sus miembros, en el caso del Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo, es por elección popular, donde los ciudadanos depositan su poder, por delegación de su voluntad, en el gobernante y en los diputados.

En la teoría política clásica esta delegación de poder debe guardar armonía entre gobernante y gobernados, con capacidad de los gobernados para destituir al gobernante que se aparte de esa armonía convirtiéndose en un dictador, en un déspota, en un tirano o haga de su gobierno un ejercicio autoritario, opresivo, conculcador de libertades y derechos, en perjuicio de los ciudadanos.

Frente al próximo proceso electoral se han venido impulsando iniciativas, de distinto orden y escenarios, entre ellos la misma Asamblea Legislativa, con proyectos de ley para tratar de modificar la integración del número de diputados, aumentándolos.

Para avanzar en esa dirección hay que hacer cambios constitucionales y legales, para los cuales ya no hay tiempo para impulsarlos y aprobarlos de modo que empiecen a funcionar en el próximo proceso electoral, al menos en la forma que se quieren introducir.

La esencia de la discusión es si debe aumentarse el número de diputados. ¿Cuántos diputados debemos tener hoy? Antes de 1949 el Congreso tenía 47 diputados, número que se mantuvo hasta 1956, cuando los diputados aumentaron a 57, como funciona hoy la Asamblea Legislativa. Al hacerse esa reforma no se previó haberla hecho de manera que periódicamente, con base a estudios censales de crecimiento de la población, se hubiera ido aumentando el número de diputados de conformidad a ese crecimiento poblacional.

Así, antes de 1949, con una población que andaba alrededor de los 700.000 ciudadanos, los 47 diputados representaban, cada uno de ellos, a 15.000 habitantes. Cuando se elevó el número de diputados, a partir de 1956, a 57, con una población de un millón de habitantes, cada uno de los diputados representó, en ese momento a 17.500 habitantes. Hoy tenemos cinco millones de habitantes con los mismos 57 diputados, de forma tal que un diputado hoy representa a 87.800 ciudadanos.

Es lógico entender que un diputado. debe representar a un número de habitantes. Así se hace hoy para distribuir el número de diputados a elegir por las diferentes provincias. Por eso unas provincias eligen más diputados que otras, lo que puede alterarse cada diez años por el análisis censal de población, para determinar dónde debe aumentarse un diputado en una provincia y cual otra provincia lo pierde si ha reducido su población inscrita registralmente.

De este modo, si guardamos la relación de 1957 entre población y número de diputados la Asamblea Legislativa debería tener 285 diputados. Esta estrecha relación puede resultar válida para un mejor control directo de los diputados por parte de los ciudadanos. En una escala de más de 100 países con una población similar a la nuestra los países tienen parlamentos o Asambleas Legislativas que oscilan entre 180 y 220 diputados.

El nuevo edificio de la Asamblea Legislativa fue planeado para tener más de 100 diputados, debidamente instalados. Esto ha sido un acierto en perspectiva de hacia dónde debemos avanzar.

La otra discusión vinculada es cómo elegir. Aquí hay diferentes tesis. Una es aumentar el número de diputados al menos en una treintena más, hasta 87, que podrían elegirse de la forma como se hace ahora proporcionalmente por provincias. Otra es que esa treintena de diputados se elija en lista nacional paralela a las listas provinciales. En la Asamblea Legislativa hay un proyecto de ley para crear 40 distritos electorales, que elegirían un diputado cada uno y otro número de diputados que se elegiría por lista nacional hasta un número superior a los 80 diputados.

Ninguna de estas propuestas es válida para empezar a funcionar en las elecciones del 2022, porque requieren reformas constitucionales que hay tiempo de hacerlas. Esto quedaría para el 2026, siempre y cuando estas reformas se hagan entre el 2022 y el 2023.

Me parece que el Tribunal Supremo de Elecciones, en uso de sus facultades constitucionales y electorales, sí podría hacer una reforma electoral que produciría mejores efectos de distribución y de elección de diputados, sin alterar el número total de 57 diputados que hoy tenemos, y sin modificar el número de diputados que le corresponde a cada provincia.

El Tribunal Supremo de Elecciones bien podría dividir cada provincia en regiones internas, atendiendo número de habitantes y regiones para que el número de diputados de cada provincia se elija por micro regiones, sin hacer listas separadas de la lista provincial. Tan solo se determina que los primeros puestos son electos por una de estas micro regiones, y así sucesivamente con las regiones que se establezcan. De esta manera las provincias tendrían en la Asamblea Legislativa una mejor representación regional y de sus poblaciones. A modo de ejemplo, una Provincia como Guanacaste podría dividirse a este efecto en la región de los cantones de altura y los de bajura, la Provincia de San José en la parte central, en Pérez Zeledón con algunos otros cantones, y en la zona de los cantones de los Santos, la Provincia de Alajuela igual haría con los cantones de la zona económica del norte, los de la parte central de la Provincia y con los cantones del oeste.

Si el primero de enero, como debe estar programado por Tribunal Supremo de Elecciones, se anuncia y publica el calendario electoral desde esa fecha hasta los días que siguen al primer domingo de abril del 2022, en caso de que hubiere segunda ronda electoral, ya es muy difícil hacer reformas electorales profundas, que requieran modificaciones constitucionales.

Por eso la anterior propuesta puede ser válida. No requiere reforma constitucional alguna al mantener el número nacional de diputados y el número de diputados por provincia. Y, sin lugar a dudas mejoraría la representación provincial de diputados.

Perú y Guatemala: devoraron la honestidad

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

“Necesitamos una Nación
donde la corrupción
no sea una forma
consentida de gobernar”,
Javíer Díez Canseco.

Lic. José A. Amesty R.

En el transcurso de pocas semanas, han explotado dos naciones, una sudamericana y otra centroamericana, producto de los altos índices de corrupción, entre otras; en las altas, medias y bajas esferas de sus gobiernos, Perú y Guatemala. Lo irónico, es que sus presidentes, afirmaron alguna vez, en el caso de Alejandro Giammattei: “persigamos la maldita y asquerosa corrupción”; en el caso de Martín Vizcarra: “que se investigue todo, incluso aquellas denuncias que ya fueron archivadas”. Es obvio, que no pudieron, o se dejaron llevar por la descomposición social, política, económica, entre otras, aunque era su bandera política al llegar al gobierno. Echemos un vistazo a algunos datos, sobre la corrupción en estos dos países, aunque lo que da es vergüenza; sin extrañarnos, que haya nuevos casos prontamente, ya que al parecer los gobiernos de derecha en América Latina están echando aguas, y la corrupción los está engullendo. En el caso del presidente peruano Martín Vizcarra, fue destituido por el Congreso Nacional por “incapacidad moral permanente”, pero lo sarcástico es que ese Congreso Nacional, más de 60 de sus parlamentarios, tienen denuncias en la Fiscalía, algunos tienen sentencia probada, y están esperando la decisión del Congreso, para que se levante su inmunidad parlamentaria. Veamos que la moción de destitución del mandatario fue aprobada por 105 votos a favor, 19 en contra y cuatro abstenciones, superando ampliamente los 87 necesarios, al cierre de una sesión plenaria de casi ocho horas. Entre quienes votaron por sacar al presidente estuvieron los legisladores del Fujimorismo, con una larga historia vinculada a la corrupción, y que saborearon su venganza, contra el hombre que les hizo perder su mayoría en el Parlamento, y apoyó los procesos anticorrupción que llevaron a prisión a su jefa Keiko Fujimori.

También votaron su destitución legisladores del ultranacionalista, Unión por el Perú, cuyos principales parlamentarios están acusados de corrupción, y que es dirigido desde la cárcel por el ex militar Antauro Humala -hermano el expresidente Ollanta- en prisión desde 2004, por la muerte de cuatro policías, durante la toma de una comisaría en un frustrado intento de derrocar al expresidente Alejandro Toledo.

Asimismo, los legisladores de Podemos Perú, partido dirigido por un empresario que se ha hecho millonario con el negocio de universidades de baja calidad, y que fue detenido acusado de haber sobornado magistrados, para lograr la irregular inscripción de su partido, que responde a una secta evangélica.

Lo cierto es, que las denuncias de corrupción son un flagelo que ha afectado, al menos, a los últimos seis gobernantes peruanos: Alberto Fujimori, Alejandro Toledo, Ollanta Humala, el suicidado Alan García, Pedro Pablo Kuczynski, Martín Vizcarra; sin incluir los recientes Manuel Merino y Francisco Sagasti.

Lo cierto también es que, las entidades que conforman el Estado peruano, están, desde hace muchos años, en un proceso de degradación (de la clase dominante), que arrastra a toda la sociedad hacía su debacle e inviabilidad como país, cuya clase dirigente es incapaz de resolver, y quienes no se dan cuenta de este proceso de degradación social, que pone en jaque a todo su estrato social, pero que lastimosamente el pueblo peruano, aún herido por años de embrutecimiento, opresión y represión, sin dirección política alguna, no puede capitalizar a su favor, esta condición revolucionaria.

Un caso emblemático de corrupción en América Latina, y del cual no escapa Perú, son las denuncias, investigaciones y confesiones de ejecutivos del grupo empresarial Odebrecht, quien involucra a gobernantes, funcionarios y empresarios peruanos, ya que entre el 2005 y el 2014, efectuó sobornos por 29 millones de dólares, a cambio de los cuales obtuvo más de 143 millones de beneficio, fechas y cifras que figuran en un informe del Departamento de Justicia de EEUU, y que de acuerdo a las normas del país del norte, Odebrecht deberá pagar una multa de más de 3,5 mil millones de dólares, por haber entregado 788 millones de dólares, en sobornos para obtener contratos del sector público.

Algunos historiadores del Perú sitúan la corrupción desde una perspectiva ideológica de la corrupción (corrupción estructural), y cuya expresión mejor elaborada es: “ha robado, pero ha hecho obras”, refiriéndose a los mandatarios y funcionarios públicos peruanos.

En este sentido, la propia narración de la historia republicana peruana, a través de textos y no pocos tratados de historia, para la educación superior, ha contribuido con la ideología de la justificación del robo oficial, del soborno administrativo y de todo tipo de maniobras para apoderarse de millones del presupuesto nacional, en cada nivel gubernamental.

Claro, en las últimas décadas esta ideología, como percepción falseada de la realidad, se ha extendido y sofisticado en los procesos políticos electorales, desde las elecciones generales a la presidencia, hasta las regionales y municipales.

Hay, pues, entonces, según algunos historiadores, una corrupción de origen histórico, que ha ido conformado esa lacra ideológica de la corrupción. Pero la corrupción en el Perú no tiene solamente un origen histórico. Es la misma estructura económica y social imperante la que reproduce esa herencia histórica. El contenido patrimonialista del Estado, el carácter marcadamente privatizado de ese aparato de dominio de unas clases sobre otras dirige y promueve la tendencia a apropiarse de todo lo que sea posible en cuanto se asume una posición de poder.

Y en este sentido, para acabar con la corrupción, los cambios jurídicos no bastan, como lo propuso, en algún momento, el candidato a la presidencia Ollanta Humala, especialmente la no prescriptibilidad de los delitos de hurto en agravio del Estado, y la no aplicación de los privilegios penitenciarios a estos delincuentes de cuello y corbata.

Estas propuestas son importantes, pero insuficientes para terminar con el flagelo que corroe al viejo Estado peruano, que requiere una remoción total de su actual estructura económica y social.

Y qué decir de Guatemala y la corrupción. Iniciamos con un dato nada liviano, sucedido el año pasado, en relación a la descomposición de la sociedad guatemalteca.

Las autoridades de Guatemala impidieron el ingreso al país (2019) de un integrante, de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), el colombiano Yilen Osorio, esta Comisión Anticorrupción, patrocinada por la Organización de las Naciones Unidas ONU, está investigando a varios integrantes del gobierno, incluido el presidente, Jimmy Morales, y su hermano (Samuel Morales), que niegan todo tipo de acusaciones. Osorio dirige una investigación por presunta corrupción, en la que estarían involucrados entre otros también el vicepresidente del Congreso, Felipe Alejos.

Jimmy Morales, fue presidente de la República de Guatemala, entre el 14 de enero de 2016 y el 14 de enero de 2020, tras ser electo en las elecciones generales de 2015.

Por supuesto, activistas humanitarios y autoridades indígenas ancestrales, repudiaron la retención de Osorio, además una veintena de organizaciones y municipalidades indígenas, calificaron de “vergonzosa” esa decisión de retener al investigador colombiano.

La premio Nobel de la Paz de 1992, Rigoberta Menchú, pidió ayer a la comunidad internacional condenar la retención del investigador de la CICIG.

En los últimos 11 años, la Comisión individualizó numerosos casos de corrupción que involucraron a más de 600 personas en Guatemala.

En resumen, Jimmy Morales, es considerado como el peor presidente de la Guatemala “democrática”, deja un país desolado por la desigualdad, el empobrecimiento y el pacto de corruptos.

Le sucede, Alejandro Giammattei, quien, según opinadores, no implicará mayores cambios para Guatemala, más que el aumento del autoritarismo, la represión y la continuidad del “pacto de corruptos”.

Con un 57,95% del electorado guatemalteco, obtuvo la victoria presidencial Giammattei, en medio de unas elecciones caracterizadas por el intervencionismo, el lawfare y el porcentaje más alto de abstencionismo en la historia, el 61,41%.

Llega al gobierno guatemalteco, con acusaciones en torno, primero, a la intromisión de la Corte de Constitucionalidad para eliminar de la contienda electoral a Thelma Aldana y a Zury Ríos, lo que posibilitó el camino electoral para Giammattei y Sandra Torres, de la Unión Nacional de la Esperanza (UNE), y segundo, Alejandro Giammattei es conocido por la masacre en el Pavón en 2006. Fue director del Centro Penal cuando se llevaron a cabo una serie de asesinatos, los cuales serían demostrados por la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala CICIG, como parte de una política de limpieza social y mano dura.

Giammattei, durante la campaña electoral, se encontró rodeado por militares y por personas acusadas de corrupción. Además, en distintos momentos, Alejandro Giammattei alardeó sobre su tono autoritario y la mano dura es una de sus promesas de campaña.

Fue extraño, que, durante un viaje a Taiwán, los nombramientos de la rama securitaria, fueran hechos por los militares, sin su presencia.

A su vez, como si fuera poco, diversas carteras del Estado se encuentran en manos de ex asesores del Banco Mundial (BM) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Todo parece indicar que en Guatemala seguirá reinando el neoliberalismo blindado por el Ejército.

Una perla en su gestión es que se suma la impunidad como política de Estado, donde Jimmy Morales fue juramentado como parte del Parlamento Centroamericano (PARLACEN). Brindándole a Morales la inmunidad parlamentaria. De momento, por donde se vea, las expectativas sobre cambio en Guatemala son prácticamente nulas. Y ello es una mala noticia para quienes viven en Guatemala y en toda Centroamérica.

Finalmente, hemos conocido las últimas informaciones, que tras la aprobación del presupuesto neoliberal para 2021, manifestantes incendian el Congreso Nacional y exigen la renuncia del presidente Giammattei, cuyo presupuesto no prevé aumentos en las partidas de salud y educación, y tampoco en las destinadas a combatir la pobreza y la desnutrición infantil.

El presupuesto de casi 12.800 millones de dólares, un 25% más abultado que el de este año 2020. La mayoría de los fondos, están dirigidos a infraestructuras para beneficiar al sector privado.

El 60% de la población, de casi 17 millones de habitantes de Guatemala, la mayoría indígenas, vive en la pobreza y la desnutrición infantil afecta a casi el 50% de los niños menores de cinco años. Además, varias entidades económicas y analistas advierten que es un riesgo que un tercio del presupuesto sea financiado por deuda.

Asimismo, el Congreso había aprobado préstamos por más de 3.800 millones de dólares, para atender la pandemia, aunque solo se concedieron menos del 15% de esos recursos, que no se usaron en temas de salud.

Los manifestantes llenaron la plaza central, frente al antiguo palacio de gobierno en la capital, portando banderas azul y blanco del país, y pancartas con lemas como “No más corrupción”, “Fuera Giammattei” y “Se metieron con la generación equivocada”.

O nos unimos, o nos hundimos como país: tal es la disyuntiva ante la grave crisis actual

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Luis Fernando Astorga Gatjens
luferag@gmail.com

La Comisión Económica para América Latina (CEPAL), al analizar la situación económica actual y las perspectivas post-pandémicas (todavía no claramente dibujadas), señala un severo incremento de la pobreza, la pobreza extrema y la desigualdad en los países de la región latinoamericana y caribeña.

En este contexto de análisis y previsión del panorama económico y social, este prestigioso organismo de las Naciones Unidas, fija para Costa Rica una situación de significativo decrecimiento económico y de un preocupante aumento de la pobreza y la desigualdad social.

El decrecimiento del país que CEPAL (en coincidencia con el FMI), había estimado inicialmente en -3,3 %, en el más reciente reporte lo proyecta en -5,5 %. Todo hace prever que el golpe económico que sufrirá el país en este 2020, será mucho mayor de lo esperado. Valga indicar que estos números negativos podrían ser aún más negativos, si la pandemia y sus severos efectos, se prolongan por más tiempo de lo que se vaticina en el presente.

Por otra parte, el incremento de la desigualdad, la CEPAL lo valora entre un 3 y casi un 4 %. Es oportuno aquí recordar que el Coeficiente de Gini sirve para medir los niveles en la desigualdad en los ingresos en un país. Es decir, cómo se distribuyen los ingresos que se generan. Se trata de un valor numérico que va del 0 al 1. El cero representanta la perfecta igualdad en la distribución de los ingresos. Así las cosas, en la medida en que la cifra se acerca a cero, la igualdad es mayor y cuando, está más cerca de uno se da lo contrario.

Costa Rica en las últimas décadas ha venido perdiendo terreno en el Coeficiente de Gini, de manera sostenida. Lo cual es un reflejo del aumento de la desigualdad. Según el Banco Mundial, ocupa el poco honroso lugar noveno entre los más desiguales del mundo. Y si la proyección de la CEPAL se cumple, la desigualdad será mucho mayor. Éramos tantos y parió la abuela, como bien lo sintetiza este refrán popular.

Y lo que aparecen como números y datos estadísticos fríos se traduce en miles hogares costarricenses donde el hambre, se asomaría irremisiblemente a sus puertas. Se trata de un panorama desolador donde para muchas personas apenas habrá recursos para una dura supervivencia.

En el presente, ya se han empezado a generar múltiples brotes de reclamo social ante el Gobierno, por la falta de una respuesta clara y contundente ante el panorama económico y social, actual y futuro. La desesperación es una mala consejera que, si no se contiene, se puede desbordar y llevar al país al caos.

Hay también fundados reclamos de que la pesada carga que genera la crisis está muy mal distribuida. Hay sectores muy afectados por la crisis (trabajadores despedidos o a quienes se les redujo la jornada laboral; agricultores pequeños y medianos; medianos, pequeños y microempresarios; un sector importante de las y los trabajadores del sector público –particularmente, los de salarios más bajos–; trabajadores y trabajadoras informales; mujeres jefas de hogar; personas mayores; personas con discapacidad; entre otros), hay sectores que han salido hasta ahora casi indemnes e, incluso, hay otros que han obtenido ganancias en medio de la crisis. Estos últimos constituyen una pequeña minoría, pero muy poderosa, que no han contribuido pagando los impuestos que les corresponde, utilizado para ello diversos mecanismo de evasión y elusión fiscal, como bien lo señaló el exministro de Hacienda, Rodrigo Chaves Robles.

En las circunstancias actuales es urgente y necesario que todas y todos nos percatemos de que el país nunca antes ha enfrentado un desafío de dimensiones tan grandes. Si la situación económica, política y social era muy difícil antes de la pandemia, todo hace prever que la crisis que generan las obligadas medidas restrictivas ahondará la crisis.

Lo más complicado es que esta desafiante emergencia encuentra a un país con un débil liderazgo gubernamental y con una gran división producto de una atomización de intereses. Asimismo, hay agrupaciones políticas que no han medido con claridad los graves alcances de la pandemia y añoran una pronta vuelta a la normalidad anterior. Y eso no va a suceder. El mundo y el país ha de cambiar inevitablemente y todavía no están definidos los hilos de ese nuevo tejido de normalidad post-pandemia. Estas agrupaciones, en vez de formular propuestas con un sentido unitario y patriótico, están enmarañadas en lo que podrán obtener en las elecciones del 2022.

La desafiante tarea dirigida a evitar que la pobreza y la desigualdad nos desborden, así como el caos social y político, obliga a una imprescindible toma de consciencia inmediata y lúcida, y la renuncia coyuntural de los intereses particulares y de grupo, a favor de una acción unitaria, de un diálogo constructivo para buscar una solución nacional, viable y patriótica. Sólo de esta manera, podremos recuperar y tener un país, en el cual podamos celebrar el segundo centenario de su fundación.

O nos unimos, o nos hundimos como país: Tal es la disyuntiva ante la grave crisis actual. Y el tiempo corre en nuestra contra.

 

Enviado por el autor.

Aportes al pensamiento jurídico costarricense V

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

José Manuel Arroyo Gutiérrez

Con gusto les comparto el siguiente texto que es una combinación entre el prólogo que escribí a la obra y la presentación pública de esta biografía-homenaje a uno de los grandes juristas y maestros del derecho en nuestro país.

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Libro-Homenaje a don Ulises Odio Santos

Los pueblos que no recuerdan ni veneran la memoria de sus héroes, sus mártires o sus ciudadanos ejemplares, están condenados al extravío, al olvido, a la decadencia y finalmente a su extinción. Honrar las figuras que de muy distintas maneras han salvado la integridad de la Patria, han dado la vida por ella o la han ilustrado por medio de sus acciones en los campos que fuera, por el contrario, permiten sostener en el tiempo los méritos, lo mejor de la identidad de un conglomerado humano y permiten proyectar a futuro la herencia de un pasado valioso que tuvo brillo por la acción de hombres y mujeres extraordinarios. Por eso, llegar en este día a rendir un pequeño homenaje a un gran jurista y maestro como lo fue Ulises Odio Santos, persigue, aunque de manera modesta, cumplir con la obligación moral de recordarle a las nuevas generaciones quién fue y qué hizo este ilustrísimo ex presidente de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica. Pretendemos también perpetuar su memoria y su legado, para que se entienda que en el ejercicio del Derecho en esta nación, ha habido personalidades fuera de lo común, forjadas a fuerza de estudio, trabajo y excelencia, y que pertenecieron a una generación que les tocó forjar un Poder Judicial fuerte en una Costa Rica volcada sobre la búsqueda de la verdad, la justicia y la ley como instrumentos de paz social y democracia activa.

Resulta por esto importante referirnos a algunos de los antecedentes que explican la publicación de esta biografía-homenaje a la persona del jurista Odio Santos, ex magistrado de varias Salas y ex presidente de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica.

El primero de ellos se ubica en el contexto de la XIII Cumbre Judicial de los países iberoamericanos, realizada en República Dominicana en junio de 2006 y en la cual se promulgó el Código Modelo de Ética Judicial para la región y con éste, se instauró la Comisión Iberoamericana de Ética Judicial (CIEJ).

Pocos meses después, en setiembre de ese mismo año, se llevó a cabo la primera reunión anual de la CIEJ en Argentina, donde se decidió convocar a la primera edición del Premio Iberoamericano al Mérito Judicial. Esta iniciativa buscaba el reconocimiento a la carrera y aportes de juristas especialmente destacados del área de países integrantes de las cumbres, así como el conocimiento y difusión de estas figuras prominentes en toda la región.

Por iniciativa del entonces Magistrado Presidente de la Sala Constitucional y miembro titular de dicha Comisión internacional, don Luis Fernando Solano Carrera, el 16 de julio de 2007, la Corte Plena en sesión 22-2007, propuso, por parte de Costa Rica, el nombre de Ulises Odio Santos como postulante en el certamen que había sido convocado.

Fue así como en la segunda reunión anual de la CIEJ, realizada en Ciudad de México en setiembre de 2007, el candidato costarricense resulto ganador del Premio Iberoamericano al Mérito Judicial, proponiéndose en el mismo acto la elaboración de una biografía patrocinada por la CIEJ, para cuyos efectos Costa Rica debía proveer el texto correspondiente.

Para marzo de ese mismo 2007, don Luis Paulino Mora Mora, Magistrado Presidente de la Corte, recibió en nombre del Poder Judicial costarricense y de la familia de don Ulises, el galardón adjudicado en el marco de la XIV Cumbre Judicial Iberoamericana, realizada en Brasil y pocos días después, en la inauguración del Año Judicial, se le hizo entrega a doña Norma Orozco, esposa del ex magistrados Odio Santos, la medalla representativa del premio obtenido.

No es sino nuevamente por iniciativa de don Luis Fernando Solano, esta vez ante el recientemente constituido Comité de Notables de la Comisión de Ética y Valores del Poder Judicial, que en los primeros meses del año 2012, insta a retomar el proyecto de biografía en homenaje a don Ulises, concretándose la contratación, con autorización de Corte Plena del historiador y abogado Tomás Federico Arias Castro, iniciándose la recopilación de información por parte de este investigador, a la que se sumó la que ya estaba en manos de la entonces Directora del Despacho de la Presidencia magíster Nancy Hernández López, un juego de fotografías conseguido por el ex magistrado don Alfonso Chaves Ramírez y aportado por el Licenciado Alfredo Blanco Odio, y otra serie de indicaciones y aportes hechos por otros colaboradores, como las personas a entrevistar, entre las cuales estaban amigos, colegas y discípulos del insigne maestro, así como diversas fuentes de información, que fueron los recursos que finalmente dieron con la elaboración del primer texto borrador presentado por el autor de la biografía que hoy presentamos.

Posteriormente vino el trabajo de revisión y corrección por parte del Comité Editorial, mismo conformado por los integrantes del Comité de Notables de la Comisión de Ética y Valores, así como la corrección de estilo a cargo, principalmente, del magíster Rafael León Hernández, funcionario de la Secretaría Técnica de Ética y Valores.

El autor Arias Castro nos entrega un texto construido cuidadosamente, que va desde los orígenes europeos y caribeños de la ilustre familia Odio y su arribo a Costa Rica; la infancia y juventud de don Ulises en el Puerto de Puntarenas; su paso por la Universidad de Costa Rica donde ya da claros indicios de su excelencia como persona y como estudiante; hasta el itinerario que experimentó este prominente ciudadano y jurista ingresando a edad temprana a la carrera judicial, en la que descolló por su vocación sólida por el derecho y espíritu de servicio, hasta ocupar las más altas posiciones como magistrado y presidente de la Corte Suprema de Justicia de nuestro país. Todo lo anterior puesto en perspectiva y contexto de la evolución histórica e institucional en la Costa Rica de la segunda mitad del siglo XX, por cierto, una época especialmente relevante, en que le tocó a don Ulises Odio Santos ser parte de una generación que reconstruyó y reinventó a la Patria de este período.

Al valioso texto estrictamente biográfico, se le ha añadido un “Prólogo” donde el Comité Editorial consideró necesario ilustrar, sólo a modo de ejemplo y para conocimiento de las nuevas generaciones, el resumen y comentario de algunos de los temas más relevantes tratados por el jurista Odio Santos, a lo largo de su brillantísima carrera como juez y magistrado de la República. En este apartado, el aporte de la letrada de la Sala Primera, Rosalena González Ulate y del juez de apelaciones, magíster David Fallas Redonda; la primera resumiendo y comentando una amplia gama de materias del ámbito del derecho privado, coantecionso-administrativo, familia, entre otras; y el segundo haciendo lo propio respecto del derecho penal y procesal penal, labores que han aportado un valor agregado que esperamos sea disfrutado y aprovechado por quienes decidan estudiar más a fondo la obra.

Es nuestro deber indicar que este “Prólogo” no hubiera sido posible, sin el arduo trabajo previo de don Ricardo Hilje Quirós, uno de los discípulos más reconocidos del jurista Odio Santos, conocedor de su obra como pocos y quien tuvo a cargo la revisión general y exhaustiva de todas las sentencias publicadas de don Ulises, y que constan en los archivos de la biblioteca de la Corte Suprema y en las recopilaciones de sus Salas. Don Ricardo se abocó al análisis y selección preliminares, sobre los cuales se concretó el posterior trabajo ilustrativo de la letrada González Ulate y el juez Fallas Redondo. Es de importancia agregar que a propósito de la construcción de esta biografía y su prólogo fue necesario digitar, para que a futuro puedan consultarse de manera informática, las sentencias revisadas y seleccionadas por don Ricardo, material que habrá de servir de base para una próxima publicación, ya de todo este conjunto, a manera de antología o tesaurus, a cargo del mismo Profesor Hilje y con el enriquecimiento que sin duda él sabrá darle. La colaboración que para esta dura labor prestó la Dirección Ejecutiva del Poder Judicial, por medio de don Alfredo Jones León y doña Ana Eugenia Romero Jenkins, suministrando el recurso del digitador, ha sido de gran valía para el resultado final que hemos conseguido. No podemos dejar de mencionar tampoco la disposición que brindara la Licenciada Hannia Mendoza, Directora de la Biblioteca del Poder Judicial.

A todas las personas mencionadas nuestro agradecimiento. De manera especial al autor don Tomás Federico Arias Castro y, como suele ocurrir en este tipo obras, aunque el trabajo no ha sido fácil, finalmente se ha culminado gracias también a la participación y entrega de quienes han tenido la idea y quienes la han llevado a buen puerto.

Reiteramos que es de pueblos nobles reconocer la relevancia de sus mejores hijos. Ulises Odio Santos supo ser un ciudadano digno de ser emulado, un juez probo y sabio y, sobre todo, un impulsor de grandes cambios institucionales de la mano de la promoción de nuevas generaciones a quienes supo reconocer y alentar en el estudio y en el correcto ejercicio de la autoridad pública. Valga entonces este homenaje para perpetuar su memoria y enaltecer su luminoso paso por el Derecho, la Judicatura y la Docencia.

Ex Magistrado José Manuel Arroyo Gutiérrez
Ex Comisionado de la Comisión Interamericana de Ética Judicial.
San José, octubre 2014.

Impuestos y no más evasión y fraude para afrontar la grave crisis del país

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Luis Fernando Astorga Gatjens,
(luferag@gmail.com)

La situación económica-social del país es ya muy difícil y sin duda, se pondrá peor como consecuencia de la prolongación de los graves efectos de la pandemia, particularmente, las inevitables medidas de cierre, confinamiento y cuarentena.

Miles de familias costarricenses se han visto severamente golpeadas por la brusca reducción de los ingresos, por una crisis que ya ha alcanzado tres meses y cuyo horizonte de superación, no está claro.

La posibilidad de una vacuna eficaz y un tratamiento efectivo para combatir la covid-19, se vislumbran muy lejanamente. Se afirma que se podrían alcanzar resultados al final del presente año y con mayor certeza, en el 2021. Asimismo, está por verse si una vez obtenida la vacuna, se va a producir tan masivamente, que pronto pueda llegar con precios asequibles para países como el nuestro.

El pueblo costarricense en todas sus expresiones está sufriendo la crisis económica. Se incluye a ese 46 % de las y los trabajadores que ha venido subsistiendo dentro de actividades informales, y que el confinamiento, les impiden o les limitan la generación de ingresos. Las micro y pequeñas empresas que también se han visto limitadas a desarrollar sus actividades productivas. Los agricultores que ven cómo llegan las cosechas y se les complica la venta de sus productos en las ferias u otros mercados. Las y los trabajadores del sector privado que han sido despedidos o les fue reducida su jornada laboral y, lógicamente, también su salario. Las y los funcionarios públicos, especialmente, los de salarios más bajos, que no percibirían aumentos salariales en los próximos cuatro años.

Es seguro que en la medida que la situación de crisis sanitaria se extienda por más tiempo, las secuelas económicas y sociales serán más duras.

Los gastos en el campo de la salud se han aumentado y todo indica que se van a requerir más recursos para afrontar los desembolsos de los meses venideros. La CCSS, que ha sido tan significativamente debilitada en sus ingresos, requerirá que se le inyecten recursos tan urgentes como inmediatos. No hacerlo pone en grave riesgo al país, por el serio incremento de contagios que se está dando en el presente. La amenaza de un crecimiento exponencial está latente.

Para la obtención de recursos tanto para la atención sanitaria como para la reactivación económica, algunos sectores proponen la solicitud y obtención de préstamos en el exterior. En las condiciones actuales, algunos de estos préstamos hipotecarían el futuro del país y de las nuevas generaciones, y vendrían con condiciones muy desfavorables, que incluyen la venta de valiosos activos del Estado. Este no es un camino ni bueno ni sano para la economía nacional.

La pregunta inmediata que surge es: ¿Y de dónde se deben obtener los recursos que el país demanda con urgencia?

Una fuente fundamental en el presente deben ser los impuestos que evaden y eluden las grandes empresas. El año pasado el Ministerio de Hacienda publicó un número de grandes contribuyentes (que no lo han sido, valga la observación), que declararon cero ganancias de forma reiterada en los últimos diez años.

Muchos de estos “contribuyentes” forman parte de la UCCAEP, que ha venido impulsando acciones para hacer que el peso de esta grave crisis recaiga en las y los trabajadores del Estado y en otros sectores sociales y poblacionales. Esta organización, que representa los intereses de las grandes empresas ha pretendido, incluso, que algunas de sus representadas obtengan ganancias en medio de una situación tan apremiante para el país.

Por otra parte, cuando se ha propuesto la necesidad de aprobar impuestos, de inmediato la UCCAEP (como sus “representantes” y voceros en el Gobierno, en la Asamblea Legislativa y en algunos medios informativos), ponen el grito al cielo y los rechazan, utilizando múltiples argumentos, que esconden sus intereses y la falta de compromiso con el desarrollo democrático del país.

Ante la gravedad de la pandemia en sus efectos económicos, muchos reputados economistas (que incluyen Premios Nobel en este campo), se han pronunciado en el sentido de que, para afrontar esta crisis, es inevitable que los países aprueben cargas impositivas, particularmente, a las grandes fortunas y a las grandes empresas. Es decir, a quienes han acumulado mucha riqueza y que, utilizando múltiples medios y mecanismos, eluden o evaden el pago de esos impuestos.

El Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolitica (CELAG) ha realizado encuestas en disferentes países de la región, consultando sobre la necesidad de un impuesto a los grandes ricos y empresas, que contribuya a enfrentar la crisis generada por la pandemia. “Las últimas tres encuestas realizadas por el CELAG en los pasados dos meses, muestran que en Argentina, Chile y México existe un gran acuerdo sobre esta temática: En Argentina, el 78 por ciento de las y los encuestados estaría de acuerdo con el impuesto a las grandes fortunas; En Chile, este valor es de 72 por ciento y en México es de 67 por ciento. En todos los casos observados hay, como mínimo, dos tercios de la ciudadanía que apoyan esta política pública.

Este tipo de encuesta no se ha realizado en Costa Rica, pero es muy probable que, si se realizara, sin duda, la gran mayoría de la ciudadanía estaría de acuerdo en este tipo de impuesto. Igualmente, estarían de acuerdo, en que el gobierno utilice todos los mecanismos a su alcance para reducir la evasión y el fraude fiscal.

Es hora de que todos quienes se han beneficiado de todo lo que les ha ofrecido el país, contribuyan sin mezquidad y egoísmo, a que Costa Rica salga adelante de una situación tan desafiante como difícil.

Sin la pesca de arrastre, ¿qué alternativas quedan?

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Guillermo Dinarte García

El veto presidencial a la pesca de camarón semi-industrial por arrastre, trajo aparejada la pregunta de muchos en relación a qué alternativas se tiene para los trabajadores y las comunidades que tienen su subsistencia relacionada con la pesca. Esto por cuanto, ese veto nos obliga como sociedad (a todos los actores sociales) a buscar de manera inmediata alternativas sostenibles para quienes han vivido y siguen cifrando sus esperanzas en las actividades pesqueras, y al mismo tiempo obliga hacerlo sin impactos severos al ambiente. De ahí que ante reiteradas consultas de amigos y compañeros decidí investigar un poco para ampliar las respuestas rápidas que les brinde cuando les dije que la acuicultura, o sea, el cultivo de mariscos, entre ellos de camarón, como una de las medidas a impulsar con fuerza.

El desarrollo de la acuicultura y la maricultura como alternativa para las comunidades costeras.

Empiezo diciendo que fomentar la acuicultura y maricultura, es un mandato existente desde la creación del INCOPESCA en 1994, y en la Ley de Pesca (Título III, Capítulos I y II) desde 2005. Para mejor abundamiento, el Artículo 81 de la Ley de Pesca nos define que, “La actividad acuícola consiste en el cultivo y la producción de organismos acuáticos, sean flora o fauna, mediante el empleo de métodos y técnicas para su desarrollo controlado; abarca su ciclo biológico completo o parcial, en ambientes hídricos naturales o artificiales, tanto en aguas marinas como continentales”. El subrayado es mío.

Breve reseña según información recopilada.

Como reseña tenemos que siempre ha existido la intención de implementar este modelo de producción con diversas propuestas (recordar aquel primer proceso de Maricultura en la comunidad de Chomes allá por los años ochenta) por lo que en Costa Rica se da el cultivo de camarón de modo continental en 60 fincas que ya producen camarón de cultivo, muchas en alrededores del Golfo de Nicoya, en lagunas que antes fueron área de salinas, manglares o lagunas artificiales. Un mercado que siempre ha estado presente en Puntarenas y Guanacaste, pero decayó en años recientes.

Además, que el cultivo de camarón ya era la técnica más practicada en Costa Rica, incluso cuando habían licencias de arrastre. Se dice incluso que entre 2003 y 2013, el país produjo 5 veces más camarón cultivado que por arrastre, pero, entre 2008 y 2009, la producción de camarón cultivado cayó un 32% debido a las enfermedades, según lo muestra un estudio de la Universidad Nacional en 2017. Tradicionalmente, esta actividad se realiza en manglares, por lo que —al ser sitios protegidos internacionalmente—se cae en conflictos ambientales, de modo que para proteger estos importantísimos ecosistemas, el Ministerio de Ambiente llegó a prohibir las nuevas licencias de cultivo de camarón.

Según el informe “Estado Mundial de la Pesca y la Acuicultura” del año 2018 del Programa de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), “La producción pesquera mundial alcanzó un máximo de aproximadamente 178,5 millones de toneladas, de los cuales la acuicultura representó un 47% del total”. En el caso de Costa Rica, la acuicultura marina representa apenas un 2% del total nacional.

Propuestas que más se acercan a las comunidades:

  1. Al momento de escribir estas líneas, me he enterado con mucho regocijo que el miércoles 18 de noviembre de este 2020, arrancó en la comunidad Isla Venado, en el Golfo de Nicoya el proyecto de cultivo de camarón en jaulas flotantes a cargo de la Coopeacuicultores R.L. consistente de 10 jaulas de 5×5 metros (con el que estiman producir anualmente unos 9 mil kilogramos de manera artesanal). Propuesta que forma parte de una serie de iniciativas para fomentar el cultivo de mariscos en proyectos socioproductivos de pesca sostenible para las comunidades costeras, ubicados en espacios de pesca responsable en el litoral pacífico. Inversión con fondos no reembolsables que provienen de la modalidad de capital semilla a través de diferentes instituciones.
  2. Este proyecto viene a ser el primero en su modalidad por estar en parcela marina, al cual le seguirán otros dos en el corto plazo, entre ellos el de cultivo de camarón a cargo de la Asociación de pescadores de Tambor en la península, otro en El Jobo en la Cruz de Guanacaste, proyecto de cultivo de pargo a cargo de la Asociación de Pescadores de Playa Zancudo en Golfito, y los proyectos de siembra de ostras también en Isla Venado, así como otro en Isla Chira, que vienen a sumarse a los ya establecidos en otras comunidades del Golfo de Nicoya, gracias a los esfuerzos interistirucionesles y el soporte científico de la Academia, entre ellas, La Estación de Biología Marina del la UNA y el Laboratorio del Parque Marino del Pacífico.
  3. Como novedad de altísima relevancia, lo que por mucho tiempo se impartió como una asesoría técnica del Núcleo Náutico Pesquero del INA, se convirtió en el Programa de capacitación denominado “Cultivo de camarones marinos en jaulas flotantes en el mar”. Y recientemente se capacitó el primer grupo de estudiantes en las instalaciones del Parque Marino del Pacífico, en Puntarenas. Compuesto por 14 personas de grupos organizados, representantes de la Asociación de Productores de Mariscos de Isla de Chira, de la Asociación de Acuicultores de Tambor, de Coopeacuicultores R.L. de isla Venado y de Coopedelimar de playa Zancudo, Golfito.
  4. En este momento Costa Rica cuenta con una nueva planta depuradora de moluscos bivalvos que según las autoridades, es la más grande de Centroamérica y mediante la cual se espera procesar hasta un millón de ostras al mes. La obra, ubicada en Punta Morales de Chomes, es una iniciativa que se enmarca dentro de la estrategia de Gobierno por impulsar la acuicultura para la transformación productiva de Puntarenas, la generación de empleo y el desarrollo integral del Pacífico costarricense. La construcción y equipamiento fue posible gracias al aporte del Instituto de Desarrollo Rural y para poner en marcha la planta fue necesario el financiamiento del recurso humano requerido con recursos del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) mediante la Dirección de Economía Social Solidaria.
  5. Previamente, se construyó el “Laboratorio Producción de Semillas de Ostras”, encargado del suministro de semilla de calidad y que se ubica a la par de la planta depuradora. Este fue financiado con recursos del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) y la UNA con una inversión total de ₡565 millones. Ésta planta va a tener la capacidad para depurar 40 mil ostras diarias que vienen de proyectos ostrícolas que están siendo llevados por miembros de las comunidades costeras.
  6. Esto permite que se sume la puesta en funcionamiento de más granjas ostrícolas programadas para generar empleo a 24 familias. Las obras forman parte del portafolio de proyectos institucional, el cual contempla una ejecución de cuatro granjas en 2021 para el beneficio de otras 31 familias, destacando la asesoría de la Universidad Nacional y el apoyo del IMAS. Las familias también recibieron acompañamiento técnico del Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) y de la Unidad Biológica Marina de la Universidad Nacional (UNA) de Puntarenas, sobre el procedimiento de cultivo de ostras y herramientas básicas de administración. Cuentan con el aval técnico, aporte y supervisión de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA) y el Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (INCOPESCA). La construcción es posible gracias a la articulación interinstitucional con la Asociación de Montero Isla Chira, la Asociación de la Florida Isla Venado, el Sindicato de Pescadores Costa de Pájaros y otras instituciones. Es una propuesta pensada para toda la costa pacífica, donde grupos de pescadores organizados, cuenten con sus granjas marinas y poco a poco ir repoblando el litoral con grandes beneficios también para el medio ambiente.
  7. Por primera vez desde su creación en el año 2002, el Laboratorio de Acuicultura y Biotecnología Marina del Parque Marino del Pacífico en Puntarenas, está siendo remodelado, con el fin de garantizar la existencia de semillas para las granjas acuícolas por los próximos 20 años. Actualmente, aquí se desarrolla un ambicioso programa acuícola para ampliar la oferta de productos del mar cultivados, con valor agregado y que es una alternativa a la pesca tradicional. Se trata de una tendencia a nivel mundial pero que no se ha explotado en el país. En este proyecto trabajan en forma conjunta el INA, el Parque Marino del Pacífico, la UNA, el Sistema Banca para el Desarrollo, el Instituto de Desarrollo Rural y el Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura.

De tal modo, el proyecto “Impulso de la maricultura en pequeña escala en el litoral Pacífico”, como directriz gubernamental, busca que estos productores potencien el desarrollo del país desde las zonas costeras de manera sostenible. La capacitación incluye una propuesta de formación en diferentes áreas como cultivo de camarones marinos en jaulas, tanto para consumo como para venta como carnada viva, avistamiento y conservación de cetáceos, mantenimiento de embarcaciones, motores fuera de borda y de redes para jaulas, snorkelismo, entre otras. Se trata de una ambiciosa propuesta que abarca a futuro el cultivo de otras especies como pargo, ostras, corvina y mejillones, de los cuales ya se cuenta con proyectos piloto. Y como complemento, para dar valor agregado al producto, junto a algunos proyectos de granjas se instalarán restaurantes flotantes (en Isla Cedros) para brindar el producto servido a la carta y así también incentivar el sector turismo. También se ha impulsado diferentes iniciativas para granjas hortícolas con algunas organizaciones de mujeres en diferentes comunidades que buscan una verdadera inclusión social. Y recordemos que ya existen tres zonas de pesca responsable, en Jacó, Costa de Pájaro y Palito Montero en Isla Chira.

Es digno destacar los enormes esfuerzos y valiosos aportes de muchos años por parte de la Academia y que recientemente se ha logrado mayor impulso a varios proyectos socioproductivos por medio de la coordinación interinstitucional. Donde, aparte de la UNA, Parque Marino del Pacífico, del MINAE, INA, se han sumado los ministerios de Trabajo y Seguridad Social, de Agricultura y Ganadería, el Instituto Mixto de Ayuda Social, el Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura, el Instituto de Desarrollo Rural, el Instituto Nacional de la Mujer (INAMU), y el Servicio Nacional de Salud Animal. Eso nos conduce a varios proyectos, tanto de cultivo de peces, de camarón, de ostras, de lo cual hay experiencias exitosas.

Si consideramos que Costa Rica cuenta con 1.236 kilómetros lineales de costa, pero en proyectos acuícolas, solamente se está utilizando cerca de un 0,12% de esa área, el cultivo de camarón se vislumbra como una alternativa de desarrollo en las zonas costeras. ¿La novedad? Al establecerse en jaulas flotantes no se estaría utilizando áreas de manglar, lo cual agrega nuevos elementos en pro de la sostenibilidad.

¿Pero por qué es que no se ha dado una solución a la problemática si se tiene varias propuestas? ¿Qué falta para lograr mayor desarrollo?

Aunque es una propuesta pensada para toda la costa pacífica, el mensaje ha calado muy lentamente solo en el sector artesanal y de momento no es de implementación masiva por los altos costos de los emprendimientos. Aún así es justo la ruta a seguir, que debe irse implementando con otras propuestas surgidas en las mesas de diálogo territorial, con las poblaciones costeras como protagonistas, especialmente alternativas para el sector femenino como el sector de trabajadores más vulnerables. Algunas avanzadas para corto y mediano plazo presentadas por la Asociación de Pescadores ASOPPAPU de Barrio El Carmen, que urge sean desentrabadas en la Municipalidad de Puntarenas y algunas oficinas de mandos medios gubernamentales.

Y porque a pesar de todo lo hasta aquí planteado, sigue sin resolverse la problemática para el sector de pesca dependiente por años de la pesca de arrastre, cuyos trabajadores y sus familias se encuentran entre los más vulnerables del casco urbano de Puntarenas. Por ejemplo, las peladoras que quedan de camarón no pueden depender eternamente de los ochenta mil colones mensuales del IMAS. Además, como estado no debe seguirse esa ruta del IMAS de gastar más de siete mil millones anuales en asistencialismo de nulo impacto.

¿Qué otras alternativas se pueden abordar?

  1. Aprovechamiento real del recurso atún.

De acuerdo con investigaciones al respecto, de la captura total estimada en 25.000 toneladas métricas anuales, solo el 23% se queda en Costa Rica y el resto de la pesca atunera se traslada a otros países donde se procesa. Los principales son Ecuador, Colombia, El Salvador, Guatemala y Venezuela. Además, la legislación tica permite a la flota internacional hacer maniobras de captura gratis, durante 60 días, si desembarcan una parte del producto en territorio costarricense. Se calcula que el cobro de esa actividad –al precio actual de las licencias– le aportaría al país $174.140 adicionales. Seguir con esa fuga de recursos es un lujo que como país no podemos seguirnos dando. El atún es un grupo de hasta 15 especies que generan $62 millones cada año en Costa Rica. El problema es que sólo $1 millón se queda en el país, según un estudio de la Fundación Marviva.

Al menos tres proyectos de ley -uno del Frente Amplio, otro del Partido Unidad Socialcristiana y otro del Poder Ejecutivo- existen en la corriente legislativa que plantean una mejor administración del recurso atún. Los tres están en comisiones: dos en Comisión de Ambiente y uno en Comisión de Asuntos Agropecuarios respectivamente.

También espera discusión y aprobación el proyecto “Fortalecimiento de la Pesca Artesanal (Expediente N° 20750 que tiene por objeto garantizar el desarrollo y la sostenibilidad del sector de pesca artesanal de pequeña escala en el contexto de la seguridad alimentaria, la erradicación de la pobreza y la gobernanza compartida. Incluye diversos elementos de interés para establecer una planificación correcta del medio marino. Razón por la cual urge no solo desarrollar nuevas y novedosas iniciativas, sino también dar espacio a la discusión de proyectos ya presentados en la corriente legislativa que no avanzan.

  1. Pesca de Calamar. Algunos expertos sugieren el aprovechamiento de este recurso, pues a diferencia del camarón, las poblaciones de calamar en el Pacífico están aumentando, según un estudio del 2016, como consecuencia de la disminución de las poblaciones de tiburones (¿des aleteo?) Además, por efectos del cambio climático, las temperaturas del agua cada vez son más altas y harían que los calamares se reproduzcan más rápido. La desventaja es que, aunque a nivel de faena es un modelo de pesca selectiva, requiere mayor análisis antes de implementar pues sumaría altos costos de transformación de la flota o construcción de nuevas embarcaciones, ya sea por parte de los empresarios o con apoyo estatal. Y los primeros ya sabemos que pasan por momentos muy difíciles.
  2. Seguir apostando al turismo, pesca turística y deportiva.

Conforme a voces expertas, Costa Rica ha sido reconocida a nivel global por ser un país líder en sus esfuerzos por la conservación y el desarrollo sostenible. “Por muchos años cargó con la deuda de avanzar al mismo ritmo en temas de conservación y manejo sostenible de sus recursos marinos y no debe retroceder. En este país, la pesca turística y deportiva es una industria de servicios que genera alrededor de 331 millones de dólares al año y más de 60 mil empleos directos e indirectos”, según el PNUD.

Sin embargo, tal como se demuestra en la Evaluación Económica Inicial de los Efectos de COVID-19 y el Alcance de las Opciones de Política en Costa Rica, aún persisten acciones que fragilizan la marca país, competitividad, atractivo turístico y en consecuencia la base de la economía costarricense y de los medios de vida sostenibles de las comunidades. Debemos “reconstruir mejor” invirtiendo en los cambios sistémicos que se requieren para acelerar el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que incluyen metas sobre el clima, la biodiversidad, el bienestar y la justicia hacia las poblaciones en mayor condición de vulnerabilidad.

Guillermo Dinarte García
Gestor Local Pacífico Central

La criminalización del aborto: una opción política inmoral y antijurídica

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Luigi Ferrajoli
Abogado y filósofo italiano

En el punto de partida de todas las iniciativas de criminalización del aborto se encuentra el tópico de procedencia eclesiástica de que “el feto es una persona”. Esta sentencia no es la afirmación de un hecho, sino una prescripción, porque no expresa un juicio fáctico, sino un juicio de valor. Que hay un tipo de vida antes del nacimiento es algo cierto, un dato de la realidad, pero pasar de esta constatación a sostener que lo que existe en el claustro materno es ya una persona implica un salto lógico y una trampa argumental. En efecto, la atribución de ese calificativo es una opción moral del que la hace, opinable y controvertida, que puede lícitamente profesarse y defenderse con argumentos, pero no imponerse y, menos todavía, con el derecho penal. Por eso, podría muy bien decirse que la penalización del aborto es el último supuesto de intolerable recurso al “brazo secular” por parte de las distintas iglesias, que, sin duda, necesitan de ese apoyo laico para mantener su tesis.

La cultura jurídica de la modernidad se caracteriza por dejar imprejuzgadas las cuestiones morales, encomendando su solución a la libertad de la conciencia individual. Así, en el caso del aborto, la decisión sobre la naturaleza de “persona” del feto compete a la libertad de conciencia de la mujer, que, en cuanto real protagonista del proceso de gestación, es quien debe decidir sobre el nacimiento. Esto no significa en absoluto considerar al feto como una cosa, una portio mulieris vel viscerum que decían los romanos. Por el contrario, supone afrontar el carácter específicamente moral y no simplemente biológico de las condiciones en virtud de las cuales se habla del feto como “persona”.

 En efecto, pues ¿qué quiere decir encomendar a la libertad de conciencia de la mujer la decisión moral de que el feto que lleva en su seno es una persona? O sea, ¿qué quiere decir hacer depender de esa decisión la calidad de persona del nasciturus? Significa aceptar la tesis moral de que “persona” es el ser nacido o destinado a nacer por decisión de la madre.

Lo que aquí se sostiene es que la procreación, como la persona, no es un hecho biológico, sino un acto de voluntad. El acto de voluntad en virtud del cual la madre piensa al feto como persona, el que le confiere ese valor, por tanto, el que la crea como tal. En este sentido, la procreación es realmente un acto creativo, como el fiat lux: fruto —insisto— no solo de un proceso biológico, sino de un acto de conciencia y de voluntad. Con él, la madre no solo da cuerpo, sino también calidad de persona al nasciturus, al pensarlo como hijo.

Tesis antiabortistas

Naturalmente, no todos compartirán este punto de vista. Lo importante es reconocer que en él se expresa una legítima concepción moral, que no puede calificarse de inmoral solo por el hecho de que no se comparta o porque esté en contradicción con algún dogma religioso.

Por eso, las tesis antiabortistas, que no se limitan a estigmatizar el aborto en el plano moral, sino que demandan en su apoyo la intervención del derecho y recurren al uso de la fuerza, son tesis francamente inmorales, además, jurídicamente insostenibles.

Primero, porque convierten a la mujer en un medio para sus fines, contradiciendo el principio de la dignidad de la persona. En efecto, al imponer a aquélla la obligación de ser madre contra su voluntad, se le transforma en un contenedor, en un instrumento para la reproducción. Ignorando el fundamental principio de la ética laica contemporánea de que ninguna persona puede ser tratada como cosa, como medio para fines ajenos. Y quebrantan también el principio de la libertad personal, primero y fundamental derecho humano.

Además, ignoran los terribles efectos prácticos de la punición del aborto, cuando hay constancia cierta de que la despenalización, donde se ha producido, ha comportado una esencial disminución del número de abortos y, así mismo, ha cambiado la calidad de los que se practican que, al dejar de ser clandestinos, dejan también de ser sépticos y de poner en altísimo riesgo la vida de las embarazadas, en particular, de las que carecen de recursos, las más desasistidas. De donde se sigue que, realmente, la penalización del aborto tiene efectos criminógenos. De este modo, las políticas que la propugnan, con una total indiferencia moral por los costes incalculables que la imposición jurídica de su moral lleva consigo, deben ser calificadas de fanáticas. Porque fanática es la actitud del que persigue la afirmación de sus principios morales a despecho de los intereses reales de las personas de carne y hueso, sin importarle los enormes daños que con tal modo de actuar se causan a millones de personas.

Constricción a la maternidad

Otra esencial razón que hace insostenibles las tesis antiabortistas en los planos jurídico y moral se cifra en el hecho de que la criminalización del aborto no consiste en una simple prohibición, que es lo que imponen las sanciones penales. El tratamiento del aborto como delito comporta también una constricción a la maternidad. Lo que implica la recuperación de una forma de servidumbre personal como castigo, propia del derecho penal del antiguo régimen.

El derecho penal, tal como se concibe en los modernos ordenamientos constitucionales, sólo puede vetar, pero no imponer comportamientos y, menos aún, opciones vitales. Con la prohibición del aborto y la consiguiente constricción penal a convertirse en madres, se impone a las mujeres no solo un no abortar, sino una perturbación de sus condiciones de vida de un alcance incalculable. No solo la gestación y el parto, sino la renuncia a proyectos vitales, la obligación de educar y mantener a un hijo, en definitiva, la sumisión a una suerte de esclavitud. En efecto, una maternidad no deseada puede destruir la vida de una persona, incluso de dos: la obligada por el Estado a ser madre a su pesar y la del hijo no querido.

El castigo penal del aborto es, en fin, un caso en el que se penaliza una omisión muy especial, sin equivalente en el derecho punitivo: el hecho de no querer convertirse en madre. Una circunstancia que habitualmente se ignora. Por lo general, se olvida el dato de que, a diferencia de cualquier otra prohibición penal, la prohibición del aborto, como se ha dicho, equivale a imponer una maternidad con todo lo que comporta, en contradicción con los principios liberales del derecho penal. No solo se contradice el principio de igualdad, que quiere decir igual respeto y tutela de la dignidad de cada uno, sino que también la penalización del aborto sustrae a la mujer la autonomía y la autoridad sobre el propio cuerpo y, con ellas, su dignidad de persona, reduciéndola a la condición de cosa o instrumento de procreación para fines que no son suyos.

El Estado y los millonarios, ¿a quienes engañan?

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Juan Huaylupo Alcázar[1]

La crisis política en la actual coyuntura costarricense es el resultado de décadas de prácticas liberales del poder político y económico. No es una crisis originada por la pandemia, pues la creciente pobreza, el desempleo, el déficit fiscal, la confiscación de salarios y pensiones, el incremento de tarifas de los servicios públicos, endeudamiento, devaluación, evasión y elusión tributaria de empresarios globales, los incentivos a la inversión extranjera, la venta de activos del Estado, el salario único, etc., ya eran tendencias prevalecientes en la política y el quehacer estatal, la pandemia las agudizó, no las creó, pero puso en evidencia la profunda inequidad en la estructura social existente, a la vez que muestra la complicidad y simbiosis estatal con los empresarios globales.

Esta coyuntura es particularmente importante, la crisis política o la ilegitimidad social del Gobierno y el Estado ha sido creada por la conciencia, cuestionamientos, debates y propuestas ciudadanas. La colectividad organizada se ha despertado ante las infames propuestas privadas y estatales que pretenden imponer el peso de la debacle fiscal y el creciente endeudamiento nacional, a los trabajadores y los pobres que sostienen la economía de la explotación de propietarios y los ingresos fiscales, mientras siguen impunes los evasores, los corruptos y las falsificaciones tributarias, así como los empresarios gozan de la autorización expedita para disminuir y suspender trabajos, aumentar los precios de medicamentos y el costo de vida, a la vez que, se mantienen las exoneraciones, incentivos, concesiones y privilegios para los ricos y los empresarios globales.

Ante los reclamos y protestas por posibles nuevos impuestos al pueblo, el Presidente de la República, nos dice que somos “irresponsables”, agregando cínicamente “que es doloroso, pero es la realidad”. Desde esa arbitraria perspectiva, es transparente la intencionalidad gubernamental: los trabajadores deberán pagar por los actos y las consecuencias de los explotadores millonarios, los usurpadores del bienestar social.

La agresividad de los que viven del trabajo ajeno, no ceja de sus intenciones contra los trabajadores, la ciudadanía y la nación. No buscan amparar sus intereses e inversiones en la actual coyuntura, sino enriquecerse más. Ellos están liquidando los resquicios del Estado social, desmantelando la seguridad social y la institucionalidad pública, no sólo restringiendo sus presupuestos y gastos, también impidiendo la restitución de funcionarios que se pensionan y de los que son obligados a dejar sus empleos, no para reducir el gasto, sino para destruir funciones e institucionalidad pública, para luego desaparecerlas por inoperantes, por hacer labores duplicadas o por considerarlas inútiles. Los poderes de estos parásitos han convertido al Estado en un activo protagonista del empobrecimiento de la población trabajadora del sector público, como ellos lo han efectuado con los trabajadores que contratan. Estado y empresarios, acallan a las autoridades de la salud pública y propician la agudización de la infección pandémica, como un destino trágico que mina la resistencia y elimina a los más vulnerables. Esos asesinos, inmunes e impunes, también proponen condenar a los jubilados a la indigencia, por modificaciones en los modos de calcular las pensiones, como también aspiran a imponer impuestos al “salario escolar”, que no es un salario, pues son la acumulación de las retenciones mensuales de las patronales, los cuales son usados gratuitamente por un año que, depreciados se devuelven a sus dueños. Además, que esa devolución es el salario, al cual se le han deducido impuestos, que son usados privada y gratuitamente por un año, así, se busca duplicar la carga impositiva. Estas intenciones no pueden ni buscan paliar la crisis fiscal, su intención es empobrecer cada vez más a los trabajadores.

Pero, la acción regresiva de los empresarios, que se apropian de las riquezas y el trabajo ajeno, con la cínica complicidad estatal, no se queda ahí, no solo son culpables de la creciente brecha y desigualdad social, también buscan empeñar el futuro nacional endeudándonos e intentando privatizar todos los activos del Estado, ante sus fracasos pasados.

La Costa Rica que aún afirma tener un Estado Social de Derecho con una institucionalidad pública democrática e igualitaria, desde hace décadas ha cambiado, hoy es un Estado liberal más, entre otros, que ha privatizado el bienestar y ejerce un poder que favorece a los privilegiados. Este Estado es contradictorio e inhumano, que niega su constitución social originaria, para garantizar la inmensa posesión de riquezas de pocos, en un universo de pobres, como también ocurría en la Grecia antigua, donde se pregonaba democracia e igualdad en un universo de esclavos.

Este gobierno y los otros poderes estatales son ilegítimos, por la toma de conciencia, la voluntad y las protestas ciudadanas que abandonan la indiferencia, pasividad y la desintegración orgánica. La explosión ciudadana es diversa, dispersa y pacífica, pero motivada por el denominador común, del descontento y la acción colectiva. El gobierno al convocar el diálogo multisectorial, busca crear una imagen democrática que no posee, para diluir, diferir y encubrir las decisiones liberales que ya se implementan en la Asamblea Legislativa y en el poder Ejecutivo, sin que los derechos adquiridos puedan ser amparados por el poder Judicial. Esto es, hay una colusión estatal contra la democracia en nombre de la democracia.

¿Por qué se convoca al diálogo multisectorial? ¿por qué el gobierno se presenta como neutral, sin serlo, y afirma que será obediente de los acuerdos? ¿ignora las necesidades y anhelos ciudadanos, entonces para quién gobierna? ¿acaso desconoce que la agresividad y poder de los millonarios impide acuerdos consensuales con los trabajadores y los pobres? ¿qué hará el gobierno sin acuerdos trascendentes, tratarlos privadamente con quienes privilegia? ¿el dominio institucional del poder político y del económico de los millonarios estarán dispuestos en atender las necesidades sociales de las mayorías y promover el desarrollo nacional, sin sacrificar a los trabajadores?

Es aparente la neutralidad y el pretendido democratismo gubernamental, que sirve para enmascarar las anunciadas medidas contra la libertad, el bienestar y el desarrollo que defraudan, una vez más, la fe pública y la ilusión democrática.

Estamos frente a otra traición anunciada. No obstante, la relación entre organizaciones sociales está creando inéditamente propósitos y propuestas unitarias comunes, que anuncian nuevas luchas en la imposición totalitaria.

[1] Catedrático de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Costa Rica.

Ilustración tomada de La Red Latinoamericana por Justicia Económica y Social (LATINDADD).

Es posible llegar a los autores intelectuales de las masacres

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Carlos Meneses Reyes

Se suceden casi a diario. El espectador las vive y padece. Están a ojos vista, pues no se ocultan. Conforman un dilatado paisaje panorámico de terror, angustia, zozobra, estado de intranquilidad, desasosiego, congoja. Se sabe que son resultado del conflicto. Para algunos otra modalidad u otra cara de ese prologado conflicto armado colombiano. Nadie aborda con exactitud porque se dan. Intentan negarlas, dándoles otro explicativo o denominaciones; pero imposible e incomprensible, puesto que ahí están. Se les puede seguir o ubicar en una génesis, con un encadenamiento de sucesos y factores que van de lo simple a lo complejo, que la precisan y fijan, estableciéndolas en una forma puntualizada y precisa. Se aplican, utilizan y conocen en Colombia como masacres; así crudo, sin eufemismos, que son usanzas de expresiones que buscan sustituir un calificativo o expresión que socialmente es ofensiva o de mal gusto y que políticamente, para el ente gubernamental es un calificativo que expresa acusación, señalamiento, condena. Masacre es el asesinato a varias personas en estado de indefensión, en forma cruel, alevosa e innecesaria.

Las masacres en Colombia no obedecen a un fenómeno social o resultado de un conflicto social o económico. Un conflicto social permanente como en Colombia, reviste otras connotaciones, con afectaciones diversas, evocadores a comportamientos diversos. Las masacres enmarcan dentro de un efecto político, resultado de afectaciones propias del conflicto armado interno. El móvil determinante de su causa es el Control de Territorio. Este factor, digamos, es el que ha contribuido a confusiones. No es que exista una confrontación directa de las comunidades con el Estado. Este, con sus fuerzas armadas intentan mantener un control único cuando persiste otros factores armados, con múltiples conformaciones que trae consigo la fragmentación de organizaciones armadas, con presencia e influencia local y hasta regional, pero corresponde abordar a que se debe ese auge. Al menos intentar explicar. La constante es que en los escenarios de masacres persiste la presencia dominante de grupos- bajo nuestro enfoque- de estatus insurgente. A diferencia de otros grupos armados, estos no son volátiles, ni transitorios, sino que radican por la permanencia de control territorial local. Esto, sí constituye el principal factor de enfrentamiento con la fuerza armada estatal. De por si, esto no implica que se de a diario la confrontación armada directa. Cabe otra presentación: los métodos de posiciones y control por parte de las tropas gubernamentales ajustan a una dinámica, por no decir juegos, de reacomodos; asegurando la sucesión de mando oficial, bajo las acciones de baja y media intensidad contra las guerrillas, que responden a todas, inclusive a los bombardeos, que de por sí escasean en el panorama del conflicto…

Saber abordar y distinguir lo de control de territorio

Dominando un semblante de variadas circunstancias, no obstante, resaltar el aspecto principal: control del territorio. Pero no bajo el enjuague de la tónica de dominio del narcotráfico para asegurar “los corredores”, “las vías”, “los santuarios”, sede de los laboratorios y grandes almacenamientos de cocaína procesada; con anuncios de elevados costos en dinero, contante y sonante, no se sabe cómo. El meollo del asunto obedece al control del territorio por parte del Estado, en cabeza de sus fuerzas armadas, que hacen masiva presencia, sin eficacia, producto del desconocimiento y mentiras almibaradas, tanto por el negacionismo oficial-que es tapar el sol con un dedo- de la no existencia del conflicto armado interno, a la luz y contenido del Derecho Internacional y en consecuencia desvirtuar la existencia de un contrario insurgente, rebelde, de estatus beligerante, que reúnen los requisitos elementales de mandos unificado, permanencia por más de cincuenta años en amplias zonas bajo su control, ahondando en la aplicación de un ideario político.

Una estrategia contra insurgente sobre presupuestos falsos, no reales, en que domina es el alias, los sobrenombres, calificativos, estigmatizaciones, prejuicios; conlleva al armatoste de un escenario que pugna con la realidad y objetividad del problema y trae consigo aplicaciones de estrategias fatales como el montaje de la llamada “guerra contra las drogas”, que ha significado una guerra contra la nacionalidad colombiana y el uso y empedramiento de un ejército volcado contra el mismo pueblo, so pretexto de un “enemigo interno”. Conlleva el desgaste de unas fuerzas armadas estatales bajo desconocimiento de existencia real de un contrario al que la inteligencia militar desfigura y diluye sobre su existencia real. Un ejército despojado de la función de protección de las fronteras para evitar el tránsito de tropas extranjeras, para convertirse en mandadero de la oficialidad gringa y demeritar su naturaleza constitucional, al convertirse en una fuerza de choque policial antinarcóticos, con el saldo de atropellos, abusos, y asesinatos al campesinado de subsistencia cocalera. Da grima verlos en la función faldera de erradicadores forzosos, en contrario al espíritu de los Acuerdos de la Habana, que les quitó el peso de un ejército irregular al que no lograron vencer.

Analistas resaltan el fracaso del gobierno en su estrategia militar contra los grupos ilegales. Fracasan en verterlos en el mismo recipiente; por lo cual el esfuerzo diferenciador apunta al uso y provecho de aliados “indeseables” en la principal lucha del Estado colombiano, que lo es la contra insurgente. Ratifica la constante que en tanto hay conflicto armado y lucha contra las guerrillas, el trasfondo de la guerra sucia y el recurso del para militarismo es condicionante en la aplicación de una política y proceder militarista, para el enfrentamiento. Así ha sido y continua siendo; pero la mala hora por la que pasan las fuerzas armadas y sobre todo el ejército, por los escándalos de corrupción , atropellos, asesinatos, suicidios, inexplicables caídas de aeronaves, cantos misóginos, manifiestas divisiones internas, conducen a ineficacia en la aplicación de la doctrina militar, con un aumento significativo de las insurgencias ( ELN, EPL, Segunda Marquetalia, La continuidad de las Farc-ep, que no admiten el mote de “disidencias”, conforme a reciente y acertado trabajo periodístico de Ariel Ávila). Los ataques y eficacia contra las bandas de delincuentes comunes resultan tardías y suma acumulados de denuncias varias, sobre el apoyo y utilización de esas bandas en la inoperancia e inutilidad manifiesta del control territorial nacional

Indiscutible que los escenarios de las masacres en el campo obedecen al predominio, instalación y desarrollo, como forma de vida de estructuras de mercado, en ejercicio de salvajes competencias, entre competidores, por el negocio ilícito de la coca y sus derivados. En que los competidores relevantes armados influyen en la capacidad de incidir en precios, negocios, cantidades de mercancía y comprendiendo que es a la fuerza o con la ley del más fuerte, en la forma que obtienen el equilibrio apropiado. Esos actores armados actúan con funciones específicas: a unos los mueve la adquisición a todo costo de la coca, como materia prima. A otros lo indispensable para su procesamiento de la coca y consecución de recursos. Los hay quienes imponen gravosas cuotas conocidos como “bremajes”. Quienes influyen en el precio del alcaloide como la invasora DEA. Aplican, también, quienes ostentado autoridad y fuerza legal, recrean en el usufructo del enriquecimiento ilícito, producto de la corrupción. Todos y cada uno de esos actores armados que hacen presencia en esos territorios de violencia institucionalizada, por lo prolongado del conflicto sin fin, no escapan a ese azote como un signo maldito. La extensa y compleja Colombia, no admite que sea solo el móvil del narcotráfico el aliciente causante de las masacres. También influyen con peso específico el entorno de la explotación del oro; el lucrativo negocio del robo de hidrocarburos, con válvulas clandestinas a los tubos de los oleoductos, para extraer el “pategrillo”, combustible rudimentario en uso de los cristalizadores de cocaína y el refinamiento de una gasolina artesanal. El lucrativo negocio del contrabando de extracción, de especies, de gasolina, de ganado. El tráfico de armas. Todo un entramado que se adjudica a todos y cada uno de los actores armados y en el que la casta privilegiada del generalato militarista rumia, callado, enriqueciéndose en cifras exorbitantes.

Asomando un concepto de oligopolio, por este se sobreentiende una estructura de mercado, que tiende a una exclusividad de unos cuantos competidores relevantes, con sobrada y demostrada capacidad de influir en el auge del giro ordinario de tales negocios, en la imposición de precios, en el beneficio pecuniario garantizado, en cantidad y equilibrio.

Al difundir la mediática, como reconocimiento, que el móvil determinante de las masacres lo constituye el “control territorial” por el narcotráfico; avalan el esfuerzo por la redacción en lo mostrado, para sustentar la exposición del régimen militarista y dictatorial imperante en Colombia.

Puesto que las masacres obedecen a dinámicas como las expuestas; corresponde confrontar el relato oficial, implicatorio y justificante para el enturbio dispuesto de relación o situación.

Otra es la presentación. Excluyen la lucha frontal contra insurgente, como mandato imperial a un ejército y fuerzas armadas, made in Usa; cuando el hacedero, lo posible, es valerse del enfrentamiento de actores de delincuencia comunes, contra la insurgencia rebelde; como si les fuere dable afirmar, la no existencia de la confrontación directa, de los restantes actores armados, enunciados contra el Estado.

El control territorial obedece al monopolio de la fuerza por parte del Estado; cual carismática misión. El fin y objetivo de la actividad que implementa la dinámica de la guerra es borrar del escenario territorial la presencia de las fuerzas insurgentes, rebeldes. Para ello aplica lo de unirse hasta con el diablo. “Plata es lo que hay” resuena la lapidaria afirmación del generalote, que cual centurión romano dirige a mas de17.000 soldados en el Catatumbo nortesantandereano. Implica detenerse en la aplicación de los métodos contra insurgentes, de posiciones y control. No es por el control territorial de la insurgencia, que indiscutible lo ejerce por más de cincuenta años de conflicto. Mucho menos por el control de rutas del narcotráfico por parte de las guerrillas. Si algo asomó el fracasado, o mejor hecho trizas, proceso de terminación del conflicto armado definitivo con las Farc- ep, es que de ese control, en honor a la Verdad, debía responder eran las fuerzas armadas estatales. Se impone una redefinición al legado falsario de la dictadura mediática y el discurso oficial.

Indisoluble relación de asesinato de líderes y exguerrilleros desarmados con las masacres

Contribuye a extender un manto de impunidad el alegar que debido a la existencia de múltiples organizaciones armadas criminales, se impide identificar a los autores, tanto materiales, como intelectuales, de las masacres que han azotado a Colombia. Se suceden y los organismos investigadores del Estado, aportan solícitos la entrega o identificación de presuntos autores materiales. De esos solo el 49% resultan avante en lo investigable. Asombra la ofensiva simplicidad de atribuirlos a “organizaciones armadas” a “bandas criminales”, “grupos residuales armados”, “disidentes” de los acuerdos de paz. Como móviles han plasmado, cual tamaña desfachatez, que se originan por “ajustes de cuentas”, “control para la comercialización de la droga”, “control de rutas” “control de territorios” para el funcionamiento de negocios ilícitos, etc., etc.

Esas sucesivas masacres revelan el verdadero rostro y semblante de un conflicto armado agudizado. Tras la desmovilización de las antiguas Farc-ep, quedaron los efectos de su presencia popular arraigada en extensas regiones del país. La no implementación de los Acuerdos y en particular la no atención a la sustitución voluntaria de cultivos ilícitos, generaron una situación explosiva de estallido social. Ha sido perverso el comportamiento estatal, luego de la anisada esperanza de erradicación voluntaria y la frustración por la no aplicación de programas a escala; volviendo a incrementar la guerra cual agudización de la lucha de clases en el campo y la sempiterna amenaza de volver a la fumigación aérea con el letal glifosato.

Según la ONU, durante el año 2018, se registraron 11 masacres. En el 2019, aumentaron a 36. El ultimo registro de masacres en Colombia, al redactar el presente artículo, se dio el fin de semana (22 de noviembre) y ocurrió en los departamentos de Cauca y Antioquia. Trece personas fueron asesinadas en hechos ocurridos en una discoteca en el corregimiento de El Mango, zona rural del Cauca (8 victimas) y el otro en una finca de la vereda La Julia, en Betania, Antioquia (5 victimas). Es la masacre #74 ocurrida en el territorio nacional, durante el corriente año de 2.020.

¿El clamor nacional reclama Quién los mató? El escenario es mayoritariamente el campo: pero también crece la tendencia en zonas semi urbanas. En zonas urbanas se atribuyen este año a la Policía Nacional: 13 asesinados durante las protestas del 09 de septiembre en Bogotá, en repudio al asesinato del ciudadano Javier Ordoñez, en uno de los CAI de la capital. 9 asesinados en una cárcel provisional en Soacha, municipio cercano a la capital colombiana, al producirse un incendio en el que estaban hacinados 20 detenidos. El hecho ocurrió el pasado 4 de septiembre en la Estación de Policía y se mantuvo callado, hasta que las madres y familiares de los inmolados, rompieron el silencio que amenazas y terror estatal les impusieron. Circulan pruebas de la omisión y desidia policial e imposibilidad a familiares para sofocar el incendio. La matanza de 23 reclusos en la cárcel Modelo de Bogotá, revelándose que no operó, por parte de la guardia penitenciara, el Inpec, una contención de fuga; sino el calculado accionar de asesinato a mansalva contra los amotinados. La aplicación de la pena de muerte, cual ley de fuga, que prohíbe el estatuto constitucional colombiano.

un cuadro desesperanzador

Amnistía Internacional (AI) cuestiona la voluntad política del gobierno colombiano, en cabeza del sub presidente Duque, para proteger a los (las) líderes sociales y advierte la carencia de eficacia de las medidas tomadas. Un tinte desesperanzado intoxica el ambiente al sucederse reiteradas amenazas y asesinatos de cuadros políticos del movimiento Colombia Humana; del destacado dirigente popular Gustavo Petro Urrego. El senador Gustavo Bolívar, de la misma agrupación política, ante nuevas amenazas de las “Águilas Negras” en su contra, da a entender que el Ministro de Defensa Holmes Trujillo actúa en complicidad con ellas. Petro, a su vez, ha sostenido que las tales “águilas negras” no existen, sino que obedecen a facciones o pandillas internas dentro de las mismas fuerzas armadas estatales. Es decir, en torno a la proyección analítica de ese elemento perturbador del ejercicio a la oposición política, las tales “águilas negras” actuarían como pandilla interna, con la aplicación de desaforados procederes con el proyecto de propósitos claros, e identificación de pensamiento e intención de llevar a cabo una política de contra insurgencia indiscriminatoria, resultado de un mandato político, que solo podría provenir del partido en el poder, que se comporta más como secta.

A ello se suma la campaña de sindicar y estigmatizar de la secta, que no partido, el centro democrático (CD), a la organización nacional del magisterio colombiano FECODE, por el interés y actividad de la juventud colombiana por protestar dentro del movimiento popular contra el actual estado de cosas. Esa campaña difamatoria y de estigma, trae como resultado recientes asesinatos a profesores; ensañamiento de extorsiones económicas en regiones como el Catatumbo contra el cuerpo magisterial. El reciente asesinato en la ciudad de Ocaña, contra el líder opositor Jorge Solano Vega (Coqui); valiente denunciante contra el maridaje corrupto de alianzas de grupos políticos y el señalamiento personal contra actuaciones del diputado del tal centro democrático, en unión con conservadores, con demostradas andanadas de críticas con que mantenía atenta a la opinión pública; sustentadas citas de corrupción en los manejos de los recursos de los Hospitales de Ocaña y de Abrego, el desvío de dos mil millones de pesos, de los recursos públicos para obtener salidas de carreteables en finca ganadera de propiedad de uno de ellos; e innumerables denuncias sustentadas con que martirizaba, tanto de día como de noche, a una calaña de politiquerías corruptos en la Administración municipal de su terruño. Ese, su asesinato, enmarca dentro de la sistematicidad de praxis política, para acallar las voces opositoras en Colombia.