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Un virus democrático y democratizador

Luis Fernando Astorga Gatjens,
luferag@gmail.com

Tenía que llegar un virus como éste que ha creado esta pandemia apocalíptica, para recordarnos a los seres humanos, que, en materia de contagio, la democracia es lo realmente que marca el signo de los tiempos.

Ese ser tan diminuto que no sabemos a ciencia cierta, si es un ser vivo o es naturaleza muerta e inerte, nos dice ahora que no va a respetar fronteras entre países, que no va fijarse si somos ricos o pobres, que no va a discriminar ni por género, ni por color de piel, ni por edad. A todas y todos nos puede afectar, en formar directa y dramática llevándonos incluso a la muerte, o nos puede convertir en portadores que lo podemos multiplicar entre seres queridos o personas con quienes tengamos un contacto, aunque sea efímero. Nos dice sin reparo alguno que su acción contagiosa es de naturaleza eminentemente democrática.

El Dr. Benjamin Neuman, profesor de biología de la Universidad de Texas, en un artículo en el portal “The Conversation” lo advierte muy claro: “La enfermedad covid-19, causada por el SARS-CoV-2, se desarrolla como una infección en los pulmones y causa estragos en el sistema inmunitario que pueden provocar daño pulmonar a largo plazo o incluso causar la muerte del infectado.” Aunque es similar a otros a otros coronavirus, el virus de la pandemia del presente tiene características genéticas que juegan un rol relevante en la facilidad y la capacidad de infectar a las personas. Es decir, en ese voraz esfuerzo de contaminación democrática, es muy eficaz y eficiente.

De ahí que la respuesta de la humanidad y de todas las sociedades humanas, debe ser igualmente democrática y solidaria entre los países, entre las sociedades y comunidades, y desde luego, entre las personas. Sin embargo, hay líderes políticos como Donald Trump, que desde la sinrazón y el egoísmo más exacerbado, quieren ganar la carrera para llegar primero a algún tratamiento eficaz o con la obtención de una vacuna que nos inmunice, pensando mezquinamente en su país y en su reelección presidencial. Nadie pudo caracterizar mejor esta conducta infame que el filósofo y escritor francés, Albert Camus: “Lo peor de la peste no es que mata los cuerpos, sino que desnuda las almas y ese espectáculo suele ser horroroso”.

Los gobiernos y sus líderes políticos deben ser democráticos, solidarios y justos en la solución a esta inmensa crisis y sus prolongadas e inexorables secuelas. Son tiempos extraordinarios que demandan soluciones extraordinarias y no deben haber ni vacilaciones y dudas en tomarlas.

Si algo requieren los Estados y gobiernos hoy para enfrentar a este contagio nivelador y democrático, es dinero para administrarlo, justa y eficientemente. Ya hablaremos sobre este crucial tema en un próximo artículo. Ese recurso se requiere, primero para atender a las personas contagiadas, para reducir el riesgo del contagio y para dar respuesta a las necesidades en bienes alimentarios y servicios básicos, priorizando a las personas y grupos más afectados.

Para atender a las personas enfermas se requiere crear las mejores condiciones para recibirles en hospitales y centros especializados. Y eso incluye, en primerísimo lugar, dotar con el equipo necesario (batas de protección, mascarillas N95, guantes, entre otros implementos) a las y los médicos que están en esa heroica primera fila y demás personal sanitario de apoyo.

Se requieren instrumentos de prueba para detectar el Covid-19 a tiempo. Es urgente que el país se dote del mayor número de ellos lo antes posible y aplicarlos de inmediato, como bien lo hizo Corea del Sur, alcanzando buenos resultados en reducir y detener la propagación de la epidemia. De la misma manera, se requiere que la CCSS se dote del mayor número de respiradores, que son claves para salvar vidas de personas infectadas. Ahora mismo se ha vuelto complicado porque hay estados poderosos utilizando todo tipo de métodos –incluso éticamente inaceptables–para comprar acaparadoramente este tipo de equipos, pero la Caja debe hacer el mayor esfuerzo para adquirirlos. Por otra parte, ojalá que las iniciativas de nuestras universidades públicas (UCR y TEC), alcancen buenos resultados en la fabricación inmediata de ese tipo de respiradores, con lo que se podrán salvar muchas vidas.

Tenemos la certeza que sólo la democracia –real y efectiva–, la solidaridad y el apoyo mutuo, serán capaces de contener y minimizar los estragos de hoy, mañana y pasado mañana, que ya provoca y provocará por semanas y meses, este virus que nos alecciona sobre la Democracia como no ha sido capaz ningún líder político en la historia.

Enviado por el autor.

Guatemala, manifestación del 21N: Una breve descripción del contexto político

José Pablo Menchú Jiménez

Para entender lo que está pasando en Guatemala es necesario comprender el modus operandi de la política del país. Que en términos generales se resume en un Estado cooptado por mafias que gravitan alrededor de los tres poderes. Estas mafias forman redes cuyo objetivo es enriquecerse con el presupuesto público controlando el congreso y el ejecutivo y asegurarse impunidad controlando el sistema de justicia. Por cierto, esta forma de operar el sistema político fue revelada a la ciudadanía gracias a las investigaciones de la CICIG. Como consecuencias existe una institucionalidad democrática débil para soportar la carga de un desarrollo integral.

Ahora bien, durante el 2020 ha habido varios hechos que han tensado la política guatemalteca. Entre los que se puede mencionar problemas relacionados con la pandemia del COVID 19 y de índole político. En el caso del primero se encuentra el endeudamiento del Estado a raíz de la pandemia del COVID 19 y cuyos resultados positivos no son evidentes (hospitales desabastecidos, médicos que no reciben salarios, etc.) y un gobierno incapaz de hacer frente al aumento de desigualdades sociales. En el segundo existe un intento de debilitar el sistema democrático con el descaro del Congreso de la República por no acatar las resoluciones de la Corte de Constitucionalidad, los ataques contra la Procuraduría de Derechos Humanos y la Fiscalía Especial Contra la Corrupción.

A todo eso se suma la forma autoritaria de ejercer el gobierno que ha asumido Giammattei, ya sea enfrentándose a periodistas, atacando a organizaciones indígenas o simplemente haciendo oídos sordos a las demandas ciudadanas en cuanto a destitución de ministros y rendición de cuentas. Esto le ha representado que después de 10 meses Giammatei sea uno de los presidentes peor evaluados de la región (30% de aprobación y esta va en picada).

¿Cuál fue la gota que derramó el vaso? Fue la aprobación del presupuesto para el siguiente año fiscal. Donde se hizo visible ese modus operandi de la estructura política guatemalteca. Hay varios puntos claves que molestó a la ciudadanía desde la aprobación en hora de la madrugada, diputados que alegan que el mismo día de la sesión fue entregado la propuesta y que ya todo estaba negociado, el aumento de la deuda, la compra de un nuevo edificio para el congreso, disminución de fondos para atender la desnutrición, aumento de fondos para el Congreso, etc.

Y lo peor de todo es el sentimiento de que los diputados se están aprovechando de la pandemia y las catástrofes naturales para hacer un presupuesto a la medida de la corrupción, con el apoyo del gobierno. Todo ello generó un consenso social de diversos sectores (que no se veía desde las manifestaciones del 2015) de hartazgo hacia el sistema político. Esto conllevo a la manifestación del sábado 11 de noviembre, siendo una de las consignas más importantes que el presidente vete el presupuesto. Pero la respuesta del gobierno fue la brutalidad policial, desde gases lacrimógenos a manifestantes pacíficos, detenciones ilegales a periodistas y estudiantes, portación de armas de fuego de elementos de la fuerza pública y uso de la violencia física en contra de mujeres y jóvenes que manifestaban pacíficamente. Una brutalidad policial que en el pasado reciente solo se conocía en el interior del país contra los pueblos indígenas.

Como consecuencia de las movilizaciones ciudadanas, en horas de la madrugada el congreso suspendió el trámite del presupuesto para desmotivar próximas manifestaciones. Aun así, todavía quedan varios puntos importantes por ejemplo el descontento ya no solo contra el presupuesto sino contra el sistema político, un presidente que cada día es más impopular, un congreso que carece de legitimidad y falta conocer cuál va a ser la reacción de las organizaciones campesinas e indígenas más allá de sus comunicados en oposición al presupuesto y papel del congreso. Lo que es una certeza es que hay todo un ambiente propicio para que la movilización ciudadana continúe.

 

Fuente de las imágenes:
Tomada por Doug Tejeda de la cuenta de twitter de Pía La Periodista (@PiaLaPeriodista)
Las otras dos fueron tomadas de la cuenta de Twitter de Agencia Ocote (@AgenciaOcote)

Como expresión de amor el matrimonio no está sujeto a autorizaciones y permisos, a normas que lo regulen

(Palabras pronunciadas por Vladimir de la Cruz, en el matrimonio de su hija Yalena de la Cruz con Karina Vargas, el sábado 21 de noviembre del 2020, celebrado en Hacienda Sitio de Mata, en Pavones de Turrialba)

El matrimonio de Yalena y de Karina, que nos reúne hoy, es una relación sostenida en el tiempo, consolidada y fortalecida. A Karina la conocí hace poco, pero me impresionó su ser, su franqueza para expresar sus inquietudes, su capacidad, su sencillez, su sólida formación científica y profesional, su precisión para decir las cosas y sus pensamientos.

Profesionalmente la he llegado a valorar extraordinariamente, por el esfuerzo de superación constante que hace. Incluso, recientemente, se ha doble graduado, llegando a muy altos niveles de superación y de poder asumir responsabilidades igualmente altas. Eso es muy importante, no solo para ella, sino para Yalena también, como pareja que son, para Sofía como su hija, que es nuestra nieta.

En el caso de Yalena, ¿qué puedo decir, en un momento como éste? Es mi primera hija. Desde chiquita siempre tuvo carácter, siempre tuvo capacidad para tomar decisiones importantes, que las hacía valer.

Se le estimuló para que afirmara su carácter, su personalidad, su propia identidad. Aprendió a que se respetaran sus opiniones, sus manifestaciones, sus acciones. Aprendió desde pequeña a ser tratada como una persona. A los cinco años ya leía por sí misma, devoraba los libros infantiles que se le daban, lo que le permitió avanzar más rápidamente en el proceso escolar. Fue disciplinada ante el estudio y buena estudiante siempre.

Cuando fue dirigente estudiantil universitaria fue “peleona”, defendió derechos estudiantiles, derechos de las mujeres, y fue de las que, en la Universidad, también participó y desarrolló las primeras luchas contra el acoso y el abuso que sufrían las mujeres estudiantes, especialmente en la Facultad de Odontología.

En el Consejo Universitario tuvo allí sus distinciones también, afirmando y defendiendo siempre derechos, fijando posiciones, luchando por lo que ella creía que era lo justo, así como actuando en la defensa de los derechos de otras personas y de los estudiantes, especialmente, desde la Defensoría Estudiantil.

Además, empezó a escribir en el periódico La Nación, donde ha tenido sus discusiones y polémicas. Recuerdo la enorme alegría que tenía cuando el periodista Julio Rodríguez la integró a la Página de Opinión de este periódico, con el que se ha mantenido desde hace ya muchos años, como una de sus columnistas, abordando distintos temas, y algunas polémicas fuertes.

Cuando ha formado parte de Juntas Directivas de instituciones es como una bolsa de clavos en las nalgas, porque es muy recta, muy correcta, muy honrada, es de principios sólidos, lo que la lleva a enfrentarse a todo lo que le parece que es corrupción, a lo que no le gusta del mal manejo del campo administrativo, lo que es muy importante no solo para ella, sino para quienes la conocemos, porque sabemos que ella actúa pensando siempre que hace lo correcto, lo justo, que es la mejor forma de realizarse, como debe realizarse una persona con valores. En lo que ella cree es muy íntegra y consecuente. Es apasionada por sus acciones y decisiones.

Cuando se enamoró, en la forma como lo ha hecho, empezó también a defender sus decisiones, su libertad de amor y de amar, aun cuando la sociedad no permitía o admitía espacios para expresar esos sentimientos. Pero, ella los hacía valer y los hizo reconocer, que es lo más importante, como lo estamos haciendo hoy quienes nos hemos reunido, familiares y amigos, para celebrar con Karina y Yalena la decisión de amarse en la figura jurídica del matrimonio que hoy están concretando, que la sociedad y el Estado costarricense ya ha establecido como un Derecho Humano de los costarricenses.

Hoy estamos ante un proceso en el que realmente culmina esa parte de las luchas de Yalena, y también de Karina.

Yalena y Karina son buenas personas. Esto es lo más importante para la unión que se ha formalizado en el acto de sus firmas y en la declaración pública de sus afectos y votos de convivencia que han expresado ante todos nosotros.

La sociedad costarricense, desde 1888, estableció como el único matrimonio válido el realizado ante autoridad civil, cuando se creó el Registro Civil y cuando se reguló el matrimonio en el Código Civil, aprobado ese año, obligando, a la vez, que los matrimonios celebrados con oficios religiosos católicos, desde esa época, se debían inscribir en el Registro Civil para su plena legalidad y reconocimiento legal público. A los sacerdotes se les dio la condición de Auxiliares del Registro Civil, a efectos de la realización de los matrimonios que se hacen bajo las normas eclesiásticas, y bajo sus responsabilidades.

La Iglesia tenía la facultad de realizar los matrimonios en aquella época, donde también tenía el ejercicio monopólico de la religión católica. Apenas empezaban a introducirse otras manifestaciones religiosas cristianas con la construcción del ferrocarril a Limón.

En el campo educativo a principios del siglo XX se empezaba a enseñar en aulas escolares a niños y a niñas, bajo una gran polémica con la Iglesia Católica, que se oponía a esta enseñanza, por el peligro que entrañaba, según la Iglesia, de que los hombres se feminizan y las mujeres se masculinizan, por estar juntos, en la misma aula, en el proceso del aprendizaje.

El matrimonio, como hoy lo entendemos, no siempre existió, ni siempre estuvo sujeto a normas ni a aceptación religiosa. La institución del matrimonio en el pasado también estuvo asociada a raptos, esclavitud, promiscuidad, prostitución, regulado así por costumbres, usos y tradiciones, en ocasiones con papel predominante de las mujeres hasta que se impuso el machismo y el patriarcalismo en el ejercicio de estas tradiciones matrimoniales y familiares, resultado de las relaciones de producción que modificaron los papeles sociales de las personas, amparado por los cánones religiosos cristianos que nos fueron impuestos, por los españoles, desde la colonia.

Hubo prácticas colectivas de matrimonios, antes de la consideración individual de pareja que le damos hoy. En muchos casos la “familia” era una “cárcel” especialmente para las mujeres. Sobre ellas se decidía, en el caso de las hijas, incluso en su opción matrimonial, “negociándolas”, como mercancías. Los padres, se llegó a acostumbrar, decidían por sus hijas el matrimonio, escogiéndoles sus maridos.

El matrimonio es una institución muy vieja que no pasa de moda. Se siguen realizando, con gran entusiasmo, con gran celebración. Es un punto de encuentro y de fusión de familias. El matrimonio es también una expresión de amor. Como expresión de amor el matrimonio no está sujeto a autorizaciones y permisos, a normas que lo regulen. Se regula y se cumple por el respeto que se profesen los contrayentes, la pareja que decide vivir en unión, mientras así lo decidan y acuerden. El afecto, la ternura y la relación amorosa que se manifiesta en el acto matrimonial no descansa en los timbres, en los sellos que se estampan en el acta notarial, en la firma de los Abogados Notarios, o funcionarios autorizados a realizar matrimonios, ni en las normas que se cumplen para realizarlo. Descansa el matrimonio en el amor mutuo que se profesen los contrayentes, sin importar la opinión, ni la de la llamada opinión pública, ni de quienes a la distancia observan el acto de la unión que ha acordado, que llamamos matrimonio. El matrimonio, como acto de amor, es una legítima unión libre amparada por un formalismo estatal.

La filiación maternal fue fundamental en el desarrollo de las relaciones familiares y matrimoniales. Se tuvo “matria” antes que “patria”. Hasta hace poco tiempo, hasta los avances científicos del ADN, la paternidad era misteriosa mientras la maternidad era real. En 1949 se logró la igualdad de las mujeres en derechos políticos, el de votar, recientemente fortalecidos con la exigencia de la igualdad de oportunidad de ser electas mediante la alternabilidad vertical y horizontal que se ha establecido para aspirar a puestos de representación política.

En 1970 con el Código de Familia la mujer se igualó al hombre en sus relaciones matrimoniales y familiares. Siguió luego el avance en otros derechos.

El papel de la mujer en la sociedad costarricense ha evolucionado, cada vez más, hasta alcanzar la plena igualdad hoy en el ejercicio de derechos y libertades.

La última batalla ha sido el reconocimiento, no solo de las mujeres, sino de los hombres también, para que puedan realizarse y convivir en parejas matrimoniales del mismo sexo, así reconocidas jurídicamente en el país, y ante la sociedad, sin prejuicio, ni exclusión ni discriminación alguna. No ha sido una lucha sencilla. Ha sido dura. Para algunos ha sido muy dolorosa.

Finalmente se ha impuesto y consolidado, en la sociedad costarricense, el matrimonio civil, como expresión del contrato de dos personas, de diferente o del mismo sexo, que quieran unir sus vidas, para amarse, acompañarse, para construir en común su futuro, con respeto y aceptación a las otras formas, de carácter religioso, por las cuales otras personas quieran unirse.

Hoy la sociedad costarricense reconoce el derecho de las personas a casarse, de cualquier persona, a constituir matrimonios y familias, de conformidad a prácticas civiles, laicas, no religiosas, así como el de quienes quieran casarse de conformidad a rituales y a prácticas religiosas, especialmente católicas.

En las condiciones actuales puedo afirmar que hay más amor entre personas iguales y menos desigualdad social en este campo del amor. No se ha tratado de abolir el matrimonio como institución para garantizar esta igualdad, se ha tratado de fortalecer esa igualdad quitándole las trabas, a la institución de matrimonio que lo ataban, para que quienes quisieran casarse lo pudieran hacer al amparo del Estado, de sus instituciones legitimadoras, de conformidad a una nueva escala de valores públicos, sin importar su sexo, su género.

Así surgen estos nuevos matrimonios, como el que hoy se lleva a cabo entre Yalena y Karina, que contribuyen a salvar la idea tradicional del matrimonio, y a fortalecer los diversos conceptos de familia, que la misma sociedad produce, las familias de dos personas de diferente sexo, con hijos o sin ellos, con hijos adoptados, las familias de madres solteras, las familias de personas que no tienen vínculo matrimonial formal, las que sí lo tienen, las parejas de mismo sexo, con hijos o sin ellos, con hijos adoptados, las familias que dependen de las madres cabezas de hogar, que son las que tienen los principales ingresos económicos de sus hogares aun cuando tienen esposo o compañero, las familias cuyo eje descansa en la presencia de un abuelo o abuela o de algún otro familiar, o de solo la madre o de solo el padre, así como las diversas familias que pueden formar los miembros de la comunidad LGTBY, que generan en la práctica familias de dos mamás o de dos papás.

El matrimonio es también una manifestación de una conciencia aprobatoria. No se realizan actos que en conciencia se rechazan. Quienes aquí nos reunimos aceptamos, aprobamos y nos alegramos de la decisión que han tomado nuestras hijas, Yalena de la Cruz Figueroa y Karina Vargas Lepe, de asumir este compromiso, ante ellas mismas, ante sus amigos y familiares, y ante la sociedad, que las protege legalmente, así como a su bellísima hija, nuestra nieta, Sofía, que es parte esencial de esta nueva familia, y de nuestras familias reunidas en este acto de amor, que nos han hecho crecer como familias y como seres humanos.

Esta ceremonia ha sido convocada por Yalena y por Karina para hacernos partícipes y testigos de honor de la unión que han acordado, haciendo uso pleno de sus libertades, y participándonos de la decisión que han tomado en conciencia sus corazones.

No estamos aquí para imponer nuestra visión del mundo, ni nuestra voluntad, ni nuestra escala de valores. Estamos aquí, en nuestra condición de padres, hermanos, familiares y amigos, para afirmar nuestro respeto por la decisión de vida que han tomado, por la unión que han acordado en este momento, con la alegría que nos causa su decisión, su unión matrimonial.

En este acto celebrado han mostrado ser más libres, más realizadas en el amor que se profesan, más dueñas de sí mismas, más responsables de sus actos.

En este acto nosotros no pedimos nada. Son ustedes, Karina y Yalena, las que nos brindan su acto de amor, que con los años nos darán mucho.

Experimentamos como familias una renovación de la vida en el ámbito discreto e íntimo de nuestras familias, y en el ámbito público de la sociedad. En el porvenir de ustedes prolongamos también nuestra existencia. En el acto que acaban de realizar expresan la intensidad de sus vidas, su amor, su calidad de buenas personas. Hoy unidas son más fuertes y afortunadas.

Afirmamos y reconocemos, en este acto, con nuestra presencia, su libertad de amarse en la unión que han pactado, en esta nueva Costa Rica, en vísperas del Bicentenario de la Independencia, que ha abierto, en el campo de las relaciones matrimoniales, un nuevo horizonte para todos los costarricenses.

Al brindar por sus parabienes matrimoniales, ¡Les deseamos la mayor felicidad posible, junto a Sofía!

¿Qué está pasando en las elecciones de Estados Unidos?

El sistema electoral en los EEUU y el poderío de Trump en el Partido Republicano.

Vladimir de la Cruz

El resultado de las elecciones en Estados Unidos no ha acabado formalmente, no se ha terminado de cerrar el proceso en toda su dimensión. Aún no ha terminado el conteo de votos y su verificación correspondiente en algunos Estados, de los 50 que forman la Unión Americana, junto al Distrito Capital. Todavía en enero se eligen dos senadores, que puede ser la diferencia para tener la mayoría de ese órgano político.

Aunque se conozcan los resultados generales, de la votación del pasado 3 de noviembre, no ha habido aún una declaratoria definitiva del ganador. Por ello es que los medios de comunicación, la prensa en general es la que termina señalando, y dando por ganador, a aquel candidato que se sabe por los resultados provisionales que ganó la mayoría de los miembros del Colegio Electoral, que es el grupo de ciudadano, 538 en total, encargado y designado para emitir finalmente los votos, en nombre del resto de los ciudadanos, para proclamar al Presidente y al Vicepresidente de los Estados Unidos.

Los votantes o miembros del Colegio Electoral resultan electos del mismo proceso de votación general y de carácter popular de cada Estado. Así se da el voto popular general y el voto de los miembros del Colegio Electoral.

No necesariamente la mayoría de los votos populares asegura la mayoría de los votos del Colegio Electoral porque ello depende de cada Estado, en el número de sus votantes. Así puede darse, a favor de un candidato, una mayoría de votos populares y una minoría de votos en el Colegio Electoral, como le resultó a Hillary Clinton en el 2016 contra Donald Trump. Del mismo modo, en las actuales elecciones Joe Biden ha ganado abrumadoramente el voto popular y, de igual manera, el voto mayoritario de los miembros del Colegio Electoral, situación que no acepta, en este caso, Donald Trump, quien ha perdido las elecciones.

48 de los 50 Estados tienen un sistema eliminatorio de voto, por el cual el candidato que obtiene la mayoría de los votos populares se lleva todos los Votos Electorales, los del Colegio Electoral, a su favor.

Los miembros del Colegio Electoral, una vez que se certifiquen los resultados de votación por cada Estado, se reúnen en la capital de cada uno de los Estados, para emitir sus votos, en la primera quincena de diciembre. Realizada esta votación, estos votos se envían a Washington, para que, en sesión conjunta del Congreso y el Senado, se cuenten y se haga la proclamación oficial del ganador a la Presidencia de los Estados Unidos, en los primeros días de enero, quien asume unos días más tarde ya oficialmente. Así, es el Colegio Electoral y no los votos populares los que eligen al Presidente y Vicepresidente de los Estados Unidos.

En las elecciones que acaban de pasar Joe Biden y Kamala Harris han ganado ambos procesos, votos populares y votos electorales. Queda en los próximos días por confirmar estos resultados de acuerdo con los procedimientos de cada Estado, lo que debe hacerse antes del 14 de diciembre.

De todos los procesos electorales que ha habido en Estados Unidos para elegir Presidente y Vicepresidente, en 18 ocasiones, incluida la de Trump, el ganador no ha obtenido la mayoría de los votos populares. La primera vez que ocurrió fue en 1824 con John Quincy Adams y en las dos últimas fue con George W. Bush en el 2000 y Donald Trump en el 2016.

Como en todo proceso electoral se pueden impugnar sus resultados. En el caso de los Estados Unidos eso procede hacerlo en cada Estado, y al interior de cada Estado. Por esta razón es que se aprecia a Donald Trump impugnando casi 50 procesos electorales en los distintos Estados, con ánimo de recortar o eliminar votos del candidato ganador, para cambiar, de serle posible, los votos electorales a su favor, situación que ya no es posible hacer. Los resultados son contundentes a favor de Joe Biden y Kamala Harris.

El sistema electoral de los Estados Unidos es propio de ese gran país, del mismo modo como hay sistemas electorales en otros países de manera particular.

De acuerdo con la Constitución de los Estados Unidos los Estados son los que tienen ciertas facultades de manera propia y exclusiva, entre ellas aspectos de educación, de salud y de carácter electoral, mientras que el Gobierno Nacional o Federal, atiende la política exterior y los asuntos de defensa y seguridad nacional, por ejemplo. Por ello se han producido, junto con el Distrito Capital, 51 elecciones estatales para elegir al Presidente y Vicepresidente, con el doble de resultados de votos populares y votos electorales.

El sufragio en los Estados Unidos, como Derecho, se desarrolló históricamente, como en la mayoría de los países, para alcanzar a la totalidad de la población mayor de 18 años. La primera vez que hubo una elección, en 1789, de la que resultó electo George Washington, solo participó el 6% de la población mayor de 21 años, de 13 Estados, en esa época, que podían votar. Hoy pueden hacerlo todos los mayores de 18 años.

Otras instancias de votación son el Congreso, de 435 miembros, y el Senado con 100 miembros.

Las elecciones para cargos federales se deben realizar en años pares, las de los diputados cada dos años, para períodos de 4 años. Los senadores duran en sus puestos seis años, cambiándose por tercios, 33 senadores, cada dos años.

Al Presidente solo se le permite, por reforma constitucional realizada en 1951, solo una reelección consecutiva o alterna. Los demás puestos de elección popular pueden reelegirse. Joe Biden tiene 47 años de ser Senador.

El Senado se compone de 100 miembros a razón de dos por cada Estado, mientras que en el Congreso se elige un miembro por cada Estado y el resto por resultado proporcional de votos según la población votante.

Desde 1852 todos los Presidentes de Estados Unidos han pertenecido a los partidos Republicano o Demócrata. Del mismo modo ejercen un control similar de las Gobernaciones estatales.

El sistema electoral de los Estados Unidos está hecho para que los partidos pequeños tengan muy poca capacidad de elegir representantes populares al Congreso o al Senado, por la forma del sistema mayoritario uninominal, por distrito, que existe de candidaturas.

Junto a esto, el sistema del Colegio Electoral afirma y consolida y refuerza, el poder bipartidista de los Estados Unidos.

Las encuestas electorales en Estados Unidos juegan un papel muy importante. En esta campaña electoral y en la anterior del 2016, respecto a los votos populares fueron muy acertadas, no así en los votos electorales. Del 2016 al 2020 se hicieron correcciones para la medición de los datos de encuestas, que aún no satisficieron en sus resultados, lo que llevará a nuevos procesos de ajuste y de formulación regional de las encuestas, en todas las dimensiones que lo hacen en Estados Unidos, para lograr mayor precisión y certeza en sus resultados, para futuras evaluaciones.

Las elecciones en Estados Unidos, las nacionales o federales, se realizan desde las bases de las comunidades. No existen normas generales para todos los Estados, que pueden tener sus particularidades de organización y conteo de votos. Hoy se obliga a que haya papeletas de votación de varios idiomas para asegurar los votantes que no tienen el inglés como primer idioma, por lo que puede haber distintos tipos de papeletas y de votación.

En la mayoría de los países hay un órgano institucional, director, organizador con capacidad de declarar el resultado electoral de manera definitiva. No es así en Estados Unidos.

El resultado de la reciente elección ha desnudado a la sociedad norteamericana, exhibiéndola altamente dividida en el campo político, entre las dos fuerzas que se expresan en los partidos Republicano y Demócrata, representando cada uno de ellos tendencias conservadoras y liberales, donde los conservadores son extremistas, y a los liberales, que calzan más con postulados socialdemócratas, los acusan de socialistas y casi comunistas.

Las elecciones han hecho surgir caudillismos políticos que no eran evidentes en la sociedad norteamericana, de tipo populista, siendo Trump su mejor representante, que se ha impuesto como líder de masas, con su propia fuerza, de carácter conservador, derechista, populista, de cierto estilo fascista. No casualmente le apoyan los movimientos nacionalistas, anticomunistas y antisocialistas en general, profascistas, religiosos conservadores, supremacistas, armamentistas, antimigracionistas.

Trump perdió las elecciones ganando en lo personal. También se impuso como líder, hasta hoy, en el poderoso Partido Republicano. Ha generado un terror y un miedo a los propios dirigentes nacionales de este Partido, que no lo han podido frenar, ni imponérsele como Partido para que reconozca el resultado de las elecciones, ni el Partido como tal lo ha hecho. Logró aumentar el número de congresistas sin haber obtenido la mayoría, mantiene la mayoría del Senado, salvo que la elección de los últimos dos senadores el 5 de enero, los pierda. Si los mantiene ejercerá un control poderoso sobre el próximo Gobierno de Biden y Harris. Ha anunciado que seguirá en política, en caso de aceptar su derrota, para volverse a postular en el 2024, con lo cual está desplazando a cualquier candidato que quiera hacerlo dentro del Partido Republicano. Ha fortalecido su presencia en dos medios televisivos con ese propósito. Desarrolló un estilo de comunicación por Twitter que no va a dejar de lado con sus fanáticos seguidores. Ha enseñado a sus seguidores a movilizarse como milicias ciudadanas, incluso armadas. Ha sostenido, discurso que mantendrá, que las elecciones le fueron robadas, que el triunfo de Biden es resultado de un fraude, lo que tiene que reivindicarse. Ha fomentado un discurso divisor de contenido antisocialista, casi al nivel del macartismo de los años cincuenta.

Trump está forzando el sistema institucional, peligrosamente, a no reconocer el triunfo de Biden, y a forzar que sea el Senado y la Corte Suprema de Justicia, con mayoría de jueces conservadores, nombrados por el Partido Republicano y por el mismo Trump, para que se desconozca ese resultado electoral y se afirme su continuidad en el Poder del Gobierno Federal, lo que parece ser una fórmula jurídica en posibilidad de llegarse a aplicar, sin considerar el peligro que eso entraña para la propia democracia norteamericana, su sistema político y para el escenario de una guerra civil de incalculables consecuencias, con un gobierno autoritario, que surgido de esa manera, no sería más que una dictadura y una tiranía.

La salida de Trump y la llegada de Biden es también otro reto para el Partido Demócrata, de desarrollarse más como un partido de masas, con clara y fuerte presencia nacional del Presidente Biden y su Vicepresidenta, Harris, de desarrollar una acción de gobierno fuerte, vigorosa, trascendente a toda la sociedad norteamericana, con posibilidad real de unir a la nación y de derrotar las tendencias populistas de Trump.

Al menos hasta ahora la llegada de Biden a la Presidencia de los Estados Unidos se ha visto a escala universal como un nuevo amanecer, como un fortalecimiento de las relaciones internacionales que se habían alcanzado alrededor de metas comunes en muchos campos, a la no desglobalización y debilitamiento de los organismos internacionales que hoy de muchas maneras influyen, con sus limitaciones, en la paz mundial, en el comercio internacional y en el desarrollo y fortalecimiento de los Derechos Humanos en todas sus expresiones.

Artículo publicado en Wall Street International Magazyne el lunes 23 de noviembre del 2020 y enviado a SURCOS por el autor.

Medidas adicionales para las personas con discapacidad ante el COVID-19

Luis Fernando Astorga Gatjens,
luferag@gmail.com

El Consejo Nacional de Personas con Discapacidad (CONAPDIS) ha venido demandando, a las autoridades de Gobierno y a distintas instituciones públicas, la necesidad de que implementen un conjunto de medidas adicionales de protección para las personas con discapacidad, en atención a la declaratoria de Emergencia Nacional por el COVID-19.

Este esfuerzo es tan necesario como oportuno. El pasado martes, 17 de marzo, la Relatora Especial sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU, la costarricense Catalina Devandas, reclamó que se han tomado escasas medidas para proporcionar la orientación y los apoyos necesarios a las personas con discapacidad, para protegerlas del contagio de la actual pandemia del COVID-19 que afecta al mundo y a nuestro país. Devandas expresó que “este apoyo es básico para su supervivencia”, por lo que solicitó a los Estados la adopción de medidas adicionales de protección social, y atención de salud oportuna, de calidad y en lugares que garanticen su seguridad y privacidad, en función de que las personas con discapacidad cuenten con apoyo seguro a lo largo y hasta que termine la crisis.

“Las personas con discapacidad se ven afectadas de manera desproporcionada en situaciones de desastre, emergencia y conflicto debido a que las medidas de evacuación, respuesta (incluidos los refugios, los campamentos y la distribución de alimentos) y recuperación les resultan inaccesibles”. (DESA-ONU).

Muchas personas con discapacidad se consideran particularmente vulnerables ante el coronavirus y, por el hecho de la necesidad de asistencia personal, mayor limitación para la movilidad, acceso limitado a la comunicación, son de alto riesgo de contagio. El Gobierno y demás entidades públicas y privadas, que están atendiendo esta desafiante crisis, deben tomar muy en serio estos justos y acertados llamados a poner atención a la situación particular de este sector poblacional, que suma entre 670 640 personas (Censo, 2011) y más de 900 mil (ENADIS, 2018).

Como bien señala el ente rector en la materia: “esta vulnerabilidad se ve incrementada debido a que el 52.4% de la población total con discapacidad, se ubica en los dos quintiles de menor ingreso (214,370 mujeres y 138,627 hombres)”. Y la pobreza y la exclusión social, como es bien sabido, hacen que las personas sean más afectadas por las distintas crisis y ésta de carácter sanitario, las hace severamente vulnerables.

Esta vulnerabilidad se extiende, inevitablemente, a sus familias ya que muchas personas por su condición de discapacidad, demandan la atención directa y cotidiana de familiares. Como ha advertido el CONAPDIS: “la actual situación de emergencia nacional por el COVID-19 limita el contacto entre familiares y coloca en situación de riesgo, abuso o negligencia a las personas con discapacidad.”.

Con el propósito de asegurar el cumplimiento efectivo del derecho a la salud para este amplio sector de la población nacional, se demandan esas medidas adicionales, subrayando –eso si—que no es por su discapacidad “sino, porque muchas de ellas tienen condiciones de salud de riesgo y se encuentran en una situación sensible.”

Cabe aquí invocar el Artículo 11 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad sobre “Situaciones de riesgo y emergencias humanitarias” (CDPD, ONU, 2006) que indica lo siguiente: “Los Estados Partes adoptarán, en virtud de las responsabilidades que les corresponden con arreglo al derecho internacional, y en concreto el derecho internacional humanitario y el derecho internacional de los derechos humanos, todas las medidas posibles para garantizar la seguridad y la protección de las personas con discapacidad en situaciones de riesgo, incluidas situaciones de conflicto armado, emergencias humanitarias y desastres naturales.”

El oportuno llamado del CONAPDIS incluye como interlocutores, en arreglo a la situación y ámbito que se atienda, al Gobierno, al Ministerio de Salud, a la CCSS, al Ministerio de Trabajo, al MEP y sus Centros de Atención Intergral (CAI), al IMAS, Municipalidades (Comités Municipales de Discapacidad), entre otras entidades públicas. Igualmente, el llamado debe llegar a la conciencia y a la acción de las entidades privadas y actores de sociedad civil, que puedan aportar a este esfuerzo inclusivo.

Es necesario pensar que lo necesario y bueno para este sector significativo de la población es bueno y necesario para toda la sociedad costarricense. Todas y todos estamos en la misma barca que enfrenta la tempestad de esta pandemia global. Rememos todas y todos en el mismo y solidario esfuerzo mientras se supera la crisis.

Líderes políticos en cuarentena permanente

Luis Fernando Astorga Gatjens

Una necesaria e importantísima estrategia para reducir y eventualmente contener la propagación del coronavirus son las cuarentenas que han decretado gobernantes de países y regiones.

Estos confinamientos obligatorios tienen graves consecuencias sociales y económicas -inmediatas y futuras- pero son necesarios para combatir más eficazmente la pandemia y reducir el dolor y sufrimiento de los pueblos. Primero la salud, primero la vida. Tal debe ser la consigna en el presente.

Las cuarentenas, que son una orientación oportuna y valiosa de la Organización Mundial de la Salud (OMS), algunos gobernantes y líderes políticos, las acogieron responsablemente desde temprano (seguramente más temprano hubiese sido mejor). Otros lo hicieron con quizás demasiada parsimonia y otros -valga decir, una minoría- presentando una peligrosa resistencia.

Entre estos últimos se destaca Donald Trump. Pero hay peores, como el mandatario brasileño, Jair Bolsonaro, cuya resistencia a tomar acciones preventivas ante la enfermedad que ha catalogado como “gripecita” es casi patológica. Las consecuencias nefastas contra quienes viven en Brasil, de un liderazgo tan retorcido, pueden considerarse potencialmente criminales.

Quienes se han resistido y todavía se resisten a decretar medidas como el confinamiento y la cuarentena han puesto en una balanza por un lado la salud y por la otra la economía, y han privilegiado a esta última. Hasta hace algunas semanas Trump decía que todo estaba bajo control, aunque hubiera noticias de que la enfermedad avanzaba en su país. Hasta hace muy pocos días el propio Trump afirmaba que el resfriado común era más letal que el Covid-19 y que con el calor primaveral de abril sería eliminado.

El 9 de abril, por la fuerza de los inocultables acontecimientos (más de 400.000 personas infectadas y más de 15.000 muertos en Estados Unidos) su discurso cambió radicalmente: Las próximas semanas “serán muy dolorosas”, dijo. Hoy en el Gobierno de Estados Unidos, enfrentados a la cruda realidad del avance inexorable y trágico de la pandemia, la catalogan como una combinación de Pearl Harbor (el inesperado y destructivo ataque japonés en la Segunda Guerra Mundial) y los atentados del 11 de setiembre de 2001. Y se proyecta una cifra de muertos que oscila entre 100.000 y más de 200.000.

Las preguntas claves que hay que hacer ahora y, más aún, cuando la crisis que genera la pandemia se haya superado a los gobernantes y líderes políticos: ¿Tomaron las medidas que había que tomar a tiempo o las tomaron tardíamente? ¿Qué consecuencias hubo en la propagación de la enfermedad en su país, por el atraso de medidas y acciones que debían ser tan perentorias como inevitables? ¿Cuál fue la calidad del liderazgo político ante la amenaza del contagio o ante la primera persona enferma del Covid-19 en su país?

Desde ya líderes como Bolsonaro o Trump es seguro que mostrarían que no estuvieron a la altura de la gravísima emergencia generada por la pandemia. Que su resistencia a tomar medidas que eran urgentes generó mucho más daño a sus pueblos y que muchas de las consecuencias en la salud en lo inmediato y lo social y económico, a mayor plazo, no serían tan profundamente dañinas y dolorosas. En estos días de una pandemia que viaja a la velocidad de los intercambios y comunicaciones globales, regionales y nacionales, los días y semanas para la toma de decisiones eran cruciales.

Los pueblos, particularmente los electores, no deben dejar pasar inadvertidos estas situaciones y acontecimientos. Tienen que juzgar en forma rigurosa la actuación de los líderes políticos frente a la pandemia, por encima de la mentira, la simulación y el engaño transitorio de las noticias falsas.

Será a partir de este juzgamiento implacable que los pueblos tendrán que dictar una sentencia inapelable, declarando una cuarentena permanente para este tipo de liderazgos, con el fin de alejarlos del poder para siempre porque son tan peligrosos como una epidemia.

 

Enviado por el autor.

Los derechos sociales y laborales están protegidos, amparados y consolidados en la legislación internacional ratificada por Costa Rica

Vladimir de la Cruz

En estos últimos dos años por una combinación de factores, de luchas sindicales, de equivocadas y mal dirigidas huelgas, de movilizaciones de trabajadores y de ciudadanos, de discusión de derechos sociales, laborales y beneficios económico-sociales logrados históricamente por estas luchas, de una arremetida patronal, e institucional, contra estos derechos consolidados históricamente, aprovechando la debilidad organizativa sindical, la ausencia de partidos políticos que hoy no tienen como banderas los derechos sociales y laborales, que en el pasado agitaban, se han impulsado cambios severos a la legislación laboral y social nacional. A ello se ha sumado, como contexto que contribuye a estos recientes ataques, la situación generada por el impacto de la Pandemia del Coronavirus COVID 19.

Los salarios han sido y siguen siendo atacados con una visión de establecerlos con techo a la baja, cuando los salarios como ha dicho Kamala Harris, la próxima vicepresidenta de los Estados Unidos, no deben tener techo, tienen piso. Por ello también sus primeros anuncios de elevar salarios mínimos, y de aumentar el empleo en cuanto asuman el Gobierno, en enero, para estimular también la economía y la producción.

Igual sucede con las pensiones. No es el problema de las altas pensiones. Es el ataque a todas las pensiones, como a todas las escalas de salarios. Cuando se ha puesto techo a éstas se ha puesto una traba a los salarios que son los que originan la expectativa de pensiones, según los sistemas jubilatorios al que pertenezcan los trabajadores. Esto contribuye a fomentar el mayor desempleo profesional de los próximos años.

La ley de empleo público, que puede ser una necesidad, si los sindicatos no la asumen como una tarea propia, con su propia propuesta, contribuyendo en esa dirección a la discusión pública y legislativa, se la van a imponer al país, con el sello de quienes la impulsan hoy, los enemigos de la organización sindical, de los derechos de los trabajadores y de las convenciones colectivas, que son derechos constitucionales.

En el caso de las Convenciones Colectivas el límite que tienen en su ejercicio de negociación es el que pacten los sindicatos y los representantes patronales. Son los patronos los que aceptan los términos y alcances de esas Convenciones. Y, en esa discusión pueden abrirse los libros contables de las empresas para ver su posibilidad de cumplimiento de lo que llegue a pactarse o de lo que se nieguen a pactar.

Históricamente las convenciones colectivas que se critican, por lo que se estableció en ellas, como derechos y beneficios de los trabajadores, fue el resultado de la lucha, que en esos años había para evitar que sindicatos dirigidos por comunistas estuvieran dominando o llegaran a tenar presencia en instituciones públicas y del Estado. De esa manera, principalmente, el Partido Liberación Nacional, pactaba con sus organizaciones y dirigentes sindicales, esas Convenciones, dando derechos, beneficios y privilegios a trabajadores, beneficiándose también los mismos dirigentes empresariales de la institución que las negociaban, lo que era una irregularidad. No son así las pocas Convenciones existentes el sector privado.

Hoy no existe, como en el período de la Guerra Fría, el comunismo, ni partidos comunistas, ni de izquierda, que “amenacen” la estabilidad democrática nacional, ni hay sindicatos dirigidos por partidos políticos de izquierda o comunistas que tengan algún peso nacional. Militantes comunistas, socialistas y de izquierda, anti partidos tradicionales, formados y nacidos en el período de la Guerra Fría han sido miembros de Consejos de Gobierno, sin que eso haya afectado en nada el ejercicio de los gobiernos de los que han sido parte, ni los han “sonrojado” de ninguna forma. En mucho esos ministros pasaron o pasan inadvertidos públicamente.

Las Garantías Sociales y el Código de Trabajo, de 1943, ratificadas por la Asamblea Nacional Constituyente de 1949, son una conquista social que enriqueció la Democracia Nacional, que le dio estabilidad y solidez. A quienes lo lograron se les ha distinguido con el Benemeritazgo de la Patria. La pérdida de esas Garantías y Derechos, acompañada de la caída del nivel de vida, del deterioro y empobrecimiento de la clase media, sí puede constituirse en un factor de inestabilidad social y política muy serio en el futuro inmediato.

Por eso es bueno recordar que la legislación nacional, social y laboral, en todos sus extremos, hoy está amparada también en Legislación Internacional aprobada y ratificada por Costa Rica. Recojo unos datos de esta legislación internacional.

La Convención Americana sobre Derechos Humanos, conocida como Pacto de San José, fue aprobada por la Organización de Estados Americanos, la que fue ratificada por Costa Rica.

La Convención reafirmó un régimen de libertad personal y de justicia social, fundado en el respeto de los derechos esenciales del hombre; justificados como protección internacional, de naturaleza convencional coadyuvante o complementaria de la que ofrece el Derecho interno de los Estados americanos, como el de Costa Rica, principios que son consagrados en la Carta de la Organización de los Estados Americanos, en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y en la Declaración Universal de los Derechos Humanos que han sido reafirmados y desarrollados en otros instrumentos internacionales, tanto de ámbito universal como regional, que también han sido ratificados por Costa Rica.

Todo esto para realizar el ideal del ser humano libre, exento del temor y de la miseria, con condiciones que permitan a cada persona gozar de sus derechos económicos, sociales y culturales, tanto como de sus derechos civiles y políticos.

La tercera Conferencia Interamericana Extraordinaria, realizada en Buenos Aires, en 1967, aprobó la incorporación a la propia Carta de la Organización de normas más amplias sobre derechos económicos, sociales y educacionales. Los Estados firmantes, entre ellos Costa Rica, convinieron y se obligaron en respetar estos Derechos, con medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades.

En el Capítulo II sobre Derechos Civiles y Políticos quedó establecido el Derecho a la Vida, y de manera contundente se señaló que “no se restablecerá la pena de muerte en los Estados que la han abolido”, justo señalarlo para quienes en Costa Rica, de vez en cuando, claman por establecer esta máxima pena.

Del mismo modo, se señala que “en ningún caso se puede aplicar la pena de muerte por delitos políticos ni comunes conexos con los políticos, y que no se impondrá la pena de muerte a personas que, en el momento de la comisión del delito, tuvieren menos de dieciocho años de edad o más de setenta, ni se le aplicará a las mujeres en estado de gravidez”, allí donde todavía exista este castigo.

También se estableció que “nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Toda persona privada de libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano”. Con la Convención se ratificó, una vez más, la prohibición de la Esclavitud y Servidumbre, de modo que “nadie puede ser sometido a esclavitud o servidumbre y tanto éstas, como la trata de esclavos y la trata de mujeres están prohibidas en todas sus formas”, lo mismo “que nadie debe ser constreñido a ejecutar un trabajo forzoso u obligatorio, declarando que no constituyen trabajo forzoso u obligatorio, los trabajos o servicios que se exijan normalmente de una persona recluida en cumplimiento de una sentencia o resolución formal dictada por la autoridad judicial competente”.

Sobre el Derecho a la Libertad Personal se estableció que nadie puede ser sometido a detención o encarcelamiento arbitrarios, y que toda persona detenida o retenida debe ser informada de las razones de su detención y notificada, sin demora, del cargo o cargos formulados contra ella. En materia de Derecho de Reunión “se reconoce el derecho de reunión pacífica y sin armas. El ejercicio de tal derecho sólo puede estar sujeto a las restricciones previstas por la ley, que sean necesarias en una sociedad democrática, en interés de la seguridad nacional, de la seguridad o del orden públicos, o para proteger la salud o la moral públicas o los derechos o libertades de los demás”.

En el Capítulo III sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención señala que “los Estados Partes, como Costa Rica, se comprometen a adoptar providencias, tanto a nivel interno como mediante la cooperación internacional, especialmente económica y técnica para lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos que se derivan de las normas económicas, sociales y sobre educación, ciencia y cultura, contenidas en la Carta de la Organización de los Estados Americanos, reformada por el Protocolo de Buenos Aires, en la medida de los recursos disponibles, por vía legislativa u otros medios apropiados”.

En 1988, en El Salvador, se aprobó lo que se conoce como el “PROTOCOLO DE SAN SALVADOR”, también ratificado por Costa Rica, que es el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales. Este Protocolo bien podemos considerarlo una ampliación, consolidación y fortalecimiento del Capítulo de las Garantías Sociales de la Constitución Política, así como del propio Código de Trabajo, en lo que corresponda.

Entre las disposiciones que se establecen en este Protocolo, ratificado por Costa Rica, están el Derecho al Trabajo, el que “toda persona tiene derecho al trabajo, el cual incluye la oportunidad de obtener los medios para llevar una vida digna y decorosa”, el que “los Estados se comprometen a adoptar las medidas que garanticen plena efectividad al derecho al trabajo, en especial las referidas al logro del pleno empleo…”, donde “toda persona goce del mismo en condiciones justas, equitativas y satisfactorias”, con “una remuneración que asegure como mínimo a todos los trabajadores condiciones de subsistencia digna y decorosa para ellos y sus familias y un salario equitativo e igual por trabajo igual, sin ninguna distinción”; la estabilidad de los trabajadores en sus empleos, de acuerdo con las características de las industrias y profesiones y con las causas de justa separación. En casos de despido injustificado, el trabajador tendrá derecho a una indemnización o a la readmisión en el empleo o a cualesquiera otra prestación prevista por la legislación nacional”.

Se establece la necesidad de “la seguridad e higiene en el trabajo”. Este aspecto es frágil en el país, que tiene alrededor de 100.000 accidentes de trabajo por año.

El Protocolo establece “La prohibición de trabajo nocturno o en labores insalubres o peligrosas a los menores de 18 años y, en general, de todo trabajo que pueda poner en peligro su salud, seguridad o moral. Cuando se trate de menores de 16 años, la jornada de trabajo deberá subordinarse a las disposiciones sobre educación obligatoria y en ningún caso podrá constituir un impedimento para la asistencia escolar o ser una limitación para beneficiarse de la instrucción recibida”; “la limitación razonable de las horas de trabajo, tanto diarias como semanales.

Las jornadas serán de menor duración cuando se trate de trabajos peligrosos, insalubres o nocturnos”; “el descanso, el disfrute del tiempo libre, las vacaciones pagadas, así como la remuneración de los días feriados nacionales”. En materia de Derechos sindicales el Protocolo garantiza “el derecho de los trabajadores a organizar sindicatos y a afiliarse al de su elección, para la protección y promoción de sus intereses. Como proyección de este derecho, los Estados Partes, como Costa Rica, permitirán a los sindicatos formar federaciones y confederaciones nacionales y asociarse a las ya existentes, así como formar organizaciones sindicales internacionales y asociarse a la de su elección.

Los Estados Partes también permitirán que los sindicatos, federaciones y confederaciones funcionen libremente”. Del mismo modo garantiza “el derecho a la huelga”, el derecho a la seguridad social, el derecho a la salud, Derecho a un medio ambiente sano, Derecho a la alimentación, Derecho a la educación, derecho a los beneficios de la cultura, derecho a la constitución y protección de la familia, derecho a la niñez, Protección a los ancianos, a los minusválidos. A esto suman los Convenios Internacionales de la Organización Internacional del Trabajo ratificados por Costa Rica.

Foro multisectorial de diálogo: Arar con los bueyes que tenemos

Luis Paulino Vargas Solís
Economista, Director CICDE-UNED
Grupo Economía Pluralista

Partamos de una constatación perfectamente obvia: tratándose de un proceso de diálogo entre sectores tan diversos y heterogéneos, absolutamente nadie podía pretender que sus preferencias ideológicas y políticas quedasen totalmente recogidas ahí, como tampoco nadie debía esperar que todos aquellos puntos de vista con los que disiente o que le incomodan, fuesen excluidos.

Siendo lo anterior cierto en general, también debemos admitir que el diálogo multisectorial convocada por el gobierno de Carlos Alvarado, llegó más o menos adonde se podía esperar, según las condiciones propias de la sociedad costarricense actual, tan terriblemente dividida y fragmentada. Hoy somos como al modo de un archipiélago: cada quien físicamente cerca de los demás, pero cada quien sicológica y afectivamente aislado de los demás.

Esta mesa de diálogo tiene un mérito innegable: logró romper, siquiera en parte y siquiera por unos días, el enconchamiento: sectores diversos y heterogéneos debatieron y se vieron obligados a llegar a ciertos mínimos acuerdos. No son los acuerdos que Costa Rica necesita, pero son los acuerdos que Costa Rica hoy es capaz de darse a sí misma. Y si un ejercicio similar se hiciese en otros espacios -la Asamblea del Banco Popular, por ejemplo- yo no esperaría que los resultados fuesen muy distintos. Sería la misma Costa Rica -aunque quizá con una representación multisectorial más diversa- la que se siente a debatir y a intentar acordar algo. Difícilmente podría ser mejor. Seguramente veríamos reiterarse similares luces y sombras.

Esa es nuestra actual realidad. Pero esa realidad, no solo es una realidad fragmentada. También es una realidad asimétrica. Vale decir: hay voces con amplificadores poderosos a su servicio, y voces que, por más que se desgañiten pegando gritos, difícilmente se les escuchará. En esta mesa concurrieron sectores de los dos tipos, lo que para los segundos es toda una ganancia: por unos días, y aunque limitadamente, pudieron debatir cara a cara con los otros grupos: los de los mega altavoces.

Y, sin embargo, tampoco esperemos que una mesa de diálogo haga milagros: las aristocracias del poder, que siempre han tenido a su servicio todos las herramientas para imponer sus puntos de vista, no quedan automáticamente despojados de esa ventaja, tan solo por sentarse en una mesa, por un rato, con la plebe despojada de tales posibilidades. Aunque disimuladas, las diferencias conservan validez. Y ello se reflejó en este proceso de diálogo.

Quiero decir: no obstante el natural estira y encoge de un proceso con estas características, ciertas tendencias dominantes no dejaron de aflorar, al menos en líneas generales. En concreto: es claro que los resultados finales ratificaron la hegemonía ideológica del gran poder económico, aquí representado por las cámaras empresariales.

Cierto que los sindicatos lograron mantener en pie ciertas líneas rojas. Lo del “empleo público” o la exención del salario escolar, por ejemplo.

Las cámaras, por su parte, lograron sostener sus propias líneas rojas, que no solo son un montón de líneas rojas, sino que, todas, sin excepción, son de categoría “peso pesado”: ningún gravamen a la riqueza de los muy ricos, trato diferenciado a rentas de capital, apenas tímidas referencias -como por mero compromiso- a la elusión tributaria (que es el mecanismo, sumamente caro y altamente sofisticado, al que los muy ricos recurren para evitar el pago de impuestos), y, por supuesto, la preservación de los privilegios de las zonas francas, que no solo implica proteger al capital transnacional, sino también a las empresas nacionales a las que, graciosamente, hoy se les han abierto portillos para que, mediando algunos eufemismos poco imaginativos, puedan ubicarse en zona franca, para así liberarse del pago de impuestos.

Así pues, las “líneas rojas” estuvieron presentes y mantuvieron vigencia. Solo que, en general, son líneas rojas que preservan espacios de interés, y que poco tienen que ver con cuestiones éticas, filosóficas o ideológicas de fondo. Ya que, así como deberíamos discutir lo del empleo público, en procura de mejoras racionales y responsables (no el esperpento que alguna gente plantea), también deberíamos discutir acerca de la cínica irresponsabilidad tributaria de los muy ricos. Ambas cosas son necesarias, aunque la segunda es mucho más decisiva que la primera.

Pero es que las cámaras no solo sostuvieron “sus” líneas rojas, sino que avanzaron en territorios calientes que claramente favorecen su agenda: la posible reducción del impuesto a grandes corporaciones del 30% al 27,5% y la exclusión de la llamada “renta mundial”, un elemento muy importante para avanzar en la lucha contra el fraude fiscal y para la modernización del sistema tributario.

Y, en fin, vino a reafirmarse aquí, la hegemonía ideológica del gran poder económico. Seguramente en este caso la cuestión les resultó algo más complicada, ya que tuvieron que escuchar los puntos de vista de otra gente, y, encima, tuvieron que “rebajarse” a debatir con esos otros sectores. Para las cámaras y sus ideólogos eso es complemente inusual, puesto que su práctica normal se limita a cordiales y muy galantes tertulias entre ellos y ellas, contando siempre con la incondicional y muy sumisa colaboración de la prensa más poderosa.

Desde el punto de vista propiamente económico, los acuerdos asimismo reflejan -y quizá aún más claramente- la hegemonía de las tesis ortodoxas. Lo más heterodoxo que aparece es la venta de la cartera crediticia de CONAPE al Banco Popular, lo que, en el fondo, es una forma disimulada de crédito bancario al sector público, así como la presunta emisión de bonos “cero cupón” a diez años, que, en realidad, es un mecanismo disfrazado de parcial renegociación de la deuda interna. Muchas otras posibilidades, necesarísimas hoy día para el manejo de la situación fiscal, fueron ignoradas del todo. En cambio, la ortodoxia se afirma fuerte en la opción por la austeridad, el recorte y la aplicación de una «regla fiscal» con esteroides.

Esa hegemonía de la economía ortodoxa se refleja también en las propuestas de reactivación económica. Eso sí, resalto como novedoso y muy positivo el logro de las organizaciones de mujeres en materia de política de cuido. Por lo demás, lo que se ofrece es un ramillete de medidas “ofertistas” mil veces reiteradas: crédito, apoyos a MIPYMES, formación técnica de la mano de obra, redes de Internet, etc. ideas positivas y necesarias, aunque perfectamente inofensivas desde el punto de vista de la reactivación de la economía. Puesto que lo que hoy sufrimos es un desplome catastrófico de la demanda, nada de eso lo resolverá.

Tal es, modestamente, mi valoración de lo acordado. Tengo claro que tiene sus limitaciones, como tengo claro que no era esperable mucho más. Es que el diálogo difícilmente podía ser otra cosa, sino el reflejo de las realidades fragmentadas y asimétricas de nuestra sociedad. El blindaje de intereses sectoriales estuvo presente, como también se evidenció la hegemonía de ciertos intereses, de cierta ideología y de ciertos enfoques económicos. Claro que el diálogo obligó a esas corrientes dominantes a escuchar y a debatir con otros puntos de vista, lo que no es poca cosa en una sociedad de la que desapareció el debate pluralista. Pero también resultaría ingenuo esperar que no se hiciese sentir la diferencia entre las voces atronadoras y las voces casi completamente inaudibles.

Para concluir, no puedo dejar de mencionar el audio de Gerardo Corrales que circula en redes. El conocido economista asume ahí, ya sin maquillajes ni antifaz, el papel que siempre ha cumplido, como ideólogo del gran poder económico. Pero lo más interesante es el grito de guerra que Corrales lanza.

El caso es que un proceso de diálogo solo tiene sentido si los diversos sectores participantes, se amoldan a lo acordado y lo apoyan, posponiendo, al menos de momento, los aspectos de su agenda que quedaron por fuera. Todo lo contrario, lo que Corrales dice es: “cumplimos con la formalidad del diálogo, pero, cerrada esa etapa, lanzaremos toda nuestra artillería, para imponer nuestro punto de vista”.

Si el objetivo de Corrales era ensuciar el ejercicio de diálogo y sembrar la desconfianza, ya lo logró. Lo alcanzado -con todas sus limitaciones- es puesto en riesgo por este señor, excepto que las cámaras empresariales lo desautoricen pública y explícitamente.

Compartido con SURCOS por el autor. Publicado en: https://sonarconlospiesenlatierra.blogspot.com/2020/11/foro-multisectorial-de-dialogo-arar-con.html?m=1

Camino al #25N: Memoria Histórica Feminista, arte y movimiento

Comunicado

¡Súmate al evento virtual de la Coordinadora Feminista contra los femicidios e impunidad!
Este domingo 22 de noviembre a las 6:00 p.m. tendremos un encuentro feminista virtual para celebrar nuestra memoria histórica y movimiento junto a grandes artistas y compañeras de lucha.
#25N #NiUnaMenos #BastaDeImpunidad
#EmergenciaNacionalPorViolenciaPatriarcal
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