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La criminalización del aborto: una opción política inmoral y antijurídica

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Luigi Ferrajoli
Abogado y filósofo italiano

En el punto de partida de todas las iniciativas de criminalización del aborto se encuentra el tópico de procedencia eclesiástica de que “el feto es una persona”. Esta sentencia no es la afirmación de un hecho, sino una prescripción, porque no expresa un juicio fáctico, sino un juicio de valor. Que hay un tipo de vida antes del nacimiento es algo cierto, un dato de la realidad, pero pasar de esta constatación a sostener que lo que existe en el claustro materno es ya una persona implica un salto lógico y una trampa argumental. En efecto, la atribución de ese calificativo es una opción moral del que la hace, opinable y controvertida, que puede lícitamente profesarse y defenderse con argumentos, pero no imponerse y, menos todavía, con el derecho penal. Por eso, podría muy bien decirse que la penalización del aborto es el último supuesto de intolerable recurso al “brazo secular” por parte de las distintas iglesias, que, sin duda, necesitan de ese apoyo laico para mantener su tesis.

La cultura jurídica de la modernidad se caracteriza por dejar imprejuzgadas las cuestiones morales, encomendando su solución a la libertad de la conciencia individual. Así, en el caso del aborto, la decisión sobre la naturaleza de “persona” del feto compete a la libertad de conciencia de la mujer, que, en cuanto real protagonista del proceso de gestación, es quien debe decidir sobre el nacimiento. Esto no significa en absoluto considerar al feto como una cosa, una portio mulieris vel viscerum que decían los romanos. Por el contrario, supone afrontar el carácter específicamente moral y no simplemente biológico de las condiciones en virtud de las cuales se habla del feto como “persona”.

 En efecto, pues ¿qué quiere decir encomendar a la libertad de conciencia de la mujer la decisión moral de que el feto que lleva en su seno es una persona? O sea, ¿qué quiere decir hacer depender de esa decisión la calidad de persona del nasciturus? Significa aceptar la tesis moral de que “persona” es el ser nacido o destinado a nacer por decisión de la madre.

Lo que aquí se sostiene es que la procreación, como la persona, no es un hecho biológico, sino un acto de voluntad. El acto de voluntad en virtud del cual la madre piensa al feto como persona, el que le confiere ese valor, por tanto, el que la crea como tal. En este sentido, la procreación es realmente un acto creativo, como el fiat lux: fruto —insisto— no solo de un proceso biológico, sino de un acto de conciencia y de voluntad. Con él, la madre no solo da cuerpo, sino también calidad de persona al nasciturus, al pensarlo como hijo.

Tesis antiabortistas

Naturalmente, no todos compartirán este punto de vista. Lo importante es reconocer que en él se expresa una legítima concepción moral, que no puede calificarse de inmoral solo por el hecho de que no se comparta o porque esté en contradicción con algún dogma religioso.

Por eso, las tesis antiabortistas, que no se limitan a estigmatizar el aborto en el plano moral, sino que demandan en su apoyo la intervención del derecho y recurren al uso de la fuerza, son tesis francamente inmorales, además, jurídicamente insostenibles.

Primero, porque convierten a la mujer en un medio para sus fines, contradiciendo el principio de la dignidad de la persona. En efecto, al imponer a aquélla la obligación de ser madre contra su voluntad, se le transforma en un contenedor, en un instrumento para la reproducción. Ignorando el fundamental principio de la ética laica contemporánea de que ninguna persona puede ser tratada como cosa, como medio para fines ajenos. Y quebrantan también el principio de la libertad personal, primero y fundamental derecho humano.

Además, ignoran los terribles efectos prácticos de la punición del aborto, cuando hay constancia cierta de que la despenalización, donde se ha producido, ha comportado una esencial disminución del número de abortos y, así mismo, ha cambiado la calidad de los que se practican que, al dejar de ser clandestinos, dejan también de ser sépticos y de poner en altísimo riesgo la vida de las embarazadas, en particular, de las que carecen de recursos, las más desasistidas. De donde se sigue que, realmente, la penalización del aborto tiene efectos criminógenos. De este modo, las políticas que la propugnan, con una total indiferencia moral por los costes incalculables que la imposición jurídica de su moral lleva consigo, deben ser calificadas de fanáticas. Porque fanática es la actitud del que persigue la afirmación de sus principios morales a despecho de los intereses reales de las personas de carne y hueso, sin importarle los enormes daños que con tal modo de actuar se causan a millones de personas.

Constricción a la maternidad

Otra esencial razón que hace insostenibles las tesis antiabortistas en los planos jurídico y moral se cifra en el hecho de que la criminalización del aborto no consiste en una simple prohibición, que es lo que imponen las sanciones penales. El tratamiento del aborto como delito comporta también una constricción a la maternidad. Lo que implica la recuperación de una forma de servidumbre personal como castigo, propia del derecho penal del antiguo régimen.

El derecho penal, tal como se concibe en los modernos ordenamientos constitucionales, sólo puede vetar, pero no imponer comportamientos y, menos aún, opciones vitales. Con la prohibición del aborto y la consiguiente constricción penal a convertirse en madres, se impone a las mujeres no solo un no abortar, sino una perturbación de sus condiciones de vida de un alcance incalculable. No solo la gestación y el parto, sino la renuncia a proyectos vitales, la obligación de educar y mantener a un hijo, en definitiva, la sumisión a una suerte de esclavitud. En efecto, una maternidad no deseada puede destruir la vida de una persona, incluso de dos: la obligada por el Estado a ser madre a su pesar y la del hijo no querido.

El castigo penal del aborto es, en fin, un caso en el que se penaliza una omisión muy especial, sin equivalente en el derecho punitivo: el hecho de no querer convertirse en madre. Una circunstancia que habitualmente se ignora. Por lo general, se olvida el dato de que, a diferencia de cualquier otra prohibición penal, la prohibición del aborto, como se ha dicho, equivale a imponer una maternidad con todo lo que comporta, en contradicción con los principios liberales del derecho penal. No solo se contradice el principio de igualdad, que quiere decir igual respeto y tutela de la dignidad de cada uno, sino que también la penalización del aborto sustrae a la mujer la autonomía y la autoridad sobre el propio cuerpo y, con ellas, su dignidad de persona, reduciéndola a la condición de cosa o instrumento de procreación para fines que no son suyos.

El Estado y los millonarios, ¿a quienes engañan?

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Juan Huaylupo Alcázar[1]

La crisis política en la actual coyuntura costarricense es el resultado de décadas de prácticas liberales del poder político y económico. No es una crisis originada por la pandemia, pues la creciente pobreza, el desempleo, el déficit fiscal, la confiscación de salarios y pensiones, el incremento de tarifas de los servicios públicos, endeudamiento, devaluación, evasión y elusión tributaria de empresarios globales, los incentivos a la inversión extranjera, la venta de activos del Estado, el salario único, etc., ya eran tendencias prevalecientes en la política y el quehacer estatal, la pandemia las agudizó, no las creó, pero puso en evidencia la profunda inequidad en la estructura social existente, a la vez que muestra la complicidad y simbiosis estatal con los empresarios globales.

Esta coyuntura es particularmente importante, la crisis política o la ilegitimidad social del Gobierno y el Estado ha sido creada por la conciencia, cuestionamientos, debates y propuestas ciudadanas. La colectividad organizada se ha despertado ante las infames propuestas privadas y estatales que pretenden imponer el peso de la debacle fiscal y el creciente endeudamiento nacional, a los trabajadores y los pobres que sostienen la economía de la explotación de propietarios y los ingresos fiscales, mientras siguen impunes los evasores, los corruptos y las falsificaciones tributarias, así como los empresarios gozan de la autorización expedita para disminuir y suspender trabajos, aumentar los precios de medicamentos y el costo de vida, a la vez que, se mantienen las exoneraciones, incentivos, concesiones y privilegios para los ricos y los empresarios globales.

Ante los reclamos y protestas por posibles nuevos impuestos al pueblo, el Presidente de la República, nos dice que somos “irresponsables”, agregando cínicamente “que es doloroso, pero es la realidad”. Desde esa arbitraria perspectiva, es transparente la intencionalidad gubernamental: los trabajadores deberán pagar por los actos y las consecuencias de los explotadores millonarios, los usurpadores del bienestar social.

La agresividad de los que viven del trabajo ajeno, no ceja de sus intenciones contra los trabajadores, la ciudadanía y la nación. No buscan amparar sus intereses e inversiones en la actual coyuntura, sino enriquecerse más. Ellos están liquidando los resquicios del Estado social, desmantelando la seguridad social y la institucionalidad pública, no sólo restringiendo sus presupuestos y gastos, también impidiendo la restitución de funcionarios que se pensionan y de los que son obligados a dejar sus empleos, no para reducir el gasto, sino para destruir funciones e institucionalidad pública, para luego desaparecerlas por inoperantes, por hacer labores duplicadas o por considerarlas inútiles. Los poderes de estos parásitos han convertido al Estado en un activo protagonista del empobrecimiento de la población trabajadora del sector público, como ellos lo han efectuado con los trabajadores que contratan. Estado y empresarios, acallan a las autoridades de la salud pública y propician la agudización de la infección pandémica, como un destino trágico que mina la resistencia y elimina a los más vulnerables. Esos asesinos, inmunes e impunes, también proponen condenar a los jubilados a la indigencia, por modificaciones en los modos de calcular las pensiones, como también aspiran a imponer impuestos al “salario escolar”, que no es un salario, pues son la acumulación de las retenciones mensuales de las patronales, los cuales son usados gratuitamente por un año que, depreciados se devuelven a sus dueños. Además, que esa devolución es el salario, al cual se le han deducido impuestos, que son usados privada y gratuitamente por un año, así, se busca duplicar la carga impositiva. Estas intenciones no pueden ni buscan paliar la crisis fiscal, su intención es empobrecer cada vez más a los trabajadores.

Pero, la acción regresiva de los empresarios, que se apropian de las riquezas y el trabajo ajeno, con la cínica complicidad estatal, no se queda ahí, no solo son culpables de la creciente brecha y desigualdad social, también buscan empeñar el futuro nacional endeudándonos e intentando privatizar todos los activos del Estado, ante sus fracasos pasados.

La Costa Rica que aún afirma tener un Estado Social de Derecho con una institucionalidad pública democrática e igualitaria, desde hace décadas ha cambiado, hoy es un Estado liberal más, entre otros, que ha privatizado el bienestar y ejerce un poder que favorece a los privilegiados. Este Estado es contradictorio e inhumano, que niega su constitución social originaria, para garantizar la inmensa posesión de riquezas de pocos, en un universo de pobres, como también ocurría en la Grecia antigua, donde se pregonaba democracia e igualdad en un universo de esclavos.

Este gobierno y los otros poderes estatales son ilegítimos, por la toma de conciencia, la voluntad y las protestas ciudadanas que abandonan la indiferencia, pasividad y la desintegración orgánica. La explosión ciudadana es diversa, dispersa y pacífica, pero motivada por el denominador común, del descontento y la acción colectiva. El gobierno al convocar el diálogo multisectorial, busca crear una imagen democrática que no posee, para diluir, diferir y encubrir las decisiones liberales que ya se implementan en la Asamblea Legislativa y en el poder Ejecutivo, sin que los derechos adquiridos puedan ser amparados por el poder Judicial. Esto es, hay una colusión estatal contra la democracia en nombre de la democracia.

¿Por qué se convoca al diálogo multisectorial? ¿por qué el gobierno se presenta como neutral, sin serlo, y afirma que será obediente de los acuerdos? ¿ignora las necesidades y anhelos ciudadanos, entonces para quién gobierna? ¿acaso desconoce que la agresividad y poder de los millonarios impide acuerdos consensuales con los trabajadores y los pobres? ¿qué hará el gobierno sin acuerdos trascendentes, tratarlos privadamente con quienes privilegia? ¿el dominio institucional del poder político y del económico de los millonarios estarán dispuestos en atender las necesidades sociales de las mayorías y promover el desarrollo nacional, sin sacrificar a los trabajadores?

Es aparente la neutralidad y el pretendido democratismo gubernamental, que sirve para enmascarar las anunciadas medidas contra la libertad, el bienestar y el desarrollo que defraudan, una vez más, la fe pública y la ilusión democrática.

Estamos frente a otra traición anunciada. No obstante, la relación entre organizaciones sociales está creando inéditamente propósitos y propuestas unitarias comunes, que anuncian nuevas luchas en la imposición totalitaria.

[1] Catedrático de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Costa Rica.

Ilustración tomada de La Red Latinoamericana por Justicia Económica y Social (LATINDADD).

Es posible llegar a los autores intelectuales de las masacres

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Carlos Meneses Reyes

Se suceden casi a diario. El espectador las vive y padece. Están a ojos vista, pues no se ocultan. Conforman un dilatado paisaje panorámico de terror, angustia, zozobra, estado de intranquilidad, desasosiego, congoja. Se sabe que son resultado del conflicto. Para algunos otra modalidad u otra cara de ese prologado conflicto armado colombiano. Nadie aborda con exactitud porque se dan. Intentan negarlas, dándoles otro explicativo o denominaciones; pero imposible e incomprensible, puesto que ahí están. Se les puede seguir o ubicar en una génesis, con un encadenamiento de sucesos y factores que van de lo simple a lo complejo, que la precisan y fijan, estableciéndolas en una forma puntualizada y precisa. Se aplican, utilizan y conocen en Colombia como masacres; así crudo, sin eufemismos, que son usanzas de expresiones que buscan sustituir un calificativo o expresión que socialmente es ofensiva o de mal gusto y que políticamente, para el ente gubernamental es un calificativo que expresa acusación, señalamiento, condena. Masacre es el asesinato a varias personas en estado de indefensión, en forma cruel, alevosa e innecesaria.

Las masacres en Colombia no obedecen a un fenómeno social o resultado de un conflicto social o económico. Un conflicto social permanente como en Colombia, reviste otras connotaciones, con afectaciones diversas, evocadores a comportamientos diversos. Las masacres enmarcan dentro de un efecto político, resultado de afectaciones propias del conflicto armado interno. El móvil determinante de su causa es el Control de Territorio. Este factor, digamos, es el que ha contribuido a confusiones. No es que exista una confrontación directa de las comunidades con el Estado. Este, con sus fuerzas armadas intentan mantener un control único cuando persiste otros factores armados, con múltiples conformaciones que trae consigo la fragmentación de organizaciones armadas, con presencia e influencia local y hasta regional, pero corresponde abordar a que se debe ese auge. Al menos intentar explicar. La constante es que en los escenarios de masacres persiste la presencia dominante de grupos- bajo nuestro enfoque- de estatus insurgente. A diferencia de otros grupos armados, estos no son volátiles, ni transitorios, sino que radican por la permanencia de control territorial local. Esto, sí constituye el principal factor de enfrentamiento con la fuerza armada estatal. De por si, esto no implica que se de a diario la confrontación armada directa. Cabe otra presentación: los métodos de posiciones y control por parte de las tropas gubernamentales ajustan a una dinámica, por no decir juegos, de reacomodos; asegurando la sucesión de mando oficial, bajo las acciones de baja y media intensidad contra las guerrillas, que responden a todas, inclusive a los bombardeos, que de por sí escasean en el panorama del conflicto…

Saber abordar y distinguir lo de control de territorio

Dominando un semblante de variadas circunstancias, no obstante, resaltar el aspecto principal: control del territorio. Pero no bajo el enjuague de la tónica de dominio del narcotráfico para asegurar “los corredores”, “las vías”, “los santuarios”, sede de los laboratorios y grandes almacenamientos de cocaína procesada; con anuncios de elevados costos en dinero, contante y sonante, no se sabe cómo. El meollo del asunto obedece al control del territorio por parte del Estado, en cabeza de sus fuerzas armadas, que hacen masiva presencia, sin eficacia, producto del desconocimiento y mentiras almibaradas, tanto por el negacionismo oficial-que es tapar el sol con un dedo- de la no existencia del conflicto armado interno, a la luz y contenido del Derecho Internacional y en consecuencia desvirtuar la existencia de un contrario insurgente, rebelde, de estatus beligerante, que reúnen los requisitos elementales de mandos unificado, permanencia por más de cincuenta años en amplias zonas bajo su control, ahondando en la aplicación de un ideario político.

Una estrategia contra insurgente sobre presupuestos falsos, no reales, en que domina es el alias, los sobrenombres, calificativos, estigmatizaciones, prejuicios; conlleva al armatoste de un escenario que pugna con la realidad y objetividad del problema y trae consigo aplicaciones de estrategias fatales como el montaje de la llamada “guerra contra las drogas”, que ha significado una guerra contra la nacionalidad colombiana y el uso y empedramiento de un ejército volcado contra el mismo pueblo, so pretexto de un “enemigo interno”. Conlleva el desgaste de unas fuerzas armadas estatales bajo desconocimiento de existencia real de un contrario al que la inteligencia militar desfigura y diluye sobre su existencia real. Un ejército despojado de la función de protección de las fronteras para evitar el tránsito de tropas extranjeras, para convertirse en mandadero de la oficialidad gringa y demeritar su naturaleza constitucional, al convertirse en una fuerza de choque policial antinarcóticos, con el saldo de atropellos, abusos, y asesinatos al campesinado de subsistencia cocalera. Da grima verlos en la función faldera de erradicadores forzosos, en contrario al espíritu de los Acuerdos de la Habana, que les quitó el peso de un ejército irregular al que no lograron vencer.

Analistas resaltan el fracaso del gobierno en su estrategia militar contra los grupos ilegales. Fracasan en verterlos en el mismo recipiente; por lo cual el esfuerzo diferenciador apunta al uso y provecho de aliados “indeseables” en la principal lucha del Estado colombiano, que lo es la contra insurgente. Ratifica la constante que en tanto hay conflicto armado y lucha contra las guerrillas, el trasfondo de la guerra sucia y el recurso del para militarismo es condicionante en la aplicación de una política y proceder militarista, para el enfrentamiento. Así ha sido y continua siendo; pero la mala hora por la que pasan las fuerzas armadas y sobre todo el ejército, por los escándalos de corrupción , atropellos, asesinatos, suicidios, inexplicables caídas de aeronaves, cantos misóginos, manifiestas divisiones internas, conducen a ineficacia en la aplicación de la doctrina militar, con un aumento significativo de las insurgencias ( ELN, EPL, Segunda Marquetalia, La continuidad de las Farc-ep, que no admiten el mote de “disidencias”, conforme a reciente y acertado trabajo periodístico de Ariel Ávila). Los ataques y eficacia contra las bandas de delincuentes comunes resultan tardías y suma acumulados de denuncias varias, sobre el apoyo y utilización de esas bandas en la inoperancia e inutilidad manifiesta del control territorial nacional

Indiscutible que los escenarios de las masacres en el campo obedecen al predominio, instalación y desarrollo, como forma de vida de estructuras de mercado, en ejercicio de salvajes competencias, entre competidores, por el negocio ilícito de la coca y sus derivados. En que los competidores relevantes armados influyen en la capacidad de incidir en precios, negocios, cantidades de mercancía y comprendiendo que es a la fuerza o con la ley del más fuerte, en la forma que obtienen el equilibrio apropiado. Esos actores armados actúan con funciones específicas: a unos los mueve la adquisición a todo costo de la coca, como materia prima. A otros lo indispensable para su procesamiento de la coca y consecución de recursos. Los hay quienes imponen gravosas cuotas conocidos como “bremajes”. Quienes influyen en el precio del alcaloide como la invasora DEA. Aplican, también, quienes ostentado autoridad y fuerza legal, recrean en el usufructo del enriquecimiento ilícito, producto de la corrupción. Todos y cada uno de esos actores armados que hacen presencia en esos territorios de violencia institucionalizada, por lo prolongado del conflicto sin fin, no escapan a ese azote como un signo maldito. La extensa y compleja Colombia, no admite que sea solo el móvil del narcotráfico el aliciente causante de las masacres. También influyen con peso específico el entorno de la explotación del oro; el lucrativo negocio del robo de hidrocarburos, con válvulas clandestinas a los tubos de los oleoductos, para extraer el “pategrillo”, combustible rudimentario en uso de los cristalizadores de cocaína y el refinamiento de una gasolina artesanal. El lucrativo negocio del contrabando de extracción, de especies, de gasolina, de ganado. El tráfico de armas. Todo un entramado que se adjudica a todos y cada uno de los actores armados y en el que la casta privilegiada del generalato militarista rumia, callado, enriqueciéndose en cifras exorbitantes.

Asomando un concepto de oligopolio, por este se sobreentiende una estructura de mercado, que tiende a una exclusividad de unos cuantos competidores relevantes, con sobrada y demostrada capacidad de influir en el auge del giro ordinario de tales negocios, en la imposición de precios, en el beneficio pecuniario garantizado, en cantidad y equilibrio.

Al difundir la mediática, como reconocimiento, que el móvil determinante de las masacres lo constituye el “control territorial” por el narcotráfico; avalan el esfuerzo por la redacción en lo mostrado, para sustentar la exposición del régimen militarista y dictatorial imperante en Colombia.

Puesto que las masacres obedecen a dinámicas como las expuestas; corresponde confrontar el relato oficial, implicatorio y justificante para el enturbio dispuesto de relación o situación.

Otra es la presentación. Excluyen la lucha frontal contra insurgente, como mandato imperial a un ejército y fuerzas armadas, made in Usa; cuando el hacedero, lo posible, es valerse del enfrentamiento de actores de delincuencia comunes, contra la insurgencia rebelde; como si les fuere dable afirmar, la no existencia de la confrontación directa, de los restantes actores armados, enunciados contra el Estado.

El control territorial obedece al monopolio de la fuerza por parte del Estado; cual carismática misión. El fin y objetivo de la actividad que implementa la dinámica de la guerra es borrar del escenario territorial la presencia de las fuerzas insurgentes, rebeldes. Para ello aplica lo de unirse hasta con el diablo. “Plata es lo que hay” resuena la lapidaria afirmación del generalote, que cual centurión romano dirige a mas de17.000 soldados en el Catatumbo nortesantandereano. Implica detenerse en la aplicación de los métodos contra insurgentes, de posiciones y control. No es por el control territorial de la insurgencia, que indiscutible lo ejerce por más de cincuenta años de conflicto. Mucho menos por el control de rutas del narcotráfico por parte de las guerrillas. Si algo asomó el fracasado, o mejor hecho trizas, proceso de terminación del conflicto armado definitivo con las Farc- ep, es que de ese control, en honor a la Verdad, debía responder eran las fuerzas armadas estatales. Se impone una redefinición al legado falsario de la dictadura mediática y el discurso oficial.

Indisoluble relación de asesinato de líderes y exguerrilleros desarmados con las masacres

Contribuye a extender un manto de impunidad el alegar que debido a la existencia de múltiples organizaciones armadas criminales, se impide identificar a los autores, tanto materiales, como intelectuales, de las masacres que han azotado a Colombia. Se suceden y los organismos investigadores del Estado, aportan solícitos la entrega o identificación de presuntos autores materiales. De esos solo el 49% resultan avante en lo investigable. Asombra la ofensiva simplicidad de atribuirlos a “organizaciones armadas” a “bandas criminales”, “grupos residuales armados”, “disidentes” de los acuerdos de paz. Como móviles han plasmado, cual tamaña desfachatez, que se originan por “ajustes de cuentas”, “control para la comercialización de la droga”, “control de rutas” “control de territorios” para el funcionamiento de negocios ilícitos, etc., etc.

Esas sucesivas masacres revelan el verdadero rostro y semblante de un conflicto armado agudizado. Tras la desmovilización de las antiguas Farc-ep, quedaron los efectos de su presencia popular arraigada en extensas regiones del país. La no implementación de los Acuerdos y en particular la no atención a la sustitución voluntaria de cultivos ilícitos, generaron una situación explosiva de estallido social. Ha sido perverso el comportamiento estatal, luego de la anisada esperanza de erradicación voluntaria y la frustración por la no aplicación de programas a escala; volviendo a incrementar la guerra cual agudización de la lucha de clases en el campo y la sempiterna amenaza de volver a la fumigación aérea con el letal glifosato.

Según la ONU, durante el año 2018, se registraron 11 masacres. En el 2019, aumentaron a 36. El ultimo registro de masacres en Colombia, al redactar el presente artículo, se dio el fin de semana (22 de noviembre) y ocurrió en los departamentos de Cauca y Antioquia. Trece personas fueron asesinadas en hechos ocurridos en una discoteca en el corregimiento de El Mango, zona rural del Cauca (8 victimas) y el otro en una finca de la vereda La Julia, en Betania, Antioquia (5 victimas). Es la masacre #74 ocurrida en el territorio nacional, durante el corriente año de 2.020.

¿El clamor nacional reclama Quién los mató? El escenario es mayoritariamente el campo: pero también crece la tendencia en zonas semi urbanas. En zonas urbanas se atribuyen este año a la Policía Nacional: 13 asesinados durante las protestas del 09 de septiembre en Bogotá, en repudio al asesinato del ciudadano Javier Ordoñez, en uno de los CAI de la capital. 9 asesinados en una cárcel provisional en Soacha, municipio cercano a la capital colombiana, al producirse un incendio en el que estaban hacinados 20 detenidos. El hecho ocurrió el pasado 4 de septiembre en la Estación de Policía y se mantuvo callado, hasta que las madres y familiares de los inmolados, rompieron el silencio que amenazas y terror estatal les impusieron. Circulan pruebas de la omisión y desidia policial e imposibilidad a familiares para sofocar el incendio. La matanza de 23 reclusos en la cárcel Modelo de Bogotá, revelándose que no operó, por parte de la guardia penitenciara, el Inpec, una contención de fuga; sino el calculado accionar de asesinato a mansalva contra los amotinados. La aplicación de la pena de muerte, cual ley de fuga, que prohíbe el estatuto constitucional colombiano.

un cuadro desesperanzador

Amnistía Internacional (AI) cuestiona la voluntad política del gobierno colombiano, en cabeza del sub presidente Duque, para proteger a los (las) líderes sociales y advierte la carencia de eficacia de las medidas tomadas. Un tinte desesperanzado intoxica el ambiente al sucederse reiteradas amenazas y asesinatos de cuadros políticos del movimiento Colombia Humana; del destacado dirigente popular Gustavo Petro Urrego. El senador Gustavo Bolívar, de la misma agrupación política, ante nuevas amenazas de las “Águilas Negras” en su contra, da a entender que el Ministro de Defensa Holmes Trujillo actúa en complicidad con ellas. Petro, a su vez, ha sostenido que las tales “águilas negras” no existen, sino que obedecen a facciones o pandillas internas dentro de las mismas fuerzas armadas estatales. Es decir, en torno a la proyección analítica de ese elemento perturbador del ejercicio a la oposición política, las tales “águilas negras” actuarían como pandilla interna, con la aplicación de desaforados procederes con el proyecto de propósitos claros, e identificación de pensamiento e intención de llevar a cabo una política de contra insurgencia indiscriminatoria, resultado de un mandato político, que solo podría provenir del partido en el poder, que se comporta más como secta.

A ello se suma la campaña de sindicar y estigmatizar de la secta, que no partido, el centro democrático (CD), a la organización nacional del magisterio colombiano FECODE, por el interés y actividad de la juventud colombiana por protestar dentro del movimiento popular contra el actual estado de cosas. Esa campaña difamatoria y de estigma, trae como resultado recientes asesinatos a profesores; ensañamiento de extorsiones económicas en regiones como el Catatumbo contra el cuerpo magisterial. El reciente asesinato en la ciudad de Ocaña, contra el líder opositor Jorge Solano Vega (Coqui); valiente denunciante contra el maridaje corrupto de alianzas de grupos políticos y el señalamiento personal contra actuaciones del diputado del tal centro democrático, en unión con conservadores, con demostradas andanadas de críticas con que mantenía atenta a la opinión pública; sustentadas citas de corrupción en los manejos de los recursos de los Hospitales de Ocaña y de Abrego, el desvío de dos mil millones de pesos, de los recursos públicos para obtener salidas de carreteables en finca ganadera de propiedad de uno de ellos; e innumerables denuncias sustentadas con que martirizaba, tanto de día como de noche, a una calaña de politiquerías corruptos en la Administración municipal de su terruño. Ese, su asesinato, enmarca dentro de la sistematicidad de praxis política, para acallar las voces opositoras en Colombia.

El Estado y los millonarios, ¿a quienes engañan?

Escrito en . Publicado en Análisis, Derechos.

Juan Huaylupo Alcázar[1]

La crisis política en la actual coyuntura costarricense es el resultado de décadas de prácticas liberales del poder político y económico. No es una crisis originada por la pandemia, pues la creciente pobreza, el desempleo, el déficit fiscal, la confiscación de salarios y pensiones, el incremento de tarifas de los servicios públicos, endeudamiento, devaluación, evasión y elusión tributaria de empresarios globales, los incentivos a la inversión extranjera, la venta de activos del Estado, el salario único, etc., ya eran tendencias prevalecientes en la política y el quehacer estatal, la pandemia las agudizó, no las creó, pero puso en evidencia la profunda inequidad en la estructura social existente, a la vez que muestra la complicidad y simbiosis estatal con los empresarios globales.

Esta coyuntura es particularmente importante, la crisis política o la ilegitimidad social del Gobierno y el Estado ha sido creada por la conciencia, cuestionamientos, debates y propuestas ciudadanas. La colectividad organizada se ha despertado ante las infames propuestas privadas y estatales que pretenden imponer el peso de la debacle fiscal y el creciente endeudamiento nacional, a los trabajadores y los pobres que sostienen la economía de la explotación de propietarios y los ingresos fiscales, mientras siguen impunes los evasores, los corruptos y las falsificaciones tributarias, así como los empresarios gozan de la autorización expedita para disminuir y suspender trabajos, aumentar los precios de medicamentos y el costo de vida, a la vez que, se mantienen las exoneraciones, incentivos, concesiones y privilegios para los ricos y los empresarios globales.

Ante los reclamos y protestas por posibles nuevos impuestos al pueblo, el Presidente de la República, nos dice que somos “irresponsables”, agregando cínicamente “que es doloroso, pero es la realidad”. Desde esa arbitraria perspectiva, es transparente la intencionalidad gubernamental: los trabajadores deberán pagar por los actos y las consecuencias de los explotadores millonarios, los usurpadores del bienestar social.

La agresividad de los que viven del trabajo ajeno, no ceja de sus intenciones contra los trabajadores, la ciudadanía y la nación. No buscan amparar sus intereses e inversiones en la actual coyuntura, sino enriquecerse más. Ellos están liquidando los resquicios del Estado social, desmantelando la seguridad social y la institucionalidad pública, no sólo restringiendo sus presupuestos y gastos, también impidiendo la restitución de funcionarios que se pensionan y de los que son obligados a dejar sus empleos, no para reducir el gasto, sino para destruir funciones e institucionalidad pública, para luego desaparecerlas por inoperantes, por hacer labores duplicadas o por considerarlas inútiles. Los poderes de estos parásitos han convertido al Estado en un activo protagonista del empobrecimiento de la población trabajadora del sector público, como ellos lo han efectuado con los trabajadores que contratan. Estado y empresarios, acallan a las autoridades de la salud pública y propician la agudización de la infección pandémica, como un destino trágico que mina la resistencia y elimina a los más vulnerables. Esos asesinos, inmunes e impunes, también proponen condenar a los jubilados a la indigencia, por modificaciones en los modos de calcular las pensiones, como también aspiran a imponer impuestos al “salario escolar”, que no es un salario, pues son la acumulación de las retenciones mensuales de las patronales, los cuales son usados gratuitamente por un año que, depreciados se devuelven a sus dueños. Además, que esa devolución es el salario, al cual se le han deducido impuestos, que son usados privada y gratuitamente por un año, así, se busca duplicar la carga impositiva. Estas intenciones no pueden ni buscan paliar la crisis fiscal, su intención es empobrecer cada vez más a los trabajadores.

Pero, la acción regresiva de los empresarios, que se apropian de las riquezas y el trabajo ajeno, con la cínica complicidad estatal, no se queda ahí, no solo son culpables de la creciente brecha y desigualdad social, también buscan empeñar el futuro nacional endeudándonos e intentando privatizar todos los activos del Estado, ante sus fracasos pasados.

La Costa Rica que aún afirma tener un Estado Social de Derecho con una institucionalidad pública democrática e igualitaria, desde hace décadas ha cambiado, hoy es un Estado liberal más, entre otros, que ha privatizado el bienestar y ejerce un poder que favorece a los privilegiados. Este Estado es contradictorio e inhumano, que niega su constitución social originaria, para garantizar la inmensa posesión de riquezas de pocos, en un universo de pobres, como también ocurría en la Grecia antigua, donde se pregonaba democracia e igualdad en un universo de esclavos.

Este gobierno y los otros poderes estatales son ilegítimos, por la toma de conciencia, la voluntad y las protestas ciudadanas que abandonan la indiferencia, pasividad y la desintegración orgánica. La explosión ciudadana es diversa, dispersa y pacífica, pero motivada por el denominador común, del descontento y la acción colectiva. El gobierno al convocar el diálogo multisectorial, busca crear una imagen democrática que no posee, para diluir, diferir y encubrir las decisiones liberales que ya se implementan en la Asamblea Legislativa y en el poder Ejecutivo, sin que los derechos adquiridos puedan ser amparados por el poder Judicial. Esto es, hay una colusión estatal contra la democracia en nombre de la democracia.

¿Por qué se convoca al diálogo multisectorial? ¿por qué el gobierno se presenta como neutral, sin serlo, y afirma que será obediente de los acuerdos? ¿ignora las necesidades y anhelos ciudadanos, entonces para quién gobierna? ¿acaso desconoce que la agresividad y poder de los millonarios impide acuerdos consensuales con los trabajadores y los pobres? ¿qué hará el gobierno sin acuerdos trascendentes, tratarlos privadamente con quienes privilegia? ¿el dominio institucional del poder político y del económico de los millonarios estarán dispuestos en atender las necesidades sociales de las mayorías y promover el desarrollo nacional, sin sacrificar a los trabajadores?

Es aparente la neutralidad y el pretendido democratismo gubernamental, que sirve para enmascarar las anunciadas medidas contra la libertad, el bienestar y el desarrollo que defraudan, una vez más, la fe pública y la ilusión democrática.

Estamos frente a otra traición anunciada. No obstante, la relación entre organizaciones sociales está creando ineditamente propósitos y propuestas unitarias comunes, que anuncian nuevas luchas en la imposición totalitaria.

[1] Catedrático de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Costa Rica.

Ilustración tomada de La Red Latinoamericana por Justicia Económica y Social (LATINDADD)

¿Por qué Costa Rica no es un país “pura vida”?

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Luis Fernando Astorga Gatjens,
luferag@gmail.com

Tengo que confesar que nunca me ha gustado el “pura vida” que utilizamos como parte de nuestra idiosincrasia y que hemos proyectado internacionalmente, como signo de identidad propia. Siempre lo he rechazado porque considero que es engañoso y autocomplaciente.

Es oportuno recordar que, aunque aparece como un genuino producto nacional, realmente, se trata de un producto importado de México. Su historia empieza con una película mexicana del año 1956, protagonizada por el comediante, José Hipólito, cuyo alias artístico fue “Clavillazo”. El título de ese filme azteca fue, precisamente, “Pura vida”.

Mi rechazo tiene que ver con que esa expresión se asocia a otra situación que es igualmente engañosa: Que somos una nación muy feliz. Así se ha proyectado en una de esas superficiales encuestas que han caracterizado al país sino como el más feliz, si como uno de los más felices del mundo.

Si analizamos con algún detenimiento nuestra realidad, cada vez hay menos motivos para que la felicidad sea un componente dominante de la gran mayoría de las y los costarricenses.

Debemos de preguntarnos: ¿Cómo pueden ser las mayorías felices en un país que desde hace más de treinta años empezó una cuenta regresiva en los relativos avances en desarrollo humano y distribución de la riqueza, hasta situarnos en el presente, en el poco honroso octavo lugar entre los países más desiguales del mundo?

La pobreza y la desigualdad social han ganado terreno al compás de una creciente e indignante concentración de la riqueza en pocas manos. Y éste, que era un fenómeno notorio antes de la grave crisis actual, la pandemia de la covid-19, lo acrecentó y lo mostró en una dimensión nunca antes conocida ni reconocida.

El país del “pura vida” que muestra el Instituto Costarricense de Turismo (ICT) en su publicidad internacional, desafortunadamente, hace mucho tiempo no es en el que habitan una gran mayoría de las y los costarricenses, que viven bajo las duras condiciones de pobreza que la pandemia ha hecho crecer. Según la última encuesta de hogares, realizada por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), la pobreza ya llegó al 26 %. Asimismo, ese “pura vida” se queda vacío cuando casi la cuarta parte de la población económica activa (PEA), enfrenta las duras condiciones del desempleo.

Igualmente, ese “pura vida” emerge más como caricatura que realidad alegre y cotidiana, para quienes se les redujo severamente la jornada laboral y, consecuentemente, su salario. O para ese casi 50 % que vive dentro de los trabajos informales que desde marzo generan limitados o nulos ingresos. El hambre y con ella, la desesperación, ya ha estado visitando a muchas familias.

Lo más grave y preocupante es que cuando miramos el horizonte, la incertidumbre de una crisis de múltiples dimensiones (sanitaria, económica, social, política), es lo que está marcando, en forma dominante, el futuro de nuestro país.

Tengo la certeza de que lo único que puede devolver la esperanza como país, como sociedad, es el compromiso general con la solidaridad. No podemos salir adelante con un país formado por corporaciones que no miran más allá de su propio espacio de intereses.

No es posible que salgamos adelante como nación ante esta enorme y desafiante crisis, a cuyo fondo todavía no hemos llegado aún, si quienes habitamos este territorio hermoso y multicolor, no renunciamos a intereses individuales y de grupo, y nos ponemos a trabajar en forma unitaria y solidaria. Tal debe ser la idea-fuerza que nos guíe en bicentenario de Costa Rica. Solo siguiendo ese camino podremos darle sentido como país, a un “pura vida” más democrático y que realmente sea una expresión idiosincrática más cercana a una realidad que hoy es muy lejana.

(17 de octubre, 2020)

 

Enviado a SURCOS por el autor.

Post pandemia: Oportunidad para cambiar

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Luis Fernando Astorga Gatjens,
luferag@gmail.com

En chino, la palabra crisis —wei-ji— se compone de los términos correspondientes a «peligro» y «oportunidad».

Sobre estos dos términos debemos reflexionar a partir de la pandemia que enfrenta el mundo y la sociedad costarricense, en particular.

Se trata de un peligro vivo que ha afectado severamente nuestras vidas, la economía, el acceso a los alimentos, el trabajo, el estudio, la recreación, los intercambios sociales; en fin, todo. El confinamiento, la cuarentena y las medidas de distanciamiento físico, nos van a acompañar por semanas, meses e, incluso, podría ser por años. Nada está descartado.

El peligro del contagio del coronavirus en el presente no nos ofrece certezas. Las medidas en el ámbito de la salud que están adoptando el Ministerio de Salud y la Caja, y otras instituciones del Gobierno, aun siendo acertadas –en virtud de que han mostrado éxitos relativos aquí y en otros países–, no nos blindan completamente ante la posibilidad de que se expanda la covid-19. Persiste el peligro de un contagio exponencial que rebase la capacidad de lo que se ha logrado implementar hasta ahora, en instalación de Unidades de Cuidados Intensivos, disponibilidad de personal médico especializado y respiradores, para citar sólo tres rubros. Igualmente, aun evitando la expansión actual, en el futuro cercano podrían presentarse rebrotes y oleadas de contagio, que afectarían severamente al país.

Ese acechante peligro se hace mayor en el presente y podría ser peor en el futuro, si la CCSS (que ha jugado un papel estelar en el combate práctico de la pandemia), es debilitada por tres factores combinados: La expansión rápida y severa del gasto para atender la emergencia sanitaria a lo que ha estado obligada la institución; la disminución significativa de sus ingresos por reducción de las cotizaciones (obreras y patronales) y por la persistencia de oportunistas planes privatizadores de esta entidad pública. Es el colmo que tanto desde el gobierno como entre entidades privadas vean este peligroso debilitamiento de la Caja como una oportunidad para debilitarla aún más y darle un golpe mayor al Estado Social de Derecho, que es la mejor apuesta para que Costa Rica pueda emerger con esperanzas de los escombros económicos, sociales y políticos que nos heredará esta crisis devastadora.

La conducta del Ministro de Hacienda, Rodrigo Chaves Dobles, con respecto a la obligación ineludible que tiene el Estado de pagar con urgencia la deuda histórica con la Caja, no sólo para que siga atendiendo la pandemia en el presente sino para asegurar su existencia y fortalecimiento post-crisis pandémica, es tan preocupante como desalentadora. Sus declaraciones no son las de un funcionario público seriamente comprometido con la salud pública sino de los que piensan que después de la superación de esta pandemia, las cosas volverán a la “normalidad” anterior.

Este funcionario y el Gobierno de Carlos Alvarado en su conjunto, como los partidos que respaldan la idea de que dentro de la “nueva normalidad”, las políticas neo-liberales y privatizadoras de los bienes del Estado, volverán a retomar la fuerza expansiva previa a la pandemia, están en un gran error.

La pandemia y sus secuelas presentes y futuras, nos dan una oportunidad para corregir, para mejorar al país en todos los campos: Económico, social, ambiental, político, cultural.

El cambio inteligente y apropiado fija como derrotero un gobierno realmente preocupado por generar políticas públicas dirigidas a las mayorías (sectores populares y medios, que se han empobrecido enormemente); no a las élites que se han enriquecido convirtiendo al país en unos de los 10 más desiguales del mundo.

El bicentario de Costa Rica no puede ser el de un país que perdió su rumbo democrático (económico, social, ambiental y político), sino el que empieza a poner en práctica, por primera vez en su historia, el carácter participativo de la democracia nacional, expresado con diáfana claridad en el artículo 9 de la Constitución.

“En todas las épocas –escribe el historiador austríaco Walter Scheidel–, los más importantes replanteamientos se produjeron tras los impactos más severos. Así, cuatro tipos de rupturas violentas lograron reducir las desigualdades: la guerra cuando implica una movilización masiva, las revoluciones, las quiebras de los Estados y las pandemias mortíferas”.

Así las cosas, esta pandemia debe ser generadora de una mayor igualdad social, sea por la decisión consciente y correctiva de quienes dirigen el país o por la movilización política de las mayorías, que se cansaron de la injusticia social y la concentración de la riqueza en escasas manos. Quienes han estado controlando el escenario político tanto desde el dominio que les otorga su opulenta riqueza como los que están en transitorios puestos formales, tienen que empezar a entender que la “nueva normalidad” post-pandémica debe orientarse hacia una mayor e inclusión y justicia social; hacia mejores formas de redistribución de la riqueza; deben comprometerse seriamente con el fin de la depredación ambiental y la retórica pseudo-ecológica; deben renunciar a la polítiquería y al cálculo fijado por intereses individualistas y mesquinos. La historia les da la oportunidad de corregirse o serán inevitablemente corregidos por la democracia que empezará a reverdecer al superarse esta pandemia.

El futuro no puede ser repetición de este pasado reciente marcado por la injusticia social y el daño ambiental. Una nueva consciencia democratizadora y correctiva ha empezado a ganar fuerza entre las y los ciudadanos, particularmente entre las y los jóvenes, que aspiran convertir esta pandemia, en una oportunidad para reimpulsar un Estado Social y Ecológico de Derecho.

29 de abril, 2020

“Populismo, es el término que utilizan las élites, cuando no entienden lo que está pasando”

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Lic. José A. Amesty R.

Usualmente, los opositores a los gobiernos de izquierda, catalogan a sus líderes y gobiernos, como de populistas. Las palabras se ponen de moda, antes los populistas les llamaban demagogos o electoreros, como sinónimo.

Así, por ejemplo, Juan Domingo Perón de Argentina, Getulio Vargas de Brasil, según Jean François Prud’homme, investigador de El Colegio de México, fueron considerados populistas. Más adelante, Lázaro Cárdenas de México, Jorge Eliécer Gaitán (Colombia), Victor Paz Estenssoro (Bolivia), Víctor Raúl Haya de la Torre (Perú), Rómulo Betancourt (Venezuela), Carlos Ibáñez (Chile), Juan José Arévalo, Jacobo Arbenz (Guatemala), e incluso José María Velasco Ibarra, en Ecuador, entre otros.

A su vez, se comenzó a hablar de populismo con ciertos movimientos de campesinos en Rusia, al igual que de un partido populista en Estados Unidos: “era un partido que defendía los intereses de los pequeños granjeros en contra del capital bancario y financiero”.

También, Prud’homme explica que algunos califican al Cardenismo como populista, porque “el tipo peculiar de corporativismo que se instauró en México, donde la creación del Partido de la Revolución Mexicana, para algunos era un tipo específico de régimen populista de incluir a las masas a la vida política nacional: la CNC, la CTM”. La CNC era la Confederación Nacional Campesina y la CTM era la Confederación de Trabajadores de México.

El Cardenismo se usa como nombre de la corriente ideológica inaugurada por Lázaro Cárdenas; también se le llama así a la etapa en la que gobernó México de 1934 a 1940.

Cárdenas impulsó una organización mexicana de ejidatarios, comuneros, solicitantes de tierras, asalariados y productores agrícolas fundada en agosto de 1938 en Guadalajara, e igualmente promovió, una reforma agraria que pretendía a la vez, promover un mercado interno de bienes y servicios, asegurar la paz social y facilitar la industrialización. El sector urbano tenía que beneficiarse de la productividad barata de la numerosa mano de obra en el campo.

Ahora, en todas las democracias, de este siglo, sean de izquierda o de derecha, siempre hay una cierta dosis de populismo. Por ejemplo, el populista de derecha, Donald Trump, quien tuvo un discurso anti inmigrante, trató de reducir el campo de intervención del Estado, así como limitó los derechos a la libertad de expresión.

Otros líderes populistas de derecha son: Viktor Orbán, primer ministro de Hungría; Jair Bolsonaro, mandatario de Brasil, Nayib Bukele, presidente de El Salvador, entre otros. Aunque hay una discusión en relación a esto.

El populismo de izquierda, que busca tener políticas económicas más distributivas, trata de incluir a sectores de la población en la esfera pública, trata de otorgar ciertos derechos a esos grupos.

Como ejemplo, de líderes de izquierda populista, podemos mencionar a Hugo Chávez y Nicolás Maduro, de Venezuela, Evo Morales, de Bolivia, Rafael Correa en Ecuador, Ernesto y Cristina Kirchner en Argentina, Daniel Ortega de Nicaragua, en su momento Salvador Sánchez Cerén, de El Salvador, Lula da Silva en Brasil, entre otros. Aunque hay una discusión en relación a esto.

El presidente Andrés Manuel Lopez Obrador de México, responde a esta categoría-terminó así: si “ayudar a los pobres, apoyar a los adultos mayores, apoyar a los jóvenes, es ser populista que me apunten en la lista”.

Antes de definir qué es el populismo, veamos su posible origen: se cree que el origen del término populismo, surgió en Rusia en el siglo XIX, aproximadamente en la década de 1870, cuando se alzó un movimiento político bajo el nombre de Naródnichestvo, de cuya traducción derivó la palabra ‘populismo’. Dicho movimiento político ruso, se apoyó en la creencia de que, quienes se consideraban socialistas, debían aprender del pueblo antes de tomar el poder. Además, estaban en contra de los intelectuales.

Ahora, precisemos qué es el populismo, la definición clásica es: la tendencia política que dice defender los intereses y aspiraciones del pueblo. Entendiendo que el término, es mucho más amplio y difícil de definir.

Otros lo entienden como la postura política que busca, a través de diversas estrategias, el apoyo y consentimiento de las clases populares.

Otros lo denominan, como aquellos fenómenos que atentan en contra de la democracia liberal.

Prud’homme, a quien ya mencionamos, la define como una manera de hacer política, donde se plantea una relación directa entre el líder y el pueblo, en la que frecuentemente el tipo de movilización, significa la inclusión en la vida política de sectores de la población, que habían sido marginados, y frecuentemente esa relación entre el líder y bases, el líder define quién es el pueblo y en un discurso antagónico define quiénes son los enemigos de ese pueblo.

Hoy en América Latina, como intuimos al inicio, no es más que un concepto de ataque a todo proyecto político, con raigambre social, con intenciones de reivindicación popular y cambio social, y se le llama así, como una forma de combatirlo, es usado específicamente contra los gobiernos democráticos, progresistas o de nueva izquierda en la región.

En resumen, el populismo es un término para descalificar a toda política o líder, que pretenda dar respuestas a los intereses de la sociedad, y particularmente a pobladores/as, trabajadores/as, indígenas, clases medias, contrariando los intereses particulares de élites empresariales o políticas.

Pero también, es una palabra engañadora, que trata de apartar a las “masas” de los liderazgos, que sí responden por ellas; que busca desvalorizar las políticas sociales de los gobiernos progresistas; que trata de acanallar el ciclo histórico que abrió la nueva izquierda en América Latina.

Como ejemplo de lo mencionado, deseamos mostrar cómo reflexiona el Papa Francisco en su tercera encíclica “Fratelli Tutti” (Hermanos Todos), el término populismo, habiendo dicho que es muy difícil definir y es muy amplio su abanico de comprensión.

El líder de la iglesia católica, se distancia de los populismos (y liberalismos), acusándolos ya que el “desprecio de los débiles, puede esconderse en formas populistas, que los utiliza demagógicamente para sus fines, o en formas liberales al servicio de los intereses económicos de los poderosos”.

Igualmente, desde su perspectiva, ambas ideologías dificultan la posibilidad de pensar un mundo abierto en donde todos tengan cabida. Asimismo, considera que el uso indiscriminado de términos como ‘populista’ ha servido para dividir a las sociedades modernas, donde ya no es posible emitir opinión alguna sin ser considerado como populista o no populista.

Para el papa, el sustantivo pueblo y el adjetivo popular, hacen referencia a fenómenos sociales que pretenden articular a las mayorías. No obstante, atribuyó que en muchos casos esa capacidad ha servido a ciertos líderes populares, “para cautivar en orden a instrumentalizar políticamente la cultura del pueblo, con cualquier signo ideológico, al servicio de su proyecto personal y de su perpetuación en el poder”.

Como síntoma de la degradación de los liderazgos populares, Francisco destaca la aparición del inmediatismo, donde se “responde a exigencias populares en orden a garantizar votos o aprobación, pero sin avanzar en una tarea ardua y constante que genere a las personas los recursos para su propio desarrollo”.

Para finalizar, deseamos contraponer la visión populista del escritor Luis Antonio Espino, consultor en comunicación en México, quien señala que el triunfo de Joe Biden en EEUU, puede leerse como un dique de contención, para frenar el avance de los populismos en América Latina, proponiendo “lecciones” para enfrentarlo. Solo las mencionaremos brevemente, para propiciar el estudio y la lectura en torno al tema:

  • El populismo, no tiene el Monopolio de la Emoción, en la política.

Con frecuencia se piensa que los populistas poseen un don único, para activar las emociones de sus seguidores a través de narrativas efectivas. Esa claridad de propósito le ayudó al candidato a estructurar un mensaje central de alto poder emocional: la “batalla por el alma de Estados Unidos”.

  • La polarización no se derrota, con más polarización.

Durante las elecciones primarias, muchas voces decían que la única forma de ganarle a Trump era con un candidato que encendiera las pasiones de las bases duras del partido, tal como el presidente hace con los suyos. Su triunfo en estados tradicionalmente republicanos, como Georgia y Arizona, su desempeño competitivo en Texas y Florida, así como su capacidad para recuperar Pensilvania, Wisconsin y Michigan sugieren que, si los demócratas hubieran postulado a un candidato polarizador, se hubiera puesto en riesgo el voto moderado. Apostaron al centro y ganaron.

  • El carisma, no lo es todo.

El populismo es una forma personalista de hacer política que necesita de un líder carismático que encabece la lucha del “pueblo” contra las élites y que, al antagonizar con el establishment, genera sólidos vínculos afectivos con sus seguidores. Biden no es precisamente una explosión de carisma. Pero aún así logró imponerse al hechizo que Trump todavía mantiene sobre millones de estadounidenses. El carisma siempre ayuda, sin duda, pero no es sustituto para un mensaje claro, una organización eficaz para movilizar el voto y una buena compañera de fórmula, como lo es la hoy vicepresidenta electa, Kamala Harris.

  • Es la hora de las mujeres.

El contraste no podía ser más evidente: hombre viejo, blanco, enojado, primario, rudo y abusivo contra mujer joven, de ascendencia negra e india, inteligente y preparada, con carácter firme y que no se deja intimidar. El mensaje que se envió a millones de mujeres en Estados Unidos es que su hora de romper el techo de cristal ha llegado de la mano de una mujer fuerte que representa a las minorías.

  • Nunca es buen negocio pelearse con la prensa.

Día a día, documentaron la realidad del gobierno: abuso de poder, conflictos de interés, incompetencia, falsedades. gracias al trabajo diario de los medios, los votantes de Biden y los indecisos sí tuvieron toda la información y la evidencia que necesitaban para activarse y salir a votar. El costo de enemistarse tan profundamente con la prensa quedó claro cuando, el día que más las necesitó, las principales cadenas televisivas suspendieron la transmisión del mensaje del presidente denunciando un inexistente fraude electoral.

  • Las redes sociales ya son simplemente redes sociales.

En 2020, hubo menos drama en torno a las redes sociales, que poco a poco se van normalizando y convirtiendo en un medio más para transmitir el mensaje de las campañas a audiencias segmentadas. Hay una creciente y saludable toma de conciencia respecto a las redes que debe acelerarse con más educación digital.

  • El discurso de la decencia es poderoso.

Biden centró su discurso de campaña en una idea: no podemos permitir que nuestras pasiones políticas nos hagan abandonar nuestros valores básicos. No podemos permitir que, por “tener la razón”, no nos duelan los miles de muertos de la pandemia o las familias que han perdido sus ingresos. Hizo lo correcto, porque el populismo anestesia la empatía, apela a los peores impulsos tribales y nos hace ciegos al dolor ajeno, porque necesita que veamos a nuestros conciudadanos como enemigos para imponer su narrativa demagógica de “ellos” contra “nosotros”.

Sin duda alguna, parafraseando a Correa: Cuando los sectores poderosos, no entienden lo que está pasando, (en lenguaje venezolano: cuando lo maravilloso se hace cotidiano), lo llamamos populismo.

*Rafael Correa.

Ilustración de Joseph Ureña Rodríguez.

El Diálogo Multisectorial y los Diálogos Regionales, la escasa articulación de dos procesos

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

German Masís

En las últimas semanas dos procesos de diálogo se han realizado en el país, el proceso de diálogo multisectorial y los procesos de diálogo regional, impulsados por la Administración Alvarado.

En el primero se inscribieron 72 organizaciones y participaron 60 de ellas en 12 sesiones de trabajo en las que se discutieron 274 temas y en las que se llegó a acuerdos en 58 temas, pertenecientes a los grandes temas consensuados en el proceso, a saber:

– reactivación económica, generación de empleo decente y combate a la pobreza
– propuestas fiscales de alto consenso
– evasión, elusión y eficiencia de la gestión tributaria
– gestión de la deuda pública
– activos del Estado
– inversión, eficiencia y eficacia del gasto público
– ingresos y exoneraciones

La mesa acordó medidas para reducir el déficit fiscal en una cifra equivalente al 2.2 del PIB (aunque la meta era de 2.5), entre ellas 10 serían medidas permanentes que sumarían alrededor del 2.18 del PIB y varias medidas de tipo temporal (LN.com,23-11-2020). Entre las principales medidas aprobadas están:

 -el proyecto de Hacienda digital
 -la reducción de la deuda política
 -la reforma al sistema de compras públicas SICOP
 -introducir el sistema de renta global
 -el impuesto a los premios de lotería
 -cambio de deuda cara por deuda barata
 -emisión de bonos cero cupón
 -revisión y mejoramiento de la normativa de la SUGEF
 -facilitar el acceso al crédito a las micro, pequeñas y medianas empresas productoras
 -recorte de 170 mil millones del presupuesto 2022
 -venta de la cartera de créditos de CONAPE
 -aprobación del proyecto PAGAR
 -impulsar una Política Nacional de los Cuidados
 -inventario de bienes del Estado y su traslado a Hacienda(GobiernodelaRepública,21-11-2020)

Estas medidas aprobadas en el diálogo multisectorial y a las que un Consejo Consultivo Económico y Social les dará seguimiento, resultan para algunos sectores insuficientes dada la magnitud de la crisis fiscal que rondaría este año el 9.3 del PIB y una deuda de alrededor del 70% de la producción.

Más allá de esa valoración, interesa establecer los vínculos de esas medidas con el desarrollo regional y con los procesos de diálogo regional que se han estado realizando en varias regiones. Aunque en el diálogo multisectorial no se aprobó ninguna medida específica sobre el desarrollo regional, en las distintas sesiones se mencionaron algunas acciones ligadas a la problemática regional como:

 -creación de clúster y encadenamientos (territorial -regional)
 -impulso al empleo rural y costero
 -reducción de la brecha digital en las zonas fronterizas y costeras
 -fortalecer el programa de centros de desarrollo empresarial regionales del INA

Por su parte, en las regiones Chorotega, Huetar Norte, Huetar Atlántica, Brunca y Pacífico Central se han estado efectuando procesos de diálogo coordinados por las Autoridades gubernamentales encargadas de los programas de desarrollo en cada región.

En la región Chorotega se han aprobado propuestas en materia de emprendimientos, diversificación de la economía, tramitología, agro y turismo.

En el Agro se incluyen acciones como agilizar el trámite de apertura de pozos, impulsar la plataforma virtual de comercialización, la simplificación de trámites con el Programa de Abastecimiento Institucional (PAI), y proyecto de agro-innovación 4.0 para fortalecimiento de productores de la Región.

Sobre Turismo resalta la reactivación del Aeropuerto Daniel Oduber, una propuesta de mesa de trabajo para disminuir costos de tiquetes aéreos, así como la presentación de guías turísticas y catálogos de artesanías.

En lo relativo a Emprendimientos se incluyó las capacitaciones y acompañamiento por parte del INA y del MEIC y se realizó un mapeo de programas para acceso a crédito para pequeñas y medianas empresas de diversos sectores de la economía.

Sobre la Diversificación de la economía, se señaló la promoción de acciones del programa Alianza para el Bilingüismo (ABI), así como el fortalecimiento de infraestructura de conectividad en la región, capacitación y nuevas formas de empleo a partir de las tecnologías.

Por último, en tramitología, se incluye la agilización de trámites en SETENA, INVU, AYA y MOPT y el fortalecimiento en la implementación de la Ventanilla Única de Inversión (VUI) en la región. (ElPais.cr,14-11-2020)

El diálogo en la región Huetar Atlántica, coordinado por la Mesa Caribe definió una serie de acciones prioritarias, entre ellas.

En el tema de Logística, la elaboración de una estrategia para la mejora de las principales cadenas de valor del sector logístico y aplicación de un benchmarking internacional, propuesta de proyecto de “Ley de nacionalización de las cargas en puntos de ingreso”, levantamiento de las necesidades de infraestructura y de formación de recurso humano del sector logístico e integrar el clúster logístico al Sistema Nacional de Empleo y la Plataforma de Intermediación Laboral.

En Turismo se mencionó el impulso a un proyecto de reactivación de espacios públicos y embellecimiento del casco central de Limón, el impulso de la Región Caribe como un ícono en gastronomía, mediante la generación de alianzas públicos – privadas, apoyo a las plataformas digitales WAY-Anansy, promovidas por la Federación de Cámaras, desarrollo de una estrategia, en conjunto con el ICT para la visitación tanto de nacionales como de extranjeros y el desarrollo de un proyecto de formación para el empleo, mediante una alianza con PANIAMOR-CCITUL y la Federación de Cámaras.

Sobre Agroindustria, se propuso la identificación y desarrollo de las cuatro cadenas de valor: Cacao, Frutas, Raíces y Tubérculos, y Productos Pecuarios, el apoyo de una plataforma tecnológica para mercadeo agropecuario en la región y el país (eHarvestHub y NAJU), la asistencia técnica y soporte tecnológico agrícola en la región mediante proyectos coordinados (proyecto Fundación Walmart), la coordinación público-privada para inversión y operación de proyectos en el sector agropecuario y la reactivación de la inversión ya establecida en la región para la generación de empleo, desarrollo económico y agroindustria.(ElPais.cr,12-11-2020)

En los diálogos de las regiones Huetar Norte, Brunca y Pacífico Central, lideradas por la Vicepresidenta Epsy Campbell, la Ministra de Economía y el Presidente Ejecutivo del INCOP respectivamente, los clamores de la población son por la mejora en la infraestructura pública, acceso a financiamiento, el rescate de la actividad turística, una de las más golpeadas por la pandemia del COVID-19 y la situación del agro, sin olvidar la principal preocupación de todas las regiones por la falta de empleo y por la pobreza de las familias.

No obstante los aspectos discutidos en los diálogos regionales, no abordaron directamente los grandes temas de la crisis fiscal, de la deuda pública, de la reactivación económica, de la gestión tributaria, del gasto público y de las necesidades de inversión, es decir los temas estructurales que son el contexto macro de las demandas regionales.

En ese sentido, podría reconocerse una escasa articulación entre los procesos de diálogo nacional multisectorial y los diálogos regionales, en donde el primero pone el énfasis en medidas globales de política fiscal, económica, social e institucional, con poca incorporación de acciones dirigidas al desarrollo de las regiones periféricas o de promoción de un desarrollo nacional más equitativo entre las actividades de la Gran Área Metropolitana (GAM) y dichas regiones.

Acierta plenamente el reciente Informe del Estado de la Nación cuando señala que la red productiva nacional es altamente dependiente de la región Central-GAM y del sector comercio y transporte, y que urge atender la desconexión entre ésta y las regiones fuera de aquella zona, (así como) fortalecer las interacciones para fomentar la actividad económica en ambos casos. (PEN2020, p.29).

 

Foto: UCR

Educación para una patria justa

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Claudio Monge Pereira

Aseguraba Martí, que tan detestable es un pueblo que subyuga a otro pueblo, como aquel que es esclavo de sí mismo. Por lo tanto, parafraseándolo, podemos asegurar que aquella Educación que no libera, esclaviza. Y esto, más que en discursos y ponencias, se vivencia en la práctica permanente de la construcción social y la lucha por establecer una sociedad justa y digna, en la que la palabra mercado deje de ser la razón del desarrollo; y por el contrario, se fomente la práctica de la solidaridad, la cooperación y el amor.

La educación es un acto ineludible de amor, y en ese acto estamos involucrados los estudiantes, la familia y los educadores. El estado no se escapa y no puede eludir este mandato social. Concebida así, la educación es un proceso integral, dentro del cual, el amor es la levadura que le permitirá crecer sin complejos a todos los Seres Humanos. Aquí, el amor es la clave o la llave que permite abrir las puertas, no sólo del conocimiento y del saber, sino también de la liberación mental y espiritual para construir la justicia económica y social indispensables para mancomunar una Sociedad Completa. Por medio de la participación política decente, la práctica de la solidaridad y la paz; la defensa a ultranza del Universo; fortalecemos la tolerancia y no la sumisión, el respeto hacia las diferencias y la colectivización de las soluciones a los problemas de las mayorías pobres de las sociedades modernas.

La educación, se ha dicho y se ha escrito, es un arma; pero debe acotarse que en manos de mediocres y de arribistas casuales, es un arma peligrosa. Por ello, es preferible reafirmar como lo señalaran insignes educadores y educadoras del calibre de Omar Dengo, Carmen Lyra, Luisa González, Talía Rojas, Carlos Monge Alfaro, Joaquín García Monge y Paulo Freire entre otros, que la educación es un instrumento. Y un instrumento nos recuerda una pala o una hoz, un pico o un rastrillo, un martillo o un serrucho, una llave francesa o una inglesa; una guitarra, un piano, un Altar o un Cáliz; o si quisiéramos, una lira, que es instrumento de los Ángeles.

Un instrumento se utiliza para construir, para crear o para recrear. La Educación es construcción y la construcción es eufórica, es decir, es alegre, dichosa, propositiva, creativa, entusiasta, proactiva, amable y amorosa. La amorosidad es la capacidad que logremos desarrollar para amarnos los unos a los otros, y la amabilidad es esa valiente decisión que asumimos para permitir que se nos ame y amar.

La Educación es un Poder, y el poder concebido y aplicado con justicia social y moral, es la esencia que debe alimentar a las educadoras y a los educadores. Este es el eje espiral a través del cual gira, desde la base hasta la cima, la consecución de una Patria dignamente pacífica y educadora; capaz de ofrecerle a la Humanidad Seres Humanos honrados, trabajadores, optimistas, pacíficos, justos, solidarios, de pensamiento crítico y eufóricos.

No existe Educación neutral, por ello no hay ni Escuelas ni aulas, ni educadores ni estudiantes neutrales. Lo anterior nos indica que tampoco el Magisterio pueda serlo, y estas aseveraciones nos conducen a reafirmar que la Pedagogía debe tomar partido, y hacerlo a favor de aquellas propuestas que la humanicen y la propongan como una guía para la formación de ciudadanos y ciudadanas constructores de espacios democráticos y libres en permanente perfección; preparados y dispuestos para promover y participar en las tareas de la transformación estructural de la Sociedad.

En esta concepción, el pedagogo es un poeta y un guerrero: un poeta porque crea y recrea, es decir, porque su trabajo y su entrega dignifican la Creación. Y un guerrero, porque lucha con valentía para que las utopías se transformen en realidades palpables; visibles y socializables: es un Guerrero – Poeta…un enamorado de la Creación, pero sobre todo, un enamorado incuestionable del Creador de todos los Seres y las cosas; es decir de la justicia. Ese Educador es un experto en su arduo recorrido por el DESIERTO.

Esto del desierto es una metáfora creada por el sacerdote y Educador suizo, Iván Illich. La mejor definición que yo conozco de metáfora es la que afirma que ella es una significación por ausencia. Y eso es precisamente lo que debemos enseñar a nuestros estudiantes: descubrir la maravillosa vida que existe detrás de todas las lacras que hemos creado por apartarnos del camino señalado por quien tanto nos ama con hechos reales.

Detrás de todo lo feo que nos rodea existe una alternativa: lo feo no podría saberse si no sabemos lo bello. El mundo fue construido con el más grande de todos los amores; no es un experimento para jugar, no es un divertimento  del gran Señor del Cielo Azul. Es su Obra maravillosa…es el PAN más tibio y nutritivo jamás concebido.

Iván Illich se refiere a las tentaciones que nos ofrecen los modelos ideológicos que han tratado de imponerse a nuestros pueblos a través de su Historia. Nos ofrecían aquella tentadora Babel del Este, en la cual, se decía, se construía la sociedad más justa y equitativa. No puede haber justicia opacando la dignidad personal del Ser Humano; aunque este tenga el pan material en abundancia. Un cuerpo no vale nada ni es nada sin Espíritu libre. Y también nos siguen ofreciendo un estilo de vida que infla a la gente con chatarra hasta que no pueda caminar, pero que lo enferma y le transforma su alma en una adiposidad más. Ese crisol de extremos asesina al Ser Humano: lo descalifica igualmente para alcanzar la felicidad. Hoy se nos ofrecen «Tratados» que no garantizan nuestro desarrollo como país. Al igual que miles de inmigrantes en el mundo, nuestros pueblos se empobrecen más al aceptar sus gobernantes incondicionalmente instrumentos internacionales que ignoran el nivel que hemos logrado como país; no obstante nuestros problemas. Se dice que hoy tenemos menos pobres en Costa Rica, pero los ricos son cada vez más ricos. Suena irónico porque es difícil comprender cómo hay menos pobres habiendo mayor concentración de la riqueza en menos familias; y siendo nuestro país uno de los más desiguales del Planeta.

Illich nos esclarece la significación por ausencia de su metáfora del Desierto: este es inhóspito y cruel, acaba fácilmente con las esperanzas y los sueños si no se le conoce bien y no se tiene un ideal que nos inspire y fortalezca. ¿Quién puede sobrevivir en él?, ¿Quién logra salir de él y erguirse libre y poderoso? Moisés lo logra: lo atraviesa tan sólo con un cayado y se vuelve a erguir libre y poderoso. Y no sólo eso. Regresa y conociendo sus adversidades lo recorre de nuevo como faro de su Pueblo. Entonces, el significado de la metáfora es, que sólo es capaz de liberar a los demás, aquel que ya fue liberado y es libre como el que más.

Entonces, siguiendo la lógica de esa metáfora, sólo libera a sus estudiantes aquel maestro que ya fue liberado y por lo tanto es libre: libre para crear y construir con su ejemplo y su conocimiento; libre para luchar por la justicia y no conformarse con dar la limosna al desvalido. Libre para para transmitir el entusiasmo que desata los sueños y las acciones de y por la justicia.

El educador liberador es un Poeta porque la Poesía es creación inspirada, y la Pedagogía, por su lado, es la herramienta útil para el conocimiento educativo y formativo. Y es además, un Guerrero, no porque deba ser un rebelde sin causa, sino porque debe hacerle la guerra a la mediocridad intelectual y espiritual; porque debe combatir la ignorancia y la superstición, y porque debe entregarse en la lucha contra las desigualdades que minimizan al Ser Humano, despojándolo de su imagen y semejanza con lo Perfecto y rebajándolo a la condición de miserable.

Ese educador debe forjarse y poseer algunas características:

1) Sensible ante las desigualdades
2) Enamorado de la Justicia Social
3) Amable con la Humanidad y con el Planeta
4) Disponible como un médico, un bombero o un fontanero; una Enfermera
5) Valeroso
6) Honesto hasta decir basta
7) Humilde
8 – Solidario
9) Definido por una opción política que luche por la Justicia Social
10) Vocero de los que no tienen voz
11) Atento y servicial
12) Soñador
13) Estudioso
14) Creativo
15) Asertivo y proactivo
16) Pedagogo: científico social
17) Generoso
18) Justo y equitativo
19) Pensador
20) Inconforme consigo mismo
21) Crítico
22) Andariego
23) Inclaudicable
24) Denunciante, y
25) Anunciante.

Esta caracterización no obedece a ningún orden específico. La propongo de la misma manera que se me inspiró, y probablemente reforzada por la praxis pedagógica que desarrollé durante más de 30 años de Amistad Pedagógica con mis estudiantes. Esa amistad me enseñó a no decirle jamás a quien aprende “alumno”, porque no existe absolutamente ninguna persona “sin luz”. Un alumno es aquel ser que no tiene luz; que está apagado, y semejante fenómeno lo logra , más bien, un sistema educativo vertical y enciclopédico…uno bancario que considera al estudiante una alcancía para embutirle certificados sin valor, hacer de él un ente pasivo: una tabula rasa.

Para construir una sociedad mejor, es decir, justa y bella, urgimos de una educación que invierta el axioma tradicional del educador como Rey Filósofo y del educando como Arcilla Maleable. Así, el educando será el Estudiante Filósofo y el Educador será el Molde Maleable. Aquel esquema rígido, hecho de yeso pedagógico, ese que sólo produce momias rígidas de pensamiento, será abolido y desterrado. El ser humano verá hermanos y solidaridad en su prójimo, y lo que haga lo hará en el nombre de Aquel que siéndolo todo, renunció a todo por AMOR; o de sus Principios más sagrados y nobles.

¿Acaso puede existir una Pedagogía que supere la que nos enseña a diario el Maestro de Maestros con su herencia de justicia, verdad y praxis? El resultado es, la Libertad Plena del Espíritu Creador y comprometido. De ahí vendrá una Patria con justicia y equidad en la cual los postulados enunciados en esta reflexión se practiquen.

San Isidro, Heredia
20 de noviembre 2020

La politiquería: La agenda común del gobierno y la oposición

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Luis Fernando Astorga Gatjens,
luferag@gmail.com

En un encuentro que sostuvieron el lunes, 4 de mayo del año en curso, el Presidente de Argentina, Alberto Fernández y la Canciller alemana, Ángela Merkel, ella afirmó, de manera clara y contundente que “Uno de los problemas de América Latina es que los ricos no quieren pagar nada”. Eso mismo se lo había escuchado hace algunos años al Ex Presidente de Uruguay, Pepe Mujica, cuando visitó a Costa Rica y se refirió a la necesidad impostergable de una reforma fiscal.

Son expresiones que reflejan una realidad y un diagnóstico con respecto a la situación fiscal, que enfrentan países como el nuestro. Establecen como un tema fundamental pendiente: la necesidad de una reforma fiscal, integral y progresiva. Tal tipo de reforma era una necesidad antes de que emergiera esta devastadora pandemia; hoy se convierte en un imperativo impostergable, una vez que superemos este terrible y desafiante periodo de crisis.

Este es un tema que demanda una visión de país que no puede estar sujeta a los intereses de una minoría de grandes empresarios acaparadores de la riqueza, que han contribuido de manera decisiva a convertir al país en uno de los 10 más desiguales del mundo. Igualmente exige un cambio de perspectiva tanto del Gobierno del PAC como de todos los partidos de oposición, que cuentan con representantes en la Asamblea Legislativa.

En Europa, en la atención de la crisis generada por la pandemia, Portugal y España han fijado dos caminos no sólo distintos sino contrapuestos, en la unidad o conflicto entre el Gobierno y los principales partidos opositores. Mientras en el primero se dio un maduro esfuerzo conjunto entre el partido oficial y la oposición; en el segundo han aflorado múltiples conflictos que han evitado un esfuerzo unificado frente a la crisis, como sería lo esperable.

En Costa Rica, por lo visto en estos días, estamos muy lejos de la experiencia portuguesa y muy cerca de la forma como la oposición y el Gobierno español del Presidente Pedro Sánchez, han estado gestionando la crisis pandémica actual.

El mensaje de rendición de cuentas del Presidente Carlos Alvarado ha resultado decepcionante en virtud de que lejos de ser un ejercicio autocrítico profundo y serio, es una especie de panegírico a la labor –obligada—del Gobierno ante la pandemia. Pienso que cualquier Gobierno medianamente responsable hubiera adoptado medidas similares a las adoptadas por la administración actual, a partir de las directrices de la OMS y de la experiencia desarrollada previamente por otros países. Realmente, la gran ventaja que ha tenido este Gobierno es la existencia de la CCSS, pese a los intentos –logrados y fallidos—para debilitarla.

La Caja (y el valioso ejército de trabajadores de la salud pública con que cuenta Costa Rica) es lo que ha establecido y establece la diferencia para asegurar la atención hasta ahora exitosa de la pandemia. Consecuentemente, haría muy bien la Administración de Carlos Alvarado en fijar una hoja de ruta de la forma cómo el Estado va pagar los ¢1 900 000 000 000, que le debe a la Caja, como le demandó recientemente la Junta Directiva de la institución. Un estadista de anchas miras debería fijar este tema como absolutamente prioritario. No hacerlo es someterse a los designios de los grupos económicos poderosos que han presionado, con relativo éxito, en la privatización de la salud pública y de la CCSS.

Como contrapartida al discurso de rendición de cuentas del Presidente Alvarado, observamos un espectáculo también decepcionante de los partidos de oposición, cuyo común denominador es golpear –con razones y también sin ellas—al Gobierno, sin fijar un derrotero orientado al mayor interés nacional y al sincero fortalecimiento de la democracia nacional.

El plan para el fortalecimiento de la Caja y la forma cómo el país debe enfrentar las crisis sanitaria, económica y social que se enfrenta y que será más grave, en la medida –como es previsible—, que haya necesidad de postergar el confinamiento y la cuarentena, deben ser claves en la agenda política (no politiquera) que debe juntar al Gobierno con todas las fuerzas de oposición.

Sin embargo, eso no es lo que se está produciendo y previsiblemente lo que se va a producir. Todo lo contrario. Unos y otros están unidos pero en sus afanes de ganar fuerza y espacios de cara a las elecciones del 2022. Les importa más sus limitados cálculos electoreros que el desarrollo del país post-pandemia. Prevén equivocadamente que la “nueva normalidad” será un retorno a su politiquería habitual y que la ciudadanía no les va a cobrar su incapacidad de responder, unos y otros, a la crisis y sus devastadoras secuelas (como un incremento sustancial de la pobreza y la miseria, por ejemplo).

Unos y otros deberían reflexionar en la asertiva frase de Ángela Merkel, ya que para salir de la profunda crisis económica y social que heredaremos de la pandemia, el país requerirá de muchos recursos y una fuente muy importante es, sin duda, –como ya se está vislumbrando en muchos países- gravar a las grandes fortunas, que han crecido en la misma proporción que el preocupante debilitamiento del Estado Social de Derecho.

5 de mayo del 2020

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