Desde 1964 se celebra en Centroamérica, de manera conjunta la fecha del 15 de setiembre, como la fecha de la Independencia de Centroamérica, recordando el Acta de Independencia declarada esa fecha, en 1821, en Guatemala, que era la cabecera principal de la Capitanía General de Guatemala, también, antiguo Reino de Guatemala.
La celebración conjunta en Centroamérica, de la fecha del 15 de setiembre de 1821, se determinó por declaración así establecida por la Asamblea Nacional Constituyente, de las Provincias Unidas de Centroamérica, de la cual formábamos parte, indicando que “ la memoria del glorioso 15 de setiembre de 1821, en la que el pueblo de esta capital (Guatemala), proclamó su Independencia del gobierno español, se celebre con todas las demostraciones…, ha tenido a bien decretar y se decreta:…1.- El día 15 del próximo mes de setiembre será feriado en esta capital (Guatemala)…2…, 3…, 4…, 5…, 6…, 7, … 8…, 9…, 10…, 11.- El Supremo Poder Ejecutivo, al circular este (decreto) dispondrá que en todos los pueblos de las Provincias Unidas, se celebre la Memoria del día en que cada uno proclamó su Independencia del Gobierno español…” Así se dispuso y comunicó el 26 de agosto de 1823.
Así, la Independencia de Guatemala se constituyó en el detonante para que las Provincias Unidas de Centroamérica, cada una por su parte, tomara la decisión de su Independencia, en tanto iban recibiendo la noticia de lo dispuesto en Guatemala, que dejaba en libertad a cada provincia para que decidiera lo propio. De esa manera, El Salvador declaró su Independencia el 21 de setiembre, Honduras y Nicaragua lo hicieron el 28 de setiembre. Nicaragua en esa fecha hizo su declaración indicando que la decisión de la Independencia quedaba sujeta “hasta que se aclararan los nublados del día”. Esta situación la corrigieron el 11 de octubre cuando declaró su Independencia. A Costa Rica la noticia de lo dispuesto en Guatemala llegó acompañada de lo decidido en Nicaragua, el 12 de octubre de 1821.
El último gobernador colonial, Juan Manuel de Cañas, no pudo ocultar la noticia, que se traía de pueblo en pueblo por toda Centroamérica, provocando distintas reacciones.
En Costa Rica la noticia de la Independencia pasó primero por San José donde fue acogida. Siendo Cartago la capital de la Provincia de Costa Rica, la discusión de lo dispuesto en Guatemala y Nicaragua se mantuvo por varios días, en los pueblos del Valle Central, para lo que se solicitó se enviaran delegados a Cartago para tomar la decisión sobre la independencia declarada en las otras provincias.
En Cartago estaban reunidos los delegados de los pueblos desde la noche del 28 de octubre, y en la mañanita del 29 de octubre, se aprobó declarar la Independencia de Costa Rica, constituyéndose esta fecha como la Fecha de la Declaración de la Independencia de Costa Rica.
Así, por la misma declaración de la Asamblea Nacional Constituyente, de las Provincias Unidas de Centroamérica, la fecha del 15 de setiembre se debe celebrar en memoria de lo sucedido en Guatemala, y la del 29 de octubre por ser la fecha en que Costa Rica, de manera definitiva tomó la decisión de independizarse. Debe ser la fecha del 29 de octubre y no cualquier otra porque Cartago era la capital de la Provincia de Costa Rica. El Acta de Independencia de Costa Ria se juró el 10 de noviembre de 1821, reafirmándose de esa forma lo dispuesto en Cartago el 29 de octubre.
De igual manera se podría considerar que las fechas de independencia de los pueblos de la provincia de Chiapas, como lo fueron Ciudad Real, Comitán y Tuxtla, que proclamaron primero su Independencia, antes que Guatemala, a la que pertenecían, deban tenerse como las fechas de Independencia, de Guatemala y del resto de Centroamérica. Influyeron esas declaraciones en Guatemala para la decisión que se tomó el 15 de setiembre.
Lo que recorrió el territorio de Centroamérica a partir del 15 de setiembre de 1821 fue la noticia de la Independencia de Guatemala.
Lo que recorrió el territorio de Centroamérica a partir de esa fecha fue la invitación para que cada Provincia, entre ellas Costa Rica, tomara su propia decisión.
El recorrido de la noticia se hizo de día, no de noche. A caballo o a pie se trajo la noticia. De noche no se podía porque no había buenos caminos para transitar. No había telégrafos ni teléfonos. Había peligros reales de animales salvajes, felinos especialmente, para los viajeros que pudieran movilizarse nocturnamente. Había que hacer paradas obligadas. Por eso la noticia duró muchos días, casi un mes, en llegar a Costa Rica. Quienes traían la noticia, uno o varios viajeros, se desplazaban de día, sin antorchas ni teas.
A principios de la década de 1960, en el contexto de la Integración Centroamericana que se impulsaba y de la reunión de presidentes de Centroamérica con el presidente Kennedy, del 18 al 20 de marzo de 1963, el Profesor, y Director de la Dirección General de Deportes, Alfredo Cruz Bolaños, impulsó la idea, acogida en esa reunión de Presidentes centroamericanos, que se materializó por primera vez en 1964, de festejar la Independencia del 15 de setiembre de Guatemala y el recorrido de su noticia por toda la región, con un recorrido oficial que se iniciaría en Guatemala hasta llegar a Costa Rica, recorrido que se haría portando una Antorcha, en manos de estudiantes de toda la región.
Es claro que la celebración de este recorrido no se hace por las noches. Se hace durante todo el día, pueblo a pueblo, por la ruta que se disponga.
La Antorcha se propuso como símbolo de la luz frente a la oscuridad de la dominación española, como símbolo de la luz contra la opresión colonial, como símbolo de la libertad, del pueblo y del país, como símbolo de la soberanía popular, del pueblo en capacidad de tomar sus propias decisiones y la independencia nacional frente al sometimiento político e institucional del orden colonial español, o de cualquier otro orden imperial que nos amenace.
El 14 de setiembre de cada año, desde 1964, el pueblo costarricense, y el estudiantado nacional, se moviliza para recordar, exaltar y festejar la noticia de la Independencia que nos llegó, en el desfile así organizado, para consolidar la Independencia de Costa Rica, y la de Centroamérica. Eso celebraremos el próximo 14 de setiembre en Costa Rica.
Para esta fecha, para este próximo 14 de setiembre, se está invitando a participar a todo el pueblo, en todas las comunidades del país, por donde pase la Antorcha traída de Guatemala, y en los pueblos por donde no pase, para que la gente se reúna con antorchas para celebrar la Independencia Nacional, pero especialmente para fortalecer la Independencia, la Soberanía y la Libertad del pueblo de Costa Rica.
Se está llamando a defender las libertades y derechos sagrados que la Independencia nos dio y que, en el desarrollo institucional del país, desde aquella gloriosa fecha hasta hoy, se han logrado como grandes conquistas populares y ciudadanas, establecidas en la Constitución Política, hoy diariamente amenazadas por las acciones autoritarias que se impulsan por el Gobierno de la República.
Se está llamando a defender la institucionalidad democrática nacional, el Estado de Derecho, que implica defender la independencia de los Poderes Públicos, del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo, del Poder Judicial, del Poder Electoral.
Se llama a luchar para que el Poder Ejecutivo no controle dictatorial, tiránica, ni autoritariamente todos los Poderes de Estado, para que no se entronice una Dictadura, una Tiranía, un Gobierno Absoluto en el país, ni se establezcan las bases de una Costa Rica dependiente, como una nueva colonia de una potencia extranjera, ni como una República alquilada a esos intereses, ni como un Protectorado político y militar como pareciera se está gestionando por el Gobierno de Laura Fernández.
El 14 y el 15 de setiembre hay que afirmar la verdadera Independencia Nacional.
Los faroles y antorchas de la Independencia, de esta fecha, son para afirmar, consolidar y defender el Estado de Derecho y el Estado Social de Derecho que malos costarricenses, y en cierta forma traidores a la Patria, están despedazando.
El día es el 12 de septiembre del 2001y me acabo de despertar de la pesadilla en vivo del día antes en el sitio de los que fueron hasta ayer las dos Torres Gemelas en Nueva York. Es el día después de que la guerra en el mundo globalizado llega directamente al territorio de los Estados Unidos.
Ayer, bastante desorientada, con polvo hasta por las narices y mucho estrés, caminé con otra amiga muchas horas hasta llegar a la casa de mi amiga Rhonda en Brooklin, NY. La travesía no fue muy distinta, cómo experiencia humana, a la que había vivido en algunos países de Centroamérica. Las imágenes de multitudes asustadas saliendo en carrera de Manhattan, mirando para atrás, mientras corría desaforada hacia adelante en busca de un lugar seguro.
Quienes me conocen saben que yo tengo una característica un poco peculiar. Cuando me encuentro en situaciones críticas de violencia, la cual nunca conocí en mi infancia no en Puerto Rico ni el Nueva York, donde estuve parte de los años 60 y 70, me concentro en ver y sentir el poder de la vida y de lo mejor de la humanidad cuando la muerte se hace presente. Esto fue probablemente desarrollado en medio de tanto conflicto en la Centroamérica de las dictaduras de los 70 y 80 y los procesos de paz que nunca se concretaban en los 90 en la región.
Lo vi y lo viví una vez más en el 2021. En el estado de sobrevivencia del 9/11 en Manhattan, todo el mundo corría hacia Brooklin.
La calles de ciudad más fría, más comercializada y más inhóspita que yo había conocido en mi vida, estaba convertida en un jardín de colmados, pulperías, tiendas y casas abiertas. Sus dueños o empleados repartían agua, víveres o medicinas gratuitas, hablándole a la gente con alieno.
Hasta sus televisores, radios e inmensas bocinas de música popular fueron sacadas a la intemperie. Para que la gente que buscaba regresar a algún lugar seguro pudiera ver cómo se desenvolvía la cosa en las derribadas Torres Gemelas.
Ah – me dije mientras caminaba – en momentos de emergencia son tan humanos y comunicativos cómo en Centroamericanos, le dije a mi amiga, recordándole otra lección que ya había aprendido: en guerra y en situaciones de estricta sobrevivencia, al ser humano se le conoce lo mejor de sí o lo peor de sí. ¡Depende!
Siempre me he preguntado de qué depende y al final de este episodio verán lo que aprendí.
Bueno, pero estoy despertando en Brooklin el día después. Dormí en el lugar seguro de mi amiga judía, abogada de los derechos humanos y solidaria contra todas las dictaduras del continente. Fue la abogada del famoso caso de la película “Desaparecido” en Chile y muchos más durante la dictadura y de agarrar a un dictador del Guatemala de visita en NY. Lo agarraron con base en una viejísima ley contra la piratería en EUA.
Desayuno con ella, pero tengo que salir a buscar un café internet para dejarle saber a mi familia y a la gente en Costa Rica que estoy bien y que me quedo en NY para transmitir en vivo en Radio Internacional Feminista en onda corta los próximos días.
El camino de cinco cuadras para llegar de la casa al Café Internet anunciado en una radio local comunitaria WBAI esa mañana fue tan calmado que no parecía Nueva York. Silencio total. No hay buses, no hay carros y la gente está sentada a las afueras de sus casas, hablando y escuchando radio.
Lo que más me llama la atención es que te miran y hasta te dan los buenos días. ¡Un Nueva York humanizado! Yo voy feliz, devolviendo los saludos en español, en inglés, yiddish y hasta en portugués. Tal vez uno que otro barrio en árabe. Porque allá viven en barrios bastante segregados y hay idiomas que yo no conocía.
Caminaba aprendiéndomelos para contestar igual. ¡Era divertido! No parecía Nueva York. Tarde casi una horas en llegar y varias más en una fila eterna para usar el Café Internet. Todos y todas andábamos en los mismo. Desesperados por poder hablar con los familiares, nadie abusaba del tiempo, como si de ello dependiera su propia comunicación.
Hmmm, una gran familia en la desgracia, pienso en mi particular énfasis en tiempos cómo esos.
De repente dan las 3 pm en punto cuando al unísono, aparece una simultaneidad en todas las grandes pantallas del gran televisor y en todas las computadoras. Una sola y única transmisión.
Es Bush el presidente y una publicidad terriblemente agresiva y violenta, llena de imágenes de espanto y anunciando: es la guerra contra América. Y ya no hay imágenes de los rescatistas y bomberos ayudando a la gente en el sito de las torres, ni la gente ayudándose a salir o sanarse, ni siquiera la gente llorando a sus muertos o los testimonios de sobrevivencia. Bush habla de que van a ganar y aparecen militares suyos guerrereando y árabes terrorizando a población civil. Bombas, guerra, destrucción y agresividad de los soldados gringos, miedo de la gente y sed de terrorizar de las imágenes de árabes. “¡Ya sabemos quiénes fueron y vamos contra ellos sin piedad porque todos nos odian a los americanos!” decían en texto y en voces.
Temblando, le escribí a mi familia y a mis amistades y salí del lugar en carrera. Estaba embotada del ruido de la violencia y agresividad sin parar.
Quería refugiarme a la casa de mi amiga para apagar todo aquello. Pero el recorrido me daría aliento, pensé. ¡Error de cálculo! Toda la gente había sacado sus televisores a la calle y estaban viendo lo mismo en sus pantallas. Aterrados, cuando levantaban la mirada para ver quien pasaba.
Cuando me miraban – con esta cara de árabe arrepentida (Sur de España), mezclada con sangre y ADN latina – me miraban con desprecio y hasta me decían cosas agresivas en sus lenguajes.
¡No los podía creer! ¡Apenas unas horas antes fueron mis amigos y amigas, de “buenos días” y todo en las calles de Nueva York!
¡No lo podía creer, de un día para otro, fui una mujer árabe, amenaza para los gringos!
No me atreví a correr y aunque lo hubiese querido no podía. Las piernas me fallaban con cada improperio agresivo.
Me mandaban a irme de donde había venido y me señalaban de árabe mal parida.
Cuando llegue a la casa estaba desbaratada emocionalmente y físicamente abatida.
Ese día supe que era Arabe.
Ese día supe quienes iban a convertir el hecho macabro en una nueva oportunidad para un festín mayor de dominio, control y violencia en el mundo.
Ese día supe cómo lo justificarían…
Y ese día aprendí qué es lo que saca lo peor de la gente.
El caso del consultor argentino Fernando Cerimedo permite observar, casi como bajo una lupa, una transformación profunda de la política latinoamericana: las narrativas ya no son solamente discursos destinados a interpretar la realidad. Se han convertido en operaciones permanentes para captar la atención, activar identidades, fabricar sensaciones de mayoría y mantener emocionalmente movilizadas a las audiencias.
Cerimedo adquirió notoriedad mediante una combinación característica de esta nueva industria política: consultoría electoral, campañas negativas, medios partidarios, segmentación de públicos y amplificación coordinada en redes.
Su trayectoria atraviesa Argentina, Brasil, Chile, Bolivia y otros países de la región. No representa, sin embargo, a toda la derecha ni permite explicar por sí solo sus triunfos. Su importancia reside en mostrar cómo determinados operadores pueden trasladar métodos, relaciones y narrativas de una campaña nacional a otra.
El episodio brasileño de 2022 resulta especialmente revelador. Después de la derrota electoral de Jair Bolsonaro, Cerimedo difundió una presentación que cuestionaba la confiabilidad de las urnas electrónicas. Sus argumentos fueron desmentidos, pero alcanzaron una audiencia considerable y alimentaron el ambiente de sospecha en torno al resultado electoral.
La eficacia política de una narrativa semejante no depende únicamente de que consiga demostrar algo. Puede cumplir otras funciones: transformar una derrota en agravio, preservar la cohesión de los seguidores, desplazar la discusión desde el resultado hacia una supuesta conspiración y presentar al grupo derrotado como víctima de fuerzas ocultas. La falta de pruebas se incorpora entonces al relato como evidencia de censura o encubrimiento.
Cerimedo no fue acusado finalmente por la Procuraduría brasileña en el proceso sobre la tentativa de golpe. Según lo informado, no se logró demostrar que supiera que el material divulgado contenía falsedades fabricadas.
Esta precisión es indispensable. Difundir información falsa, conocer previamente su falsedad, participar en su elaboración y asumir responsabilidad penal son cuestiones diferentes. Enfrentar el juego de las narrativas exige conservar estas distinciones, incluso cuando favorecen a un adversario político.
El caso adquirió una dimensión mucho más grave en Bolivia después del ataque armado contra Nadia Beller, expareja de Cerimedo, en agosto de 2026. Beller lo acusó de haber ordenado el atentado; él lo niega y permanece en prisión preventiva mientras se desarrollan distintos procesos. Las investigaciones se ampliaron hacia posibles delitos económicos, violencia doméstica y una eventual influencia irregular dentro del entorno gubernamental boliviano.
Durante los allanamientos, las autoridades informaron del hallazgo de equipos que podrían corresponder a una pequeña “granja de bots”. Todavía se requiere un peritaje capaz de determinar qué cuentas manejaban esos dispositivos, quién financiaba su operación y para cuáles campañas se utilizaron. Mientras tanto, circuló un video que supuestamente mostraba los equipos incautados, pero que en realidad correspondía a una instalación en Vietnam.
La paradoja es notable: una investigación sobre manipulación digital produjo inmediatamente nueva desinformación.
Este detalle encierra una lección fundamental para la izquierda. No se enfrenta la posverdad difundiendo información no verificada porque perjudica al adversario.
Cuando una denuncia legítima se mezcla con exageraciones, las falsedades descubiertas permiten desacreditar también los hechos comprobados. La credibilidad democrática se construye corrigiendo incluso aquello que confirma nuestras propias expectativas.
También debemos evitar la imagen del estratega todopoderoso que controla mecánicamente a las masas. Los bots pueden incrementar artificialmente la circulación de un mensaje, pero no crean por sí solos las frustraciones sociales que lo vuelven atractivo.
Los operadores de la nueva derecha trabajan sobre malestares existentes: inseguridad económica, pérdida de confianza institucional, resentimientos culturales y necesidad de pertenencia. Su habilidad consiste en traducir esos malestares en adversarios reconocibles y relatos emocionalmente movilizadores.
La respuesta no puede limitarse, por tanto, a desmentir cada falsedad. La avalancha de acusaciones obliga a periodistas, organizaciones y militantes a dedicar tiempo y energía a reaccionar. De esta manera, el adversario termina imponiendo tanto el tema como el ritmo de la conversación.
La indignación permanente puede desembocar en doomscrolling, ansiedad, agotamiento político y retirada.
Enfrentar este juego significa recuperar la iniciativa. Hace falta investigar las redes de financiamiento, exigir transparencia a consultores y plataformas, proteger a quienes sufren hostigamiento y fortalecer la educación crítica.
Pero también necesitamos narrativas capaces de vincular los problemas cotidianos con acciones colectivas concretas.
El caso Cerimedo no debe convertirse únicamente en otro espectáculo escandaloso. Puede servir para construir una política comunicativa que no confunda atención con organización, viralidad con mayoría ni denuncia con transformación.
Frente a la fabricación industrial de urgencia y enemistad, la izquierda necesita verdad verificable, conversación democrática, eficacia colectiva y cuidado.
Su mejor respuesta no será producir una maquinaria más estridente, sino una comunidad política más lúcida, solidaria y difícil de manipular.
Costa Rica se encuentra ante una encrucijada histórica. La indiferencia ya no es una opción, es lo que alimenta al autoritarismo. Si guardamos silencio, permitiremos el desmantelamiento de los pilares que sostienen la vida democrática y la libertad.
Convocamos a la acción unitaria del Bloque Democrático: comunidades, organizaciones sociales, universidades públicas, artistas e intelectuales, iglesias, ciudadanía.
Exigimos respeto a nuestra Constitución Política.
El Poder Judicial está bajo asedio y existe el peligro de un «cierre técnico»
La campaña de hostigamiento contra los tribunales y la fiscalía general ha cruzado límites peligrosos. Ya no se trata solo de descalificaciones verbales en conferencias y redes, sino de una estrategia de asfixia financiera planificada.
El fiscal general de la República, Carlo Díaz Sánchez, elevó una alarma gravísima ante la Corte Plena al denunciar que los millonarios recortes presupuestarios impuestos por el Poder Ejecutivo buscan provocar un «cierre técnico» del Poder Judicial.
El impacto real: esta reducción forzada de recursos desmantela las fiscalías y el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) en el peor momento para la seguridad del país, y con esto deja vía libre al crimen organizado. Como bien señaló la magistrada Patricia Solano en la misma sesión: “Pareciera que el enemigo no es el crimen organizado, sino el Poder Judicial”.
El objetivo de fondo es debilitar los expedientes de corrupción que comprometen directamente al oficialismo y promover la impunidad de las redes de influencia. Un Poder Judicial maniatado económicamente pierde la capacidad de actuar como contrapeso constitucional frente a los abusos del Ejecutivo.
La Caja de Seguro Social (CCSS): El desmantelamiento del bienestar social
A la par del ataque contra el Poder Judicial, la Caja Costarricense de Seguro Social sufre una intervención sistemática destinada a ahogarla y colonizar sus mandos técnicos.
El impacto real es la manipulación de las juntas directivas, la parálisis de infraestructura hospitalaria básica urgente y las políticas que promueven la fuga de especialistas de la salud para destruir la mayor conquista social de nuestro pueblo.
El objetivo de fondo es convertir la salud pública en un negocio y neutralizar cualquier foco de resistencia técnica o sindical interna.
Dejar caer a la CCSS es romper el pacto social de solidaridad que ha garantizado democracia social en Costa Rica por más de ochenta años.
La amenaza de la represión y la pérdida de garantías individuales
El debilitamiento institucional busca allanar el camino hacia un régimen autoritario. Nos preocupan profundamente las narrativas que coquetean con la suspensión de garantías individuales so pretexto de crisis, y el ingreso desmedido de fuerzas militares extranjeras aprovechando los recesos de la Asamblea Legislativa.
Un escenario sin controles constitucionales facultaría al oficialismo para ejecutar allanamientos políticos, intervenir la Fiscalía General y neutralizar a la Contraloría General y al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).
No permitiremos una Costa Rica arrodillada, temerosa y militarizada.
¡Actuemos ya!
Hacemos un llamado urgente para unirnos a la Red Nacional de Comités Democráticos y Patrióticos en cada barrio del país. Nuestra resistencia es pacífica pero firme, fundamentada en las leyes y en la soberanía de la ciudadanía costarricense.
Luchamos porque:
1- El Poder Judicial mantenga su total independencia y el presupuesto constitucional.
2- La Caja Costarricense del Seguro Social sea rescatada de la intervención política y financiera de Zapote y del secuestro del Ministerio de Hacienda.
3- Costa Rica sea un país donde se respetan la vida y leyes republicanas, las libertades públicas y democráticas. Que se respeten las garantías individuales.
¡Viva Costa Rica!
Firmantes:
Edison Valverde Araya, Comunidad Buen Vivir
Lenin Chacón Vargas, Buen Vivir Comuna Cocles
Raúl Blanco Chavarría, abogado, secretario general de la JVC
Manuel Monestel, Premio Magón
Alfonso Chase Brenes, Premio Magón
Manuel Mora Salas, comandante Ramiro
Gonzalo Villalta Gewrtz
Gloria Valerín Rodríguez, exministra de La Mujer
Macarena Barahona Riera, escritora
Patricia Mora Castellanos, exministra, exdiputada
Olga Goldemberg Guevara, escritora
Marielos Castro Umaña
Ángel Lara, escultor
Ana Mercedes Rodríguez, profesora
Rafael Cuevas Molina, escritor
Oscar Madrigal Jiménez, abogado
Alcides José Murillo Campos
Leiner Vargas Alfaro
Enrique Sibaja Granados
Marvin Cordero Gómez
Gonzalo Gallegos Jiménez
Habib Succar Guzmán
Inés Gutiérrez Moya
Aurelia Trejos Paris, cantautora
Oscar Espinoza, cantautor
Gerardo Aguilar Sevilla, abogado
Ena Aguilar Ramírez
Manuel Romero Arroyo
Walter Arias Bermúdez
Claudio Monge Pereira, exdiputado
Mónica Peredo, filóloga
Victoria Montero Zeledón, actriz
Nieves Barahona Riera, actriz
Arnaldo Moya Gutiérrez, historiador
Dorelia Barahona Riera, escritora
Alex Cuadra Hernández
Ana Lorena Alfaro Fuentes, M.G.L.
Rosa María Mata Mena
Ronulfo Morera Vargas
Gerardo Contreras, catedrático universitario
Francisco Javier Hernández Quiros
Francisco Barahona Riera, doctor Ciencias Políticas
German Chacón Araya, sociólogo
Alberto Campos Barrantes
Li Sáenz Urgell
Israel Guillén González
José Rafael Flores Alvarado
Alejandro Antonio Fernández Madrigal
Zeyla Meza, abogada
Julissa De Los Ángeles Madrigal Madrigal
Leda Montoya, trabajadora social
Xiomara Eve
César Quirós Brenes
Franklin Monge Montero
Jorge Edwin Lao Largaespada
Diego Villalobos Quirós
Lyn Madrigal
Ligia María Madrigal Castillo
Freddy Jiménez Herrera
Ricardo Ascanio Sánchez, librero
María Eugenia González García
Alcides José Murillo Campos
Luis Hidalgo Canifrú
Mario Alfaro Rodríguez, profesor
Luis Fernando Monge Rojas
Annie Saborío Mora
Karla Matamoros Hernández
Juan Bautista Rojas Esquivel
Leonardo Rivera Pérez
Karen Vargas Gutiérrez
Jorge Vallejos Ortiz
Guillermo Garro Brenes
Alfredo Gerardo Chaverri Brenes
Luis Miranda Vega
Héctor Ferlini-Salazar
Sandra Flora Paniagua Paniagua, médica
Li Sáenz Urgell, profesora de arte
Beatriz Paniagua Valverde, ingeniera
Aquiles Jiménez Arias, escultor
Dorelia Barahona Riera, escritora y filósofa
Jaime Delgado Rojas, filósofo y politólogo
Óscar Alfredo Barboza Lizano, académico
Héctor Cerdas Zamora, pensionado I.V.M.
María Cecilia Crespo, abogada
Óscar Daniel Espinoza Ramos, músico
Sonia Espinoza Conejo, diseñadora en costura y poeta
Adriano Corrales Arias, escritor
Bernardo Jaén Hernández, productor agrícola
Grace Chaves Zamora, Jupema
Marco Vinicio Fournier Facio, Red Nacional por la Democracia
Habib Succar Guzmán, jubilado
Ana Lorena Davila Cubero, trabajadora social
Doris Peterd, empresaria
Alba Nidya Vargas Castro, educadora
Lucía Inés Sanou Sequeira, pensionada
Luis Alberto Meza Sosa, construcción
Isabel Araya Montero, psicóloga jubilada
Xiomara Esquivel Vargas, actriz, PCOA-Costa Rica
Carlos Alberto Rubio Torres, escritor, profesor jubilado
Carlos Rubio Torres. escritor y profesor jubilado
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Hoy amaneció 9/11. Los grandes medios le han llamado los atentados que cambiaron el mundo. Fue terrible. Estuve allí, en el aeropuerto de NY. Llegué una media hora antes desde Durban en Sudáfrica, esperando el vuelo que nunca llegó para devolverme a Costa Rica.
Fue terrible y mi primera experiencia fue la caminata desde La Guardia por un costado de Manhattan. Tratan de llegar a la casa de mi amiga Rhonda en Brooklin, caminaba – desaforada del espanto – en medio de las horadas de gente que escapaba del lugar de los hechos y sus alrededores para salir del espanto.
Cuando al fin pude ver en televisión lo que acababa de vivir, sin percibirlo más que por su resultado en la gente que había sobrevivido y corría y corría, el espanto se me instaló en el corazón y en el alma.
Lo que más me movió el alma fue la gente tirándose de las ventanas de los altísimos pisos de los edificios por caer. Sus mundos desaparecieron en un instante, como los miles de muertos adentro.
Pero no es cierto lo que dicen los medios. Ellos, los responsables de los atentados, aún con toda su barbaridad y su fatal impacto en la muerte de tanta gente inocente – más de 2,000 – no cambiaron el mundo ese día.
El mundo de la gente de a pie en Medio Oriente y el mundo de a pie en Occidente, ya estaba tan desorientado, tan diezmado y tan asustado y disociado ante las políticas globalizadas de los que cambiaron el mundo ese día – y lo han seguido cambiado para peor, cada vez para peor.
Es mismo “peor” que hoy – 25 años después, ha amasado poderes y fortunas como nunca antes del 9/11. Poderío militar cómo nunca antes del 9/11. Depredación de la naturaleza, dictaduras y fascismo, como nunca antes. Tecnologías para controlar y destruir, como nunca antes del 9/11.
Sí, “cómo nunca antes”, ese día aprovecharon la situación, no para cambiarla, sino para instrumentalizarla para sí.
Yo viví cómo ocurrió esa afirmación del modelo y lo viví en el lugar donde se concretó ese cambio para terminar de globalizarlo.
Mañana, después que haga el duelo por los miles de víctimas, les escribiré cómo lo hicieron los responsables del cambio para peor.
Hay cifras que informan y cifras que obligan a pensar. El 64 % de valoración positiva que registra la presidenta Laura Fernández en la encuesta publicada por el Centro de Investigación y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica (CIEP-UCR) pertenece a la segunda categoría.
No se trata de una encuesta improvisada en redes sociales ni de una medición contaminada por granjas de bots. El estudio entrevistó a 994 personas adultas mediante una muestra aleatoria de telefonía celular, con un margen de error de ±3,1 puntos porcentuales y un nivel de confianza del 95 %. El resultado es contundente: 64 % califica positivamente la gestión presidencial, 25 % negativamente y 11 % mantiene una valoración neutra. Cuando se pregunta directamente si se respalda al Gobierno, la cifra alcanza el 69 %.
El dato resulta todavía más interesante por el momento en que se produce. Costa Rica atraviesa una seria discusión sobre seguridad y crimen organizado, tensiones alrededor del presupuesto público, enfrentamientos entre el Ejecutivo y el Poder Judicial y un ambiente político crecientemente confrontativo. A pesar de ello, la popularidad presidencial permanece elevada.
La reacción más sencilla sería preguntarse: ¿cómo es posible que tanta gente no vea lo que está ocurriendo?
Quizá esa sea la pregunta equivocada.
Tal vez no estamos frente a personas incapaces de ver la realidad. Quizá estamos frente a personas que observan la misma realidad, pero han aprendido a interpretarla mediante categorías diferentes.
Y si esto es así, el problema deja de ser electoral.
Se convierte en un problema de hegemonía.
No necesariamente se vota contra los propios intereses
Desde cierta izquierda se ha repetido durante décadas una afirmación aparentemente evidente: “la clase trabajadora vota contra sus propios intereses”.
Pero esa frase contiene una trampa: Presupone que nosotros conocemos los intereses de las personas mejor que ellas mismas.
El trabajador que respalda a Laura Fernández puede estar votando exactamente de acuerdo con los intereses que ha aprendido históricamente a reconocer como propios: quiere pagar menos impuestos, quiere seguridad, considera injusto que el Estado “mantenga vagos”, desea eliminar “privilegios”, aspira a emprender, quiere que los empleados públicos trabajen, quiere delincuentes encarcelados y quiere, finalmente, que “dejen gobernar”.
Ese mismo trabajador posiblemente utiliza la Caja Costarricense de Seguro Social, envía a sus hijos a la educación pública, espera que alguno pueda ingresar a una universidad estatal, utiliza infraestructura financiada colectivamente y espera recibir una pensión cuando llegue a la vejez.
No necesariamente experimenta contradicción alguna entre ambas cosas.
Porque esos elementos no están articulados políticamente como un sistema.
Ahí está la hegemonía.
Antonio Gramsci comprendió tempranamente que ninguna clase puede gobernar de manera estable recurriendo exclusivamente a la coerción. Necesita conseguir que una determinada interpretación del mundo aparezca como razonable, natural y hasta evidente.
Mucho después, Stuart Hall analizaría el neoliberalismo precisamente desde esa dimensión cultural. Su éxito no dependió solamente de privatizaciones, apertura comercial o disciplina fiscal. Dependió también de construir sujetos capaces de reconocerse dentro de sus categorías.
La hegemonía no consiste en convencer al explotado de que disfrute su explotación.
Consiste en conseguir que interprete su experiencia mediante categorías funcionales al orden existente.
El neoliberalismo también ocurrió dentro de nosotros
“El pobre es pobre porque quiere”.
“Hay trabajo para quien realmente quiere trabajar”.
“Sea su propio jefe”.
“Todo depende de su actitud”.
“Cambie usted y el mundo cambiará”.
Estas expresiones parecen inocentes. Incluso pueden resultar motivadoras. Pero detrás de ellas existe una profunda transformación cultural.
El desempleo deja de relacionarse con la estructura económica y comienza a explicarse mediante falta de iniciativa personal. La pobreza deja de ser una relación social y se convierte en fracaso individual. La precariedad laboral se transforma en falta de emprendimiento. El éxito demuestra mérito; el fracaso revela insuficiencia personal.
El sujeto colectivo se fragmenta.
Ya no somos trabajadores insertos en determinadas relaciones de producción. Somos emprendedores, colaboradores, consumidores, usuarios y contribuyentes.
Una persona puede pertenecer objetivamente a la clase trabajadora y subjetivamente imaginarse completamente fuera de ella.
Quizá por eso uno de los mayores triunfos del neoliberalismo costarricense no ocurrió en el Ministerio de Hacienda.
Ocurrió en nuestras cabezas.
Y ese triunfo cultural ayuda a explicar una paradoja fundamental: personas que dependen materialmente de instituciones públicas pueden apoyar proyectos que pretenden reducirlas.
No necesariamente han sido engañadas.
Han aprendido a imaginar su bienestar como resultado fundamentalmente individual.
Esto no comenzó con Rodrigo Chaves
Responsabilizar al chavismo de haber inventado todo aquello que hoy preocupa sería históricamente cómodo.
También sería falso.
La transformación del Estado costarricense comenzó mucho antes.
La crisis económica de comienzos de los años ochenta abrió el camino a programas de estabilización y ajuste estructural. A partir de entonces comenzó una transformación progresiva del modelo de desarrollo: apertura comercial, promoción de exportaciones, atracción de inversión extranjera, disciplina fiscal, transformación institucional y redefinición de las funciones económicas y sociales del Estado.
PLN y PUSC participaron, con diferencias, conflictos y ritmos distintos, en ese proceso. Posteriormente también lo hicieron las administraciones del PAC.
Decir esto no significa afirmar que todos los gobiernos hayan sido iguales. Las diferencias importan.
Pero las continuidades también.
Y existe un episodio reciente particularmente revelador.
Rodrigo Chaves no ingresó inicialmente a la política costarricense como dirigente antisistema ni como enemigo de las élites que posteriormente denunciaría.
Después de 27 años trabajando en el Banco Mundial, fue nombrado ministro de Hacienda por Carlos Alvarado en noviembre de 2019. El comunicado oficial de Presidencia estableció entre sus tareas continuar la consolidación fiscal, sanear las finanzas públicas y mejorar la eficiencia del gasto.
El dato merece ser recordado.
Chaves entró al Estado costarricense no para romper con el proceso de transformación económica existente, sino para administrar una de sus dimensiones fundamentales.
Eso obliga a formular una hipótesis incómoda: ¿y si el chavismo no representa la ruptura con el neoliberalismo costarricense, sino su mutación política?
Cuando el consenso deja de ser suficiente
Durante cuatro décadas las transformaciones económicas avanzaron mediante negociaciones, reformas parciales, pactos, resistencias sociales y límites institucionales.
El resultado fue contradictorio.
El Estado social sobrevivió, pero no permaneció intacto.
Sobrevivieron la CCSS, las universidades públicas, instituciones autónomas, derechos laborales y una determinada concepción de ciudadanía social.
Simultáneamente avanzaron la mercantilización, la disciplina fiscal, la desigualdad, la precarización laboral y una creciente deslegitimación cultural de lo público.
Quizá el chavismo haya identificado algo que los reformadores anteriores no pudieron resolver completamente: el obstáculo pendiente ya no es solamente económico. Es político y cultural.
Laura Fernández ha denominado “Tercera República” al proceso político que pretende impulsar y ha hablado de transformaciones profundas.
Conviene tomar esas palabras en serio, aunque nuestra interpretación no tenga por qué coincidir con la del Gobierno.
Porque la pregunta relevante no es qué significa retóricamente “Tercera República”.
La pregunta es qué transformaciones materiales podrían terminar asociándose con ella.
Y aquí podemos formular una hipótesis provisional: podríamos estar frente al intento de culminar una transformación neoliberal mediante una nueva forma política: un Estado económicamente menos universalista, políticamente más ejecutivo y penalmente más fuerte.
Un Estado selectivamente fuerte
Nicos Poulantzas introdujo hacia el final de su obra la categoría de “estatismo autoritario” para describir transformaciones de las democracias capitalistas caracterizadas por el fortalecimiento del Ejecutivo, la pérdida de capacidad de determinadas mediaciones políticas y una creciente concentración de decisiones estatales.
No estamos afirmando que la Costa Rica actual corresponda mecánicamente a aquella categoría.
Las categorías sirven para pensar, no para sustituir la realidad.
Pero Poulantzas permite cuestionar una asociación particularmente engañosa: neoliberalismo no significa necesariamente Estado débil, puede significar Estado selectivamente fuerte.
Menos Estado para redistribuir.
Más Estado para disciplinar.
Menos universalidad social.
Más disciplina fiscal.
Menor capacidad colectiva de negociación.
Mayor capacidad administrativa.
Menos protección.
Más control.
Menos bienestar.
Más seguridad.
El aparente “Estado mínimo” puede convertirse entonces en un Estado extraordinariamente fuerte precisamente allí donde necesita garantizar orden.
Y aquí la seguridad adquiere una función política fundamental.
El miedo no necesita enemigos imaginarios
El crimen organizado existe.
Los homicidios existen.
El narcotráfico existe.
La inseguridad ciudadana existe.
Negarlo sería absurdo.
Precisamente porque la amenaza es real, no resulta necesario inventarla.
Lo políticamente relevante es cómo esa amenaza se interpreta, se jerarquiza y se convierte en argumento para determinadas soluciones.
La encuesta del CIEP ofrece una pista formidable.
Entre las acciones gubernamentales mencionadas positivamente, seguridad y lucha contra el crimen representan 24,3 % y sistema penitenciario 23,1 %. Juntas concentran 47,4 % de las menciones positivas.
El apoyo posee entonces un relato extraordinariamente sencillo: seguridad, cárcel, orden.
El descontento, en cambio, aparece fragmentado entre numerosas preocupaciones.
Aquí debemos proceder cuidadosamente.
No existe evidencia suficiente para afirmar que el Gobierno esté produciendo deliberadamente una crisis de seguridad con el objetivo posterior de justificar medidas excepcionales.
Afirmarlo significaría sustituir investigación por sospecha.
Pero existe otra hipótesis más sólida.
Una crisis real puede convertirse en una estructura de oportunidad política para legitimar transformaciones que, fuera de esa crisis, resultarían mucho más difíciles de aceptar.
No hace falta conspiración. Hace falta oportunidad.
La pedagogía de la excepcionalidad
Si la inseguridad permanece como preocupación fundamental; si determinadas instituciones encargadas de combatirla son representadas como ineficientes; si jueces, fiscales, diputados o controles constitucionales comienzan a aparecer como obstáculos; si simultáneamente se fortalecen las políticas penitenciarias y entran en la discusión pública nuevas formas de cooperación internacional en seguridad, la frontera entre lo normal y lo excepcional comienza lentamente a desplazarse.
La propia presidenta ha declarado que determinadas operaciones terrestres estadounidenses podrían resultar beneficiosas frente al crimen transnacional, aunque también ha aclarado que no existe actualmente una operación concreta y que cualquier ingreso requeriría autorización legislativa.
Precisamente por eso el punto no consiste en anunciar tropas estadounidenses recorriendo mañana las calles costarricenses. Sería irresponsable. El fenómeno interesante es otro: algo que anteriormente habría parecido políticamente extraordinario ha ingresado en el campo de las posibilidades discutibles.
Y una sociedad comienza a transformarse mucho antes de que cambien sus leyes. Comienza a transformarse cuando cambia aquello que considera razonable.
“No nos dejan gobernar”
Otro dato del CIEP adquiere entonces una importancia enorme: El 75 % considera que existen actores que obstaculizan la labor de Laura Fernández. Entre quienes perciben obstáculos, las principales menciones recaen sobre la Asamblea Legislativa y sus diputaciones, con 35 %, y los partidos de oposición, con 33 %.
El conflicto institucional puede entonces dejar de funcionar como costo político. Puede convertirse en prueba de autenticidad. “Si todos se oponen al Gobierno, debe ser porque está tocando intereses”.
La universidad critica: forma parte del sistema.
El Poder Judicial protesta: defiende privilegios.
Los sindicatos se movilizan: protegen intereses particulares.
Los partidos se oponen: no dejan gobernar.
La evidencia contraria termina confirmando la narrativa.
Ernesto Laclau estudió precisamente cómo demandas heterogéneas pueden articularse mediante la construcción de una frontera política que separa “el pueblo” de aquellos representados como responsables de impedir la satisfacción de sus demandas.
Entonces el 64 % deja de ser únicamente un indicador de popularidad. Comienza a mostrarnos una posible reorganización del sentido común.
No existe una sola clase dominante
Llegados a este punto sería tentador preguntar quién está detrás de todo esto.
La pregunta puede conducirnos nuevamente a una simplificación.
No existe “la clase dominante” como un sujeto homogéneo reunido alrededor de una mesa.
Poulantzas insistió en comprender el Estado como condensación material de relaciones de fuerza entre clases y fracciones de clase.
Capital financiero, exportador, comercial, inmobiliario, turístico, empresas transnacionales, sectores vinculados a zonas francas y empresariado nacional no poseen intereses perfectamente idénticos.
Algunas de esas fracciones pueden compartir objetivos como disciplina fiscal, apertura económica, reducción de determinadas cargas o flexibilización y simultáneamente rechazar inseguridad jurídica, enfrentamiento con los tribunales, imprevisibilidad administrativa o excesiva concentración personalista del poder.
Aquí aparece una contradicción importante: las élites tradicionales pueden rechazar las formas del chavismo mientras comparten partes importantes de su horizonte económico.
Eso permite comprender también por qué fuerzas políticas que participaron históricamente en transformaciones económicas de orientación semejante pueden enfrentarse hoy al Gobierno.
Quizá una parte de la disputa no enfrente neoliberalismo contra Estado social. Podría enfrentar: neoliberalismo institucionalizado frente a neoliberalismo plebiscitario y securitario.
El primero reforma negociando con las mediaciones existentes. El segundo puede comenzar a considerar esas mediaciones precisamente como el problema.
¿Terminar lo que comenzó en los ochenta?
Aquí nuestra hipótesis adquiere su forma más provocadora.
El chavismo podría no haber llegado para destruir el proceso iniciado durante los años ochenta.
Podría haber llegado convencido de que finalmente puede culminarlo, no porque exista necesariamente un plan maestro elaborado hace cuarenta años. Los procesos históricos no funcionan así.
Gobiernos cambian. Intereses cambian. Fracciones de clase compiten. Existen resistencias, retrocesos, improvisaciones y contingencias. Pero una dirección estructural puede sobrevivir a quienes inicialmente la impulsaron, y puede encontrar, décadas después, una forma política más adecuada para profundizarse.
En ese sentido, la “Tercera República” podría terminar significando algo mucho más profundo que un cambio de gobierno. Podría expresar la tentativa de sustituir definitivamente el pacto social que, con todas sus contradicciones, estructuró la Costa Rica posterior a 1949.
La incómoda posición de la izquierda
Aquí el análisis debe dirigirse también hacia quienes nos ubicamos en la izquierda.
Defender la independencia judicial, las libertades públicas, la división de poderes, las universidades públicas y los controles constitucionales resulta indispensable. Pero defender la democracia liberal no obliga a convertirla en horizonte último de emancipación humana.
Podemos defender elecciones libres y preguntar simultáneamente cuánta democracia existe dentro de una empresa.
Podemos defender el Estado de derecho y preguntar qué libertad material posee quien debe aceptar condiciones laborales precarias para sobrevivir.
Podemos defender igualdad jurídica y preguntarnos qué igualdad política real existe cuando la riqueza se concentra extraordinariamente.
El problema aparece cuando la defensa democrática reúne al Frente Amplio con PLN, sectores provenientes del PAC y otras fuerzas sin que resulte suficientemente visible dónde termina la alianza táctica para defender instituciones y dónde comienza el proyecto alternativo de la izquierda.
Porque el chavismo obtiene entonces gratuitamente la imagen que necesita:
“ellos”: Partidos tradicionales, izquierda, sindicatos, universidades, instituciones y “privilegiados”.
Frente a: “nosotros”: El pueblo al que no dejan gobernar.
Cuando la izquierda conserva y la derecha promete transformar
Aquí aparece quizá la inversión política más inquietante de todas.
La izquierda defiende la CCSS.
Defiende las universidades.
Defiende derechos laborales.
Defiende convenciones colectivas.
Defiende pensiones.
Defiende instituciones públicas.
Y tiene razones históricas poderosas para hacerlo.
Pero defender conquistas no equivale todavía a construir futuro.
Mientras tanto, la derecha habla de: cambio, ruptura, transformación, refundación, Tercera República.
La paradoja resulta brutal: la izquierda corre el riesgo de convertirse en la fuerza conservadora de la Segunda República mientras la derecha se apropia del lenguaje revolucionario.
El Frente Amplio posee propuestas programáticas diferentes. Negarlo sería intelectualmente deshonesto. Pero un programa no constituye hegemonía.
Una alternativa contrahegemónica necesita organización social, presencia territorial, comunidades, sindicatos renovados, movimientos sociales, jóvenes, intelectuales orgánicos, producción cultural, pedagogía política y una imagen del futuro capaz de convertirse en deseo colectivo. No basta escribir la sociedad que queremos. Hay que conseguir que millones de personas quieran vivir en ella.
El vacío dejado por la izquierda
Y aquí Costa Rica deja de ser excepcional.
La reciente victoria de Alternative für Deutschland (AfD) en Sajonia-Anhalt, Alemania, donde obtuvo cerca del 44 % de los votos, debería obligarnos a pensar.
No porque Costa Rica y Alemania sean sociedades equivalentes. No lo son. Sino porque determinadas fuerzas de extrema derecha parecen haber comprendido algo que buena parte de la izquierda perdió de vista: La política no consiste solamente en administrar intereses. También consiste en producir sentido.
Al trabajador precarizado le dicen: alguien te quitó aquello que merecías.
Al habitante de territorios abandonados: las élites se olvidaron de vos.
Al pequeño empresario: el Estado te asfixia.
Al ciudadano asustado: recuperaré el orden.
Y al conjunto:
“Vos no fracasaste. Te traicionaron”.
Podemos cuestionar esas respuestas, pero antes debemos comprender por qué encuentran receptores.
Cuando desapareció el otro futuro
La caída del llamado socialismo real entre 1989 y 1991 significó mucho más que una derrota geopolítica. Contribuyó a destruir un horizonte.
Durante buena parte del siglo XX, capitalismo y socialismo aparecieron —con todas sus variantes, horrores, conquistas y contradicciones— como futuros posibles.
Después de 1989 comenzó a consolidarse la idea de que el capitalismo no constituía una forma histórica de organizar la sociedad, sino prácticamente la única realidad imaginable.
China demuestra que las relaciones entre planificación, mercado, propiedad, tecnología y Estado pueden adoptar configuraciones distintas, aunque su trayectoria histórica sea singular y resulte imposible trasladarla mecánicamente a otras sociedades.
Cuba y Nicaragua obligan, desde experiencias completamente diferentes, a discutir también los límites de proyectos que se presentan como alternativas al capitalismo liberal. Ser socialista no debería exigir suspender nuestra capacidad crítica precisamente cuando analizamos experiencias realizadas en nombre del socialismo.
Mark Fisher denominó “realismo capitalista” a esa dificultad contemporánea para imaginar una organización social más allá del capitalismo.
Quizá allí resida una parte fundamental de nuestra crisis.
La izquierda no perdió solamente elecciones: Perdió, en buena medida, el monopolio sobre la idea de futuro.
Defender ya no alcanza
Durante demasiado tiempo las fuerzas progresistas han sido colocadas a la defensiva:
Defender la Caja.
Defender el FEES.
Defender salarios.
Defender pensiones.
Defender sindicatos.
Defender instituciones.
Defender la democracia.
Todo ello puede resultar indispensable.
Pero resistir solamente responde una pregunta: ¿qué no queremos perder? No responde la pregunta decisiva: ¿qué queremos construir?
Una izquierda transformadora no debería limitarse a defender condiciones laborales de quienes todavía conservan derechos. Debería universalizarlos.
No solamente defender buenas pensiones para quienes aún las tienen, sino garantizar una vejez digna para todos.
No solamente defender estabilidad en el empleo público, sino combatir la precarización laboral pública y privada.
No solamente defender las universidades estatales, sino convertir el acceso al conocimiento superior en un derecho material para las clases populares en todo el territorio.
No defender privilegios: Universalizar conquistas.
Ese pequeño desplazamiento cambia completamente la conversación: Convierte una reivindicación defensiva en proyecto político.
¿Qué viene después de la Segunda República?
Llegamos entonces a la pregunta que quizá debimos hacernos desde el principio.
La Segunda República fue una construcción histórica. No apareció naturalmente. Tampoco constituye el destino eterno de Costa Rica.
Construyó instituciones extraordinarias, amplió derechos y desarrolló mecanismos de integración social que marcaron profundamente nuestra historia. También produjo exclusiones, contradicciones y límites que no debemos romantizar. Pero el consenso que la sostuvo parece agotarse.
El chavismo ya ofrece una respuesta para aquello que debería venir después: La llama Tercera República.
Quienes no compartimos ese proyecto tendremos que hacer algo mucho más ambicioso que defender indefinidamente aquello que todavía sobrevive del anterior. Tendremos que imaginar nuestra propia respuesta.
¿Qué significaría una Costa Rica donde el aumento de productividad producido por inteligencia artificial y automatización se convierta en reducción del tiempo de trabajo y no en desempleo?
¿Por qué no discutir una jornada laboral de treinta horas?
¿Por qué no ampliar sustancialmente la propiedad cooperativa?
¿Por qué los trabajadores no deberían participar en las decisiones estratégicas de las empresas?
¿Por qué la vivienda debe funcionar fundamentalmente como mercancía?
¿Por qué los cuidados continúan siendo tratados como responsabilidad privada?
¿Por qué no pensar una banca pública deliberadamente orientada hacia una transformación productiva ecológica?
¿Por qué no discutir formas públicas y comunitarias de propiedad sobre determinadas infraestructuras tecnológicas y datos?
¿Por qué no construir una política de seguridad capaz de perseguir implacablemente al crimen organizado mientras combate simultáneamente desigualdad, exclusión educativa y abandono territorial?
¿Por qué la democracia debe detenerse en la puerta del lugar de trabajo?
Eso todavía no constituye un programa. Es algo anterior. Es recuperar el derecho a imaginar.
Recuperar el futuro
La crisis histórica de la izquierda no consiste solamente en perder elecciones. Consiste en haber perdido, durante demasiado tiempo, la capacidad de hacer deseable otra sociedad.
Mientras tanto, nuevas derechas han comprendido el vacío y están intentando ocuparlo.
Por eso nuestra tarea no puede reducirse a conservar aquello que todavía queda de la Segunda República.
Hay que volver a imaginar el futuro.
No sabemos todavía cómo llamar a esa nueva Costa Rica. Tampoco sabemos exactamente cómo construirla.
Pero una transformación auténticamente democrática, solidaria, socialista y ecológica tendrá que recuperar aquello que cuatro décadas de neoliberalismo consiguieron debilitar: la convicción de que los grandes problemas colectivos no se resuelven individualmente y de que una sociedad conserva el derecho democrático de decidir cómo organiza su economía, distribuye su riqueza, utiliza su tecnología y construye su vida en común.
Quizá una revolución del siglo XXI comience precisamente allí. No necesariamente tomando un palacio. Sino recuperando algo que parecía habernos sido arrebatado: la posibilidad de imaginar que las cosas pueden organizarse de otra manera.
Porque si nosotros no somos capaces de imaginar qué viene después de la Segunda República, otros ya lo están haciendo por nosotros. Y hasta le han puesto nombre:
Tercera República.
Referencias orientadoras
CIEP-UCR. (2026). Informe de resultados de la encuesta CIEP-UCR, septiembre de 2026. Universidad de Costa Rica.
Fisher, M. (2016). Realismo capitalista: ¿No hay alternativa? Caja Negra.
Gramsci, A. (1981-2000). Cuadernos de la cárcel. Ediciones Era.
Hall, S. (2018). El largo camino de la renovación: el thatcherismo y la crisis de la izquierda. Lengua de Trapo.
Laclau, E. (2005). La razón populista. Fondo de Cultura Económica.
Poulantzas, N. (1979). Estado, poder y socialismo. Siglo XXI.
Fernando Rodríguez Garro Observatorio Económico y Social, Universidad Nacional
Hace poco más de un año publiqué en este mismo medio un artículo refiriéndome a lo que creía debían ser temas de abordaje obligatorio de la administración que iniciaría en mayo del 2026, en cuanto a la situación fiscal del país. Dividí en ese momento el análisis en 3 áreas, gasto público, ingresos tributarios y deuda pública, advirtiendo de cosas que tenían que considerarse como elementos ineludibles de la política fiscal de la administración entrante. Hoy quiero volver sobre ellas, no solo porque los temas pendientes siguen estando pendientes, sino porque el panorama se ha complicado y el entorno internacional dificulta las cosas.
Decía el año pasado que “en materia de gasto algunas facturas se han ido acumulando a lo largo del tiempo, no solo por el gasto recortado, sino por el gasto evitado que se acumula como necesidades sin atender que se hace cada vez mayor”. Esto no sigue siendo cierto, sino que se vuelve cada vez más evidente en cuanto al resultado de casi 7 años de un proceso de ajuste fiscal enfocado en el gasto. El presupuesto del año 2026 se presentó después de haber hecho ese comentario, con un signo claramente restrictivo, mientras que durante este año se anunciaron recortes para compensar la caída en los ingresos tributarios y ahora sabemos que el presupuesto del año 2027 se mantendrá en una línea muy restrictiva.
El problema con esto es suponer que podemos restringir, o incluso recortar, recursos a programas públicos y al financiamiento de políticas públicas, de manera indefinida, sin que existan consecuencias. Tiene sus consecuencias, tal vez no todas las estamos viendo en el corto plazo o no estamos asociando algunas situaciones presentes a esas decisiones, pero se están sucediendo y algunas instituciones ya están advirtiendo del impacto que finalmente tendrá el ajuste previsto en el presupuesto del 2027.
Desgraciadamente también se ha estado alimentando un argumento complejo, sobre la posibilidad de resolver problemas públicos con decisiones políticas o legales, como si eso no tuviera una repercusión en el uso de recursos o no requiriera de recursos para su ejecución. Toda política pública requiere recursos para su implementación y todo cambio en esas políticas puede tener una incidencia en el uso de los recursos. Por ejemplo, cada vez que creemos que podemos atender el problema de seguridad con medidas punitivas en vez de gastar en seguridad preventiva, no solo estamos suponiendo que ambas son equivalentes en su resultado (al menos), sino que podemos recurrir a más medidas punitivas sin costo.
Otro problema con las decisiones actuales de gasto, que ya señalé en el artículo del año pasado, es que no estamos midiendo el costo de los recursos no gastados, porque, como decía líneas más arriba, decidir no gastar en algo tiene consecuencias y la acumulación de estas consecuencias podría implicar un mayor gasto en el futuro. La seguridad, la administración de justicia, la política social, la educación y la infraestructura pública, son apenas algunos ejemplos de áreas donde el ajuste puede tener efectos acumulados en el futuro que son más caros que los recursos “ahorrados” en el presente. A esa lista se sumarán, de forma inevitable, aquellas cosas en las que el Estado ha obviado actuar y en la que tendrá que hacerlo para evitar un impacto negativo mayor, como el apoyo financiero al transporte público, medidas para atender el cambio demográfico y el impulso de acciones de adaptación al cambio climático
En cuanto a los ingresos tributarios, desde el año pasado advertía de la pérdida de impulso de las medidas de reforma tributaria aprobadas en noviembre del 2018 y de cómo la reforma había dejado resultados por debajo de las metas esperadas. Además, se señaló en ese momento el impacto de decisiones tomadas por la Asamblea Legislativa, que empezaban a sumarse a decisiones tomadas vía decreto por la administración anterior y que las actuales autoridades han tenido que reconocer y revertir. La recaudación de impuesto en el 2025 terminó por reducirse como porcentaje del PIB y la pérdida de recursos continuó en el 2026, lo que incluso permeó las decisiones del presupuesto para el año 2027.
Los propios números presentados por el gobierno en el Marco Fiscal de Mediano Plazo 2026-2031, confirman el deterioro de la recaudación de impuestos, indicando que hacia el 2031 el país alcanzaría el 11,7% del PIB en ingresos tributarios, en un escenario base. Es llamativo que la proyección prevea una reducción en la recaudación de los tres principales impuestos del país, impuesto sobre la renta, impuesto al valor agregado e impuesto único a los combustibles, que explicarían esa reducción de un 1% del PIB de recaudación en comparación con lo observado en el 2025, aunque la reducción acumulada alcanzaría el 2% del PIB si lo comparamos con la recaudación máxima alcanzada en años recientes, que fue de 13,8% del PIB en el año 2021.
A fin de recuperar la máxima capacidad tributaria del país de los últimos años y evitar que la pérdida de ingresos impulse la deuda pública a niveles no vistos en las últimas décadas, Costa Rica necesita tomar medidas tributarias y de gestión de cobro de impuestos equivalentes al 2% del PIB. Pero, si pensamos, además, en aquellas áreas de gasto que requieren de más recursos, el reto de ajuste se hace mayor, lo que no podrá resolverse con medidas de poco calado o con reformas pequeñas, hará falta una reforma tributaria con una visión de mediano plazo y con una ambición de ajuste mucho mayor que la demostrada en la reforma del 2018, donde, por ejemplo, será inevitable tocar la tasa del IVA.
Retomando lo indicado en el artículo del 2025, la próxima administración deberá revertir la pérdida de recursos provocada por la decisión legislativa del 2023, que redujo el impuesto a la propiedad de vehículos, deberá empezar a sustituir los ingresos tributarios perdidos en la recaudación del impuesto único a los combustibles, que seguirá viéndose afectado por el proceso de electrificación del transporte y deberá cerrar los portillos que facilitan la evasión del impuesto al valor agregado, propiamente por medio del uso de la plataforma SINPE-Móvil.
Debe sumarse en ese listado de cosas la tarea de completar la reforma pendiente del impuesto sobre la renta, una aspiración que ya suma más de dos décadas sin lograrse, así como impulsar una agenda de reformas para fortalecer la gestión de la administración tributaria y procurar mayor eficacia en su gestión de cobro, algo que señalé también hace un año, y que debe ser parte de una estrategia amplia, que se ponga como meta que Costa Rica alcance el promedio de ingresos tributarios del gobierno central en América Latina, que es del 18% del PIB.
Finalmente, está el tema de la deuda pública, algo cuyo manejo reciente se está convirtiendo en un dolor de cabeza. Luego de que la crisis provocada por la pandemia del Covid19 hiciera saltar la deuda muy por encima del 60% del PIB, activando además las disposiciones más restrictivas de la regla fiscal, hemos quedado atrapados en un nivel de deuda que ronda, e incluso supera, ese porcentaje de la producción, a pesar de la severidad del ajuste de gasto realizado desde el año 2020, al que ahora se suma la caída en la recaudación. En pocas palabras, el ajuste se quedó corto en cuanto a uno de sus objetivos primordiales, como lo es estabilizar la deuda.
Según las propias estimaciones del Ministerio de Hacienda, la deuda no se reducirá del 60% del PIB de aquí al 2031, y probablemente más allá, bajo las condiciones actuales de resultados fiscales, tasas de interés y crecimiento real de la economía. Mientras tanto el gasto en intereses sigue creciendo, a pesar de la reducción observada en el 2025, con respecto al 2024, el Ministerio de Hacienda prevé que el pago de los intereses alcance el máximo de 4,9% del PIB en el 2028, según el Marco Fiscal de Mediano Plazo (aunque en el presupuesto del 2027 podría llegarse a ese nivel).
De lo señalado hace un año, sigue pendiente una cuestión que hemos advertido desde la Universidad Nacional en el pasado y que se mantiene sin abordarse, que es el costo de la deuda pública. A pesar de estar en un entorno sin inflación, e incluso con inflaciones negativas, la tasa de interés que se paga por la deuda pública no se ha reducido, algo que no solo ha pasado para el financiamiento público, pero que obliga a gastar una cantidad muy importante de recursos en retribuir a los tenedores de deuda pública. Urge reducir el gasto en intereses, lo que su vez permita más espacios de acción a la política pública, sumado a los ingresos adicionales que se generen en el futuro.
Sigue sin atenderse, al igual que hace un año, el asunto de la deuda con la CCSS, pues el reconocimiento de esta deuda como parte de la deuda del gobierno central, sumaría varios puntos del PIB al nivel de deuda que existe hoy, obligando al reconocimiento del pago de intereses correspondiente, lo que haría crecer también ese rubro de gasto. Esto suma otra razón para contar con ingresos tributarios adicionales, así como reducir el pago de los intereses, que abra un espacio para la incorporación de la deuda con la CCSS y su eventual atención en el largo plazo.
En resumen, la situación fiscal es compleja, aunque se sigue recurriendo al ajuste por la vía del gasto, esta estrategia ya muestra sus limitaciones y sus fisuras, ni qué decir su impacto en el propio desarrollo del país. La situación de los ingresos tributarios es, en este momento, el principal problema que enfrenta el país, complicando la capacidad de acción del gobierno central y empujando por encima del umbral del 60% del PIB a la deuda pública, mientras el gasto por pago de intereses que ésta genera no se reduce y estruja la posibilidad de canalizar recursos a la atención de aspectos esenciales para la población.
Hay momentos en los que el miedo deja de ser solamente una reacción frente a determinados acontecimientos y comienza a convertirse en una manera de interpretar la realidad.
Quizá Costa Rica esté atravesando uno de esos momentos.
Durante los últimos meses hemos escuchado hablar insistentemente de narcotráfico, sicariato, organizaciones criminales, amenazas, balaceras, inseguridad, Fuerza Élite, secreto de Estado y debilitamiento de las capacidades institucionales para enfrentar el crimen organizado. Ahora se ha incorporado un elemento particularmente sensible: la presidenta de la República ha considerado públicamente que eventuales operaciones terrestres estadounidenses contra el crimen transnacional podrían resultar beneficiosas para la seguridad nacional.
La afirmación merece atención. También merece serenidad.
Hasta donde se conoce públicamente, no existe una operación terrestre estadounidense anunciada para Costa Rica. Tampoco disponemos de evidencia que permita afirmar que una intervención extranjera sea inminente. La propia presidenta ha señalado que no existe actualmente un plan concreto y que una eventual presencia de tropas tendría que transitar por los procedimientos constitucionales correspondientes.
Pero algo importante sí ocurrió: la posibilidad fue introducida en la conversación política nacional desde la propia Presidencia de la República.
Eso es suficientemente relevante como para discutirlo. No necesitamos convertirlo en algo que todavía no es.
El miedo tiene razones
Sería irresponsable negar la gravedad del problema de seguridad que enfrenta Costa Rica.
El narcotráfico existe. El sicariato existe. Las disputas territoriales entre organizaciones criminales existen. Hay comunidades en las cuales las personas han modificado sus rutinas por temor a la violencia.
La propia presidenta ha recurrido a su experiencia cotidiana para describir esa realidad. Ha contado que las balaceras la despiertan durante la noche y ha explicado que las amenazas recibidas le impiden realizar actividades tan sencillas como salir tranquilamente a comprar pan.
Son imágenes comunicativamente poderosas.
La inseguridad deja entonces de expresarse mediante estadísticas, tasas de homicidios o distribución territorial del delito y adquiere un rostro cotidiano: si hasta la presidenta, protegida por los cuerpos de seguridad del Estado, no puede comprar pan tranquilamente, ¿qué puede esperar el ciudadano común?
La pregunta parece inevitable.
Pero precisamente allí debemos detenernos.
Una cosa es la violencia realmente existente. Otra, la percepción social de inseguridad. Y otra distinta, la construcción política del significado de esa inseguridad.
Las tres pueden coexistir y retroalimentarse sin ser exactamente lo mismo.
Reconocer esa diferencia no significa minimizar las víctimas ni negar la criminalidad. Significa impedir que el miedo sustituya al análisis.
La paradoja institucional
Hay además una cuestión difícil de ignorar.
Mientras el crimen organizado es presentado como una amenaza de enorme magnitud, hemos asistido a discusiones y reducciones presupuestarias que afectan precisamente a instituciones nacionales encargadas de investigarlo, perseguirlo y juzgarlo.
El Poder Judicial ha advertido sobre los efectos que determinadas reducciones pueden producir sobre las capacidades del OIJ y del Ministerio Público para enfrentar el crimen organizado.
La paradoja merece explicación.
Si la amenaza es tan grave, ¿por qué no ocupa un lugar igualmente urgente el fortalecimiento presupuestario, técnico y humano de las instituciones nacionales encargadas de combatirla?
No tenemos elementos para afirmar que exista una estrategia deliberada consistente en debilitar esas instituciones para justificar posteriormente soluciones extraordinarias o extranjeras.
No debemos afirmarlo.
Pero tampoco necesitamos demostrar semejante intención para formular una pregunta legítima sobre la coherencia de las políticas públicas.
Y esa pregunta resulta todavía más importante cuando, simultáneamente, empieza a presentarse como beneficiosa la posibilidad de operaciones terrestres extranjeras.
Cooperación e intervención no son sinónimos
Costa Rica necesita cooperación internacional.
El narcotráfico es un fenómeno transnacional. Combatirlo requiere intercambio de información, inteligencia, tecnología, cooperación policial y judicial y coordinación con otros Estados.
Confundir toda cooperación con una intervención militar sería tan equivocado como presentar cualquier presencia operativa extranjera simplemente como una forma más de cooperación.
Las palabras importan porque las diferencias también importan.
Una cosa es cooperación internacional.
Otra, asistencia policial.
Otra, coordinación operativa.
Y otra cualitativamente distinta son operaciones terrestres desarrolladas por fuerzas extranjeras en territorio nacional.
Costa Rica, país sin ejército permanente desde hace décadas, debe discutir esa última posibilidad con particular cuidado. No desde un nacionalismo elemental ni desde un rechazo automático a Estados Unidos, sino desde nuestra historia institucional, nuestra Constitución, nuestra soberanía y nuestra concepción civil de la seguridad.
Cuando lo excepcional se vuelve imaginable
Quizá allí se encuentre uno de los cambios más importantes que estamos experimentando.
Las sociedades no cambian solamente cuando se aprueba una ley, se firma un decreto o ingresan tropas por una frontera.
También cambian cuando determinadas posibilidades dejan de parecernos extraordinarias.
Primero algo resulta impensable.
Después alguien lo menciona.
Luego provoca escándalo.
Más tarde se discute.
Finalmente puede incorporarse al repertorio normal de alternativas políticas.
No sabemos si Costa Rica recorrerá ese camino respecto de operaciones extranjeras. Precisamente porque no lo sabemos debemos evitar hablar como si ya hubiese ocurrido.
Pero sí podemos observar que algo anteriormente excepcional ha entrado en el campo de lo políticamente imaginable.
Y eso merece discusión democrática.
El problema del secreto
A este panorama se agrega la utilización del secreto de Estado respecto de determinadas materias vinculadas con seguridad e inteligencia.
También aquí necesitamos mesura.
Todo Estado requiere reservar determinada información. Ningún gobierno puede revelar anticipadamente tácticas policiales, fuentes de inteligencia, investigaciones en curso o detalles operativos cuya publicidad pueda beneficiar a organizaciones criminales.
El problema democrático no consiste, por tanto, en afirmar que todo secreto es ilegítimo.
La pregunta es otra:
¿cuánto secreto, sobre cuáles materias, durante cuánto tiempo y sometido a qué controles puede admitir una democracia?
Mientras mayor sea la excepcionalidad invocada para protegernos, mayor debería ser nuestra preocupación por conservar controles institucionales capaces de vigilar a quienes ejercen esas facultades.
Vigilancia democrática, sin embargo, no significa paranoia.
Preguntar no equivale a inventar una respuesta cuando todavía no la conocemos.
Denuncias que deben preocuparnos, pero también investigarse
En este clima han aparecido además denuncias de personas activistas y críticas del Gobierno que aseguran haber abandonado Costa Rica y solicitado protección internacional alegando amenazas o persecución política.
El asunto es suficientemente grave como para no trivializarlo.
Y precisamente por eso es suficientemente grave como para no convertir una denuncia en una conclusión antes de investigarla.
Hay que escuchar a quienes denuncian.
Documentar sus casos.
Conocer las amenazas.
Determinar su procedencia cuando sea posible.
Distinguir actuaciones de particulares de actuaciones estatales.
Exigir respuestas institucionales.
Y, si la evidencia permite establecer persecución política, denunciarla con toda contundencia.
Pero anticipar esa conclusión sin disponer todavía de pruebas suficientes puede terminar debilitando precisamente aquello que pretendemos denunciar.
La democracia necesita vigilancia. No necesita que sustituyamos los hechos que desconocemos por aquello que tememos que pueda estar ocurriendo.
Una pregunta incómoda para quienes criticamos
Y aquí quienes nos oponemos a determinadas decisiones gubernamentales deberíamos hacernos también una pregunta incómoda.
¿No estaremos contribuyendo nosotros mismos a propagar el miedo?
Las declaraciones presidenciales sobre eventuales operaciones estadounidenses han provocado preocupación comprensible. Muchas personas defensoras de los derechos humanos, de la soberanía y de nuestra tradición civilista han reaccionado denunciando los riesgos que podría representar una intervención extranjera.
La advertencia es necesaria.
Yo mismo me opongo firmemente a que la lucha contra el narcotráfico termine utilizándose para normalizar operaciones terrestres de fuerzas extranjeras en Costa Rica.
Pero advertir no es lo mismo que anunciar la catástrofe.
Cuando convertimos una posibilidad en certeza, un anuncio en un hecho consumado o una preocupación legítima en evidencia de que lo peor resulta inevitable, podemos terminar participando involuntariamente en la misma circulación social del miedo que cuestionamos.
Y entonces ocurre una paradoja.
Desde el Gobierno puede decirse:
la criminalidad es tan grave que necesitamos pensar en medidas extraordinarias.
Y desde la oposición podemos terminar respondiendo:
las medidas extraordinarias son tan graves que debemos vivir aterrados por lo que viene.
Los discursos son políticamente antagónicos.
Pero ambos pueden producir un mismo resultado emocional:
miedo, ansiedad e impotencia.
Cuando el miedo gana la discusión
El miedo posee una extraordinaria capacidad para reducir el espacio de las preguntas.
Frente a una amenaza presentada como extrema dejamos poco a poco de preguntarnos:
¿qué debemos hacer?
Y comenzamos a preguntarnos:
¿cuánto estamos dispuestos a permitir para que nos protejan?
Pero existe otro efecto menos visible.
Cuando desde posiciones críticas presentamos el deterioro democrático, la intervención extranjera o la excepcionalidad como acontecimientos prácticamente inevitables, también podemos producir otra pregunta:
¿para qué hacer algo si ya todo está perdido?
Ahí el miedo deja de movilizar.
Paraliza.
Satura.
Agota.
Produce la sensación de que las decisiones ya fueron tomadas en algún lugar inaccesible y que al ciudadano solamente le corresponde esperar sus consecuencias.
Ese quizá sea uno de los mayores peligros del momento.
No solamente que tengamos miedo.
Sino que el miedo termine convenciéndonos de nuestra propia impotencia.
No regalemos el miedo
Quienes cuestionamos al poder no necesitamos competir con él para determinar quién describe el futuro más aterrador.
Podemos hacer algo mucho más difícil.
Advertir sin aterrorizar.
Denunciar aquello que podemos demostrar.
Investigar aquello que sospechamos.
Preguntar aquello que desconocemos.
Y reconocer expresamente la diferencia entre las tres cosas.
La posibilidad de operaciones terrestres extranjeras debe discutirse.
Los recortes que puedan afectar la capacidad del OIJ, del Ministerio Público y del Poder Judicial deben cuestionarse.
El alcance del secreto de Estado debe vigilarse.
Las denuncias de persecución deben investigarse.
La violencia debe combatirse.
Pero ninguna de esas tareas exige convencernos anticipadamente de que la democracia costarricense está condenada.
La esperanza también puede ser política
Tal vez aquí necesitamos recuperar una palabra que parece haber desaparecido de nuestra conversación pública:
esperanza.
No la esperanza ingenua de quien piensa que nada malo puede ocurrir porque «Costa Rica siempre ha sido diferente».
La historia no concede semejantes garantías.
Tampoco la esperanza como simple optimismo.
Hablo de otra cosa: la esperanza crítica que nace precisamente de reconocer que el futuro todavía no está decidido.
Una posibilidad no es un destino.
Una amenaza no es un acontecimiento consumado.
Una democracia bajo tensión no es necesariamente una democracia derrotada.
Todavía existen instituciones.
Todavía existen tribunales.
Todavía existe prensa crítica.
Todavía existen universidades, organizaciones sociales, movimientos ciudadanos y personas dispuestas a cuestionar al poder.
Todavía podemos investigar.
Todavía podemos denunciar.
Todavía podemos recurrir.
Todavía podemos organizarnos.
Todavía podemos escribir.
Todavía podemos disentir.
Y precisamente porque todavía podemos hacerlo, debemos hacerlo.
La esperanza, entendida de esta manera, no es la antípoda ingenua del pensamiento crítico.
Es la antípoda política de la impotencia.
Septiembre bajo la sombra del miedo
Todo esto ocurre durante septiembre.
Banderas, faroles, himnos, independencia y soberanía forman parte durante estas semanas de nuestra liturgia cívica.
Quizá la coincidencia pueda servirnos para algo más que repetir ceremonias.
Soberanía no significa aislamiento.
Independencia no significa rechazo a la cooperación internacional.
Y defender nuestra tradición civilista no significa cerrar los ojos ante las nuevas dimensiones del crimen organizado.
Pero tampoco deberíamos celebrar la independencia mientras renunciamos a discutir serenamente qué significa ser soberanos frente al miedo.
Antes de preguntarnos si necesitamos fuerzas extranjeras operando en nuestro territorio, podemos preguntar qué necesitan nuestras propias instituciones.
Antes de aceptar que solamente medidas extraordinarias pueden protegernos, podemos exigir evidencia sobre la eficacia de las medidas existentes.
Antes de anunciar que la excepcionalidad es inevitable, podemos impedir que se vuelva normal.
Y antes de concluir que nada podemos hacer, podemos recordar que la democracia nunca consistió en tener garantías de que todo saldrá bien.
Consiste precisamente en conservar espacios colectivos para decidir qué hacemos cuando las cosas pueden salir mal.
Quizá esa sea una tarea apropiada para este mes patrio.
Mientras encendemos faroles para recordar una independencia conquistada hace más de dos siglos, convendría proteger otra forma menos visible de independencia:
la capacidad de una sociedad para pensar políticamente sin que el miedo piense por ella.
Y si el miedo pretende convencernos de que ya nada podemos hacer, quizá nuestra respuesta democrática más sencilla y más contundente sea:
Venimos de ALCOA, de la solidaridad con luchas obreras y campesinas, de la solidaridad con Chile, del Combo del ICE, del NO al TLC, del no al paquete fiscal, del grito por la paz y por la democracia.
Y hoy gritamos:
¡No al régimen autoritario!
El 24 de abril de 1970 no fue solo una fecha marcada en el calendario, fue la manifestación de una decisión de lucha en defensa de la soberanía de la Patria. Aquella gesta contra el contrato-ley ALCOA-Estado de Costa Rica no perteneció a ningún grupo político, sino a una fuerza colectiva de 81 organizaciones en un gran Pacto Patriótico.
En este entendimos que la Patria no se entrega y se firmó un manifiesto de convocatoria y lucha. Fue una jornada unitaria en defensa de la bauxita, del agua, de la ecología y de los pueblos originarios que serían desplazados frente a un contrato que pretendía hipotecar nuestra Soberanía Nacional y arrasar todo el Valle del General.
Esa memoria hoy respira a través de los testimonios de quienes entonces tenían entre 13 y 25 años. Es conmovedor recordar a miles de jóvenes que, desde su colegio religioso en San José, tras discutir sobre el proyecto ALCOA, decidieron unirse a las manifestaciones, venían de todo el país, de la provincia de Heredia y Alajuela y de colegios públicos de San José. En sus recuerdos podemos presenciar aquel desfile de miles de estudiantes que rompieron esquemas para sumarse a las marchas, luciendo con orgullo sus uniformes colegiales aquel glorioso 24 de abril. Eran estudiantes de secundaria, jóvenes adolescentes valientes llenos de convicción y patriotismo. Eran Universitarios, eran trabajadores.
Algunos fueron expulsados de sus instituciones por su beligerancia patriótica y hubo jóvenes trabajadores que caminaron con decenas de muchachos desde diferentes puntos del Valle Central hasta la Asamblea Legislativa, para unirse al clamor nacional y así recorrieron barrios y unieron jóvenes. Tenemos en la memoria igualmente a los dirigentes golpeados y encarcelados aquel 24 de abril.
Sus voces y las de miles que hoy confirman con orgullo: «yo estuve ahí», son el cimiento de nuestra identidad civilista y de nuestras elevadas convicciones patrióticas.
Hoy esa memoria nos devuelve una imagen clara: si en 1970 el recurso por defender era el suelo, la bauxita y la soberanía, hoy nos toca defender las universidades y la educación pública. Nos toca defender la Caja Costarricense de Seguro Social y los ideales democráticos republicanos que un régimen autoritario pretende destruir, socavando con ello el Estado Social de Derecho.
El paralelismo es absoluto. El recorte presupuestario al Fondo Especial para la Educación Superior (FEES), según el dictado de Rodrigo Chaves y Laura Fernández, representa una nueva forma de dominación y un quebranto a la cultura nacional que debilita nuestra soberanía intelectual, social y la autonomía universitaria. Desfinanciar la universidad pública resulta hoy tan dañino como lo hubiera sido aquel contrato transnacional: nos arrebata la riqueza del mañana para cubrir vacíos políticos del presente. Disminuir drásticamente el presupuesto del Poder Judicial, de la educación pública y de los programas sociales es una afrenta a Costa Rica, especialmente a las juventudes.
La historia nos enseña que el protagonismo de los estudiantes de secundaria y universitaria es vital. Aquellos jóvenes de 1970 luchamos por el país que heredarían; los estudiantes de hoy deben comprender que el FEES no es un privilegio de pocos, sino la garantía de que cualquier joven de zona rural o urbana tendrá una silla esperándolo en la educación superior.
La lucha por la educación pública, por la división de poderes y los ideales republicanos al igual que la lucha contra ALCOA, debe trascender ideologías. Es un punto de encuentro nacional, una defensa del ascenso social y un acto de profundo patriotismo.
Al igual que aquellos jóvenes de colegios católicos y públicos y las universidades que se unieron en un solo puño, la juventud actual tiene el deber ineludible de movilizarse. Cuestionar al poder cuando atenta contra los ideales republicanos no es un error de juventud, es, tal y como lo demostró la Generación del 70, la forma más alta de patriotismo.
A levantar los faroles y la TEA de Juan Santamaría.
Eran los años setenta. Yo estudiaba teología y el mundo parecía haber perdido la paciencia. Vietnam ardía, el Che Guevara acababa de convertirse en un símbolo universal, la Guerra Fría dividía el planeta entre dos absolutismos y América Latina despertaba cada mañana con la sensación de que la revolución estaba a la vuelta de la esquina. Era imposible estudiar teología sin respirar aquel ambiente. Los seminarios no eran únicamente lugares de formación espiritual; eran laboratorios donde se discutía el destino de la Iglesia, de la sociedad y hasta de la historia.
Todavía puedo recordar aquellas conversaciones interminables. En los pasillos se citaba a Gustavo Gutiérrez con la misma naturalidad con que se citaba a San Pablo. Hugo Assmann agitaba las conciencias con su crítica al capitalismo latinoamericano. Leonardo Boff comenzaba a convertirse en referencia obligada. Jon Sobrino aportaba la dimensión cristológica de una Iglesia comprometida con los pobres. Ernesto Cardenal demostraba que la poesía podía convertirse en revolución. Desde Europa llegaban las provocaciones intelectuales de Hans Küng y Edward Schillebeeckx, mientras Karl Rahner seguía siendo lectura obligada para cualquiera que quisiera comprender el Concilio Vaticano II.
Yo mismo conocí y escuché a algunos de aquellos protagonistas, entre ellos Hugo Assmann y el costarricense Victorio Araya. Eran hombres inteligentes, profundamente comprometidos con su tiempo y convencidos de que el cristianismo debía responder al sufrimiento concreto de los pueblos latinoamericanos. Sería injusto caricaturizarlos. No eran agitadores improvisados. Eran teólogos serios que intentaban responder a preguntas igualmente serias.
Pero también era la época del liberalismo teológico, de la crítica histórico-crítica aplicada a la Escritura, del entusiasmo despertado por el Concilio Vaticano II y de la influencia creciente del Consejo Mundial de Iglesias. En el mundo evangélico comenzaban a escucharse las primeras voces de la llamada Misión Integral, con René Padilla y Samuel Escobar insistiendo en que evangelización y responsabilidad social no podían caminar separadas. Del otro lado aparecía un fundamentalismo igualmente intenso, convencido de que cualquier compromiso social era una traición al Evangelio. Todo parecía polarizarse.
Hoy, al mirar aquellos años con la serenidad que concede el tiempo, comprendo que no fueron simplemente una discusión teológica. Fueron un auténtico Sitz im Leben, un contexto histórico irrepetible donde confluyeron la Guerra Fría, la descolonización, el mayo francés, Vietnam, las dictaduras latinoamericanas, el sueño socialista y el profundo deseo de que la Iglesia estuviera del lado de los pobres.
La pregunta de la Teología de la Liberación era profundamente evangélica: ¿cómo anunciar a Cristo en un continente marcado por la miseria? La pregunta era correcta. Incluso diría que era inevitable.
El problema apareció cuando las respuestas comenzaron a buscarse más en Karl Marx que en san Agustín, más en la lucha de clases que en la conversión del corazón, más en la revolución que en la redención.
No ocurrió de un día para otro. Fue un proceso lento.
Primero apareció el lenguaje sociológico. Después, las categorías económicas. Más tarde, la interpretación de la historia como un conflicto permanente entre opresores y oprimidos. Poco a poco, el Reino de Dios empezó a confundirse con un proyecto político.
Y allí comenzó la crisis.
Mientras en nuestros seminarios algunos respiraban a Boff, otros casi eructaban a Hans Küng. Había quienes llevaban el Evangelio en una mano y El Capital en la otra. La revolución parecía haber encontrado finalmente un fundamento teológico.
Pero la historia, como suele ocurrir, terminó siendo más sabia que nuestras teorías.
La caída del Muro de Berlín no solo derrumbó un sistema político; también derrumbó una ilusión intelectual. El socialismo real mostró un rostro muy distinto del que imaginaban muchos jóvenes latinoamericanos. El paraíso prometido terminó produciendo nuevas formas de autoritarismo.
Fue entonces cuando comprendí que el problema nunca había sido la opción por los pobres.
La Iglesia jamás renunció a ella.
El problema consistía en convertir la salvación en un proyecto político.
En aquellos mismos años apareció otra figura que cambiaría profundamente el rumbo de la Iglesia: Karol Wojtyła, san Juan Pablo II. Venía de una Polonia donde el marxismo no era una teoría universitaria sino una experiencia cotidiana. Junto a él trabajaba un teólogo alemán de extraordinaria profundidad intelectual: Joseph Ratzinger.
Muchos los presentaron como enemigos de la Teología de la Liberación.
Nunca compartí esa simplificación.
Ratzinger jamás condenó el compromiso con los pobres.
Lo que cuestionó fue algo mucho más profundo: que la fe cristiana terminara subordinándose a una filosofía de la historia incapaz de comprender plenamente el misterio de la persona humana.
Con el paso de los años he llegado a pensar que Ratzinger tenía razón.
No porque negara la necesidad de transformar las estructuras injustas.
Sino porque comprendía que ninguna estructura puede redimir al hombre.
La verdadera tragedia del siglo XX consistió precisamente en creer que bastaba cambiar los sistemas para cambiar el corazón humano.
Y eso nunca ocurrió.
Hoy vivimos otra revolución.
Ya no es la revolución socialista.
Es la revolución digital.
La inteligencia artificial, la biotecnología, la economía algorítmica y la cultura de las redes sociales están modificando la civilización con una rapidez mucho mayor que la imaginada por aquellos viejos teólogos de los años setenta.
Sin embargo, la pregunta sigue siendo exactamente la misma.
¿Dónde está el ser humano?
Si la Teología de la Liberación tuvo un gran mérito fue recordarnos que la fe no puede ser indiferente al sufrimiento.
Si tuvo un gran error fue creer que la liberación económica podía sustituir la salvación.
Hoy corremos un peligro parecido.
Pensar que la tecnología podrá sustituir la verdad.
Que los algoritmos podrán sustituir la conciencia.
Que la inteligencia artificial podrá sustituir la sabiduría.
No.
El hombre seguirá necesitando aquello que ninguna máquina puede producir: sentido, esperanza, amor, perdón y trascendencia.
Quizá esa sea la gran lección que me dejaron aquellos años apasionantes.
Las ideologías pasan.
Las modas teológicas también.
Los imperios desaparecen.
Los sistemas económicos cambian.
Pero Cristo permanece.
Y mientras el cristianismo siga colocando en el centro la dignidad irrepetible de cada persona, siempre tendrá algo nuevo que decirle al mundo.
Eso fue lo que comprendí después de haber vivido aquellos años en que, por un momento, muchos creímos que la utopía había entrado definitivamente al seminario. Y tal vez esa sea también la razón por la que la Teología de la Liberación, entendida como proyecto histórico, terminó perdiendo vigor: porque ninguna utopía, por generosa que sea, puede ocupar el lugar del Evangelio.
(*) Teólogo, costarricense y dominicano sociólogo de la religión. Educador y escritor.
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