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Matrimonio igualitario

Luis Paulino Vargas Solís

Los primeros proyectos de ley que intentaban conceder algún reconocimiento a las parejas del mismo sexo datan de 2006, 14 años atrás. Yo participé en su redacción. Hubo luego, a lo largo de los años, nuevas propuestas, otros proyectos más o menos similares. Sin excepción se trataba de reconocimientos de muy limitado alcance, centrados en cuestiones estrictamente patrimoniales, que, en algunos casos, intentando salvar las archiconocidas objeciones religiosas, recurrían a la legislación comercial ¡cómo si de un contrato mercantil se tratase!

Todo fue inútil: siempre se chocaba contra el blindaje invulnerable de un discurso religioso dogmático, que apelaba a una idea acerca del matrimonio como una institución inmutable: una especie de principio etéreo que flotaba en el aire a lo largo de las épocas, siempre la misma en cualquier sociedad, cultura o momento histórico. Todo lo cual es falaz, y basta remitirse al mismísimo Antiguo Testamento de la Biblia para constatarlo.

Pero, y en cualquier caso, nadie pretendió nunca –ni hasta el día de hoy– tocar el matrimonio en su concepción religiosa. Siempre se le ha respetado absolutamente. De lo que se trata es de actuar en el ámbito civil, para el reconocimiento de algunos derechos muy básicos a una parte de la población costarricense.

Nunca se logró nada: cero voluntad legislativa por propiciar ni el más mínimo avance. Así, hasta la opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, comunicada el 9 de enero de 2018. Ante la tozudez dogmática y la inflexibilidad religiosa dominante en ámbitos legislativos, tuvimos que soportar la vergüenza de que desde afuera “se nos jalara el aire”.

Tomemos como punto de referencia la resolución de la Corte IDH: 8 meses hasta la resolución de la Sala Constitucional; casi 11 meses hasta la publicación de esta; casi 29 meses para que entre en vigencia lo dicho por la Corte IDH.

Y no olvidemos que es una historia que empezó a escribirse hace 14 años.

¡¡¡Y ahora resulta que a los diputados y diputadas no les ha alcanzado el tiempo para decidir lo que correspondía!!!!!

Qué clase de charlatanes e irresponsables.

 

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El Estado Social: su papel histórico frente al neoliberalismo y el COVID-19

Este viernes 15 de mayo a las 6 p.m. se trasmitirá en el Programa Alternativas, por medio de Facebook Live, el tema: «El Estado Social: su papel histórico frente al neoliberalismo y el COVID-19«, con la participación del Dr. David Díaz Arias, historiador, director del CIHAC-UCR.

 

Imagen ilustrativa.

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Análisis de coyuntura OPNA No. 2 / 9 marzo – 3 mayo 2020

El equipo del Observatorio de la Política Nacional (OPNA) nos comparte el Análisis de Coyuntura de la Política Nacional No. 2 del año 2020, correspondiente al periodo 9 de marzo – 3 de mayo 2020.

Recuerde que también puede consultar los productos de OPNA en la página web: www.opna.ucr.ac.cr

 

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¿Qué hacer ante el proceso educativo nacional afectado por la Pandemia?

Vladimir de la Cruz

Me preguntan con frecuencia padres de familia, amigos, y familiares qué pienso del proceso educativo, en estos días de la Pandemia, donde se ha paralizado la asistencia a clases, prácticamente en todo el país, con el posible impacto negativo que eso tenga, especialmente para los niños y jóvenes de la enseñanza pública, más que la privada.

El 11 de marzo, cuando se empezaba a perfilar con fuerza el impacto del Coronavirus COVID-19 en el país, en Facebook escribí lo siguiente:

“Ante la crisis que se ha producido por el Coronavirus, y la posibilidad de su propagación, que ya afecta algunos centros escolares, propongo que se suspenda el ciclo lectivo de la educación primaria y secundaria, a nivel nacional, desde el próximo lunes 16 de marzo para iniciarlo nuevamente el lunes 13 de abril, es decir durante las próximas cuatro semanas.

De hecho se suspenderían las clases durante tres semanas, pegándose la cuarta con la Semana Santa, que siempre se da feriada en su totalidad.

De esta manera se aprovecharía por hacer limpiezas profundas en los planteles educativos y se tendría más cuidado, en las casas, sobre los niños y adolescentes en edad escolar.

La suspensión de clases no afectaría el ciclo educativo si en correspondencia a esta situación, en el mes de julio, cuando se producen las vacaciones de medio año, se usa una de esas semanas de vacaciones para reponer, una de las semanas que ahora se suspendería, y a finales de año, el curso se puede prorrogar por dos semanas efectivas, dentro del mismo calendario escolar, sobre esas dos semanas finales de calendario, que en la práctica educativa al final de año son muy leves o suaves en el trabajo magisterial.

Así el tiempo real se aprovecha de mejor forma y se atiende mejor la situación de la emergencia nacional ante el Coronavirus o el COVID 19.”

Desde 13 de abril, post Semana Santa, cuando escribí ese texto, ya ha transcurrido un mes, y casi cinco semanas, y la situación se ha agravado, por el impacto de la pandemia y las importantes medidas nacionales, tomadas por el Ministerio de Salud y con el acompañamiento de la Caja Costarricense del Seguro Social, y las otras instancias públicas que abonan en la dirección de detener, hasta donde se pueda, la Pandemia y la expansión del Coronavirus COVID-19.

No parece en lo inmediato que se abran las escuelas y colegios, ni se anuncian directrices cercanas en ese sentido. Entonces, ¿Qué hacer?, para dar al menos una respuesta a quienes me preguntan, a veces también con angustia, padres de familia, y para proponer una posible salida a esta situación.

Sinceramente creo lo siguiente, y es mi propuesta, que ojalá permita abrir una sincera y desprejuiciada discusión nacional, de argumentos y posibles soluciones. Aquí mis apuntamientos.

Primero. – Se debe suspender todo el proceso educativo nacional, preescolar, primaria, secundaria, la universitaria de hecho está paralizada desde el punto de vista de asistencia presencial de sus estudiantes a aulas.

Este cierre del proceso educativo debe continuarse hasta el 1 de agosto, en el supuesto que al 31 de julio se haya “normalizado” toda la vida nacional, en todos los sentidos, y se pueda reprogramar la vida educativa del país.

Este cierre por los siguientes tres meses permitiría desde el punto de vista del Ministerio de Educación Pública, de preparar mejor a todo el cuerpo docente nacional, que no entraría en vacaciones prolongadas, para atender la nueva situación “de la nueva normalidad” post pandemia.

Supone revisar y atender toda la infraestructura física de escuelas y colegios para adecuarlas a las nuevas necesidades de seguridad social, de salud, de electricidad, de aguas potables, de determinar cuántos niños y niñas se van a recibir por aula, si hay que establecer horarios más prolongados para la mejor atención de estos niños, de analizar la situación real de cada plantel educativo en sus posibilidades de medios audiovisuales y electrónicos, para poder desarrollar clases a distancia, si volviera a producirse un pico de esta pandemia que conduzca nuevamente a cerrar el proceso educativo, de preparar a los profesores en los sistemas de educación a distancia y por medio electrónicos, de preparar clases, en todo el sentido de la palabra, para que se transmitan por esos medios, no solo el envío de tareas para que se hagan en la casas, y de que esas tareas puedan evaluarse de manera automática, como lo he visto hacer en escuelas del Estado de Luisiana, en Estados Unidos, donde han estudiado nietos míos.

Serviría este tiempo para analizar realmente cuantas escuelas y colegios están en capacidad de atender estas formas de estudio a distancia, y para evaluar realmente cual es la situación de los estudiantes, niños y adolescentes, y en sus hogares, sobre las capacidades tecnológicas de computadoras, y otros medios que les permitan atender estas situaciones educativas.

Serviría igualmente para evaluar cuántos maestros y profesores tienen los instrumentos y medios electrónicos adecuados, desde sus hogares, para poder atender la educación a distancia, y realizar su trabajo desde sus casas, en la modalidad del teletrabajo educativo, y facilitarles la adquisición, a quienes no los tienen, para que puedan cumplir su noble misión docente y educadora.

No hay que engañarse con que en el país hay más de 2 millones de celulares, según me han informado.

La gente, en general, que tiene celulares, entre ellos los maestros, los profesores, y los estudiantes, son personas del mundo de las redes, pero no son del mundo del estudio en celulares, ni de la investigación académica, por celulares. Por lo que yo veo en redes muchas veces se aprecia un nivel muy bajo de comprensión de textos, ni siquiera se entienden los títulos de los artículos sobre los que algunas personas se pronuncian u opinan.

Los jóvenes, incluidos muchos universitarios no saben usar sus celulares para investigar, ni para fortalecer sus estudios. A lo sumo para buscar algún dato que los saque de algún apuro ante una tarea donde se les piden datos.

Segundo. – Iniciado el curso lectivo el lunes 3 de agosto próximo, de acuerdo con esta propuesta, si lo permite la pandemia, debe prolongarse de seguido hasta el 18 de diciembre del próximo año 2021, de manera que el ciclo lectivo del 2020 y del 2021 se realicen de manera continua, como uno solo, con breves períodos de vacaciones.

En total son 17 meses. Estos meses podrían tener pequeñas “vacaciones”. A modo de ejemplo señalo las siguientes fechas: una semana los últimos días de setiembre y los primeros días de octubre, dos semanas en diciembre, desde el sábado 20 hasta el domingo 3 de enero, en marzo y abril del 2021, se podrían dar dos semanas que incluyan la Semana Santa, dos semanas en julio, del sábado 19 al martes 3 de agosto, y de nuevo las últimas dos semanas de diciembre del 2021 y la primera de enero, si fuera del caso, desde el sábado 20 de diciembre hasta el lunes 3, o el lunes 10, de enero del 2022, que en ese mes de enero, y la mitad de diciembre anterior, por estar en las próximas elecciones nacionales, la Asamblea Legislativa estará en receso parlamentario, y el país en un alto nivel de agitación política donde se evaluará, en ese escenario, lo acontecido y atendido públicamente ante la pandemia, sin lugar a dudas.

Así en la práctica durante esos 17 meses a partir de agosto hasta diciembre del 2021, habrían prácticamente dos meses de suspensión de clases, de “vacaciones” intercaladas, y el proceso educativo no se detendría en su continuidad del 2020 y el del 2021, ni se provocaría un impacto negativo en el proceso de formación de los niños y jóvenes.

Tercero. – ¿Qué requiere una propuesta así, de considerarse positiva? Voluntad política para impulsarla con participación de todos los involucrados, el Ministerio de Educación Pública, como ente rector nacional de la educación, voluntad y apoyo de los padres de familia en este cronograma educativo. Pero, muy especialmente, el apoyo del Cuerpo Magisterial Nacional, de todos los maestros y educadores, de todas las organizaciones sindicales magisteriales comprometidas en esta tarea, que de paso es una forma de combatir a las personas que constantemente atacan a los maestros y educadores, y a los trabajadores del sector público, por su estabilidad laboral y su justo derecho de continuar recibiendo sus salarios, cuando el proceso educativo está paralizado como ahora, en que no han cesado ese tipo de ataques.

Cuarto. – Si ya hay deserción escolar, y hasta universitaria de manera importante, los efectos socioeconómicos de la pandemia van a intensificar y agudizar esta deserción del sistema educativo. Y esa deserción va a incidir en mayor informalidad laboral, en mayor índice de pobreza y de pobreza extrema.

Quinto. – La situación de deterioro socioeconómico va a incidir también en los tiempos de graduación alargándolos, con los efectos que ello tiene laboralmente y de empobrecimiento paulatino.

Sexto. – Podrá haber personas que crean que eso los beneficiará empresarialmente, porque podrán llegar a tener gente, o trabajadores, menos preparados, más baratos como mano de obra asalariada, quizá en el nivel de salarios de hambre literalmente, pero serán trabajadores, más resentidos socialmente, sujetos a cualquier explosión social de líderes populistas, de cualquier signo, que les motiven y les atraigan por sus soluciones sociales demagógicas.

Séptimo. – Los colegios privados algunos no tienen estos problemas. Los que están “empatados” con los sistemas de educación norteamericana, con infraestructura y capacidad tecnológica en sus instalaciones, y con la capacidad económica y social de sus alumnos, que tienen los instrumentos técnicos y computacionales, han continuado sus estudios que ya terminan para reiniciarlos en agosto o setiembre.

De este escenario de la pandemia se ha provocado una situación que puede afectar a colegios públicos, por rebote de los privados.

He visto, y conozco situaciones, con la reducción de jornadas laborales, con la reducción o pérdida de ingresos de padres y madres, con la inseguridad laboral y salarial que muchos tienen hacia el futuro inmediato, en que ya no podrán atender más la educación de sus niños en los colegios privados, algunos con la angustia de no poder pagar el segundo semestre, mes a mes, por el resto del año. Algunos padres que tienen financiado todo el año no tienen problemas, en ese sentido, por este año, pero ya piensan en trasladar a sus hijos a colegios públicos el próximo año. Este es el impacto en las clases medias que ha tenido la pandemia. Algunos padres y madres ya han reducido las actividades extraescolares que les pagaban a sus hijos para una mejor formación ante la vida y la educación, porque no las pueden pagar, o porque consideran que ya no son tan necesarias.

Las clases ricas y sus hijos no tienen problema en este sentido. Sectores de las clases medias altas pueden soportar esta situación. Pero, los padres de las clases medias-medias y clases medias-bajas, muchos de hogares de padres y madres profesionales, o de ambos en el hogar, que con gran sacrificio mantienen a sus hijos en las escuelas privadas, desde la preescolar hasta la colegial, sí están resintiendo esta situación con verdadera angustia.

Hay algo que es muy real. Los salarios como las pensiones están altamente comprometidos por quienes los reciben. Los salarios netos, deducidas las cargas sociales y los impuestos, apenas alcanzan para vivir, con grandes sacrificios para las clases medias, en general, que tratan de invertir en educación privada, para sus hijos, cuando consideran que allí pueden recibir mejor educación.

Octavo.- Para este momento de crisis nacional y de la pandemia se requiere rescatar la mística educativa, la formación apostólica con que salían graduados los educadores de la Escuela Normal de Costa Rica, fundada en 1914, bajo el modelo de los caudillos y grandes líderes culturales, de aquellos años, que inspiraron esos educadores, Luis Felipe González Flores, el Ministro de Educación de don Alfredo González Flores, los Directores de esa Escuela Normal, Omar Dengo Guerrero, Joaquín García Monge, Arturo Torres Martínez, Roberto Brenes Mesén, Carlos Gagini Chavarría, educadoras como Carmen Lyra, Carlos Luis Sáenz, Luisa González, Adela Ferreto.

Los sindicatos magisteriales deben levantar su Memoria y sus banderas en este compromiso nacional.

Yo hubiera deseado que una propuesta así la hubieran lanzado las organizaciones magisteriales. Todavía hay tiempo. No hay que dejar caer las banderas por la Patria.

Hay que pensar y discutir las soluciones económicas que el país, la sociedad en general, y los sectores sociales y económico productivos necesitan y se deben impulsar. Pero no podemos dejar de lado el problema de la Educación Nacional y su proceso educativo. Aquí dejo estas reflexiones.

No me siento representada, estoy excluida

Carlos Campos Rojas

Así se expresó Yorleny Córdoba, al escuchar el Plan Económico del gobierno, para enfrentar las consecuencias del Covid 19. Ella es una joven empresaria, dueña de una Pyme del sector de la Belleza y la Salud. Ha construido su empresa con esfuerzo y riesgo personal, paga puntualmente sus impuestos. Su sector económico, invisible todavía por las políticas hacendarias y de género, representan más de 50.000 Pymes.

Es claro que la propuesta económica presentada, nace sin el consenso nacional, ausente del compromiso que debemos asumir todos. Sin ese nuevo pacto social que exige la situación internacional, ni la visión estratégica para encarar el desarrollo de nuestro país, donde la exclusión no es un punto de partida.

El burbujeante discurso económico, desoye incluso al INCAE, quienes recomendaron claramente que los beneficios debían incorporar hasta el jardinero, porque hay que ser innovadores, ver a largo plazo y contener la violencia estructural.

Solo entre todos podemos sacar adelante Costa Rica.

En lo mucho que poseemos, está la CCSS, el INS, el ICE, desde luego hay que reformular la institucionalidad, pero pretender salvar empresas amarradas al viejo modelo económico, que los mejores analistas internacionales han demostrado que no tiene futuro, manifiesta con claridad, el temor al diálogo sincero y transparente con la ciudadanía. Sobre todo, con aquellas empresas pequeñas y medianas, que responsablemente cumplen con sus impuestos, para asegurar el pago puntual de los salarios de gobierno, porque se debe administrar bien el país, pero que además confiaron en darle una nueva oportunidad, a un proyecto partidario, que llegó hace seis años a dirigir el país desde Zapote.

La propuesta económica oficial escogió un grupo de ganadores, que ya eran perdedores antes de la emergencia, así se invertirá el escaso dinero de la hacienda pública.

La riqueza nacional se produce con la pobreza y la desigualdad social de muchos.

Para mejorar los ingresos nacionales, el presidente ya anunció que 300.000 personas que solicitaron en esta emergencia el Bono Proteger, confesaron que eran Pymes en la clandestinidad y que ahora Hacienda irá por ellas para que paguen lo que deben. El anzuelo oficial dio resultados. En su afán, lo respaldan las empresas de Grandes Contribuyentes que no pagaron impuestos o declararon cero ganancias durante los últimos diez años y a los que se les perdonó la deuda, mediante una moratoria inmoral, pero legal.

El país sabe, que fue la decidida acción del Movimiento de Ciudadanía que Construye Territorios Seguros en el 2018, que los puso en evidencia, rompiendo el secretismo y la censura impuesta de distintas formas, por una mafia política que no soporta la transparencia y la probidad, porque amparada en el autoritarismo, se regodea de la corrupción y la impunidad.

La burbuja económica propuesta por el equipo económico del gobierno, estallará muy pronto en la cara de todos. Perderemos todos, unos más que otros. El cáñamo no servirá para amarrar el descontento ciudadano, ni la violencia que se avecina en un país, que verá más profunda la desigualdad social que ya teníamos. Tal vez sirva a algunos para quemarlo y olvidarse por un momento de la realidad.

Para salir adelante está la decencia. Solo quedamos nosotros, las personas, la ciudadanía, acompañados de la fuerza moral de verdaderos empresarios, funcionarios públicos que aman este país y la fortaleza y el arrojo de las Pymes.

Debemos encontrarnos y construir lo que no pueden hacer quienes usurparon la política y la prostituyeron.

Tenemos que demostrarnos que la suma de nuestros conocimientos y sabidurías, así como la capacidad, está por encima de a quienes irresponsablemente pusimos a administrar nuestra principal empresa: Costa Rica.

Podemos y debemos hacerlo, es nuestra responsabilidad, nuestro deber, para eso somos constitucionalmente el Primer Poder de esta República Participativa, debemos asumirnos y ejercer el poder que como El Soberano nos corresponde.

Solo entre todos podemos sacar adelante Costa Rica.

¡¡¡YO, digo presente!!!
12 de mayo de 2020

Construyendo confluencia desde la base social

Comentario del Encuentro de Confluencia Popular celebrado el 9 de mayo del 2020

José María Gutiérrez, profesor emérito Universidad de Costa Rica

Las enormes deficiencias e injusticias que caracterizan a los modelos de desarrollo prevalecientes han quedado una vez más al descubierto con la crisis generada por la pandemia COVID-19. Desde la década de 1980 se nos impone una propuesta centrada en el deterioro de las instituciones base del estado social de derecho, la privatización y depredación del ambiente, el reinado del mercado como la fuerza que dirige las sociedades, el predominio del individualismo y la mezquindad sobre la solidaridad y el bien común, y la exclusión y violencia estructural hacia sectores vulnerables de diverso tipo en nuestro país. Si bien ya venía siendo evidente, la incapacidad de este modelo para promover el bienestar y la equidad ha quedado al desnudo en esta crisis que es, a la vez que sanitaria, social, económica, ecológica y cultural. En el mundo entero se debate sobre lo que vendrá después.

Las propuestas para afrontar esta crisis por parte de los grupos de poder económico nacionales no pueden ser más decepcionantes. Han sido incapaces de mostrar una dosis de solidaridad, al no considerar ceder parte de sus enormes ganancias, mediante un impuesto transitorio, para apoyar a los sectores más golpeados en estos momentos acuciantes. Y también han sido incapaces de mostrar imaginación, para abrir espacios a opciones creativas y dignas; simplemente proponen más de lo mismo.

Pero en la sociedad costarricense se mueven procesos e iniciativas centrados en otras frecuencias. Las instituciones públicas de salud y las universidades públicas han estado a la altura. Acciones esperanzadoras se han dado en la misma base social comunitaria, desde abajo. En el contexto de la crisis del COVID-19, ha quedado clara la importancia de la organización de base centrada en la solidaridad y la reciprocidad, la defensa del ambiente y de los territorios, la institucionalidad pública al servicio del bien común, la soberanía alimentaria frente a las grandes cadenas agroindustriales globales, y la base científico-tecnológica endógena centrada en las universidades públicas; en fin, de esfuerzos centrados en el bienestar colectivo, el respeto a la diversidad y el paradigma del cuidado. Son estos procesos de base los que ofrecen las mejores salidas a la crisis del COVID-19.

El mundo y nuestra sociedad no serán iguales en la etapa post-COVID-19. La interrogante es cómo serán y hacia dónde nos dirigimos. Esa realidad se debe ir construyendo desde ahora, en medio de la crisis. Más allá de los rasgos específicos, tenemos el desafío de salir de esta etapa con una visión diferente de lo que son el desarrollo y el bienestar. Debemos abrir espacios para formas de relación entre las personas y entre estas y el ambiente centradas en otros paradigmas, de mayor hermandad y de un cuido más esmerado que procure el bienestar de todas y todos. Esto nos obliga a acercarnos más, a dialogar entre nosotros y nosotras, a ver los temas comunes que vinculan nuestras luchas y esperanzas, para construir colectivamente senderos de mayor bienestar y justicia.

En esta compleja coyuntura, la Alianza por una Vida Digna organizó el pasado 9 de mayo un Encuentro de Confluencia Popular, en el cual participaron seis personas representantes de organizaciones y procesos de base popular del país, provenientes de regiones distintas. El evento permitió evidenciar el efecto de la violencia estructural y la exclusión sistemática que sufren sectores sociales y comunidades en varias regiones del país. Así mismo, fue muy esperanzador escuchar a personas de orígenes muy diversos compartiendo sus visiones, angustias, propuestas y esperanzas. Las presentaciones de estas compañeras y compañeros dejaron ver, en medio de las particularidades de los escenarios en los que viven y luchan, un espacio común de intereses y propuestas. Quedó clara la existencia de un hilo conductor que une estos movimientos y estas realidades. Fortalecer ese hilo conductor para generar acciones de mayor impacto es una tarea de gran importancia.

El evento mostró, y así lo hicieron ver las y los participantes, que es indispensable tender puentes de confluencia entre sectores y territorios, para promover formas de vida y de organización social y económica más acordes con una visión centrada en la equidad y la solidaridad, y en la procura del bienestar colectivo. La búsqueda de la unidad en medio de la diversidad debe caracterizar el momento actual de los procesos populares. Se debe ir estructurando, sobre la base de la práctica social y la organización, un conjunto de propuestas que permitan buscar ese bien común. Propuestas que incluyan la protección del ambiente en los territorios, la gestación de formas de economía social solidaria en las comunidades, la soberanía alimentaria, la defensa de las instituciones públicas, y el fortalecimiento del tejido social comunitario.

El encuentro del 9 de mayo mostró que debemos encontrarnos más, para generar espacios de reflexión colectiva y compartir experiencias que están surgiendo en la cotidianeidad de las comunidades y territorios, aprendiendo entre todas y todos. No es la separación y el aislamiento lo que nos ofrecerá un mejor futuro, sino la búsqueda de puntos de encuentro y confluencia.

Frente a la mezquindad y falta de imaginación de quienes ofrecen salidas que profundizan la inequidad y la injusticia, ese conglomerado de sectores, procesos y fuerzas que se desenvuelven con energía y creatividad en la base social de nuestro país está llamado a buscar salidas a la crisis actual, y a las crisis que nuestro país estaba enfrentando antes del COVID-19. Esperemos que nuevos encuentros de confluencia popular contribuyan a transitar colectivamente hacia esas metas.

Imagen ilustrativa: Encuentro de Confluencia Popular, Dominical, marzo del 2011.

Video: Encuentro de Confluencia Popular

La Alianza por una Vida Digna organizó un Encuentro de Confluencia Popular, el cual se realizó este sábado 9 de mayo.

La actividad se inició con la siguiente pregunta generadora ¿Cómo se vive la lucha social por la justicia y la participación ciudadana desde las regiones? Prioridades / procesos / acciones

La lucha de las regiones fue expuesta por Mariana Delgado Morales de la Región Brunca (el tema fue la lucha de los pueblos indígenas y la realidad de las mujeres de estas comunidades); Antonieta Fernández Quirós, por la Región Central (ella es la coordinadora del Frente Nacional por la Seguridad Social (FRENASS); Luis Fernando Barrantes Cortés, de la Región Chorotega, expuso la experiencia del movimiento Territorios Seguros.

Por la Región Huetar Atlántica estuvo María Miranda Cortés, secretaria de Finanzas del Sindicato de Trabajado res de JAPDEVA y Afines Portuarios (SINTRAJAP), Francisca Inés Wilson Santana, de la Red de Mujeres Rurales de Costa Rica hizo su aporte por la Región Huetar Norte, y Francis Cordero Mojica, de la Región Pacífico Central, dio a conocer la lucha de las comunidades del Norte de Puntarenas que se agrupan en la Alianza por la Defensa del Agua – Puntarenas.

Puede ver lo expuesto en este Encuentro de Confluencia Popular en este video:

Entre las personas que siguieron el Encuentro por el Facebook Live de SURCOS estuvo Patricia Salgado Muñoz, quien propuso el tema ¿Cómo hacer para lograr una cobertura universal de los servicios de internet? Esto, por cuanto en este periodo no tener internet es un factor de exclusión. Según el Programa del Estado de la Nación, el 40% de las viviendas en el país no tiene acceso a internet.

Mario Cabrera comentó: “Desde las Asambleas Patrióticas Populares (APP, en San Ramón de Occidente), -que ya estuvimos en el conversatorio anterior con nuestra coordinadora general Dayana Ureña-, estamos avanzando con tres grandes ejes luego de la lucha contra el combo fiscal: 1) La Defensa de la Caja y la Seguridad Social (pleno apoyo al trabajo coordinado desde el FRENASS). 2) La lucha por una Política de Justicia Tributaria para el Desarrollo Social y Solidario, y 3) La Alfabetización Constitucional sobre todos nuestros derechos como Poder Soberano. Felicitaciones a SURCOS por estos espacios de hermanamiento de nuestras luchas populares”.

Karolina Rojas saludó desde Tibás y expuso que los sindicatos en la empresa privada fueron sustituidos por asociaciones solidaristas, por ello el sindicalismo no existe en el sector privado.

Ana Lorena Cartín Leiva saludo a las y los exponentes desde Montes de Oca y felicito a las personas de cada región “por su gran trabajo”.

Margarita Torres saludó y felicitó estas iniciativas del movimiento social.

Rafael Eduardo López Alfaro comentó desde Heredia: “Un gran saludo a las personas de las regiones que hoy nos comparten sus experiencias organizativas”.

Caro Somarribas expresó desde San José: “Que bueno compartir con ustedes en este Encuentro. Un gran saludo a todas las personas”.

Ivannia Lazzaro escribió: “Saludos desde Esparza”.

Dylanna Muñoz manifestó: “Saludos a todas y todos, que alegre escuchar las voces de las comunidades. Nos seguimos encontrando”.

Mario Cabrera desde San Ramón de Alajuela agregó: “Aprender ese tipo de habilidades comunicacionales es de vital importancia para continuar con el trabajo de organización, reflexión y articulaciones de base comunitaria y popular. Que el Soberano no pierda su protagonismo debido al confinamiento”.

Desde la Zona Sur, Buenos Aires de Osa llegó el saludo de Ricardo, quien no dio su apellido.

Pablo Gch: “Importante encuentro de voces alternas. ¡Excelente!”

Lidia Orias: “Gracias por los aportes tan significativos. El análisis crítico es muy necesario en este momento. Gracias”.

Movilidades en suspenso

Guillermo Acuña González
Instituto de Estudios Sociales en Población
Universidad Nacional, Costa Rica
guillermo.acuna.gonzalez@una.cr

Al promediar la década de los años 2010, se declaró en Europa una coyuntura en las movilidades humanas que desató no solo el interés de la opinión pública, sino las más insólitas respuestas a nivel institucional de los gobiernos receptores para tratar de contener, repeler y disuadir los altos volúmenes de seres humanos que intentaban entrar al continente europeo, huyendo de situaciones límite en dimensiones políticas, sociales, ambientales y humanitarias.

Los discursos globales hablaron entonces de “crisis migratoria”, para hacer referencia a un contexto en el que claramente lo que había colapsado eran los sistemas de protección y los abordajes en materia humanitaria. Se construyó así, una polifonía en torno a la excepcionalidad, que demandaba en suma la generación de abordajes desde la “securitización” impulsada por una narrativa del miedo.

Sobre este periodo, en uno de sus últimos trabajos reflexivos el sociólogo polaco Zygmund Bauman hizo referencia a la producción generalizada del pánico migratorio y sus malos usos. Respecto a la crisis, dijo, “es una especie de nombre en clave políticamente correcto con el que designar la fase actual de la eterna batalla que los creadores de opinión libran sin descanso en pos de la conquista y el sometimiento de las mentes y los sentimientos humanos” (1).

Años después, esa dimensión crítica observada para el contexto europeo se agudizaría a nivel global, esta vez con los efectos de la pandemia COVID-19 en todos los procesos de desplazamiento humano. De nuevo, la crisis migratoria humanitaria es referenciada como un acontecimiento que caracteriza el actual escenario global y su relación con la pandemia.

Sin embargo, lo que ocurre no es solamente una crisis en las movilidades humanas. Se trata de una coyuntura de cambio de sentido en el que estas han quedado comprometidas, subsumidas, suspendidas, de múltiples formas a la vez que han visto perjudicados sus derechos básicos a la seguridad, la salud, la alimentación y el buen estado emocional para contender los impactos físicos y psicológicos de la pandemia. Entidades internacionales, organismos de derechos humanos, representantes de la sociedad civil han llamado permanentemente la reflexión sobre esta situación límite para las personas en movilidad.

Entre las poblaciones más afectadas se encuentran las personas migrantes y desplazadas de forma forzosa debido a situaciones en sus contextos de origen. Al momento de escribir estas líneas, las acciones sobre las movilidades internacionales se han centrado en el cierre de fronteras, reconfigurando los espacios fronterizos como verdaderos territorios donde el enfoque de la “securitización” se ha impuesto como política, generando por ahora un vacío en la gobernanza global en el tema. También el límite a la locomoción, la pérdida de estatus migratorios y la generación de una gran cantidad de personas en condición de apatridia, son parte de los resultados que impactan las dinámicas de las movilidades humanas a escala global. De acuerdo con un portal de datos sobre la migración global (www. migrationdataportal.org), entre el 11 de marzo (día que la Organización Mundial de la Salud declaró la pandemia) y el 20 de abril, el total de movimientos poblacionales restringidos en todo el mundo se estimó en 48000. Las prohibiciones fronterizas representaron un impacto en la movilidad de personas y en el funcionamiento de organizaciones humanitarias.

Una nueva política migratoria se ha instalado teniendo como matriz la suspensión obligada de las movilidades produciendo a la vez la construcción social del miedo, que ha provocado no en pocos escenarios nacionales de recepción, el aumento de la discriminación, los discursos xenófobos y el rechazo a las corporalidades sospechosas de cruzar las fronteras con el virus a cuestas.

Este contexto de conculcación de derechos y mezcla de pánico y “miedo al otro” no es nuevo. Basta con repasar los discursos durante la epidemia del Ébola desarrollada hace algunos años y cómo fueron cruzados en ellos elementos de racialización, origen y nacionalidad (2) para esgrimir discursos discriminatorios, que hoy se encienden y actualizan en todo el mundo.

En el contexto comprometido para las movilidades humanas, la región centroamericana no muestra un escenario favorable. El año 2020 había iniciado con nuevas salidas masivas vía terrestre con destino a Estados Unidos, en una especie de renovación de aquellas que se habían impulsado al finalizar el 2018; rápidamente fueron repelidas por la frontera vertical dispuesta en territorio mexicano. Las deportaciones desde Estados Unidos y México habían continuado, ahora con el establecimiento de la figura de tercer país seguro, una especie de contrato leonino entre la Administración Trump y los gobiernos del norte de la región para “devolver” a los centroamericanos a contextos donde la precariedad, la vulnerabilidad y el riesgo constituyen el elemento común.

“Sin embargo, lo que ocurre no es solamente una crisis en las movilidades humanas. Se trata de una coyuntura de cambio de sentido en el que estas han quedado comprometidas, subsumidas, suspendidas, de múltiples formas a la vez que han visto perjudicados sus derechos básicos a la seguridad, la salud, la alimentación y el buen estado emocional para contender los impactos físicos y psicológicos de la pandemia”

En lo que la Pandemia ha seguido su curso, las deportaciones masivas y exprés hacia Centroamérica han continuado, agudizando la problemática para quienes retornan tal vez de forma involuntaria y con mucho temor a sus contextos de origen. Entre marzo y abril la cifra pudo haber alcanzado las 10000 personas deportadas de esta manera. Múltiples voces del ámbito de sociedad civil y organismos internacionales también se han levantado para reclamar las condiciones de trato indigno recibidas por quienes han sido obligados no solo a permanecer en sitios de detención sin las mínimas condiciones, sino también retornar en situaciones absolutamente precarias, muchos de ellos con el diagnóstico positivo del virus luego de haberlo adquirido en los sitios de detención y aseguramiento migratorio en Estados Unidos y México.

La problemática es difícil para aquellas personas “abandonadas” en la frontera entre México y Guatemala, luego de haber sido expulsados en caliente desde territorio estadounidense. En la región, haber cerrado fronteras contuvo medianamente el virus, pero no la agudización de las vulnerabilidades para cientos de personas en contextos de movilidad “confinada”. A este aspecto debe sumarse que la institucionalidad regional que aborda los desplazamientos humanos proviene del mundo de la seguridad como esquema de administración migratoria.

Como resultado de los límites a la movilidad humana en la respuesta a la pandemia, ha aumentado la construcción de escenarios de riesgo inscritos en las corporalidades de las personas que se movilizan. La conformación de las ilegalidades, un concepto desarrollado para explicar la generación histórica y sociopolítica de diversos tipos de sujeción de la persona en contextos de movilidad (3), adquiere ahora nuevas dimensiones ampliadas en las cuales la corporalidad que se desplaza y su relación con la salud juegan un rol fundamental.

La región centroamericana no escapa a estos procesos. En Honduras, por ejemplo, un Centro de Atención para Migrantes Retornados tuvo que cerrar sus puertas ante la presión de la población local, como temor a la propagación del virus. En la ciudad de Quetzaltenango, Guatemala, un grupo de migrantes deportados de Estados Unidos estuvo a punto de ser linchado por pobladores locales, por considerarlos sospechosos de portar la enfermedad.

En Costa Rica, se han profundizado los discursos y las declaraciones xenofóbicas en contra de la población extranjera, en particular la nicaragüense. Bajo los argumentos de resguardo y defensa de la frontera común y en nombre de la sanidad pública, se ha securitizado la gestión de las movilidades en ese territorio binacional. Organismos internacionales en derechos humanos como el Centro para la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) han denunciado recientes abusos contra poblaciones refugiadas cometidos por autoridades costarricenses. Valga decir que, al momento de escribirse las presentes reflexiones, ningún caso positivo por COVID-19 ha sido reportado por las autoridades costarricenses como importadas por dicha frontera.

Entre tanta práctica, se ha instalado además una “semántica de lo atroz”, con aseveraciones peyorativas como la enunciada por el presidente guatemalteco al hacer referencia a uno de los vuelos de personas deportadas donde venían infectados con el virus, como el “vuelo maldito”. En Costa Rica, en varias páginas de redes sociales con tintes nacionalistas, el llamado a “matar nicas” es frecuente y celebrado con humor negro y deshumanizante.

En la presente coyuntura, la producción de una nueva ilegalidad ampliada que atraviesa los cuerpos de las personas en movilidad está cruzada también por un replanteamiento del concepto de paria, para designar nuevas categorías de rechazo y exclusión que la emergencia del COVID-19 ha instalado para siempre en el campo de las movilidades humanas.

Dinámicas renovadas se han observado. Ahora no son los extraños de Bauman quienes tocan a la puerta. Como respuesta a esas reconfiguraciones del poder y del discurso global, cientos de miles de personas en movilidad se han devuelto a sus países de origen, subvirtiendo el orden, cerrando la puerta al salir. Pasó con movilidades africanas en España y con familias nicaragüenses retornando a su país, provenientes de Costa Rica. Será necesario reconocerles ahora mismo y en el futuro, no como sujetos en movilidad, ni como parias del sistema, sino como seres humanos. El desafío en esta dirección es enorme y nos convoca a todas y todos con urgencia.

Referencias para el debate

(1) Bauman, Zygmunt (2016) Extraños llamando a la puerta. Espasa Libros, Barcelona.

(2) Ventura, Daysi (2016) El impacto de las crisis sanitarias internacionales en los derechos de los migrantes. En: SUR, 23, V 13, N. 23. Pp 61-75.

(3) Álvarez Velazco, Soledad (2017). Movimientos migratorios contemporáneos: entre el control fronterizo y la producción de su ilegalidad. Un diálogo con Nicolas De Génova. En: Revista de Ciencias Sociales. N 58. Quito. Pp 153-164.

Imagen: “Los marginados”, Néstor Zeledón Guzmán (1995)
Fuente: María E. Guardia Yglesias, Pincel, Pinacoteca Costarricense Electrónica
www.artecostarica.cr

Publicado en: https://historiaaplicada.org/blog/

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