Foro: Situación actual del combo fiscal y sus implicaciones en los sectores populares
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Encuentros Regionales: «UNA huella con esencia»
La Universidad Nacional en el año por la Autonomía, la Regionalización y los Derechos Humanos, en el marco de celebración de su 45 aniversario, le invita a ser parte de este evento de convivencia, intercambio y construcción entre la ciudadanía, las instituciones públicas y la Universidad llamado: Encuentros Regionales «UNA huella con esencia».
Estos encuentros pretenden ser un espacio de reflexión, diálogo y construcción colectiva entre la UNA, las comunidades, gobiernos locales, consejos regionales, instituciones públicas entre otros.
El tercer encuentro se realizará el próximo viernes 21 de setiembre de 10:00 a.m. a 4:00 p.m; en el parque Anfiteatro Cultural, La Concha Acústica Puntarenas.
Contaremos con espacios de actividades lúdico-recreativas y académicas, música en vivo, entre otros; así como con espacios de diálogo y discusión sobre temas de pertinencia social de la Región Pacífico Central.
Para la Vicerrectoría de Extensión será un honor contar con su presencia en la construcción de una mejor vinculación entre nuestra universidad y la sociedad.
*Para mayor información puede escribir a extension@una.cr o bien llamar al teléfono: 2277-3419.
Compartido por Rebeca Quesada.
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Martes 11 de setiembre a las 9 a.m.
Auditorio Plaza de la Autonomía
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Luis Paulino Vargas Solís (*)
1)El proyecto de ley sobre reforma fiscal actualmente en discusión en la Asamblea Legislativa (expediente 20.580) tan solo aportará nuevos ingresos por un monto de alrededor de 1,5% del PIB (valor total de la producción nacional). Recordemos, por otra parte, que para este año el déficit fiscal muy posiblemente sobrepase el 7% del PIB y que, bajos las tendencias actuales, superaría el 8% en 2019. Sumemos los “ahorros” que doña Rocío Aguilar, ministra de Hacienda, viene promoviendo, y pongámonos además sumamente optimistas: al cabo, entonces, podríamos hablar de un déficit del 6% en 2019. Es absolutamente imposible que, bajo tales condiciones, se logre frenar el crecimiento de la deuda pública, que es el objetivo mínimo que habría que alcanzar para que la situación fiscal logre emerger del territorio turbulento en que hoy día se mueve. Lograr tal cosa es aún más difícil, teniendo presente el menos que mediocre dinamismo de la economía.
2)El gobierno apuesta, sin embargo, a que aprobado ese proyecto ello servirá como certificado de “buena conducta” que facilite el acceso a financiamiento externo y tasas de interés más reducidas, lo que, a su vez, atenuaría la presión que los pagos de intereses ponen sobre el déficit. Primero, no alimentemos excesivas expectativas: la fama de “buena administradora” de Costa Rica ya está bastante tocada, y el contexto internacional es hoy menos propicio que años atrás, con tasas de interés al alza y corrientes de capital fluyendo de nuevo hacia el norte rico. Pero incluso si apelamos a las hipótesis más optimistas, e imaginamos que se logra colocar deuda externa en condiciones favorables, ello si acaso cubriría la cuarta parte de las necesidades de financiamiento que tendría el gobierno. Quizá se atenúe un poco el efecto, pero podamos dar por descontado que los intereses seguirán jalando hacia arriba el déficit.
3)El dinamismo de la economía, o sea, sus índices de crecimiento, siguen siendo francamente insatisfactorios, con una situación del empleo sumamente deteriorada. En lo fundamental, la situación fiscal que vivimos ha nacido precisamente de esa persistente atonía económica y de los crónicos problemas del empleo. Ello conlleva subvertir las bases principales de las que depende la salud de las finanzas públicas, lo cual se ve agravado por la inequidad de nuestro sistema tributario, los esquemas de exoneración fiscal vigentes y la magnitud del fraude tributario. Por su parte, el ajuste fiscal propuesto, aun siendo limitado, y al ser aplicado sobre una economía muy frágil, tendría un inevitable efecto contractivo, que nos llevaría al borde del estancamiento, agudizaría los problemas del empleo y empeoraría la pobreza. O sea: la propuesta fiscal del gobierno podría estar serruchando la rama sobre la que se sienta: en el intento por extraer recursos de la economía y recortar el gasto público, debilitaría aún más una economía ya debilitada, lo que repercutirá en que, al cabo, los nuevos recursos que se recauden sea menos de los previstos, y el déficit, y por lo tanto la deuda, mayores a lo esperado.
4)El gobierno de Carlos Alvarado ha presentado recientemente diversas propuestas para la reactivación de la economía. Siendo, en general, ideas buenas y necesarias, reflejan confusión respecto de lo que el concepto “reactivación económica” significa. La casi totalidad de lo propuesto, suponiendo que fuese aplicado con rigor y constancia, tendría algún efecto solo al cabo de varios años, y lo que pudiera dar frutos más expeditos (como la simplificación de trámites, infinitas veces mencionada por los sucesivos gobiernos), no tendrían más que consecuencias marginales sobre el desempeño general de la economía. No parece entenderse –lo cual me deja muy perplejo– que la reactivación solo tiene sentido como una cuestión para el corto plazo, un año a lo sumo, como tampoco parece haber claridad sobre cuáles son los mecanismos que realmente pueden reactivar una economía en períodos relativamente cortos. Subrayo: hay que ponerle energía e impulso a la economía ya, ahora mismo, para que ello nos dé el músculo que urgentemente necesitamos para enfrentar el problema fiscal, “sin morir en el intento”. Dentro de los distintos programas anunciados, el que sí es relevante desde el punto de vista de la reactivación es el de inversión pública. Y, según se desprende de las diversas notas de prensa, se trata de montos muy significativos, de hasta más del 6% del PIB. Un programa de obra pública de este tipo –no obstante su excesivo énfasis en lo vial– si podría levantar la economía…a condición de que esa inversión pública se ponga a caminar de inmediato y esté siendo ejecutada en el plazo de pocos meses. Sobre eso, la información disponible no es clara, y teniendo presente –como no podía ser de otra manera– los obstáculos infinitos y la comprobada ineficiencia en la gestión y ejecución de obra pública en Costa Rica, uno no puede alentar mucho optimismo. Más importante que dar cifras muy impresionantes –que es lo que el gobierno ha tratado– hay que explicar muy claramente cómo se romperán esos innumerables cuellos de botella que frenan la inversión pública. Al respecto, el gobierno es omiso. Y, la verdad, yo no veo posibilidad de lograrlo si no es con base en un gran acuerdo y un gran esfuerzo nacional, del que tendrían que ser partícipes –de forma articulada, desprendida y generosa– tanto la institucionalidad pública, como la empresa privada y la ciudadanía organizada.
5)El proyecto fiscal en discusión no solo es limitado en términos de los nuevos recursos que pueda aportar, sino también es retrógrado por sus consecuencias sociales. En la parte tributaria, el núcleo del proyecto es claramente el “impuesto al valor agregado” (IVA), en lo cual el gobierno ha invertido una dosis altísima de capital político. Han hecho incontables malabares para justificarlo. Al cabo, un hecho fundamental sigue siendo incontrovertible: es un impuesto regresivo que agudizará la inequidad social. Decir que es un tributo que “todo el mundo aplica” no aporta mucho. También es cierto que “en todo el mundo” la desigualdad crece y la concentración de la riqueza es cada vez más insultante. La amplísima preferencia por el IVA –que va de la mano con el abandono de la tributación progresiva que sí propicia mayor equidad social– es simplemente parte de ese proceso. El resto de las reformas no alcanzan, ni de lejos, a darle un perfil equitativo a este proyecto: no se logra incrementando las tasas sobre el impuesto al salario que básicamente tocará a sectores medios profesionales asalariados del sector público, mientras que el impuesto a las ganancias y rentas de capital es un mal intento por fingir progresividad donde claramente no la hay. Lo resumo diciendo: este proyecto nació mutilado por el terror que suscita la sola mención de una reforma tributaria justa, progresiva y moderna. Tengamos claro: no es un problema técnico, sino una realidad política: eso, y no más, es lo que permiten los intereses dominantes en la Costa Rica de hoy.
6)El proyecto también incorpora un capítulo llamado de la “regla fiscal”. Analicé esa propuesta con amplitud en un artículo que publiqué en marzo pasado (puede verse aquí). Agrego lo siguiente: esta idea debe ser evaluada a la luz de la “hoja de ruta” que la ministra Rocío Aguilar ha delineado, según la cual en los años sucesivos, el gasto corriente del Gobierno Central (exceptuando intereses) se mantendrá congelado en su nivel de 2018. El presupuesto para 2019, recién presentado, da testimonio de que, en efecto, se quiere cumplir con esa lineamiento. En la medida en que se mantenga esa ruta, al concluir el gobierno de Carlos Alvarado tendríamos una reducción de alrededor del 8 o 9% en el gasto corriente, medido en términos reales, o sea, descontada la inflación. La vigencia de la regla fiscal, en la medida en que efectivamente sea aplicada, ampliaría ese efecto contractivo. El objetivo me parece claro, y lo enuncio no como una observación ideológica, sino como la conclusión a que los datos obliga a llegar: se propone avanzar en un proceso de efectivo achicamiento del Estado, que muy probablemente implicará el debilitamiento, acaso el desmantelamiento, de nuestros sistemas de seguridad social.
(*)Director Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo (CICDE-UNED),
Presidente Movimiento Diversidad Abelardo Araya
Tomado del blog: http://sonarconlospiesenlatierra.blogspot.com
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Roxana Morales Ramos*
El creciente deterioro de las finanzas públicas amenaza la estabilidad macroeconómica de Costa Rica. Son varios años los que llevamos discutiendo sobre la urgencia de sanear las finanzas del Estado, más, sin embargo, muchas personas, incluidos algunos políticos, no comprenden la gravedad de la situación y las serias consecuencias que tendría para el país la no aprobación de las reformas necesarias en el muy corto plazo.
Los datos que se presentan a continuación describen mejor la situación mencionada.
El gasto del Gobierno Central como porcentaje del PIB pasó del 15,3% en 2008 al 20,7% en 2017, mientras que la carga tributaria (recaudación de impuestos como porcentaje del PIB), se ha mantenido en cerca del 13% del PIB en los últimos diez años, es decir, existe una insuficiencia de recursos propios para cubrir los gastos y como consecuencia, la deuda del Estado se ha incrementado considerablemente. En 2008 la deuda de Gobierno Central fue de 24,1% del PIB, en 2017 alcanzó el 49,1% del PIB, mientras que para 2018 y 2019, el Banco Central de Costa Rica estima, en su programa macroeconómico, que la misma alcanzará el 53,8% y 58,4% del PIB, respectivamente.
Por su parte, en el presupuesto 2019, recién presentado a la Asamblea Legislativa por parte del Ministerio de Hacienda, se estima un gasto del gobierno equivalente al 29,6% del PIB, financiado en un 53,5% con nueva deuda y solo el 46,5% con ingresos propios. Es decir, el déficit estimado es de 7,9% del PIB para el 2019.
Lo anterior denota la gravedad de la situación de las finanzas públicas y la urgencia de tomar decisiones cuanto antes, es decir, se requiere un ajuste inmediato, para evitar una crisis fiscal que tendría graves secuelas para la economía y para el país en su conjunto.
Una de las consecuencias, en caso de no aprobarse las reformas necesarias, es el incremento que podrían experimentar las tasas de interés y, por tanto, el costo de la deuda para el Gobierno Central y para las empresas y familias en el país.
En este sentido, vale la pena mencionar que el creciente endeudamiento del Estado también se replica en el sector privado. Al analizar los datos del BCCR, el crédito otorgado por el sistema financiero al sector privado no financiero, en julio de 2018, alcanzó el 58,2% del PIB, es decir, 20,1 millones de millones de colones (en 2007 representaba el 43,2%, por tanto, en los últimos 10 años, la deuda privada ha crecido en casi 15 puntos porcentuales).
Otra forma de observar el creciente endeudamiento de las familias es a través del aumento de la deuda en tarjetas de crédito: según datos del Ministerio de Economía, de 2010 a 2018, la deuda en este tipo de tarjetas se ha duplicado y alcanzó en abril de este año el 3,5% del PIB (1,2 millones de millones de colones); siendo que las tasas de interés de este tipo de créditos rondan el 40% y 50%.
En resumen, a manera de referencia, si sumamos la deuda del Gobierno Central y la deuda del sector privado no financiero (53,8% y 58,2%, respectivamente), no nos alcanzaría toda la producción de bienes y servicios de consumo final (PIB) de todo un año para pagar el principal (saldo de la deuda) y mucho menos los intereses.
Y si a lo anterior sumamos que, del total de la deuda del sector privado no financiero, el 39% se encuentra denominada en dólares y el 61% en colones, y que, cerca del 71% de las personas endeudadas en dólares ganan en colones, según datos de la propia SUGEF; entonces, ante un incremento en las tasas de interés y en el tipo de cambio (depreciación del colón), como consecuencia de no tomar las medidas a tiempo para sanear las finanzas públicas, muchísimas familias podrían ver comprometida su estabilidad económica y con ello la estabilidad del sistema financiero y de la economía como un todo.
En este sentido, a manera de ejemplo, suponga una familia que contrajo un crédito para vivienda por 50 millones de colones, a una tasa de interés del 9% anual, a un plazo de 30 años; actualmente paga una cuota mensual de 402.311 colones. Ahora suponga que la tasa de interés se incrementa en 3 puntos porcentuales y llega al 12%, esto implica que, con el ajuste en la tasa de interés, deberá pagar mensualmente 514.306 colones, es decir, 111.994 colones más. Esta situación evidencia el impacto que podrían sufrir muchas familias, más considerando que del total de créditos otorgados por el sistema financiero al sector privado, a mayo 2018 -según datos del BCCR- el 28% corresponde a créditos para vivienda, el 33% para consumo, el 13% para servicios, el 11% para comercio, y el restante 15% para otros.
Es por lo anterior, entre otras razones, que urge un acuerdo que permita evitar una crisis económica en el país; sin embargo, ese sentido de urgencia no debe ser una excusa para descuidar aspectos importantes como por ejemplo cuáles sectores son los que soportarán el peso de la reforma fiscal. Todos y todas debemos aportar, pero de acuerdo con nuestras posibilidades (riqueza y nivel de renta), para que el país salga adelante, de lo contrario, las consecuencias serán muy negativas para la economía y para la sociedad.
*Observatorio Económico y Social, Escuela de Economía UNA.
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Enviado por UNA Comunicación.
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Nicolas Boeglin (*)
Según diversos cables internacionales (véase por ejemplo nota de France 24), Nicaragua ha optado por «expulsar» a los integrantes de la Misión de Naciones Unidas instalada en Managua este Viernes 31 de agosto, otorgándoles – según algunos medios de prensa – un plazo de pocas horas para abandonar el territorio nicaragüense.
Las reacciones en Nicaragua no se han hecho esperar, como estas declaraciones del ex embajador de Nicaragua en Costa Rica, Mauricio Díaz (véase nota de prensa).
Breve puesta en contexto y una ONG como el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (véase comunicado).
Esta decisión se toma 24 horas después de haberse hecho público en Nicaragua un informe sobre la situación imperante en materia de derechos humanos por parte de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) (véase nota de prensa oficial de Naciones Unidas). Sobre el contenido de este informe de 47 páginas, que pareciera haber motivado la decisión de las autoridades de Nicaragua, remitimos al lector a nuestra nota al respecto. En este documento oficial de 33 páginas, con fecha del 26 de agosto del 2018, Nicaragua hizo ver su profunda inconformidad con respecto al contenido de este informe (que le fue remitido antes de hacerlo público), indicando en sus conclusiones finales que: «En base a todo lo planteado, manifestamos nuestro desacuerdo y rechazo al denominado informe de la OACNUDH por considerar que el mismo es improcedente al extralimitarse, teniendo en cuenta que el OACNUDH fue invitado para el acompañamiento de la Comisión de Verificación y Seguridad creada en la Mesa del Diálogo Nacional» (página 31).
En esta nota de prensa se reproduce la carta oficial del jefe de la diplomacia nicaragüense enviada el 30 de agosto a los funcionarios de Naciones Unidas, en la que se puede leer que: «Por lo tanto, considerando que han cesado las razones, causas y condiciones que dieron origen a dicha invitación, este Ministerio comunica que da por concluida la invitación y finalizada la visita a partir de hoy, 30 de agosto de 2018«.
La última expulsión de funcionarios de Naciones Unidas en materia de derechos humanos se dio, salvo error de nuestra parte, en el 2016 en un contexto muy distinto, a raíz de una decisión de las autoridades de Yemen (véase nota de prensa).
Foto extraída de nota de prensa titulada «Nicaragua convulsionada por represión de protestas al Gobierno», La Prensa Gráfica, edición del 21/04/2018.
Se distinguirán a continuación (a) comunicados oficiales emanados de la OACNUDH de (b) reacciones de otros actores internacionales, incluyendo a Estados que han considerado necesario expresarse con relación a esta decisión de las autoridades de Nicaragua y (c) reacciones originadas por órganos interamericanos.
a) Reacciones por parte de Naciones Unidas
La Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas mediante comunicado oficial del mismo 31 de agosto (véase texto) tomó nota de la decisión de Nicaragua, indicando que «La misión de la OACNUDH llegó al país el país el 24 de junio de 2018 y ha comunicado al Gobierno la salida del equipo presente en el país el 1 de septiembre. La OACNUDH proseguirá con su labor de monitorear e informar sobre la situación de derechos humanos en Nicaragua de forma remota, de conformidad con el mandato global conferido por la Asamblea General de las Naciones Unidas a la Oficina del Alto Comisionado«.
El 4 de setiembre, las oficinas centrales en Ginebra circularon este comunicado de prensa más extenso sobre Nicaragua (véase texto) en el que se lee que: »
«Nicaragua
We deeply regret the Nicaraguan Government’s decision to expel a team from the UN Human Rights Office, which came a day after we published a report into human rights violations and abuses committed in the country since April.
The protection of victims in Nicaragua is increasingly challenging given the limited access and oversight by the international community. In recent weeks, individuals and groups associated with the protests have increasingly faced criminalization and arrest. There have also been smear campaigns by Government-aligned media, including labelling protesters as “terrorists” and “coup mongers”, unjustified dismissals and widespread threats.
Our four-person team left Nicaragua on 1 September but we will continue to monitor the country’s human rights situation remotely, in line with the UN Human Rights Office’s global mandate to promote and protect human rights for all, and we will continue to be a voice for the victims.
At the same time, we remain ready to support the Nicaraguan State to fulfil its international human rights obligations. To that effect, we will continue to cooperate with regional human rights mechanisms and the international community.
Our report and its recommendations provide, we believe, an important tool to help Nicaragua overcome its current deep political and social crisis, strengthen its institutions, and to help in the search for truth and accountability«.
Tal y como se puede apreciar, este segundo comunicado recalca la importancia para Nicaragua de acatar las recomendaciones del informe presentado el pasado 29 de agosto.
b) Reacciones por parte de otras organizaciones internacionales y/o Estados
La Unión Europea (UE) reaccionó con el siguiente comunicado con fecha del 1/09/2018 (véase texto), que se lee como sigue (versión integral):
«The decision by the Nicaragua government to terminate the presence of the mission of the Office of the High Commissioner for Human Rights (OHCHR) goes against the aim of full accountability for human rights violations and serving justice to the victims of violence.
We expect the authorities to seriously consider the findings of the report issued by the OHCHR and take urgent action to implement the report’s recommendations, in particular the dismantling and disarming of pro-government groups, halting all unlawful arrests and release all those who have been arbitrarily detained.
The presence of international human rights bodies in Nicaragua results from a clear request of all parties in the national dialogue and is essential to restore trust. Full cooperation and access should also be given to the missions of the Inter-American Commission on Human Rights.
Only a comprehensive dialogue on justice and democracy will permit a peaceful solution to the crisis and respond to the legitimate demands of the population. We call for an urgent resumption of the national dialogue, under the mediation of the episcopal conference«.
Por su parte, España, mediante un comunicado oficial con fecha del 1ero de setiembre, manifestó que:
«El gobierno de España expresa su preocupación y rechazo por la reciente decisión del gobierno de Nicaragua de poner fin a la misión del equipo del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) en Nicaragua. Pedimos que el gobierno nicaragüense reconsidere su decisión sobre la finalización de la misión, asuma las conclusiones del informe del ACNUDH y asegure el cumplimiento de sus obligaciones de respeto a las convenciones internacionales de protección de los derechos humanos.
El gobierno de España insiste en la importancia que tiene la presencia en Nicaragua de mecanismos internacionales y regionales de protección y supervisión de los derechos humanos y que estos mecanismos puedan ejercer plenamente sus funciones.
Por último, reiteramos nuestro apoyo al Diálogo Nacional y al papel mediador de la Conferencia Episcopal de Nicaragua y pedimos a las partes que reanuden urgentemente el Diálogo Nacional«.
De igual forma, este 3 de setiembre, la diplomacia de Francia solicitó, en un comunicado oficial de su Ministerio de Relaciones Exteriores, a Nicaragua reconsiderar su posición. Tratándose del primer Estado con la calidad de Miembro Permanente del Consejo de Seguridad en hacerle una solicitud de esta naturaleza a Nicaragua, este mensaje podría ser interpretado como un primera señal que transciende el estricto marco de las relaciones bilaterales entre Francia y Nicaragua:
«Nicaragua-Haut-Commissariat aux droits de l’Homme de l’ONU (3 septembre 2018)
La France déplore la décision des autorités nicaraguayennes de demander le départ de la mission du Haut-Commissariat aux droits de l’Homme suite à la publication de son rapport sur la situation au Nicaragua.
La France appelle les autorités nicaraguayennes à reconsidérer leur décision et à coopérer avec le Haut-Commissariat. Elle renouvelle également son appel aux autorités nicaraguayennes à cesser la répression, qui a fait plusieurs centaines de morts depuis le 18 avril, et à mettre en œuvre concrètement leur engagement en faveur du dialogue national, qui seul permettra de créer les conditions d’une sortie pacifique et négociée de la crise«.
En América Latina, Argentina se expresó de la siguiente manera (versión integral):
«Nicaragua – Salida de la misión de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos Viernes 31 de agosto de 2018 Información para la Prensa N°: 350/18
La Argentina lamenta la decisión tomada por el Gobierno de Nicaragua que ordena la salida del país de la misión de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH). El equipo de Naciones Unidas se encuentra allí desde el 20 de junio, con el objeto de analizar la situación de los derechos humanos en el marco de la crisis desatada el pasado mes de abril y que ya se ha cobrado más de 300 vidas.
La Argentina considera que esta medida afecta negativamente la situación de los derechos humanos y representa un retroceso en los esfuerzos que viene realizando la comunidad internacional a fin de ayudar a encontrar una salida a la crisis«. (véase enlace oficial a comunicado)
De manera más vehemente, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de Costa Rica circuló el siguiente comunicado de prensa, que se reproduce de forma completa en las líneas que siguen. Costa Rica aprovechó la ocasión para contestar una insólita solicitud hecha mediante declaraciones brindadas a la prensa del actual Jefe de Estado de Nicaragua a las autoridades costarricenses:
«Costa Rica condena la expulsión del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos por parte del Gobierno de Nicaragua AGOSTO 31, 2018 07:58 PM
El Gobierno de la República de Costa Rica condena vehementemente la expulsión de una misión de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, por parte del Gobierno de República de Nicaragua.
En el transcurso de esta semana, la Oficina del Alto Comisionado emitió un extenso informe que da cuenta de graves violaciones a los derechos humanos que ocurren a diario en la hermana República de Nicaragua.
El Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto respalda contundentemente ese documento y expresa su más profunda preocupación ante las reiteradas violaciones a las libertades fundamentales, el recrudecimiento de la violencia y el uso indiscriminado de la fuerza contra la sociedad civil.
El Gobierno de Costa Rica cree fielmente en la objetividad del Alto Comisionado de Naciones Unidas y apoya firmemente el mandato de protección y denuncia, de acuerdo a la resolución de la Asamblea General que le dio vida.
Costa Rica reafirma su compromiso con la defensa y protección de los derechos humanos. Asimismo, manifiesta que bajo ninguna circunstancia entregará listas de personas que han solicitado refugio, en el territorio nacional.
La confidencialidad es el principio rector para el registro y manejo de la información de los solicitantes de la condición de refugiado y de las personas refugiadas declaradas, que encuentra su fundamento en diversos instrumentos internacionales suscritos por Costa Rica».
Una vez más, Costa Rica hace un llamado a Nicaragua para que colabore con los mecanismos universales y regionales, sin limitar su actuación; y para que apoye decididamente los esfuerzos de diálogo comprometido y efectivo, como el camino hacia una solución a la crisis que enfrenta«.
c) Reacciones por parte de entidades interamericanas
Cabe mencionar que otro órgano de derechos humanos que también cuenta actualmente con un equipo de investigadores desplegados en Nicaragua, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, lamentó la decisión de Nicaragua de dar por finalizada la misión de Naciones Unidas, en términos muy distintos a los expresados por Costa Rica (véase comunicado de prensa del 31/08/2018).
Por su parte el Secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA) y el Grupo de Trabajo intergubernamental recientemente constituido (véase nota nuestra sobre resolución del pasado 2/08/2018) expresaron, en un comunicado conjunto circulado este 1ero de setiembre (véase texto completo), que, con relación a la decisión tomada sobre la Misión de Naciones Unidas:
«Expresamos nuestra profunda preocupación por la decisión del Gobierno de Nicaragua de retirar la invitación a la Oficina Regional para América Central de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, para acompañar a la Comisión de Verificación y Seguridad establecida en el marco del Diálogo Nacional, y dar por finalizada su visita.
Consecuentemente, solicitamos además la eliminación de los obstáculos que enfrentan el Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (MESENI) y el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), a fin de ejecutar sus respectivos mandatos, y el regreso a Nicaragua de los Representantes de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Derechos Humanos«.
El informe hecho público este 29 de agosto en Nicaragua fue canalizado, según el Jefe de la Misión de Naciones Unidas en Nicaragua sobre Derechos Humanos, a los quince integrantes del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas: estos podrían agendar una reunión para discutir la situación en Nicaragua y las medidas a tomar al respecto.
Tratándose de una reunión del máximo órgano político de Naciones Unidas, la reciente decisión adoptada por las autoridades en Managua, objeto de una amplia cobertura en medios de prensa internacionales, podría llevar a adelantar la fecha de esta cita en Nueva York; e incluso, empezar a interesar a otros órganos de Naciones Unidas sobre lo que ocurre en Nicaragua: el Consejo de Derechos Humanos y tal vez también la Asamblea General de Naciones Unidas, pronta a celebrar su sesión anual en Nueva York.
En otro ámbito, desde España se informó este 31 que la UE suspendió su programa de cooperación en materia policial con Nicaragua (véase nota de prensa de ElPais).
En Costa Rica, la situación en Nicaragua es observada con suma preocupación: el flujo masivo de nicaragüenses a Costa Rica desde que inició la crisis en Nicaragua (el pasado 18 de abril) dio lugar a una marcha xenófoba el 18 de agosto, la cual fue repudiada por las autoridades y por diversos sectores de la sociedad costarricense: remitimos al lector a nuestra nota publicada en el sitio jurídico de DerechoalDia sobre algunas lagunas detectadas en materia de lucha contra la xenofobia y la incitación al odio en Costa Rica, pese a advertencias hechas en el pasado.
(*)Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR).
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El Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad de Costa Rica invita este próximo jueves 06 de setiembre de 2018 a las 6 p.m. al foro “La Crisis de Nicaragua: Conversación con los protagonistas”, en el Auditorio de la Facultad de Educación, sede Rodrigo Facio, UCR.
Participantes:
Moderador:
Para más informes al teléfono 2511 8690 o al correo recepcion.iis@ucr.ac.cr
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Este viernes 7 de setiembre de 9 a.m. a 12 m.d. en el Auditorio de Occidente de la Universidad de Costa Rica se llevará a cabo el foro de análisis: “Implicaciones del combo fiscal para el país”.
Invitados:
Enviado por Luis Alberto Soto.
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Este próximo 12 de setiembre se llevará a cabo el conversatorio “Justicia Restaurativa: retos y oportunidades para las personas menores de edad”, en el Auditorio de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional. El conversatorio que se realizará de 9 a.m. a 12 m.d. contará con la participación de las siguientes expositoras:
Para asistir, deberá confirmar su asistencia a los teléfonos 2562 4062 / 2562 6462.
Organiza: Escuela Ecuménica de Ciencias de la Religión de la UNA, Instituto de Estudios Interdisciplinarios de la Niñez y la Adolescencia, Patronato Nacional de la Infancia, Comunidad Epistémica de Niñez y Adolescencia.
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La Universidad de Costa Rica invita al foro: ¿Cómo afecta la reforma fiscal a la UCR?, a realizarse este próximo jueves 06 de setiembre a las 10 a.m. en el Auditorio Plaza de la Autonomía.
Se contará con la participación del Sr. Henning Jensen Pennington, rector de la Universidad de Costa Rica; el Sr. Carlos Araya Leandro, vicerrector de Administración; la Sra. Rosemary Gómez Ulate, SINDEU; y el Sr. Renato Franco Rodríguez, FEUCR. Moderador: Sr, Ernesto Rivera, director del Semanario Universidad.
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