El próximo lunes 29 de octubre se llevará a cabo el foro: «La posición de los medios ante la actual huelga nacional», con la participación de Isabel Ducca, investigadora y Fabiola Pomareda, periodista, Voces Nuestras.
El Foro tendrá lugar frente a la Plaza Teatro (contiguo el Restaurante Mi Tierra), Plaza de la Democracia.
Enviado por Juan Carlos Cruz Barrientos.
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Walter Antillón
Tal vez el mío sea un pensamiento inactual, rezagado con respecto a la doctrina moderna en el campo tributario, pero sigo convencido (hasta que los sabios me convenzan de lo contrario) que los impuestos directos, y en especial los que recaen sobre la ‘renta’, son los impuestos comparativamente más justos; que su mayor peso dentro del sistema tributario le otorga a éste un carácter progresivo; y que un sistema tributario progresivo es, por definición, el más justo.
La justicia tributaria, además de un imperativo moral, es parte principalísima de la justicia social.
El impuesto sobre la renta se había establecido en varios países europeos ya en el Siglo XIX. Don Alfredo González Flores lo conoció y seguramente lo estudió en Inglaterra, donde residió entre 1898 y 1905. Don Alfredo fue abogado de profesión, pero economista y financista de afición, a partir de su experiencia inglesa. Cuando regresó al país, rodeado de libros y con una serie de ideas claras acerca de Economía y Política Financiera, tenía plena conciencia de la injusticia del arcaico sistema impositivo costarricense, tal como lo dejaría explicado años más tarde:
“…Ricos y pobres siempre ha habido, y siempre los habrá; pero no es justo que, descargando todo el peso de las contribuciones sobre los pobres, estos sientan más de lo necesario su pobreza, mientras los ricos se hagan más ricos cada día, por no tener que pagar lo que en razón y equidad deben pagar y pueden soportar sin fatiga ni sacrificio.”
Conversaciones con el Pueblo, 1916.
Sabemos que cuando don Alfredo González Flores llegó inesperadamente a la Presidencia de la República en 1914, llevaba diez años de formación autodidacta en las Ciencias Económicas y Hacendarias y había hecho sus primeras armas en la política nacional como diputado por el Partido Republicano. Creo que nadie en Costa Rica ha llegado a la Presidencia tan bien preparado y con tantos proyectos como don Alfredo. Inmediatamente se puso a la obra, de modo que entre 1914 y 1917, en medio de la severa crisis económica que se abatió sobre los pueblos, producto de la Primera Guerra Mundial (1914/18), fundó la Escuela Normal de Heredia, que fue una enorme cantera para la formación de educadores; abrió el primer banco estatal (el actual Banco Nacional); creó las Juntas de Crédito Agrícola; ideó e inició la construcción de un hospital para los enfermos de tuberculosis (el Sanatorio Durán); fundó los Almacenes Generales de Depósito; etc. Pero posiblemente el proyecto más deseado que consiguió se hiciera realidad fue la promulgación, en 1916, de las Leyes de Catastro, de Impuesto Territorial y de Impuesto sobre la Renta; proyecto cuya aprobación fue para él un imperativo moral y social: poner a Costa Rica en el camino del progreso que años antes habían seguido con éxito los países “del Norte”. Lo expresó con las siguientes palabras:
“…Toda la enorme diferencia que hay, en cuanto al modo de administrar el Estado y en cuanto a las entidades administrativas, entre el Norte y nuestros países, consiste simple y únicamente en que allá se paga impuestos y aquí no. Entre nosotros todo el sistema se reduce hasta ahora a cobrar derechos de aduana y otra contribución indirecta sobre el consumo, como ella no sea difícil de colectar. Estas contribuciones pesan de manera más injusta sobre el pueblo consumidor y dejan libres o casi a los más obligados a contribuir; es decir, a los ricos, a los grandes propietarios, a las empresas extrajeras, a éstos que en Londres, París, New York y otras ciudades lejanas reciben el importe de sus dividendos, sin molestia ninguna, ni gravamen ninguno; estos que, por no consumir nada en el país, no pagan derechos de aduana, en ninguna forma, en nada contribuyen para sostener los gastos inherentes a la administración pública, a cuya sombra obtienen, sin embargo, todas sus ganancias .”
Carta a un salvadoreño, 1916.
Don Alfredo fue derrocado por los Tinoco en 1917 porque sus leyes de impuestos afectaban los intereses de la oligarquía nacional y de los accionistas de las empresas extranjeras. Y de hecho no hubo en Costa Rica impuesto sobre la renta hasta 30 años después (ley 837 de 1946).
Dicen los que saben que la ley actual (número 7092 de 1988), con gran cantidad de reformas que dificultan su aplicación, ha permitido por su estructura y por su deficiente administración, una altísima cifra de elusiones y evasiones que están pidiendo a gritos un nuevo texto legal y una batería de reglamentos idóneos para colocar a éste, nuestro impuesto progresivo por excelencia, en el centro del sistema tributario.
Hace más de veinticinco años venimos hablando de la crisis fiscal, pero los políticos tradicionales han pretendido resolverla depositando el pesado fardo impositivo en las espaldas del Pueblo. Hasta ahora han fracasado, y la crisis luce peor que nunca.
En mi gran ignorancia, sospecho que esa crisis no se resolverá sino hasta que, al fin, hagamos lo que la oligarquía y las transnacionales impidieron hacer a don Alfredo González Flores en 1917, y han evitado en los siguientes cien años: implantar un sistema tributario justo y progresivo, flexible y equilibrado, sobre la base de un moderno y eficiente impuesto sobre la renta que tendrá que ser el buque insignia del sistema mismo.
Por descontado que la oligarquía, al igual que en 1917, se defenderá con uñas y h . . Pero el Pueblo costarricense tiene aquí una bandera: luchemos porque nuestro Gobierno reformule su actual proyecto tomando como base un impuesto sobre la renta moderno y justo, cuya progresividad prevalezca sobre la regresividad del IVA y los otros miembros del sistema. Formemos un gran foro nacional bajo el nombre de Alfredo González Flores.
Compartido con SURCOS por Flora Fernández Amón
Foto: UCR
Este viernes 26 de octubre a la 1 p.m. se llevará a cabo la presentación del informe final de la investigación «Integración no formal o real: Territorio transfronterizo provincia de Guanacaste (Costa Rica) y departamento de Rivas (Nicaragua)«, en el Aula 4, Edificio Paraninfo Daniel Oduber, sede Central UNED, Montes de Oca.
Enviado por Licda. Megan López La Touche, Divulgadora Académica, CICDE, UNED.
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El Departamento Ecuménico de Investigaciones, DEI nos envía la entrevista sobre la actual situación política que enfrenta Brasil y Latinoamérica (compartida por Onda UNED).
La entrevista a Bruno Simões Gonçalves (Posdoctorado-Psicología decolonial Universidad Federal Rural de Río de Janeiro), la realiza Sebastián Fournier.
Les invitamos a escucharla aquí en Facebook
Enviado por Angie Barrantes Rodríguez, Comunicación / DEI, Departamento Ecuménico de Investigaciones.
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Este 2 de noviembre a las 5 p.m. se presentará la segunda impresión del libro “En el Hospital Psiquiátrico, el sexo como locura”, de Isabel Gamboa Barboza en la Sala 1 de la Biblioteca Carlos Monge Alfaro, Universidad de Costa Rica.
Introduce:
Presentan:
Para confirmar su asistencia, escriba al correo sandra.umanasolano@ucr.ac.cr
Invitan: Vicerrectoría de Acción Social y el Centro de Investigación de Estudios en la Mujer (CIEM) de la UCR.
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Un tema novedoso, controversial, en los procesos de calificación de huelga que están en curso en los tribunales de trabajo, contra el Proyecto de ley de fortalecimiento de las finanzas públicas, N° 20580, concierne a la causa, en el sentido jurídico, de este conflicto colectivo.
Hasta ahora, las sentencias se han partido en dos aguas: algunas determinaron que la huelga de carácter político-laboral, contra políticas públicas, no tiene sustento en nuestro ordenamiento jurídico, cuya consideración llevó a los juzgadores de la mano a declarar la ilegalidad de esos movimientos.
Otros pronunciamientos judiciales, por contrario, definieron que se trata de una especie de huelga atípica, admisible en nuestro ordenamiento, por la vía de la incorporación de los pronunciamientos del Comité de Libertad Sindical, que en materia de huelga han definido los alcances del C. 87 OIT.
Esta controversia judicial, más allá de la crítica de dichos pronunciamientos, que no es objeto de esta reflexión, nos concita a visibilizar y revalorizar la función que los sindicatos deben cumplir en una sociedad democrática.
La Libertad Sindical es un componente esencial de todo sistema democrático. Los juristas más reconocidos destacan que la efectividad del orden democrático, depende de la eficacia de la libertad sindical (Giugni), la libertad sindical es una constante de los sistemas democráticos (Verdier) y Lyon-Caen concluye que no existe democracia, sino existe libertad sindical.
Por nuestro lado, la Constitución Política establece que Costa Rica es una República democrática, representativa, participativa, multiétnica y pluricultural, cuya soberanía reside en el pueblo.
En el marco de esta definición programática, política, que no podemos olvidar la base de producción y apropiación capitalista en que se radica esta declaración constitucional, tenemos que circunscribir la función que le corresponde asumir a los sindicatos.
Los sindicatos son entidades de relevancia constitucional (art. 60), que les compete la representación colectiva de los intereses económicos y sociales de las personas trabajadoras; es decir, los intereses profesionales, cuya consecución se materializa en la negociación colectiva (principio de autonomía colectiva) y también mediante el recurso a la huelga.
Pero la función de los sindicatos no se restringe exclusivamente a esta representación colectiva, de carácter gremial.
Quienes sostienen, por contrario, esta posición reduccionista de la función de los sindicatos -por cierto, con una doble moral, porque, por una parte, la tratan de constreñir a este papel, pero por otra parte, son los primeros que salen a defender las prácticas antisindicales de las empresas-, convenientemente enervan la proyección que se deriva de los postulados del Estado Social de Derecho, democrático y participativo.
Además de la promoción de los intereses profesionales, a los sindicatos no le es ajena la tutela de los intereses político-sociales de la población, en general, dentro de la cual quedan inmersos los intereses de los propios trabajadores y trabajadoras.
Este reconocimiento, en una sociedad plural, democrática, implica admitir, sin más, que los sindicatos pueden confrontar los poderes públicos, en su carácter de tales, contra las políticas públicas, económicas y sociales, recurriendo legítimamente a los instrumentos de participación ciudadana y acciones de autotutela colectiva que comprende nuestro ordenamiento jurídico, incluida la huelga, Libertad de presión y expresión de la clase trabajadora.
La coyuntura nacional por la que atravesamos no podría ser más oportuna para rescatar y resaltar una extraordinaria disposición contenida en el Código de Trabajo, que desafortunadamente pasa por mucho inadvertida:
“Artículo 332.- Declárase de interés público la constitución de las organizaciones sociales, sean sindicatos, como uno de los medios más eficaces de contribuir al sostenimiento y desarrollo de la cultura popular y de la democracia costarricense”.
Esta bellísima norma, de gran calado político, debería estar esculpida en arco, a la entrada del Ministerio de Trabajo, que no obstante que el Código de Trabajo obliga a este despacho de Gobierno a “garantizar la efectividad del derecho de sindicación” (art. 361), las autoridades de turno, cada cuatro años, han quedado con tanta deuda con los trabajadores y defraudado el cumplimiento de esta obligación legal.
La acción política, de protesta social, de los sindicatos contra los poderes públicos que impulsan frenéticamente aquel funesto y regresivo proyecto de reforma fiscal, se ha materializado en los espacios públicos, calles, puentes, plazas públicas, en los paisajes urbanos, rurales y costeros del país, donde los trabajadores han recuperado sus derechos políticos de expresión, participación, movilización, reunión y resistencia, inherentes a la democracia, aunque fueron reprimidos por la acción policial y judicial, que no tienen acceso al lobby legislativo que las corporaciones y los rapaces intereses económicos se garantizan desde el financiamiento de las campañas electorales.
*Imagen con fines ilustrativos tomada de la nota: Caminada Guanacaste a San José Combo fiscal
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Posteriormente a sendos artículos sobre la crisis en la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) publicados en las ediciones N° 2233 y 2234 del Semanario Universidad el Sr. Juan Antonio Casas critica lo que llama la “Judicialización de la salud” y propone una nueva instancia a todas luces para supeditar al Seguro a los intereses privados, bajo la novedosa premisa de que en el Reino Unido existe una entidad fiscalizadora de servicios (La Nación 21/07/18) que no compartimos. Los asegurados de la CCSS se ven obligados a presentar recursos de amparo por la violación de sus derechos en esa Institución. La otra opción, que sería maravillosa para una pequeña elite, es que el asegurado no “judicialice” la salud –como dice Casas- y muera ilusionado con que pronto tendrá respuesta a su mal.
La Ley de la Jurisdicción Constitucional -creada entre otros para garantizar “los derechos y libertades fundamentales consagrados en la Constitución o en los instrumentos internacionales de derechos humanos vigentes en Costa Rica” (Art. 1)- dispone de un sencillo procedimiento para interponer un recurso de amparo contra “toda disposición, acuerdo o resolución y, en general, contra toda acción, omisión o simple actuación material no fundada en un acto administrativo eficaz, de los servidores y órganos públicos, que haya violado, viole o amenace violar cualquiera de aquellos derechos” (Art. 29). No es cierto que hay que ser especialista en salacuartazos para que al asegurado se le devuelvan sus derechos socavados. El recurso no está sujeto a otras formalidades ni requiere autenticación de un abogado.
Se infiere del artículo del Sr. Casas, que los abogados y la Sala Constitucional se han convertido en rectores de la salud y en responsables de que la CCSS tenga que gastar más, pagar altos precios y desplazar a otros asegurados. Esta apreciación no es cierta; la Sala Constitucional solamente ha venido a declarar el derecho cuando en muchas ocasiones, algunos pocos médicos y autoridades, creían que estaban por encima de los asegurados. Vemos desde ya con alguna sospecha la propuesta del Sr. Casas de crear una “institución técnica para monitorear a los proveedores de servicios de salud, tanto públicos como privados, para mejorar su desempeño y la calidad de la atención” en “vez de tener que recurrir a los jueces y tribunales”, supuestamente, para resolver el meollo del asunto. La Sala Constitucional no emite recetas médicas, ni interpreta ultrasonidos, etc., sino que devuelve derechos constitucionales socavados por unos pocos que, en el ejercicio del cargo o la profesión, miran las largas listas de espera o el encogido paciente durmiendo en una silla de ruedas, como algo normal. O con criterio mercantilista miran el costo de los tratamientos inaceptables para la CCSS, a pesar de que otros médicos, apegados al juramento hipocrático y sensible al dolor humano, los han ordenado. Es el Estado y no la Sala, el responsable de hacer que esos derechos fundamentales se respeten bajo los principios de eficacia y eficiencia contenidos en nuestra Constitución Política.
Criticando a la Sala Constitucional y a quienes acuden a ella para rescatar sus derechos menguados es muy cómodo ocultar que desde 1993 los gobiernos de turno y la jerarquía política de la CCSS cambiaron el modelo de atención en salud, elevando más los gastos a la CCSS, prometiéndole ingresos que nunca llegaron y convirtiendo así, según ellos, al Ministerio de Salud, en el “Ente Rector” encargado de “garantizar la calidad de los servicios de salud”. Pero este “no ejerce la rectoría que le corresponde en materia de salud pública” (En Universidad “Los vacíos de rectoría en Salud son enormes” 8/3/2017) ¿Quién entonces es el verdadero responsable de la situación de los asegurados y sus constantes reclamos por sus derechos y no favores como a veces parecen entender el dolor humano algunos funcionarios de la Caja?. Las listas de espera y la mala calidad en los servicios de salud son en algunas ocasiones una especie de eutanasia que reduce costos a la CCSS; o se trasladan a los asegurados, floreciendo así el negocio de la medicina privada, si la persona tiene dinero y quiere quedarse unos días más por estos lados.
*Imagen con fines ilustrativos.
Enviado por Rodrigo Arias López.
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Que un promedio anual de 3833 personas acudan a la sala constitucional en los últimos seis años en busca de salud, habla por sí de la realidad que vive la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) y sus miles de asegurados. (Ver: crhoy.com 31/5/18: Magistrados vuelven a jalar las orejas a la Caja por listas de espera). Por otra parte, cientos de asegurados se consideran humillados, cuando solicitan atención en la CCSS (Ver: “Defensoría recibe 9 denuncias diarias de atrasos y maltratos en hospitales de la CCSS”; La Nación del 23/1/2017).
La realidad, sin embargo, es más compleja que estas quejas. Incluso, difícilmente, puede atribuirse a esta o aquella Junta Directiva de la Caja por el notable deterioro del Seguro. Cuando las decisiones financieras vienen diseñadas de una manera que dejan poco margen de maniobra al gobierno que hemos elegido, es ilusorio pensar que las autonomías de instituciones como la CCSS tendrán larga vida (véase La Nación 6/7/18; El Financiero 5/4/18; La Nación 15/6/18…) Lo cierto es que creímos en las proyecciones hechas desde afuera y desnaturalizamos nuestro patrimonio en materia de seguridad. Paradigmas como “modernizar” la Caja, a todos nos pareció “lógico” porque le agregaban “desarrollar el Sector”, establecer “sistemas de integración”, necesaria “descentralización”, impostergable “desconcentración”, la “sectorización”, la “regionalización” y “democratización” de los servicios; pero los asegurados nos vamos dando cuenta que ello fue como una película en la que sueltan un tigre para que se coma a un burro amarrado (consultar: Memoria Anual 1993 del Ministerio de Salud).
Quedaba a estas alturas plasmar en la ley la fortaleza del tigre. Y sucedió, precisamente, en 1993, cuando la normativa N° 7374 le dice a la CCSS hágase cargo de los servicios asistenciales y preventivos de la salud y el Ministerio de Salud (MS) se dedica a otros menesteres. Prometieron suficientes fondos a la Caja como suele suceder. Se trasladaron entonces 1.515 trabajadores del MS a la Caja y el Ministerio de Hacienda (MH) prometió trasladar mensualmente al Seguro recursos financieros necesarios. (Sic. Artículo 9 de esa ley). En contraste, la CCSS no le facturó al Estado el 20% de los salarios de esos 1.515 trabajadores, incluso en 2008 dejó de cobrar el costo de 350 de esas plazas porque “no estaban ocupadas por funcionarios originalmente trasladados” (Sic.ASF-321-2012, Auditoría Interna de la CCSS del 15/11/2012). La Caja tampoco cobró los costos en servicios no personales, ni los de inversión en construcción y mantenimiento de Equipos Básicos de Atención Integral (EBAIS) y mucho menos el aumento en la planilla de trabajadores para atender las nuevas obligaciones. De esta manera el MS se “modernizó”, reduciendo la nómina de empleados de 6.465 en 1994 a 3.884 en 2000, mientras que la CCSS aumentó su planilla de 27.300 a 31.381 empleados en ese período. En los EBAIS y Áreas de Salud laboran más de 3.500 funcionarios; pero la CCSS, inexplicablemente, cobra al Estado solo por 1.515 asalariados, con los descuentos ya indicados. Esta promoción de varias décadas se traduce en que la Caja regaló al Estado a nombre de todos nosotros ₡163.000 millones en 2017 y aumentó los costos del seguro en 2,26% sobre el PIB. Sin embargo, el MH considera que estos regalos son insuficientes y quiere otra interpretación del artículo 9 de la ley 7374 (ver: Contraloría General de la República, Oficio PE-0506-2016/DM-0576-2016 del 30/03/2016).
Hay que decir que hubo un intento de hacerle justicia a la CCSS, cuando un Tribunal contencioso administrativo, por una demanda presentada por el legislador José María Villalta, ordenó al Estado pagarle al Seguro lo que sus autoridades no cobraban, que era el 15% de las utilidades de sus empresas públicas. ¿Pero adivinen qué pasó? Los magistrados anularon la condena porque la CCSS, la principal interesada, nunca figuró como codemandante. ¡Aunque usted no lo crea! (ver:https://www.nacion.com/el-pais/politica/magistrados-anulan-indemnizacion-del-estado-para-la-ccss/2OYBGXLYQJAATESQVNH7HFNGGA/story/).
*Imagen con fines ilustrativos.
Enviado por Rodrigo Arias López.
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Como una iniciativa socioeducativa y artística para informar sobre las implicaciones del Plan Fiscal, este jueves 25 de octubre se estará realizando la “Caravana del Fraude Fiscal” en San Ramón de Alajuela, Sede de Occidente, UCR:
Enviado por Luis Alberto Soto.
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Considera el Sr. Presidente que debe de celebrar por la aprobación preliminar por parte de la Asamblea Legislativa, del Proyecto 20.580, y lo define como: “…un paso importante y urgente en el objetivo de llevar a Costa Rica hacia una economía sana y estable” (1).
¿Qué se entiende por “una economía sana y estable”? A mi parecer, debe de ser una que sea dinámica, próspera, auto suficiente, sostenible y respetuosa del medio ambiente, que no dependa de las deudas ni de ninguna moneda extranjera y que posibilite la distribución equitativa de la riqueza y el bienestar entre los ciudadanos (art. 50 Constitución Política).
El Sr. Presidente, dice que “Cada persona cuenta en la Costa Rica que seguimos construyendo”. Pero la verdad, lo que cabe decir es que ¡”cada empresa y cada persona que lucre y genere riqueza, cuenta!”. Es un hecho económico reconocido, que son las empresas, nacionales y extranjeras, las que generan los mayores ingresos y grandes capitales y no tanto las personas físicas o asalariadas. ¡Y también es un hecho económico, de claridad meridiana, que tanto la evasión como la elusión fiscal en Costa Rica, equivalen a miles y miles de millones de colones!
Una economía sana y estable, no se puede lograr cargando sobre el pueblo en general y las empresas que sí tributan, el pago de las obligaciones del Estado.
Dicho proyecto, aún no refleja, que como dice el Sr. Presidente: “estamos muy cerca de adoptar medidas de cambio valientes y de fondo”.
El sólo hecho de que las empresas generen empleo, no las exime de tributar, ni dentro, ni fuera de zona franca. El Estado costarricense es uno solo, y nuestro territorio, es uno solo. Nadie debería considerar que sus negocios, en Costa Rica, son extra-territoriales y “blindados” contra el ojo Fiscal y ello incluye al “portal” de importaciones en Golfito. Mucho menos, si se le exige a los ciudadanos asalariados el tributar sin falta y pagar hasta 101 tipos diferentes de impuestos (2). ¡Mucho menos con el nivel de DEUDA PUBLICA que tiene el Estado costarricense!
¿Cree acaso el Gobierno, que nuestro pueblo, tiene que seguir pagando el Impuesto Único a los combustibles, para siempre? («Per omnia saecula seculorum.») ¡Y que el pueblo ama el subsidiar y aumentar con sus sacrificios las ganancias de los ya acaudalados!
¡Cree acaso el Gobierno, que nuestro pueblo debe seguir cargando sobre sus hombros la gigantesca Deuda Pública, aprobando un Proyecto Fiscal como el 20.580 que de ninguna manera provee una solución responsable a la ya añeja falta de recursos propios del Estado! ¡Ponen “remiendos viejos”, en odres nuevos! ( Marcos 2:22).
Ingrese en el siguiente enlace para leer el texto completo:
*Imagen ilustrativa.
Enviado por el autor.
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