Hace unos días, en el programa radial La Lupa que compartí con don Roberto Suñol y don Alex Sibaja, la conversación giró en torno a la necesidad de que el Banco Central inyecte recursos al sistema financiero, para ser utilizados por los sectores productivos nacionales, hoy golpeados por la pandemia.
Desde luego no se trata de regalar la plata; ni se trata de financiarles el reparto de dividendos. Lo que discutimos fue sobre la necesidad de generar fondeo para financiar el capital de trabajo de las compañías y, con ello, tratar de mantener el mayor empleo posible. Externé una opinión favorable, insistiendo en que los criterios debían ser muy claros para evitar abusos. Cualquier esfuerzo para sostener emprendimientos viables y ayudar al empleo debe ser bienvenido.
El Banco Central puede hacerlo; cuenta con los instrumentos para llevarlo a cabo. Pero este asunto de fondear programas para el aparato productivo y la generación de empleo lo tiene paralizado. Está amarrado al dogma monetarista, el cual formula que la función principal del Banco es el control de la inflación, por lo que los demás objetivos pasan a segundo plano. Recuerden que antes de la emergencia sanitaria la economía y el empleo venían de capa caída, pero tenían controlada la inflación.
EMPLEO COMO OBJETIVO PRINCIPAL. Les recordé que el año en que estuve en la Asamblea junto con otros diputados, presentamos una iniciativa para que el empleo fuera también un objetivo principal del Banco Central, al mismo nivel que el control de la inflación. Las dos cosas se pueden hacer. El proyecto original lo presentamos a principios del 2011, diputados de Liberación Nacional, del Partido Acción Ciudadana, del Partido Unidad Social Cristiana, del Partido Movimiento Libertario, y del Partido Accesibilidad Sin Exclusión. Arrancó con buen apoyo. En el año 2013 llegó a ocupar un buen lugar en la Comisión de Asuntos Económicos y en junio del 2013, los miembros de la Comisión lo aprobaron por unanimidad. La iniciativa mantenía en aquel momento un amplio apoyo. Esta condición facilitó que el proyecto se trasladara a la Comisión Plena Primera donde existían la mayoría de los votos para convertirlo en ley de la República.
OPOSICIÓN DE LA PRESIDENCIA. Pero la oposición que se dio esos días desde la Casa Presidencial y desde el Banco Central, hizo que diputados del Partido Liberación Nacional usaran el reglamento legislativo para evitar la votación. Tampoco el Poder Ejecutivo lo convocó en sesiones extraordinarias, en momentos en que pudo haberlo hecho. El proyecto “se varó”. Y finalmente el proyecto fue archivado.
¡SORPRESA! Para mi agradable sorpresa, esta semana me llegó la noticia que 9 diputados del PAC habían presentado de nuevo este proyecto, hoy bajo el expediente 21.264. Esto fue en febrero del año pasado. La exposición de motivos del “nuevo proyecto” presentado por los diputados del PAC, dice con claridad que es una copia del proyecto que originalmente habíamos presentado y que el propósito es ponerlo en la discusión, dado que se había vencido el trámite en la Asamblea.
Hoy está asignado a la Comisión de Gobierno y Administración, cuenta con informe de Servicios Técnicos y se está a la espera de la consulta al Banco Central.
Nótese que, si el proyecto original se hubiera transformado en ley, hoy el Banco Central debería estar actuando sin mayores dudas, ni dilaciones, atendiendo la urgencia del empleo. En buena hora se volvió a presentar esta iniciativa. La evidencia de hoy nos dice la importancia de señalarle al Central que también tiene que velar prioritariamente por el empleo. Si no hay espacio fiscal, y la política monetaria “se parquea”, ¿entonces qué? ¿La mano invisible? ¿El piloto automático? ¡Por Dios, hagan a un lado la ideología y pónganse prácticos!
CONCLUYO. Aplaudo que los diputados del PAC hayan recuperado este proyecto. La situación nacional demuestra que esta es una idea correcta. Y ya le llegó la hora. Los diputados deben aligerar el conocimiento de esta iniciativa y volverla ley de la República cuanto antes.
El Ciclo de charlas/conversatorios para pensarnos en tiempos de COVID-19 invita al conversatorio “Soberanía Alimentaria: la agricultura familiar y promoción del abastecimiento de mercados de cercanía. Realidades, posibilidades y obstáculos”, la cual contará con la participación de Ana Valtriani, Javier Di Matteo y Gina Lipka.
La transmisión del conversatorio será vía Zoom el 30 de junio a las 5 p.m. hora Argentina, 2 p.m. hora de Costa Rica.
El pasado 11 de junio, Estados Unidos anunció oficialmente sanciones contra el personal de la Corte Penal Internacional (CPI) (véase nuestra breve nota al respecto titulada «A propósito de las sanciones anunciadas por Estados Unidos contra el personal de la Corte Penal Internacional (CPI)«).
Este 23 de junio, fueron 67 Estados Partes al Estatuto de Roma los que difundieron un comunicado conjunto rechazando estas insólitas sanciones norteamericanas unilaterales contra la justicia penal internacional.
La iniciativa de esta respuesta colectiva recayó en Costa Rica y en Suiza.
El texto del comunicado conjunto en breve
El comunicado suscrito (véase texto completo reproducido al final de esta nota) precisa que:
«As States Parties to the Rome Statute of the International Criminal Court (ICC), we reconfirm our unwavering support for the Court as an independent and impartial judicial institution. In line with the 11 June press release of the President of the Assembly of States Parties, we reiterate our commitment to uphold and defend the principles and values enshrined in the Rome Statute and to preserve its integrity undeterred by any measures or threats against the Court, its officials and those cooperating with it»
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«En tant qu’États parties au Statut de Rome de la Cour pénale internationale (CPI), nous réaffirmons notre soutien indéfectible à la Cour en tant qu’institution judiciaire indépendante et impartiale. Conformément au communiqué de presse du 11 juin du Président de l’Assemblée des États parties, nous réitérons notre engagement à soutenir et défendre les principes et les valeurs consacrés par le Statut de Rome et à préserver son intégrité sans se laisser décourager par des mesures ou des menaces à l’encontre de la Cour, de son personnel et de ceux qui coopèrent avec elle».
También se señala en este llamado conjunto por parte de sus firmantes que:
«We remain committed to an international rules-based order. The ICC is an integral part of this order and a central institution in the fight against impunity and the pursuit of justice, which are essential components of sustainable peace, security and reconciliation. We will therefore continue to respect our cooperation obligations under the Rome Statute and we call on all States to ensure full cooperation with the Court for it to carry out its important mandate of ensuring justice for the victims of the most serious crimes of international concern».
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«Nous demeurons engagés pour un ordre international fondé sur des règles. La CPI fait partie intégrante de cet ordre et est une institution centrale dans la lutte contre l’impunité et la recherche de la justice, qui sont des composantes essentielles d’une paix, d’une sécurité et d’une réconciliation durables. Nous continuerons donc à respecter les obligations de coopération qui nous incombent en vertu du Statut de Rome et nous invitons tous les États à coopérer pleinement avec la Cour pour qu’elle puisse s’acquitter de son important mandat, qui est de rendre justice aux victimes des crimes les plus graves qui touchent la communauté internationale«.
Es de señalar que por alguna razón, el texto en español de dicho comunicado no ha sido editado en algun sitio oficial de algún Estado de habla hispana, razón por la que nos limitamos a reproducir las versiones oficiales en inglés y en francés.
Como se puede observar, si bien, a diferencia del título, el texto como tal no menciona expresamente a Estados Unidos, reafirma de manera inequívoca el apoyo de los 67 Estados que lo suscriben a la justicia penal internacional, intentando así responder a la inédita decisión norteamericana anunciada el pasado 11 de junio.
Algunos detalles breves sobre los firmantes
Los Estados Partes al Estatuto de Roma suman un total de 123 Estados Partes (según el registro oficial del depositario del Estatuto de Roma, que recae en la Secretaría General de Naciones Unidas).
El listado de los 67 Estados, que antecede el texto del comunicado conjunto divulgado este 23 de junio desde La Haya, permite identificar claramente a Estados Partes al Estatuto de Roma que por alguna razón, optaron por no apoyar la iniciativa que presentaron Costa Rica y Suiza, suscribiendo el texto.
La ausencia de sus firmas obedece posiblemente a fuertes presiones diplomáticas ejercidas por Estados Unidos. En el caso de América Latina, no aparecen El Salvador, Guatemala, Honduras, Panamá ni Paraguay. En el caso de los Estados Miembros de la Unión Europea (UE), Hungría y Polonia tampoco consideraron oportuno firmar el comunicado, al igual que Corea del Sur y Japón en Asia.
En su red personal de Twitter, el Presidente de la Asamblea de Estados Partes, el surcoreano O-Gon Kwon, agradeció a Costa Rica y a Suiza por haber iniciado esta respuesta colectiva.
El hecho que Costa Rica haya sido uno de los que tomó la iniciativa no hace sino reafirmar su tradicional vocación de apego a la justicia y de defensa del derecho internacional. En el caso específico de la CPI, cabe recordar que Costa Rica fue el único Estado en Centroamérica en resistirse a firmar con Estados Unidos un «Acuerdo Bilateral de Inmumidad» (o ABI) en el período 2005-2006, de los más de 100 suscritos por Estados Unidos (véase listado). Al respecto, el tipo de presiones ejercidas por los diplomáticos norteamericanos en los años 2005 y 2006 al más alto nivel en Costa Rica y la respuesta a sus peticiones puede analizarse revisando estos cables confidenciales (véase cable 1, cable 2 y cable 3) dados a conocer por Wikileaks. En el segundo de estos cables, se puede leer que: «After the meeting, however, Arias’s running mate Laura Chinchilla asked for a copy of the U.S.-Colombia Article 98 agreement, which we have since provided her«.
En esta publicación del 2012 de la Universidad para la Paz (véase texto completo), el ex Canciller de Costa Rica Bruno Stagno Ugarte, en su artículo titulado «Defendiendo la integridad del Estatuto de Roma: los altos y bajos del caso de Costa Rica, 2002-2008» desmenuza el impacto de las sanciones a las que fue finalmente sometida Costa Rica por mantenerse fiel a los principios sobre los que se fundamenta la CPI (artículo en pp. 304-331).
A modo de conclusión
Volviendo a las sanciones contra el personal de la CPI anunciadas en este mes de junio del 2020, tal y como lo indicábamos en la conclusión de nuestra nota anterior: «No cabe duda que esta decisión norteamericana no cuenta con ningún precedente en la historia del derecho internacional«.
Foto extraída de nota de prensa titulada «Netanyahu hails Trump for announcing sanctions against ‘corrupt’ ICC», Times of Israel, edición del 11/06/2020
Responder a una insólita decisión unilateral (saludada y celebrada por un solo Estado, Israel) mediante una contraofensiva diplomática colectiva resulta ser un gesto inédito: desde esta perspectiva, el comunicado conjunto suscrito por estos 67 Estados Partes al Estatuto de Roma puede considerarse como una verdadera «première» en la historia de la justicia penal internacional.
Texto integral del comunicado conjunto en inglés así como en su versión en francés, tal como circulado por la Misión de Francia ante Naciones Unidas:
—– Statement in support of the International Criminal Court (ICC) following the release of the US Executive Order of 11 June 2020
endorsed by Andorra, Argentina, Australia, Austria, Bangladesh, Belgium, Belize, Bolivia, Brazil, Bulgaria, Burkina Faso, Canada, Chile, Colombia, Costa Rica, Côte d’Ivoire, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Democratic Republic of the Congo, Denmark, Dominican Republic, Ecuador, Estonia, Fiji, Finland, France, Gambia, Germany, Greece, Guyana, Iceland, Ireland, Italy, Latvia, Lesotho, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Madagascar, Malta, Mexico, Namibia, Netherlands, New Zealand, Nigeria, Norway, Peru, Portugal, Romania, Saint Vincent and the Grenadines, San Marino, Senegal, Sierra Leone, Slovakia, Slovenia, South Africa, Spain, State of Palestine, Sweden, Switzerland, Trinidad and Tobago, Tunisia, Uganda, United Kingdom, Uruguay and Venezuela.
23 June 2020
As States Parties to the Rome Statute of the International Criminal Court (ICC), we reconfirm our unwavering support for the Court as an independent and impartial judicial institution. In line with the 11 June press release of the President of the Assembly of States Parties, we reiterate our commitment to uphold and defend the principles and values enshrined in the Rome Statute and to preserve its integrity undeterred by any measures or threats against the Court, its officials and those cooperating with it.
We remain committed to an international rules-based order. The ICC is an integral part of this order and a central institution in the fight against impunity and the pursuit of justice, which are essential components of sustainable peace, security and reconciliation. We will therefore continue to respect our cooperation obligations under the Rome Statute and we call on all States to ensure full cooperation with the Court for it to carry out its important mandate of ensuring justice for the victims of the most serious crimes of international concern.
We recall that the ICC is a court of last resort, which anchors a system of justice for serious international crimes rooted in national courts. National authorities have the primary responsibility to investigate and prosecute Rome Statute crimes. The ICC only steps in when States are unwilling or unable to genuinely carry out national proceedings.
The ICC, as the world’s first and only permanent international criminal court, is an essential component of the multilateral architecture upholding the rule-of-law. It embodies our collective commitment to fight impunity for international crimes. By giving our full support to the ICC and promoting its universal reach, we defend the progress we have made together towards an international rules-based order, of which international justice is an indispensable pillar.»
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«Déclaration en soutien à la Cour pénale internationale (CPI) suite à la publication du décret américain du 11 juin 2020
Les États mentionnés ci-après ont approuvé cette déclaration en soutien à la Cour pénale internationale (CPI) suite à la publication du décret américain du 11 juin 2020 : Afrique du Sud, Allemagne, Andorre, Argentine, Australie, Autriche, Bangladesh, Belgique, Belize, Bolivie, Brésil, Bulgarie, Burkina Faso, Canada, Chili, Chypre, Colombie, Costa Rica, Côte d’Ivoire, Croatie, Danemark, Equateur, Espagne, Estonie, État de Palestine, Fidji, Finlande, France, Gambie, Grèce, Guyana, Irlande, Islande, Italie, Lesotho, Lettonie, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Madagascar, Malte, Mexique, Namibie, Nigeria, Norvège, Nouvelle-Zélande, Ouganda, Pays-Bas, Pérou, Portugal, République démocratique du Congo, République dominicaine, République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Saint Marin, Saint Vincent et les Grenadines, Sénégal, Sierra Leone, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse, Trinité et Tobago, Tunisie, Uruguay et Venezuela.
En tant qu’États parties au Statut de Rome de la Cour pénale internationale (CPI), nous réaffirmons notre soutien indéfectible à la Cour en tant qu’institution judiciaire indépendante et impartiale. Conformément au communiqué de presse du 11 juin du Président de l’Assemblée des États parties, nous réitérons notre engagement à soutenir et défendre les principes et les valeurs consacrés par le Statut de Rome et à préserver son intégrité sans se laisser décourager par des mesures ou des menaces à l’encontre de la Cour, de son personnel et de ceux qui coopèrent avec elle.
Nous demeurons engagés pour un ordre international fondé sur des règles. La CPI fait partie intégrante de cet ordre et est une institution centrale dans la lutte contre l’impunité et la recherche de la justice, qui sont des composantes essentielles d’une paix, d’une sécurité et d’une réconciliation durables. Nous continuerons donc à respecter les obligations de coopération qui nous incombent en vertu du Statut de Rome et nous invitons tous les États à coopérer pleinement avec la Cour pour qu’elle puisse s’acquitter de son important mandat, qui est de rendre justice aux victimes des crimes les plus graves qui touchent la communauté internationale.
Nous rappelons que la CPI est une juridiction de dernier ressort, qui ancre un système de justice pour les crimes internationaux graves dans les tribunaux nationaux. Les autorités nationales conservent la responsabilité primaire d’enquêter sur les crimes du Statut de Rome et d’en poursuivre les auteurs. La CPI n’intervient que lorsque les États ne veulent pas ou ne peuvent pas mener véritablement à bien des procédures nationales.
La CPI, en tant que première et unique Cour pénale internationale permanente au monde, est un élément essentiel de l’architecture multilatérale qui défend l’état de droit. Elle incarne notre engagement collectif à lutter contre l’impunité des crimes internationaux. En apportant notre plein soutien à la CPI et en promouvant sa portée universelle, nous défendons les progrès que nous avons accomplis ensemble vers un ordre international fondé sur des règles, dont la justice internationale est un pilier indispensable.» —–
Programa Alternativas le invita este viernes 26 de junio a las 6 p.m. por Facebook Live a escuchar el programa que tratará sobre el tema: «Realidad nacional contemporánea«. Conversaremos sobre la realidad económica, social, y laboral de nuestro país.
Este viernes 26 de junio de 4 p.m. a 5:30 p.m. hora Centroamérica, se llevará a cabo el webinar: «Participación de las mujeres jóvenes en América Latina«, a través de Facebook Live de Incide Joven y por medio de la plataforma Zoom, la cual requiere de preinscripción para poder ingresar (cupo limitado).
Urge replantear la estrategia económica frente a la crisis del Covid-19
Tal y como en anteriores ocasiones hemos manifestado, el orden razonable de las cosas aconseja poner máximo empeño en controlar la pandemia. Se debe entonces priorizar la protección de la vida y la salud de las personas, y al mismo tiempo adoptar políticas que alivien la recesión y protejan a los sectores más vulnerables de la población. Todo lo cual es requisito necesario para avanzar hacia un amplio programa nacional para la recuperación de los empleos y de la economía.
Al deteriorarse la situación sanitaria, esto último se vuelve más incierto. Nos preocupa el acelerado incremento de los casos de Covid-19, todo lo cual aparece vinculado a gravísimas irregularidades laborales y a situaciones de pobreza y marginalidad. En ese contexto, cobra mayor relevancia entrar a analizar y discutir la estrategia económica que está aplicando el gobierno de Carlos Alvarado, la cual consideramos arrastra serias limitaciones y falencias. Como explicaremos en lo que sigue, es urgente replantearse esa estrategia.
Prevalece un enfoque ortodoxo y conservador en la conducción de la política económica, lo cual está teniendo negativas consecuencias. Frente a una situación excepcional, parece tenderse al inmovilismo: se sigue haciendo lo que siempre se hizo, excepto por algunas medidas marginales y limitadas, esencialmente anodinas. Pero, lo que es peor, se insiste en propuestas –a las que nos referiremos más adelante– que, de concretarse, agravarán la crisis y la prolongarán en el tiempo. Tengamos presente que enfrentamos un desafío absolutamente inédito, lo cual exige audacia y capacidad de innovación en las políticas que se formulen y apliquen.
El mejor ejemplo de ello lo da el Banco Central, que sigue apegado al objetivo de la baja inflación, no obstante que más bien nos movemos en territorio deflacionario. El gobierno enfrenta presiones para obtener financiamiento, y se ve forzado a pagar altísimas tasas de interés sobre sus emisiones de deuda, y el Banco Central, que tiene a su alcance las herramientas para facilitar el financiamiento y hacer bajar las tasas, prefiere no hacerlo. Miles de micro, pequeñas y medianas empresas, incluyendo emprendimientos de la economía social y solidaria y algunas empresas grandes, están urgidas de un apoyo financiero en condiciones muy favorables que les provea capital de trabajo y les permita transitar por este difícil período y sobrevivir a la crisis, y el Banco Central ofrece tan solo un programa de crédito sujeto a la concesión de garantías de “muy alta calidad”, lo cual es, en realidad, garantía de una sola cosa: que ese programa no servirá.
El equivocado criterio, tan reiterado, según el cual una acción proactiva del Banco Central deteriorará la imagen internacional del país, deja sin respuesta algunas preguntas fundamentales.
Primero, si la recesión de la economía y la destrucción de empleos es uno de los factores principales detrás del deterioro de la situación fiscal, no hacer nada para cuando al menos aliviar la recesión, es, por lo tanto, propiciar que se agudice la crisis fiscal. El Banco Central parece optar por esto último.
Segundo, si los pagos por intereses siguen siendo el factor que, desde el lado de los gastos, tiene mayor incidencia negativa sobre el déficit fiscal, limitarse a disposiciones de muy limitado alcance que no logran que se reduzcan las tasas de interés sobre los bonos de deuda pública, es, nuevamente, propiciar el agravamiento de la situación fiscal. También en este caso el Banco Central opta por la inacción.
Tercero, el estrés financiero al que se ve sometido el gobierno por parte de sectores deseosos de obtener rentas especulativas, introduce el riesgo de que en algún momento el gobierno no logre cubrir todas sus necesidades de financiamiento, lo cual pondría en peligro la continuidad de los servicios públicos. Y si ante una eventualidad como esa –extrema pero no imposible– el Banco Central no hace nada, con ello estará contribuyendo a un agravamiento peligroso de la crisis.
Cuarto, si el Banco Central, paralizado por sus tesis antiinflacionarias, no propone ni lidera el diseño de mecanismos innovadores de financiamiento, que le permitan a la Caja sobrellevar el peso enorme de esta crisis sanitaria, sin sufrir un grave deterioro en su situación financiera, con ello se hará corresponsable en un problema cuyas consecuencias negativas a mediano y largo plazo son incalculables.
Enfatizamos que justificar el inmovilismo del Banco Central, apelando a un problema inexistente –la inflación– o a experiencias del pasado –la crisis de inicios de los ochenta– que se dieron en un contexto histórico y bajo condiciones económicas completamente distintas, es una posición que carece de fundamento en la evidencia disponible.
Por otra parte, resulta cuanto menos misteriosa, la lógica detrás de las propuestas de las cámaras de la gran empresa privada. Por un lado, plantean un larguísimo listado de exigencias de auxilio al gobierno, en lo que claramente implica una operación masiva de socialización de las pérdidas. Del otro exigen recortes draconianos al gasto público ¿Cómo podría dar el gobierno a los empresarios de las cámaras todas las ayudas que estos demandan y al mismo tiempo recortar el gasto? La respuesta a esa pregunta pasa necesariamente por el recorte de salarios públicos y servicios fundamentales como los de salud y educación, el endeudamiento sujeto a diversos condicionamientos y la “venta de activos”, o sea, las privatizaciones. Todo lo cual es tan solo otra forma de socializar las pérdidas empresariales.
Es igualmente misteriosa la lógica recortista y austeritaria por la que ha optado la mayor parte de las élites políticas que tienen representación parlamentaria ¿Serán acaso ideas inspiradas en las hipótesis teóricas –ampliamente desacreditas– de la “austeridad expansiva” (la cual asume erróneamente que la contracción del gasto público serviría de estímulo a la actividad económica y el empleo)? En su calidad de representantes populares, esos diputados y diputadas tienen el deber de explicarle a la ciudadanía, cuál es el razonamiento detrás de esos planteamientos.
Tengamos claro que cuando la economía se contrae, debido a que, a su vez, se reduce el consumo de las personas, la inversión empresarial y las exportaciones, se hace indispensable introducir una fuerza positiva y un empuje ascendente, que frene el derrumbe, y, eventualmente, lo reviertan. En el momento actual, eso solamente puede surgir del sector público y, en general, del mercado interno. Es imperativo ser innovadores en las políticas que se formulen y apliquen, y tener capacidad y disposición para el diálogo generoso y desprendido: solo así se podrá poner en marcha las políticas macroeconómicas que al país le urge, las cuales deben enfatizar el impulso a las micro, pequeñas y medianas empresas y a los emprendimientos de la economía social y solidaria, e incluir, como uno de sus aspectos principales, un amplio programa de inversión pública, planificado para que incorpore un componente de fácil ejecución en el corto plazo, dotado de grandes capacidades para la dinamización del empleo en actividades ambientalmente sostenibles.
Nos preocupa que la negociación con el Fondo Monetario Internacional pudiera quedar planteada en términos tales, que dificulten, y eventualmente bloqueen, los esfuerzos de reactivación de la economía y los empleos. Se está formulando una agenda, en gran medida de tipo ideológico, centrada en el recorte, la austeridad y las privatizaciones, complaciente con las demandas e intereses de grupos muy poderosos, la cual podría ahondar las divisiones que hoy fracturan la sociedad costarricense, y que, además, resulta desatinada desde el punto de vista de los desafíos económicos que hoy enfrentamos.
Una vez más insistimos que es indispensable movilizar ingresos hacia los sectores de la población más carenciados y vulnerables. Primero, por un imperativo moral de compasión, humanidad y solidaridad, pero además porque ello propiciará la reactivación de la economía al reanimar el consumo privado y el mercado interno. Por ello apoyamos el programa Proteger, aunque lo consideramos muy limitado, y lamentamos que varios diputados y diputadas se nieguen a financiarlo.
Consideramos indispensable introducir una reforma tributaria altamente progresiva, que no afecte la actividad empresarial creadora de empleos en actividades rentables y sostenibles, y que se concentre en los altos ingresos personales, las rentas pasivas y los grandes patrimonios personales y familiares. Debe hacerse un examen meticuloso de las exenciones tributarias, incluyendo las concedidas a las zonas francas. Es urgente que el gobierno ponga en marcha un esfuerzo enérgico y decidido de combate a la evasión y elusión tributaria.
Concluimos enfatizando que las políticas de austeridad fiscal, aparte de las dañinas consecuencias económicas y sociales que tienen, son, desde el punto de vista económico, un arma de doble filo, y muy seguramente tendrán un efecto bumerang: impiden que el sector público lleve adelante las políticas macroeconómicas indispensables para reactivar la economía y el empleo, con lo que, de vuelta, provocarán mayor deterioro fiscal y, por lo tanto, mayor crecimiento de la deuda pública.
El grupo Economía Pluralista promueve el estudio, el debate y la reflexión sobre la economía, desde una pluralidad enfoques, y perspectivas teóricas y epistémicas. Está conformado por más de 25 economistas, provenientes de la academia y del ejercicio profesional de la economía tanto en el sector público como en el privado.
Este viernes 26 de junio a las 7 p.m. por Facebook Live de SURCOS Digital se llevará a cabo el foro virtual organizado por la Alianza por una Vida Digna «Rutas críticas en el arte y la cultura frente al COVID-19».
La conferencia de prensa del día de hoy fue realmente triste, vergonzosa e indignante. Uno más de los nefastos capítulos del PAC y que dejan muy en claro la debilidad de la administración Alvarado.
Finalmente, el gobierno le entregó a la UCCAEP una parte del manejo de la crisis derivada de la pandemia; golpearon la mesa, y con servilismo el señor presidente estuvo anuente. Estamos claros que en política hay que negociar, pero lo de hoy demuestra el poder y capacidad que la UCCAEP tiene para imponerse.
Cuando Alvarado hace alusión a la estrategia del baile y el martillo (el original se titula “Coronavirus: El Martillo y la Danza” de Tomás Pueyo, 2020) cae en un error garrafal, pues ese Martillo es imposible de aceptar para la UCCAEP, la cual quiere una apertura inmediata de toda la actividad productiva; indiferentemente de los efectos del COVID-19 en la salud de la población, y en la misma institucionalidad pública. La Danza no existe para la UCCAEP, es un momento inaceptable, pues además de trastocar sus intereses económicos, afecta su hegemonía actual.
En la misma conferencia de prensa, la vocera del capital, la abanderada neoliberal, nuestra flamante Ministra de Planificación, nos regala dos perlas sin disimulo alguno.
La primera, hacer un reconocimiento tácito al respeto a la vida y el respeto a la salud, pero sin dejar de lado que la salud productiva del modelo económico tiene que mantenerse.
Y la segunda, toda una joya de la negociación política y la torcedura de brazos -casi quebradura-, la creación de un “grupo de trabajo económico-sanitario” (nótese la preeminencia de lo económico), así como la coordinación extraordinaria para llegar a entendimientos entre el gobierno y los empresarios. La UCCAEP no está dispuesta a ninguna desviación que afecte sus intereses de clase; aun así, el Ministerio de Salud dispuso alerta naranja para Corredores, aunque quizás este no sea un cantón económicamente muy relevante.
Precisamente medidas irresponsables con la salud como las que propone la UCCAEP han generado una enorme debacle humana y económica en aquellos países donde el empresariado ha definido la direccionalidad de la política pública en materia de atención de la pandemia. Por solo mencionar algunos casos, Trump, Bolsonaro y Piñera se negaron de manera contundente a implementar cuarentenas en el momento del Martillo, y ahí tenemos las consecuencias: 2,302,288, 1,145,906, y 250,767 personas contagiadas, con 121,117, 52,645 y 4.731 personas fallecidas respectivamente al día de ayer.
Para la UCCAEP, la Danza la deben de bailar las personas muertas; no sin antes pasar por sus hospitales, farmacias y féretros. Su martillo no es el que propone Tomas Pueyo, es el de la barbarie.
El pasado lunes el presidente Carlos Alvarado Quesada firmó una importante reforma constitucional, que favorecerá la gobernabilidad o gobernanza nacional, y dará mayor impulso a las gestiones que el Poder Ejecutivo proponga al iniciar cada gobierno.
Se trata de la reforma constitucional relacionada con las Sesiones Ordinarias y Extraordinarias de trabajo del Poder Legislativo, de cada Legislatura.
Las Legislaturas son los períodos anuales de trabajo parlamentario que inician cada primero de mayo y terminan todos los 30 de abril. Así la gestión de un Gobierno o de una Administración política se divide en cuatro legislaturas. Por ejemplo, ahora estamos en la tercera Legislatura del Gobierno de Carlos Alvarado Quesada, desde el 1 de mayo del 2020 hasta el 30 de abril del 2021. La cuarta Legislatura es la que inicia el 1 de mayo del 2021 y termina con su gobierno, y da paso a la primera Legislatura del próximo gobierno, que iniciará el 1 de mayo, cuando se instale el nuevo Poder Legislativo, y el 8 de mayo del 2022, cuando asumen los nuevos diputados y el nuevo Gobierno electos en febrero, o abril del 2022.
Estas Legislaturas se dividen en sesiones ordinarias y extraordinarias, de seis meses cada una, pero de meses alternativos, así en la práctica constitucional venía funcionando que el primero de mayo, de cada año, empezaba un período de tres meses de sesiones ordinarias, que terminaba el 31 de julio, iniciaba uno de sesiones extraordinarias durante todo el mes de agosto, seguía otro de sesiones ordinarias desde el primero de setiembre al 30 de noviembre para cerrar el ciclo, con sesiones extraordinarias desde el 1 de diciembre hasta el 30 de abril.
En las Sesiones Ordinarias son los diputados y sus partidos, incluido el de gobierno, el que tiene la iniciativa de ley. Esto significa que son ellos y solo ellos los que pueden proponer Proyectos de Ley a conocimiento de los diputados, y en las sesiones extraordinarias, son las que la iniciativa de ley le corresponde al Poder Ejecutivo, lo que significa que en estas Sesiones solo el Poder ejecutivo puede proponer Proyectos de Ley, a conocimiento y trámite parlamentario de los diputados.
Si el Poder Ejecutivo no envía Proyectos de Ley la Asamblea Legislativa no funciona, porque para estas Sesiones Extraordinarias, es el Presidente el que las convoca oficialmente con la agenda de proyectos que le interesa se conozcan.
Si en trámite parlamentario de Sesiones Extraordinarias el Poder Ejecutivo retira los proyectos, automáticamente se suspenden las sesiones de trabajo legislativo de los diputados. Dos ejemplos fáciles de recordar asociados a grandes luchas sociales y populares. Cuando el 24 de abril de 1970 la Asamblea Legislativa aprobó el Contrato de la ALCOA, esa misma noche el Presidente Trejos Fernández retiró todos los Proyectos Ley en trámite con la intención de suspender las sesiones y desmovilizar a los estudiantes y pueblo que estábamos en la calle, y quitarle presión popular a la Asamblea Legislativa. El otro fue cuando se produjo la discusión del COMBO del ICE, en la Semana Santa de 2000. Se aprobaron las reformas e inmediatamente se suspendieron los trámites legislativos por retiro de los Proyectos de Ley, esa misma noche, lo que no impidió que la lucha se mantuviera por tres semanas en las calles, hasta, que en este caso, se impuso la voluntad popular y se procedió de deshacer poco a poco lo que se había aprobada ese día Santo.
La forma como estaba estructurado este sistema de sesiones legislativa no ayudaba mucho al proceso democrático electoral nacional, ni contribuía a su fortalecimiento, debido a que al triunfar un partido político en la campaña electoral en febrero, e iniciar el nuevo gobierno en mayo, se encontraba el nuevo gobierno y el Presidente electo, con que en mayo no podía impulsar ningún Proyecto de Ley asociado su reciente triunfo y a lo que el Presidente y su partido habían agitado en la campaña electoral como parte de sus promesas electorales y de sus planes futuros de gobierno. Y al fallar en este cometido ello contribuía a deslegitimar la elección misma y a perder confianza en el gobernante, y su partido, porque no cumplían con lo ofrecido unas semanas atrás, durante la campaña electoral. Y solo tendrían oportunidad de hacer algo en ese sentido a partir de diciembre, cuando iniciaban las sesiones extraordinarias de cinco meses seguidos, pero ya de manera tardía. ¿Por qué? Porque habían transcurrido desde mayo a diciembre siete meses y la vida política imponía, nuevos temas, nuevos problemas y nueva agenda legislativa, y lo ofrecido en la campaña electoral pasaba a segundo término del Gobierno, y estaba en segundo, tercer o cuarto término del control político que ejercen los diputados sobre la gestión de Gobierno. Si uno sigue el llamado “control político” que hacen los diputados, raras veces, pero excepcionalmente raras, los diputados hacer “control político” sobre lo ofrecido por el partido gobernante el Presidente, ya electo y en funciones, sobre sus incumplimientos de campaña electoral. Lo que se impone es la inmediatez de los asuntos políticos y de gestión pública administrativa. Esto es válido para todos los gobiernos hasta ahora.
En la Comisión de Notables, que instaló la Presidenta Laura Chinchilla, yo sugerí y propuse esta inversión de sesiones parlamentarias, pero agrupándolas en dos grandes períodos de seis meses cada una, empezando por las Extraordinarias. Justo para tratar de resolver parte de estos problemas y darle mayor impulso al gobierno y al Presidente que inicia sus funciones.
El lunes pasado, finalmente, se ha avanzado en este sentido. La Asamblea Legislativa aprobó la Reforma Constitucional, y el Presidente ya la firmó, de invertir las sesiones para que cada mes de mayo se encuentre la Asamblea Legislativa iniciando con Sesiones Extraordinarias, desde el primero de mayo hasta el 31 de julio. Digo se ha avanzado porque no aprobaron los períodos concentrados de seis meses para cada grupo de Sesiones Ordinarias y Extraordinarias, tan solo invirtieron el proceso, pero ya es algo.
Esta Reforma Constitucional empezará a funcionar el próximo mes de mayo, de manera que en su fase transitoria, habrá Sesiones Extraordinarias desde el 1 de diciembre hasta el 30 de abril, e inicia, por la actual Reforma, el nuevo período de Sesiones Extraordinarias el 1 de mayo hasta 31 de julio. Aquí, como el Gato Pardo, todo cambia para seguir igual, solo que en la transición 2020-2021, el Gobierno tendrá unas Extraordinarias largas desde el 1 de diciembre del 2020 hasta el 31 de julio del 2021, que será su mayor empujón como Gobierno y como partido gobernante hacia la campaña electoral del 2022.
Obviamente, el que se favorecerá en el futuro 2022 es el nuevo Gobierno con lo que pueda impulsar, de inmediato, a la asunción del Gobierno en paralelo con lo que se ofrezca en la campaña electoral.
Aún con la limitación que señalo del mantenimiento fraccionado en 4 partes de las Sesiones Legislativas, celebro y aplaudo la Reforma al Artículo 116 Constitucional. Con esta Reforma será más fácil avanzar después a la de dos grandes períodos sesiones de seis meses cada una. Esa queda pendiente, pero ya es algo positivo.
Los propietarios del capital como plañideros lamentan las dificultades de las restricciones impuestas al funcionamiento de sus negocios ante el riesgo de la salud pública, pero sus letanías trascienden el malestar economicista, para manifestar su influencia e intransigencia política contra el Gobierno y particularmente contra las decisiones de las autoridades del Ministerio de Salud y la Caja Costarricense de Seguro Social. Los empresarios no sólo influyen en la liberación de las limitaciones de apertura mercantil, sino que exigen que les sea consultada toda decisión que atienda preferentemente la salud pública y no sus negocios, e incluso se atreven querer destituir a las actuales autoridades sanitarias para proponer a otros que sean complacientes con sus intereses, aun cuando se atente contra la salud pública y la vida de las personas. Estas prácticas en la sabiduría popular son metafóricamente calificadas como “lágrimas de cocodrilos”.
La actitud de empresarios y sus Cámaras de propietarios revela que su sensibilidad no es ofrecer trabajo digno a los despedidos ni ofrecer los mejores precios y atenciones a las necesidades ciudadanas, por el contrario, la menor cabida laboral está obligando a que los trabajadores contratados, prolonguen sus jornadas laborales e intensifiquen su trabajo. La motivación para la apertura de los negocios sin restricciones es el restablecer las ganancias, utilidades o excedentes, sin importar las consecuencias en la salud pública de sus decisiones privadas. Dicho breve y popularmente, lo que expresan los propietarios “no es el amor al chancho sino a los chicharrones”.
El poder económico y la “teoría” económica que los ampara ideológicamente, al parecer comparten un pensamiento que se valida a sí mismo, que no requiere renovarse ni actualizarse, porque el poder no lo requiere e incluso puede despreciarlo por tener la capacidad para generar leyes, resoluciones, decretos en su favor, así como imponer condiciones a trabajadores con relativa capacidad organizativa y movilizadora, en un contexto de desocupación, reducción salarial, inseguridad laboral y miedo. El saber del poder, no necesita de la argumentación razonada, lúcida ni contextualizada, como tampoco requiere responder a las críticas, negociar, escuchar y menos aún ser solidarios, porque como dicen los nuestros, “perros que ladran no muerden”.
La prepotencia, unilateralidad y cinismo de los propietarios del capital que, sin compromiso ético ni social, se presentan como las exclusivas víctimas de la crisis sanitaria y los únicos capaces de superar la condición pandémica, cuando son parte de la creación de estructuras de la exclusión y la explotación, sin embargo, amenazan a trabajadores y sus críticos, además de exigir y lograr concesiones financieras, se les otorga millones de dólares en “préstamos” no reembolsables (regalados) y presionan por dictaminar las políticas sanitarias, laborales y sociales del país. Los propietarios del capital, no solo inciden sobre el Estado, quieren ser Estado. Así, parafraseando a Juan Luis de Alarcón y Martínez de 1630, se puede decir que “los muertos gozan de buena salud”.
En el presente crítico, sanitario, económico, político, también se sufre una crisis de la inteligencia. Las teorías o explicaciones de las realidades se han convertido en dogmas, lo nuevo y peculiar pretende ser comprendido con lo viejo y estandarizado, el conocimiento y las iniciativas creadoras son sustituidas por técnicas ajenas a las realidades y sus peculiaridades, las ciencias sociales imitan a las profesiones técnicas, las incertidumbres son sustituidas con infundadas fantasías, ilusiones u otros miedos. Asimismo, los legisladores y gobernantes creen que las sociedades cambian con leyes y decretos, que la democracia es el resultado cuantitativo de las componendas con los ricos y los usureros del sistema financiero. La riqueza privada es ofensiva, inmoral y pone riesgo extinción de la vida y del planeta, e incluso los ignorantes de la historia, de aquellos que detentan el poder económico, estatal y judicial, es tal, que imaginan a los pobres, a los que sufren hambre, los desempleados y los explotados, que son cosas que pueden controlar y supeditar eternamente. No obstante, como ha ocurrido en otros momentos “a todo marrano le llega su noche buena”.
No cabe duda que vivimos una regresión cognoscitiva que se alimenta con las formas mediáticas y de una educación fragmentada, repetitiva, absoluta, descontextualizada de los conocimientos y las realidades. Ello, por supuesto, no hace seres libres sino esclavos del poder, dado que nos necesitan ignorantes, sumisos y temerosos de la violencia. Sin embargo, la dominación omnipotente es una falsa ilusión, porque “no hay peor ciego que el que no quiere ver”.
[1] Catedrático en Administración Pública. Facultad de Ciencias Económicas. Universidad de Costa Rica.
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