SURCOS comparte este artículo del historiador Iván Molina Jiménez, publicado en su espacio https://delpasadoydelpresente.wordpress.com/ y compartido con SURCOS por Juan Carlos Cruz Barrientos.
Finalizada la guerra civil de 1948, los sectores lideradas por José Figueres se dieron a la tarea de desarticular el sindicalismo comunista que empezó a desarrollarse en el país desde inicios de la década de 1930 y arraigó con especial fuerza entre los trabajadores del sector privado.
Luego de su fundación en 1951 y de su ascenso al poder en 1953, el Partido Liberación Nacional (PLN) persistió en ese desmantelamiento, pero con un cambio fundamental: en el contexto de la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética, comenzó a fortalecer un sindicalismo “democrático”, especialmente entre los empleados públicos y, en particular, entre los educadores.
Como resultado de esa política liberacionista, dirigida a diferenciar a los sindicalistas democráticos (provenientes de las capas medias) de los comunistas (pertenecientes a las clases trabajadoras), los funcionarios estatales pronto empezaron a disfrutar de una serie de ventajas que no tenían quienes laboraban en la empresa privada.
Al promover esa diferenciación, el PLN logró no solo que ese sindicalismo democrático se convirtiera en una valla frente a los comunistas, sino que a los sindicalistas del sector público les resultaran indiferentes tanto las condiciones de vida y laborales de los trabajadores del sector privado, como el virulento antisindicalismo practicado por los empresarios.
Frente a tales desafíos, los comunistas, que siempre lograron mantener alguna influencia sindical en el sector privado (sobre todo entre los trabajadores bananeros), respondieron con una estrategia dirigida a ampliar su influencia en las comunidades populares, en el movimiento estudiantil y entre las categorías más bajas de empleados públicos.
Resquebrajamiento
Todo el trabajo realizado por el PLN para utilizar a los empleados públicos como una estratégica contención frente a los trabajadores del sector privado empezó a resquebrajarse durante la administración de Rodrigo Carazo (1978-1982), cuando los efectos de la crisis económica no diferenciaron a los afiliados al sindicalismo democrático de quienes militaban en los sindicatos comunistas.
Hasta entonces, los conflictos sociales se habían caracterizado por manifestarse de dos maneras claramente distintas y separadas: huelgas localizadas en empresas o actividades específicas, y movilizaciones de comunidades que demandaban mejores servicios públicos o una reducción de sus tarifas.
Ambos tipos de protesta social empezaron a combinarse en los últimos años de la década de 1970 cuando, desde la vertiente de los movimientos comunales, se agregó un nuevo instrumento de lucha: el bloqueo de vías públicas.
Crisis
Durante la crisis económica de 1980, este nuevo modelo de conflictividad se consolidó como la forma básica de protesta social frente a políticas públicas que afectaban directamente las condiciones de vida de las clases trabajadoras y de los sectores medios.
Tales políticas, precisamente por su alcance nacional, actuaron como un eficaz catalizador que logró unificar en la lucha común a grupos sociales muy diversos, desde campesinos hasta profesores universitarios.
Poco después, los gobiernos de Luis Alberto Monge (1982-1986) y de Óscar Arias (1986-1990) terminaron de resquebrajar el pacto entre el llamado sindicalismo democrático y el PLN, al apoyar no solo una reforma neoliberal del Estado y la economía, sino al impulsar el movimiento solidarista (que promovía la colaboración de trabajadores y patronos bajo la hegemonía de estos últimos).
Con la crisis de los partidos de izquierda, ocurrida durante la década de 1980, y con la desaparición de la Unión Soviética en 1991 (que supuso el final de la Guerra Fría), los dirigentes sindicales del sector público, pese a que ahora debían competir con el solidarismo, se vieron catapultados a una extraordinaria posición de poder.
Radicalización
Inesperadamente, esas dirigencias no solo dejaron de tener competidores por el lado del sindicalismo comunista, sino que heredaron toda la infraestructura construida por sus rivales tanto entre los trabajadores del sector privado, como entre las organizaciones comunales y estudiantiles.
Evidentemente, para poder hacer un uso más efectivo de tales recursos y fortalecer su nuevo protagonismo, esos dirigentes, que en el pasado se caracterizaron por la moderación, tendieron a radicalizarse, aunque en un sentido socialdemócrata más que comunista.
Como resultado de esa radicalización limitada, que en parte respondía a una cultura de clase media contrapuesta a los sectores populares, los dirigentes del sindicalismo estatal nunca se interesaron por empoderar a los trabajadores del sector privado e incorporarlos, en pie de igualdad, a sus luchas.
Tampoco esas dirigencias –tendencialmente gremialistas, clientelistas y divisionistas– se integraron a la nueva generación de partidos de izquierda surgida después de 1990 (Fuerza Democrática, Frente Amplio), pero sí se aproximaron al Partido Acción Ciudadana (PAC), fundado en el año 2000 por ex liberacionistas que soñaban con retornar a las políticas socialdemócratas del período anterior a 1978.
Tregua
Entre 1990 y 2014, el modelo de conflictividad social prevaleciente en Costa Rica se caracterizó por una confrontación sistemática entre las dirigencias sindicales del sector público y los gobiernos del PLN y del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), identificados con las cámaras empresariales.
La única tregua que hubo en ese casi cuarto de siglo fue durante la administración de Luis Guillermo Solís (electo presidente por el PAC para el período 2014-2018), cuando empezó a reconstruirse el pacto que existió entre esas dirigencias y el PLN antes de 1978.
Dicho proceso fue interrumpido en el año 2018, cuando un nuevo gobierno del PAC, ahora encabezado por Carlos Alvarado, promovió, en alianza con el PUSC, una regresiva reforma fiscal que lo llevó a una confrontación directa con los trabajadores del sector público y con esas dirigencias sindicales.
Proyecto
Como resultado de ese conflicto, políticos vinculados al PLN decidieron impulsar un proyecto de ley que prácticamente ilegalizaría las huelgas en el sector público y facilitaría la disolución de los sindicatos respectivos, el cual fue aprobado por la Asamblea Legislativa el pasado 16 de enero.
Tal aprobación constituye la mayor derrota del movimiento sindical en el país desde las persecuciones posteriores a la guerra civil de 1948. Se ha dado en un contexto en el cual, mientras el Gobierno de Alvarado adopta posiciones progresistas frente a los derechos de las comunidades sexualmente diversas, centra su atención en satisfacer los intereses de las cámaras empresariales y desatiende las demandas provenientes de otros sectores sociales.
El descontento generado por este tipo de gestión gubernamental ha sido políticamente capitalizado por las iglesias y los partidos evangélicos, que han logrado radicalizar en contra de la administración de Alvarado no solo a importantes sectores de educadores, sino también de estudiantes de secundaria y de padres de familia.
Costo
De esta manera, mientras el Gobierno utiliza su progresismo en asuntos relacionados con los derechos de las comunidades sexualmente diversas para tratar de desviar la atención de sus políticas regresivas en términos sociales e institucionales, las iglesias y los partidos evangélicos explotan el descontento generado por esa regresividad para atacar el progresismo cultural de la administración de Alvarado.
Luego de conocido el proyecto legislativo antisindical, que ahora ya es ley de la República, las dirigencias sindicales estatales, en vez de procurar vías que les permitieran articularse directamente con los trabajadores del sector privado, optaron por una estrategia muy diferente: a partir del año 2019, procuraron instrumentalizar a su favor la infraestructura creada por las iglesias evangélicas y los procesos de politización promovidos por sus líderes.
Al final, esta insólita alianza no terminó de fraguarse. Si bien todavía está por verse cuál será el desempeño de los evangélicos en las próximas elecciones municipales, el intento de convertirlos en aliados no logró neutralizar la nueva legislación antisindical.
Ciertamente, el PLN, al legislar ahora en contra del sindicalismo estatal, cerró el proceso que abrió en el período anterior a 1978, cuando lo empoderó para contener a los comunistas; pero el costo para la institucionalidad democrática de la nueva legislación antisindical podría ser muy alto, ya que en lugar de frenar el descontento social, quizá lo incentive a discurrir, en el futuro inmediato, por vías cada vez más incontenibles y violentas.
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