María Amoretti Hurtado
Jubilada y Profesora Emérita de la UCR
Jubilados en Acción: NO PERMITIREMOS QUE LAS ILEGALIDADES DE HOY LEGITIMEN LOS ATROPELLOS DE MAÑANA
He leído con interés, el ensayo crítico del Dr. Walter Antillón (El País,cr. 29 de agosto de 2019), sobre el estado de entrampamiento actual en que se encuentra nuestra Sala Constitucional. Dicho ensayo pone de relieve, al mismo tiempo, el alto y transcendental papel que jugó la Universidad de Costa Rica al generar, desde la Facultad de Derecho, “los importantes cambios que se producirían en los años siguientes en la cultura y la institucionalidad constitucionales y administrativas” de Costa Rica. Entre esos impulsos se describen los esfuerzos de la Facultad por hacer posible, a sus estudiantes aventajados, los estudios de posgrado en el extranjero y la investigación y producción bibliográfica nacional en ese importante campo del derecho. Dichos esfuerzos culminarían, poco después, con la creación de un tribunal y una jurisdicción específicamente constitucionales. En 1989 nace la Sala Constitucional.
En aquellos maravillosos años la Sala enseñaba que la Constitución, por los altos valores que la constituyen y nos constituyen, predomina y prevalece sobre la Ley. Poco duraron esos dorados años. A partir del año 2000, el innoble ejercicio de las cúpulas políticas empezó a debilitar la independencia de la Sala Constitucional, para usarla en su propio beneficio, y no en el del pueblo, hacia el que originariamente se había orientado.
La lectura del ensayo de este Emérito Catedrático de la UCR nos ha dejado claro, que el colectivo de Jubilados en Acción llegó para quedarse. La lucha que emprendimos desde principios de este año de 2019 no es solo por nuestras pensiones; si hubiera sido así, ni siquiera la hubiéramos comenzado. La misión que nos hemos dado desde el inicio ha sido la defensa del Estado democrático y social de Derecho de nuestra nación, bajo el lema que dice: no permitiremos que las ilegalidades de hoy legitimen los atropellos de mañana.
La defensa de la institucionalidad democrática de Costa Rica, basada en el respeto a la Constitución y las leyes, parte de aquellos temas referidos al derecho jubilatorio de los trabajadores del magisterio, pero no se queda ahí porque los enmarcamos en el contexto general del país; de ahí que, para nosotros, es claro que el tema de las reformas a las pensiones es tan solo un distractor para ocultar el verdadero estado de la institucionalidad del país y la metástasis social que se nos viene encima.
Es nuestro deber de universitarios seguir combatiendo los enfoques reductores de la amplitud de esta crisis. El tema que develiza la magnitud del problema, ya lo expuso, con toda la rigurosidad propia de la academia, la fina pluma del doctor Antillón: se trata de la crisis de la Justicia Constitucional de nuestra nación, la cual ha llegado a un punto de no retorno: o se defiende, o no seremos ya nunca más.
El caso de los actuales proyectos de ley para reformar pensiones, que se discuten actualmente en la Asamblea, son una clara muestra de esta crisis de la constitucionalidad, que comienza con la postulación, por parte de la Sala IV, de la primacía del Principio de Equilibrio Presupuestario por encima de los derechos humanos. Sobre la base de este burdo principio contable de dudosa juridicidad -y peor capacidad técnica-, se han emitido las últimas resoluciones de la Sala IV, que avalan los topes a las pensiones del Magisterio Nacional y otros regímenes (véanse los votos a este tenor emitidos a final del 2018).
Para resumir, esquematizo rápidamente la argumentación que planteo sobre este tema de las reformas de pensiones, dentro del marco de la Justicia Constitucional:
1.- En 1968 se reformó el artículo 7 de la Constitución Política y se determinó que los tratados públicos y los convenios internacionales, debidamente aprobados por la Asamblea Legislativa, tienen autoridad superior a las leyes. Por consiguiente, el convenio 102 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) tiene rango superior a las leyes.
2.- Este convenio ordena en el artículo 71.3, que cada país deberá garantizar, la realización de estudios y cálculos actuariales, de manera periódica, para lograr el equilibrio financiero de cada régimen de pensiones o jubilaciones. Estos estudios o cálculos actuariales deberán hacerse, en todo caso, previamente a cualquier modificación de las prestaciones, de la tasa de las cotizaciones del seguro jubilatorio, o de los impuestos destinados a cubrir las contingencias en cuestión (invalidez, vejez o muerte).
3.- Por consiguiente, todas las reformas a los regímenes de pensiones del Magisterio Nacional, realizadas desde el año 1992, HAN INCUMPLIDO ESTA NORMATIVA Y SON INCONSTITUCIONALES.
4.- Es evidente que los actuales proyectos de ley para reformar las pensiones van por el mismo camino del irrespeto al derecho y justicia constitucionales, aumentados por una sorprendente carencia de capacidad conceptual y peor habilidad de sistematización.
Este ejemplo, junto con otros que nos ofrece el doctor Antillón, ilustran EL ATAQUE Y EL ASEDIO POLÍTICO A LA SALA, que se vienen evidenciando desde el año 2000, hasta que la Sala Constitucional, adalid de los derechos humanos, se dejó entrampar completamente.
El proceso tuvo su itinerario, el asedio fue progresivo y constante. Para probarlo, el doctor Antillón analiza el voto 18-019511, relativo a la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, del siguiente modo:
1.- La Sala empieza haciendo suya la visión del gobierno al alabar las medidas fiscales tomadas por este, las cuales califica de “aptas e insolayables”.
2.- A continuación, la Sala postula la primacía del llamado “principio de equilibrio presupuestario.”
3.- Y sobre la base de ese principio, considera entonces correcto condicionar los derechos sociales, a que haya fondos disponibles.
Fue así como la Sala constitucional, adalid de los derechos humanos, llega a a la monstruosa razonabilidad de que los derechos humanos en Costa Rica dependerán, de ahí en adelante, únicamente de las sobras del presupuesto nacional.
El reportaje del lunes 2 de setiembre de 2019 en La Nación debería comenzar por explicarle a la comunidad nacional qué rayos hacen las pensiones del Magisterio en la lista de gastos del presupuesto nacional, si son pensiones creadas por ley como un sistema solidario de reparto con su propio fondo y sus respectivos réditos? También sería bueno que explicaran cómo van a repartir al pueblo lo que dicen que la gente se va a economizar con estas reformas. Si se lo van a depositar en sus cuentas de ahorro, o se lo van a agregar en el aguinaldo cada año.
Una rebaja de los exorbitantes intereses que todos pagamos por nuestras tarjetas de crédito cada mes, eso sí sería un ahorro inmediato y un alivio efectivo de las finanzas de nuestras familias ¿No les parece? Pero eso difícilmente lo veremos en los titulares de los lunes en La Nación. ¿Por qué será? Solo ponga 9 segundos de atención y lo sabrá.
Imagen ilustrativa.
Enviado por Álvaro Vega Sánchez.
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