Ir al contenido principal

UCR, voz experta: El respeto por la memoria, el holocausto no admite difamaciones

  • Por el Dr. Henning Jensen Pennington

«La invocación del holocausto es una muestra de que se han debilitado las inhibiciones políticas e ideológicas», Dr. Henning Jensen Pennington.Foto: Laura Rodríguez Rodríguez.

«… la tierra enteramente ilustrada resplandece bajo el signo de una triunfal calamidad». Estas palabras fueron publicadas por primera vez en 1944. Sus autores fueron los filósofos judeogermanos Max Horkheimer y Theodor W. Adorno y se encuentran en el párrafo inicial de su influyente y todavía enigmática obra La dialéctica de la Ilustración. La tesis central de los «fragmentos filosóficos» contenidos en este libro es que la razón está basada en el dominio, el cual encontró su culminación en el holocausto de la Segunda Guerra Mundial.

«Holocausto» significa literalmente «todo quemado»: desaparecer a la víctima de manera absoluta. El rasgo distintivo de la “solución final” llevada a cabo por Adolf Hitler fue precisamente la aniquilación total de un pueblo: el judío.

Auschwitz es una pequeña localidad en Polonia, en la cual los nazis edificaron un campo de exterminio sistemático. En este nombre, se condensa el horror de la humanidad. Es el epítome de la barbarie.

Estas tierras de conquista, aquí en nuestra América, están manchadas también por la sangre de millones de víctimas. Aquí como allá, los muertos nos demandan ejercer la fuerza débil del recuerdo expiatorio, del duelo reparador, el cual ciertamente no puede deshacer la injusticia perpetrada, pero sí puede despertar la sensibilidad frente a las víctimas, cuyas muertes tocan todavía a nuestras puertas.

La invocación del holocausto por el señor Juan Diego Castro Fernández para criticar al medio CRHoy y a su propietario, Leonel Baruch, no es solo un macabro e inaceptable giro argumentativo, sino una muestra de que se han debilitado las inhibiciones políticas e ideológicas para traer al presente una historia que no debe repetirse. El despertar de estos fantasmas, no solo aquí, es una ominosa tragedia de las primeras dos décadas de este siglo.

 

Henning Jensen Pennington

Rector de la Universidad de Costa Rica

Información tomada de: http://www.ucr.ac.cr/

Sea parte de SURCOS:

https://surcosdigital.com/suscribirse/

Los evangelios, los evangélicos y la agenda pública

El crecimiento de las iglesias evangélicas en América Latina en tiempos recientes ha hecho más visible su presencia pública. Pero cabe señalar que las iglesias y creyentes evangélicos, varones y mujeres, han participado activamente en la vida social y política, especialmente en las áreas de educación, salud, servicios sociales, derechos humanos, acompañamiento a los pueblos originarios, libertades cívicas, actividad sindical, cultura y deportes, resguardo de la naturaleza, entre otras, desde el nacimiento de nuestro país. La lista de nombres (incluso mártires) y sus acciones sería muy extensa, aunque desconocida para gran parte del público. Desde la comprensión del Evangelio, desarrollaron iniciativas progresistas que generaron avances transformadores y positivos de nuestra sociedad.

Sin embargo, vemos con preocupación que en los últimos años los medios informativos han destacado, no siempre con acierto, la actuación de algunos personeros o entidades evangélicas que han expresado sus posiciones en materia relativas a género y aborto, seguridad y otros asuntos mayormente en términos absolutos y polémicos, obviando la realidad que no todos los evangélicos sostenemos las mismas opiniones en estos temas.

Según los evangelios, Jesús no expresó posiciones extremas en temas de moral sexual. Es más, cuando pusieron delante de él una mujer acusada de adulterio, evitó condenarla, rescatando así su vida[1]. En cambio, fue extremadamente duro con el rico que ignoraba al pobre que dormía en la calle frente a su puerta2, y con quien no quiso compartir sus bienes con los pobres3. Jesús vuelca las mesas de los que especulaban con el cambio de dinero y quienes hacían negocio con la religión4, acentuando en sus enseñanzas que “el que quiera ser grande debe servir a los demás”5.

Otros textos bíblicos mencionan las cuestiones de género, pero en un marco de afirmación de la vida y la justicia. Son indicaciones para las comunidades creyentes y no leyes que hay que aplicar al resto de la sociedad6. Son opciones desde la fe, y no un impuesto moralismo fariseo.

La “agenda pública” de Jesús queda anunciada en su invocación profética: “Buenas noticias a los pobres, sanidad a los enfermos, consuelo a los sufrientes, libertad a los cautivos y liberación de los oprimidos”7. Jesús sanó8, enseñó y alimentó a multitudes9, todo gratuitamente y sin exigencias. No fueron solamente discursos sobre valores: fue su práctica cotidiana. En su última enseñanza a sus discípulos antes de su asesinato por parte del Imperio, señala la continuidad de su presencia en el alimentar al hambriento, dar de beber al sediento, recibir a los extranjeros, vestir al desnudo, visitar enfermos y presos10.

En términos actuales, podemos decir que Jesús acentuó sus enseñanzas vinculadas con la igualdad de todas las personas en su dignidad, la justicia social, especialmente en términos de alimentación y hábitat, salud, educación, los derechos humanos, personales y sociales y la solidaridad con y entre quienes padecen, así como el uso responsable y compartido de los bienes y recursos naturales. Por cierto entendemos y alentamos el compromiso de los creyentes evangélicos en el ámbito público y en la política, según sea su vocación. Pero a la vez entendemos que estas siguen siendo las prioridades para quienes tenemos el compromiso de anunciar “el Reino de Dios y su justicia” para todas las naciones.

Por la Federación Argentina de Iglesia Evangélicas

Néstor O. Míguez

Presidente

 

Compartido con SURCOS por Alberto Rojas.

Sea parte de SURCOS:

https://surcosdigital.com/suscribirse/

UNA sola voz…UNA sola lucha. Tiempos aciagos azotan a la U pública

Con estupor somos testigos de una oleada de medidas y descalificaciones orquestadas contra la universidad pública costarricense. La primera embestida ha sido fraguada en contra del FEES a través de la violación a los principios constitucionales que lo reguardan y sus resultados son ya realidad en nuestra institución. El recorte sistemático al presupuesto en el último lustro, contribuyó a una formulación presupuestaria deficitaria para el año 2020, de cerca de 2.500 millones de colones; situación que obligará a hacer más ajustes en áreas sensibles. Ello augura un deterioro aún más significativo de cara al futuro inmediato y, en consecuencia, conllevará una limitación directa al cumplimiento de la misión universitaria.

El segundo golpe arremete contra las convenciones colectivas y los derechos laborales logrados por los trabajadores universitarios. Algunos de estos logros fueron gestados y defendidos desde la creación misma de la UNA. La estrategia se ha enfocado en crear una imagen social distorsionada del funcionario universitario tergiversándolo como un personaje ominoso, cuyo aporte a la sociedad costarricense es casual, simple y mínimo, sumado a lo especialmente caro que le resulta al país por estar cargado de privilegios económicos.

El tercer frente y, desde mi perspectiva, el más peligroso por su carácter perversamente desarticulador de la Educación Superior Costarricense, es el manifiesto interés de algunos diputados de la Asamblea Legislativa de modificar los artículos 84 y 85 de Constitución Política, los cuales resguardan la autonomía universitaria y que desde 1949, aseguran que la educación universitaria se constituya en un bien público social y no en un servicio público más. Dichos artículos garantizan el compromiso financiero del Estado costarricense con la educación, concebida como un medio de desarrollo social, cultural y económico y un vehículo de movilidad social en una sociedad democrática como la nuestra, que apostó por la educación como un derecho humano insoslayable.

Los principales actores de tan feroz ofensiva no ocultan sus rostros ni mucho menos sus pretensiones. Se aglutinan alrededor de la Asamblea Legislativa y de otras instituciones con componendas más o menos evidentes con el gobierno central: se trata de las cámaras empresariales, de la gran mayoría de medios de comunicación, de los grupos asociados al capital nacional y transnacional aunados a una opinión pública profundamente mediatizada que, posiblemente por primera vez en la historia, rebaja el papel cultural y dinamizador de la universidad en su misión y acción a órgano detentador de prebendas. Estos actores han venido orquestado una campaña sistemática que busca la privatización de las instituciones públicas y también eliminar el presupuesto constitucionalmente establecido de las universidades estatales. Con ello se consolida el más duro golpe al estado social de derecho y a la democracia costarricense.

Creo decididamente que para enfrentar estos planes destructivos que afectan a nuestra sociedad como un todo y a la universidad pública en particular, debemos unirnos como comunidad universitaria que somos. Debemos reconocernos como un solo colectivo para luchar contra la desarticulación de la educación superior. Este unirnos bajo un solo objetivo es el reto más grande y urgente. No debemos caer en la trampa de prácticas políticas nacionales partidistas ejercidas fuera o dentro de la universidad para profundizar aún más la ya seria polarización social. Son discursos y prácticas que dividen, que excluyen y que nos roban la ilusión de un futuro más floreciente, de mayor justicia y madurez democrática. Órganos superiores, autoridades electas y aspirantes, funcionarios sindicalizados al SITUN y la Anepuna, funcionarios no sindicalizados, personal académico y administrativo, FEUNA, estudiantado becado y no becado, colectivos universitarios, todos somos la Universidad Nacional. Todas y todos debemos elevar UNA voz, porque hay UNA lucha inminente y esa es la de la defensa de la Universidad Pública Costarricense.

La estrategia a seguir no puede –ni debe– reposar exclusivamente en las autoridades actuales, en el Rector y su Consejo de Rectoría. Allí, lamentablemente para nuestra universidad, el poder de convocatoria ha demostrado ser insuficiente.

Es tiempo de que el tejido universitario fundamental compuesto por las unidades académicas vibre de otra vez. Que la academia como un todo se empodere, convoque al diálogo y articule esfuerzos nuevos, sin dejar de lado la posibilidad de la lucha en las calles. Son las sedes y las unidades académicas, articuladas desde los decanatos, con el apoyo y participación conjunta de las instancias administrativas, quienes conforman la red neurálgica del funcionamiento académico. Ellas son el lugar donde la universidad adquiere sentido para nuestra sociedad, para nuestro pueblo, para nuestro estudiantado. Es desde allí, en las asambleas, los consejos académicos, en las reuniones, en los pasillos y, sobre todo, en las aulas, con nuestros jóvenes, donde debemos recuperar el diálogo y establecer las estrategias de la defensa de la U pública. No tengo duda de que en esta cruzada las organizaciones gremiales universitarias comprenden su papel histórico y que reconocen la importancia de hacer nuevas lecturas sociales y actuar consecuentemente.

Es claro que estos son tiempos complejos que exigen nuestro mayor compromiso y responsabilidad que asegure heredar una universidad pública mucho más fortalecida y legítima, que la que a cada uno de nosotros nos tocó en diferentes momentos de la historia institucional. Llamo, sobretodo, a recuperar su memoria, a reconocer sus principios fundacionales, los aportes sociales logrados en casi cinco décadas, pero también llamo a reflexionar y a actuar sobre las deudas pendientes y los nuevos retos, donde la sostenibilidad financiera asoma preponderantemente. Sólo así podremos defendernos, con todo ahínco, del ataque neoliberal contra la educación superior pública y como Universidad Nacional construir un futuro con sentido y pertinencia social.

Respetuosamente,

Med. Francisco González Alvarado

Académico

División de Educología-Escuela de Historia

Exvicerrector Académico 2010-2015

204510487

 

Imagen ilustrativa de rector de la UNA en firma de acuerdo del FEES con Gobierno.

Enviado a SURCOS por M.Sc. Efraín Cavallini Acuña, Asesor Comunicación, Rectoría UNA.

Sea parte de SURCOS:

https://surcosdigital.com/suscribirse/

Reflexión en torno a la judicialización de la Convención Colectiva

Por uno como todos

Vivimos un tiempo de cambios y de no pocas incertidumbres. El mundo se debate entre tendencias retardatarias y aquellas que presionan para pasar a nuevas formas de organización y convivencia. En el país, acuerdos que nos daban paz social y certidumbre en relación con lo que podíamos esperar, se han ido desvaneciendo, a veces por nuestras propias omisiones, a veces por el ataque encarnizado de oportunistas, a veces porque ya era hora de cambiar, aunque nos resistamos, y otras porque puede ser mejor cambiar lo que tenemos por otras formas de mayor respeto, reconocimiento mutuo y gratificación en la convivencia.

Y nuestra Universidad Nacional no es, para nada, ajena a todo este movimiento. Por eso cada uno y cada una de quienes formamos esta comunidad también compartimos estas incertidumbres, estas tensiones, pero también los anhelos, los compromisos, los proyectos de futuros, las esperanzas de más y mejor universidad.

En ese ambiente, como trabajador universitario, como compañero de jornadas y proyectos, como sindicalista crítico, como intelectual comprometido, como persona con vínculos, necesidades y demandas, uno como todos, comparto las preocupaciones, incluso las incertidumbres de la comunidad universitaria frente a ciertas tendencias que atentan no solo con nuestro estilo de vida, sino con la posibilidad de tener una vida digna.

Es la indignación frente aquellos que, por ejemplo, han satanizado el empleo público y le achacan ser la causa de todos los males del país cuando, en no poca medida, ha sido esta fuerza trabajadora, aglutinada en tantas y tantas instituciones pioneras, como las universidades, la que ha cambiado los escenarios y las realidades de nuestro país.

También es cierto que debemos vernos autocríticamente, pues las tendencias del burocratismo y un confort “acomadaticio” ha podido llevar, en algunos casos, a posturas autosuficientes, desdeñosas de las demandas de las personas y los colectivos; en fin, a perder el horizonte del servicio público. Pero también es cierto que esto es solo el menor de los casos que, por lo mismo que escuece y duele, se hace muy evidente, clama al cielo, y hay que enfrentarlo y cortarlo.

En ese sentido, veo con preocupación el ataque que desde diversos frentes (como algunos medios de comunicación, grupos políticos y oportunistas de turno) se hace contra las universidades públicas y sus convenciones colectivas; estas últimas han sido instrumentos de cambio, mejora social y negociación, que nos han dado la posibilidad de llegar a acuerdos en pro de las mejores condiciones de vida de todos y todas, procuradoras de esa paz social, de equilibrios organizacionales, de combinación de las fuerzas productivas en aras de alcanzar objetivos de desarrollo, que han provocado, en muchos casos, las mejorías y avances de sectores de la población. Y la convención colectiva de la Universidad Nacional no ha sido la excepción, más por el contrario ha sido una norma pionera en algunos temas en el ámbito nacional.

En otro contexto, alguno de más holgura económica, menores presiones fiscales, pero también menores presiones en la operación y la operatividad del quehacer universitario, siendo la nuestra una universidad que, en pocos años, se ha más que duplicado, en estudiantes, en personal, en necesidades espaciales, etc., la convención colectiva pudo cobijar beneficios válidos, que hoy, por el cambio de contexto, requieran revisarse y sopesarse, de modo que nos permita analizar y discernir entre aquello que resulta necesario, desde una perspectiva de humanidad decente y dignidad, y aquello que debiera modificarse, dando lugar a nuevos acuerdos.

Frente a ella, ese espíritu de negociación, de acercamiento de posiciones, que se hace desde una postura responsable y corresponsable, con sentido del bien común, de realismo, pero también de servicio público con visión de futuro, es el que debe imperar, para lo cual no me queda duda tenemos sobrada capacidad.

Lastimosamente, hoy por hoy, la judicialización de nuestra convención colectiva opera como una caja de Pandora, pues -como lo he advertido, desde mi visión jurídica, en los espacios que transitoriamente ocupo- no sabemos lo que puede resultar de ello, máxime que hay quienes (de dentro y de fuera) están ávidos por atacarnos, por cercenar nuestra autonomía, por privar a este país de una de sus principales garantías democráticas, como es la existencia de las universidades públicas.

Sin embargo, aún no es tarde, pues creo que, como comunidad universitaria, de la cual todos y todas formamos parte, independientemente de nuestras funciones transitorias, estamos llamados a entrar en ese espíritu de diálogo y negociación, que nos permita reconocernos como parte de este colectivo y cohesionarnos en torno de los mejores intereses y valores que la UNA ha sostenido y a los que se debe, para acordar las formas organizativas, estructurales y normativas que los protejan y haga operativos. Incluso, esta será la manera de evitar o disminuir las posibilidades de que poderes y agentes externos entren a regular nuestro quehacer y, sobre todo, las condiciones en las que dignamente podremos cumplir con nuestras tareas y compromisos universitarios.

Dr. Norman Solórzano Alfaro-Vicerrector de Docencia, UNA.

 

*Imagen ilustrativa.

Enviado a SURCOS por M.Sc. Efraín Cavallini Acuña, Asesor Comunicación Rectoría UNA.

Sea parte de SURCOS:

https://surcosdigital.com/suscribirse/

Estudios sobre Hombres y Masculinidades en VII Coloquio Internacional

  • Foro Latinoamericano de Masculinidades en la Adolescencia y Juventud

  • 29, 30 y 31 de julio y 1 de agosto de 2019

Los hombres y jóvenes adultos como sujetos de género, en el contexto de la globalización. Interseccionalidad y miradas decoloniales.

El documento que compartimos explica en su introducción: «Estamos pretendiendo conversar entre y acerca de los hombres, desde sus propias voces, y también con la perspectiva de hombres y mujeres que han querido asomarse a esa realidad social e histórica. La pretensión es que este Coloquio sea de encuentro y reconocimiento. También es nuestro interés conversar sobre esas “nuevas masculinidades” que crean redes desde el espacio privado hasta el espacio público, esenciales para la creación de una nueva sociedad democrática e igualitaria de la que todas y todos somos responsables y que juegan un papel imprescindible en este proceso de construcción y visibilización de prácticas emancipatorias hacia la igualdad y contra todas las formas de violencia y discriminación basadas en género«.

Les invitamos a conocer el programa completo ingresando en el siguiente vínculo:

 

Compartido en redes digitales.

Sea parte de SURCOS:

https://surcosdigital.com/suscribirse/

V Seminario Internacional América Latina: Sociedades en cambio: Transformaciones en valores y religión

  • 29 y 30 de julio de 2019

  • Universidad Nacional

Esta es una actividad organizada por la Comunidad Epistémica de Estudios Socioreligiosos de la Universidad Nacional.

La organizan y participan el Observatorio de lo Religioso de la UNA; el CICDE de la UNED; IDESPO; la Escuela Ecuménica de Ciencias de la Religión y el Centro Dominico de Investigaciones.

El CEDI lo está copatrocinando, por la conexión con temáticas que han estado trabajado desde el año pasado en los conversatorios y por la participación del Dr. Amando Robles en la investigación sobre valores y prácticas religiosas en Costa Rica.

Son actividades abiertas de libre asistencia.

Puede ver los detalles de las actividades en la siguiente imagen que les compartimos.

*Imagen con fines ilustrativos tomada de entreparentesis.org

Enviado por Alberto Rojas.

Sea parte de SURCOS:

https://surcosdigital.com/suscribirse/

Participación juvenil: de censuras y paradojas

Marcos Chinchilla Montes

Si bien fueron diferentes las movilizaciones que a la postre se conjuntaron para que cayera la tiranía de los Tinoco en 1919, resulta prudente resaltar las acciones que impulsaron el estudiantado de secundaria del Liceo de Costa Rica, el Colegio Superior de Señoritas y el Colegio Seminario. Un puñado de adolescentes enfrentó al tirano y salieron victoriosos, la historia recuerda a duras penas -por lo de barrio chino- su gesto con la calle que lleva el nombre del Paseo de los Estudiantes.

En 1970, las masivas movilizaciones sociales que se oponían a la firma del contrato leonino contra ALCOA, también incluían a miles de estudiantes de secundaria que a lo largo del país se sumaron a las protestas. Fueron claves no solo en ese momento histórico, sino que pocos años después muchos de ellos y ellas pasarían a integrarse a los movimientos políticos de la izquierda costarricense y a los comunales. Su participación implicó plantarle cara a la vil entrega del país a una transnacional que no solo iba devastar una parte de la zona sur del país, sino que también destruiría formas de organización social propias de la zona.

La lucha contra el Combo del ICE también se conformó por la activa participación de estudiantes de secundaria a lo largo y ancho del país. La defensa de la institucionalidad costarricense se vio enriquecida con su participación en bloqueos, plantones, caminatas, jornadas de información y otras iniciativas que a la postre obligaron al gobierno y a la Asamblea Legislativa a dar marcha atrás. Recuerdo la oportuna intervención de una estudiante de secundaria en uno de los debates a los cuales Canal 7 se vio obligado a organizar: Carlos Vargas Pagán, en ese momento ministro de Planificación, y un férreo defensor de la privatización del ICE, insistía en la tesis de que el estudiantado de secundaria no tenía nada que hacer en las manifestaciones; cuando el micrófono llegó a la chica que estaba en los alrededores del canal, esta lo increpó destacando la contradicción de que en las elecciones presidenciales del 98 los diferentes partidos llamaban a la juventud para repartir propaganda, pero en el marco de esa lucha, les negaban su derecho a posicionarse y organizarse. Guardó silencio el señor ministro.

Más muestras de participación de la juventud las tenemos en la lucha contra el TLC, en la lucha contra la instalación de una mina a cielo abierto en Crucitas, en contra de los intentos de represar ríos, o por la mejora de la infraestructura pública educativa, dichosamente el etc. se hace largo.

El Código de la Niñez y la Adolescencia (Ley 7739, año 1998) en el artículo 60, inciso b, plantea en los principios educativos “Respeto por los derechos de los educandos, en especial los de organización, participación, asociación y opinión, este último, particularmente, respecto de la calidad de la educación que reciben”. Paradójicamente el gobierno de Carlos Alvarado, y en particular el Ministerio Educación Pública, le dan una estocada mortal a ese principio en la actual coyuntura de movilización social, al indicar que presentarán “una denuncia penal contra 10 estudiantes responsables del cierre y suspensión de clases en el Colegio Técnico Profesional de Pital (Semanario Universidad, 22-07-2019)”. La medida, necesariamente tiene que interpretarse como un intento desesperado de apagar cualquier conato de organización, participación y movilización de los miles de estudiantes que pusieron en jaque al gobierno a finales del mes de junio.

Censurar la participación de la juventud se enmarca en el precepto de instrumentalizar, dirigir y condicionar la participación de este sector social, para evitar así no solo su empoderamiento, sino también para impedir la inclusión de sus necesidades presentes y especialmente las futuras, en la agenda pública y política. Es una participación que en el pasado hemos denominado “con techo”, y que regula con precisión los escenarios en los cuales los sectores dominantes están dispuestos o no, a que participe la sociedad. La magnitud de las manifestaciones estudiantiles de junio pasado presagia el surgimiento de liderazgos estudiantiles, de su articulación, de su madurez política en evolución, y particularmente, de su recurrencia a la movilización para avanzar en materia de derechos. La clase política y empresarial procurará someterles.

Post scriptum. De novela de terror, la diputada Nidia Céspedes, representante del fundamentalismo cristiano, propuso una moción para prohibir que las personas jóvenes puedan expresar su orientación sexual e identidad de género. Ni avances personales ni avances políticos para la juventud.

 

Imagen ilustrativa de estudiantes puntarenenses.

Sea parte de SURCOS:

https://surcosdigital.com/suscribirse/