Segundo Manifiesto de la Iniciativa Universitaria por Nicaragua
Casi un año ha transcurrido desde que estalló la gran protesta en Nicaragua. La leve señal de malestar estudiantil -lo que al principio parecía ser- fue severamente reprimida y, entonces, el malestar se volvió enojo y se hizo general. Al grito de que eran delincuentes o, peor aún, terroristas, el gobierno de Daniel Ortega emprendió su mortal cruzada contra estudiantes, primero, y luego contra cualquier voz disonante, de las muchas que tenían años de soportar el silencio ensordecedor propio de las dictaduras.
Las personas campesinas opuestas al sacrificio de sus tierras ancestrales para la edificación de una canal dudoso en el centro mismo de la soberanía nicaragüense; las ambientalistas indignadas por la alegre complacencia del régimen cuando ardió la Reserva Indio – Maíz; las defensoras de los Derechos Humanos; las militantes del Movimiento de la Diversidad y las representantes de la prensa crítica al régimen, particularmente, fueron asesinadas, encarceladas, torturadas y forzadas al exilio o a la vida clandestina.
Solo ha pasado un año y sabemos que no, que no eran delincuentes, que eran estudiantes. Personas de bien cuya voz de libertad, por supuesto, causaba terror entre los que, desde las alturas del poder, tenían ya escrito su monólogo y no admitían ni una coma fuera de su línea. Menos aún un punto y aparte, o un borrón y cuenta nueva. Quedó claro asimismo que las voces no eran solo de estudiantes, de una juventud desengañada, sino de toda la sociedad nicaragüense, que compartía su indignación.
Sabemos también que el levantamiento de abril dio paso a una insurrección popular y que esa insurrección ha sido civil y ciudadana desde el principio: busca el cambio democrático al mismo tiempo que la paz. Y tenemos hoy día claro, como también lo tiene todo el mundo, que Daniel Ortega es un dictador y su gobierno una dictadura con prácticas mafiosas: mató a cientos de jóvenes; torturó y encarceló a todavía más; desterró a miles de opositores o los forzó al silencio de la vida clandestina; intentó liquidar la prensa crítica y atacó a los organismos de defensa de los Derechos Humanos. Sin ir más lejos: tan dictador es Daniel Ortega que hasta portar la bandera del país ha sido prohibido.
A estas alturas puede afirmarse que no hay vuelta atrás: Nicaragua va hacia el futuro. Pero el cambio que se ve venir trae consigo sus peligros. Por ejemplo, que no avance lo suficientemente rápido la unidad de los opositores al régimen, que se caiga en la trampa de un discurso (dizque) antimperialista – de sectores como el orteguismo que no han tenido problemas con imperio alguno en muchos años – o, que se les sugiera a las potencias de ayer y hoy que jueguen geopolítica en Centroamérica. Lo peor de todo sería que la oposición de hoy repita como gobernantes los errores de las dictaduras que hoy están a punto de dejar atrás. Lo bueno es que todas las razones existen para creer que estos peligros se van a conjurar. Y, en el caso de los que no estamos en Nicaragua, el riesgo sería que nos engañáramos creyendo que el problema es solo allá, y que caigamos en la indiferencia.
Como parte de esa gran reacción surge en Costa Rica la Iniciativa Universitaria por Nicaragua (IUN), abocada en primer lugar (pero no en único) a la defensa del principio de la Autonomía Universitaria, pues consideramos que la prosperidad de un país está directamente relacionada con la libertad con que en él se practique el pensamiento. Las universidades libres son un requisito de la prosperidad de una sociedad.
Hasta el día de hoy la IUN ha organizado charlas, conferencias, actividades artísticas y culturales y cursos sobre la situación nicaragüense. Realizamos el curso “Territorio y Sociedad en Centroamérica”, expresamente dirigido a estudiantes nicaragüenses en exilio en Costa Rica. Apoyamos la conformación Con universitarias nicaragüenses acompañamos la constitución del grupo de “Las Volcánicas”. Apoyamos la marcha contra la xenofobia en agosto d2 2018 y la Caravana de la Victoria en diciembre. Ante todo, hemos dado acogida a numerosos estudiantes que han hecho de Costa Rica su refugio.
A casi un año de la lucha civil en Nicaragua, y próximos a cumplir nuestro primero como Iniciativa, anunciamos nuestra determinación de continuar haciendo nuestra parte. La dictadura se irá más temprano que tarde, la paz será restablecida y se abrirán las puertas a la creatividad para la edificación de la democratización del país y la edificación de un nuevo orden en el que prive la justicia y una nueva institucionalidad al servicio del pueblo, que las y los nicaragüenses sabrán cómo definir. Universitarias y universitarios, es decir, quienes compartan el espíritu universitario, de allá y de aquí, debemos estar preparados para cuando se nos necesite.
En Nicaragua están sucediendo cambios que habrá pronto de profundizarse. Mucho de lo que allí ocurra tendrá un gran efecto en la región centroamericana. Es fundamental estar presentes desde ahora. Por eso, invitamos a participar en la IUN a quienes comparten nuestros fines. Toda idea es bienvenida; toda opinión, escuchada; toda ayuda material, muy agradecida.
Lo vivido desde el pasado abril, hasta el presente, a pesar de los crímenes de la dictadura, da pie al optimismo. Esta sociedad, que no hace mucho vio un cambio de siglo – e incluso de milenio – va muy bien hacia un cambio de algo más que un gobierno. Y eso es cosa nuestra también, de quienes imaginamos universidades libres para sociedades llenas de ideas.
A un año de insurrección en Nicaragua, se impone un alto para recordar todas las víctimas del orteguismo y renovar ideales y tareas. Que sea un alto breve, eso sí, porque queda mucho futuro por construir.
25 de marzo de 2019, Ciudad Universitaria Rodrigo Facio, San José, Costa Rica.
A quienes la frase les parezca un anacronismo extraído de los viejos textos del marxismo, del leninismo, del maoísmo o del guevarismo, por lo que a estas alturas no tiene vigencia alguna, me permitiré aclararles que nace de un texto muy costarricense, que es parte fundamental de la Ley Número 8364 del 15 de julio del 2003. Publicado en la Gaceta Número 146 del 31 de julio del 2003 y que forma parte esencial del párrafo primero del Artículo noveno de nuestra Constitución Política vigente que, como saben, reza: “El Gobierno de la República es POPULAR, representativo, PARTICIPATIVO, alternativo, y responsable. Lo ejercen EL PUEBLO y tres Poderes distintos e independientes entre sí, el Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial”. (Con mayúscula los conceptos que enfatizo). Es evidente que este párrafo tiene como propósito fundamental el de que, con su puesta en práctica, nuestra mítica democracia, se transforme en real DEMOCRACIA mediante la cual el “démos” (pueblo) se convierta en “krátos” (autoridad suprema). Dicho en lenguaje más coloquial, lo que se pretende es que nuestro Pueblo, recupere su finca-patria -que por cierto ha construido en su totalidad con su esfuerzo cotidiano- y que le ha sido usurpada, mediante todo tipo de mentiras y malas, artes por una reducida “argolla” nacional en complicidad con sus compinches extranjeros.
Este despojo se ha empezado a desarrollar desde la Colonia misma y, a partir de la Independencia de España, no ha hecho más que consolidarse. De esta manera, cuando el país al independizarse necesitó crear su propio gobierno, la élite sin oposición alguna montó, con gentes de su plena confianza y fidelidad, todo el aparato administrativo del naciente país, conformando así su Estado con sus empleados públicos, que hasta hoy han sido financiados, junto a las funciones que realizan, en su totalidad y en última instancia, por el Pueblo trabajador, honesto, solidario y esforzado. El Estado costarricense jerárquicamente se constituyó desde entonces así: sus dueños -los grandes ricos nacionales y sus cómplices transnacionales-; sus administradores integrados como Poder Legislativo, Ejecutivo y el Judicial, coadyuvados muy eficientemente por su fiel cómplice la religión en particular la católica y todos los demás recursos, tanto de manipulación ideológica como de coerción y represión social y, como fuerza de trabajo, el Pueblo en general. A fin de consolidarse en el Poder, cínicamente la élite hegemónica bautiza a su Estado como “Democracia Representativa” en la que el Pueblo es “legalmente” desplazado del poder real, como se comprueba con solo leer atentamente estos párrafos constitucionales: “La potestad de legislar reside en el pueblo, el cual la delega en la Asamblea Legislativa por medio del sufragio” (Artículo 105 constitucional) y, a la vez, “El Poder Ejecutivo lo ejerce, en nombre del Pueblo, el Presidente de la República y los Ministros de Gobierno en calidad de obligados colaboradores” (Artículo 130 constitucional) y, para colmo, “El Poder Judicial se ejerce por la Corte Suprema de Justicia y por los demás tribunales que establezca la ley.” (Artículo 152 Constitucional) siendo, que “Los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia serán elegidos por un período de ocho años y por los votos de dos terceras partes de la totalidad de los miembros de la Asamblea Legislativa.” (Artículo 158 Constitucional). ¿Puede el Pueblo tomar todos estos poderes, es decir, el Gobierno patrio? Teóricamente si: “Los ciudadanos tendrán el derecho de agruparse en partidos para intervenir en política nacional, siempre que los partidos se comprometan en sus programas a respetar el orden constitucional de la República” … (Artículo 98 Constitucional). La pregunta lógica aquí es ¿por qué nunca un partido realmente del, por y para el Pueblo ha podido tomar el Poder en Costa Rica, siendo un proceso tan simplemente descrito por este último artículo?
Si bien es cierto constituir un partido político es teóricamente bastante fácil (ver www.tse.go.cr/pdf/normativa/constitucion_inscripcion_pp.pdf ), la realidad es muy diferente cuando el naciente partido sinceramente asume la tarea de luchar por la defensa, el fortalecimiento y la ampliación constate de los legítimos Derechos laborales y Humanos en general de nuestro Pueblo pues, en estos casos, los obstáculos se van haciendo cada día más difíciles de superar, conforme se avanza en su constitución legal, su inscripción, su instalación, su funcionamiento y, se convierten en infranqueables en cuanto a adquirir los votos necesarios para alcanzar un total triunfo electoral, veamos por qué: los grandes ricos nacionales e internacionales que hoy ostentan el poder, históricamente han establecido muy efectivos mecanismos para mantener incólume su hegemonía tales como, la religión fanática, la educación domesticadora, los grandes y más populares medios de información, la cultura oficial -que incluye el manejo de tradiciones, mitos, costumbres, en fin, el folclore en general-, las tradiciones familiares, el ordenamiento jurídico, la “politiquería”, los sindicatos pro patronales, etc, etc. Y, si estos recursos fallan pues aplican todo el aparato represivo del Estado que, como decíamos. está concebido para ser quien imponga, aplique y mantenga sus leyes mediante sus Poderes Legislativo, Ejecutivo y particularmente Judicial con su Sala Constitucional incluida y, en materia electoral, el Tribunal Supremo de Elecciones. ¿Qué hacer entonces? La respuesta es simple de plantear, pero requiere que como Pueblo despertemos, nos informemos, nos unamos, nos organicemos, nos empoderemos, nos movilicemos y nos troquemos, en supremo acto democrático, en Poder Popular.
Creemos que, con un ejemplo simple, práctico y de plena vigencia hoy día, podemos aclarar y, más aún, empezar a realizar lo que proponemos. En febrero del 2020, nuestro Pueblo está convocado para elegir sus gobiernos locales. para tal propósito tenemos dos caminos: constituirnos e integrarnos en partidos políticos lo que significa separarnos y pelearnos estúpidamente entre nosotros, que es lo que la argolla hegemónica quiere -“divide y vencerás”- o, en Poder Popular; sigamos esta última vía, en todos nuestros cantones, distritos y caseríos hay Asociaciones de Desarrollo Comunal (ADC) y educadores. Pues bien, presionemos como Pueblo para que la Unión Cantonal respectiva, unida a las organizaciones magisteriales y con el aporte de la ciudadanía en general, elaboren el Programa de Gobierno que deberá ejecutar, sean quienes sean, la nueva Alcaldía y el nuevo gobierno municipal pues, de no hacerlo el Pueblo y sus organizaciones, le presionarán hasta que lo cumpla o les destituyan mediante los procedimientos establecidos. ¿Es muy difícil elaborar este Plan de Trabajo? Pues no ya que todas las ADC por ley, deben tener su propio Plan de Trabajo, que recoge los problemas más importantes de su jurisdicción y cómo resolverlos así, el Plan de Gobierno para la Alcaldía será, simplemente, un resumen de los Problemas y Soluciones más importantes de cada Plan de trabajo de las ADC, a los que se agregarán las de otros grupos sindicales, deportivos, estudiantiles y cívico-culturales en general del respectivo cantón. Evidentemente el sector gremial magisterial con sus diferentes organizaciones tendrá una participación, por razones obvias fundamental. De esta manera el Pueblo queda unido, despierto, informado, organizado, empoderado, movilizado y conformado en Poder Popular soberano, como lo pide, reiteramos, la auténtica Democracia.
Dentro de pocos años, con simple coordinación, la soberanía popular se extenderá por todo el país, de manera tal que no volverá a ser el Pueblo esclavo al servicio de las argollas sino amo y señor de nuestra Finca-Patria rescatada y de sus servidores públicos. Sin violencia, sin víctimas y sin menoscabar la DEMOCRACIA sino llevándola a su máxima expresión. A corto plazo y para cimentar cada vez más este Poder, deberemos diluir ese dominio absoluto hoy monopolizado por las élites y, al hacerlo, consolidaremos para siempre la auténtica democracia. ¿Cómo diluir este dominio? Recordemos que se entiende por “diluir” a la acción de deshacer un cuerpo o sustancia en un líquido hasta que sus partículas queden incorporadas a dicho líquido, pues bien, el “cuerpo” a diluir es el dominio y el “líquido” es el Pueblo. Para empezar, se deben desconcentrar las actividades económicas y descentralizar la administración pública, ubicándolas en polos de desarrollo científicamente distribuidos por todo el país, manteniendo incluso la misma organización política que hoy se tiene por distritos, cantones, provincias y regiones, eso sí, fortaleciendo al máximo sus mismas organizaciones populares de base, para lo cual es indispensable aplicarles la misma receta de participación de un Pueblo, reiteramos, cada vez más EMPODERADO esto es, con las “partículas de poder” activadas al máximo controlando soberanamente su país del que, ahora sí, será su dueño en pleno. Así, el legítimo anhelo de construir, vivir y disfrutar una sociedad conformada por seres humanos integralmente felices, fraternales, justos y desarrollando todas sus potencialidades, en medio de una Naturaleza inteligentemente protegida, dejará de ser una utópica tentación y será nuestra cotidiana realidad.
Son incansables las luchas contra una y otra estrategia de estado racista costarricense, este que después del genocidio durante la colonización y saqueo se conformó como una patria blanca y un muy marcado estatus social donde los indígenas continuaron siendo reducidos e invisibilizados.
Este 18 de marzo, Naciones Unidas dio a conocer su informe final, titulado «Report of the detailed findings of the independent international Commission of inquiry on the protests in the Occupied Palestinian Territory«: el informe fue elaborado por Santiago Cantón (Argentina), Sara Hossain (Bangladesh) y Kaari Betty Murungi (Kenya), expertos en materia de derechos humanos, a solicitud del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas.
Un informe detallado precedido por una versión preliminar presentada el 28 de febrero del 2019
Habíamos tenido la oportunidad de analizar una versión preliminar de este informe (22 páginas), la cual se difundió desde la sede de Naciones Unidas en Ginebra el 28 de febrero del 2019. En esta nota, referíamos al histórico temor que para Israel (y para su incondicional aliado norteamericano) representa la Corte Penal Internacional (CPI) y el derecho penal internacional como tal: véase breve nota nuestra titulada «A propósito del reciente informe de Naciones Unidas que califica duramente exacciones cometidas por Israel contra civiles palestinos«.
Foto de la Embajadora de Estados Unidos Nikki Haley saliendo de la sala del Consejo de Seguridad en Nueva York al iniciar su alocución el representante de Palestina el 15 de mayo del 2018, durante una sesión sobre la violencia de Israel contra manifestantes participando en la Marcha del Retorno. Foto extraída de nota de prensa titulada “EE.UU. se queda solo en la ONU” (La Vanguardia, edición del 16/5/2018).
Pese a los distintos intentos realizados por Estados Unidos y por Israel para evitar a toda costa una investigación sobre la violencia cometida por Israel a partir del 30 de marzo del 2018 contra manifestantes palestinos, los resultados de esta investigación por parte de Naciones Unidas fueron dados a conocer. Cabe recordar que, a raíz de la resolución del Consejo de Derechos Humanos adoptada en junio del 2018 ordenándo dicha investigación (con los únicos votos en contra de Estados Unidos y de Australia), Estados Unidos optó por retirarse del Consejo de Derechos Humanos (véase nuestra breve nota titulada: «El retiro de Estados Unidos del Consejo de Derechos Humanos: breves apuntes«).
El contenido del informe: algunos extractos
El texto analiza en detalle las diversas exacciones cometidas por Israel contra manifestantes palestinos en el 2018, durante la denominada «Marcha del Retorno«. Como es sabido, fueron más de 23.000 palestinos heridos (de los cuales más de 6000 por disparos israelíes) y fueron 189 personas palestinas las fallecidas, de las cuales 183 por disparos mortales de las fuerzas militares israelíes (véase informe, páginas 104-106, incluyendo ilustrativos gráficos).
En su informe (véase texto completo), los tres expertos detallan diversos aspectos relacionados con las múltiples exacciones cometidas por Israel, así como la falta de investigación y sanción de sus responsables militares; además, como tema que debería interesar también a expertos en comunicación y periodismo, analizan algunos episodios en los que se deja claramente entrever una estrategia tendiente a desinformar lo ocurrido por parte de algunas autoridades y algunos medios de prensa (véase párrafos 828-856).
El texto del informe, cuya lectura completa se recomienda, está únicamente disponible en inglés (véase sitio oficial de la «United Nations Commission of Inquiry on the 2018 protests in the Occupied Palestinian Territory«): sería de gran interés que sea traducido a otros idiomas oficiales de Naciones Unidas, en aras de permitir una amplia difusión de su valioso contenido.
Leemos por ejemplo, entre muchos hallazgos que ameritarían ser divulgados, que:
«735. A number of international doctors with experience in conflict zones who worked in Gaza’s hospitals between 30 March and 31 December 2018 concurred, asserting that the gunshot wounds from the demonstrations were caused by high-velocity bullets fired at relatively close range. They agreed that “absolutely horrific” injuries featuring complex tissue and bone damage are entirely predictable when high-velocity ammunition is fired into human bodies by snipers. As the doctors explained: “that is what a sniper bullet does. It is what it is designed to do.” In the view of one doctor the Commission spoke to: “…using high velocity bullets on a population that are 100 metres away doesn’t make sense, it is like using a tank to kill a fly«.
Foto extraída de nota de prensa titulada «Ejército israelí mata a una enfermera palestina que asistía a heridos en la frontera de Gaza» (LaRed21, Uruguay, edición del 4/06/2018).
Con relación a Estados terceros, leemos que para los tres expertos, hay actitudes (y silencios) que los Estados deberían de poder cambiar por acciones en aras de que se respete el derecho internacional humanitario:
«966. In addition to the primary obligations for accountability that fall on Israel and Palestine, third states also bear such obligations. High Contracting Parties of the Geneva Conventions have undertaken ‘to respect and ensure respect’ for the Conventions in all circumstances. The grounds for triggering this obligation include deterring the commission of any violation of the four treaties, though practice generally deals only with grave instances, for example serious breaches of the Geneva Conventions. The obligation has traditionally been understood to encompass a negative duty not to encourage, aid or assist other parties to the Convention to commit violations. States that substantially support a party to a conflict have a heightened obligation. More recently, the ICRC has interpreted an external component of the obligation on the assisting state to ‘ensure respect’ for the rules of IHL by all other states. This positive duty includes an obligation to prevent violations when there is a foreseeable risk that they will be committed, and to prevent further violations in the event they have already occurred. This requires all states that have ratified the Conventions to use their influence to compel fellow State Parties to the Conventions that are at the time involved in an armed conflict or occupation– whether against states or non-state actors – to respect the Conventions (i.e., obligations erga omnes partes). The obligation holds irrespective of the duty bearing states’ connection to the armed conflict or occupation, either through its actions or proximity«.
El texto viene acompañado de fotos, tomas aéreas, gráficos, así como un juego de notas en pie de página (1044 en total). En sus conclusiones, los tres expertos en derechos humanos señalan que:
«883. The Commission found that demonstrators who were hundreds of metres away from the Israeli forces and visibly engaged in civilian activities were intentionally shot. Journalists and health workers who were clearly marked as such were shot, as were children, women and persons with disabilities.
884. With the exception of one incident in North Gaza on 14 May that may have amounted to “direct participation in hostilities” and one incident in Central Gaza on 12 October that may have constituted an “imminent threat to life or serious injury” to the Israeli security forces, the Commission found reasonable grounds to believe that, in all other cases it investigated, the use of live ammunition by Israeli security forces against demonstrators was unlawful«.
También se lee por parte de los expertos que se evidencia un patrón de conducta que interesa al derecho penal internacional, al confirmarse que varias de las exacciones cometidas por Israel califican como «crímenes de lesa humanidad«:
«981. If committed in the context of a widespread or systematic attack directed against a civilian population pursuant to or in furtherance of a State or organizational policy, serious human rights violations may also constitute crimes against humanity. Murder and “other inhumane acts” that cause great suffering or serious injury qualify as such violations. In the course of the investigation, the Commission found serious human rights violations that may constitute crimes against humanity.
982. Civilian and military leaders bear responsibility for international crimes they commit directly, but also as commanders where they exert effective control over subordinates, knew or should have known about subordinates’ crimes, and failed to prevent or repress their commission or to submit them for investigation and prosecution.
983. The Commission is aware of an ongoing preliminary examination by the International Criminal Court of alleged crimes committed in the Occupied Palestinian Territory, including East Jerusalem, since 13 June 2014, and requests the High Commissioner to refer the present report and relevant information upon which it is based to the Office of the Prosecutor«.
A modo de conclusión: un exhaustivo informe que se añade a investigaciones previas
Tal y como se puede apreciar en el párrafo 983, este informe es considerado por sus autores como un documento que puede ser de mucha utilidad a la CPI en el marco de las investigaciones que lleva a cabo su Fiscalía. Este punto se complementa con el párrafo 975, en el que se menciona un expediente (no público) conteniendo posiblemente el listado preciso de algunos mandos militares israelíes responsables de haber cometido crímenes de lesa humanidad, y que los tres investigadores ponen a disposición del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas y de la Corte Penal Internacional:
«975. The Commission was mandated to identify those it deemed responsible for the violations it refers to in the present report. It does so by placing the relevant information in a confidential file to be handed over to the United Nations High Commissioner for Human Rights. The Commission authorizes the High Commissioner to provide access to that information to the International Criminal Court and national authorities that are conducting credible investigations for the purposes of ensuring accountability for crimes and other serious violations committed in this context, establishing the truth about violations or implementing United Nations-mandated targeted sanctions against particular individuals or institutions responsible for the crimes and violation set out here. The Commission requests the High Commissioner to grant access only to the extent that witnesses or other sources of information concerned have given their informed consent and that any protection concerns are duly addressed«.
En medio de las reacciones iracundas de Israel – que ya no impresionan mayormente en Naciones Unidas- desacreditando el contenido de esta investigación y a sus autores, este 22 de marzo del 2019, el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas votó una resolución acogiendo las conclusiones y las recomendaciones contenidas en este informe (véase nota de Haaretz). El voto fue de 23 Estados a favor, 8 en contra (Australia, Austria, Brasil, Bulgaria, Hungría, Islas Fiji, República Checa y Ucrania), y 15 abstenciones (Camerún optó por el «No Show» de su delegado a la hora de la votación). En el caso de los Estados de América Latina votaron a favor de la resolución Chile, Cuba, Perú y México; votó en contra Brasil; y se abstuvieron Argentina y Uruguay (así como, en el hemisferio americano, Las Bahamas).
Foto del tablero de votación de este 22 de marzo del 2019, extraída de nota de prensa de TRT titulada «L’ONU adopte une résolution condamnant Israël», edición del 22/03/2019.
Nótese que en junio del 2018, al votar el Consejo de Derechos Humanos una resolución para investigar lo ocurrido en Gaza y el número creciente de víctimas palestinas (véase texto de la resolución), Brasil había votado a favor de la resolución, obteniéndose 29 votos a su favor, 2 en contra (Estados Unidos y Australia) y 14 abstenciones (el detalle del tablero de votación se puede apreciar a partir de los 30 segundos en este enlace de Youtube).
(*)Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR).
Un país polarizado, fragmentado, donde lo único estable es la desigualdad creciente y la crisis económica y la falta de legitimidad política, o sea la desesperanza institucionalizada; con creciente inseguridad ciudadana y narcotráfico, medios de desinformación tóxicos, creciente agresividad cotidiana, desempleo, sub-empleo, empleo precario, alto costo de la vida, frustración, ira colectiva, violencia machista, irracionalidad política y gran fanatismo religioso en boga…
Y además, con una política exterior sin Soberanía nacional, y frente a un grave peligro Geopolítico regional, y lo peor, sin un proyecto nacional democrático e inclusivo… No hablo de la hermana República Bolivariana de Venezuela envuelta en una dramática crisis sobre-expuesta tendenciosamente 24/7 por los medios, o de Honduras sumida en la dictadura de JOH, o de Nicaragua con el régimen Ortega/Murillo, hablo más bien de nuestra Patria, de Costa Rica y su potencial crisis.
Atención, pues puede ser tarde ya.
Hablo de nuestro Estado Social de Derecho, de lo mejor de la Segunda República, y de nuestras conquistas sociales siempre amenazados ante la voracidad neoliberal…en permanente crisis desde hace 35 años al menos…
El Estado de Derecho, parece incluso ya no cubrir nuestras Zonas Costeras, ni nuestras zonas rurales en general, alejadas del Valle Central y su Hegemonía cultural «clasemediera». (Claro, con las grandes islas internas urbanas en alto riesgo social, que atormentan nuestro sentido de realidad y no cuadran fácilmente en nuestro imaginario subalterno)… Afuera del «útero» del Valle Central está Limón en el Caribe, que es un polvorín agravado por… por todo…y ahora por el conflicto entre la estatal JAPDEVA versus la transnacional APM Terminals…
Sumemos ahora el llamado el Sur-Sur y sus problemas estructurales e históricos propios de una zona con «teratología social» (H. Gallardo), ex bananera, parcialmente sujeta al monocultivo de la palma africana, con recursos mineros, con problemas de tenencia de tierras y con el 2.5% de la Biodiversidad del Mundo sólo en la Península de Osa: Al antiguo y violento conflicto entre pueblos originarios indígenas y colonos agrícolas criollos, se le suma el anunciado asesinato de un líder indígena, Sergio Rojas, en Salitre, quien incluso estuviera detenido antes… sin palabras. Berta Cáceres asesinada en Honduras no está sola. Al mejor estilo del Uribismo y de los paramilitares de derecha colombianos, se ciega una vida más en Costa Rica. ¿Hay o no hay responsabilidad del Estado acá? Aunque sea por una estúpida negligencia y por falta del debido cuidado al valor de la Vida. Veremos… Éste es un aviso trágico entonces, post-festum como el Búho de Minerva citado por Hegel. Tarde pero seguro, el racional Búho da cuenta de la historia.
Continuamos tristes: Guanacaste en nuestro hermoso Pacífico Noroeste, – península rica pero desigual, codiciada alguna vez por el delirio chovinista y «distractor» de Daniel Ortega-, hierve y no sólo de calor y falta de agua (a pesar de las relativas mejoras en deforestación); al igual que la otrora próspera Zona Norte o la empobrecida Zona Fronteriza Norte… cuidado: la ira popular y la propaganda religiosa, son fácilmente manipulables sin referentes populares lúcidos. Nos salvamos electoralmente, de Fabricio y los Fundamentalistas por poco… Pero fuimos a caer al mismo charco Neoliberal con discurso «progre» en materia Derechos Humanos (que no es poco y habremos de reconocerlo positivamente en materia de Diversidad y Tolerancia). Prosigo: Puntarenas y el Pacífico Central padecen una «anomia» social acentuada por la pobreza estructural. (El Narco parece que también sabe de sociología). Datos más, datos menos, Talamanca (Caribe Sur) sigue siendo el Cantón más pobre junto a Upala (Norte fronterizo). De Pérez Zeledón y la Zona de los Santos, siguen migrando a New Jersey, nos dicen…
Parodiando la vieja y lapidaria formulación sociológica de «desarrollo combinado y desigual», el elemento «combinado» sería el gran Valle Central (la GAM), mientras «el desigual» (el más desigual, digamos) sería el resto del país… «del campo a la ciudad» contradecía Mao a Marx en pleno Siglo XX…
En fin, viejas formulaciones (de hace dos siglos) para viejos y nuevos problemas en un híper-mercantilizado, tecnocrático, y despiadado Siglo XXI, gobernado por una creciente Necropolítica impulsada por la necesidad de la lógica de despojo, de la Hegemonía Global del Capital Financiero y su proyecto irracional de rapiña imperial, y de suicidio ecológico aderezado con sus intervenciones militares «humanitarias»… «Sistema-mundo» capitalista que llaman los académicos.
Volviendo a nuestra pequeña y frágil «República Piñera», servido está el paisaje político nacional (y hasta regional) para cualquier provocación irracional. Les recuerdo: Nuestro Estado Social de Derecho «sui generis», le estorba a muchos intereses, al interno y al externo… somos un país-confite con grandes carencias históricas, pero también con grandes logros sociales, que damos por «inevitables»… y eso no es así.
Como cualquier sociedad humana, nuestras conquistas sociales tuvieron una génesis histórica contingente, y si no se conocen, debaten, mejoran y defienden, se pierden… Así lo dicta la lógica del mercado capitalista imperante, y nuestra condición de país periférico. Punto.
Nos libramos apenas de Fabricio y del Fundamentalismo «Neocon» (RN, PNR) por muy poco… pero luego, so pretexto de la fragilidad institucional del Gobierno, recaímos en la chata inmediatez del dogma Neoliberal (versión «light»), y en su recetario reaccionario de dolor social y «sacrificialidad» (F. Hinkelammert). Cualquier provocación de cualquier signo, cualquier «Mesías» autoproclamado, cualquier Jair Bolsonaro «a la tica», puede sacar provecho esta potecial desestabilización económica y política (que apenas comienzan), y manipular esta desligitimidad democrática e institucional.
Soluciones no veo a corto plazo, -lo reconozco con tristeza-, menos frente a problemas estructurales, y además con la falta de grandes referentes políticos populares lúcidos, progresistas y cívicos, a la altura del momento. Sean partidos, sindicatos, o movimientos sociales, sólo veo vocación, o testimonial o meramente reactiva, y veo mucha confusión ideológica, veo sectarismo acompañado de poco estudio y prejuicios, de falta de creatividad, y de mucha frustración e ira contenidas. (Esto es materia de otro artículo). ¡Lo único claro, es lo opaco el panorama nacional! La impotencia complica la existencia, pero la denuncia ciudadana al menos es catártica. Obviamente la catarsis en redes y los buenos deseos no son suficientes… En fin… esto apenas comienza.
Y… avisados/as estamos…
Imagen ilustrativa tomada de la página oficial de la UCR.
La Universidad de Costa Rica le invita a la mesa redonda: Proyecto para cambiar el sistema de elección de diputaciones en Costa Rica: Pros y contras, en la Sala Multimedia de la Facultad de Ciencias Sociales, este próximo martes 27 de marzo a las 5:30 p.m.
Se está desarrollando en América Latina un fenómeno altamente preocupante, la violencia en contra de líderes sociales y la muerte de dirigentes con capacidad de incidencia es cada vez mayor. Costa Rica recientemente es testigo de uno de los crímenes más escandalosos de los últimos tiempos. La muerte violenta del dirigente indígena Sergio Rojas Ortiz, líder del pueblo Bribri y defensor de los derechos humanos de esta población.
La defensa del territorio indígena de Salitre y su enfática actividad en favor de sus derechos, parece ser la razón principal por la que se silenció la voz de un respetable activista en Costa Rica. La tierra de gente pacífica y del “pura vida” está siendo opacada por acciones repudiables, porque sus autoridades no son capaces de tomar medidas de prevención adecuadas; porque están más interesados en criminalizar la protesta social que en resolver el desarrollo de la criminalidad con políticas de prevención adecuadas. Se interesan más en aprobar proyectos de ley que cercenen derechos de las personas trabajadoras que en promocionar una buena política de seguridad.
Pero también, los elevados niveles de violencia en contra de líderes sociales en América Latina son una alarma objetiva que nos vienen advirtiendo, desde hace algunos años, el grado de descomposición social y el poco o nulo interés de los gobiernos por atender con acciones efectivas el problema.
La corrupción y la impunidad en sus distintos matices, a veces descaradamente expresa en otras, con extrema diplomacia, son una clara señal de que algo no anda bien. El silencio cómplice de los gobiernos nos lleva a sospechar si se trata de una problemática incluida en sus políticas de seguridad o si, por el contrario, la indiferencia responde a los intereses de ciertos grupos de poder.
La defensa de los derechos humanos de algunas poblaciones históricamente excluidas se ha vuelto una alternativa estratégica para que los gobiernos ganen popularidad, para que reciban ensordecedores aplausos en el escenario de las Naciones Unidas. Sin embargo, el salir a defender los derechos de ciertas poblaciones les debería obligar, por autenticidad o por decencia, velar también por los derechos de otros grupos que siguen siendo víctimas de injusticia.
Las personas jóvenes, aquellas que creemos que todas las personas somos iguales en dignidad y derechos como lo indica la Declaración Universal de Derechos Humanos, nos cuestionamos los motivos por los que las políticas de los gobiernos se enfocan en los derechos de unas personas e ignoran los derechos de otras, olvidando en la práctica la universalidad de los derechos humanos. La indiferencia, por ejemplo, con la que tratan la violencia en contra de lideresas o líderes sindicales es vergonzosa e injustificada.
El temor que tenemos las personas jóvenes, por hechos concretos que se han dado en la región, es que se llegue al extremo de averiguar si una persona agredida, una persona procesada judicialmente, o a cualquiera que defienda un derecho, es sindicalista o no. Pues de su respuesta dependerá si merece que se le haga justicia o si, por el contrario, la mora, la denegación y la impunidad serán la receta.
Resulta extraño que los gobiernos levanten la voz para condenar a otros gobiernos amparados en una supuesta defensa de derechos humanos, cuando las verdaderas razones son discrepancias ideológicas. Lo cual no niega que puedan existir violaciones de derechos elementales, pero la censura obedece a cualquier otro interés, menos al de velar por el bienestar de las personas.
Todos coincidimos en la necesidad de promocionar y defender los derechos humanos, la pregunta es: ¿Cuáles derechos humanos y para quiénes? Nos alegramos cuando a un grupo de personas a quienes históricamente se les ha negado el disfrute de ciertos derechos logran su reivindicación. Pero, nos preocupa el desarrollo de un pseudo-progresismo, que únicamente reconoce unos derechos y ataca a mansalva el derecho de otras personas.
El asesinato de 113 sindicalistas, líderes sociales y defensores de los derechos humanos en Colombia durante el 2018 y 29 nuevos casos en lo que va del año; la muerte de Berta Cáceres en Honduras; el asesinato de más de 20 personas en Guatemala durante el 2018, entre ellas el secretario de conflictos del Sindicato de Embutidos Bremen, Tomás Francisco Ochoa y el Secretario General del Sindicato de la Municipalidad de Villa Canales, Domingo Nach; el encarcelamiento de la periodista Lucía Pineda Ubau en Nicaragua y así, una serie de represalias y procesos judiciales en contra de personas que participaron de la reciente huelga en Costa Rica, es preocupante.
Todos estos casos y aquellos que, por una u otra razón no se logran citar, pero que también tienen el mismo valor y por los que se demanda igual justicia, constituyen un motivo suficiente para que los Organismos Internacionales de Derechos Humanos se pronuncien y llamen a cuentas a los gobiernos.
Las personas jóvenes que tenemos un particular compromiso con la defensa y promoción de los derechos humanos, con la búsqueda permanente del bien común y con el fortalecimiento de los principios democráticos, exigimos justicia y el fin de la impunidad.
Una reseña histórica para contextualizar el asesinato de Sergio Rojas
Carlos Borge, antropólogo
El asesinato anoche de Sergio Rojas, bribri del clan o ditsewö Uniwak (clan del pájaro) en su casa en el Territorio Indígena de Salitre es una muerte más en la larga cadena de asesinatos que recuerdo desde 1970 se han sucedido en este cantón que llamo aquí Malos Aires.
Lo denomino así porque es un cantón racista en extremo, porque su paisaje es deprimente (piñales y potreros), por sus constantes incendios forestales que provocan ganaderos y cazadores, por tener índices de pobreza altísimos y porque lo que soplan son malos aires sociales y políticos: el conflicto entrará en una nueva escalada lamentablemente. El responsable directo de todo el conflicto es el mismo Estado.
Cuando en 1956 Don Pepe manda a constituir la Reserva Indígena Bribri-Cabécar de Buenos Aires, la concibió como un solo territorio con una cabida superior a las 62 mil hectáreas, cabida muy inferior a la ocupación real de los bribri-cabécar que se extendía por el este hasta Biolley, por el sur hasta el centro del pueblo de BA, por el oeste hasta Santa María de Brunca y por el norte hasta las Sabanas Dúrika y el Cerro Kamuk; poco más de 150 mil hectáreas.
La Reserva Indígena era administrada por la Junta Nacional de Protección de las Razas Aborígenes. En 1961 el Estado le traspasa la administración al ITCO y empieza a suceder el más grave despojo legal de las tierras indígenas. Los funcionarios del ITCO, hoy INDER, comienzan a ofertar tierras indígenas entre campesinos criollos de Pérez Zeledón y de San Ramón de Alajuela, entregan parcelas por todo el Territorio Indígena y provocan los primeros conflictos con saldos de heridos y muertos.
Luego aparece la tristemente institución CONAI y divide el territorio en tres reservas indígenas, cercena las tierras de la Lucha y la Luchita, las de Santa María y las que pegan a BA que le fueron asignadas a la piñera. Además decreto tras decretos corrigen límites y disminuían la cabida original.
En los setenta Víctor Ramírez filma Waka las Tierra de los Bribris donde evidencia el conflicto en el que ya corría sangre. El Estado provocó el problema y durante décadas hizo nudo tras nudo para tener hoy un nudo gordiano y no creo que tenga la espada ni el valor de Constantino para cortarlo.
El INDER, que inició el problema, ha sido una y otra vez sentenciado por la Sala Cuarta para resolver este gravísimo problema de tenencia de la tierra. El INDER (antes ITCO e IDA) no ha tenido ni los conocimientos ni la voluntad política para resolver la situación y siempre encuentra una excusa para no acatar la orden de la Sala Cuarta.
Al mismo tiempo, las autoridades judiciales y policiales se han mostrado no solo inútiles ante el problema, sino permisivos en contra de los derechos de los Pueblos Indígenas de BA.
En Malos Aires el racismo crece día con día, las instituciones estatales, empezando por la municipalidad, tienen y reflejan una concepción racista basada en estereotipos de los no indígenas como que los «indios son vagos, no trabajan la tierra», «tienen mucha tierra y por eso el cantón no progresa», «los indios son chicheros y pleiteros», «los indios son incivilizados».
Con el asesinato de Sergio el conflicto irá en una escala mayor, con consecuencias gravísimas para todos los pobladores de aquel cantón y en mucho para Costa Rica.
Guardo la esperanza que la administración de don Carlos Alvarado tenga la voluntad política, la destreza y los conocimientos para detener el conflicto en el corto plazo y para en el mediano plazo resolver de una vez por todas, el histórico y estructural problema de tenencia de la tierra indígena. Los recursos financieros y legales sobran, lo que falta e inteligencia, conocimientos, diálogo, negociación y voluntad… ah y sin comisiones. Espero llamarle pronto Buenos Aires a este cantón.
Compartido con SURCOS por Juan Carlos Cruz Barrientos.
Víctor Julio Figueroa, representante de la comunidad de Salitre, conversará este miércoles 20 con Dylanna Rodríguez Muñoz, docente del programa Kioscos Socioambientales de la Universidad de Costa Rica.
Puede escucharles a las 6 de la tarde por Noticias Universidad, en Radio Universidad, 96.7 FM
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